cels

16 de agosto de 2011


El CELS repudia el asesinato de dos jóvenes por parte
de un efectivo de la Policía Metropolitana y critica
el respaldo de las autoridades políticas




Un nuevo hecho de violencia policial extrema se produjo ayer cuando el efectivo de la Policía Metropolitana David Alejandro Barrios asesinó a Jesuán Ariel Marchioni, de 23 años, y a Rodrigo Alfredo Romero, de 16, durante un supuesto asalto ocurrido arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. El caso evidencia la violación de las normativas y protocolos sobre uso de la fuerza letal. Muestra, además, los riesgos de la intervención de funcionarios policiales en hechos que se producen fuera de su jurisdicción y cuando no se encuentran en funciones.

A la gravedad del caso se agrega el respaldo político de las más altas autoridades civiles al policía y a su versión de los hechos. El jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y el profesionalismo” del funcionario, a quien atribuyó haber actuado para “proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte”. En el mismo sentido, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, afirmó de manera inmediata que el hecho “está muy, muy claro”.

Para el CELS, este apoyo automático de los funcionarios políticos busca instalar una versión sobre hechos que aún no han sido esclarecidos. Los indicios y testimonios recolectados hasta ahora muestran que el funcionario se habría comportado de forma temeraria y con una evidente falta de control en el uso de la fuerza letal. De acuerdo con los datos brindados por testigos a los medios de comunicación, Barrios habría disparado dos veces al adolescente, la segunda de ellas cuando agonizaba en el piso del colectivo. Es inadmisible que se justifique este tipo de actuación policial como parte de un programa de seguridad.

En una primera instancia intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. Este mediodía el juez dictó una resolución en la que se declaró incompetente y remitió la causa al juzgado correspondiente con jurisdicción sobre la localidad de Avellaneda.

Los primeros datos de la investigación muestran que todos los disparos salieron del arma de Barrios y que de las otras dos armas secuestradas, una no tenía municiones y la otra tenía un solo proyectil que no llegó a dispararse. Por estos motivos, el propio Ramos Padilla sostuvo que las declaraciones de Burzaco y Montenegro fueron “apresuradas” y afirmó que el chico de 16 años pudo haber sido “simplemente un pasajero”.

La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una institución capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. Resulta inadmisible que una fuerza local, de pretendida inserción comunitaria, reproduzca las peores prácticas tradicionales del resto de las instituciones de seguridad.

El caso se suma al asesinato cometido el pasado lunes 8 de agosto por parte del oficial de la Metropolitana Juan José Lisondo, quien baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora.

Desde el CELS exigimos que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

La regulación del uso de armas de la Policía Metropolitana

La forma en que actuó el policía Barrios y la legitimación de este tipo de accionar por parte de las autoridades, contradice las normas de la propia Policía Metropolitana.

La Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su capítulo II los principios de actuación que deben cumplir los integrantes de la Policía Metropolitana. Respecto del uso de la fuerza letal, el artículo 28 delimita las situaciones en que el empleo de la fuerza es legítimo. Al respecto, el inciso g) sostiene que el uso de la coacción sólo es válido “siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. En tanto, el inciso h) restringe el uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación”.



Hechos de violencia con participación de policías fuera de servicio

La utilización de armas de fuego por parte de policías fuera de servicio constituye una de las principales circunstancias en las cuales se producen muertes violentas con participación policial. De acuerdo con los datos producidos por el CELS, a lo largo de los últimos diez años, 547 personas fallecieron en circunstancias en las que intervinieron efectivos fuera de servicio. Este número representa más de un tercio (36%) de los casos de civiles muertos en hechos violentos con participación policial.

Por otra parte, la legitimación elogiosa de los funcionarios políticos resulta especialmente alarmante dado que la intervención de policías fuera de servicio en hechos de violencia es la principal causa de muerte para los propios efectivos. De los 530 funcionarios policiales muertos en los últimos 10 años en hechos de violencia en la Región Metropolitana de Buenos Aires, sólo el 23% se encontraba de servicio, mientras que el 43% estaba de franco. El resto corresponde a policías retirados.

Justicia de Clase, según Eduardo Novoa Monreal (2)

En uno de los primeros posts del blog, acá, citaba al artículo "Justicia de clase?", del jurista chileno Eduardo Novoa Monreal, del tiempo en que -decía en mi introducción al post- "todo era distinto, y los abogados mencionaban críticamente palabras tales como "clase dominante," "injusticias," "clases sociales," o "multinacionales." Ahora vuelvo a encontrarme con un texto de don ENR, en donde aquél le replica a la Corte chilena, que había reaccionado duramente frente a su artículo.

En su breve respuesta a la réplica de la Corte, ENR insiste sobre algunos temas siempre importantes en este blog: la crítica al positivismo y dogmatismo jurídicos; los márgenes que dan las teorías interpretativas; la discrecionalidad de los jueces; el clasismo vigente en la rama judicial. Entre otras cosas, dice don Eduardo:

"La explicación de que la única función judicial consiste en aplicar las leyes tal cual éstas han sido dictadas, soslaya la tesis fundamental de mi artículo último, el cual presenta casos numerosos y significativos en que varía el criterio interpretativo, siendo que estas variaciones no están desligadas de la persona envuelta ni de su posición ideológica y social. Además, demuestro cómo leyes con sentido progresista son desvirtuadas en su aplicación práctica judicial"...

"Extraordinaria gravedad y vasto alcance explicativo tiene la afirmación del Tribunal sobre que 'en la jurisdicción del trabajo generalmente prosperan las demandas de los trabajadores'. Si así deciden tribunales especializados, por qué interviene para enmendarlo la Corte Suprema...?...No demuestra esta misma afirmación una preconcebida disposición a aceptar un mayor número de quejas patronales?"

(Revista Mensaje, Santiago de Chile, 1970)


foto: botija con championes (dónde va a ser)

Grande Beatrice + Hilda + HG

Como siempre, grande Beatrice, acá, con piropo que retribuiremos. Sobre Cristina, Macri, Carta Abierta, y esas cosas

Hilda S., siempre interesante también, acullá

Laargo reportaje a don HG, acás

Varias

Mario W., sobre la imperdonable represión en Jujuy, acá
(El gobernador K, en Jujuy, dijo que a la policía le dio la orden de retroceder. Claro, como había mandado 500 efectivos, después les costó retroceder. Eran tantos...).
Gustavo N., como analista político, siempre interesante, acá
Claudio T., sobre la antidemocrática reforma en la AFA, acá
Y Kunkel, que denuncia que quien era 2do de Néstor -Alberto F.- era nazi, justo cuando se pelean con él. Pena que no se acordó antes, cuando el nazi ejercía sus funciones en el gobierno. Ay la edad!

Toma de tierras y represión policial, o la política de la no represión se cobró tres nuevas víctimas

Hace unos días, acá, hablábamos del caso Grootboom, en Sudáfrica, y de formas más sensatas de pensar situaciones de angustia social, como las que suelen expresar las tomas de tierras. Hoy, el poder oficial vuelve a insistir con su política de "no represión" frente a la protesta social. El saldo que se conoce hasta el momento: 3 muertos y 30 heridos. Información, acá. La fase de la locura sigue. En este caso, en defensa de la empresa Ledesma, históricamente asociada al respeto de los derechos obreros...

UFA (la fase boba del kirchnerismo)

La alucinante reforma del torneo de fútbol que prepara la AFA por orden del gobierno es una buena metáfora de la combinación que allí aparece, esto es, la dictadura de Grondona, sumada a un gobierno cada vez más ciego, confundido y atolondrado: se trata de una reforma tramposa, hecha a las apuradas, grandilocuente, producto de un pacto entre pocos y a espaldas de todos, destinada a castigar al enemigo, y sobre todo a mantener un negocio que favorece a los más poderosos. Una nota, algo pacata, por acá, y una discusión más interesante, por acá.

Garantismo y berlusconismo según Ferrajoli

Reportaje en "Il Mulino," de Mauro Barberis a Luigi Ferrajoli (tomado de Sin Permiso)

Algunos lectores de "Il Mulino" quizás no sepan que eres uno de los pocos autores italianos ampliamente leídos y discutidos en el mundo, sobre todo en los países de lengua castellana, donde incluso eres objeto de auténtico culto ¿Me equivoco, o el éxito se debe también al hecho de que tu obra proporciona dos cosas de las que los intelectuales latinoamericanos en especial tenían necesidad, esto es, una teoría del garantismo penal y una teoría de la democracia constitucional?



Desde luego, exageras. Una razón de mi notoriedad en los países de lengua española y portuguesa obedece al hecho, como siempre relativamente fortuito, de que todos mis libros y artículos publicados en italiano hayan sido traducidos a esas lenguas. En particular Diritto e ragione -que en España va por la novena edición y en Brasil por la tercera- y los tres volúmenes de Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, cuyas versiones castellana y portuguesa se editarán simultáneamente. Pero también muchas colecciones de ensayos que en Italia habían aparecido en revistas y obras colectivas.



Luego, ciertamente, hay un elemento adicional. En estos países, casi todos salidos de dictaduras militares, tanto la teoría del garantismo penal como la de la democracia constitucional fueron acogidas no sólo como teorías explicativas, sino como modelos normativos que contribuían a garantizar promesas constitucionales a menudo proclamadas pero no cumplidas.



Por "garantías", de hecho, entiendo las prohibiciones de lesión y las obligaciones de prestación que corresponden al reconocimiento de derechos de libertad y de derechos sociales, así como la obligación de reparar las violaciones de las garantías precedentes.



Así concebido, el garantismo se configura como la otra cara del constitucionalismo democrático. Como el proyecto normativo formulado en unas constituciones modernas que, sin garantías, acaba por quedarse en el papel. Su modelo liberal original, transmitido por la tradición iluminista, es hoy susceptible de ser ampliado en múltiples direcciones: no sólo a los derechos de libertad, bajo la forma de garantismo penal, sino también a los derechos sociales e incluso a los derechos políticos y civiles sobre los que fundan la representación política y el mercado; no sólo a las democracias nacionales sino también a los ordenamientos supra-estatales, cuya dimensión constitucional se encuentra esbozada, aunque no garantizada, en diferentes cartas internacionales de derechos; no sólo, en definitiva, a los derechos fundamentales, sino también a bienes fundamentales no menos vitales como el agua, el aire, el equilibrio ecológico, los medicamentos necesarios para salvar vidas. Y la paz, claro, cuya garantía depende de la construcción de una esfera pública supraestatal.



De aquí el sentido pragmático de la teoría garantista del derecho y de la democracia. Una teoría que exige, por un lado, la crítica del derecho ilegítimo –de sus antinomias y lagunas- contrario a las cartas constitucionales. Y por otro, la identificación y el diseño de técnicas e instituciones de garantía que permitan asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente estipulados. Bajo esta óptica, la democracia constitucional aparece, siguiendo las palabras de Dworkin, no sólo como una construcción social sino también jurídica, cuya realización compete a la política.



Volviendo a Italia, han pasado décadas de la discusión sobre el uso alternativo de derecho, pero todavía hoy asistimos al conflicto política-magistratura. Tú siempre has desconfiando de cualquier intento de suplantación por parte de los jueces y has dejado claro que incluso en una democracia constitucional el papel central corresponde al Parlamento. El problema, empero, es qué hacer si el Parlamento se limita a ratificar las decisiones de un gobierno que hace de todo menos gobernar.



La expresión "Uso alternativo del derecho" no fue, en rigor, más que el título de un congreso de juristas de izquierdas celebrado en Catania en mayo de 1972, así como de los dos volúmenes, editados por Pietro Barcellona, en los que se recogen las actas del mismo. Muy pronto, sin embargo, adquirió diversos significados políticos, incluida la extraña idea de un derecho alternativo al vigente. En realidad, con dicha fórmula, y de manera más exacta, con la expresión "jurisprudencia alternativa", yo entendía, al igual que muchos otros, simplemente una práctica jurídica vinculada, en la legislación, en la jurisdicción y en la administración, al "deber ser jurídico" vigente y positivo expresado por la constitución republicana y por entonces ampliamente ignorado por la política, la doctrina y la jurisprudencia. Desde entonces, la divergencia normativa, fisiológica en cierto modo, pero más allá de ciertos límites patológica, entre "el derecho existente" y el "deber ser jurídico" dictado por la constitución, ha sido para mí un tema central de reflexión teórica.



Por lo que respecta a la relación entre poder político y poder judicial, pienso que su separación es un corolario de sus diversas fuentes de legitimación democrática. Para el primero, la representatividad política. Para el segundo, la aplicación de la ley. A partir de aquí, la jurisdicción sólo puede concebirse como la aplicación imparcial de la ley producida por la representación parlamentaria si la averiguación procesal de la verdad no está condicionada por relaciones impropias de dependencia. La legislación puede vincular al juez sólo si las leyes son formuladas de la manera más taxativa posible, de modo de reducir al máximo la discrecionalidad y la suplencia judicial. Se trata, es obvio, de un modelo-límite, de un ideal regulativo cuya concreción exige un sistema complejo de garantías que incluso en las democracias más avanzadas está bastante lejos de la práctica legislativa y jurisdiccional efectiva.



Lo que está ocurriendo en Italia, en todo caso, va más allá de cualquier ineficacia fisiológica del modelo. La deriva populista consistente en la auto-identificación del jefe de la mayoría con el pueblo entendido como un todo; el deterioro institucional generado por los insultos dirigidos a los magistrados encargados de juzgarlo; y por otro lado, la primacía de sus intereses privados sobre los públicos, están provocando la ruina de la representación política y del Estado de derecho. El fenómeno tiene más de quince años, pero en esta legislatura ha experimentado una aceleración destructiva. El espectáculo degradante ofrecido en estos meses por nuestro parlamento, forzado por el presidente del Consejo a votar a marchas forzadas, en medio de una dramática crisis internacional que se suma a la crisis social y económica, absurdos conflictos de poderes con el poder judicial y leyes en explícito beneficio propio, equivale a la escenificación del colapso de la democracia italiana. Nuestro parlamento, en efecto, ha quedado reducido a una suerte de oficina legal del presidente del Consejo, totalmente entregado, junto a sus ministros, a la resolución de una única y verdadera emergencia: la edificación de un Corpus iuris ad personam dirigido a paralizar los procesos penales contra el jefe de gobierno.

Con esto se han traspasado los límites de la decencia. No se había visto nunca un Parlamento transformado en un mercado en el que los votos se compran a cambio de puestos de gobierno o de otros beneficios. No se había visto nunca una mayoría parlamentaria colocarse de esta manera al servicio de los intereses personales del líder; votar de manera compacta medidas desastrosas como las orientadas a la prescripción de decenas de procesos, con mentiras patentes como las que supuestamente fundarían el conflicto entre poderes.

El principio constitucional de la prohibición del mandato imperativo, previsto en el artículo 67 de la Constitución, sobre el cual se funda la democracia representativa, ha sido sustituido por el rígido mandato, ordenado desde arriba, de la defensa de los intereses personales del jefe de gobierno, asumidos como principios no negociables y no derogables, esto es, como verdadera Grundnorm del actual sistema político.

Pensando precisamente en fenómenos como estos, no ajenos a otros países occidentales, nuestra común amiga Tecla Mazzarese habla de la democracia y del Estado constitucionales como si éstos ya estuvieran en crisis, pocas décadas después de su invención ¿Se trata de un problema italiano o tiene que ver, en mayor o menor medida, con todos los países que han experimentado procesos de constitucionalización del derecho?

Los modelos normativos siempre parecen en crisis porque por su naturaleza nunca son perfectamente realizables. Lo que ocurre es que la crisis italiana ha adquirido formas patológicas. Esta patología afecta a la representación política, deformada por su involución populista y por los conflictos de intereses en la cúpula del Estado. Pero se expresa asimismo en un proceso de tendencial desconstitucionalización de nuestro sistema institucional, que puede advertirse en las múltiples violaciones a la letra y al espíritu de la Constitución de 1948. Y, antes aún, en el abierto rechazo por parte de la actual mayoría del constitucionalismo como tal, de los límites al poder político, hoy claramente confundidos con el poder económico y mediático.

Esta crisis, es verdad, afecta –si bien bajo formas menos vistosas y grotescas- también el resto de democracias. La personalización y la verticalización de la representación política son fenómenos extendidos, como el avance de las políticas antisociales y neoliberales. El resultado de estas políticas, agravado por una globalización sin reglas de la economía, es una notable restricción de las garantías de los derechos sociales, un aumento de las desigualdades y de la desocupación y una creciente desvalorización y precarización del trabajo, que en Italia ha venido acompañada de un auténtico hundimiento de las garantías de los derechos de los trabajadores.

Se trata de políticas miopes, que han contribuido a provocar o a agravar la crisis económica actual. Si no se garantizan la sanidad, la instrucción y la subsistencia, no hay desarrollo productivo posible, ni individual ni colectivo. La historia de las democracias avanzadas es una prueba de ello. Su mayor riqueza en relación con otros países y con su propio pasado no hubiera sido posible sin su mejor satisfacción de ciertos mínimos vitales. Y al revés, la actual recesión sería impensable sin la reducción de las garantías de los derechos sociales. La historia de la Italia republicana es ejemplar en este sentido: el boom económico de sus primeros treinta años, simultáneos a la construcción del Estado social, y la posterior caída del crecimiento como consecuencia de los recortes en el gasto público. Por eso creo que los gastos sociales no pueden verse como un lujo. Representan, por el contrario, la inversión pública más productiva en el largo plazo.

Dicho esto, no creo que se pueda decir que el modelo de la democracia constitucional esté "ya en crisis". En la medida en que se trata de un modelo, y de un modelo exigente y complejo, tiene una dimensión normativa y nunca podrá ser plenamente realizado. Principios como la igualdad, la dignidad de la persona, las libertades fundamentales o los derechos sociales a la sanidad o a la instrucción son valores límites. Estos valores corresponden a una utopía positiva que sólo admite realizaciones parciales, más o menos suficientes. Y éstas, a su vez, dependen de la existencia de un sistema complejo de garantías jurídicas y de la garantía social de las luchas que se emprendan en su defensa. No viviremos nunca en un mundo normativamente perfecto. El modelo de la democracia constitucional, precisamente porque es normativo, y ambiciosamente normativo, no refleja la realidad sino que reacciona contra ella. Y por eso mismo, por los poderosos intereses que se le oponen, está destinado a un cierto grado, fisiológico en el mejor de los casos, patológico en el peor, de inefectividad. La democracia constitucional en sus diversas dimensiones y niveles es, en suma, una cuestión de grado. Su construcción e difícil e incluso improbable. Pero en vía de principio es posible y constituye una interpelación a la cultura jurídica y política, cuyo error más grave sería avalar como inevitable aquello que de hecho ocurre.

Han hecho falta siglos para edificar el viejo y todavía frágil Estado liberal de derecho. No se puede pensar, por consiguiente, que la democracia constitucional, por no hablar del embrión de constitucionalismo supraestatal, europeo y global, contenido en muchas cartas supranacionales e internacionales, pueda haberse realizado -"pocas décadas después de su invención" como dices tú- siquiera de manera imperfecta.

No resisto la tentación de provocarte sobre una cuestión de actualidad sobre la cual siempre hemos estado en desacuerdo: la interpretación del artículo 11 de la Constitución italiana. Tú piensas que todos los gobiernos italianos, de derechas y de izquierdas, lo llevan violando desde hace veinte años, invocando discutibles intervenciones "humanitarias". Estoy completamente de acuerdo contigo en el caso de la aventura iraquí. Ya menos en el de Kosovo. Pero sobre todo, ¿qué hacer ante los ochocientos mil habitantes de Bengasi amenazados por la venganza de Gadafi? O dicho de modo más general, ¿No haría falta una interpretación integral del artículo 11, como principio de rechazo de la guerra, ciertamente, pero también como mandato de limitaciones a la soberanía que aseguren no solo la paz sino ante todo la justicia entre las naciones?

Me alegra que me hagas esta pregunta, ya que me permite precisar lo que pienso sobre las llamadas "intervenciones humanitarias" de estos últimos veinte años. Las primeras cuatro intervenciones –la primera guerra del Golfo, la de Kosovo, la de Afganistán, y lo que tú mismo llamas la "aventura iraquí"- han sido en mi opinión ilegítimas no sólo con base en el artículo 11 de nuestra Constitución sino también de la Carta de la ONU. Naturalmente, no puedo traer aquí a colación todos los argumentos a favor de esta tesis que he defendido en diferentes oportunidades y en varios escritos (recogidos en el libro Razones jurídicas del pacifismo, editado en castellano por la editorial Trotta).

Sobre la intervención en Libia tengo en cambio una opinión distinta. El 19 de marzo, las tropas de Gadafi estaban a punto de entrar a Bengasi y se disponían a perpetrar una masacre. La comunidad internacional no podía quedarse de brazos cruzados. La amenaza de Gadafi –"estamos llegando, no tendremos piedad, os buscaremos casa por casa– era una clara "amenaza a la paz", que se sumaba a la "violación de la paz" ya cometida con los bombardeos sobre multitud de manifestantes. Esta actuación justificaba la intervención militar prevista en los artículos 1.7 in fine, 39 y 42 de la Carta de la ONU y aprobada con la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad. Tampoco hay que olvidar la Resolución 1674 de 2006, que califica como amenaza a la paz las violaciones más graves de derechos humanos.

Por lo que respecta al artículo 11 de la Constitución italiana, no se trata, en mi opinión, de un simple principio inspirador de la legislación y de la política, sino una verdadera regla, que rechaza como ilícita la guerra "como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales". No por casualidad, ya que fueron escritas en un contexto similar, estas palabras reproducen casi literalmente el preámbulo y el artículo 1.1 de la Carta de la ONU. Esta última, en los artículos antes citados, contempla también las "limitaciones a la soberanía necesarias para un ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las naciones" previstas en la segunda parte de nuestro artículo 11. Lo que tenemos en este artículo, en definitiva, es una norma general derogada por otra especial, una y otra relativamente precisa.

Cuestión diferente es el juicio sobre los bombardeos franceses en Libia y la utilización de bombas con uranio empobrecido, que según mi parecer han violado la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad y amenazan, por desgracia, con producir más muertes y devastación que la que han impedido. También merece un juicio aparte la gestión de la intervención: una vez conjurada la masacre con la que amenazaba Gadafi, era imprescindible alcanzar una tregua e intentar una solución pacífica del conflicto. Era necesario –y todavía hoy lo es- neutralizar a Gadafi, garantizándole incluso –a él y a su familia- la inmunidad y alguna forma de exilio en un país dispuesto a acogerlo.

La lección que cabe extraer de estos hechos, cuyo final desconocemos, es que la única forma de impedir que una intervención de Naciones Unidas orientada a la paz degenere en una guerra sometida a los intereses de los estados promotores y resulte desacreditada por la inevitable sospecha de su instrumentalización, sería la aplicación del capítulo VII de la Carta de la ONU. De lo que se trataría, así, es de colmar una laguna cada vez más insostenible a través de la institución estable, en interés de todos, de la fuerza armada y del "Comité de Estado mayor" a disposición del Consejo de Seguridad "para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición […] la regulación de los armamentos y [el] eventual desarme" (artículos 43 y 47).

La guerra de Libia, en realidad, podría ofrecer a potencias que en principio no parecen tener interés alguno en la intervención, como Rusia y China (que de hecho podrían haber vetado la Resolución 1973, salvando a Gadafi a cambio de lucrativos beneficios petroleros) la ocasión para alcanzar este salto cualitativo en las relaciones internacionales. De esta manera, se habría conseguido, por fin, un tercer órgano más creíble como fuerza de policía y como garante de la paz que cualquier coalición de Estados miembros.

La tragedia libia, por otra parte, ha hecho estallar una cuestión fundamental para el futuro de la democracia: la actitud hacia los migrantes, ya sometidos en sus países a un trato policial que nuestro gobierno está dispuesto a renegociar a pesar de su patente ilegitimidad. "Toda persona", dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio". Frente a esta previsión, Europa está perdiendo su identidad cívica antes que democrática. Esta identidad ya se había pervertido con las leyes discriminatorias contra los migrantes que en Italia incluyeron la penalización de su condición clandestina y la reaparición, 70 años después, de la figura de la persona ilegal, del fuera de la ley "por lo que es" y no "por lo que ha hecho", de la persona privada de derechos en razón de su invisibilidad jurídica, excluida de la sociedad civil y legal y expuesta y dispuesta, por tanto, a hacerse incluir en otras comunidades inciviles y criminales. Ahora, sin embargo, esta identidad cívica ha acabado por tornarse en su contraria. Con la tragedia de los casi mil muertos ahogados en poco más de un mes al intentar alcanzar las costas de nuestro país. Con el espectáculo de inhumanidad ofrecido por el caos de Lampedusa, donde unos pocos miles de migrantes fueron abandonados durante semanas al frío y al hambre, en condiciones higiénicas horrorosas, solo para exhibir a una opinión pública racista la feroz firmeza anti-migrante de nuestro gobierno. Con la repatriación, por fin, coactiva y cruel, de todos aquellos que con enormes sacrificios y poniendo en riesgo su vida pensaron de manera ilusa en encontrar refugio en nuestras democracia.

Una Italia y una Europa civiles, capaces de tomarse en serio la Resolución de la ONU sobre la ayuda a las poblaciones que huían de la violencia de las milicias de Gadafi, habrían enviado algunos transatlánticos a las costas tunecinas para acoger y socorrer a estos pobres refugiados. Una actuación así no solo habría sido una intervención humanitaria en el sentido auténtico del término, similar a las puestas en marcha en casos de catástrofes naturales. Habría sido un gesto de enorme valor político, un gesto que, bajo la bandera de la solidaridad, habría fundado nuevas relaciones entre Italia, Europa y las poblaciones del Magreb, favoreciendo una salida democrática a sus revueltas. Y habría sido, también, una inversión económica de cara a las futuras relaciones comerciales con los nuevos gobiernos, que desde luego no olvidarán el trato humillante que nuestros países han dispensado a sus ciudadanos. Pero nuestra clase política, la italiana y la europea, es demasiado cínica, inmoral y obtusa como para mirar más allá de sus contingentes y mezquinos intereses electorales.

Luigi Ferrajoli es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Roma III, y uno de los principales exponentes de la tradición garantista ilustrada y de la izquierda moderna. Es autor, entre otros trabajos, de Derecho y razón, (Trotta, Madrid, 2008) y de Razones jurídicas del pacifismo (Trotta, Madrid, 2004). Su último trabajo, los tres volúmenes de de Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia (Trotta, Madrid, 2011), prometen convertirse en un clásico de la cultura jurídico-política de comienzos de siglo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
foto: bus perdido en los andes

Desaparecidos, piquetes, intelectuales

G.G., sociólogo uruguayo, que vino a participar en un congreso sobre prácticas genocidas, habla sobre los desaparecidos en su país, en Página 12, acá

Nota sobre los "intelectuales sub-50" en La Nación, acá (gracias por lo que me toca, y por la buena compañía), acá

Participaron Néstor Pitrola, del Polo Obrero (siempre lúcido); Luciano "el tano" Nardulli, de la Corriente Clasista Combativa (monumento a la militancia de base, ya), y el diputado oficialista y fundador de la CTA, Edgardo Depetri (que en la conversación estuvo muy molesto conmigo porque -decía- "el abogado tiene posición tomada"), acá

foto: plaza cansada (madrí)

Dean Martin

Buena nota de don Martín Bohmer, acá,

Debate con M.P.López

Ayer debatimos con la Cartaabiertista María Pía López, sobre algo así como intelectuales y kirchnerismo, creo. Acá (supongo que luego dividen el video, por ahora está todo el programa completo, y nosotros aparecemos a la media hora)

Puede institucionalizarse la deliberación?

Artículo de C. Offe (gracias José A.!), acá

Toma de tierras: de Grootboom al Indoamericano

Artículo que publico hoy, aquí, en The Nation, sobre la toma de tierras, y cómo pensar estos casos que cruzan el derecho penal con los derechos sociales. Lo copio abajo:

Hay casos judiciales que marcan épocas. La decisión de la Corte norteamericana en Brown c/ Board of Education, de 1954 -fallo que vino a poner fin a una tradición judicial que en buena medida avalaba las discriminaciones raciales- marcó la década del 60. Más recientemente, el caso Pinochet ayudó a pensar de otro modo el derecho internacional de los derechos humanos. Los comienzos del siglo XXI, sin embargo, estuvieron muy especialmente definidos por el caso Grootboom, resuelto por la Corte Constitucional sudafricana en 2000. Pese a la sencillez de lo que allí se decidió, el caso se convirtió mundialmente en un símbolo acerca de cómo los tribunales pueden lidiar con conflictos sociales que involucraban, a la vez, desafíos al derecho penal y graves violaciones de derechos sociales.

El caso Grootboom trataba sobre la situación de un grupo de marginados que habían ocupado lotes de propiedad privada, y que luego habían sido desalojados de modo violento. Los ocupantes, entonces, llevaron su caso a los tribunales, donde hicieron referencia a la obligación del Estado de tomar medidas legislativas razonables para asegurar la realización progresiva de su derecho a una vivienda adecuada. Y aludieron, a la vez, al derecho de los niños a tener un lugar donde albergarse.

En su histórica decisión, el tribunal condenó al Estado, sosteniendo que tenía la obligación de proveer infraestructura legal y administrativa para asegurar el acceso a la vivienda, según una base coordinada y programática, sujeta a los recursos disponibles. Y además, condenó el desalojo, llevado a cabo de una forma también contraria a las obligaciones constitucionales del Estado. En su modesta decisión, el tribunal sudafricano tocaba algunos puntos cruciales para el derecho y la política contemporáneas.

En primer lugar, el fallo dejaba en claro que, contra una larga práctica asumida casi como regla por los tribunales, y conforme a la cual se tiende a considerar los derechos sociales meras promesas programáticas o derechos no operativos, la justicia tenía mucho por hacer, en materia de derechos sociales. Segundo, la decisión vino a demostrar que la activa intervención judicial en situaciones de conflicto social podía hacerse sin que los jueces "reemplazaran" a los legisladores, decidiendo, en lugar de aquellos, cómo manejar el presupuesto. Así, los jueces le marcaron a los legisladores cuáles eran sus obligaciones en materia de vivienda, sin imponerles, en cambio, cómo debía ser el plan de viviendas que sería implementado. Según creo, de todos modos, lo más interesante que hizo entonces la Corte sudafricana -una enseñanza especialmente relevante para el caso argentino- fue dar cuenta del modo en que los tribunales podían (debían) actuar en casos que involucraban tanto derechos sociales de rango constitucional como faltas que podían ser susceptibles de un reproche penal.

Es de notar que, frente a casos semejantes, nuestros tribunales tienden a adoptar una mirada miope, obsesionada con el Código Penal: ellos ven que la conducta del caso guarda algún vínculo con cierto artículo del Código Penal, y proceden a actuar concentrando toda su atención sobre las faltas penales de los imputados. A nadie se le ocurre razonar como lo hizo la Corte Sudafricana cuando, en los hechos, pareció decir: "Antes de pensar en la aplicación de sanciones penales, debemos reconocer que aquí hay involucradas graves violaciones de derechos constitucionales, que el Estado tiene la obligación de garantizar y que no hoy garantiza. Esta gente puede ser removida de los terrenos que hoy ocupan, pero primero el Estado debe asegurarles un lugar digno donde alojarlos."

Pensemos, en cambio, cómo actuaron nuestras autoridades públicas -las de la ciudad, las de la Nación- en casos como el del Indoamericano (como en Grootboom, una situación de ocupación ilegal de tierras, por parte de grupos económicamente marginados), y veremos cuál es la práctica hoy dominante en nuestro país. Frente a conflictos sociales graves, a nuestras autoridades sólo parece interesarles disipar la atención pública, aunque ello implique dejar el problema social irresuelto. Hoy, los desalojados del Indoamericano siguen con su problema habitacional intacto; hay muertes impunes; hay derechos sociales de todo tipo, todavía afectados como en el primer momento. Lo único que parece importarles a nuestras autoridades es la repercusión pública del hecho -el escándalo- y jamás la suerte y los derechos de las personas involucradas. ¿Se disipó el escándalo? ¿Se disiparon los riesgos de pagar algún costo político o electoral? Entonces, todo eso de los derechos ya no interesa.

foto: dama con distinción (madrid)

Andalgalá

Reportaje interesante al intendente de Andalgalá, intendente pobre, en un pueblo que vive en la miseria, rodeado de las grandes mineras que auspicia el gobierno, acá

Cesarismo democrático

A comienzos del siglo xx, el autor venezolano Laureano Vallenilla Lanz, escribió su famoso libro Cesarismo democrático, destinado a describir –y justificar- lo que VL reconocía como un fenómeno político muy propio de la vida latinoamericana (el libro sería, nos guste o no, uno de los más influyentes en la historia del constitucionalismo latinoamericano). Por entonces, VL repudiaba los rasgos idealistas y extremistas que veía en el pasado regional (“los principios abstractos del jacobinismo”), y que asociaba con constituciones de funcionamiento improbable. Al mismo tiempo, VL reivindicaba el rol de los caudillos que supieron actuar como “César,” respondiendo a la “sicología de nuestras masas populares” (Hale 1986, 413). Vallenilla habla de un “Cesarismo democrático (caracterizado por) la igualdad bajo un jefe: el poder individual surgido del pueblo por encima de una gran igualdad colectiva,” un César que puede mantenerse en el poder gracias a que representa al pueblo, porque “no hay gobierno estable sin pueblo a la espalda pensando como el gobierno mismo, sintiendo y procediendo como él”.

En Venezuela, el antecedente político más importante de esa forma de gobierno había aparecido con Simón Bolívar, que habría sabido reconocer, mejor que cualquier otro, el error de los constitucionalistas que creían que los gobiernos latinoamericanos debían adaptarse al modelo de las democracias europeas o a la democracia de los Estados Unidos, sin reconocer que “el derecho de la soberanía,” finalmente, no era sino “el derecho que tiene cada país de gobernarse a sí mismo según su tradición, según su temperamento, según su historia” (ibid., 218). Bolívar sería el que habría advertido, de modo clarividente, que para gobernar en Latinoamérica, las exigencias eran otras: no las de un poder controlado, sino las propias de un tipo diferente de democracia, caracterizada por la presencia de un gobierno fuerte, capaz de disciplinar a la sociedad, en beneficio colectivo. Bolívar, en todo caso, fracasó en su incapacidad para arrastrar a las masas populares. Sin embargo, su genio de estadista iba a encontrar continuidades en otras experiencias posteriores, más plenamente exitosas. En tal respecto, VL reconocía al menos dos experiencias de este tipo, en Venezuela. La primera, la del caudillo José Antonio Páez, a quien describe como “el único hombre capaz de contener con su autoridad y su prestigio a las hordas llaneras”. La segunda, la del dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernara Venezuela veintisiete años, entre 1908 y 1935. Gómez aparece, entonces, como “el Magistrado necesario para estas democracias, porque realiza aquel axioma político-social del libertador (Bolívar): los Estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas del despotismo y la guerra”.

Por lo demás, la obra de Vallenilla Lanz puede leerse como un intento de justificar el gobierno del general Gómez, junto con quien VL trabajó durante largos años, desempeñándose como parlamentario, presidente de las cámaras legislativas, y sobre todo como periodista, desde el periódico El Nuevo Diario, a partir del cual llevó adelante una defensa férrea del gobierno autoritario de Gómez. Historias que se repiten.

foto: paseador con sombrero (madriz)

Proyecto SUMA

Información sobre campaña contra la discriminación de personas con trastornos mentales, acá

Curso-indígenas/constitucionalismo

En la Facultad de Derecho de la UBA se oferta en el CPO para el segundo cuatrimestre de 2011 -dentro de nuestra Cátedra de Derecho Constitucional- la materia Derechos de los Pueblos Indìgenas y neoconstitucionalismo latinaomericano, a cargo de Silvina Ramìrez. Esta materia brinda una perspectiva de los Derechos de los Pueblos indìgenas partiendo de las ùltimas discusiones contemporàneas en Amèrica Latina, tomando como eje los principales instrumentos internacionales y las constituciones de Bolivia y Ecuador. (El curso se ofrece para los días mièrcoles, de 14 a 17)

foto: caminata en harlem

El significado del voto

Publicado hoy en Clarín, por acá, lo transcribo a continuación:

Qué querrán expresar, con su voto, los ciudadanos que, a nivel nacional, voten por el kirchnerismo? ¿Querrán decir que favorecen la Asignación Universal por Hijo? ¿Que no les interesan las acusaciones de corrupción que recaen sobre el Gobierno, mientras que el país “crezca”? ¿Que aprueban el Matrimonio Igualitario? ¿Que les complace que se decida todo (aún lo que la Constitución impide) a través de decretos de necesidad y urgencia? ¿Que rechazan esos decretos, pero que a pesar de ello reconocen progresos, en todos estos años, que quieren premiar? ¿Que la oposición es peor? ¿Que mejor siga todo como está, porque en tiempos de incertidumbre es preferible no cambiar nada? ¿Que hay que profundizar el modelo? ¿Que, por el contrario, hay que cambiarlo inmediatamente, pero que es mejor que ese cambio lo haga el propio gobierno? La lista de alternativas podría seguir al infinito.

(El mismo ejercicio podría repetirse, por supuesto, si no habláramos de quienes votan por el Gobierno, sino de quienes lo hacen por algunos de los partidos de la oposición.) Probablemente, muchos ciudadanos voten por una combinación de esas razones (digamos Matrimonio Universal, más Asignación Universal por Hijo, más creación de empleo); otros tantos soporten al oficialismo por razones entre sí opuestas (tal vez algunos valoren el “decisionismo” verticalista del Gobierno; mientras que otros vean, en algunos logros -como el aumento de los puestos de trabajo- una forma de democratizar a la sociedad); y otros más quieran dar un apoyo enfático a ciertas iniciativas, aunque querrían que se terminase, de una buena vez, con otras tantas (pongamos, la minería contaminante; el maltrato a los grupos indígenas; las licitaciones resueltas de antemano; la manipulación de todas las cifras).

A pesar de todas estas variaciones, los resultados electorales terminarán, como siempre, por aplastar la diversidad de razones y preferencias existentes ; y le permitirán a los intérpretes del caso -especialmente a los más poderosos, política o económicamente hablando- reconstruir lo sucedido del modo en que deseen o que más les convenga. Algunos dirán, entonces: “a través de su mensaje en las urnas, el pueblo exigió ratificar (o cambiar) el rumbo económico”. Otros más proclamarán, mientras tanto: “El pueblo, con su contundencia habitual, ha mostrado su absoluto apoyo (o enojo) en las urnas”. Y, lo peor de todo, muchos empezarán a darnos lecciones acerca de las virtudes y desgracias de la “argentinidad:” “Al pueblo argentino, finalmente, le gusta que lo maltraten”; “a los argentinos les encanta delegar autoridad”; “si los argentinos ven que la economía crece, luego aceptan cualquier cosa”.

El punto que quisiera presentar es sencillo: antes de que empiecen a aparecer estas habituales y manipuladoras interpretaciones “a posteriori,” cabría dejar en claro que, si quienes están en el poder quieren saber, realmente, “qué es lo que quiere el pueblo argentino,” lo mejor sería que se lo preguntasen, en lugar de tratar de deducirlo de donde no pueden hacerlo.

Y que se lo preguntasen, sobre todo, por medios que le permitan a la ciudadanía expresar qué es lo que aprueba, y qué es lo que rechaza de lo que ya se ha hecho; qué políticas prefiere que continúen y cuáles repudia, y por qué razones; qué medidas querría que se tomasen, y cuáles desearía que quedasen archivadas para siempre; a qué funcionarios sostiene y a cuáles no .

Todo este tipo de precisiones, en cambio, nunca podrán revelarse con un sistema plano, opaco, “chato,” de votación, que aparece cada cuatro años y que es “a todo o nada,” que nos impide a los ciudadanos premiar lo bueno a la vez que castigar lo malo. Más bien lo contrario: se nos obliga a votar a favor -y entonces parece que uno lo acepta todo- o en contra -y parece, entonces, que uno rechaza todo.

La democracia popular requiere de formas de control, diálogo y evaluación alternativas, más permanentes y más abiertas a reconocer los matices del pensamiento ciudadano. Al poder, sobre todo (pero también a muchos de sus analistas) el diálogo, el reproche, la crítica, parecen asustarle: se jactan de hablar en nombre del pueblo, sin jamás darle a ese mismo pueblo la oportunidad de hacer distinciones, de presentar réplicas, de exigir rectificaciones, de decir que no, definitivamente, frente a los particulares funcionarios o las particulares políticas que ya no tolera.

foto: Salta desde abajo

Anuncio de Beca

El objetivo de la beca Humphrey es brindar a profesionales argentinos comprometidos con el desarrollo del país la posibilidad de realizar un entrenamiento de un año en Estados Unidos. Los aspirantes pueden ser profesionales de una de las siguientes áreas:

Desarrollo agrícola y Desarrollo rural;
Periodismo y Comunicación;
Desarrollo Económico;
Finanzas y Sistema Bancario;
Políticas de Prevención de HIV;
Administración de Recursos Humanos;
Derechos Humanos;
Recursos Naturales y Medioambiente/Cambio Climático;
Políticas y Administración de la Salud Pública;
Administración y Políticas Públicas;
Administración y Desarrollo de Tecnología;
Planeamiento Regional y Urbano;
Administración de la Educación Superior
Prevención y tratamiento del abuso de drogas
Políticas para el tratamiento del tráfico de personas
Desarrollo de políticas y Administración de la Tecnología

Requisitos

Cumplir con los requisitos generales
Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento de la convocatoria.
Título Universitario.
Un mínimo de 5 años de experiencia en el área en la cual se presenta.
Destacados antecedentes profesionales.
Tener entre 35 y 45 años aproximadamente.

Inscripción: hasta el 29 de julio de 2011.

Tel: (011) 4814 3561/62

www.fulbright.edu.ar

ICJ sobre responsabilidad empresaria

Está disponible el informe de la Comisión Internacional de Juristas, sobre la responsabilidad empresaria en crímenes internacionales -muy fuerte. Puede verse el informe, acá.

El nuevo sindicalismo

Impresionante, la renovación K que iba a depurar al sindicalismo moyanista, acà

Tierra y libertad: Flores Magón

Anarquista mexicano, nacido en Oaxaca, en 1874, y muerto en prisión, en Washington, en 1922, Ricardo Flores Magón fue fundador del periódico "Regeneración," y del Partido Liberal Mexicano. En su militancia pasó de la defensa de una democracia popular, al anarquismo. Activista y teórico de la Revolución Mexicana, propició la lucha armada a comienzos de siglo, con el objeto de extender el alcance de la Revolución.

En 1906, dio a conocer el famoso programa del PLM, que se convirtió en un antecedente importante, por caso, de lo que luego serían los aspectos sociales más de avanzada de la Constitución de México de 1917. El programa limitaba los poderes presidenciales (no podía ser de otro modo); pedía limitación en las horas de trabajo; salario mínimo; educación laica; y ponía un especial acento en la cuestión de la propiedad. En este sentido, exigía la expropiación de la tierra improductiva; y la creación de un Banco Agrícola para facilitar el acceso de los pobres a la tierra y a las herramientas productivas. Definía, además, que "el Estado dará tierras a quien lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas."

Hacia 1911, el programa pasó a incluir la abolición directa del "principio de la propiedad," a partir del cual -se sostenía allí- surgía el poder de la Iglesia y del Estado. El PLM consideró entonces que el pueblo debía "tomar la tierra y las maquinarias en sus propias manos," de modo de poder "regular la producción de la riqueza en favor de sus propias necesidades."

RFM fue arrestado, en los Estados Unidos, por la redacción de un panfleto dirigido a "todos los anarquistas del mundo," que se consideró que socavaba los esfuerzos bélicos norteamericanos (ya hablamos en el blog, varias veces, de la legislación y jurisprudencia norteamericanas, sobre todo de comienzos de siglo, dirigida a reprimir las actividades de anarquistas, socialistas y pacifistas). Pocos años después, RFM murió en la cárcel (según algunos, por los golpes que le propiciaran los guardias de la prisión). Flores Magón, tierra y libertad.

Simplismo y desprecio

Dice MW, acá, con razón: "Un gobernante de centroderecha popular no es lo mismo que la derecha tradicional argentina, y como tal debe leerse. Es válido preguntarse...por qué mantiene Macri tamañas adhesiones, evitando simplismos o desprecio a los ciudadanos." Bien.

Pocas páginas después, sin embargo, F.Cibeira destaca a los grandes ganadores y perdedores de la elección. Entre los perdedores, toda la oposición. Del otro lado -además de, por supuesto, la pareja Macri-Vidal- menciona a los 3 grandes triunfadores de la elección: Filmus, la presidenta, y Cabandié (!!!!!!!).

Y en la contratapa del diario, L.Bruschtein habla de "la cabecita" del ciudadano de la Ciudad que, por un lado "vota por las corporaciones, mientras que "el otro lado de la cabecita vota por la independencia de las corporaciones en el país. Un hemisferio por reprimir y el otro por no reprimir. Un hemisferio por repartir y el otro por no repartir." Simplismo y desprecio.

Encuestas

Los que anunciaron 5 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, en las elecciones capitalinas (las diferencias están por ahora entre 17 y 18 puntos), piden disculpas o es así nomás? Vale tirar cualquier cifra, impunemente? Un abucheo, desde acá, por la mentira

P.D.: En efecto, como apuntan en los comentarios, vale dejar registro de una nota de hoy (acá), en Página, que señala: "El viernes, varios encuestadores evaluaron la diferencia entre cinco y siete puntos: Julio Aurelio, Nueva Comunicación, Artemio López, Ricardo Rouier y Doris Capurro. Algunos estiraron a ocho o diez puntos –Roberto Bacman, Enrique Zuleta–. Poliarquía habló de 15 de ventaja para Macri." No se van al descenso? En la próxima elección también van a estar?

Tres historias musicales

No me jacto de escuchar buena música, pero lo cierto es que en un lapso relativamente breve, me ocurrieron los siguientes tres hechos:

1) Estoy escuchando música, entusiasta tal vez. Tocan el timbre. El vecino de abajo. Me dice: "Mirá, la verdad es que la música está buenísima, pero...te molestaría bajar el volumen?"

2) Queda el pintor pintando en casa. Tarde en la tarde, vuelvo, y desde ya lejos escucho música que sale de mi apartamento, a todo volumen. Abro la puerta, está el pintor, recogiendo sus bártulos. Me dice: "Qué buena música que tenés".

3) Dos trabajadores vienen a re-colocar el piso del living, que se había levantado entero. Olvido mi ipod sobre la mesa. Vuelvo a la noche: el ipod no está. La música seleccionada les encantó, deduzco.

Un cuentito

Carencias

Este es el relato de algunos, tal vez, desafortunados silencios, acompañados por al menos dos, quizás, afortunados malentendidos. La trama puede ser compleja, como cualquiera, así que comienzo por simplificar. Despejamos entonces al resto de las personas, y nos quedamos con tres. A, B y C, pongamos, Ana, Belén y Carlos. La información que resulta, entonces, es la siguiente:

* Ana es creyente y es médica (hechos ambos olvidables, por diferentes razones que aquí no vienen al caso). Es amiga de Belén, a quien conoce desde su época de estudiante.
* Ana y Belén fueron compañeras, también, de Carlos.
* Los tres viven en un pueblo relativamente pequeño, y Belén oficia de principal Asesora del Intendente (Intendente que apenas si aparecerá en esta historia).
* Ana y Carlos se frecuentan, desde hace tiempo, en un sentido algo abarcativo del término frecuentar.
* Carlos es aficionado a las letras (el dato es irrelevante), y pertenece a una familia adinerada (éste no); quiere mucho a Ana, aunque Ana se enoje con él, a veces, por la presencia que tiene el dinero en su vida (la de Carlos).
* Carlos quisiera tener algo más de dinero, y nunca cejará en estos intentos (lo confirmaríamos después, si la historia siguiera más allá del final), para lo cual necesita una firma del gobierno municipal, que lo consolide como propietario de unos productivos terrenos.
* Ansioso por obtener esa firma, Carlos comienza a vincularse con Belén. Belén, que no sospecha de sí misma, y que haría todo por la felicidad de sus amigos, acepta, entusiasta el convite. Ana, mientras tanto (y este dato es muy importante), le ha advertido a Carlos que ni se le ocurra involucrar a Belén en su búsqueda de la firma deseada: “la amistad y los negocios,” le dice, “como el vino que fermenta y el pan, no han de mezclarse.” Carlos le promete a Ana que no molestará a Belén, por estas terrenales cosas. Belén sabe de todo esto, pero no habla del tema.

Volvamos ahora, con esta información en mano, a la historia de este escrito:

Carlos se ha ido acercando a Belén con la excusa de buscar auxilio: su pretexto es fortalecer su relación (la de él, Carlos) con Ana. A ver: es cierto que Carlos tiene algunos problemas con Ana, pero también que amplifica lo que lo ocurre, pensando en que tal vez, más cerca de Belén, un día ella lo ayude en sus otros, más fecundos, asuntos. Carlos llora, excesivo, su historia de desencuentros con Ana, y le pide consejos a Belén. “Qué es lo que puedo hacer, qué es lo que ella siente, qué es lo que ella puede querer de mí” –dice, demasiado, Carlos. Belén, que le cree todo, le aconseja, y entre tanto conversa con él, hablan de esas otras cosas, como cualquiera. Carlos allí siente la tentación de introducir “su temita,” pero curiosamente o no, apenas si lo hace, temeroso de romper su promesa con Ana. A veces le ha comentado algo sobre su “turbada” situación patrimonial, algo acerca de “esos terrenitos”. Carlos claramente exagera lo que le pasa, pero en estos casos -agregaría yo- Belén “atiende pero no asimila”, no toma lo que Carlos le dice, cuando habla de esas municipales cosas (disgredo y recuerdo la historia que me contaban en clase, sobre el soldado Pérez, quien tenía la extraña virtud de dormir con los ojos abiertos. En su reporte mensual, y esto también es real, el sargento escribió: “el soldado Pérez atiende pero no asimila”).

El hecho es que una tarde de viernes, a última hora, el Intendente firma. Firma, pero no por la presión de Belén, como Carlos conjeturaría de inmediato. Belén, sólo alguna vez, y por hablar de algo (en esas tardes invernales en que ni el tren pasa y de repente silba), supo mencionar el tema de “los terrenitos” de Carlos (poco antes, tierna también, había hablado de “las frutas frescas que supe recoger, de niña, en el camino desde mi hogar a la escuela”). La firma del Intendente –de esto estoy seguro- había ocurrido por cualesquiera otras razones, que aquí con absoluta tranquilidad desconocemos. Supongamos que, simplemente, el firmante se imaginó que de ese modo podría tener más cerca a Carlos y a su familia, y así hacer negocios con ellos en un futuro posible, de los otros tantos.

Carlos no se enteraría de la ansiada firma hasta el lunes siguiente. Mientras tanto, caramba, ese fin de semana, que no sería como los demás (esto lo sabría Carlos luego de que ocurrieran los hechos que a continuación relato), Carlos había vuelto a visitar a Belén. El inapacible domingo que precedió a ese sosegado lunes, Carlos se acercó a Belén, se acercó un poco más, y Belén, sorprendiéndose a sí misma -se diría después- cedió. Cedió en lo que pensaba eran sus sólidas convcciones afectivas –las que convertían a Carlos en una mera hoja de árbol, caída en otoño, a quien ella recogía con sus manos finísimas, menos por atención hacia Carlos (la hoja) que por cariño hacia su clorofílica amiga. Belén cedió, conmovida por el llanto en voz alta de Carlos, por sus frases lisonjeras, por sus manos en apariencia trémulas, por su mirada frágil, apenas terrorífica. Cedió frente a su abrazo desesperado, frente a sus labios perdidos, frente a su pecho necesitado de abrigo... cedió por completo frente a Carlos. Cedió, y le pidió urgida que se quedara consigo esa noche...”te necesito Carlos, y necesito tu cuerpo jadeante junto al mío, como un todo!” Y Carlos, que buscaba más tierras pero no reuhía otras experiencias menos agrarias, avanzó cuanto pudo.



Ocurrió entonces:

1) Carlos: el lunes por la tarde, supo la noticia de la firma municipal, y corrió presuroso a agradecerle a Belén. Estaba seguro de que había sido gracias a ella, por su iniciativa entusiasta (la de Belén), luego de aquella noche fértil (un cielo abierto, enmarcados por unos hilos de alambre de donde colgaba una parra vieja, y la bombilla de una luz que se apagaba de pronto, y sola o mecida por el viento, repentinamente volvía a encenderse). Belén, sin embargo, no quiso atenderlo. Carlos concluyó, de inmediato, que esta negativa se debía al arrepentimiento de Belén, luego de (lo que él pensaba, habían sido) sus propias sugerencias (las de Carlos) para obtener la firma indebida.
2) Belén: estaba quebrada por lo que sentía una traición amorosa hacia su amiga Ana. Tanta vergüenza tenía, que no se animó a decirle nada de lo ocurrido, mientras angustiada pensaba en dónde ocultar tamaño secreto.
3) Ana: es muy curioso. Ana supo, también a través de Carlos, que Carlos había obtenido la firma deseada, y entonces las tierras. Esto fue demasiado para ella, quien radical propuso que “el hecho” había rebasado absolutamente los límites fijados. Desde entonces, Ana no duerme, no responde. Le dijo entonces a Carlos (como Belén le había dicho a Carlos) que no quería verlo más, nunca más. Pero eso no es lo peor (si es que eso es malo): lo peor es que Ana se ofendió con Belén, porque presumió que ella, por buena fe, por debilidad o por lo que fuese, había hecho presiones para que Carlos obtuviese la firma buscada. Y dejó de hablarle a Belén. También. Dos voces menos.

Hagamos un balance, pues, con lo que hasta aquí tenemos. Ordenemos las piezas de este agitado (aunque finalmente, tan mundano) acontecer de un pueblo calmo. Teníamos tres personas: dos amigas, un tirifilo. El último amaba a la primera, a quien frecuentaba; mientras tanto se acercaba a la segunda, la amiga de la primera, como dudando, o acechante. Ahora, ya no hay amistad, ya no hay vínculos, sólo silencio.

El tiempo pasó, el silencio se mantuvo. Ana eludía a Belén, porque sospechaba que ella había presionado indebidamente a su jefe (al de Belén). Belén, avergonzada, no se acercaba a Ana, a quien intuía defraudada (por ella). Belén leía el silencio de Ana como certeza de que Ana lo sabía todo –lo real, lo verdaderamente importante. Carlos, mientras tanto, tenía vedado el acceso a ambas. A Ana, por la tierra buscada, a Belén, por la tierra encontrada.

El tiempo pasó, pasó, y Ana y Carlos, que se deseaban, no volvieron a verse. Mientras tanto, en la primer semana de enero, y tal vez por esas decembrinas promesas, se produjo una ansiada o inesperada conversación telefónica y se escribieron además dos cartas (el resto de las personas siguen entre paréntesis).

La conversación telefónica fue entre Ana y Carlos. Ana llamó, sabiendo que Carlos, deshauciado, la buscaba. Ana calló entonces muchas cosas, pero sostuvo también, entre otras: “Te dije que no te metieras con Belén, te dije que no la involucraras”. Carlos pensó en esa noche ardiente, en el frenesí de los besos dados bajo la parra que se deshojaba muy lentamentamente en el patio mudo, todo pintado de blanco. Ana pensaba, mientras tanto en la insistencia ansiosa por una firma, que no había existido. Carlos retrucó entonces: “Pero te juro que no la forcé jamás, juro que fue por ella, por su propia iniciativa.” Carlos recordaba a Belén, fuera de sí, fogosamente arrojada a sus brazos. Ana, mientras tanto, lo veía a Carlos urgiendo a Belén para que Belén lo ayudara. Ana retrucó: “no tenés vergüenza, así que ahora la culpa es de ella.” Y cortó, tal vez angustiadísima, seguramente en medio de un desolado llanto. Y no volvió a levantar el teléfono por él. Simplemente jamás. Aquí tenemos a dos de los protagonistas que, nos enteramos ahora, no volverían a hablarse. Sabemos ahora de la llamada, vayamos entonces a las cartas.

La primera carta fue de Carlos, para Belén. Apenas kantiano, Carlos distinguió entre la mentira y la verdad incompleta, y calló entonces algunas cosas, pero escribió muchas otras, y entre ellas incluyó palabras como las siguientes:

Pasión
Amistad
Ayuda
Cooperación
Solidaridad
Confusión
Ternura
Soledad

Todo eso estaba muy bien, y de algún modo conmovió a Belén. Una única cosa la inquietaba, una única línea, la última, en donde Carlos escribía, enigmáticamente, “finalmente, por qué tanto dolor, por un simple cúmulo de ruinosas, apenas si florecidas tierras”. “Tierras?” –se preguntó Belén. “Qué tendrá que ver la tierra con la pasión, con la amistad, con la ayuda...?” “Nos besamos, nos abrazamos, tuvimos la noche del lujurioso amor...y él me habla de un cúmulo de ruinosas, apenas si florecidas tierras?” –se preguntó Belén. El acto de leer no significa nada: Quien no quiere leer no lee. Dobló la carta, la guardó, la lloró (pensando en Ana), y no volvió a abrirla nunca más, ni pensó, tampoco más, acerca de aquella extraña, en apariencia equívoca mención. Desde entonces, muy de vez en cuando, Belén se encuentra con Carlos, y desde prudente distancia, se miran y se saludan con un honesto pero sólo amable (si correspondiera, por la hora) “buen día.”

Pero luego la otra carta, expedida –vaya casualidad, difícil de creer- esa misma semana, ese mismo día. Esta fue una carta de Belén a Ana. Ana la recibió, la leyó ansiosa, la agradeció en silencio –“hacía tanto que esperaba esta epístola, te congratulo oh Señor, que cada día me iluminas.” La carta de Belén, tímidamente, callaba muchas cosas, pero también decía otras, incluyendo palabras como las siguientes:

Error
Falta
Descuido
Vergüenza
Deshonor
Amor
Reconciliación
Perdón

Ana se alegró mucho por la carta, se conmovió -necesitaba conmoverse. Una única cosa la inquietaba, una única línea, la última línea, en donde Belén escribía, enigmáticamente, “como dos cuerpos sudorosos, casi dando pena.” “Cuerpos sudorosos” –se preguntó Ana. “Qué tendrán que ver dos cuerpos sudorosos dando pena, con el error, con la falta, con la reconciliación, que tanto anhelo?”. Ana tampoco quería leer. Dobló la carta, la guardó, la lloró (pensando en Belén), y no volvió a abrirla jamás. Ana y Belén volvieron a ser amigas, desde entonces, y no hablaron más del asunto. La verdad, que en un momento había podido separarlas, había quedado enterrada. La verdad, que en otro momento habría podido unirlas, había faltado esta vez a su cita.

Cada quien supo entonces lo que quiso saber, refugiado en lo que prefirió no decir. Y los acontecimientos se amoldaron, cuanto pudieron, a esas habituales ausencias. Era verano otra vez, y el viento (“es el tren que ha vuelto,” dijeron los viejos del pueblo), parecía silbar a lo lejos.

Boudou, la obediencia debida

En un interesante reportaje, hoy en Página (acá), dice enfáticamente el ministro de economía Boudou (luego de justificar su pasaje -un pasaje de toda la vida- por la derecha más salvaje): "(frente al modelo de los opositores, lo importante es) pensar por sí mismo, tomar decisiones y llevarlas adelante...si no tenés formación y capacidad para pensar por vos mismo, te parece brillante lo que dijo el último interlocutor y salís como un loco a tratar de hacerlo. Y al que le quepa el sayo que se lo ponga". Muy bien esa independencia de pensamiento! Vamos con esa potencia crítica!
Un poquito más abajo: (Pregunta): "Y qué propone nuestro posible vicepresidente?" (Respuesta): "Lo que proponga la presidenta". Uia.

Sabatella-Moyano

"En el distrito bonaerense de Esteban Echeverría, el candidato a gobernador y aliado del gobierno, Martín Sabbatella, llevará en su boleta como primer candidato a concejal al titular de Camioneros local, Fabián Arévalo. De esta manera, Sabbatella dejó al descubierto una alianza con el líder de la CGT, Hugo Moyano, de la que se viene hablando desde hace tiempo."

Fuentes cercanas afirman que Sabatella seguiría teniendo una bandera en alto. La están buscando, pero el ex intendente no recuerda bien dónde la habría dejado.

Igualitaria: Estlund y la Autoridad democrática

Salió el nuevo libro de la colección que coordinamos desde Igualitaria, con Siglo XXI:

Con traducción y prólogo de don S. Linares, libro muy importante de Estlund.

De la introducción:

"Jorge Luis Borges escribió alguna vez que la democracia comportaba un abuso de la estadística. Al parecer, la democracia no es un sistema que resulte naturalmente digerible: ¿por qué dejar asuntos tan importantes en manos de mayorías que carecen de un conocimiento cabal para opinar sobre ellos? En el intento de responder esta pregunta, algunas teorías sostienen que el procedimiento democrático tiene un valor intrínseco, más allá de que se traduzca o no en buenas decisiones. En La autoridad democrática, David Estlund se sumerge en una apasionante reflexión sobre la justificación de la autoridad democrática, y ofrece una alternativa innovadora al postular que la legitimidad de este orden se funda, al menos en parte, en el hecho de que permite arribar a mejores soluciones en virtud de la deliberación entre iguales.

El autor concede que, tal como sucede en el juicio por jurados, la autoridad y la legitimidad de las decisiones políticas no dependen de que su contenido sea bueno o correcto. Pero sostiene que es crucial el valor epistémico del procedimiento, es decir, que este sea reconocido como el que más se aproxima a una decisión adecuada. Ahora bien, si lo único que importa es tomar buenas decisiones, cabe preguntarse por qué no gobiernan los expertos, los más sabios. Estlund toma distancia de esta postura y argumenta que el superior conocimiento de unos pocos sólo puede servir como justificación política si resulta aceptable para todos los puntos de vista atendibles. Si se busca el mejor sistema político, sin duda este será democrático: un ideal regulativo que comprenda leyes y políticas autorizadas por el pueblo, que a su vez se sujeta a ellas.

A partir de un razonamiento que mucho tiene de diálogo y discusión con los principales pensadores que se han ocupado del tema –como Jürgen Habermas y John Rawls–, este libro original, ambicioso y provocador es una contribución imprescindible no sólo para rebatir sofisticadas teorías académicas sino también para desmantelar muchos prejuicios comunes sobre la democracia."

Chomsky, la izquierda y el anti-presidencialismo

El nombre de Noam Chomsky volvió al ruedo en estos días, por una (primera) crítica a H.Chávez, referida al modo en que el gobierno del venezolano trató el caso de la jueza María Afiuni (a quien apresó por un fallo que causó el disgusto del Ejecutivo). Chomsky tiene razón allí, obviamente, pero mucho más interesantes fueron sus observaciones sobre los poderes del Poder Ejecutivo, en todos lados pero muy en particular en América Latina.

Como debe ser, Chomsky dejó en claro la que ha sido, tradicionalmente, la posición de la izquierda radical sobre la concentración del poder en el Ejecutivo: Está mal, en todos los casos. Es inaceptable, siempre. Se trata de una tendencia anti-democrática.

El reportaje, completo, acá, pero los párrafos pertinentes los traduzco a continuación (como hubo una pequeña polémica sobre la "interpretación" que había hecho el diario -el excelente The Guardian- sobre la entrevista, reproduzco estos párrafos a partir de la transcripción directa de la conversación):

"Me opongo a la acumulación de poderes en el Ejecutivo en todo lugar. Uno podría pensar si tales poderes se justifican por razones de seguridad, y dados los ataques que recibe Venezuela. Personalmente no lo creo...Los poderes adicionales sobre el Presidente no están justificados. Entiendo que se puede debatir sobre el punto, pero a mi juicio los argumentos contrarios que aparecen en ese debate no son persuasivos...

En todos los países de América Latina existe la amenaza potencial de la patología del caudillismo, frente a la que hay que estar en guardia. No estoy seguro de que en Venezuela se haya ido demasiado lejos en tal sentido, pero pienso que tal vez sea así...Se trata de una tendencia hacia la centralización del poder en el Ejecutivo que se ha ido desarrollando, y que no representa un desarrollo saludable.

La concentración de poderes en el Ejecutivo, a menos que sea por razones temporarias específicas (pongamos, hay que pelear en la Segunda Guerra Mundial), es un asalto sobre la democracia."

Mañana termina el seminario!!

Mañana, 18 horas, terminamos el seminario leyendo-discutiendo a don Guillermo O'Donnell (quien, por problemas de salud, no podrá venir). Como siempre, última sesión, con brindis de despedida incluido! Nos vemos (18, Salón Verde, Facultad de Derecho).

Suerte Pablo!

Este Domingo hay elecciones en la Ciudad Autónoma (?) de Buenos Aires. Vos podés votar la lista completa de Proyecto Sur, encabezada por Pino Solanas y Jorge Selser como Jefe y Vicejefe de Gobierno porteño (la única que, según las encuestas disponibles, le gana a Macri en la segunda vuelta), junto a la lista de diputados a la legislatura porteña, integrada por 8 fuerzas distintas pero convergentes, que por convocatoria de Pino yo encabezo como verde e independiente, y la lista de comuneros de tu comuna (mucha atención a las comunas! pueden ser una oportunidad de participación).

O bien podés cortar boleta y hacer otras combinaciones; o podés votar por cualquier otra lista y candidatos que te parezcan (pude conocer alguna gente valiosa en algunas, y también muchos chantas).

También podés votar en blanco, anular tu voto, o directamente no ir a votar si repudiás el sistema electoral y representativo tal como está planteado, no le ves posibilidades de remediación, y no querés ser parte o que te usen en un simulacro de democracia.

Podés hacer todas estas cosas y más, que se te ocurrirán a vos y tus amig@s. Yo, con 65 años, he tomado casi todas las opciones enumeradas con efectos y suertes diversas; y si te dijera que ahora le encontré definitivamente la vuelta al trompo, te mentiría: sigo buscando e intentando, como a los 14 años, porque desde entonces, el mundo y el país cambiaron varias veces, y yo también.

Si te parece que esto que estoy haciendo ahora, que apunta a poner una pica verde, movimientista y socioambiental en las instituciones, te interesa, poneme el voto el domingo; pero sobre todo, acercate, comunicate y veamos qué podemos inventar juntos. Un abrazo. p.b.

cels-z

Posición del CELS sobre las acusaciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio R. Zaffaroni



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace pública su solidaridad con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, ante los ataques dirigidos sobre la base de acusaciones escandalosas e imprecisas, y con un alto contenido de hipocresía. De este modo se pretende demonizar al juez e instalar sobre él una condena sin sustento, cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito y, de ser así, quién lo habría cometido. Esta criminología mediática, tal como él mismo la ha llamado, comienza por la condena y no se sostiene en la comprobación de un delito sino en la denuncia pública indeterminada. El juez Zaffaroni no es acusado por lo que hizo sino por lo que representa.
Su trayectoria como académico, activista e integrante del poder judicial es conocida por todos. Largas horas duró la audiencia ante el Senado de la Nación en la que dio cuenta de sus atributos para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Quienes luchamos por la recuperación democrática y la vigencia de los derechos humanos nos sentimos reconfortados con su designación.
Por eso nos alarma que hoy se lo fustigue con tanta ligereza. Si no es posible para algunos medios de comunicación dar cuenta de la trayectoria de Zaffaroni y contextualizar la información que brindan para enriquecer el debate democrático, al menos debería existir ese límite entre las fuerzas políticas. En especial cuando algunas de esas fuerzas se suman a la condena mediática en el contexto de la campaña electoral y llegan al extremo de pedir la renuncia del magistrado, “aunque no haya cometido un delito”.
¿Es esta la discusión sobre la justicia que se propone? La incorporación de Zaffaroni a la Corte Suprema se dio en el marco del proceso de recomposición del máximo tribunal, luego de un periodo en el que la Corte de la mayoría automática habilitó el desguace del Estado y la absoluta desprotección judicial. La calidad institucional de esta Corte ha sido reconocida y ha quedado demostrada en sus fallos. Los ataques a Zaffaroni pretenden poner en riesgo esos avances.
El debate sobre la independencia judicial en Argentina es tan superficial que los mismos que motorizan las acusaciones contra Zaffaroni luego se escandalizan y denuncian presiones a los jueces cuando se los critica por tomar decisiones que benefician a los poderes fácticos y van en contra del interés público. ¿Acaso este tipo de ataques no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial? ¿Por qué, en este caso, los valores republicanos no son defendidos con ahínco por aquellos sectores que enarbolan ese tema como bandera?

Es lamentable que tenga lugar este debate cuando se debería pedir a los jueces que rindan cuentas por las decisiones que toman y que generan consecuencias gravísimas como el hacinamiento y la tortura de miles de presos o la represión de los conflictos sociales. Nuestro país enfrenta enormes asignaturas pendientes en materia de política judicial que no pueden quedar reducidas a especulaciones de campaña. En todo caso, la agenda electoral debería dar lugar a la saludable y legítima discusión sobre el rol del poder judicial en el acceso a derechos para los grupos más vulnerables.




Horacio Verbitsky
Gastón Chillier
Presidente Director ejecutivo

Con seguridad

A días de las elecciones, el Jefe de la Ciudad manda unos metropolitanos del Norte afluente al Sur inseguro; y la Ministra de Seguridad, Ms. Oportunismo, se acuerda de enviar también unos cuantos gendarmes (aunque, para hacer diferencia con la Ciudad, agrega 24 cuatriciclos). El día que quieran, tomen el problema un poquitito en serio, y piensen en algo que tenga que ver con la seguridad. Mientras tanto, con algo de pudor bastaría para empezar. Un poquito aunque sea. (No es que de este modo le hacen el juego a la derecha...Es que son la derecha!)

Congreso

Organizado por los amigos y colegas de la Universidad de Cartagena

11 Proposiciones contra el capitalismo

El amigo Pablo G. me había recomendado este libro, al que recién accedo: “Envisioning Real Utopias” (2010) del marxista analítico Erik Olin Wright (a quien, confieso, le había perdido algo de fe).

Se trata de un gran trabajo, que está dividido en tres partes: "Diagnóstico y crítica;" "Alternativas;" y "Transformación." Ando leyendo la primera parte, que gira en torno a la pregunta “Qué es lo que tiene de tan malo el capitalismo?”. El libro –nos dice el siempre amabilísimo don Erik- tiene como argumento central que sólo el socialismo es capaz de favorecer nuestras capacidades colectivas para mitigar 11 males o daños, que el capitalismo, por su parte, alienta. Resumo las 11 proposiciones brevísimamente

1) Las relaciones de clase capitalistas perpetúan formas eliminables del sufrimiento humano. Ello, fundamentalmente, porque el capitalismo tiende a perpetuar: la explotación (al conferirle poder económico a los dueños del capital, que tienen un interés económico en mantener a sectores amplios de la población en una situación de vulnerabilidad económica y dependencia); unas no-controladas externalidades sociales negativas sobre el cambio tecnológico (cambios tecnológicos que destruyen empleos, desplazan trabajadores, y convierten a las viejas habilidades en inútiles, empeorando la vida de largas secciones de la sociedad); y la competencia bajo condiciones capitalistas (que, sobre todo en una situación de desarrollo global, reproducen dramas como los recién señalados).

2) El capitalismo bloquea la universalización de las condiciones para el florecimiento humano. Aunque el capitalismo puede haber contribuido a facilitar dicho florecimiento, sobre todo en ciertos sectores, también bloquea la extensión de esas condiciones a toda la población. Ello, por el tipo de desigualdades que genera, para el acceso a las condiciones materiales del florecimiento humano y a trabajos atractivos; y también por su aliento a la híper-competencia.

3) El capitalismo perpetúa déficits eliminables en relación con la libertad y la autonomía. A pesar del reclamo capitalista de que este sistema es el que mejor sirve a los ideales de la libertad, la idea tiene muchos problemas. Entre ellas: las relaciones de dominación dentro de los lugares de trabajo capitalistas implican restricciones persistentes sobre la autonomía; y la masiva desigualdad de riqueza e ingresos que genera, y que implica pérdida de “libertad real” (idea que retoma de P. Van Parijs) en una mayoría, que no pueden realizar las elecciones que realmente le importan para realizar sus planes de vida.

4) El capitalismo viola el principio liberal igualitario de la justicia social. El capitalismo es fundamentalmente incompatible con una idea fuerte de igualdad de oportunidades, al otorgarle a algunas personas ventajas indebidas sobre otras. Típicamente, esto se advierte cuando se presta atención a las amplias desigualdades en las condiciones materiales en las que crecen los niños de distintos sectores sociales.

5) El capitalismo es ineficiente en ciertos aspectos cruciales. Algunas fuentes de estas ineficiencias surgen con: la provisión de bienes públicos; la sub-apreciación y el sobre-consumo de recursos naturales; las externalidades negativas; el monitoreo y la aplicación de los contratos de mercado; las patologías en los derechos de propiedad intelectual; los costos de la desigualdad.

6) El capitalismo tiene un sesgo sistemático a favor del consumismo. Y el consumismo tiende a dañar al medio ambiente; priva a las personas de tiempo, y las coloca en situaciones de estrés; favorece vidas deficientes en términos de realización personal; y (aún si el consumismo pudiera ser defendido como un plan de vida deseable), coloca obstáculos sistemáticos a formas de vida de no-consumismo: el capitalismo, en tal sentido, no es un modo de vida neutral.

7) El capitalismo es destructivo en términos de medio ambiente. Ello, no sólo por los efectos del consumismo mencionados, sino también, y sobre todo, porque, salvo algún mecanismo de contrapeso fuerte, las empresas capitalistas tienden a ignorar los costos ambientales; y porque los recursos naturales no renovables resultan sistemáticamente sub-apreciados por el mercado, dado que su valor futuro no es registrado en las dinámicas de oferta y demanda presentes.

8) El capitalismo transforma cada vez más esferas de la actividad humana en bienes de consumo, organizándolas a través de las pautas del mercado, y amenazando así valores ampliamente compartidos (tema importante en M. Sandel). Ello se ve en cantidad de ejemplos relevantes, incluyendo los relacionados con el cuidado de niños (que podría hacerse a través de la familia, el Estado, la comunidad); la religión; las artes; etc.

9) En un mundo en donde predomina la forma Estado-Nación, el capitalismo alimenta el militarismo y el imperialismo. La industria militar juega un papel central en las economías capitalistas, aún en las menos militarizadas –como en Suecia. La importancia económica del gasto militar crea poderosas fuerzas opuestas a la desmilitarización.

10) El capitalismo corroe la comunidad, es decir, ámbitos en donde predominan sentimientos de reciprocidad, solidaridad, mutuo cuidado y mutua preocupación (acá, su referencia es el amigo G.A.Cohen). El capitalismo se lleva mal con la comunidad. Alienta motivaciones contrarias a la comunidad, y genera desigualdades que socavan la solidaridad social, y alientan las relaciones de explotación, que el explotador tiene interés en mantener y expandir, y que generan antagonismo de intereses que afectan la idea de un destino compartido (un fenómeno que, contra lo que Marx pensaba, no provocó, siquiera, la solidaridad al interior de la fracturada clase trabajadora).

11) El capitalismo limita la democracia. Primero, la propiedad “privada” de los medios de producción implica que amplios dominios con enormes implicaciones sobre la vida de las personas, resultan removidos del ámbito de la decisión colectiva. Segundo, la incapacidad de los cuerpos colectivos para controlar el flujo y movimiento del capital socava la capacidad de la democracia para establecer prioridades aún sobre actividades que las empresas capitalistas no organizan directamente. Tercero, la fuerte concentración de riqueza y poder económico, generada por la dinámica capitalista subvierte los principios de la igualdad política democrática.

Grande Erik! Finalmente un marxista contemporáneo, comprometido, lleno de buenos argumentos (Mi resumen es drástico, destinado a estimular la lectura del libro o de literatura afín. Pero la argumentación de EOW es mucho más detallada y cuidadosa que la que yo pude exponer en la síntesis)

carta

Monseñor
Luis Fernando Rodríguez Velásquez
Universidad Pontificia Bolivariana
Rector General


Muy respetado Señor Rector:


He leído y meditado con muchísima atención su comunicación que recibí vía correo electrónico el lunes 18 de julio del presente. Su mensaje me lleva a hacer algunas consideraciones que quiero compartir con Usted:


1. Creo que los honores, y, en especial, los grados "Honoris Causa", se deben dispensar a personas que, además de sus méritos académicos y científicos, se hayan destacado por haber puesto sus esfuerzos y conocimientos para la realización de los valores que constituyen la misión y visión de la Universidad. Que se sepa, para discernir al profesor Robert Alexy el doctorado Honoris Causa, no se han analizado sus realizaciones bajo esta óptica.


El profesor Robert Alexy es uno de los voceros del llamado Nuevo Derecho que está imponiendo la Sra. Decana de nuestra querida facultad a como dé lugar.

Aprendí desde mis épocas cuando estuve de director jurídico en Cervecería Unión S.A. y cuando realicé mi Magíster en Administración en la Universidad EAFIT, que cuando se tiene un producto exitoso, éste no se puede cambiar sustancialmente. Pues bien, el abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín es un excelente producto elaborado con un talante especial. Ejemplo de ello fueron los Doctores Samuel Muñoz Duque, Jorge Molina Moreno y Darío Múnera Arango, entre muchos otros, todos presidentes de las empresas más reconocidas del País: Compañía Nacional de Chocolates, Suramericana y Coltabaco.

La formación impartida en las aulas de la facultad de derecho de la U.P.B. es reconocida a través de los años desde las épocas del profesor Miguel Moreno Jaramillo, Lucrecio Jaramillo Vélez, Samuel Barrientos Restrepo, David Córdoba Medina, Ignacio Moreno Peláez, José Luis López; continuó con Luis Gabriel Botero Peláez, Ignacio Mejía Velásquez, Jesús Vallejo Mejía, Enrique Gaviria Gutiérrez, Jairo Escobar Padrón; hasta hoy con Javier Tamayo Jaramillo, Carlos Jaramillo Restrepo, Ignacio Sanín Bernal; todos los anteriores entre muchos otros de los maestros que han dejado su impronta en el carácter del abogado bolivariano.

Para Robert Alexy es común la colisión entre principios normativos, para lo cual propone su solución optimizando los principios (buscar su máxima realización posible) a través de lo que llama la ley de la ponderación. Esto implica el principio de proporcionalidad con sus 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. (Tres Escritos Sobre los Derechos Fundamentales; Robert Alexy; Tercera Parte. Sobre la Estructura de los Principios Jurídicos; Universidad Externado de Colombia; Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho # 28; Bogotá, 2003, pág. 101)

Pues bien, las teorías de Robert Alexy han sido tenidas en cuenta por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia en que despenaliza el aborto en Colombia. Para una ilustración literal, me permito transcribir sólo algunos apartes de la misma:

"En conclusión, el legislador penal cuenta con un amplio margen de configuración en materia penal, pero dicho margen encuentra sus principales límites en los derechos constitucionales, dentro de los cuales se destacan la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, y la salud en conexidad con la vida y la integridad de las personas. Como sobre tales derechos, del bloque de constitucionalidad no se deriva un mandato determinante para la solución de los problemas jurídicos planteados en este proceso, es necesario aplicar un juicio de proporcionalidad para decidir en qué hipótesis el legislador penal, con el propósito de proteger la vida del nasciturus, termina afectando de manera desproporcionada los derechos de la mujer y transgrediendo los límites dentro de los cuales puede ejercer el margen de configuración."."Llevar el deber de protección estatal a la vida en gestación en estos casos excepcionales hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo, significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación sobre los derechos fundamentales comprometidos de la mujer embarazada, especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. Una intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su dignidad humana, privaría totalmente de contenido estos derechos y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada e irrazonable. La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los sentidos." (Sentencia C 355 del 2006)

El profesor Alexy, como tantos pregoneros del nuevo derecho, centran su discurso en la mera racionalidad sin ningún recato por la Ley Eterna. Se podría afirmar que para ellos la moral general para el Estado no existe, sino que cada persona encuentra su propia moral, por lo que se termina prohijando conceptos como el aborto, el matrimonio entre homosexuales, etc. destructores todos ellos de la institución más sagrada para el Estado: la familia. Me sorprende como hasta un pagano como Marco Tulio Cicerón dijera en su República que "Tampoco Cartago hubiera tenido tanta fuerza durante casi seiscientos años sin un buen gobierno y una moral. De no existir esta natural tendencia de valor, nunca les hubiera liberado del asalto.." (Marco Tulio Cicerón; Sobre la República; Los Clásicos de Grecia y Roma; Planeta De Agostini; España, 1998, Pág. 34).

¿No debería una universidad Pontificia enaltecer más bien el concepto de derecho natural y moral prescrito por Aristóteles y Santo Tomás? En vez de hacérsele un reconocimiento al profesor Alexy, por qué no se ha traído y enaltecido más bien a los grandes filósofos del derecho católicos cómo: Javier Hervada de la Universidad de Navarra, o John Finnis de la Universidad de Oxford, o Carlos Massini Correas de la Universidad de Mendoza? ¿Por qué no se enseñan en nuestra facultad a los grandes filósofos del derecho católicos contemporáneos como: Rodolfo Vigo, Georges Kalinowski, Sergio Cotta, Michel Villey, con la misma intensidad con que se ha enseñado a Alexy, Habermas, etc.?

A un evento como el que se está preparando para conmemorar los 75 años de existencia de nuestra Facultad, ¿por qué no se invitó a la gran reserva jurídica y moral que tuvo nuestra Facultad durante tantos años, como lo es el Dr. Otto Morales Benítez e inclusive al Dr. Belisario Betancur por su importancia al haber sido Presidente de la República, o al Dr. Hernando Londoño Jiménez ex constituyente; o a los Dres. Gustavo Gómez Velásquez, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Aníbal Gómez Gallego, todos ellos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia para honor y honra de nuestra facultad, entre muchos otros? También se debió invitar al profesor Javier Tamayo Jaramillo quien ha estado dando una dura batalla contra los conceptos arbitrarios del llamada nuevo derecho, concepto éste que ha dado lugar a lo que otros llaman la tiranía de la toga. ¿Por qué se escoge Cartagena para conmemorar semejante acontecimiento, cuando es la ciudad de Medellín la llamada a exigir un evento de esa naturaleza?

Todo esto no obedece más que a la falta de criterio y formación, por lo que se caracteriza la dirección actual de nuestra facultad; alma mater, que no podríamos nunca olvidar.


2. Bien conoce Ud., Sr. Rector, las inquietudes y preocupaciones de un buen grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad con la orientación y forma como se conduce la Facultad de Derecho.

No considero que sea necesario reiterar algo que Ud. conoce tan bien y desde hace largo tiempo.

El desconocimiento que Ud. manifiesta tener sobre los docentes de la Universidad es explicable, pero, no se puede pretender que sean los mismos profesores quienes deban dar esta información a la Rectoría.

Considero que los decanos y los consejos de facultad deben ser lo que Ud. acertadamente denomina "filtros", pero reflejando el pensamiento bolivariano.

La Universidad es una institución jerarquizada y, por ello, la gran responsabilidad recae en sus máximos órganos -Rectoría y Consejo Directivo-. Los decanos son subordinados cuya actuación debe estar sujeta a sus superiores.

Vale la pena recordar dos conceptos de responsabilidad: "Culpa in Eligendo" y "Culpa in Vigilando". Compromete su responsabilidad quien yerra eligiendo a quien no resulta competente para el cargo y, también compromete su responsabilidad quien no vigila la forma como el subordinado ejercita las funciones atribuidas.

No creo que aporte algo reiterar a Ud. las razones en que se funda el desasosiego que muchos profesores tienen con respecto a la Facultad. Ud. las conoce y además tiene pruebas de algunos de esos hechos. Baste mencionar la grabación que tiene en su poder.

Pide Ud. paciencia. Esa solicitud me lleva a una pregunta: ¿a cuál de las acepciones de la palabra paciencia se refiere?

Lo anterior porque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua trae varias de las cuales cuatro serían aplicables, con consecuencias muy distintas en cada una de ellas:

¿Será la virtud de sufrir sin perturbación de ánimo estos infortunios?

¿Será el ejercicio de la virtud que se opone a la ira? Hasta el momento se ha ejercitado. No se conocen accesos de ira de ninguno de los inconformes.

¿Será espera y sosiego en las cosas que se desean mucho? Esta se tiene y se ha practicado. Se desea con ardor que la facultad no se salga del cauce que debe tener.

¿Será lentitud o tardanza en las cosas que se debían ejecutar prontamente? Lo que se debe ejecutar para ordenar lo que se considera desordenado no está en manos de los profesores sino de la Directivas y me atrevo a sugerir que no debe haber en ésto paciencia pues el tiempo en nada ayuda.

Señor Rector: que su indulgencia para con la dirección actual de la Facultad no resulte aún más lesiva que la situación por la que atraviesa, es tanto el mío como nuestro mayor deseo.

Cuando uno ama una Institución como la Universidad Pontificia Bolivariana, porque mi madre es egresada de la Facultad de Trabajo Social en 1957, yo estudié la primaria en el Colegio de la U.P.B, estudié mi pregrado de abogado en la Facultad de Derecho, obtuve dos títulos de especialista en Derecho Comercial y Derecho Administrativo, y llevo dando clases durante más de 20 años habiendo llegado a ser Profesor Titular, se obliga a decir la verdad sin miramientos y sin temor a las consecuencias, porque por encima de todo está el bien de esa querida y amada Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.


Reciba mi respetuoso saludo,



Julio Enrique González Villa
Profesor Titular de Derecho Ambiental
Egresado de la Facultad de Derecho de la U.P.B en 1983