Derecho and retenciones

La actual tensión entre el gobierno y los representantes del “campo” puede pensarse desde múltiples perspectivas, y aquí me interesaría concentrarme sólo en una de ellas -una, curiosamente, poco transitada- cual es la perspectiva jurídica. Resulta particularmente extraño que este enfoque no reciba mayor atención, dado que, sin dudas, es uno de los más importantes de los que están en juego. Esa virtual ausencia, sugeriría, es bastante reveladora de por sí. En todo caso, preferiré concentrar mi atención en unos pocos puntos jurídicos que en definitiva, y según entiendo, muestran por qué el gobierno está transitando por un camino equivocado.

El primer punto que quisiera examinar tiene que ver con la posibilidad de regular judicial y constitucionalmente el nivel de las retenciones establecidas por el poder político. Según entiendo, aquí la razón está más cerca de las pretensiones del gobierno. Es decir, entiendo que, contra lo que dijeran el Juez Peckham en “Lochner v. New York,” o nuestro Juez Bermejo durante el período en que presidiera la Suprema Corte nacional, la Constitución no debe interpretarse como prohibiendo planes económicos ya sea más favorables al libre mercado, ya sea más favorables a una fuerte regulación estatal de la economía. Como sostuviera en “Lochner” el famoso juez Holmes, no hay ninguna razón para leer a la Constitución como comprometida con el programa económico de Herbert Spencer. En sintonía con dicho criterio, entiendo que es un error querer ver a la Constitución como prohibiendo (por expropiatorio) un nivel alto de impuestos o retenciones (así como una mayoría no ve un problema constitucional en que los trabajadores no reciban los salarios que “realmente se merecen por todo lo que trabajan”). Cuál es el nivel de impuestos adecuado o justo dentro de nuestra comunidad es una cuestión que debe definirse política y no judicialmente. Por ello mismo, podría decirse, la cuestión examinada hasta aquí se complica al menos en dos aspectos adicionales.

En primer lugar, como el problema bajo análisis es y debe considerarse político, resulta absolutamente indispensable que todos los afectados por esta política, y especialmente los que están más en desacuerdo con ella, tengan la más amplia posibilidad de expresar sus quejas y puntos de vista críticos públicamente. Ello requiere de todos nuestros funcionarios públicos, pero muy sobre todo los miembros de la justicia, se asuman en un alerta permanente destinado a impedir cualquier medida que venga a socavar, amedrentar o limitar las expresiones y manifestaciones de queja llevadas a cabo por quienes son más críticos de las iniciativas económicas del caso. Contra lo que ya han querido hacer algunos jueces, la misión del poder judicial en este respecto, es el de custodiar, antes que la de tornar más difícil la expresión de las quejas colectivas.

En segundo lugar, y por las mismas razones, el gobierno no puede fijar el nivel de las retenciones a través de un mero acto administrativo, o por un mero decreto: su obligación constitucional inequívoca es decidir sobre estas cruciales y socialmente divisivas medidas económicas a través de una ley adoptada por el Congreso. La Constitución es terminante en este sentido, y ninguna interpretación sensata de la misma puede contemplar una alternativa a dicho camino, que venga a debilitar la exigencia constitucional. La Constitución no pide que tales medidas económicas sean decididas por el Congreso por una mera vocación de demorar la toma de decisiones: ella advierte que es justamente en estos casos, cuando lo que está en juego son medidas susceptibles de generar desaveniencias sociales profundas, que la discusión no debe decidirse a través la voluntad arbitraria de nadie. Tales casos exigen, más que ningún otro, que quienes quieren defender un determinado punto de vista se animen a argumentar públicamente, frente a todos los demás, y que quienes están en contra de esas mismas medidas pueden decir, también en público, por qué razones se les oponen. Cuando se elude este proceso, lo que ocurre es que -como acaba de ocurrir en nuestro país- medidas, tal vez justas, tal vez bien animadas, tal vez defendibles en público, aparecen como el resultado de la imposición sectaria y por tanto injustificada, de un sector sobre los demás.

A la Constitución no le bastan las buenas intenciones del poder, ni las convicciones íntimas de certeza por parte de quien toman una decisión pública o se oponen a ella. La Constitución exige a quienes disputan en torno a una medida pública que transparenten las razones de sus actos, que no distorsionen u oculten información (sustantiva y estadísitca) relevante acerca de lo que hacen o piden que se haga, que se animen a poner públicamente a prueba el atractivo y la veracidad de sus dichos, y que sean capaces de persuadir a los demás acerca del valor de las iniciativas que reclaman. Lo peor que nos puede ocurrir en tales situaciones es que -ofendiendo directamente a nuestro derecho- ninguno de los sectores en conflicto encuentre ya conveniente utilizar los mecanismos legales exigidos, porque se han acostumbrado a la práctica de imponer sus decisiones al resto por vías ajenas a la Constitución.