Por qué el Lawfare es un cuento

https://www.clarin.com/opinion/lawfare-cuento_0_mrNkXtBup8.html

En los últimos días, los dirigentes más encumbrados del oficialismo volvieron a alinearse indignados, vociferando contra la idea del “lawfare.” Aunque el concepto es susceptible de sentidos diferentes, en términos generales pareciera referir a una articulación internacional que unificaría a poderosos medios de comunicación, a grandes empresarios, y a jueces y políticos influyentes, decididos a actuar contra los más salientes líderes populares del continente, y en favor de la reinstauración del neoliberalismo. Me siento tentado a decir que se trata de una idea más peligrosa que ridícula, como todas las grandes “teorías conspirativas” que atravesaron la historia de nuestro país (la más parecida, la que propusieron los “gobiernos populares” de los años 40/50 para hablar de la “conspiración judía” y la “sinarquía internacional” que supuestamente buscaban debilitarlos). Siento, también, el impulso de señalar de qué modo, el Presidente Donald Trump, repite exactamente el discurso del “lawfare”, para sostener lo inverosímil: que el establishment económico, junto con los grandes medios (CNN, el NYTimes), y ahora la Corte Suprema, se congregaron primero para boicotear a su gobierno y, ahora, para negarle (con una resolución judicial de dos párrafos) la reelección: tonterías en zancos. Prefiero, en todo caso, dejar tales reacciones de lado, para hacer un nuevo intento por demostrar en qué sentido el del “lawfare” es un cuento burdo, falso y peligroso. Comienzo con algunas preguntas y afirmaciones más bien dogmáticas, que críticos y defensores del “lawfare” podríamos compartir. Existen decisiones del Poder Judicial injustas y políticamente motivadas? Claro que sí! Es cierto que, muchas veces, los sectores políticamente dominantes presionan a los jueces para que los protejan a ellos, y embistan contra sus opositores? Seguro! Predomina en el Poder Judicial una ideología de tipo conservador? Parece claro! Es verdad que los gobiernos que llegaron a América Latina con el nuevo siglo, luego de una década de “planes de ajuste” (“neoliberales”) generaron reacciones y resistencias de parte de la elite económica? Obvio! Entonces -podría concluirse- estamos todos de acuerdo que lo que sostiene la “teoría” del “lawfare” es cierto! No -agregaría- por el contrario: tales acuerdos sugieren más bien la falsedad del “lawfare”. Por qué? Porque la “teoría” del “lawfare” pretende negar y ocultar, precisamente, aquello que debiera ayudarnos a entender y tornar evidente -un hecho vulgar, penoso y patético, que distingue a la vida institucional latinoamericana desde hace 200 años. Me refiero a la “dependencia política de la justicia”, y pienso, en particular, en una vieja teoría que sugiere que ningún poder está en mejores condiciones para presionar al Poder Judicial que el que gobierna. Esa línea de análisis (que hoy debe ser enriquecida y actualizada, pero no negada) constituye una obviedad en los estudios de historia judicial en América Latina: desde hace siglos que el poder concentrado y desigual permite que los actores dominantes presionen a la justicia para que actúe a su favor. Los mecanismos y medios de presión son múltiples: los hay formales (pedidos de juicio político; amenazas de reforma -ampliación o reducción de miembros en la Corte; etc.) e informales; los hay negativos (las presiones a través de los servicios de inteligencia; etc.), y positivos (las ofertas de ascensos y cargos futuros, etc.). La “vieja teoría de la dependencia” da cuenta, sencillamente y sin vueltas, de todo aquello que la “teoría” del “lawfare” no puede explicar, explica mal o se desespera por ocultar. A nivel local: la “vieja teoría” nos dice que, lejos de una “conspiración mundial” contra los “gobiernos populares”, los distintos gobiernos menemistas, kirchneristas o macristas -lo mismo da- han aprovechado, cada uno a su manera, y esperablemente, su “posición dominante”, para presionar sobre la justicia. Esto le permite afirmar también, con voz alta y clara, lo que el “lawfare” se muestra ansioso por negar y esconder, esto es, que en las últimas décadas, el kirchnerismo fue menos víctima que verdugo del Poder Judicial. A nivel internacional se repite la misma diferencia abrumadora entre ambos cuerpos explicativos. La “vieja teoría” de la dependencia judicial explica, tranquilamente, por qué en América Latina, en los últimos años, hubo una avanzada judicial contra líderes de todo tipo. La explicación es simplísima, y refiere a niveles de corrupción extraordinarios (generados gracias a la combinación “boom de las commodities” y amplias mayorías parlamentarias), junto con presiones de los gobiernos entrantes destinadas a castigar a los dirigentes de los gobiernos salientes. La “teoría” del “lawfare”, en cambio, se queda tartamudeando ante la urgencia por ocultar lo que no quiere que veamos. El “lawfare” no puede decirnos por qué, entre los “perseguidos” internacionalmente, se amontonan, junto con los ex presidentes “progresistas”, políticos de “derecha” y empresarios “conservadores” que -se suponía- debían haber sido protegidos por el poder neoliberal (Uribe, Kuczynski, Alan García, Odebrecht). Mucho peor, la teoría del “lawfare” no puede decirnos por qué Dilma Rousseff promueve la “ley de delación premiada”; o por qué prominentes líderes del progresismo regional -como Tabaré Vázquez o “Pepe” Mujica- no sólo no concluyeron sus mandatos humillados y perseguidos penalmente -como predecía la “teoría”- sino homenajeados unánimemente por sus políticas de avanzada. Terraplanistas jurídicos, los cultores de la secta del “lawfare” se empeñan en hacernos creer lo imposible, pero tal vez -es la esperanza al menos- ya sea tarde para seguir intentándolo. Cualquiera distingue entre bienes mal habidos y ofrendas al convento; cualquiera puede discernir entre bandidos de poca monta y héroes de la democracia. Ojalá así sea.

Debate con Graciana P., sobre Lawfare; la justicia desigual; y los abogadxs que defienden al poder

https://www.eldiarioar.com/politica/graciana-penafort-roberto-gargarella-debate-justicia-argentina_1_6500519.html (entrevista de Natalí Schejtman) En la frenética agenda de este año, hubo un tema que se mantuvo como prioridad: la reforma judicial y el funcionamiento de la Justicia. Hace dos semanas, el Comité de expertos designado por el Presidente le entregó un informe en el que se discute, entre otras cosas, alternativas para crear un tribunal intermedio que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte Suprema, sacar la oficina de escuchas de la órbita del máximo tribunal y cambiar la forma de designación del Procurador General de la Nación. En tanto, el miércoles último Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta con un balance de la gestión y criticó especialmente el funcionamiento de la Corte Suprema, a quien acusó de encabezar y dirigir el lawfare. El Doctor en Derecho, sociólogo y experto en Derecho Constitucional, Roberto Gargarella, autor y editor de una veintena de libros -entre ellos, el recién salido La derrota del derecho en América Latina-, y la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, son voces influyentes y analistas habituales en el intenso debate público en la materia, desde el traslado de los jueces hasta las ideas sobre la Corte de la flamante carta de la Vicepresidenta. En un encuentro virtual, debatieron, acordaron y desacordaron -en el marco de mutuo reconocimiento intelectual- sobre élites judiciales y políticas, garantías procesales y prioridades para una reforma judicial y una democracia más robusta. ¿Argentina tiene las instituciones que necesita? G: No, ni Argentina ni América. Es un rasgo estructural. Nuestras constituciones y nuestra organización legal da muchos de los incentivos inadecuados. Nacieron para frenar la guerra civil o canalizarla institucionalmente. Pero eso fue perdiendo sentido. Luego hay problemas que son latinoamericanos y argentinos. En América Latina los sistemas son hijos de la desigualdad, entonces la estructura de poder que organizaron también es expresión de la desigualdad y refuerzo de la desigualdad. P: No sé si la Argentina tiene las instituciones que necesita. Podría asegurar que las que tiene no funcionan como deberían y que el no funcionamiento genera unos pozos de profunda ainstitucionalidad. Comparto que el eje de Latinoamérica ha sido discursivamente -y bien intencionadamente- la lucha contra la desigualdad, pero que en su fase institucional de organización solo ha consolidado y cristalizado gobiernos de élites. Este es un país sin nobleza por vías de sangre pero con nobleza por vía de pertenencia a determinados grupos. Un claro ejemplo es el Poder Judicial. Cuando uno analiza cómo han evolucionado los cargos descubre una situación endogámica. G: Agrego un matiz: hay un problema especial en el Poder Judicial, que de algún modo es la rama del poder que más refleja ese sesgo aristocrático. Ahora, eso se termina extendiendo a la clase política. Hay un problema general, que resumo en dos ideas: la ruptura del vínculo representativo y la degradación de los controles del ciudadano hacia la política. Hoy el único vínculo y el único control institucional es el voto periódico y también ha perdido mucho de su sentido originario. Eso ha permitido que en la Argentina y en todo el mundo la clase política fuera ganando autonomía. -En base a un diagnóstico de algún modo compartido, ¿creen que este es el momento para encarar una reforma judicial? P: Cuando no llevo adelante actividades como militante política, trabajo de abogada. Como abogada creo que es imperioso y urgente hacer una reforma judicial. Tengo una posición sobre esta reforma judicial: es moderada en términos de lo que a mí me gustaría que se cambiara. Sólo he leído las conclusiones del comité asesor, no el informe completo. Pero tengo la sensación de que es una reforma de organigrama que tiende a corregir problemas muy puntuales. Creo que debe ser mucho más amplia y no ser tan poco ambiciosa. G: Coincido en que es importantísimo. Ahora, la urgencia de la mano de hacer qué. Porque si en la urgencia hay cosas como las que uno advierte, no la quiero en absoluto. En un momento en que se ponía en marcha un modo de proceso diferente, pasar a realizar la reforma judicial como se empezó a discutir en el Congreso es muy enojoso. Eso para no entrar en otros detalles enojosos... -¿Cuáles son esos detalles “enojosos”? G: Arranca de algo que trata de ser consistente con lo que acabo de decir y es que la autonomización de las élites, que hace que la ciudadanía mire para arriba y diga ¿y esto qué es? En la Argentina se ha traducido en privilegios para las élites políticas, económicas, judiciales, que están en el poder y que se van intercambiando favores para preservar esos privilegios en una sociedad desigual. La impunidad se ha convertido en el gran problema que hoy enfrentamos en términos políticos y judiciales. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. Si uno le pone apellidos, ahí ya nos peleamos, pero es lo que decíamos antes: una clase dirigente muy aislada y una búsqueda de la impunidad, que es de hoy, ayer y anteayer. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. (Roberto Gargarella) -¿Coincidís Graciana en que la reforma busca impunidad y preservación de privilegios? P: No, creo que lo que busca la preservación de privilegios es la preservación de los titulares de estos privilegios. Cuando me hablan de impunidad, yo pregunto qué impunidad tenía Héctor Timerman, que se murió acusado de una pena infamante, no pudiendo acceder a un tratamiento médico por una pelea de la política. Impunidad es lo que me llevó un 31 de diciembre a estar enterrando a un amigo. Siento que es la impunidad de esa élite. Hoy me entero por los diarios que podrían estar confirmando una sentencia para Amado Boudou. Nunca pedí su absolución, lo que he pedido desde el día uno es que nos dejen hacer un juicio justo. Nosotros dijimos que no podíamos tener acceso a las condiciones en las que estaba declarando un testigo. Un año y medio después quedó acreditado que el Estado le pagó a ese testigo para que declarara. Y el detalle que lo hace particularmente irritante es que mientras nosotros hacíamos esa defensa, nos espiaba el Estado. Es muy complejo no entender la urgencia de la reforma judicial cuando te van pasando cosas. Hay que pelear para que el sistema cambie, porque si no, es una tragedia que se repite: privilegios, consolidación de injusticias y algún cambio, como fue -tal vez no todo lo necesario- el Juicio a las Juntas. Me parece que no es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. No es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. (Graciana Peñafort) G: Quiero agregar algo. Y como voy a tocar una fibra sensible quiero aclarar que me parece totalmente aceptable defender a quien uno considere que merece ser defendido y que todos requieren un defensor. Aparte, ratifico mi admiración por cómo trabaja Graciana, de un modo honesto y comprometido. Dicho eso, voy a profundizar en algunas diferencias. Creo que en lo que señaló hay ese no reconocimiento de que el elefante está en la pieza. Y eso no es de este gobierno sino que hace tiempo la defensa de los privilegios, que es la defensa de la desigualdad, requiere la defensa de la impunidad. Hay un problema de élites que se enriquecen. En los últimos años, por el “boom de las commodities”, la combinación entre mucho dinero y gran margen de maniobra, porque políticamente se podía hacer casi cualquier cosa, dio lugar a lo que yo resumiría en “Odebrecht”. La idea de “acá tenemos la posibilidad de hacer el negocio de la vida: hay un montón de dinero y tenemos mayorías políticas para hacer lo que se nos antoje”. Eso ha generado un plus de corrupción, que hubiera pasado igual si estaba Juan Pérez o Pirulo. En ese sentido, para mi es negar el elefante. Si te están persiguiendo por un montón de cosas que es difícil negar... o sea, Lázaro Báez, por ejemplo: ese problema está y es obvio que va a generar la búsqueda de impunidad. Por otro lado, y acá la fibra sensible que quería tocar, es totalmente legítimo que un abogado se dedique a la causa que quiera porque busca un juicio justo. Pero creo que las grandes inteligencias de la Facultad de Derecho -y esta es una opinión personal no un principio kantiano- deberían dedicar su fuerza a la lucha contra la impunidad del poder. Y cuando yo veo que los mejores abogados han estado dedicados a defender a Menem, a Yabrán, yo digo pucha, qué pena. No le puedo reprochar nada. Es simplemente una pena interior. Podría escribir un poema sobre esto pero lo digo acá… P: Yo no me creo con la capacidad de decir que alguien es inocente o es culpable y es un ejercicio de humildad que hago todo el tiempo. Yo no soy juez, no puedo decir si Lázaro es inocente o culpable. Lo que pasa es que yo analizo esa causa -en la que no soy abogada-, y veo que al momento del juicio los testigos cuentan cómo los apretaron, encuentran cómo los informes no decía lo que dijeron que decían... G: Pero la premisa es un problema. No es un tema de creer que Lázaro es culpable entonces vamos contra él. Uno elige defender a Lázaro Baez o a la víctima de Lázaro Baez, a Menem o a los que murieron en la explosión de… P: ¡De la AMIA! Nosotros hemos sido abogados de Memoria Activa durante muchos años porque indudablemente veíamos un problema grave en lo que pasaba en esa causa. Y con esa misma lógica entendimos con toda claridad la situación de persecución en la que estaba Héctor Timerman. Por eso tomamos su defensa. Comparto el diagnóstico de que se generaron una serie de situaciones absolutamente anómalas e ilegales. En mi defensa yo no puedo solucionar los temas macroeconómicos. Soy abogada y mi tarea es que las garantías que la Constitución nos consagra a todos se respeten. G: Hiciste referencia al Juicio a las Juntas, que para mí es el ejemplo de lo más digno de la historia argentina. Eso fue un ponerse de pie contra el poder. Yo creo que miramos lo que hoy ocurre no como una reproducción sino como una contracara: aquello fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder. El Juicio a las Juntas fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder (Roberto Gargarella) P: Yo siento que en este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. Yo celebré mucho cuando se empezaron a juzgar los delitos de lesa humanidad porque era una deuda pendiente. Y vi que estas personas acusadas de crímenes aberrantes tenían un respeto de garantías que varios años más adelante, no se le daba a personas que no estaban acusadas de delitos de lesa humanidad. En este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. (Graciana Peñafort) G: Sí, pero creo que el paralelo que funciona es, salvando las distancias, el fin del gobierno de Menem, porque también uno pudo decir “ahora van contra María Julia”, “la prioridad son las garantías”. Quienes asumieron en ese momento la defensa de Menem me decían que ahora no estaba en el poder, que era débil. Qué débil… P: Entiendo desde qué lugar hablás. Te quiero dar un ejemplo: en el caso de Ciccone, la defensa pidió la pericia económica sobre el dinero que tenía Boudou. No nos la permitieron. Hubo una vulneración de cosas básicas que los abogados aprendemos en la universidad y enseñamos en la universidad. G: Está bien, pero no tengo dudas de que, por ejemplo, el hecho de que Maria Julia haya sido la única funcionaria presa fue porque algunos jueces bajo demanda pública lo querían. Si alguien me dijera que no hubo garantías suficientes en ese juicio le creería. Ahora, ¿esa es la prioridad? No creo. ¿Eso quiere decir que no necesita defensa? Necesita defensa, importantísima. Pero creo que la prioridad es otra y que María Julia era parte del problema. -¿Es el lawfare una categoría productiva para pensar la relación entre ambos? G: Para mi el lawfare tiene mucho de cuento porque hay un problema que es mucho más burdo: en contextos de privilegio y desigualdad la justicia queda partidizada por las peores razones y muy vinculada con el poder de turno. Eso que para mí es claro y obvio hace 100 años ahora es “una campaña mundial contra los líderes progresistas”. Es un modo de querer darle un revestimiento ideológico atractivo a una historia vulgar y penosa y patética, muy propia de nuestro país... P: Yo no hablo desde la teoría del lawfare, sino desde haber sido parte de muchas causas que caratulo como lawfare. Lo que vimos en la región en los últimos 10 años fue una exacerbación de la persecución a determinados sectores no necesariamente progresistas y no necesariamente populistas que se convirtieron para una élite en el enemigo. Y eso arrasó con algunas buenas prácticas que medianamente habían aceptado los poderes judiciales unívocamente. Dentro de eso, hubo una participación importante en términos de discurso legitimador de los medios de comunicación que instalaban como culpables a los culpables elegidos por animadversiones previas por conflictos de interés. A eso le llamo lawfare, y me consta que existió. Creo haberlo vivido en carne propia. -Así como la Justicia puede reforzar la desigualdad, ¿podría tener un rol en revertirla? P: Yo no me olvido de que la justicia, en la enorme mayoría de los casos, decide a título individual. Dicho esto, dos cosas. Primero, potenciar las acciones o de clase. Una justicia que en todo el mundo está avanzando en legitimar la participación de colectivos y en Argentina las restringe. Otro tema importante es que el Poder Judicial tenga criterios de razonabilidad para priorizar demandas que demuestran insatisfacción o conflictos reiterados. Los tiempos del Poder Judicial van en perjuicio de esas demandas. Todo ese tiempo en que no se resuelve en el sentido de atender la necesidad que está planteada es tiempo de desigualdad que, por cierto, no se repara con dinero. G: Estamos de acuerdo, agregaría un par de cosas. Una es que tenemos en toda América Latina constituciones muy robustas en materia de derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos. Los jueces tienen una enorme responsabilidad de ayudar a que tomemos la Constitución en serio. Y ni la política ni la justicia han estado ayudando. Nuestra Constitución habla de control en las ganancias de las empresas, vivienda digna... En otra área en donde se actuó en modo contrario al que debía es en la protesta social, que es una precondición para poner en marcha esos derechos. La ciudadanía, cuando se ve violentada en lo que la Constitución explícitamente le reconoce, protesta. Lo de Guernica fue un ejemplo. O el Indoamericano. Había tres caminos posibles: “esto no es tuyo, es ilegal, vas preso o procesado”; lo que llamo el “garantismo bobo” -el guiño de ojo “dale adelante, luz verde”-, o la resolución intermedia de sentarse a discutir porque hay derechos en juego. Esto implica tomarse en serio el texto de la Constitución. P: Ahora como nunca ha quedado desnuda la desigualdad. Es tiempo de que el Poder Judicial y los operadores judiciales nos pongamos de acuerdo en que no puede haber resolución de conflictos de derechos constitucionales que impliquen la vulneración absoluta de una de las partes. Si estamos discutiendo una vivienda digna, no podemos resguardar solamente el derecho de propiedad por encima de los derechos constitucionales a una vivienda digna. Ahí, el Poder Judicial puede trabajar en pos de la igualdad.

Sobre el caso del racismo/xenofobia en Los Pumas

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/claribel-medina-revelo-mensaje-le-mando-rugbier-nid2527977

Qué bueno esto! Todo lo que pienso sobre el reproche penal reproducido en un caso actual. Es posible pedir disculpas, tomarlas, encarar juntos la solución hablar con compromiso, despedirse con afecto.

Tras el escándalo, que terminó con la sanción del jugador por parte de la Unión Argentina de Rugby, Claribel reveló durante una entrevista con el programa Hay que ver, que el deportista se contactó con ella para pedirle perdón personalmente y explicarle que estaba arrepentido por lo sucedido.

Quién es Matilda De Angelis, la enigmática actriz de The Undoing

"Me escribió un mensaje bastante importante y largo. Como no tenía mi teléfono me escribió por Instagram, porque no tengo cuenta de Twitter", explicó la participante de Cantando 2020. "Fue algo que pasó anoche y me sorprendió. Le comenté que quería compartirlo y él me dijo que sí, que quería terminar con esta historia por su familia, por la mía y por todos. Me parece que aunque lo que pasó fue fuerte, nadie tiene la verdad de nada y a veces hay que permitir ver qué le pasó al otro".

Seguido de esto, Claribel se dispuso a leer ante las cámaras el texto que le envió Socino. "Buenas noches, Claribel. Dudé en mandarte este mensaje en el día de ayer porque no sabía cómo podía llegar a repercutir. Intenté conseguir tu teléfono para pedirte disculpas personalmente y no pude", comienza diciendo en el mensaje. Copio la nota

"En los últimos días, unos antiguos tuits publicados por algunos jugadores de Los Pumas generaron polémica y revuelo. Entre ellos estaban unos de Santiago Socino, quien envió a través de su cuenta mensajes con mucha carga violenta contra la actriz y cantante puertorriqueña Claribel Medina. Estas frases, en donde aseguraba que él mismo le quitaría la vida a la artista, entre otras cosas, databan del año 2011, 2012 y 2013.

"Te quería pedir disculpas honestamente, desde lo más adentro mío. No me alcanzan las palabras para disculparme y decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy de lo que hice. No tengo nada en contra tuyo ni de nadie, no soy así y tampoco encuentro explicación a lo que escribí en ese momento. No te lo merecés, nadie se merece eso", continúa.

"De nuevo te pido un millón de disculpas, nunca quise generar lo que generé, ni en vos ni en nadie. Obviamente entiendo que estarás mal, igual que yo. Destrozada vos y tu familia, pasando un momento horrible como estoy yo también, y te pido perdón. Espero entiendas el sentido del mensaje, no sé si vas a tomártelo bien, pero te juro que esto es sincero de mi parte. Me avergüenza muchísimo lo que hice en ese momento. Perdón de vuelta", culmina Santiago.

Medina también leyó lo que respondió ella. "Hola Santi, hay que tratar de cerrar esta historia, sería bueno cerrarla juntos, si te parece", le dijo al deportista, que le dijo que tenía intenciones de darle un punto final a lo que estaba pasando, ya que sus padres estaban sintiéndose mal al respecto. "Hola, de nuevo reitero lo apenado y avergonzado que estoy. Yo también estoy dispuesto a cerrarla, más que nada por vos, tu familia y mi familia"

La actriz y conductora reflexionó sobre lo importante que es saber disculparse en el momento adecuado, asegurando que pudo perdonarlo. "Esto habla muy bien de él. Yo lo tomé bien y le acepté las disculpas. Entiendo que nos equivocamos y yo no soy quien para crucificar a alguien", expresó Claribel. "Si él necesita que su familia esté en paz, y yo que la mía también, ¿por qué no cerrar esta historia? Pasaron ocho años y el hombre está arrepentido", finalizó.

Las Cortes Carrió y Caballero

 

La Corte y sus presidencias: la Corte Genaro Carrió (AdHoc, 2019) y la Corte José Severo Caballero (AdHoc, 2020), sede virtual CIJS-UNC. 

El CIJS de la UNC estará recibiendo las inscripciones a través de un formulario Google. A lxs inscriptxs le envían el link de la sala de GoogleMeet donde nos encontraremos.

Link de las inscripciones:

https://tinyurl.com/inscripcioncortes

En el primer bloque exponen:

 

- Camila Petrone, Gustavo Beade y María de los Ángeles Ramallo (UBA): "Normas de facto/Normas de iure: La influencia filosófica en la Corte de (Genaro) Carrió”

- Magdalena Álvarez (UNC): “El caso Rivademar” [Corte José Severo Caballero]

Comenta: Margarita Maxit (UBA)

En el segundo bloque exponen:

- Leonardo Filippini (UP, UBA): "Justicia militar, justicia federal" [Corte Genaro Carrió]

- Claudio Orozs y Lyllan Luque (HIJOS Córdoba): “El caso ‘Camps’ o la consagración de la impunidad” [Corte José Severo Caballero]

Comenta: Brenda Dvoskin (Harvard)

Va flyer en archivo adjunto.

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO.

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO. (acá)

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Expresidenta de Argentina

Señora Dilma Rousseff

Expresidenta de Brasil

 Señor José Mujica Cordano

Expresidente de Uruguay

 Señor Evo Morales Ayma

Expresidente de Bolivia

 Señor Leonel Fernández Reyna

Expresidente de República Dominicana

 Señor Fernando Lugo Méndez

Expresidente de Paraguay

Señor Ernesto Samper Pizano

Expresidente de Colombia

Señor Luiz Inácio Lula da Silva

Expresidente de Brasil

Señor Tabaré Vázquez Rosas

Expresidente de Uruguay

 Señor Manuel Zelaya Rosales

Expresidente de Honduras

Señor Martín Torrijos Espino

Expresidente de Panamá

Señor Salvador Sánchez Cerén

Expresidente de El Salvador

CC:  Jürgen Stock, Secretario General INTERPOL.

Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el Ecuador, testigos de los dos períodos de gobierno de Alianza PAIS, hemos leído con indignación, pero sin sorpresa, su carta, donde solicitan a INTERPOL suspender las acciones demandadas por la justicia de nuestro país por los casos de corrupción que involucran al expresidente Rafael Correa.

 

Desde hace años hemos visto cómo los denominados progresismos (con regímenes y partidos populistas de América Latina) han guardado un vergonzoso silencio a propósito de las permanentes violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por gobiernos afines. No dijeron nada respecto de la persecución a cientos de dirigentes sociales e indígenas durante el anterior gobierno: Javier Ramírez, encarcelado e ilegalmente procesado por defender la naturaleza en la zona de Íntag, y cuyo caso fue presentado en la Federación Internacional por los Derechos Humanos; dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como Pepe Acacho, Luisa Lozano y  compañeros y compañeras de Saraguro, injustamente encarcelados y procesados por protestar pacíficamente; adolescentes encarceladas por abortar; el asesinato del general Gabela, sospechosamente ocultado por el régimen porque denunciaba casos de corrupción; los asesinatos de Bosco Wisum y José Tendetza, líderes amazónicos que se opusieron a la penetración de las transnacionales mineras acordadas con el gobierno.   

 

Con tristeza contemplamos cómo la vieja izquierda del continente plegó a la tímida indiferencia que se manifestó en la autodenominada Cumbre de los Pueblos realizada en Lima, en abril 2018. En la resolución final no existió ni una sola frase de solidaridad con el pueblo ecuatoriano por el asesinato de tres periodistas de diario El Comercio. Al contrario, hicieron pública una extraña defensa del expresidente Correa pese que ya existían claros indicios de responsabilidad penal en su contra por casos de corrupción y por la permisibilidad de altos funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, asuntos que hoy se siguen ventilando en el ámbito judicial del Ecuador.

 

¿No se supone que, para las organizaciones de izquierda, “la lucha con el pueblo es lo más importante” y que debemos actuar “codo a codo con las luchas de abajo”? Tal parece que la solidaridad en cierta izquierda se la otorga a los caudillos y no a los pueblos. Cabe preguntarse, entonces, cuál es el concepto de pueblo que manejan los expresidentes y las expresidentas que suscriben la carta a INTERPOL. ¿Se refieren únicamente a los grupos y movimiento afines a una tendencia política que ha oficializado un discurso tecnoburocrático? ¿Nunca pensaron en un pueblo –el ecuatoriano– dolido por una década de latrocinio y autoritarismo?

 

Según cifras de la Comisión Nacional Anticorrupción –organización de la sociedad que fue varias veces amenazada por Rafael Correa y por sus ministros y que ha mantenido una postura intransigente frente a los actos de corrupción del actual gobierno–, durante el gobierno de Correa se desviaron entre 35.000 y 40.000 millones de dólares por sobreprecios y coimas en la obra pública. Durante el anterior gobierno, la CNA presentó a la Fiscalía 17 delitos emblemáticos de megacorrupción perpetrados por altos funcionarios de ese régimen.

 

Señoras Expresidentas y señores Expresidentes: toda vez que nunca hemos contado con su solidaridad ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte del primer gobierno de Alianza PAIS, desde las organizaciones de izquierda ecuatorianas les exigimos respeto por la autonomía del sistema judicial, postura que no implica la defensa de Lenín Moreno –quien, si la memoria no nos falla, llegó al gobierno con el respaldo incondicional de ustedes– sino la defensa de un pueblo que exige la devolución de lo robado durante 14 años de gobiernos de Alianza PAIS. Resulta por demás incoherente que ahora ustedes apelen a una supuesta manipulación de la justicia cuando durante diez años denunciamos precisamente esa práctica por parte del gobierno de Correa para perseguir a dirigentes indígenas, activistas sociales, defensores de la Naturaleza, mujeres, periodistas, militantes de izquierda…

 

Nosotras y nosotros exigimos que los y las responsables de los actos de corrupción retornen a suelo ecuatoriano para responder a la justicia. El latrocinio cometido durante 14 años es la causa principal de la profunda crisis en la que está sumido nuestro país.  No les vamos a permitir interferir en nuestro derecho soberano a esclarecer y juzgar los actos de corrupción cometidos desde el poder político.

 

Firmas:

Adhesiones Organizaciones:

ALAMES Ecuador

Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente- Clara Merino.

Ecuador Decide Mejor Sin TLC

Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur- Graciela Calle

Colectivo Yasunidxs Cuenca

Colectivo de Antropólogas del Ecuador

Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros Agrícolas y Campesinos (ASTAC).

Frente Nacional por la Salud de los Pueblos- Ecuador  - Ricardo Ramírez

Comuna Rebelión

Federación de Organizaciones Sociales de la Provincia del Guayas- César Cárdenas.

Escuela de Capacitación Política Popular Agustín Cueva Dávila- Edmundo Lombeyda

Foro Salud Pública

Colectivo KANAKA

Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)- Jhon Plaza

 

Rossana Palacios.- Secretaria Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 

Iván Bastidas- Presidente- Confederación de Servidores Públicos (CONASEP)

Luis Cherres- Presidente- Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales (FENOGOPRE)

Roberto Rodríguez- Presidente- Federación de Trabajadores de las Universidades (FENATUPE)

Wilson Álvarez- Presidente- Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP)

 

Adhesiones personales:

Nina Pacari Vega

Sylvia Bonilla – Abogada DDHH

Erika Arteaga Cruz

José Cueva – Intag.

Alberto Acosta

Napoleón Saltos

Carlos Rojas

Xavier Maldonado – Docente Universidad Central Ecuador.

Marisol Rodríguez Pérez

Marcelo Román

Carlos Zorrilla- DECOIN- Intag.

Fabrizio Moreno Salas

Patricia Sánchez Gallegos

Cristina Burneo Salazar

Edgar Isch López

Alejandra Santillana Ortiz

Christian Quiñonez

Cristina Avila  

Néstor Quimbita  

Ing. Wilman Belalcazar

Ana Maria Nuñez

Cecilia Cherrez

Wilson Oswaldo Pucha Ronquillo                             

Jorge Raza Vargas

Antonio López Cobeña

Hugo Noboa Cruz-  salubrista

Javier Ríos.

Ileana Almeida, Investigadora de la cultura, lengua e historia de los Pueblos Indígenas de Ecuador

Lenin Oña Viteri, Arquitecto y crítico de arte.

Luis Montaluisa

Rosa María Torres del Castillo

Cecile Durán Rendón

Manuela Gallegos Anda

Juan Carlos Miranda Ponce

Tarquino Cajarmarca-  Morona Santiago. 

Carlos Castro Riera- Exdecano Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Cuenca.

Jorge Acosta- Coordinador ASTAC

Diego Cano Molestina- Ex presidente FETRAPEC

Belén Cárdenas Landázuri

Susana Castillo

Lía Pesantez Palacios

Daniela Gallegos Anda

Fernando Carvajal

Pocho Álvarez- cineasta.

Carlos Pàstor Pazmiño

Salomón Osorio- NINA Radio FM, Puyo.

Carlos Arcos Cabrera – escritor.

José Molina Reyes

María Daquilema Miranda

María Victoria Proaño Chiriboga

Luis Túpac-Yupanqui

Loretta de Janon

Dimitri Defranc Cevallos- Biólogo e Historia de la Ciencia y Comunicador Científico

Miguel Ángel Berrú Jiménez- Representante Estudiantil de la Facultad de Filosofía

Gabriela Bernal Carrera

Gladys Eskola Torres-miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca - APUC

Vicente Villacrés

Francisco Muñoz

Tito Villacrés

Mencha Barrera

Ya

 

Las Audiencias Legislativas como burla a la deliberación

https://www.lanacion.com.ar/politica/senado-nid2515737

La casi totalidad de los que expusimos en las Audiencias (aún buena parte de la "propia tropa" del gobierno), nos manifestamos en contra de la reforma promovida por el kirchnerismo en la designación del Procurador. Ahora se trata de que "algunos estaban a favor, otros en contra"...entonces hacemos lo que teníamos ganas de hacer. Cuando las Audiencias Legislativas se convierten en burla y falta de respeto. No porque no sigan lo que uno dice, sino porque simplemente invitan a los críticos para encubrir y buscar legitimar lo que ya tenían decidido hacer de antemano. Actúan como si no lo supieran, pero tronará el escarmiento, y volveremos a perder todos. Viva Perú!

Cómo no modificar el Ministerio Público (y algunos principios con los que sí hacerlo)

El lunes pasado, invitado por el Senado, estuve presentando algunas críticas sobre los proyectos de reforma en la Procuración (MPF). Acá va una síntesis de lo que  expuse.

I. Con el objeto de analizar los proyectos de reforma que me fueran enviados, quisiera comenzar por el principio. Y digo comenzar por el principio, porque entiendo que los proyectos bajo estudio tienden a comenzar por el final, esto es decir, ellos señalan qué es lo que pretenden reformar de la organización del Ministerio Público, pero sin aclarar, primero, cuáles son los fines que persiguen, y las razones públicas que los justifican. Lamentablemente, si no sabemos por qué emprendemos una cierta búsqueda, lo más probable es que terminemos perdidos, sin razones para ir hacia ningún lado. Por lo demás, distintos fines requieren y definen distintos medios. Por ejemplo, si la razón que motiva la reforma fuera dar estabilidad a ciertas políticas criminales, podrían justificarse los cargos vitalicios; si lo que nos interesara fuera la rotación permanente en las posiciones públicas, podríamos pensar en la renovación anual del cargo de Procurador. En definitiva, nuestra discusión no puede comenzar por el final, esto es decir, por la discusión de reformas particulares, sin tener claridad sobre qué es lo que pretendemos con ellas. Mi primera sugerencia, en tal sentido, sería la siguiente: los proyectos deben ser replanteados, luego de que sus abogados dejen en claro, ante sus representados y mandatarios, es decir, ante el pueblo de la Nación Argentina, los principios que los guían y las justificaciones que sostienen a sus propuestas, de modo tal de aventar dudas y sospechas y asegurar que tales iniciativas aparezcan debidamente fundadas en razones públicas y no en motivos privados. Y -demás está decirlo- en respeto a ese mismo pueblo al que se debe enteramente la tarea legislativa, toda reforma que afecte las reglas básicas que organizan nuestra vida en común, debe tener como origen el reclamo popular (y no se si éste el caso), y basarse en el más profundo acuerdo, en particular con quienes piensen diferente. El paciente tejido de la compleja trama social -ahí reside el valor, según entiendo, de la tarea legislativa. 

II. Aclarado lo anterior, mi segundo punto sería el siguiente: no se trata de escoger, como si fuera una excusa o una formalidad a cumplir velozmente, cualquier razón general, destinada simplemente a habilitar el proyecto que uno ya tenía definido de antemano. Los márgenes de acción de que se dispone, en estos delicados asuntos de procedimientos legales, son más bien estrechos, porque se encuentran definidos ya, de modo bastante estricto, por la Constitución. Nuestro punto de partida y guía debe ser siempre, entonces, la Constitución. Comenzando desde allí podríamos preguntarnos, entonces: de qué manera honramos mejor los principios jurídicos que rigen en la materia, expresados, de modo particular, por el artículo 120 de nuestra Constitución? O, de forma más directa: cuál es el mejor modo de asegurar que el Ministerio Público defienda, en materia penal, “la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”? Como afirmara, en su momento, el convencional Juan Carlos Maqueda (aclararía, en consonancia con lo que sostiene, en buena medida, el derecho comparado), de lo que se trata es de garantizar la independencia política, la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, asegurando que el mismo quede -sigo citando a Maqueda- fuera de la esfera del Poder Ejecutivo y fuera de la esfera del Poder Judicial. En lo personal, coincido plenamente con esta aproximación, aunque -como diré más adelante- yo lea -a la Constitución en general, y al art. 120 en particular- desde un cierto entendimiento dialógico de la democracia, que me lleva a vincular íntimamente la tarea del Procurador con un debate público, que debe tener su centro en el pueblo de la Nación, que -en el marco de un país federal- no debe quedar centrado en la Capital Federal ni mucho menos concentrarse en un solo órgano, y que debe orientarse a definir colectivamente, y a partir de la conversación común, las pautas de la política criminal.

III. Dejo por ahora de lado mi propia interpretación de la Constitución, para quedarme con una lectura muy básica y austera de dicho texto (como, por ejemplo, la que expresara Maqueda), y presentar desde ahí mi tercera observación. Lo que diría es que aún una interpretación modesta o poco exigente de la Constitución no resulta vacía de sentido, en la materia que nos ocupa. Dicho de modo más directo, la Constitución no es compatible con cualquier cosa -con proyectos legislativos de cualquier tipo. La Constitución puede admitir varias alternativas posibles de organización del Ministerio Público pero -sin dudas- ella también fulmina o repudia otras posibilidades de reforma. En tal sentido, creo que algunos de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, más que en tensión con nuestro texto madre, llamativa, provocativa o exageradamente opuestos a la Constitución. Algunos de tales proyectos -según parece- innovan directamente en la historia del constitucionalismo comparado, sugiriéndonos que las casi universalmente proclamadas finalidades de independencia política, autonomía funcional y autarquía financiera, son compatibles con la posibilidad de que el gobierno de turno controle, en los hechos, la designación y a la vez -subrayo, a la vez- la remoción del Procurador y los fiscales. Tal tipo de iniciativas resultan verdaderamente notables para la historia del derecho. Más todavía, agregaría que, desde los orígenes del constitucionalismo moderno -allá por el siglo xviii- y para preservar el compromiso con la independencia de ciertos funcionarios -típicamente, los jueces- James Madison sugirió que la intervención, de las ramas políticas en la designación de los jueces fuera acompañada y compensada con la estabilidad de por vida de los funcionarios así designados. Es decir: si la política interviene en el nombramiento (aunque fuera, como se pensó entonces, de un modo muy limitado), luego conviene desapegar a esos funcionarios, tal vez de por vida, de la influencia de la política. Es decir, cada pieza se encuentra vinculada con las restantes. En definitiva, a la luz de nuestra Constitución, algunos de los proyectos presentados resultan inconcebibles. Por lo dicho, a quienes han presentado proyectos que vienen a caricaturizar la idea de independencia pública, les pediría (de rodillas, si pudiera) que nos ahorren la angustia de otra batalla constitucional que terminará por perderse en los tribunales. En este tiempo de pandemia y tristeza, necesitamos concentrar nuestras energías intelectuales y emocionales en otros problemas y, en todo caso, en otro tipo de reformas procedimentales, que busquen honrar en lugar de horadar los principios de la Constitución.

V. Para quienes, como yo, leen al derecho como una “conversación entre iguales” -una conversación que debe apuntar a integrar a las voces de los propios ciudadanos de todo el país- los proyectos presentados ofrecen otra peculiaridad. Ellos tienden a concentrarse en las formas de designación y remoción del Procurador o de los fiscales, descuidando de ese modo lo que es más importante, que no está ni en la entrada ni en la salida del problema, sino en el medio. En efecto, como ocurre con todas las instituciones de la democracia representativa, mucho más importante que la forma de designación y remoción de los funcionarios (que es muy importante), son las formas de ejercicio de la función y, en particular, los modos en que el pueblo de la Nación preserva, durante todo ese tiempo, su soberana capacidad de decisión y control sobre lo que hacen los funcionarios públicos designados. En el caso del Ministerio Público, lo que más nos debe interesar, entonces, es determinar de qué forma es que la ciudadanía va a controlar al Procurador, día tras día; de qué manera es que el Ministerio va a articular sus políticas, en diálogo con la sociedad; cómo es que, colectivamente, se van a definir los criterios generales de la función; etc.

VI. Recién cuando tenemos en claro los objetivos constitucionales que buscamos, en relación con el Ministerio Púbico -básicamente, independencia y defensa de los intereses generales de la sociedad- podemos definir cuál puede ser la mejor forma de diseñar la institución. Comenzaría insistiendo, al respecto, con la idea de que hay formas diversas de designación que parecen compatibles con las exigencias establecidas por una Constitución como la nuestra. En América Latina, por ejemplo, hay países, como Bolivia, que exigen mayorías de dos tercios; otros, como Colombia que diseñaron un mecanismo muy complejo que requiere la intervención del Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; otros países, como Chile, le otorgan la elección al Senado, por dos tercios, a partir de una propuesta formulada por la Corte Suprema. Lo que es claro es que, en la enorme mayoría de los casos, se hace un gran esfuerzo por desligar al nombramiento del Procurador de la influencia directa del partido político dominante en la coyuntura. Para nuestro país, subrayo, esta última posibilidad no sólo es indeseable -tanto como es ajena al derecho comparado- sino que es además inconstitucional.

Llegados a este punto, permítanme llamar la atención sobre un problema particularmente serio, vinculado con la posibilidad de facilitar la influencia del gobierno de turno en el funcionamiento del Ministerio Público. Se trata de un problema derivado de los dos principales poderes que posee cualquier gobierno, de cualquier signo: uno, el manejo del presupuesto; y dos, el monopolio de la coerción. Estas cruciales facultades importan enormes riesgos que requieren controles exigentes, y esos controles no pueden de ningún modo depender del propio poder político que hace uso de la coerción y del dinero. Para ilustrar lo que digo con un ejemplo claro: un gobierno, como el actual gobierno de los Estados Unidos, que ha promovido la violencia policial contra la comunidad afroamericana, no debe tener la posibilidad de librarse de esos controles a través de las decisiones del Ministerio Público (un Ministerio que, por ejemplo, desista de la posibilidad de perseguir prioritariamente abusos imperdonables como los citados).  Una posibilidad semejante sólo agregaría fuego sobre lo que ya es trágico.

VII. Hasta aquí, me interesó defender ciertos principios constitucionales, a partir de los cuales pensar críticamente sobre los criterios con los que podría re-organizarse el Ministerio Público. En lo que sigue, y de modo muy sumario, voy a sugerir algunas proposiciones de cambio concreto que podrían derivarse de mi exposición. Haré estas sugerencias, de todos modos, sin ninguna pretensión de considerar a mi propuesta como la propuesta óptima -se trata sólo de un esbozo- o como la única que podría derivarse del esquema de principios arriba expuesto. Hechas estas aclaraciones, sugeriría que, por un lado, el ideal de la “conversación entre iguales” no es compatible con funcionarios vitalicios, o que gocen de una estabilidad muy prolongada: la política debe resultar, por el contrario, de una reflexión continua, que requiere también de actores protagónicos renovados. En cuanto a la duración del Procurador en su puesto, y repitiendo que lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio de su mandato, diría que el mismo podría tener un plazo de 5 o 6 años. Asimismo, no sería descabellado, a mi entender, pensar en formas de elección ciudadana del Procurador, tal vez a partir de candidatos propuestos por algunos órganos establecidos -quizás la Corte Suprema y el Senado. Lo mismo para la remoción del Procurador. Entiendo, de todos modos, que, para un mandato de 6 años de un Procurador en permanente diálogo con la ciudadanía, el problema de la remoción no sería tan dramático, y que en todo caso podría pensarse en formas de remoción excepcionales -tal vez, vía revocatoria de mandato- y/o otras vías a partir de fórmulas políticas exigentes: otra vez, lo que importa es la preservación de la voluntad ciudadana, expresada por ella misma. Finalmente, considero que el centro de la reflexión debería estar en los modos de ejercicio de la función del Procurador, y sobre todo en las formas posibles de asegurar un diálogo constante entre el mismo y la ciudadanía -un diálogo que, repito, debe reproducirse en todos los puntos del país. Tal vez, instaurar un sistema de periódicas consultas públicas, abiertas a la ciudadanía, como las que realiza el Crown Prosecution Service de Inglaterra, pudiera ser, en tal sentido, una opción sensata. Insisto, de todos modos, que presento estas propuestas más detalladas de modo muy exploratorio, porque es escogido fijar mi atención en otro plano, relacionado con los principios constitucionales y fines democráticos de la función, que entiendo aparecen indebidamente descuidados en los proyectos a los que tuve acceso, afectando dicha omisión, de modo serio, el valor de los mismos. 

Se vienen las "7 tesis"

 

Desolación Perú

 La democracia peruana agoniza (Alberto Vergara, en el NYT)

https://www.nytimes.com/es/2020/11/12/espanol/opinion/peru-vizcarra-vacancia.html?fbclid=IwAR30gx6LcTy6Yk5ez472cwABMTmZp7Xl2rppJOnRQg30FmwYpffcdH9-aAc

Amenaza al estado de derecho (Human Rights Watch)

https://www.hrw.org/es/news/2020/11/12/peru-destitucion-del-presidente-amenaza-el-estado-de-derecho

El fallo de la Corte y la "conversación entre iguales"

 

Publicado hoy en Clarín, acá: 

https://www.clarin.com/opinion/proposito-fallo-corte_0_KRG5rIaKQ.html

Frecuentemente, quienes concebimos al derecho como “una conversación entre iguales”, recibimos una pregunta que esconde también una crítica. La pregunta que se nos formula es de este tipo: “Qué significa esa noción tan abstracta y extraña, la de la conversación entre iguales?”. La crítica implícita en dicha pregunta viene a decir: “Y qué tiene que ver todo eso con nosotros, hoy, en la Argentina?”

Contra lo que tales cuestionamientos sugieren, sin embargo, lo cierto es que cotidianamente nos encontramos con ejemplos de lo que es, lo que no es, y lo que podría ser la “conversación entre iguales”. En la Argentina tuvimos un buen indicio de lo que podía ser ese diálogo entre todos, en los debates sobre el aborto del 2018, que se extendieron a calles, plazas y escuelas. En Chile está ocurriendo algo similar con el debate sobre la reforma constitucional, del que la ciudadanía se ha apropiado protagónicamente. 

Las distintas ramas de gobierno (las secciones políticas y el Poder Judicial) pueden y deben tener un papel central en la promoción del debate colectivo, que debe traducirse, también, en un trabajo cooperativo entre ellas. En nuestro país, políticos y jueces supieron articular atractivos “diálogos entre poderes” en casos excepcionales, como los relacionados con la política de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Perdieron, sin embargo, cruciales oportunidades de seguir “conversando” en otros casos de extraordinaria importancia. En estos tiempos difíciles, por ejemplo, políticos y jueces debieron haberse sentado juntos para pensar de qué modo combinar mejor las necesidades establecidas por la pandemia (hasta dónde llegar, por ejemplo, en la restricción de derechos constitucionales; o cómo proteger hoy, por caso, a grupos particulares -como el de los presos- que viven en condiciones de hacinamiento?) Sin embargo, nuestros funcionarios prefirieron atenerse a las pautas de un vínculo rígido y agonal, caracterizado por los celos, la sospecha y el reproche mutuo.

La propia Corte Suprema ha tenido -y perdido- grandes oportunidades para participar en ese diálogo compartido. Recientemente, y por ejemplo, ella tuvo la posibilidad de continuar la conversación constitucional en un caso tan actual e importante como el referido a los “traslados” de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte pudo intervenir, en este caso, de un modo más generoso, más transparente, y más solidario, involucrándose en la reflexión común sobre los límites de nuestras reglas de juego. Prefirió, en cambio, cuidar de ella misma, acusando al resto de no haberla entendido.

Resumo muy brevemente los hechos del caso: dos años atrás, el entonces Ministro de Justicia tomó una iniciativa plausible, destinada a evitar una (nueva) decisión contraria a derecho de su Ministerio, y presentó para ello una consulta a la Corte. El Ministro le pidió al tribunal que aclarara qué podía hacer y qué no, en relación con los “traslados de jueces” que se proponía realizar. A través de la hoy famosa Acordada 7, la Corte respondió a las inquietudes del Ministro. El problema surgió ahora, cuando el actual gobierno impugnó algunos de aquellos “traslados,” hechos -aparentemente- en conformidad con las pautas definidas por la Corte. Los jueces hoy cuestionados presentaron entonces su queja ante el máximo tribunal, recordándole lo que sus miembros habían ya dicho.

La Corte debió haber asumido la presentación de los jueces impugnados como lo que era: una gran invitación para continuar la conversación pública sobre cómo interpretar el contenido de las reglas de juego de nuestra democracia. Pudo hacerlo -debió hacerlo- desde el privilegiado lugar que ocupa, en tanto última conocedora de las quejas y demandas de quienes se sienten maltratados por el derecho. La Corte pudo habernos dicho, por ejemplo, “ya me pronuncié sobre aquello de lo que me están preguntando”. Inmediatamente luego, pudo haber agregado: “pero entiendo que estamos todos disconformes con la bien establecida práctica de los traslados judiciales, y que debemos ponerle límites.” Más todavía, la Corte pudo habernos sugerido “una manera posible, y ajustada a la Constitución, de lidiar con los traslados ya hechos, y algunas pautas acerca de cómo actuar a futuro.”

Sin embargo, decidida a modificar su antigua postura al respecto (por urgencias de la política, más que por exigencias del derecho) la Corte actuó de un modo completamente contrario al esperado. Nuestro principal tribunal decidió como si lo único que le interesara fuera dejar en claro su infalibilidad y consistencia; como si el problema fuera que todos los demás no supimos desencriptar su mensaje, ya sea porque hicimos entonces la pregunta equivocada, ya sea porque no entendemos la diferencia entre “sentencias” y “Acordadas”, ya sea porque no conocemos, realmente, cómo se interpreta la Constitución (como si uno sólo de los argumentos interpretativos ofrecidos por la Corte en su fallo fuera persuasivo, en lugar de una excusa para afirmar lo que no estaba en condiciones de afirmar).

Estas son, precisamente, las cuestiones a las que nos referimos cuando apelamos a la idea de “derecho como conversación entre iguales”. Es todo lo contrario a “apresurarse a salvar lo propio, a costa del resto.” Nos referimos al igual compromiso que tenemos, todos los ciudadanos y funcionarios, desde nuestros distintos lugares y responsabilidades, de reflexionar en conjunto sobre lo que dice nuestra Constitución. Nos referimos a la obligación mutua de ayudarnos, para resolver pacífica y cooperativamente los desacuerdos que hoy tenemos y que tornan difícil nuestra vida en común.

Académicos expresan su preocupación por la situación institucional en Perú

 https://ageofrevolutions.com/2020/11/10/scholars-of-peru-and-latin-america-express-their-concern-about-the-political-crisis-and-condemn-the-parliamentary-coup-in-peru/?fbclid=IwAR1A9rMRTtrbR7I2FbLDt7VU-DS-jr5AmCUk77c4T2SnRZJ-UMXB0PrHRvM

SCHOLARS OF PERU AND LATIN AMERICA EXPRESS THEIR CONCERN ABOUT THE POLITICAL CRISIS AND CONDEMN THE PARLIAMENTARY COUP IN PERU

Posted on November 10, 2020by Age of Revolutions

Reading time 6 minutes

Read the statement below and consider signing your name to it here.

We, the undersigned, scholars of Peru and Latin America, express our concern about the ongoing political crisis in Peru and publicly condemn the parliamentary coup orchestrated by the Peruvian Congress against President Martín Vizcarra.

The recently established de facto government of Manuel Merino lacks all lawfulness. He has taken power with the support of a Congress that lacks legitimacy and is mired in corruption scandals. Over half of the representatives who voted to remove Vizcarra are currently being investigated by the judiciary.

Since the 2016 General Election, political actors entrenched in Congress have pushed an agenda of destabilization focused on safeguarding their economic and political interests and transforming their status into immunity against multiple corruption charges. Now, five months before the General Election, they have launched a parliamentary coup. 

The Peruvian constitution grants the people, not the Congress, the right to elect the president. Congress can only remove a president in cases when certain specific conditions apply. Rumours, accusations, and ongoing judicial investigations are not included among those conditions. Thus, Congress has unlawfully removed president Vizcarra, in what is in effect a parliamentary coup and not an impeachment. 

We condemn the repression against organized civil society who have mobilized since the night of November 9th, using their constitutionally protected rights of dissent and protest. We believe that state repression against these protesters only reinforces the authoritarian nature of the congressional coup. 

We call on multinational organizations and the international community to examine the unlawfulness and illegitimacy of the measures conducted by the Peruvian Congress. In particular, we call for the Inter-American Commission on Human Rights to oversee that the right to protest is upheld, and for the Organization of American States to apply the standards of the Inter-American Democratic Charter.

Chile/ Dossier: La Crisis y el Estallido Social

 Dossier: La Crisis y el Estallido Social

1-37

El 18 de octubre chileno y algunas perspectivas latinoamerican

Gabriel Mora (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)

38-67

El derecho de la rebelión: soberanía, política y derecho en la revuelta de octubre

Fernando Quintana (Universidad Diego Portales)

Texto completo (Pdf)

68-95

Cambios socio-económicos y legitimación constitucional: camino hacia una nueva constitución en Chile

João Vitor Cardoso (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)

Discusiones: proceso constituyente en Chile

96-102

¡Nueva constitución o nada! Promesas y trampas del momento constitucional chileno

Lisa Hilbink (Universidad de Minnesota)

Texto completo (Pdf)

103-113

De la Constitución de 1980 a la Constitución democrática

Roberto Gargarella (Universidad Torcuato di Tella)

Texto completo (Pdf)

Articulos

(links a todos los textos se encuentran aquí: https://derechoycriticasocial.com/)

114-160

Sobre el Tribunal Constitucional en la doctrina tradicional (i): el conceptualismo constitucional

Fernando Atria (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)

161-215

Sobre el Tribunal Constitucional en la doctrina tradicional (ii): propuestas finales

Fernando Atria (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)

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Bernie Sanders felicitando a Biden

 

Del socialista Bernie Sanders, del mágico Vermont, a Joe Biden

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-07-20/h_4601df2e1970e24d6a85ab591e443b7d

La elección fue "acerca de si el país cree o no en la Constitución, el estado de derecho y la democracia". Ejem.

This election “was about whether or not we remain a country that believes in the Constitution, that believes in the rule of law and that believes in democracy,” 

El carácter importa, ser una buena persona importa

 

Poder Constituyente en una Comunidad de Iguales

Sobre el trabajo de Andrew Arato (y otros buenos amigues) en torno al Poder Constituyente

https://journals.openedition.org/revus/6436

Un fallo preocupante

 https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-fallo-preocupante-corte-tres-jueces-trasladados-nid2498887

La decisión de la Corte acerca de la situación de los tres jueces “trasladados” de sus cargos por el gobierno anterior (e impugnados en sus “traslados” por el presente gobierno) resulta, desde varios puntos de vista, sorprendente e inatractiva. Quisiera detenerme en lo que sigue en el examen de algunos de las perplejidades y los problemas que sugiere esa decisión.

Urgencia institucional. Ante todo, los argentinos hemos sido testigos, en estos días, de un espectáculo judicial preocupante. Todos entendimos, un mes atrás, que la Corte había sabido reconocer la extraordinaria importancia y urgencia de la discusión en juego. Por ello mismo es que ella había tomado el caso per saltum; y por ello también es que exigió que el Estado y el Procurador General se expresaran sobre el tema en un perentorio plazo de 48 horas. Desde entonces, sin embargo, la Corte demoró un mes en dar su respuesta, lo cual genera una primer perplejidad: Y el apuro? Era razonable esperar que el Procurador dictaminara sobre un caso complejo en 48 horas, pero no que la Corte hiciera lo mismo, dado el modo en que había calificado el caso? La decisión del caso genera una primera preocupación, entonces, y entre otros motivos, por sus foras y tiempos -en particular, por la demora del tribunal, y por las razones de la demora, que aparecen inaceptablemente atadas a cuestiones personales y políticas.

La política del caso. Resulta claro que, a través de su decisión, la Corte se desdijo de lo afirmado por ella en situaciones más que análogas -así, de lo dicho en la Acordada 4 y sobre todo la 7, del 2018, en donde la Corte dio por firmes los traslados que ahora considera enclenques. Aquí aparece la segunda preocupación que genera el caso, que se relaciona con el modo en que la política, antes que el derecho, parece explicar el contenido del fallo. Sobre el tema, aclararía que, por supuesto, derecho y política están íntimamente vinculados: el derecho pretende ser una reflexión, sujeta a reglas, que toma como punto de partida a la política. Así, los derechos -por ejemplo, el de libertad de expresión o el del debido proceso- no son objetos “descubiertos” en el firmamento -como si fueran planetas- sino productos humanos que “creamos”, a la luz de una historia política llena de censuras y persecuciones. Ahora bien, reconocer y defender la vinculación entre derecho y política no significa colapsar al primero en la política. Sin embargo, nos encontramos aquí con una Corte más interesada en “calcular” los costos políticos que podía pagar (y hacer pagar a otros actores institucionales), que en decidir conforme a la lógica propia del derecho, y en consistencia con sus propias decisiones (el voto del presidente de la Corte resultó, en tal sentido, discutible, pero al menos consistente con sus opiniones previas). Por ello, los vaivenes de la política, más que las reglas del derecho, parecen dar cuenta de la sustancia del caso.

La interpretación del derecho. Lo dicho nos lleva a un tercer aspecto del fallo de la Corte, vinculado con los malabarismos que debieron hacer sus miembros, en materia de interpretación jurídica, para negar lo que habían afirmado con mucha claridad apenas instantes atrás (Acordadas 4 y 7). La Corte sostuvo que dichas acordadas debían ser “interpretadas” dentro del sistema de fuentes del derecho argentino, y no aisladamente; y afirmó que los camaristas que impugnaban ahora sus traslados "ignoran la pirámide jurídica y las reglas de interpretación del Derecho, al considerar las acordadas de manera aislada". Lamentablemente, en materia interpretativa, nuestros tribunales -en todas sus instancias- realizan afirmaciones sorprendentes, que parecen darle la razón a quienes trivializan la interpretación del derecho, ya sea para hacer “cualunquismo jurídico” (“cualquier interpretación es posible”); ya sea para presentar la interpretación como una patología, antes que como una práctica recurrente, establecida y necesaria en el derecho. Afirmar, como acaba de afirmar la Corte, que su (cambio de) postura se debe a una interpretación “no-aislada” o “armónica” -lo sabemos- es muy similar a decir “cualquier interpretación es posible”. Con semejante regla interpretativa, no habría decisión que no sea susceptible de ser cambiada a voluntad: para cambiar una decisión anterior, bastaría con invocar la presencia de “un nuevo elemento” contextual, institucional, normativo a ser “integrado”, antes no considerado. Otra vez: nos debemos una larga conversación sobre estos manejos y desmanejos interpretativos.

Las reglas del juego democrático. El caso, según entiendo, debió haberse decidido tomando en cuenta criterios procedimentales (criterios que, en lo personal, sostengo hace más de 30 años, junto con una porción importante de la doctrina y la jurisprudencia). Tales criterios requieren a los jueces ser “deferentes” frente a la política, en materia sustantiva (i.e., ante a un plan económico, o un nuevo programa de salud), a la vez que extremadamente exigentes, frente a cualquier intento de la política por cambiar, a su favor, las reglas del juego. Lo que se exige, para este último tipo de casos (afectaciones a los procedimientos) es que la justicia examine con el escrutinio más estricto, cada decisión de un gobierno (no importa su orientación o ideología) orientada a (pongamos) cambiar el sistema electoral; o afectar el sistema de partidos; o modificar el funcionamiento de alguno de los poderes; o extender su mandato; o quitar (o remover, o trasladar) de su lugar algún juez, como en este caso. En cualquiera de tales circunstancias, la justicia debe “analizar con la más alta sospecha” o con “presunción de inconstitucionalidad” la medida del caso. Su conclusión, entonces, sólo merecerá cambiar (para validar lo hecho por la política), sólo si el gobierno de turno es capaz de mostrar que cuenta, para respaldar su iniciativa, con razones de peso extraordinario; que no tiene a su alcance mejores medios disponibles que aquellos por los que ha optado; y que no tiene la posibilidad de dilatar la medida. Desde esta perspectiva, deberá decirse, ni este gobierno ni los anteriores tenían buenas razones para justificar muchas de las medidas que tomaron y dejaron de tomar en el área de la justicia. Por ello mismo, la justicia debió haber dicho -en este caso como en otros similares, anteriores- que lo actuado por la política era impermisible. Se trata de movidas que ameritan “sospecha judicial” y “escrutinio estricto”, antes que deferencia hacia la política, en honor del respeto a las más básicas reglas del juego democrático.

 

 

 

Kicillof: "La operación fue exitosa y sin violencia"

https://www.pagina12.com.ar/303031-axel-kicillof-las-tomas-no-son-la-solucion

Mientras tanto, la guerra contra los pobres: a patadas y quemándoles lo poco que les quedaba

Represión cumpliendo estrictamente todos los protocolos

 https://www.lanacion.com.ar/politica/kicillof-desalojo-guernica-se-hizo-todos-cuidados-nid2493705

Vergüenza que dan

 

Amy Barrett y la política sin principios. Cuando la democracia de a poco muere

De lo que más me molesta e inquieta de la confirmación de Amy Barrett a la Corte de los Estados Unidos es la mentira y la inconsistencia como datos propios de la "nueva normalidad política" -la que nos lleva a todos, aquí y allá, a este desastre en el que estamos, y que reafirma el achicamiento, la degradación y la pérdida de sentido de nuestras democracias.

Cuando el Senado norteamericano rechazó la candidatura de Merrick Garland, ofrecida por el Presidente Obama el 16 de marzo de 2016, los senadores conservadores (en la voz del extremo M.McConnell) hicieron una moción de "principios": la "regla Biden", bautizada así en honor del expresidente del Comité Judicial y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que proponía posponer las nominaciones judiciales hasta después de las elecciones.

"Muy bien", pudo decir uno, apegado a la política de los principios. "Podemos atenernos a este principio, si va a funcionar igual para todos": "posterguemos la nominación" (aunque para las elecciones presidenciales -en noviembre- faltaban largos meses. "Nos atenemos a los principios, que para eso están" -podíamos decir.

Y sin embargo, lo de siempre. Una vez más. Ahora, que no faltan meses, sino una semana, para la elección, y posible cambio en la presidencia, se designa a una nueva jueza -Amy Barrett- para la más alta magistratura. Como si nada. Como si el principio antes invocado sirviera sólo para burlar ingenuos; como si las reglas iguales sólo tuvieran como objetivo acallar a los opositores ocasionales.

Así se juega, allá y acá. Lo que resulta -la política de "todo vale," "cualquier cosa", "da lo mismo"- no es gratuito: ha tenido y tendrá un costo altísimo en términos democráticos, pero no lo quieren ver, ni les interesa: sólo importa romper al enemigo.

VAMOS CHILE!

Mario Juliano

 Maestro, amigo!

La buena gente, finalmente, resulta vulnerable, y no resiste. Los cínicos, en cambio, tienen la piel dura, y viven por siempre. Cariños a la eternidad, amigo!

Rafecas: bien ahí

 https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-rafecas-candidato-procurador-propuesto-gobierno-si-nid2486107

El imperio de castigar

 

El libro más importante del constitucionalismo moderno

En la encuesta que organiza Richard Albert, de la U. de Texas, mi libro de la Sala de Máquinas (200 años de Constitucionalismo Latinoamericano) quedó entre los 16 mejores del constitucionalismo moderno. Un poco mucho? En todo caso, muy agradecido, y a seguir votando que esto no terminó! 

https://www.surveymonkey.com/r/VLJZGY3?fbclid=IwAR2JyrFNfWsjUhyHVB_D4a44TKcA8BcWZkwqtcgcnMTym5fWB7D_rSbORMs

Quino: Moriré siendo socialista

 Linda entrevista reproducida en SOCOMPA

http://socompa.info/entrevista/morire-siendo-socialista/

Sì

 

Glosas a Binder

 

(en respuesta a: https://www.pagina12.com.ar/296374-un-elefante-se-balanceaba-sobre-el-per-saltum)

El gran amigo Alberto Binder es hoy, tal vez, el único jurista que muestra la tranquilidad de espíritu y libertad ideológica suficientes como para decir lo que piensa sobre el oscuro entramado del mundo judicial argentino. Más allá de desacuerdos, este artículo que comento es una nueva muestra de lo dicho. Señalo primero mis coincidencias -casi plenas- y luego un par de desacuerdos relevantes

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Coincido con él en casi todo lo que dice. Ejemplos (Y SIGUEN ALGUNAS GLOSAS):

i)El problema que hoy nos preocupa tiene origen en la “técnica de manipulación de los nombramientos” que desarrolla el Consejo de la Magistratura, que provoca que los nombramientos de jueces tarden años, y que se produzcan entonces vacantes que son llenadas de manera precaria. BIEN ACÁ: EL CdM COMO PARTE CENTRAL DEL PROBLEMA

ii)Todo juez que resulta finalmente designado, luego de “pasar años de lobby y sufrimiento” queda “debiendo no sólo suficientes favores, sino que es correctamente domesticado.” EXCELENTE, Y DE ESTO SON RESPONSABLES TODOS LOS PARTIDOS (AQUÍ NO HAY BUENOS Y MALOS): EL INTERÉS ES, DESDE EL COMIENZO, CONTAR CON JUECES SOMETIDOS, DISCIPLINADOS

iii)Las vacancias que generan los atrasos en los nombramientos del CdM, son completadas por formas distintas de interinato, de la cual son “cómplices” una mayoría de jueces y asociaciones de jueces. PERFECTO: TODOS RESPONSABLES, Y EL INTERINATO/LA PRECARIEDAD NO COMO FALENCIA, SINO COMO OBJETIVO BUSCADO

iv)La institución de la “subrogancia” es una de esas irregularidades, que existe desde hace más de una década, y que resulta conveniente a los jueces, que de ese modo obtienen beneficiosos “suplementos” LO DICHO + LOS JUECES NO SON MERAS “VÍCTIMAS” DE LA POLÍTICA, SINO QUE SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PRIVILEGIOS ESTÁN SOBRE LA MESA, Y AYUDAN A EXPLICAR LA DINÁMICA, QUE SIN SU CONSENTIMIENTO NO FUNCIONARÍA

v)Las categorías de reemplazo que se ponen en práctica, muchas veces con el aval de la Corte (“el traslado horizontal, el traslado interjurisdiccional, el traslado vertical”), terminan por complicar el escenario. Se trata, finalmente, de “subterfugios para no decir lo elemental: no son admisibles los jueces interinos, mucho menos la asignación de jueces a dedo.” Por lo demás -agrega- “nadie es tonto, por suerte, y sabemos que esas elecciones son hechas, sin inocencia, dentro del sistema de manipulación de tan larga data y probada utilidad.” EXACTO, EL INTERINATO NO DEBE SER VISTO COMO UNA OPCIÓN EN PRINCIPIO PERMISIBLE (AUNQUE ESTO RESULTA CLARO, TAMBIÉN, EN EL DISCURSO DE LA CORTE, POR EJ. EN ACORDADA 7)

vi)Sobre el “per saltum” como “mamarracho”: “¿Puede utilizarse en un caso extremo? Si, verdaderamente extremo, muy grave, que ponga en peligro inminente la institucionalidad argentina.”DE ACUERDO, DE ACUERDO SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL, Y SOBRE EL PROBLEMA INSTITUCIONAL QUE TAMBIÉN GENERA, EN SU PRETENSIÓN DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA INSTITUCIONAL GRAVE

vii)Las demoras e indecisiones de la Cámara de Apelaciones -que dieron base de apoyo al “per saltum”, en este caso- también resultaron parte del problema: “esa Cámara, formada por tres miembros que deben deliberar, en lugar de sortear de inmediato a un verdadero “subrogante” por la excusación de uno de sus jueces, esperó a que los otros jueces votaran y recién cuando no se pusieron de acuerdo, tuvieron la necesidad de convocar a otro. Increíble. Cuando se conforma un tribunal colegiado -y esto debería aprenderlo también la Corte Suprema- es para que la totalidad de los miembros deliberen, discutan entre sí, con la esperanza de que la argumentación y contrargumentación permitan sopesar y construir una decisión de mayor calidad.” PAPELÓN GRAVE LO DE LA CÁMARA. ENOJOSO

viii)Se podría solucionar todo esto? Sí. En sus términos: “¿Se puede reparar todo esto? Claro que sí, usando las facultades que desde hace años tiene el Consejo para organizar de otro modo los concursos, para tener siempre una lista de jueces concursados para formar la terna. El tiempo normal para cubrir una vacante judicial no puede pasar de un mes o dos, si somos parsimoniosos; tenemos todas las herramientas legales e institucionales para hacerlo.”OK, CONFIEMOS

Puedo coincidir también en que: “la Corte podría haber esperado una semana y usar las vías normales.” SÍ. EL “PER SALTUM” NO ERA LA SALIDA “OBLIGATORIA”, NI LA MEJOR

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No coincido, en cambio, en un pequeño y central párrafo, que es éste: “Lo alarmante es que ha aparecido una nueva causal para conceder el per saltum: la sensación de gravedad institucional. ¿Quién la produce? Los medios masivos de comunicación, los escraches, el juego de alfilerazos de la chicana política, la ansiedad de la pandemia. Y como el sistema judicial argentino está por estallar, probablemente ¡dentro de un mes!, la Corte tome una decisión, quizás también sin deliberar.”

 Al respecto, diría que

No tenemos una “sensación de gravedad institucional,” sino que padecemos un estado de cosas de extrema gravedad institucional. Y así, en relación con las tres ramas de gobierno.

Rama Ejecutiva. Primero, amparado por su historia (sobre todo reciente), la crisis económica, y la emergencia impuesta por la pandemia, el gobierno se propuso, desde el primer instante (a partir de la delegación de poderes legislativos), decidir todo por decreto, incluyendo limitaciones de derechos constitucionales (i.e., que el Jefe de Gabinete tenga absoluta discrecionalidad en el manejo del presupuesto). Ello fue, en el primer instante, avalado por el púbico y (equivocadamente) por la academia, pero se mantuvo luego de ese “primer instante” y hasta hoy (ya sin el apoyo de casi ningún sector de la academia jurídica).

Rama Legislativa. Mucho peor que eso: la emergencia puso en crisis las formas de decisión parlamentaria y otra vez -equivocadamente, desde mi punto de vista- se perdió la oportunidad de apostar a los acuerdos democráticos, horizontales, y se “aprovechó la excusa” para fortalecer las posibilidades de la decisión discrecional, negando información sobre lo que se votaba; impidiendo y/o ridiculizando el debate parlamentario (“si total votan en contra” -se buscó justificar); o generando reglas caricaturescas para el funcionamiento parlamentario (que permitieron que se contara como presentes a los legisladores vinculados al Congreso de modo virtual, y como ausentes a los presentes en el recinto). Dichas fallas no nos refieren a cuestiones de “formalismos”, de “desprolijidades que siempre habrá,” de “minucias técnicas”, o de “pruritos burgueses”, sino a las bases mismas de la discusión democrática: los ciudadanos necesitamos saber todo, pero muy especialmente, cómo y a partir de qué razones se usan los recursos económicos (cada vez más escasos) y los poderes coercitivos (cada vez más crecientes) de que dispone el gobierno.

Rama Judicial. Mucho peor todavía: en el ámbito judicial, el gobierno, (sólo) en primer lugar, encaró una reforma elefantiásica, millonaria, innecesaria, discrecional (sin acuerdo democrático), y orientada en dirección contraria a la esperada de acuerdo a los nuevos criterios vigentes en el área (terminar de una vez con la etapa inquisitorial), como el propio Binder reconociera bien, en un artículo anterior publicado en La Nación ( https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469). Debe tratarse del único gobierno en el mundo que dispuso a una reforma semejante, tan improvisada, tan mal direccionada, y de semejante costo, en tiempos de pandemia y -mucho peor- en una situación de angustia desesperante de recursos (que llevaron a iniciativas tan arbitrarias como la irracional disputa de recursos a la Ciudad, de espaldas a las exigencias altísimas impuestas por la Constitución en la materia, y que incluyen mayorías de dos tercios, consentimiento de la provincia afectada, y la no reglamentación del Ejecutivo). Cómo entender entonces semejantes gastos, así, ahora? Entiendo que la motivación última es la impunidad (Binder piensa que va más allá de eso, y tal vez sí) pero, en todo caso, la desesperación que el gobierno muestra en la materia, lo ha llevado a arrasar la estantería judicial, en cada lugar y en cada rincón en donde advierte obstáculos frente a sus ansiedades de control hacia el futuro e impunidad hacia el propio pasado (procuración, traslados, nombramientos de jueces, OA, P.Tesoro).

Conclusión. Se impone, en ese contexto de faltas procedimentales, insistentes, graves, de nivel constitucional, y relacionadas con todas y cada una de las ramas de poder, que la Corte se pronuncie hablando “alto y claro.” El “per saltum” fue la vía que -según parece- eligió la Corte para hablar -pudo no hacerlo, pudo esperar un poco, pudo optar por otra vía- pero la cuestión de fondo es la siguiente. Necesitamos precisión y reaseguro sobre las reglas de juego, para terminar con el gigantesco “mamarracho” procedimental al que nos enfrentamos hoy, y asegurar lo que pide la Constitución, esto es, que el Ejecutivo no limite derechos constitucionales por decreto, ni tome el lugar de, ni imposibilite en los hechos, el debate democrático; que las decisiones legislativas se tomen a partir de los acuerdos democráticos y las mayorías calificadas (acuerdos supra-democráticos, como los necesarios para modificar la coparticipación) requeridas por el texto constitucional; y que el Poder Judicial no reemplace, sino que le deje en claro a la política cuáles son las reglas con las que debe jugar su partida.