La amable Gabriela Michetti sostuvo que era su convicción, y la de su partido, que "el espacio público no se negocia." Lo dijo al tiempo que ordenaban echar con violencia y palos a los cartoneros que acampaban cerca de las vías del ramal Mitre, en Belgrano (a las pocas horas desalojarían también a centenares de personas de los lugares miserables que habían ocupado, buscando un techo). Nuestro amigazo Rodríguez Larreta repetiría una idea similar, afirmando que "el espacio público no es negociable, es para todos. Cuando está tomado, no lo pueden usar todos. Ellos dicen que no hubo diálogo, pero se agotó el diálogo hasta el cansancio: hace quince días accedieron a irse, pero no cumplieron". Con argumentos contundentes demostró también lo equivocado que estaban quienes decían que el gobierno de la ciudad había actuado ilegal e ilegítimamente, sin orden judicial que amparase la violencia policial utilizada en los desalojos. Dijo entonces, de modo irrefutable, que no había "ninguna duda" de la legalidad del desalojo. Como mantuviera lúcidamente Gerardo Pisarello, en otro contexto: "Quien mendiga, quien se baña en una fuente o quien acampa en una plaza para reivindicar derechos que incumben a todos, se convierte en arquetipo del "ciudadano desviado", al que debe sancionarse de manera ejemplificadora. Quien especula, quien vende ocio, quien produce ruido o contamina visualmente, pero paga lo suficiente por ello, es en cambio discretamente tolerado, cuando no subvencionado o protegido, sin perder en ningún momento su condición de "ciudadano respetable".
Hola Roberto, en Bogotá la recuperación del espacio público ofreció debates muy similares, alguna vez escribí algo sobre eso
ResponderBorrarhttp://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/28/02%20Parra.pdf
resaltando que el tratamiento estigmatizante y represivo que se le ha dado a los vendedores ambulantes en algunas ciudades latinoamericanas responde a una concepción autoritaria de la ciudadanía que se fundamenta en el rechazo de la ciudadanía social, el impulso de virtudes cívicas descontextualizadas (republicanismo perfeccionista), impuestas coactivamente, funcionales a los sectores más poderosos de la economía, que estigmatizan la marginalidad y fomentan la exclusión. Como alternativa a lo anterior, se sostiene que para armonizar el interés en un desarrollo urbano cualificado con la necesidad de incluir a quienes han sido marginados, es posible acudir a un concepto de ciudadanía social diferenciada y participativa. Esta es una ciudadanía diferenciada en favor de sectores marginales, no por motivos de multiculturalidad sino en razón de situaciones de vulnerabilidad política, social y económica.
Es un tema complejo pero que vale la pena seguirlo dialogando, saludos
Gracias maestro. igual, un dia deberiamos discutir sobre estos diferentes conceptos de ciudadania. no porque estemos en desacuerdo sobre la concepcion que criticamos y la que podemos defender, sino porque no tengo en claro cual es el lugar que ocupa esa discusion en el conflicto. Los excluidos deben ser incluidos por cantidad de razones (la previa exclusion operada desde el estado, principio de igualdad, derechos constitucionales, presupuestos de la democracia, etc etc), y tal vez tambien porque la ciudadania merece pensarse de otro modo. pero no lo se. abrazo, la seguimos
ResponderBorrarSon dos cosas bien distintas.
ResponderBorrarLo del desalojo de Belgrano, fue un desalojo administrativo. Discutible o no en cuanto a su oportunidad, mérito, conveniencia, etc. Pero no fue ilegal. Salvo que amplíes el concepto de "ley" o "derecho", y ahí estaríamos hablando de otra cosa, más profunda. Yo soy un poquito positivista.
El de la casa tomada de Bolívar, fue con una orden judicial, librada luego de años de tramitado un proceso judicial. Y se les pagó 16.000 pesos a cada grupo familiar ocupante. Un subsidio, que de alguna manera les "indemnizó" el derecho al techo. ¿Considerás que el desalojo fue, a pesar de todo, ilegal?
Bueno ulrich, pero entonces quedan varias cosas para discutir. primero, que son dos cosas separadas: no creo, porque dos puntos en un plano forman una recta, y aqui tenemos dos puntos que nos indican una politica. Problemas en la ciudad hay miles, y problemas en el espacio publico tambien: contaminacion visual, auditiva, polucion, avance de las grandes cadenas sobre los negocios mas artesanales...todo mal!! Entonces, que en ese contexto el macrismo quiera definir estos puntos como marca de identidad -que es lo que ha hecho- me parece que es grave. En todo caso, la cuestion es que ambos hechos estan relacionados. Por otro lado, lo de belgrano se hizo sin orden judicial, y con violencia, sobre los sectores mas castigados de la ciudad. vergonzoso. Tercero, la "solucion" de los subsidios de una sola vez tambien es lamentable. Es algo asi como comprarles el silencio, porque el problema ni lo roza. Y claro, si yo estoy en esa situacion y me dan 10000 pesos los agarro, pero el techo me sigue faltando
ResponderBorrarNo salgo del asombro de la opinion de Daniel Sabsay (hoy publicada en Pagina 12 junto a la de otros juristas incluyendo a RG en referencia al casamiento de las parejas "gay" )
ResponderBorrar"En un sistema democrático lo que vale es el orden jurídico y no los valores religiosos o morales."
Si la mayoria de los argentinos dice que el casamiento gay va contra sus principios morales y religiosos, esa es la ley. Nada mas anti-argentino que el casamiento gay.
En un sistema democratico lo que vale son las desiciones de las mayorias, si la mayoria de los argentinos desaprueba el casamiento gay so be it.
esas entrevistas, de pagina o de cualquier diario, son lamentables. ayer, cuando me llamaron, les dije que accedia a la consulta solo si la podia poner por escrito. entonces, me pasaron las preguntas por mail, investigue un poco, las respondi. Luego, le dije al periodista que, como queria cuidar el sentido de lo dicho, que si pensaba recortar mucho de lo que yo habia escrito, me avisase. Finalmente, hoy publicaron absolutamente cualquier cosa. Es decir: trate de evitar el desastre, primero, poniendo mi respuesta por escrito. luego, y aun asi, mantuve la preocupacion, y les dije que por favor fueran cuidadosos con cualquier recorte, que me avisaran. Y nada. lo de siempre, hacen absolutamente cualquier cosa con lo que uno dice. No por mala fe, sino por apuro, desidia, no se por que
ResponderBorrarVolviendo al desalojo de Belgrano, yo no estoy seguro que haya sido legal. existirían argumentos que establecen que era necesaria la orden judicial. el artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos (en realidad un DNU de 1997) establece que a modo de excepción no será requisito la orden judicial si... "tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población". Este es el argumento que intentaron desde el ejecutivo. es decir, era mucho cartón, entonces es sumamente peligroso. mi punto es que los cartones no son bienes muebles peligrosos (ni insalubles ni inmorales), y de hecho, en mi casa tengo cantidades de fotocopias que nadie viene a incautarme... luego, hacía tiempo que esos cartones estaban ahí y nada sucedía (y además estaban mojados por las lluvias). al mismo tiempo, las excepciones deberían interpretarse de modo restrictivo.
ResponderBorrarcreo que el desalojo fue ilegal, por no contar con orden judicial (es decir, que los escuchen a los cartoneros, que tengan un defensor, etc). así fue más facil...
demian
ah, muy buen punto, gracias d.b.
ResponderBorrarDragon Ball, no hace falta una orden judicial porque es en la vía pública. Necesita orden judicial si hubiera un domicilio, o una propiedad privada, pero no en este caso.
ResponderBorrarEl argumento normativo no anda. No tengo la norma a mano, pero siempre se reconoció esta facultad, que es incluso de sentido común. Si una municipalidad tiene que pedir permiso a un juez para desbloquear una calle... bueno. No.
Guste o no, estemos o no de acuerdo, no se puede sustraer al gobierno de la ciudad (o a una municipalidad) esa atribución.
Lo de los cartones es un mal ejemplo. Porque si HABIA un incendio, todas las voces se habrían alzado (y creo que con mucha razón) contra el gobierno de la ciudad.
La discusión está en otro nivel, no en el de la legalidad positiva, sino en el constitucional y en el político.
pero por supuesto que se hubieran alzado todas las voces en caso de incendio. como merecen alzarse ahora, como merecian alzarse antes. porque la situacion de los cartoneros es un escandalo: en una ciudad con el nivel de recursos y,sobre todo, el nivel de exigencias legales existentes (basta leer la const de la ciudad), la situacion de los cartoneros -digamoslo claramente: familias con ninios recorriendo los barrios, revolviendo nuestra basura- es inaceptable. por eso hubiera sido justo quejarse en caso de incendio, como es justo quejarse hoy cuando se los remueve para que no haya incendios (digamos, si esa es la razon, mejor busquemos otra excusa). y como decia antes, enmarcado en un establecimiento de prioridades por parte de la ciudad, escalofriante (lo qe no dice nada en favor del gob nacional, que me tiene sin cuidado)
ResponderBorrarmuy buenos el post y los comentarios. ademas eso de "el espacio publico no se negocia" es un chiste(no se por que el macrismo usa estos eufemismos para no expresar lo que realmente piensa) tengo ganas de pedir una camara prestada y salir a recorrer la ciudad a ver como los bares no-negocian el espacio publico con sus mesas en la calle y demas. pero claro, seria "estar en contra del cambio"
ResponderBorrarEstimado Roberto
ResponderBorrarEl tema del espacio público tal como ha sido presentado en el post pone el dedo en la llaga. ¿qué razones tiene quien ocupa un lugar público -digamos una plaza o un monumeto público- para que el Estado tenga que tolerar dichas conductas?, ¿por qué algo que en principio ayudamos a mantener todos debe ser de uso exclusivo de unos pocos, que quiza hasta ni contribuyen con los impuestos necesarios para su mantenimiento?. Me imagino que esas preguntas han de ser las que se hacen los que opinan en el sentido de lo descrito en el post. Ese razonaiento es muy propio de los libertarios, y ya algo ha dicho Nozick al respecto. Sin embargo, creo que dicha postura aún se queda corta respecto de otros aspectos que son igual de relevantes que las razones opuestas. Éstas podrían ser por ejemplo: ¿qué hacemos con quienes en virtud al sistema legal imperante no pueden acceder a condiciones de vida dignas?, ¿que hacemos con quienes ven vulnerados permanentemente sus derechos al empleo y la vivienda?, ¿con quienes no cuentan con los medios ni los recursos para hacer escuhar sus puntos de vista?
Estas preguntas no admiten una resuesta tan indolente como el simple derecho de propiedad, o como en este caso como el simple argumento de los espacios de uso público. Preguntas como las anotadas invitan a un replanteo más amplio, y como es de esperarse, a una desmitificación de muchos de los conceptos hoy considerados "canónicos".
Un abrazo
si, deberiamos pensar mas sobre el tema. porque decir espacio publico supone la existencia de espacios no-publicos y-o privados, pero la pregunta es cuando un espacio empieza a ser privado, deja de ser compartido. cuando es, por ejemplo, que juan perez adquiere el derecho de reclamar para si un cierto pedazo de tierra donde antes habia un parque, o un baldio, o tierras fiscales. Si el espacio publico no se negocia, diganme primero por que es que quienes ocupan un sitio como propiedad privada tienen derecho a hacerlo. Yo camino por barcelona y veo casas bajas, edificaciones que no pasan las dos o tres plantas en areas importantes de la ciudad. Me pregunto porque aqui se han admitido edificios torre por toda la ciudad, afeandola, ensuciandola, poniendola en riesgo sanitario, contaminandola visualmente. Y luego me dicen que el espacio publico no se negocia? No se negocia, lo regalan directamente, o lo entregan a cambio de buenas recompensas privadas
ResponderBorrarCuanta recurrencia por parte de la gente PRO a incorporar conceptos derivados de la lógica mercantil de los Business. Tal vez sería interesante no discurrir en función de conceptos determinados por el mercado, ya que esto es muy PRO
ResponderBorrarPero más me preocupa pensar que el PRO ganó las elecciones porque los habitantes de la ciudad no piensan la administración pública desde los conceptos constitucionalidad, ciudadanía, etc, etc, sino en función de las relaciones de empleado/empleador.
es muy cierto lo del lenguaje mercantil. de todos modos, no me animaria a decir que ganaron las elecciones por esto o aquello, porque pasaron demasiadas cosas, como en cualquier eleccion, entre ellas el hastio con lo que habia
ResponderBorrarComo todo lo que viene tomando el PRO como base de acción durante su gestión, huele a la derecha más rancia. Porque la política complementaria con esta no es otra que tener congelados los fondos para las cooperativas de vivienda que existen en la Ciudad, destinadas justamente a satisfacer estos deficits.
ResponderBorrarEn cuanto al derecho, parece que tiene mucho y mejor para decir que lo que tienen los funcionarios cuya concepción del espacio público que en el mejor de los casos no es la de un espacio "para todos" por mas "de todos" que lo proclame.
Sin embargo, no creo que mucho tenga para hacer la justicia sobre este tipo de decisiones.
Como ultima y curiosa sería bueno saber que es lo que han hecho con los terrenos que el club cuyo presidente en funciones es jefe de gobierno de la Ciudad le llevo a la Ciudad.
está muy buena la discusión y creo que estos años de macrismo van a dar para que este sea el principal tema de debate en la ciudad. solo para completar lo anterior, ulrich, te paso la norma que regula la actuación administrativa.
ResponderBorrarArt 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/97 (”ley de procedimientos administrativos CABA”)
Articulo 12 - Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.
si quieren ver los fundamentos del macrismo, la res 308 MAyEPGC/08 se publicó en el BO de la ciudad el 26/2.
saludos
demian
que buenos aportes, gracias! aca les paso el link al pais de cataluña, en donde fue publicada la buena nota de gerardo pisarello que citaba en el post inicial. vale la pena,
ResponderBorrarhttp://www.elpais.com/articulo/cataluna/Discutir/civismo/ano/despues/elpepuespcat/20070201elpcat_9/Tes
por las dudas, va la nota completa:
ResponderBorrarHace poco más de un año, la lucha contra el incivismo y la inseguridad ciudadana ocupaba un lugar central entre las preocupaciones de las autoridades municipales de Barcelona. Esa preocupación se materializó en lo que se popularizó como la "ordenanza del civismo" ¿Qué balance puede extraerse hoy de su entrada en vigor?
La ordenanza convierte a los más vulnerables en cabezas de turco del malestar social general
A primera vista, la ordenanza ha servido para sosegar los ánimos de quienes consideraban que la ciudad se encontraba inmersa en una deriva caótica y que para aplacarla había que aplicar "mano dura" a los pequeños desórdenes urbanos. Poco importó que para hacerlo se estampara el sello del incivismo en conductas tan disímiles como el vandalismo, la mendicidad, el patinaje callejero o el trabajo sexual. O que en un alarde de firmeza se recurriera a sanciones draconianas y de discutida cobertura legal, totalmente desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.
Lo cierto es que el "populismo punitivo" se ha convertido en un recurso tentador que recluta partidarios no sólo entre las filas conservadoras sino también entre la izquierda institucional. Empeñada en despejar cualquier sospecha sobre su capacidad para garantizar la gobernabilidad y moverse con soltura al abordar un conflicto en términos policiales, una parte de esta última se ha sumado sin tapujos al discurso de ley y orden de sus adversarios, superándolos a veces en gestos y declaraciones de intenciones.
Pero se trata de una dureza retórica de limitada eficacia práctica, que con frecuencia ha servido para disimular la propia impotencia en otros campos, como el de las políticas sociales. El inventario provisional de la ordenanza lo refleja con claridad: indigentes sancionados con multas de hasta 3.000 euros, trabajadoras sexuales expuestas al estigma, la precariedad y la discrecionalidad policial, decenas de expresiones políticas, sociales y culturales no autorizadas en nombre de la "convivencia cívica". Y como corolario paradójico, un abrupto "botellón" en una ciudad que desconocía el fenómeno hasta la aprobación de la ordenanza.
En realidad, la efectividad de estas medidas es sobre todo simbólica. El estigma que se proyecta sobre los más vulnerables ahonda su marginación y los convierte en cabezas de turco del malestar social general. Pero contribuye, sobre todo, a silenciar las prácticas de quienes, por su mayor capacidad económica, gozan de un acceso privilegiado al espacio público. Quien mendiga, quien se baña en una fuente o quien acampa en una plaza para reivindicar derechos que incumben a todos, se convierte en arquetipo del "ciudadano desviado", al que debe sancionarse de manera ejemplificadora. Quien especula, quien vende ocio, quien produce ruido o contamina visualmente, pero paga lo suficiente por ello, es en cambio discretamente tolerado, cuando no subvencionado o protegido, sin perder en ningún momento su condición de "ciudadano respetable".
Sería injusto, en cualquier caso, atribuir a las autoridades barcelonesas la paternidad de este modelo que identifica la seguridad ciudadana con una cruzada punitiva contra las pequeñas ilegalidades, la marginalidad social o cierta disidencia política y cultural. Sus antecedentes se remontan al menos a las viejas Leyes de Vagos y Maleantes y guardan un estrecho parentesco con las políticas de "tolerancia cero" impulsadas por Rudolf Giuliani, en Nueva York, o por Nicolás Sarkozy.
Estas políticas siempre han sido objeto de contestación, sobre todo por parte de quienes las han considerado una amenaza para el pluralismo político, social y cultural. El potente movimiento por el derecho a una vivienda digna, en Barcelona, o los Hijos de Don Quijote, en París, son un expresión de ese fenómeno. De hecho, una de sus principales contribuciones al debate público es haber instalado algunas cuestiones de indudable alcance pedagógico. Una de ellas: subrayar el vínculo, con frecuencia silenciado, entre inseguridad, desintegración social y el proceso de privatización y segregación espacial que afecta a la mayoría de las ciudades europeas. Otra: recordar que si la vivienda, como la educación o la salud, es un auténtico derecho exigible, no cabe consentir su reducción a una simple mercancía o a una concesión discrecional, revocables por el poder político de turno. Una última: recordar que los derechos y la democratización del espacio público no son nunca regalos caídos del cielo. Se conquistan y defienden día a día, en las instituciones, pero también más allá de ellas.
Estas ideas suelen inquietar a los poderes fácticos. Sin embargo, están estrechamente ligadas a una concepción robusta y dinámica del principio democrático. No hay democracia sin ciudadanos activos dispuestos a entregar parte de su tiempo y energías tanto a la construcción y tutela de los propios derechos como a la interpelación de quienes tienen mayores responsabilidades políticas y económicas.
Si 2006 fue el año que instaló el debate sobre el civismo y la seguridad, 2007 será el de las alternativas a las lecturas simplistas y electoralistas de estos conceptos. Para que el discurso sobre el civismo no quede reducido a simple dispositivo punitivo dirigido a sancionar al débil y a absolver al más fuerte, es necesario asentarlo, más que en la vaporosa proclama del derecho a la seguridad, en la seguridad en los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de todos los habitantes. Esto supone aceptar lo obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los propios derechos, sin garantías frente a la arbitrariedad pública y privada y, sobre todo, sin que el más mínimo acto de atropello contra los más vulnerables sea considerado una ofensa anticipada al conjunto de la sociedad. Ni más ni menos.
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y Gerardo Pisarello es vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El hastío como argumento creo que tiende a desresponsabilizar. Con esta propuesta de hastío se podría justificar, pienso como posibilidad, el menemismo. La consecuencia inmediata del hastío: que nadie se haga cargo de las acciones individuales.
ResponderBorrarProducto del hastío, también fue la famosa frase “que se vayan todos” es un todo que es igual a nada. El uso de la razón permite discernir, sería apropiado para estos tiempos aceitarla e evitar el justificar por el hastío.
No negocian con el espacio público por varias razones: 1) ni siquiera quieren discutirlo, por eso no hay acuerdo posible;
ResponderBorrar2) identidades de derecha, apasionadas por lo des-igual, dificilmente ven positivamente el espacio público, única dimensión en donde pueden construirse lazos de igualdad -es eso la politica- entre quienes librados al juego asimetrico de lo social o sufren su desigualdad o quieren perpetuarla en su beneficio.
3) Lo que hacían los cartoneros era manifestar su desacuerdo, volviéndolo visible en una zona determinada de Buenos Aires. Su condición de pobres hace que no dispongan de muchas alternativas para sortear la invisibilidad, como sí tienen otras corporaciones o ciudadanos, tales como espacios pagos en televisión, publicidad en clubes y estadios de fútbol, solicitadas en la prensa, oficinas de prensa y difusión ministeriales, etc. Esta asimetría de posibilidades se convierte en los hechos en una diferencia de libertades y por esa razón, dice bien Gargarella, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos –dos tribunales observados desde aquí- se mostraron siempre preocupados por establecer el principio de equidad en el acceso al espacio público, particularmente cuando es utilizado como multiplicador de un mensaje de carácter colectivo.
El Gobierno de la Ciudad lee otra bibliografía. Y su mensaje, el mensaje del poder –invariable desde el comienzo mismo de la humanidad- es que sus acciones son en cuidado y beneficio de sus destinatarios. Aunque para hacerles el bien, en ocasiones haya que recorrer un sinuoso camino de despojos, castigos y confiscaciones saliéndose él mismo del orden de la legalidad.
Por último, no negocian el espacio público porque nadie puede negociar con lo que no tiene. Y el espacio público es inapropiable, especialmente para el Estado y el mercado.
Si acaso fuera "negociable", como las mercancías", entonces el PRO tendría que explicar por qué permite la invasión del espacio público con marquesinas horripilantes, por qué no obliga a las empresas de medios a "enterrar" el cableado que utilizan para sus servicios, por qué es impasible al estacionamiento en doble fila de las neomenemistas 4x4, por qué abandonan la salud pública como lo hacen (una invitación ´para algun M. Moore local).
Cuando escucho a la derecha hablar de espacio público, me pongo un casco.
Daniela, dije lo del hastio para "cubrirte" en el comentario, que me parece que se quedaba muy corto. Vos decias: "el PRO ganó las elecciones porque los habitantes de la ciudad no piensan la administración pública desde los conceptos constitucionalidad, ciudadanía." Si mi tia Eulalia hubiese votado a macri (no tengo una tia que se llama eulalia, ni ningun pariente cercano que viva en la capital, o que sea pro macri), seguro que no era por tener un mal concepto de constitucionalidad o de ciudadania. Eso es incomprobable. Yo, por ejemplo, no se cual es el buen concepto de ciudadania. Se lo que me gustaria que hagan muchos ciudadanos. Finalmente, esto nos remite a un problema del que hablamos otras veces: la "tossquedad" del voto como herramienta participativa, porque no solo no es dialogo, sino que convierte al deseable intercambio de razones en un mero intercambio de piedrazos a favor de uno u otro (las "piedras de papel" de las que hablaban los viejos socialistas). Algunos votaron a macri por x, otros por y, otros por z, otros por x pero no por y, otros por z pero no por x, otros por x e y pero nunca por z. Ese es el sistema participativo que tenemos
ResponderBorrarroberto, gracias por la aclaración
ResponderBorrarestimado roberto gargarella:
ResponderBorraracabo de leer su comentario acerca de la nota sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, publicada en página/12. yo fui el autor de la nota central, no así del recuadro donde sale su opinión y la de otros juristas, que como podrá ver en la edición digital del diario, la firma otro periodista, esteban vera.
sin embargo, leyendo su comentario, me gustaría conocer qué fue lo que usted realmente dijo, ya que yo fui el responsable de la nota central.
le dejo mi correo: bbimbi@ciudad.com.ar.
saludos,
bruno bimbi
Aprovecho la ocasión para contestarle a Rex.
ResponderBorrarDice Rex: "Si la mayoria de los argentinos dice que el casamiento gay va contra sus principios morales y religiosos, esa es la ley. Nada mas anti-argentino que el casamiento gay. // En un sistema democratico lo que vale son las desiciones de las mayorias, si la mayoria de los argentinos desaprueba el casamiento gay so be it."
1) No es verdad que "la mayoría de los argentinos" diga que el matrimonio gay vaya en contra "de sus principios morales y religiosos". En todo caso, la Iglesia Católica dice eso, pero eso no significa que lo piensen "la mayoría de los argentinos". De hecho, aquí como en el mundo, inclusive la mayoría de los católicos suele manifestarse, según diversas encuestas, en contra de muchas de las posiciones más reaccionarias y anti-derechos de esa iglesia.
2) El año pasado, luego de que María Rachid y Claudia Castro presentaran el recurso de amparo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden a las parejas formadas por personas del mismo sexo ejercer el derecho al matrimonio, la consultora Analogías realizó una encuesta. El universo abarcado fue Capital y Gran Buenos Aires, pero los resultados son tan contundentes que, al menos, podemos tomarlos como un dato un poco más sólido que la especulación desinformada de Rex acerca que lo que piensan los demás: según la encuesta de Analogías, el 73% contestó que estaba a favor del reclamo. En España, cuando se debatió la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica también decía que la mayoría de los españoles estaban en contra, pero dos encuestas nacionales, del CIS y de Gallup, dos de las encuestadoras más prestigiosas, demostraron que el apoyo al proyecto era superior al 60%.
3) Supongamos que eso no fuera así y que, como supone Rex, la mayoría estuviera en contra. Supongamos ahora que la mayoría estuviera en contra del voto femenino. Supongamos ahora que la mayoría pensara que los negros no deben tener derecho a entrar a los mismos bares que los blancos, ni a ingresar a la universidad. Supongamos que la mayoría estuviera a favor de mandar a los judíos a campos de concentración.
Ahora miremos la historia del siglo XX. No hace falta ir más atrás. Y pensemos de nuevo: ¿los derechos humanos de las minorías deben estar subordinados a la aprobación de las mayorías?
3) ¿Anti argentino? ¿Por qué los derechos civiles de dos personas que se aman y quieren casarse puede ser "anti argentino"? ¿Qué es para vos, Rex, la argentinidad? No me vas a venir con un discurso de Jorge Rafael Videla sobre el ser nacional... ¿no?
4) ¿En qué te afecta, en qué te perjudica, por qué te molesta, qué tanto te incomoda, cuál es tu problema conque dos personas que se aman puedan casarse?