Cómo pelear en estas condiciones?

1) La Procuración General de la Nación se comprometió a luchar de modo prioritario contra el lavado de dinero
2) Lázaro Báez es uno de los principales contratistas de obra pública del gobierno, habiendo recibido en dicho carácter cientos de millones de dólares de parte de los gobiernos de los Kirchner.
3) Hoy volvió a hacerse público que Báez trasladó de modo oculto, al exterior, millones de dólares, presumiblemente como forma de lavar dinero.
4) La presidenta CFK mantuvo numerosos negocios privados durante su presidencia -todos los cuales crecieron en su paso por el poder- incluyendo la administración de hoteles de lujo en el sur patagónico
5) Báez tiene una relación comercial con la presidenta CFK, reconocida por la propia agencia fiscal AFIP
6) Báez giró cifras millonarias a los hoteles de propiedad de la presidenta...DURANTE la presidencia de CFK que lo benefició millonariamente como contratista

Conclusión: la Procuración toma este caso obvio de lavado, que involucra directa y abiertamente a las máximas autoridades de la república, como bandera fundamental de su -orgullosamente proclamada- lucha contra el lavado de dinero?

No, por el contrario, archiva o inmoviliza las causas que involucren a esa relación comercial y de lavado, y persigue a los fiscales que investigan dichas causas. El gobierno llama golpistas a los fiscales y jueces que toman decisiones adversas a él en esta materia

Que lo citen ahora

De Izquierda Diario, acá. Reportaje al padre de Darío Santillán

 Si bien Aníbal Fernández nunca se fue del gobierno, hace poco volvió al centro de la escena cuando lo nombraron secretario general de la Presidencia. Y ahora sube un escalón más, volviendo a ser Jefe de Gabinete ¿Qué opinás?

 Cualquier opinión que tenga sobre Aníbal Fernández nunca va a ser buena ni positiva. Hay que tener en cuenta sus antecedentes, desde cuando en los 90 lo buscaba la policía y él se había fugado, cosas que quedan en el pasado y la gente se olvida.
En lo que hace al asesinato de mi hijo, a él le cabe la misma responsabilidad que al resto de los funcionarios de aquel gobierno. Es uno de los tantos personajes sueltos que son culpables de las muertes de Darío y Maxi y siguen enquistados en el poder.
El pensamiento que tengo sobre él es el mismo que tengo sobre este gobierno. Yo estuve reunido con Néstor Kirchner, que se comprometió a investigar y no lo hizo. Así que en ese sentido este gobierno ha sido cómplice del asesino Duhalde.
Es otra de las tantas vergüenzas de este gobierno. Uno se pregunta cómo carajo pueden mantener a personajes como Boudou como vicepresidente. Y esa soberbia que no les permite reconocer el más mínimo error frente a tantas cagadas que se mandan.
Aníbal Fernández no sólo no tendría que estar ahí, ocupando ese puesto, sino que debería, cuanto menos, estar siendo investigado por la responsabilidad que le cabe en la Masacre de Avellaneda.

 Muchos de los responsables políticos de esa masacre, como Duhalde, Solá, Juanjo Álvarez, Atanasof y Aníbal Fernández hoy están enfrentados unos con otros. Pero a la hora de cubrirse las espaldas por aquellos asesinatos están todos juntos.

 Siempre lo hemos dicho. Nosotros sabemos que hacia fuera aparecen enfrentados o con distintas ideas, pero hacia adentro siempre se arreglan. Las complicidades de unos y otros son las mismas.
Duhalde, por ejemplo, ya casi no está. ¿Pero por qué Reutemann ahora vuelve a aparecer, con todas las responsabilidades que le caben por lo del 19 y 20 de diciembre de 2001 y por las inundaciones en Santa Fe? Con tanta gente inocente que murió. Y sin embargo vuelve a estar enroscado con el resto. Esta política les permite eso, decir una cosa y hacer otra.

 En septiembre del año pasado se desarchivó la causa que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la denominada Masacre de Avellaneda, donde están imputados desde Duhalde hasta Aníbal Fernández. ¿En qué estado está esa causa?

 Si bien logramos que se desarchive, en realidad la causa prácticamente no se ha movido. En todo este trayecto lo único que hubo fue un entorpecimiento de las cosas y una falta de voluntad política y de la Justicia.
El papel que cumplió en su momento el fiscal (Miguel Ángel) Osorio, que ahora está ascendido, tuvo el objetivo de entorpecer las investigaciones. Lo mismo le cabe al juez Ariel Lijo, con quien tuve una charla y me reconoció que archivó la causa por pedido del fiscal sin siquiera haberla leído. Una causa con una enorme cantidad de irregularidades, brutalidades e hijaputeses, con pruebas que desaparecieron, conversaciones de la SIDE perdidas y tantas otras cosas. Yo no soy un letrado pero cuando vi todo eso me dí cuenta de cómo no fueron capaces de investigar y llegar hasta donde tenían que llegar.
Además está el hecho de que la acusación que tuvieron Fanchioti y Acosta (los policías condenados por apretar los gatillos, NdR) no es la misma que hay para Ruckauf, Duhalde y compañía. En el caso de los policías es “homicidio agravado por alevosía”, lo que permitió que los condenaran a perpetua. En cambio la carátula contra los políticos es “homicidio simple”. Y también está el tiempo que corre y puede terminar haciendo que la causa prescriba.
Nosotros estamos tratando de que, primero, cambie la carátula. Y en segundo lugar que quede determinado como un delito de lesa humanidad, porque el mismo Estado que supuestamente te tiene que proteger es el que te mata. Esta causa no tiene que prescribir y por eso seguimos luchando.

 Ustedes fueron víctimas, tanto con el crimen de Maxi y Darío como en la impunidad que le siguió, de un ataque conjunto de todos los poderes del Estado. ¿Qué opinás de la polarización que se plantea hoy entre el Poder Judicial y el gobierno?

 La complicidad entre la política, la policía y la Justicia es lo que permitió llevar adelante la Masacre de Avellaneda. No hay que olvidarse que mientras asesinaban a Darío y a Maxi salieron a los pocos minutos a decir que había sido un enfrentamiento entre piqueteros y se habían matado entre ellos. Ese mismo 26 de junio el hijo de puta de Solá recibe a Fanchioti y lo felicita por su labor, prometiéndole un cargo más alto.
Si no hubiese sido por las fotos que sacaron “Pepe” Mateos y Sergio Kovalevsky, que se las dieron a Página/12 porque tenían miedo que nunca salieran a la luz, todo se hubiera cajoneado y hubiese quedado como un enfrentamiento entre piqueteros.
Por eso la complicidad entre la Justicia, la política y la policía existe siempre.

 A fines de 2003, cuando tuvieron esa reunión con Néstor Kirchner, ¿hablaron de la culpabilidad de Aníbal Fernández en la Masacre de Avellanera? Recordemos que entonces era su ministro del Interior.

 Efectivamente Fernández dio un salto directo del gobierno de Duhalde al de Kirchner. Puntualmente ese día no hablamos de él. En realidad Kirchner conmigo no quiso hablar nunca. Pero como en ese momento estaba la cosa tensa con todo el tema de los desocupados, el movimiento Aníbal Verón (que era compacto y no se había dividido todavía) logró entrevistarse con él y, gracias a los compañeros, yo pude meterme en la reunión. Y ahí le planteamos directamente el tema de la Masacre de Avellaneda, aunque sin hablar puntualmente de Aníbal Fernández.
En ese momento las palabras de Kirchner fueron que él se comprometía a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me pasó la mano por el hombro y me dijo “Santillán, quédese tranquilo, que a mí no me importa el político de que se trate pero si es responsable de la muerte de su hijo y de Maximiliano, lo vamos a condenar”. Una gran mentira.

 Algo más que quieras agregar

 Les agradezco a ustedes. Para mí es importante que tengamos este espacio, porque sabemos que en esta prensa que hacen ustedes y en la que nace de los lugares genuinos es donde se dice la verdad. No en los grandes diarios donde todo tiene su precio.

Chau y gracias

Mini-debate con don Arballo sobre la candidatura de Carlés a la Corte

Se puede leer, acá

Mexico no Birdman

En estos tiempos mexicanos, y a la luz del Oscar otorgado a Birdman (muy lejos de su gran antecedente, Elvis), un breve repaso del mucho y renovado cine que muestra este país:

La jaula de oro, del español nacionalizado mexicano Diego Quemada Díez. Muy impresionante, sobre la ultra-explotación a los migrantes (muchos guatemaltecos) cruzando territorio mexicano con la ilusión de llegar a USA.

Flores en el desierto: Breve e impresionante documental sobre una comunidad Wixarika (Huichol), en Jalisco, fuerte consumidora de peyote (que da título al film, de José Alvarez).

Los insólitos peces gato, de Claudia Sainte-Luce: insólita, muy bien.

Alamar, de Pedro González Rubio: ya la comentamos, libertaria, hermosa.

Ya hablamos, también, muchas veces, de la conmovedora El lugar más pequeño, de Tatiana Huezo.

La ley de Herodes, de Luis Estrada: tremenda, sobre el patético encierro político mexicano. Graciosa y trágica.

Amat Escalante, catalán en México, ha hecho varias películas, realistas y durísimas, mezclando pobreza y narco: Sangre, Los bastardos, y sobre todo Heli.

Fernando Eimbcke: Viene en declinación desde arriba: Temporada de patos (2004), Lake Tahoe (2008), y El club del sándwich (2013), pero lejos de dar verguenza, su filmografía sigue generando genuino interés. Cine jovial, atrevido y disonante todavía.

Carlos Reygadas: Irregular, provocador y efectista, dan ganas de seguir mirándolo -es mi caso- aún: Post-Tenebras Lux, Japón, Batalla en el cielo y Silent Light.

El libro de la vida, de Guillermo del Toro. Bien como casi siempre el gran del Toro (El laberinto del Fauno o Cronos), y metiéndose de forma bien interesante con la historia y las tradiciones locales.

Preludio, de Eduardo Lucatero: brevísima, muy cool y muy burguesa, pero también muy bien actuada y con gracia. Otro cine mexicano es posible.

Miss bala, de Gerardo Naranjo: no llego a engancharme. Acompaña a una larguísima y en general lamentable sucesión de películas sobre la cuestión narco.

Presunto culpable, de Hernández y Smith, documental para los interesados en el derecho, y el tremendo funcionamiento del sistema judicial-carcelario mexicano.

Besos de azúcar, de Carlos Cuarón (ya conocemos de su hermano, Alfonso Cuarón, la interesante Y tu mamá también). Es el mismo director de Rudo y Cursi, y sin embargo, esta película, sobre los márgenes empobrecidos y ultra-comercializados de México, vale la pena.


(foto: perros prehispánicos en el museo Dolores Olmedo. Otra muestra del surrealismo local: perros inimaginables, y además indistinguibles de la estatua a la que, de manera casi inmóvil y permanente, rodean)

Sotirios Barber: duramente anti-originalista

Se desarrolló en la UNAM de México, en estos días, un notable seminario sobre interpretación constitucional, bajo el paraguas del debate "originalismo vs. living constitutionalism." Ello, a la luz del último libro (por publicarse) de James Fleming, sobre el tema. En el seminario (bien organizado por Imer F. -gracias Imer¡) presentaron trabajos varios de los "pesos-pesado" en el área, incluyendo al autor del libro (Fleming), Lawrence Solum; Lawrence Sager; Rirchard Fallon; Linda McClain y Sotirios Barber. 

En un momento, me enredé con algunos en la discusión acerca e la supervivencia de esta discusión, y en particular del originalismo, luego de las decenas de años en los que ha sido objetado, y el vigor de las críticas que ha recibido. Entiendo que el originalismo sigue siendo, para muchos (flojos) jueces (incluyendo a Thomas y a Scalia en los Estados Unidos, y a una mayoría de los nuestros), el "punto de reposo" de su conservador enfoque interpretativo. Pero: seguir sosteniendo dicha postura en un ámbito académico crítico? Cómo hacerlo? Cómo puede ser? Qué lo explica?

Sotirios Barber me escribió una larga carta tratando de dar cuenta de un fenómeno para él inexplicable, en la que incluyó consideraciones tan duras como las siguientes:

"El debate debió haber terminado (dentro de la academia)" en los años 80 al menos. Sin embargo, "sobrevive no sólo en la academia sino en ámbitos partidarios". Ello es así, en parte "por el dinero que llega desde las fundaciones de derecha". Y "la explicación de por qué ocurre esto es compleja". En parte, ello se debe a que el originalismo les da a los jueces una "excusa para no argumentar"; lo cual es ayudado por el modo en que el público venera la Constitución; y la extensión que todavía tienen ciertos argumentos "social-darwinistas" conservadores (los que se utilizaron, por caso, contra el Obamacare) dentro de ciertos sectores del poder. "La derecha norteamericana" favorece esta línea interpretativa, porque "ve al público como adicto al Estado de Bienestar" y por tanto poco dispuesta a aceptar la argumentación conservadora.

Pero la supervivencia del originalismo se debe a algunas razones adicionales. La postura crítica del originalismo suele favorecer el "departamentalismo" (la interpretación difuminada entre las diversas ramas de gobierno), antes que el monopolio judicial de la interpretación; dicha postura reserva a la ciudadanía un lugar más predominante en la interpretación (y así, en general, en la gestión de sus propios asuntos); a lo que debe agregarse un cierto aristocratismo judicial; el predominio de concepciones restringidas de la democracia (tensión entre grupos de interés, más que deliberación colectiva); la preferencia por una política basada en el liderazgo (que es político, tanto como militar y económico); y la resistencia a emprender una reforma estructural de la Constitución. Para empezar a conversar, después de más de doscientos años de debate sobre la interpretación constitucional (y un horrible estado de la cuestión, en nuestra academia y práctica jurídicas)

Izquierda Diario

Más allá de que hayamos tenido desacuerdos sobre cómo pensar la marcha del 18f, me parece fantástica la respuesta que dan los miembros de Izquierda Diario a la manipulación de la que fueron objeto de parte de periodistas de Página 12 y de otros oficialistas, que pretendieron utilizar sus análisis para defenestrar a la marcha y proteger al oficialismo. No dejan marioneta con cabeza. Bien otra vez
http://www.laizquierdadiario.com/Partido-Judicial-bajo-el-paraguas-del-kirchnerismo

No los votaría

En la entrevista a HV por María OD, aparece no sé por qué la pregunta acerca de a quién votaría (yo¡), habiendo apoyado la marcha. Claramente, ni a Macri, ni a Massa, ni al kirchnerismo, porque no voto a la derecha. (En todo caso, es una contradicción de parte de HV decir que sólo habla a partir de hechos y datos, y luego decir, sin ningún apoyo empírico, ninguna encuesta que lo respalde, ninguna indagación seria, que fue la marcha del partido de la derecha).

Boudou: no es el principal responsable, sino el más desprolijo.

La Cámara Federal, cercana al gobierno, confirmó el procesamiento del vice presidente, por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone (un crimen brutal en el que quedó embarrado el Congreso -la misma operatoria que con el inconstitucional acuerdo con Irán). Debe quedar claro, de todos modos, que el vice no se involucró en este delito por propia voluntad, dándose a sí mismo la orden de hacerlo. Se trata de un imberbe que no es el principal responsable, sino el más desprolijo. La orden -obviamente- vino de arriba (NK). Lo quieran admitir o no: lamentablemente, una banda de ladrones.

18f

(publicado hoy en cl, acá)

En sus “Lecturas sobre la Historia de la Filosofía Política,” el filósofo igualitario John Rawls comenta, casi al pasar, cuál es su “clave de lectura” cuando estudia a los autores que repasa en el libro -desde Spinoza y Hume a Hegel o Marx- casi todos filósofos frente a quienes tiene innúmeras diferencias. Nos dice que él procura leer a cada uno de ellos “a su mejor luz,” tratando de entender qué es lo mejor que tienen para decirle, qué es lo que pueden enseñarle (en lugar de leerlos como una excusa para afirmar lo que uno ya afirmaba antes de haberlos leído). Pero lo mejor es esto: cuando encuentra un punto de crítica fuerte, en lugar de hacer como tantos –descalificar a Hegel o a Marx, diciendo “estos no entienden nada”- se pregunta: “qué es lo que no estoy entendiendo yo, de lo importante que ellos me quieren decir?” Sería bueno que en esta época de enojos cruzados, asumiéramos una actitud semejante. Es la que yo le pediría a quienes se opusieron a la marcha del 18f, y es lo que, según entiendo, nos podrían pedir a muchos de nosotros, que apoyamos la marcha.

Partiendo de dicha “clave de lectura”, tiene sentido entonces hablar, frente a una masiva marcha convocada en democracia, en silencio –y como lo han hecho artistas e intelectuales oficialistas- de un “golpe de estado” (un golpe de estado hoy? En la Argentina? Luego de todo lo que vivimos durante la dictadura?). Tiene sentido pensar, que si alguien marcha, es porque quiere imponer, en verdad, un ajuste neoliberal sangriento? (otro ajuste neoliberal, hoy? Frente a políticas que serían de justicia?). O se trata de una cómoda forma de mantenerse felizmente abrazados a los propios prejuicios (“si alguien se opone al gobierno, debe ser un enemigo de la patria, o un bobo que sirve, sin siquiera darse cuenta, a los enemigos de la patria”)? No es un acto de ingenuidad inmenso pensar que el pasado puede repetirse en cualquier momento, de cualquier modo, como si todo diera lo mismo, como si no aprendiéramos nada nunca, como si todo hubiera ocurrido en vano, como si cualquier país fuera igual que otro, como si la Argentina no tuviera niveles de movilización y resistencia populares capaces de frenar la repetición del horror; como si no existiera la historia? 

Tiene sentido decir, como ha dicho el respetado ex Juez José Massoni, que la marcha es la “pus” del pueblo, que marchan “las peores escorias de la sociedad”? Tiene sentido pensar de ese modo de nuestros pares, como si los miles que marcharon fueran ingenuos o perversos, agentes de la CIA, cómplices de poderes oscuros, idiotas útiles? Tiene sentido considerar que todos los colegas que marchan representan al poder judicial degradado, el que no entiende, el corrupto, el que no ha cumplido con su labor –a diferencia de uno? No resulta ese razonamiento demasiado cándido y complaciente, en relación con los pares que comparten lo que uno piensa, sobre uno mismo? No se alimenta de ese modo una dicotomía que, en este caso como en tantos, está rebasada de pluralidad, de gente que piensa distinto, de gente que está cansada, de gente que simplemente disiente, de gente dispuesta a mostrar comprometidamente su descontento? No se trata, de ningún modo, de asumir la pintura opuesta: los honestos están de este lado, los corruptos de aquel. Se trata, ante todo, de asumir la diversidad, de reconocer que muchísimos de los que marcharon no son zombies, ni candorosos, ni marionetas operadas por los grandes medios, los servicios de inteligencia locales o el Mossad. Se trata de pensar que no hay sólo dos veredas, y que mucha gente piensa diferente que uno, a partir de compromisos profundamente políticos y patriotas.

Ésa es mi propuesta, la “clave de lectura” que propongo frente a la marcha del 18f y tantos otros ejercicios de disidencia cívica, de resistencia frente al poder, ocurridos y por venir. Propongo pensar en los miles que tienen algo importante que decirnos, diferente de lo que pensamos. Pensar en lo importante y lo mejor que tengan ellos para decirnos, pensar en lo que tenemos que aprender de ellos, en lugar de reírme de ellos, mirarlos “de arriba” o tratarlos como “la escoria de la sociedad”. Propongo pensar que, en este caso también, hubo miles y miles que se manifestaron para decirnos que están cansados de la impunidad en la que vivimos, de la impunidad que el poder hoy asegura; miles que no quieren que la justicia sea vigilada y seguida por cámaras de inteligencia; miles que no quieren enfrentarse, otra vez, a un crimen de estado no esclarecido sino ocultado por el poder; miles que jamás aceptarían un golpe de estado, que marcharían contra toda muerte y todo plan de ajuste; miles que sienten profundo disgusto frente a un Estado que miente todas las cifras, que por vergüenza se niega a mostrar en público los acuerdos que firma, que proclama una justicia social que impide en la práctica. 

No se trata de negar absolutamente nada, como si todos los opositores de hoy fueran virtuosos y angelicales; como si todos los defensores del gobierno, o los que no marcharon, fueran corruptos o enemigos del pueblo. Nada de eso, nunca. Se trata de abrir los ojos y reconocer que frente a uno hay miles de personas conmocionadas por una muerte, conscientemente indignadas, señalando errores y horrores abominables, imperdonables, que marcan a este tiempo, y que es necesario, urgentemente, remediar errores que implican (antes que “metidas de pata”, como dice el oficialista) crímenes graves que no pagan, infantes que mueren desnutridos, comunidades despojadas. Se trata de pensar que, frente a los discursos del oficialismo, hay también personas políticamente comprometidas, dispuestas a ponerse de pie, pensando en sus conciudadanos y en su país, personas con principios y convicciones que hoy silenciosamente dicen basta, buenos compatriotas que gritan: impunidad nunca más¡

Aprendieron? No hubo golpe: hay más democracia

Los viejos conservadores kirchneristas nos quisieron hacer tragar el cuento del golpe de estado.  En cambio acá estamos, la gente explotando vida en cada plaza, en silencio, con enorme dolor y con quejas fuertes, pero en paz, con la democracia más fuerte que nunca.  El derecho a la protesta, el primer derecho.

Conferencia en el Senado mexicano, sobre una nueva Constitución

https://www.youtube.com/watch?v=sDVnzN2XzeY

Las razones de la marcha

(publicado hoy en La Nación acá)

Como todo acontecimiento público de importancia, la marcha convocada para el 18f ayuda a revelar el estado de situación de la vida colectiva en el país. En un país definido por sus niveles de movilización política –un país que puede enorgullecerse por los modos frecuentes y vigorosos de la protesta social- se escuchan hoy, sin embargo, voces que critican la convocatoria alegando razones que cuesta tomar en cuenta como objeciones de buena fe. Pero haremos el intento.

“La marcha es política”, sostienen algunos, como si alguna marcha pudiera no serlo y, lo que es peor, como si dicha afirmación descalificara a la marcha, en lugar de calificarla en lo que tiene de digno: hace décadas que aprendimos a no desautorizar a una marcha desde el embustero lugar de la no-política. Agregan otros: “Es insólito que los fiscales marchen: los fiscales son parte de la Justicia, tienen que dar respuestas en lugar de hacer reclamos”. La queja es pobremente engañosa: por supuesto que tiene sentido que quienes están encargados de administrar justicia se quejen –con documentos, proclamas o marchas- si reconocen que el poder que debe facilitar su trabajo, en realidad lo bloquea. Por lo demás, la molestia que han expresado algunos fiscales que convocan a no ir a la marcha resulta algo sorprendente, y se hace merecedora de la respuesta obvia: “Los fiscales marchan porque un colega suyo, mientras investigaba al poder, encontró su muerte. Lo extraño es que a Ud. se le ocurra no hacerlo -o es que su negativa revela algo más, acerca de las investigaciones que Ud. ha encubierto?”

“Todo se trata de una operación de los servicios de inteligencia”, siguen otros adherentes al gobierno, tapándose los ojos frente a los hechos que gritan. Los hechos gritan que hace diez años que el gobierno utiliza a los servicios para el espionaje interno, alimentando con recursos infinitos y sofisticado aparataje a ese “nido de víboras”. Como colectivo social, somos víctimas de esa decisión gubernamental (gobernar de la mano de los servicios de inteligencia), como lo han sido, protagónicamente, los opositores y luchadores sociales que vienen siendo escrutados desde las cavernas del Estado, desde hace años.

De modo similar, quienes se oponen a la marcha han empezado a examinar con lupa los CV de cada uno de los fiscales convocantes, y a señalar con espanto a este fiscal o a aquél individuo que han decidido formar parte de la misma: “aquél es golpista,” “éste de aquí es un oportunista”, nos gritan horrorizados. Pero, otra vez, la crítica es desafortunada. No sólo porque está sujeta a una obvia réplica inversa (des-convocan a la marcha desde el General Milani y Berni, hasta el partido nazi argentino), sino porque fundamentalmente yerra en el blanco. Cuando marchamos por la muerte de María Soledad –por tomar un caso- lo hicimos junto con sectores conservadores de la política y de la Iglesia de Catamarca, y nadie debió sonrojarse ni pedir disculpas por ello; ni nadie se convirtió en lo que no era (un religioso ultramontano, pongamos), luego de hacerlo. Estábamos unidos por una muerte, y marchamos bajo la convicción de que el poder no era ajeno a la misma –como nos ocurre en este momento. Por eso, también, resulta ofensiva la pregunta acerca de si la marcha “es (o avanza una causa) progresista.” Frente a la muerte intolerable no hay izquierda ni derecha –aunque sí suele haber ideología partidaria o sectaria detrás de la muerte (en este caso, vinculada con los servicios de inteligencia). Por eso tenía sentido marchar en Francia, ante la masacre provocada por el extremismo religioso, sin necesidad de pedir previamente el ADN ideológico de quienes marchaban –entonces lo hicieron muchas personas y figuras públicas con quienes uno no querría compartir una cena. Lo mismo ocurrirá ahora, y es bueno reconocerlo. Pero otra vez: lo que nos une es otra cosa, la muerte es la que traza el límite, sin por ello “clausurar la política”: el acto de marchar sigue expresando un compromiso público contra la impunidad, profundamente político. (Por lo demás: la lucha contra la impunidad, frente a la muerte de María Soledad, del fotógrafo Cabezas, o del fiscal a cargo de investigar la masacre de la AMIA, es obviamente “progresista”, por más que, en cada caso, los sectores conservadores de la Iglesia o la oposición quieran salir beneficiados a partir de ello).

Algunos críticos de la convocatoria dicen que se pretende “convertir en héroes” a Nisman, a los fiscales convocantes, o a ciertos sectores de la justicia. En lo personal, y como tantos, no me sentí seducido nunca por la investigación de Nisman (sobre todo, por el modo en que el ex presidente Kirchner decidió contaminar desde el primer minuto dicha investigación, al obligar al fiscal especial a trabajar de la mano de los servicios de inteligencia); ni creo en el carácter angelical o ingenuo de nuestros jueces y fiscales. No confío, como tantos, en muchos de ellos (y más allá de los nobles funcionarios que siguen enalteciendo a la justicia) por lo que el menemismo y el kirchnerismo quisieron hacer del Poder Judicial durante veinte años: un mero instrumento al servicio de la impunidad del poder. Ello así, a partir de los indefendibles nombramientos que, en la vasta mayoría de los casos, promovieron (Daniel Reposo venía a servir a la Justicia? Vinieron a hacerlo los Oyarbide que hoy, más allá de sus nombramientos, son mantenidos firmes en sus puestos?). No confío en mucho de ellos, además, por los modos en que menemistas y kirchneristas intervinieron sobre la  justicia, a través del dinero y del miedo (con ascensos prometidos, “sobres” entregados, “llamados” y “carpetas” revoleados). Somos muchos los que marcharemos contra todo ello. Resulta, en todo caso, tan revelador como molesto que, frente a cualquier acto judicial que no sea servil al gobierno (un recurso presentado; un llamado a declaración; una indagatoria; la marcha del 18), prestos funcionarios y periodistas se atropellen entre sí para revelar los antecedentes de horror del funcionario judicial ahora impugnado. (Uno se pregunta entonces: Y por qué no mostraron esos antecedentes ayer? Sería que por entonces todavía sacaban provecho de ellos?).

Otros más se apresuran a señalarnos con el dedo para denunciar que, si marchamos, lo haremos como lo que hicieron “los viejos golpistas desde los años 40”. Como tantos, y por razones de edad, recuerdo haber marchado en democracia muchas veces –en primer lugar, y aún o por razón de las simpatías que sentía por él, contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Nunca nadie nos llamó golpistas, aunque allí sí existían riesgos serios de golpe de estado. Marché, como muchos, por María Soledad, por Cabezas, por Arruga, por Julio López, por Mariano Ferreyra, por Kosteki y Santillán. Como tantos otros, no necesito que me digan cuándo debo marchar, o por qué y en nombre de quién es que estoy marchando.

Finalmente, he escuchado a cientistas sociales y periodistas oficialistas decir que si marchamos volveremos a demostrar que formamos parte de la “clase media desagradecida” –una descalificación no sólo sociológicamente imprecisa, sino enormemente reveladora de la mentalidad del momento. Ahora queda en claro: el dinero o las ventajas “recibidas” estaban llamadas a desmovilizarnos. Lo que se buscaba era, simplemente, comprarnos. Larga vida a quienes, frente al dolor que padecen, y sobreponiéndose al mismo, salen a la calle a manifestar su protesta –a los gritos, en silencio o llorando. Frente a la impunidad, la injusticia social y la muerte, que otros se queden con la algarabía y el canto.

Jurídicas

POR UNA COMISIÓN NACIONAL DE ESCLARECIMIENTO DEL ATENTADO A LA AMIA

La causa AMIA es, a esta altura, el caso contemporáneo más aberrante de impunidad y encubrimiento que, a su turno, refleja debilidades institucionales que han acompañado la reciente historia democrática de nuestro país. A la ausencia de justicia frente al atentado de 1994 que produjo 85 muertes y centenares de heridos y a la cadena de irregularidades que le siguieron (incluyendo evidencias fraguadas que involucraron actores del poder judicial, del Ejecutivo y de los servicios de inteligencia), se sumaron recientemente una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el Ejecutivo por encubrimiento (mediante la firma en 2013 del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán) y, hace pocos días, la muerte enigmática del propio fiscal.

A 21 años del mayor ataque terrorista padecido por el país, la Argentina se debe a sí misma el pleno esclarecimiento de la causa AMIA. Sin duda, y en esta hora, el sistema judicial debe funcionar con profesionalismo, celeridad, transparencia y efectividad en todo lo que hace a la investigación sobre el deceso del fiscal Nisman. Ciertamente, el sistema político debe abocarse hoy a un tratamiento riguroso y a un debate amplio de todo aquello que sucedió en el mes de enero de este año en materia del tema AMIA. Es evidente, asimismo, que después de décadas de prácticas opacas, ilegales y delincuenciales, el sistema de inteligencia necesita una reformulación profunda y sustentable, basada en un fuerte consenso social y político que sólo admita como límite el de un claro compromiso democrático.

Es en este contexto que los abajo firmantes creemos indispensable la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional a una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA” bajo la premisa de que la misma opere con plena independencia y capacidad de actuación y que cuente con los recursos necesarios para efectuar su tarea. Tanto a partir de nuestra experiencia con la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP) como con experiencias en otras latitudes, se ha podido constatar que este tipo de instrumento es apto para hacer un mejor diagnóstico de una situación compleja y delicada, para revisar una política pública desacertada o para evaluar el fracaso de una estrategia, entre otras. En nuestro caso, se trata de un mecanismo imprescindible para abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está horadando la democracia argentina pues pone en entredicho y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política. De allí que creemos que una Comisión como la sugerida, reputada respecto a la honestidad y capacidad de sus miembros, plural en su conformación ideológica y diversa en su procedencia disciplinaria, puede contribuir decisivamente a dar luces en cuanto al atentado a la AMIA. No se trata de sustituir a fiscales y jueces: se trata, en esencia, de evaluar en forma independiente las pistas, indicios y líneas de investigación que fue siguiendo al justicia; de sopesar las pruebas fácticas que se han ido recogiendo; de ponderar la laborar judicial realizada y la del ministerio público; y proponer cursos de acción institucional para revertir el estado de impunidad en el que ha quedado el atentado de 1994.

En esa dirección, es fundamental establecer los objetivos, alcances y funciones de la Comisión propuesta de tal forma que sus resultados y conclusiones aseguren, entre otras, el fortalecimiento y mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema político. La Argentina está frente a un camino que se bifurca: una alternativa es preservar, en los hechos, el statu quo y con ello la perpetuación de la impunidad y la degradación de su democracia; la otra es iniciar la ardua pero imperativa tarea de develar el entramado de intereses, prácticas y fuerzas que se benefician con la injusticia, la confusión y la corrupción. Una Comisión como la aquí planteada y con el tema específico indicado, bien podría ser el comienzo de esta última vía; una vía a favor de una mejor democracia. Es, en definitiva, la propuesta de una Comisión que dé cuerpo a las mejores capacidades éticas, técnicas, políticas e institucionales con las que nuestra sociedad y su democracia cuentan para esclarecer, hacer justicia y defenderse frente a la peor agresión que ha sufrido en las últimas décadas.

Por último, invitamos a adhesiones individuales e institucionales, así como manifestaciones escritas y orales a favor de la convocatoria a una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA”.

Victor Abramovich, Carlos H. Acuña, Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham Gak, Roberto Gargarella, Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlian

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2015

En la UNAM, hoy

Carlés: el problema del alineamiento con el poder

Muchos hemos conocido al candidato propuesto por el kirchnerismo para la Corte Suprema, Roberto Carlés, a través de su participación en la comisión que redactara el Proyecto de Reforma del Código Penal.  Su labor en la comisión fue –según entiendo- destacada, demostrando conocimientos técnicos, capacidad para presentar y defender argumentos en público, y destreza para conciliar posiciones diferentes. Por lo demás, cuatro características del candidato que han sido presentadas como críticas a su postulación, resultan a mi parecer –y en principio- virtudes en cualquier candidato: la proveniencia académica; la juventud: el hecho de que tenga ideas fuertes sobre el derecho; y la cuestión de que posea convicciones políticas definidas. Si en lo personal tengo una posición crítica sobre la nominación de Carlés, ello se debe en todo caso a los detalles propios con que se completan cada uno de los datos citados, y en particular con el tipo de vínculo que lo une al gobierno de turno. Vayamos por partes.

Ante todo, históricamente, en la Argentina, Colombia, Italia o los Estados Unidos –para citar sólo unos pocos casos diversos- los jueces de la Corte provenientes de la academia jurídica (y no de la misma judicatura) han aportado innovaciones extraordinarias en los tribunales en que participaron. Resulta crucial saber, sin embargo, de qué tipo de trayectoria académica hablamos. Una brillante carrera académica puede ameritar un cargo en la Corte (como ocurrió con Eugenio Zaffaroni o Ricardo Lorenzetti), pero en el caso de Carlés, esa carrera se sitúa recién en los primeros escalones. Tal vez por su extrema juventud, o tal vez por su pronto (y legítimo) interés en el trabajo político, la carrera académica de Carlés es muy limitada: no se reconocen en su CV ningún artículo sustantivo, ni alguno publicado en una revista con referato o evaluación imparcial (dato simplemente decisivo para una vida académica); su tesis doctoral presentada en Italia no aporta novedades significativas, más allá de tener –notablemente- la dimensión de una muy breve tesina; y su principal cargo académico (por concurso) es el de Auxiliar Docente -básicamente, el escalón más bajo en el ámbito docente. Es valorable, también, el compromiso de un candidato en el ámbito público-político, pero el cargo que ostenta Carlés como asesor en el Senado, en el área de Mantenimiento (un hecho algo insólito, en relación con un cargo al que habría accedido a través del vice-presidente Amado Boudou, y al que dedica poca presencia efectiva, mientras recibe un sueldo importante) merece contarse como un antecedente contrario, antes que favorable, al candidato en cuestión (digo esto sin ponerme a indagar la veracidad –hoy en cuestión- de los datos que ha incorporado en su currículum).

En relación con las posturas que ha defendido Carlés en materia jurídica (estrictamente, en el área del Derecho Penal), tiendo –en lo personal- a simpatizar con muchas de ellas. En particular, en la Argentina de hoy (marcada por una práctica penal conservadora y brutalmente represiva, alentada en los hechos por el propio gobierno), y dentro de un ámbito como el penal, plagado de injustificadas posiciones reaccionarias y populistas, poner el acento –como lo hace Carlés- en la protección de las garantías individuales, resulta interesante y valioso. Sin embargo, disentí y disiento con él en relación a aspectos sustantivos y procedimentales de la reforma penal en la que trabajó. Sustantivamente –es mi opinión- la reforma no peca por “progresista” y “garantista” como han dicho algunos miembros de la oposición, sino exactamente por lo contrario: por ser conservadora (como reconociera el propio Eugenio Zaffaroni) y por ser demasiado poco garantista. El lenguaje de la reforma sigue siendo el tradicional: el derecho penal sigue hablando el idioma de la cárcel, la pena bruta, los años de castigo, dentro de un marco todavía clasista y sesgado en contra de los más débiles. Mientras tanto, en términos procedimentales, la reforma propuesta estuvo definida desde un primer momento por el elitismo que sigue siendo característico de nuestras elites penales que –por más que en algunos casos invoquen los valores propios de la izquierda jurídica- insisten en repudiar toda vinculación entre la reflexión penal y la democracia (nuestras máximas cabezas penales siguen oponiéndose al juicio por jurados; defienden las formas más cerradas del control judicial; y rechazan cualquier involucramiento del “pueblo” en la discusión penal, alegando que “abrir las puertas a la democracia es correr hacia el populismo penal” –una tontería sólo dependiente de una concepción paupérrima de la democracia). Como resultado de este tipo de convicciones, nuestro derecho penal sigue escribiéndose conforme a los movimientos de un péndulo que oscila entre un elitismo penal que invoca los intereses del pueblo sin consultarle nada; y un populismo penal que proclama actuar conforme a una voluntad popular a la que en los hechos repudia. En el caso particular de Carlés, las tensiones entre sus proclamas (cercanas al abolicionismo) y los resultados conseguidos (un Código a la vieja usanza, defendido como si fuera un Código de avanzada) generan preocupaciones obvias.

Finalmente, considero excelente –antes que un problema- que un futuro juez tenga convicciones políticas fuertes, o compromisos sociales intensos. El problema no radica en tales convencimientos, sino en el decidido alineamiento de Carlés con el gobierno de turno. Contra tal situación, debiera decirse que en todo el mundo se exige que el Poder Judicial (y en particular los tribunales superiores) actúen ante todo como “contrapeso” frente al poder político dominante, y como control ante las autoridades en ejercicio (por ello, y por ejemplo, muchos consideramos una vergüenza, y no un rasgo positivo, el obsecuente alineamiento que mostraron algunos jueces de la Corte norteamericana con el gobierno de Bush). Exigimos este tipo particular de independencia frente al gobierno de turno en países como los nuestros, y en épocas como las que vivimos, marcadas por gravísimos abusos de poder (abusos expresados en leyes antiterroristas; servicios de inteligencia dirigidos al espionaje de la oposición; represión sobre minorías políticas y comunidades indígenas; etc.). Tales consideraciones (que de ningún modo implican afirmar que el poder político siempre actuará mal, ni niegan la importancia de evitar los abusos del poder económico) nos dicen que resulta simplemente crucial contar con un Poder Judicial bien preparado y dispuesto para resistir las pretensiones arbitrarias del gobierno de turno, cualquiera sea su signo. Lamentablemente, por lo mucho que conocemos de las opiniones políticas de Carlés (dada su adicción al “twitter” –un mal de época), contamos con preocupantes indicios sobre las implicaciones de su seguidismo hacia el gobierno: como jurista que es, Carlés defendió insólitamente la re-re-reelección presidencial; acompañó la agresiva campaña oficial contra Bergoglio, que mutó en amorosa defensa del nuevo Papa apenas resultó conveniente; insultó irrespetuosamente a toda la oposición; o avaló la reciente y preocupante propuesta oficial de transferir las “escuchas de inteligencia” a la Procuración (una Procuración fanatizada que, según nos dice la justicia, viene decidiéndolo todo, sistemáticamente, de modo contrario a derecho). Este alineamiento fuerte con el gobierno de turno –que no es lo mismo que el irreprochable hecho de que alguien simpatice con algunas o muchas políticas oficiales- nos habla de un rasgo de conducta que debiera bastar para bloquear su postulación: qué garantías podría darnos un juez como él, frente a nuevos o potenciales abusos promovidos por el poder (i.e., un nuevo tendido de “escuchas” sobre activistas sociales y disidentes?). Necesitamos jueces predispuestos a hacer exactamente lo contrario, esto es decir jueces que, en lugar de prepararse para salir a la caza de argumentos justificatorios de lo que hace el poder, sean capaces de oponerse sin miramientos a cualquier iniciativa oficial violatoria de derechos.