Represión cumpliendo estrictamente todos los protocolos

 https://www.lanacion.com.ar/politica/kicillof-desalojo-guernica-se-hizo-todos-cuidados-nid2493705

Vergüenza que dan

 

Amy Barrett y la política sin principios. Cuando la democracia de a poco muere

De lo que más me molesta e inquieta de la confirmación de Amy Barrett a la Corte de los Estados Unidos es la mentira y la inconsistencia como datos propios de la "nueva normalidad política" -la que nos lleva a todos, aquí y allá, a este desastre en el que estamos, y que reafirma el achicamiento, la degradación y la pérdida de sentido de nuestras democracias.

Cuando el Senado norteamericano rechazó la candidatura de Merrick Garland, ofrecida por el Presidente Obama el 16 de marzo de 2016, los senadores conservadores (en la voz del extremo M.McConnell) hicieron una moción de "principios": la "regla Biden", bautizada así en honor del expresidente del Comité Judicial y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que proponía posponer las nominaciones judiciales hasta después de las elecciones.

"Muy bien", pudo decir uno, apegado a la política de los principios. "Podemos atenernos a este principio, si va a funcionar igual para todos": "posterguemos la nominación" (aunque para las elecciones presidenciales -en noviembre- faltaban largos meses. "Nos atenemos a los principios, que para eso están" -podíamos decir.

Y sin embargo, lo de siempre. Una vez más. Ahora, que no faltan meses, sino una semana, para la elección, y posible cambio en la presidencia, se designa a una nueva jueza -Amy Barrett- para la más alta magistratura. Como si nada. Como si el principio antes invocado sirviera sólo para burlar ingenuos; como si las reglas iguales sólo tuvieran como objetivo acallar a los opositores ocasionales.

Así se juega, allá y acá. Lo que resulta -la política de "todo vale," "cualquier cosa", "da lo mismo"- no es gratuito: ha tenido y tendrá un costo altísimo en términos democráticos, pero no lo quieren ver, ni les interesa: sólo importa romper al enemigo.

VAMOS CHILE!

Mario Juliano

 Maestro, amigo!

La buena gente, finalmente, resulta vulnerable, y no resiste. Los cínicos, en cambio, tienen la piel dura, y viven por siempre. Cariños a la eternidad, amigo!

Rafecas: bien ahí

 https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-rafecas-candidato-procurador-propuesto-gobierno-si-nid2486107

El imperio de castigar

 

El libro más importante del constitucionalismo moderno

En la encuesta que organiza Richard Albert, de la U. de Texas, mi libro de la Sala de Máquinas (200 años de Constitucionalismo Latinoamericano) quedó entre los 16 mejores del constitucionalismo moderno. Un poco mucho? En todo caso, muy agradecido, y a seguir votando que esto no terminó! 

https://www.surveymonkey.com/r/VLJZGY3?fbclid=IwAR2JyrFNfWsjUhyHVB_D4a44TKcA8BcWZkwqtcgcnMTym5fWB7D_rSbORMs

Quino: Moriré siendo socialista

 Linda entrevista reproducida en SOCOMPA

http://socompa.info/entrevista/morire-siendo-socialista/

Sì

 

Glosas a Binder

 

(en respuesta a: https://www.pagina12.com.ar/296374-un-elefante-se-balanceaba-sobre-el-per-saltum)

El gran amigo Alberto Binder es hoy, tal vez, el único jurista que muestra la tranquilidad de espíritu y libertad ideológica suficientes como para decir lo que piensa sobre el oscuro entramado del mundo judicial argentino. Más allá de desacuerdos, este artículo que comento es una nueva muestra de lo dicho. Señalo primero mis coincidencias -casi plenas- y luego un par de desacuerdos relevantes

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Coincido con él en casi todo lo que dice. Ejemplos (Y SIGUEN ALGUNAS GLOSAS):

i)El problema que hoy nos preocupa tiene origen en la “técnica de manipulación de los nombramientos” que desarrolla el Consejo de la Magistratura, que provoca que los nombramientos de jueces tarden años, y que se produzcan entonces vacantes que son llenadas de manera precaria. BIEN ACÁ: EL CdM COMO PARTE CENTRAL DEL PROBLEMA

ii)Todo juez que resulta finalmente designado, luego de “pasar años de lobby y sufrimiento” queda “debiendo no sólo suficientes favores, sino que es correctamente domesticado.” EXCELENTE, Y DE ESTO SON RESPONSABLES TODOS LOS PARTIDOS (AQUÍ NO HAY BUENOS Y MALOS): EL INTERÉS ES, DESDE EL COMIENZO, CONTAR CON JUECES SOMETIDOS, DISCIPLINADOS

iii)Las vacancias que generan los atrasos en los nombramientos del CdM, son completadas por formas distintas de interinato, de la cual son “cómplices” una mayoría de jueces y asociaciones de jueces. PERFECTO: TODOS RESPONSABLES, Y EL INTERINATO/LA PRECARIEDAD NO COMO FALENCIA, SINO COMO OBJETIVO BUSCADO

iv)La institución de la “subrogancia” es una de esas irregularidades, que existe desde hace más de una década, y que resulta conveniente a los jueces, que de ese modo obtienen beneficiosos “suplementos” LO DICHO + LOS JUECES NO SON MERAS “VÍCTIMAS” DE LA POLÍTICA, SINO QUE SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PRIVILEGIOS ESTÁN SOBRE LA MESA, Y AYUDAN A EXPLICAR LA DINÁMICA, QUE SIN SU CONSENTIMIENTO NO FUNCIONARÍA

v)Las categorías de reemplazo que se ponen en práctica, muchas veces con el aval de la Corte (“el traslado horizontal, el traslado interjurisdiccional, el traslado vertical”), terminan por complicar el escenario. Se trata, finalmente, de “subterfugios para no decir lo elemental: no son admisibles los jueces interinos, mucho menos la asignación de jueces a dedo.” Por lo demás -agrega- “nadie es tonto, por suerte, y sabemos que esas elecciones son hechas, sin inocencia, dentro del sistema de manipulación de tan larga data y probada utilidad.” EXACTO, EL INTERINATO NO DEBE SER VISTO COMO UNA OPCIÓN EN PRINCIPIO PERMISIBLE (AUNQUE ESTO RESULTA CLARO, TAMBIÉN, EN EL DISCURSO DE LA CORTE, POR EJ. EN ACORDADA 7)

vi)Sobre el “per saltum” como “mamarracho”: “¿Puede utilizarse en un caso extremo? Si, verdaderamente extremo, muy grave, que ponga en peligro inminente la institucionalidad argentina.”DE ACUERDO, DE ACUERDO SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL, Y SOBRE EL PROBLEMA INSTITUCIONAL QUE TAMBIÉN GENERA, EN SU PRETENSIÓN DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA INSTITUCIONAL GRAVE

vii)Las demoras e indecisiones de la Cámara de Apelaciones -que dieron base de apoyo al “per saltum”, en este caso- también resultaron parte del problema: “esa Cámara, formada por tres miembros que deben deliberar, en lugar de sortear de inmediato a un verdadero “subrogante” por la excusación de uno de sus jueces, esperó a que los otros jueces votaran y recién cuando no se pusieron de acuerdo, tuvieron la necesidad de convocar a otro. Increíble. Cuando se conforma un tribunal colegiado -y esto debería aprenderlo también la Corte Suprema- es para que la totalidad de los miembros deliberen, discutan entre sí, con la esperanza de que la argumentación y contrargumentación permitan sopesar y construir una decisión de mayor calidad.” PAPELÓN GRAVE LO DE LA CÁMARA. ENOJOSO

viii)Se podría solucionar todo esto? Sí. En sus términos: “¿Se puede reparar todo esto? Claro que sí, usando las facultades que desde hace años tiene el Consejo para organizar de otro modo los concursos, para tener siempre una lista de jueces concursados para formar la terna. El tiempo normal para cubrir una vacante judicial no puede pasar de un mes o dos, si somos parsimoniosos; tenemos todas las herramientas legales e institucionales para hacerlo.”OK, CONFIEMOS

Puedo coincidir también en que: “la Corte podría haber esperado una semana y usar las vías normales.” SÍ. EL “PER SALTUM” NO ERA LA SALIDA “OBLIGATORIA”, NI LA MEJOR

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No coincido, en cambio, en un pequeño y central párrafo, que es éste: “Lo alarmante es que ha aparecido una nueva causal para conceder el per saltum: la sensación de gravedad institucional. ¿Quién la produce? Los medios masivos de comunicación, los escraches, el juego de alfilerazos de la chicana política, la ansiedad de la pandemia. Y como el sistema judicial argentino está por estallar, probablemente ¡dentro de un mes!, la Corte tome una decisión, quizás también sin deliberar.”

 Al respecto, diría que

No tenemos una “sensación de gravedad institucional,” sino que padecemos un estado de cosas de extrema gravedad institucional. Y así, en relación con las tres ramas de gobierno.

Rama Ejecutiva. Primero, amparado por su historia (sobre todo reciente), la crisis económica, y la emergencia impuesta por la pandemia, el gobierno se propuso, desde el primer instante (a partir de la delegación de poderes legislativos), decidir todo por decreto, incluyendo limitaciones de derechos constitucionales (i.e., que el Jefe de Gabinete tenga absoluta discrecionalidad en el manejo del presupuesto). Ello fue, en el primer instante, avalado por el púbico y (equivocadamente) por la academia, pero se mantuvo luego de ese “primer instante” y hasta hoy (ya sin el apoyo de casi ningún sector de la academia jurídica).

Rama Legislativa. Mucho peor que eso: la emergencia puso en crisis las formas de decisión parlamentaria y otra vez -equivocadamente, desde mi punto de vista- se perdió la oportunidad de apostar a los acuerdos democráticos, horizontales, y se “aprovechó la excusa” para fortalecer las posibilidades de la decisión discrecional, negando información sobre lo que se votaba; impidiendo y/o ridiculizando el debate parlamentario (“si total votan en contra” -se buscó justificar); o generando reglas caricaturescas para el funcionamiento parlamentario (que permitieron que se contara como presentes a los legisladores vinculados al Congreso de modo virtual, y como ausentes a los presentes en el recinto). Dichas fallas no nos refieren a cuestiones de “formalismos”, de “desprolijidades que siempre habrá,” de “minucias técnicas”, o de “pruritos burgueses”, sino a las bases mismas de la discusión democrática: los ciudadanos necesitamos saber todo, pero muy especialmente, cómo y a partir de qué razones se usan los recursos económicos (cada vez más escasos) y los poderes coercitivos (cada vez más crecientes) de que dispone el gobierno.

Rama Judicial. Mucho peor todavía: en el ámbito judicial, el gobierno, (sólo) en primer lugar, encaró una reforma elefantiásica, millonaria, innecesaria, discrecional (sin acuerdo democrático), y orientada en dirección contraria a la esperada de acuerdo a los nuevos criterios vigentes en el área (terminar de una vez con la etapa inquisitorial), como el propio Binder reconociera bien, en un artículo anterior publicado en La Nación ( https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469). Debe tratarse del único gobierno en el mundo que dispuso a una reforma semejante, tan improvisada, tan mal direccionada, y de semejante costo, en tiempos de pandemia y -mucho peor- en una situación de angustia desesperante de recursos (que llevaron a iniciativas tan arbitrarias como la irracional disputa de recursos a la Ciudad, de espaldas a las exigencias altísimas impuestas por la Constitución en la materia, y que incluyen mayorías de dos tercios, consentimiento de la provincia afectada, y la no reglamentación del Ejecutivo). Cómo entender entonces semejantes gastos, así, ahora? Entiendo que la motivación última es la impunidad (Binder piensa que va más allá de eso, y tal vez sí) pero, en todo caso, la desesperación que el gobierno muestra en la materia, lo ha llevado a arrasar la estantería judicial, en cada lugar y en cada rincón en donde advierte obstáculos frente a sus ansiedades de control hacia el futuro e impunidad hacia el propio pasado (procuración, traslados, nombramientos de jueces, OA, P.Tesoro).

Conclusión. Se impone, en ese contexto de faltas procedimentales, insistentes, graves, de nivel constitucional, y relacionadas con todas y cada una de las ramas de poder, que la Corte se pronuncie hablando “alto y claro.” El “per saltum” fue la vía que -según parece- eligió la Corte para hablar -pudo no hacerlo, pudo esperar un poco, pudo optar por otra vía- pero la cuestión de fondo es la siguiente. Necesitamos precisión y reaseguro sobre las reglas de juego, para terminar con el gigantesco “mamarracho” procedimental al que nos enfrentamos hoy, y asegurar lo que pide la Constitución, esto es, que el Ejecutivo no limite derechos constitucionales por decreto, ni tome el lugar de, ni imposibilite en los hechos, el debate democrático; que las decisiones legislativas se tomen a partir de los acuerdos democráticos y las mayorías calificadas (acuerdos supra-democráticos, como los necesarios para modificar la coparticipación) requeridas por el texto constitucional; y que el Poder Judicial no reemplace, sino que le deje en claro a la política cuáles son las reglas con las que debe jugar su partida.