29 dic. 2016

A los intelecutales latinoamericanos (?)

Publico un (penoso) texto de Emir Sader, en réplica a la carta que escribimos muchos académicos y activismos latinoamericanos, en contra de la represión y la violencia utilizadas por el presidente de Ecuador, en pos de la promoción de nuevos proyectos mineros. Luego, una primera respuesta que mereciera el artículo de Sader.

En todo caso, el debate va más allá de ambas personas, porque refiere a los modos en que, durante años, parte importante de la "intelectualidad" latinoamericana decidió respaldar actividades violatorias de derechos, y aún criminales, en pos de la defensa de un proyecto que consideraban "globalmente" más defendible. Esto es, sin importar que en el medio quedaran minorías oprimidas o el medio ambiente vejado.

El debate tiene que seguir. Van los textos

A los intelectuales latinoamericanos, por Emir Sader

En la recta final de la campaña presidencial de Ecuador, cuando se decide si el país seguirá su rumbo progresista o se sumará a los gobiernos de restauración neoliberal, un grupo de intelectuales latinoamericanos y de otros continentes lanza un manifiesto de crítica al gobierno de Rafael Correa, a propósito del tema ambiental en la Amazonia.
Más allá de la justicia o no del reclamo, más allá de la mayor o menor importancia del tema, de lo que se trata es del futuro del país. Por un lado está la candidatura de Lenin Moreno, apoyado por Alianza País y por Rafael Correa. Por el otro, el más rico banquero del país, Guillermo Lasso.
No puede haber dudas del significado de cada una de las candidaturas. No puede haber dudas, salvo un grado altísimo de mala fe, de que la victoria eventual del candidato opositor representará la devastación de los grandes avances conquistados por Ecuador en ese siglo, como además, la devastación de la Amazonia y de los pueblos que la habitan.
No puede haber dudas, salvo una hipocresía abierta, de que cualquier acción que debilite el gobierno de Correa suma votos a la oposición de derecha –la única que tiene fuerza, en Ecuador y en todos los otros países de gobiernos progresistas en América latina–. Contribuye al desmonte de todo lo conquistado, hace inequívocamente el juego a la derecha ecuatoriana.
Sólo puede ser resultado de la concepción equivocada de la ultraizquierda, según la cual hay que derrotar a los gobiernos progresistas, aliándose a quien sea, para que esas fuerzas pudieran tener alguna posibilidad de ocupar algún espacio en el campo político. Una posición aventurera. Basta mirar hacia Argentina y hacia Brasil para darse cuenta de cómo la derrota de los gobiernos progresistas ha abierto espacio para los peores retrocesos en la historia reciente de esos países, incluso en el tema ecológico, que esos intelectuales supuestamente defienden.
Es hora de que los intelectuales que gozan de algún espacio en la esfera pública asuman responsabilides políticas, si no quieren ser definitivamente asimilados a la derecha y aparecer haciendo el juego a la restauración conservadora en América latina. Por lo cual serán condenados públicamente como corresponsables de esos retrocesos.
Aislar el tema ecológico de la disputa mayor en todo el continente entre fuerzas progresistas, antineoliberales, y fuerzas conservadoras, neoliberales, es actuar incluso en contra de las tesis que dicen defender. De ese gran enfrentamiento depende el futuro de esos países y del mismo continente. Depende la situación de los derechos sociales del pueblo, dependen los derechos al empleo y al salario de los trabajadores, depende la protección del medio ambiente, depende la soberanía o el sometimiento externo de nuestros países.
Si no quieren aparecer sumando fuerzas con la derecha, que busca el proceso de venganza en contra de los derechos conquistados por el pueblo en este siglo, no deben dejarse llevar por demandas sectoriales, corporativas, deben saber subordinar esos temas al enfrentamento más grande, que define el futuro de nuestros países. Deben hacerlo para poder seguir manteniendo el rasgo de intelectuales progresistas y no ser tildados de francotiradores, que disparan en contra de las fuerzas que son el dique de contención en contra de la contraofensiva conservadora feroz que la derecha despliega hoy en los países que tuvieron el coraje de desafiar los intereses y las fuerzas de la derecha latinoamericana.
A los intelectuales de otras regiones del mundo ni siquiera les dirijo esta apelación, porque seguramente ellos no conocen nuestra realidad concreta y no se dan cuenta de las consecuencias. Pero sí les pido que no se sumen a pronunciamientos sin darse cuenta de cómo esa actitud repercute en los enfrentamentos políticos centrales que se dan en nuestros países.
Ser de izquierda es sumarse hoy a las fuerzas que resisten a los intentos de restauración conservadora que ya devastan Argentina y Brasil y amenazan caer sobre Ecuador. Es fortalecer la candidatura de Lenin  Moreno. Sumarse, de forma consciente o inconsciente, a formas de debilitamiento del gobierno de Rafael Correa es ser connivente con el amenazador retorno del neoliberalismo. 

EMIR SADER O LA MENDICIDAD INTELECTUAL
 
(Respuesta al artículo de opinión “A los intelectuales latinoamericanos”,
publicado en Página 12 el 28 de diciembre de 2016)
 
Juan Cuvi
Coordinador Nacional de Montecristi Vive
 
 
En la vieja tradición soviética de intelectuales enajenados, Emir Sader propone la sumisión incondicional del pensamiento. Olvida –o desconoce– que los intelectuales tienen que producir ideas, no repetir consignas. Por eso se enroncha con la condena que cientos de intelectuales de izquierda han expresado frente a la decisión del gobierno de Correa de disolver a Acción Ecológica… y de reprimir al pueblo shuar, y de criminalizar y perseguir a los líderes populares, y de poner al Estado ecuatoriano al servicio de las transnacionales chinas, y de destruir la biodiversidad amazónica para facilitar la explotación minera y petrolera.
Alineado con ciertos poderes de turno, Sader no quiere aceptar que entre la demagogia de los gobiernos populistas y los derechos de los pueblos median decisiones políticas opacas e inescrupulosas. Como los negocios privados y la corrupción de una flota de funcionarios del régimen correísta alrededor de las gigantescas inversiones extranjeras y de las grandes obras públicas. Poco le importa que en la vorágine populista se hayan sacrificado las agendas de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales o de la izquierda. Lo fundamental es ser políticamente correcto con quien paga la cuenta del despilfarro y del clientelismo de una década.
Escribir por encargo, o hacerse de la vista gorda con el cadáver oculto en el sótano, no es una práctica novedosa entre ciertos sectores que fungen de izquierda. Fue una práctica instaurada por el estalinismo a partir del argumento de la confrontación mundial con el capitalismo. Para ello se diseminó por el planeta un ejército de escribanos que reproducían a nivel local las disposiciones emanadas desde el Partido Comunista Soviético. Se echaban loas a Hitler o a Churchill alternativamente, dependiendo de la marcha de los acontecimientos y del desarrollo de las estrategias. Lo único impensable en este juego de simulaciones era formular alguna crítica contra la URSS.
Ese sencillo y perverso mecanismo no solo impidió conocer lo que ocurría al interior de los países del socialismo real, y entender las razones de su espectacular colapso a fines del siglo XX, sino que restringió toda posibilidad de construir un pensamiento alternativo de izquierda en América Latina. Generaciones enteras de revolucionarios quedaron enredados e inmovilizados entre una maraña burocrática absurda e incomprensible. Las aberraciones teóricas del estalinismo nos pasan factura hasta la actualidad. Y todo por esa visión reduccionista de la confrontación ideológica: la realidad tenía que ser embutida en los obtusos dogmas de las teorías oficiales.
Cuestionar las imposiciones políticas e ideológicas de la intelligentsia soviética era un sacrilegio. Quienes osaban poner en duda las verdades oficiales eran automáticamente tachados de contrarrevolucionarios, enemigos del socialismo, quintacolumnistas del capitalismo o, simple y llanamente, de agentes de la CIA. El control se ejercía desde la sacralización del discurso, desde el más pedestre maniqueísmo. La crítica corrió la misma suerte que la autonomía de la razón: ambas quedaron proscritas.
Aquellos intelectuales de izquierda que adscribieron a esta línea política quedaron reducidos a la más penosa mendicidad. Tenían que esperar estoicamente la caridadideológica que chorreaba de las alturas. Y, agradecidos, morder al enemigo de turno. Como hace Emir Sader.
La justificación de estas posturas parte de una dicotomía tan elemental como burda: la validación por simple comparación. El socialismo real era positivo sencillamente porque cumplía la función de contrapeso al ruin capitalismo. Mutatis mutandi, hoy toca defender a los auto-proclamados gobiernos progresistas de la región porque hablan mal de los Estados Unidos. Antes había que apartar la vista de los crímenes masivos, de las purgas, de la devastación ecológica y de la aniquilación de los derechos y libertades en Europa del Este; ahora hay que hacerse los desentendidos con la corrupción, las políticas neoliberales o la destrucción de la organización socialpuestas en práctica por los susodichos gobiernos.
De más está insistir en qué terminó este fundamentalismo político. No solo que el socialismo real jamás llegó a ser una alternativa al capitalismo de Occidente; hoy, el capitalismo ruso es aún más devastador que el que en su momento pretendió combatir. Y detrás de esta dramática conversión únicamente quedaron los escombros de un sueño revolucionario que se llevó consigo las esperanzas de millones de seres humanos.
Emir Sader quiere empujarnos a un dilema que no por parecido resulta igual. Porque la contradicción entre el gobierno ecuatoriano y las fuerzas conservadoras tiene más de cascarón que de condumio. ¿O es que no se ha enterado que durante una década los mayores beneficiarios del modelo populista han sido los principales grupos monopólicos del país? ¿O que el Ecuador entero está empeñado a las transnacionales chinas, muchas de las cuales cuentan entre sus activos con capitales gringos y europeos? ¿O que el gobierno acaba de suscribir un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en las peores condiciones imaginables?
Argumentar que la continuidad del correísmo implica una defensa de los derechos sociales del pueblo, del empleo y los salarios de los trabajadores, del medio ambiente y de la soberanía refleja un cinismo imperdonable. O simple ignorancia. O mala fe (para utilizar el mismo calificativo con que Sader aboga por la candidatura de Lenín Moreno, y que coincide con una de las muletillas favoritas de Rafael Correa). Es precisamente por el retroceso experimentado en estos diez años en estos derechos que los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda han resistido y se han opuesto al gobierno de Alianza País. Y es justamente para impedir la profundización de estas regresiones que el movimiento indígena, las centrales de trabajadores históricas, el movimiento ecologista, las organizaciones de mujeres y la izquierda en general llevan años luchando por auténticas alternativas de cambio social.
Esto es lo que Emir Sader maliciosamente obvia mencionar. Simplifica la contradicción electoral entre el candidato oficialista y Guillermo Lasso, cuyo banco es uno de los grandes beneficiarios del correísmo, para desvanecer la candidatura de Paco Moncayo, de los partidos de izquierda, de la socialdemocracia y de los movimientos sociales. Repite mecánicamente la consigna del correísmo; medra de los discursos oficiales; mendiga instrucciones. Negando la diversidad pretende absolutizaruna supuesta confrontación entre dos sectores (Moreno y Lasso) que tienen más coincidencias que discrepancias.
No son los intelectuales críticos del correísmo quienes le hacen el juego a la derecha; son la condescendencia y la marrullería de Sader las que santifican a un régimen que sistemáticamente ha buscado sepultar toda posibilidad de cambio profundo de la sociedad ecuatoriana. En su caso, no corresponde pedirle que asuma ninguna responsabilidad política; hay que exigirle un mínimo de honestidad.
 
Diciembre 29, 2016

22 dic. 2016

Carta a Macri por Milagro Salas, de HRW

 
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2016

Ing. Mauricio Macri
Presidente de la República Argentina
Presidencia de la Nación
Casa Rosada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a su excelencia con el propósito de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. También quisiera aprovechar esta oportunidad para instar una vez más a su gobierno a presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de “sedición” en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro.

Como es del conocimiento de S.E., Milagro Sala fue detenida en enero y acusada de “sedición” por participar en una manifestación pacífica en el centro de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Según consta en documentos judiciales analizados por Human Rights Watch, se acusó a Sala de “gestos” y “arengas” para incentivar a otros a “acamp[ar]” y “obstaculizar” el tránsito, provocando una “alteración del orden público” y la “alarma colectiva de la población”. La fiscalía no argumentó que se hubieran producido incidentes violentos durante esa protesta.

Los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión. Los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, no constituyen “sedición” conforme a ninguna definición legítima de este delito. Como señalé en una columna publicada el 28 de enero de 2016, y en la reunión que tuve con S.E. en Buenos Aires en julio, el delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en el Código Penal de Argentina, y esto facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión.

El 29 de enero, la justicia revocó la detención preventiva contra Sala por el cargo de sedición. Sin embargo, Sala no fue liberada porque, el mismo día, otro juez dispuso su detención preventiva en relación con un nuevo caso en el cual un fiscal había acusado a Sala, el día anterior, por los delitos de “extorsión”, “asociación ilícita” y “defraudación en perjuicio del estado”. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el sistema judicial de Jujuy utilizó “acusaciones consecutivas” para mantener encarcelada a Sala y no justificó adecuadamente su detención preventiva.

Si bien el Grupo de Trabajo no tiene facultades legales para obligar a su gobierno a cumplir con su decisión, se trata de un grupo de expertos independientes especializados en materia de detención arbitraria y sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales que deben cumplir los estados en este ámbito.

Entendemos que su gobierno ha invitado al Grupo de Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —la cual instó al gobierno argentino a cumplir con la decisión de este último— a realizar una visita in situ al país y analizar más detenidamente el caso de Sala. Valoramos que su gobierno promueva la cooperación con estos organismos y esperamos que las visitas se realicen próximamente. Sin embargo, estas visitas no sustituyen —ni pueden permitir postergar— las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo de liberar a Sala. 

Los argumentos planteados por su gobierno en respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Sala no resultan convincentes. El 3 de diciembre de 2016, S.E. manifestó que “a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala”. Este comentario resulta verdaderamente desafortunado. En una sociedad democrática, los derechos —sobre todo aquellos fundamentales como el derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial—son una garantía frente a la voluntad de las mayorías, y no pueden quedar sujetos a la opinión circunstancial de la población.

Sabemos que Sala está siendo investigada por varios delitos, incluidos presuntos actos de corrupción, amenazas y tentativa de homicidio. Es evidente que, al igual que cualquier otro ciudadano, Sala debe ser investigada por la presunta comisión de estos delitos. Sin embargo, estos señalamientos no son suficientes para justificar la prisión preventiva de Sala. Según estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva debe justificarse sobre la base de un riesgo cierto de que el acusado eluda la justicia, obstaculice la investigación judicial o suponga un peligro concreto para otras personas, y no per se por la gravedad de los delitos bajo investigación. El Grupo de Trabajo concluyó que las autoridades judiciales de Jujuy no demostraron de forma convincente que Sala fuera a eludir la justicia u obstaculizar la investigación judicial en caso de ser liberada. En función de los argumentos presentados por su gobierno ante este organismo y los pronunciamientos de tribunales superiores jujeños, coincidimos con el Grupo de Trabajo en este punto en particular.

Por su parte, la Canciller Susana Malcorra ha sugerido que el poder ejecutivo federal no puede entrometerse en la decisión del poder judicial de Jujuy de encarcelar a Sala, y agregó que Estados Unidos ha dado esta explicación en circunstancias similares. Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente. Las obligaciones de derechos humanos se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión. Asimismo, los estados —se trate de los Estados Unidos, de Argentina o de cualquier otro— no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, como su sistema federal, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente este principio, incluso en pronunciamientos sobre el sistema federal argentino. Por ejemplo, en 2006, la corte reiteró que el “el Estado no puede alegar razones de derecho interno”, luego de que una delegación del gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner intentara justificar su incumplimiento de una medida provisional de la corte debido a la falta de coordinación entre el gobierno federal y las autoridades provinciales de Mendoza.

Sr. Presidente, la promoción y la protección de los derechos humanos a nivel universal se funda en el respeto a las decisiones de organismos internacionales especializados, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y en la obligación de los estados de proteger los derechos fundamentales tanto en el plano interno como en el plano internacional. Su gobierno merece un amplio reconocimiento por la firme posición que S.E. ha adoptado en materia de derechos humanos, en especial ante la grave situación que afecta a Venezuela. Argentina podría seguir jugando un importante papel en el campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.


José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

21 dic. 2016

Para terminar el año (y empezar la lectura): 10 libros sobre Justicia


El abogado, sociólogo y escritor argentino, autor de libros como Castigar al prójimo y Carta abierta sobre la intolerancia -uno de los juristas más respetados y consultados en América Latina-, comparte su biblioteca alrededor del derecho, la ley, el castigo y la justicia.
Fuente | Big Sur
Por Roberto Gargarella.
1
La Teoría de la Justicia de John Rawls es un poco el origen de todo. Fue este libro, que Rawls maduró durante décadas, el que cambió la escena de la filosofía política contemporánea, en particular aquella enfocada en los asuntos de justicia. Entendemos a la justicia, desde entonces, y conforme al elegante decir de Rawls, como “la primera virtud de las instituciones sociales”. La justicia, para él, es la primera virtud de las instituciones, del mismo modo en que “la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.”

2
Ronald Dworkin fue el jurista que mejor expresó y desarrolló, dentro del ámbito del derecho, las preocupaciones que Rawls había comenzado a instalar dentro de la filosofía política. De los muchos textos importantes publicados por Dworkin mencionaría mi favorito, Una cuestión de principios, recientemente traducido al castellano. Allí se abordan, de modo magistral, temas como los relacionados con las acciones afirmativas, la pornografía o la desobediencia civil -temas relegados o marginados por el derecho, durante décadas.

3
Catharine Mackinnon, en obras como Feminismo Inmodificado, desafió y puso en crisis muchos de los supuestos propios de visiones de la justicia como las mencionadas antes (de hecho, los debates entre Dworkin y Mackinnon sobre la pornografía son de antología). Mackinnon, de formación marxista y convicciones feministas, escribe con una potencia inigualable: leerla equivale a salir al ruedo en un ring de boxeo.

4
La obra del jurista argentino Carlos Nino marca un antes y un después en la reflexión latinoamericana en torno al derecho y la justicia. La profundidad de sus análisis, su sofisticación teórica y su compromiso político permanecen inigualados en la región (recordemos, por caso, el papel protagónico de Nino en la justificación de la derogación de la ley de auto-amnistía militar, en 1983; o su trabajo decisivo en la histórica política de juzgamiento a las juntas militares, en los inicios de los 80 también). Juicio al mal absoluto –un texto en parte autobiográfico- nos cuenta algo de su trayectoria y contribuciones en materia de justicia transicional. Etica y Derechos Humanos destaca como uno de los libros fundamentales en su legado.

5
Gerald Cohen, filósofo canadiense, marxista, profesor en Oxford hasta su reciente fallecimiento, nos dejó también una vasta y agudísima obra en torno a los debates sobre la justicia, siempre desde una perspectiva socialista. Su brevísimo y exquisito libro ¿Por qué no el socialismo? ofrece un hermoso ejemplo del valor, la gracia y la fuerza de su obra.

6
Reva Siegel y Robert Post han realizado grandes contribuciones al derecho contemporáneo, revisando y subrayando el modo en que el derecho actual es en parte producto de (a la vez que en parte alimenta a) la movilización de grupos. ¿Cuánto de las decisiones judiciales contrarias a la discriminación racial se debe a las movilizaciones callejeras encabezadas por Martin Luther King? ¿Cuánto de los cambios operados por el derecho en materia de género se deben a los conflictos y desafíos interpuestos, durante años, por activistas feministas, o por el movimiento de mujeres en general? Un libro como Constitucionalismo democrático nos ayuda a pensar en todo ello.

7
Genaro Carrió –primer presidente de la Corte Suprema en nuestra renaciente democracia- fue no sólo un abogado prestigioso, sino también un académico brillante, que bien pudo continuar su vida académica en Oxford. Carrió prefirió volver a la Argentina, comprometido como siempre estuvo con el desarrollo de nuestras instituciones. Él nos dejó, entre muchos grandes recuerdos, una serie de libros que destacan por una claridad absoluta, una tremenda agudeza analítica, y una prosa borgeana e irónica. Notas sobre derecho y lenguaje es una buena muestra de lo que digo.

8
El ahora popularísimo profesor Michael Sandel (capaz de reunir multitudes de miles de personas para escuchar sus clases) fue en su momento uno de los primeros grandes críticos del liberalismo político. Hoy se lo considera uno de los fundadores del llamado movimiento “comunitarista”, pero la descripción también sería cierta si se hablase de él como uno de los responsables del renacimiento del “republicanismo político,” o como un “socialista” preocupado fundamentalmente por el modo en que nuestras instituciones y prácticas socavan nuestro compromiso cívico, y así también las posibilidades de nuestro autogobierno colectivo. Un excelente libro de su autoría, aunque poco recordado hoy, es Democracy´s discontent, una reflexión sobre el modo en que el republicanismo cívico fue perdiendo fuerza e influencia en el derecho contemporáneo.

9
A la hora de pensar críticamente en torno a la pena (en particular, cuando la es pena aplicada en contextos de injusta desigualdad), recomiendo los trabajos de Antony Duff, como los que aparecen compilados en su libro Sobre el castigo. Sin embargo, aprovechando el reciente premio que recibiera, concluiré mencionando al actual Nobel de Literatura Bob Dylan, y su tema I shall be released. Como escribí en el prólogo de un libro que publicara hace unos años, dicho tema me resultó más inspirador que los muchos litros de literatura penal que consumí en estos últimos años.

10
Para no quedarme solamente con autores contemporáneos, voy cerrando esta lista con dos textos que me han resultado siempre muy inspiradores, en todo lo atinente al problema de la justicia (y sobre todo al de la injusticia): Los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, de Karl Marx, que combinan la radicalidad del análisis y una prosa conmovedora, y La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels, un maravilloso y algo olvidado ejemplo acerca de cómo hacer sociología de las instituciones.

Ecuador no

AL GOBIERNO ECUATORIANO: CONTRA LA DOBLE CACERIA EXTRACTIVISTA
21 de diciembre de 2016
Al presidente del Ecuador, Dr Rafael Correa
Por la presente, queríamos hacerle llegar nuestra preocupación frente el avance de la megaminería en territorio shuar, donde fue desalojada la comunidad de Nanknits en agosto de 2016, en Morona Santiago, para dar paso a la construcción de un campamento minero, por parte de la empresa china Explorcobres S.A.  Es sabido que este proyecto minero avanza sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas  y que las comunidades shuar han interpuesto diferentes recursos legales, sin ser escuchadas por su gobierno.
En los últimos días, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto con la transnacional minera han escalado de tal manera que ya hay un muerto y varios heridos. En el enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre, usted descalificó a los indígenas afirmando que: “se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales...” Asimismo, el discurso de criminalización se vio acompañado por el decreto de Estado de Excepción y la militarización inmediata de los territorios shuar, para lo cual su gobierno lanzó una verdadera cacería contra dirigentes y miembros de las comunidades, en una clara ilustración de violencia extractivista.
En ese marco de violación de derechos humanos, el gobierno acaba de lanzar también una segunda cacería, arremetiendo contra la ONG Acción Ecológica, conocida a nivel nacional e internacional por su defensa de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, a la cual amenaza con cerrar y disolver, por presiones de la transnacional china y debido a su apoyo al pueblo shuar.
Los abajo firmantes, intelectuales y activistas de América Latina repudiamos la violencia extractivista del gobierno ecuatoriano y nos solidarizamos con la lucha del pueblo shuar y con la defensa de derechos humanos realizada por Acción ecológica, exigiendo el inmediato cese de esta doble cacería
Maristella Svampa, Socióloga y escritora, Conicet, (Argentina); Enrique Viale, Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas (Argentina); Raphael Hoetmer, Instituto de Estudios Sociales (ISS), La Haya, Paises Bajos; Raúl Zibechi, periodista, Uruguay; Julio Fierro Morales, Geólogo, Grupo Geoambiental Terrae, Colombia; William Sacher, Investigador-Docente Francia-Ecuador, Pablo Ospina Peralta, Universidad Andina Simon Bolivar (Ecuador), Enrique Leff, sociólogo, México; Emiliano Teran Mantovani - Universidad Central de Venezuela, Universidad Autónoma de Barcelona, Arturo Escobar, Antropólogo (Colombia-Usa), Carolina Fernández, Universidad Mayor de San Marcos(Perú), Carolina Toro Perez, Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Horacio Tarcus, Historiador, Director del Cedinci (Argentina), Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela; Manuel Bayón, Centro Nacional de Estrategias para la Defensa del Territorio, CENEDET, Quito, Ecuador; Bruno Fornillo, Conicet, Argentina, Boris Marañón, UNAM, México, Roberto Espinoza, Sociólogo, Perú, Germán Palacio, Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, Leticia, Maria Luiza de Castro Muniz, Brasil / Universidad de Brasília, Massimo Modonesi, UNAM, México, Manuela M. M. Silveira, geógrafa, Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil), Dr. Andrey Laletin, Chairman,, FSF, Russia, Diana Carolina Murillo. Socióloga. Colombia, Sofía Cevallos Vivar, Doctoranda en Antropología y Etnología Social EHESS, Paris, Francia, Fabián Cevallos Vivar, Doctorando en Pos-colonialismos y Ciudadanía Global, CES, Coimbra, Portugal; David Barkin  ,           Profesor Distinguido, Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco, México; Ashish Kothari, Kalpavriksh (India), Carlos Arcos Cabrera, escritor,  Yamile Alvira Briñez, Investigadora Social, Colombia-México, ​ UAM – Xochimilco, Amanda Yépez, Geógrafa

17 dic. 2016

Pan y Rosas

Grande Myriam. Cuando no queda nada...pan y rosas
https://www.pagina12.com.ar/8951-nos-vemos-en-la-calle?

p.d.: MB volviendo a la calle luego de pasar por la legislatura, y porque así lo indicaba el pacto de rotación, dentro del Frente de Izquierda. Bienvenido sea, bienvenida la rotación permanente en los cargos.

14 dic. 2016

Plebisicitar la libertad de Milagro Sala?

Por si alguien tenía dudas, o confundía lo que defendemos en este blog:

Siempre dijimos y diremos que los temas más importantes, aún o especialmente los relacionados con derechos fundamentales, merecen ser discutidos y decididos colectivamente. Lo que afecta a todos debe ser discutido por todos. Como discutimos sobre la Paz con Chile, como discutimos sobre el Ingreso Básico o la Ley de Medios (y de las pocas grandes virtudes que tuvo la LM, una fue sin dudas esa: abrirse a la discusión colectiva, que luego fue cerrada y expropiada por las elites que quedaron "custodiando" la Ley), etc. Decir esto contradice la visión liberal ferrajoliana, o apocalíptica zaffaroniana (si abrimos al debate público temas penales, se vienen los campos de concentración¡), que consideran que esos debates deben ser ajenos a la ciudadanía en general: se trata de cuestiones que deben quedar bajo la estricta custodia de los guardianes judiciales. Decir esto contradice también el absurdo art. 39 de la Constitución Nacional, que impide que sean objeto de la consulta al pueblo temas relacionados con impuestos o asuntos penales. Es al revés de lo que dice el artículo: justamente, porque cuestiones como las que se relacionan con "la bolsa y la espada" (el presupuesto y la coerción) nos afectan tanto, son ellas las que más deben ser objeto del debate colectivo.

Ahora bien, decir -contra los autores y textos citados- que debemos debatir sobre tales temas de primer interés público, no es sinónimo de decir: plebiscitémolos¡ El plebiscito es una herramienta riesgosa e indeseable como mecanismo participativo, salvo que sea -como puede y debería ser- el punto culminante, de coronación de un proceso de información, debate, contradicción, disputa e intercambio. Sino, convertimos a la consulta popular en lo que supo ser: la herramienta preferida de los autoritarios Fujimori, Pinochet, y cía. 

Pero no hay que confundir entonces el punto: consideramos ridícula e inaceptable la propuesta de plebiscitar la libertad de alguien, porque trivializa, vacía de contenido y degrada al máximo nuestra preocupación por los dos valores allí en juego: el debate democrático y las libertades individuales. Porque creemos en el valor del debate democrático, repudiamos la reducción de la democracia a  una encuesta apta para el supermercado. Porque nos interesa la democracia, entendemos que plebiscitos como los que se proponen en el caso son impermisibles, por lo poco y no por lo mucho -no por ir demasiado lejos, sino por no ir suficientemente lejos.

p.d. Fijados ciertos principios generales, convendría decir que el caso en cuestión tiene varios complicaciones adicionales, incluyendo el hecho de que ya hay reglas fijadas de antemano, que no corresponde saltear cuando me resultan incómodas. Del mismo modo en que no corresponde decidir por plebiscito si la prohibición de la reelección presidencial se puede sortear o no. En todo caso, podemos discutir colectivamente sobre un cambio constitucional que cambie hacia el futuro las reglas (re)electorales, o las condiciones de la detención.

Teoría democrática y encarcelamiento de masas




Democratic Theory and Mass Incarceration

Edited by Albert Dzur, Ian Loader, and Richard Sparks

Studies in Penal Theory and Philosophy

Table of Contents

Chapter 1: Punishment and Democratic Theory: Resources for a Better Penal Politics, Albert Dzur, Ian Loader and Richard Sparks 
Chapter 2: Democratic Politics in an Age of Mass Incarceration, Rebecca U. Thorpe 
Chapter 3: Civic Punishment, R. A. Duff and S. E. Marshall 
Chapter 4: Playing Fair with Imprisonment, Richard Dagger 
Chapter 5: A Democratic Theory of Imprisonment, Peter Ramsay 
Chapter 6: Why Greater Public Participation in Criminal Justice?, Christopher Bennett 
Chapter 7: Punitive Restoration: Giving the Public a Say on Sentencing, Thom Brooks 
Chapter 8: After Penal Populism: Punishment, Democracy and Utopian Method, Lynne Copson 
Chapter 9: Liberty, Justice, and All: The Folly of Chapter 10: Mass Incarceration and Chapter 11: A Tradeoff Between Democracy and Deterrence? An Empirical Investigation of Prison Violence and Inmate Advisory Councils, Amy Lerman and Vesla Weaver 
Chapter 12: Violent Crime, Constitutional Frameworks and Mass Publics, Lisa L. Miller 
Chapter 13: Democracy all the Way Down. Deliberative Democracy and Criminal Law: The Case of Social Protests, Roberto Gargarella

13 dic. 2016

Hoy es el día¡

Desde las 16 en el Salón Verde¡ Todxs invitadxs¡

Justicia es reparar lo que se ha roto

Reportaje en Página, sobre el libro Castigar al Prójimo
https://www.pagina12.com.ar/8044-justicia-es-reparar-lo-que-se-ha-roto

8 dic. 2016

El Acuerdo de Paz en la Corte Constitucional

Insólito e injustificado el papel que me asignan! (aunque sí hablè con varios miembros de la Corte Constitucional sobre el tema). En todo caso, orgulloso de servir a la causa democràtica a favor del Acuerdo, que no es la dominante (domina, segùn entiendo, la corriente "apurada," ya por completo desconfiada del papel que puede y debe jugar la ciudadanìa en ese acuerdo)

http://caracol.com.co/radio/2016/12/06/nacional/1481025604_406040.html

(transcribo la nota de Caracol abajo)



La falta de un fallo de la Corte Constitucional frente a la demanda contra el Acto Legislativo de 2016 que reformó la Carta Política y estableció una hoja de ruta para la implementación del nuevo acuerdo de paz, gira alrededor de lo que se debe entender por "refrendación popular".

Los nueve magistrados están divididos en tres grupos y se acordó que el próximo 12 de diciembre tomarían una decisión de fondo.

Hay cuatro magistrados que piensan que la "refrendación popular" del acuerdo se puede hacer de manera indirecta a través del Congreso. Se trata de Alejandro Linares Cantillo, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Rios y Luis Ernesto Vargas Silva.

Otros cuatro magistrados, de los nueve que tiene la Corte, dicen que se requiere, además de la refrendación popular indirecta, la participación ciudadana. Ellos son la ponente María Victoria Calle, Gloria Ortiz Delgado, Gabriel Eduardo Mendoza y Aquiles Ignacio Arrieta.

Se apoyan en lo que piensa Roberto Gargarella, abogado, sociólogo y escritor argentino, quien pide la participación de los ciudadanos para darle mayor legalidad a los acuerdos. Esta tesis también es compartida por el exmagistrado de la Corte Rodrigo Uprimny, ex director de Dejusticia.

Según Gargarella las modificaciones requieren construirse colectivamente y para su implementación no se deben caer en “apresuramientos o ‘fast track’ propicios para el engaño”… Sostiene que esos son “atajos veloces, destinados a eludir disimuladamente la parsimonia propia de una construcción popular a largo plazo”.

Para el magistrado Luis Guillermo Guerrero la validez del acuerdo requiere de una refrendación popular directa, es decir, que se vuelva a las urnas, en este caso otro plebiscito.

4 dic. 2016

Meditaciones democráticas. Consideraciones en torno a los Acuerdos de Paz, en Colombia


(Publicado hoy en Semana, de Colombia, acá (gracias JT¡¡): 
http://www.semana.com/opinion/articulo/acuerdo-de-paz-meditaciones-democraticas-por-roberto-gargarella/507511# ).
(en la foto, con el amigo Gonzalo RC., y los magistrados de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle (Presidenta de la Corte) y Luis Ernesto Vargas, 3 de los 5 que votaron contra la reelección de Uribe)

En este escrito, quisiera examinar el reciente acuerdo de paz firmado en Colombia entre el actual gobierno y las FARC, bajo un principio de naturaleza democrática que dice lo siguiente: los problemas extraordinarios –extraordinarios en cuanto a su profundidad y extensión- requieren de soluciones también extraordinarias –extraordinarias, otra vez, en cuanto a la fortaleza y amplitud del acuerdo social que exigen para sostenerlas.

El tipo de problemas o dramas en los que estoy pensando pueden tener que ver con temas diversos: situaciones de pobreza extrema que quieren ser removidas; graves niveles de analfabetismo a los que se pretende poner a término; escenarios penitenciarios caracterizados por la presencia de serias violaciones de derechos humanos; situaciones de violencia armada descomunales a las que, como en este caso, se quieren poner un cierre definitivo.

Si la solución que se propone para tales problemas es extensa, en cuanto al número de personas que debe incluir; y profunda, en cuanto al nivel de intensidad u hondura del acuerdo exigido, ello se debe principalmente a dos razones: una razón vinculada con la estabilidad o arraigo que se quiere dar al acuerdo, y otra razón, a la que llamaré epistémica, y que se refiere a la imparcialidad del mismo.

La primera razón tiene que ver con una certeza teórica que necesita corroboración empírica. Siguiendo a Charles Taylor, diría que si se pretende que la medida propuesta –medida que, de un modo u otro, y por la naturaleza del problema, afecta a un sinnúmero de personas- se convierta en estable en el tiempo, ella debe contar con un respaldo social decisivo –ella debe estar apoyada en pilares sólidos. De lo contrario, esperablemente, la solución sugerida va a desmoronarse y caerse, sino a diluirse irremediablemente con el correr de los días.

La segunda razón citada es quizás más importante que la primera, y se vincula directa e íntimamente con la concepción de la democracia que se encuentra detrás de este planteo. La idea es que los problemas de naturaleza estructural que son distintivos de las situaciones de gravedad extraordinaria lo son, al menos en parte, por la dificultad que plantean para su resolución apropiada. A veces ocurre que, por la complejidad de las dificultades que se enfrentan, nadie acierta con una solución adecuada; otras, que se dejan importantes aspectos del problema en juego descuidados; otras más, que no se reconoce la presencia, la dimensión o el peso de ciertas razonables quejas que enarbolan los más afectados por la cuestión en juego. Frente a tal tipo de inconvenientes, que no pueden, esperablemente, resolverse por el genio o el conocimiento omnisciente de ninguna persona o elite, es que se requiere de la consulta y el acuerdo más amplio posibles. Lo que está aquí en juego es lo que Carlos Nino llamaría consideraciones epistémicas. Necesitamos consultar (y aprender de) los puntos de vista más diversos, para no dejar desatendidas o mal atendidas algunas preocupaciones fundamentales que pudieran existir en torno a la solución propuesta, y que –de otro modo- no sabríamos reconocer o sopesar debidamente.  

Lo antedicho, según entiendo, muestra particular valor a la hora de examinar los méritos y deméritos de soluciones a conflictos gravísimos, como las que se expresan en los acuerdos de paz firmados recientemente en Colombia. La posición recién esbozada nos permite desafiar buena parte de las ideas y juicios que circulan en estos días de intensa reflexión sobre la materia. A continuación, me referiré críticamente a algunas de estas proposiciones que he tenido la oportunidad de escuchar o leer recientemente.

En primer lugar, la peculiar posición democrática defendida más arriba rechaza posturas como las que fueran sostenidas recientemente por algunos prominentes políticos y juristas –incluyendo, por caso, al profesor italiano Luigi Ferrajoli. Esta primera posición que quiero objetar sostiene que, sobre ciertos asuntos de primera importancia –incluyendo asuntos relacionados con la paz, la vida, y, en general, todos los “valores y libertades fundamentales”- “no se vota ni se consulta a las mayorías”. Los principios que defendiera en los párrafos previos son, como puede anticiparse, directamente contrarios a lo que sugiere la postura recién citada. Conforme a tales principios, sobre las cuestiones públicas (no las privadas, ya que éstas deben quedar bajo control de cada uno), y particularmente sobre las más importantes, como las referidas, por ejemplo, al uso de la coerción y los recursos comunes, resulta especialmente relevante consultar a la ciudadanía: “lo que afecta a todos debe ser resuelto por todos.” Tan sencillo u obvio como lo dicho: en cuanto ciudadanos, necesitamos discutir y reflexionar colectivamente sobre todo, y particularmente, sobre aquellas cosas que más nos afectan. Decir esto implicar rechazar, por tanto, la noción elitista de la democracia conforme a la cual la misma sólo debe ocuparse de minucias sin mayor importancia, porque todo lo relativo a los “valores y libertades fundamentales” (“el coto vedado” de la democracia, del que hablara el filósofo Ernesto Garzón Valdés; la “esfera de lo indecidible,” de la que hablara Ferrajoli) ha de quedar bajo el control y decisión de un grupo de especialistas o iluminados. Otra vez: necesitamos escuchar a los que no piensan como uno, primero, porque de lo contrario corremos el riesgo de equivocarnos o de no reconocer falencias o límites en nuestras propias posturas; y además, porque queremos asegurarle a la solución propuesta el respaldo que necesita para tornarse una solución estable.[1]

En segundo lugar, la peculiar concepción de la democracia aquí defendida –caracterizada centralmente por rasgos como los de discusión e inclusión- implica desautorizar por completo a otros acercamientos débiles y degradados de la democracia, como los que parecen ser propios de buena parte de las sociedades modernas. En efecto, somos muchos los que vivimos en el marco de regímenes en donde la discusión pública parece estar capturada por el dinero; y en donde amplios sectores de la población resultan social, política y económicamente excluidos. Solemos movernos, entonces, dentro de contextos institucionales degradados, que se encuentran obligados a demostrar su parecido de familia con lo que podemos llamar regímenes democráticos: su contenido democrático no puede tomarse como si estuviera dado. El punto señalado sirve además, y sobre todo, para tomar con más cuidado las invitaciones a una supuesta participación democrática, que se abren con una mano mientras se cierran con la otra. Típicamente, las formas plebiscitarias de la consulta pública interesan, en la medida en que sirvan a la reducción de la actual “brecha democrática” –mientras vengan a ayudarnos a reducir el déficit de inclusión, participación, discusión y decisión populares que distingue a nuestros sistemas de toma de decisiones. Pero entonces, conviene no olvidar esto: si gobernantes autoritarios como Augusto Pinochet o Alberto Fujimori mostraron la propensión a las consultas plebiscitarias, ello se debió a la certeza de que, sin una organización adecuada –sin la presencia de procedimientos apropiados- los plebiscitos tienden a lucir como democráticos, pero a la vez a servir a fines que le son contrarios. En definitiva: defender un papel mucho más importante para la intervención democrática de la ciudadanía no implica defender cualquier invitación a la participación ciudadana, montada de cualquier manera, y –particularmente- en descuido de los requisitos de inclusión, voz, información, debate, etc. que deben ser propios de una conversación extendida. Le damos la bienvenida a los plebiscitos, como a otras formas de la democracia directa, en la medida en que vengan a fortalecer, antes que a socavar, la posibilidad de celebrar acuerdos genuinamente democráticos.

Para expresar el significado de lo anterior de un modo más directo: mi impresión es que –en Colombia como en otros contextos- se han tomado y se siguen tomando muy livianamente las exigencias de “refrendo popular” que políticamente se enuncian y constitucionalmente se estipulan como necesarias. Más específicamente aún, la primera consulta ciudadana que se hiciera en torno al acuerdo de paz, falló gravemente en términos democráticos, no sólo por quedar vinculada a una concepción muy superficial, sino directamente vacía de contenido, de la idea democrática. Una consulta popular mínimamente apropiada requiere de niveles de información, discusión y decisión que en dicha ocasión destacaron por su ausencia. La ciudadanía tuvo poco tiempo para informarse, para debatir sobre las propuestas en juego, y sobre todo para introducir algún mínimo matiz en los acuerdos que las elites habían cerrado y blindado ya de antemano. Para colmo, la ciudadanía debió expresarse binariamente, por un sí o un no, en torno a un acuerdo extensísimo y complejísimo, que requería, como respuesta más natural y esperable, de matices y ajustes múltiples, en atención a una diversidad de reclamos razonables que el mismo suscitaba. Por ello -naturalmente diría, o como podía esperarse- la ciudadanía terminó por mostrar su escepticismo, desconfianza o rechazo al modo en que se la invitaba a formar parte del acuerdo: ella sintió –es mi opinión- que se la invitaba a suscribir un acuerdo extraordinario que se había forjado a sus espaldas, y del que se la había mantenido fundamentalmente ajena. Por razones políticas y constitucionales, es deseable que ese tipo de errores no vuelvan a cometerse.

En tercer lugar, lo señalado hasta aquí implica rechazar el tipo de elitismo anti-democrático que ha comenzado a circular por las esferas públicas internacionales, luego de experiencias como las del Brexit en Gran Bretaña; la victoria republicana en los Estados Unidos; o la derrota de la primera propuesta de paz plebiscitada en Colombia. Contra esta postura podría señalarse, más bien, que en cada uno de tales casos los resultados expresaron menos la “irracionalidad” de la ciudadanía (irracionalidad que muchos quisieron leer en los resultados adversos, para reforzar sus propias convicciones elitistas), que los conocimientos, aprendizajes históricos, capacidad de discernimiento y razonable enojo que la mayoría había madurado en el tiempo. En mi opinión, uno se miente o engaña a sí mismo cuando señala el voto de los demás para calificarlo como insensato o suicida, dejando de advertir, en cambio, la enorme cantidad de reclamos justos, atendibles, posibles y al alcance de la mano que quedaron expresados en el voto contrario al deseado. Por supuesto, entre esos votos adversos se encontraban posiciones irreductibles, oportunistas, propios de políticos que en las elecciones “jugaban otro juego” (seguramente el propio). Pero resulta un craso error no ver que esas derrotas por escasos márgenes se debieron, finalmente, a porcentajes pequeños de gentes cuyas razonables demandas no supieron tomarse en serio. Lo que es peor todavía: a muchas de esas demandas críticas se les respondió diciendo que se estaba frente a un acuerdo imperfecto, pero a la vez, “el mejor posible”, mientras se  anunciaba, al mismo tiempo, el apocalipsis que sucedería en caso de ser desaprobado ese Acuerdo. Apenas días bastaron para demostrar lo obvio: el apocalipsis no llegaba, y el “mejor acuerdo posible” podía ser cambiado en cuestión de horas. Alguien podría decir –yo mismo tal vez- que el segundo Acuerdo no es obviamente mejor que el primero, pero lo importante es otra cosa. Lo importante es constatar la existencia de márgenes significativos para cambiar aquel Acuerdo inicial, reconociendo algunos de los muchos reclamos razonables que levantaban algunos de los eventuales opositores al mismo (opositores que, sensatamente, reconocían impermisibles tensiones constitucionales en el primer Acuerdo; opositores que, aceptando en general, y sabiamente, las formas de la justicia penal alternativa, rechazaban algunos de sus extremos; etc.).

En definitiva -agregaría- si algo unió a consultas como las llevadas a cabo en Gran Bretaña o Colombia fue su déficit democrático, antes que su exceso democrático. Sin oportunidades para expresar su queja ante los gobernantes de turno, la ciudadanía aprovechó la mínima oportunidad que se le abriera para expresar su descontento con la dirigencia en el poder, y su desconfianza hacia las propuestas que se le presentaban para el refrendo. Resulta demasiado cómodo para los derrotados, en cambio, hablar de las “tendencias suicidas” e “irracionales” de los votantes que decidieron votar en contra de lo que uno hubiera deseado. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, en Colombia se rechazara el Acuerdo en los sectores más sometidos a un arsenal de medios hablando a favor de la aprobación del mismo; o se lo respaldara en los lugares más golpeados por el conflicto armado, habla de la capacidad de dilucidación y discriminación por parte de la ciudadanía, y de lo lejos que ella está de ser un “mero títere” de lo que quieren de ella los principales dirigentes políticos, o los más grandes medios de comunicación.

Por supuesto, es necesario entender, cuando se piensa en el caso colombiano (y en particular, cuando lo piensan extranjeros que no viven en el país, como quien esto escribe), las enormes dificultades que son propias de una negociación con la guerrilla; la desesperación justificada por llegar, finalmente, a un acuerdo de paz, luego de tantos años de muerte y violencia; la ansiedad para concretar de una vez por todas la firma del armisticio, cuando se está a punto de hacerlo. Uno necesita tomar debida conciencia de todo aquello. Sin embargo, es mi impresión que muchos caen en los riesgos del formalismo y el legalismo, para pensar que la suscripción de un Acuerdo de Paz construido entre pocos, y carente de mayor sustento popular, es suficiente para sostener a dicho Acuerdo el tiempo, o para dotarlo de su necesario arraigo. Hoy sabemos que es posible firmar un acuerdo pronto, contra reloj, y con formas más simuladas que reales de aprobación popular. Pero es una ilusión creer que esa firma “sin dilación” y sin mayor sustento social va a permitir “dar vuelta definitiva a una hoja de la historia”: la historia sólo puede cambiar de página a partir de acuerdos profundos y extendidos, encarnados en la mente y el cuerpo de los ciudadanos. De allí, entonces, el error de intentar (y volver a intentar) formas de “refrendo popular” que son eso: formas –formas vacías de arraigo. Lo que nos importa es el arraigo social, la sustancia del acuerdo, y no su prestísima firma, sin raíces ni efectivo respaldo.

Alguien pudo decir: “en el marco de una terrible, dificilísima negociación con la guerrilla, no había más espacio político para negociar otros resultados.” Pero, como vimos, esos márgenes se mostraron mucho más flexibles que los anunciados. Otro podrá decir: “el pueblo fue escuchado en su momento, y más de lo que se hizo al respecto, no podía hacerse.” Pero, otra vez, la concepción de la democracia de la que partimos se pronuncia en contra de esta idea. No puede resultar valiosa la situación en donde algunos –aún con las mejores intenciones- se colocan delante de la puerta del acuerdo, para escoger y seleccionar a qué demanda se le dará ingreso en la sala, hasta qué punto y de qué forma. Este camino es sólo una versión más elegante del gobierno de elites, que la ciudadanía luego –esperablemente- volverá a mirar con desconfianza, para rechazarlo de pleno. Podemos insistir con la idea de que “ninguna otra alternativa es (era) posible”, pero la pregunta es entonces “posible para qué?”. Si de lo que se trata es de volver a transitar los caminos del formalismo (“porque dijimos o escribimos tal cosa, tal cosa sucederá”), entonces sí, tal vez se trataba de la única alternativa posible. Pero si lo que queremos es un Acuerdo que perdure más allá de mañana, son otros los pasos que pasan a resultar necesarios.

En conformidad con lo señalado, los requerimientos constitucionales que establece la Carta Magna colombiana no resultan caprichosos, sino sabios: en ella se establecen exigencias altísimas para los cambios de naturaleza constitucional (ocho debates legislativos, por ejemplo), a partir de la asentada, razonable y justa convicción según la cual las modificaciones de naturaleza estructural requieren construirse colectivamente, para quedar asentados en acuerdos sociales de naturaleza excepcional (acuerdos que no se llevan bien, indudablemente, con apresuramientos o fast tracks propicios para el autoengaño). Por ello, conviene no ilusionarse con la utilización de los atajos veloces, destinados a eludir disimuladamente la parsimonia propia de una construcción constitucional para el largo plazo. La Constitución colombiana acertó una vez más, al ordenar que los caminos del cambio estructural se anden con pasos firmes, pesados: se definieron entonces procedimientos demandantes, en pos del logro de compromisos democráticos genuinos, hondos, socialmente asentados. Que así lo sean.

En tal sentido, y por citar sólo un ejemplo: si alguna virtud tuvo la Ley de Medios recientemente aprobada en la Argentina, ella tuvo que ver con el amplio debate público que antecediera a la misma. Esa amplísima discusión pública –elogiada por defensores y opositores de la norma- no fue otra cosa que una “consulta a las mayorías” en un tema directamente relacionado con una de las principales “libertades fundamentales.” La idea de que esa consulta, en esos temas particularmente importantes, no es pertinente o posible, resulta equivocada o falsa (La Ley en cuestión pudo abrirse entonces a las demandas de cooperativas, Universidades y grupos minoritarios que –de no haber mediado esa discusión inclusiva- seguramente hubieran quedado fuera del texto finalmente aprobado). Me animaría a decir, por lo demás, que las graves fallas que mostró la norma, en su implementación, tuvieron que ver con el modo en que se cerró el control sobre la misma, luego de aprobada, de forma tal de dejar a la Ley bajo la tutela de una minoría interesada.

[1] En tal sentido, y por citar sólo un ejemplo: si alguna virtud tuvo la Ley de Medios recientemente aprobada en la Argentina, ella tuvo que ver con el amplio debate público que antecediera a la misma. Esa amplísima discusión pública –elogiada por defensores y opositores de la norma- no fue otra cosa que una “consulta a las mayorías” en un tema directamente relacionado con una de las principales “libertades fundamentales.” La idea de que esa consulta, en esos temas particularmente importantes, no es pertinente o posible, resulta equivocada o falsa (La Ley en cuestión pudo abrirse entonces a las demandas de cooperativas, Universidades y grupos minoritarios que –de no haber mediado esa discusión inclusiva- seguramente hubieran quedado fuera del texto finalmente aprobado). Me animaría a decir, por lo demás, que las graves fallas que mostró la norma, en su implementación, tuvieron que ver con el modo en que se cerró el control sobre la misma, luego de aprobada, de forma tal de dejar a la Ley bajo la tutela de una minoría interesada.
Un nuevo encuentro de discusión con la Cátedra.  Espectacular como siempre. Felicitaciones a todxs¡

2011 San Pedro
2012 San Antonio de Areco
2013 Chascomús
2014 San Miguel del Monte
2015 Suipacha
2016 Tigre

y seguirá la gira