El enojo del Dr. Righi (con Delgado, contra Righi)

Aunque ya muchos están enterados del tema, insisto con la noticia, y la comento para quienes no se enteraron. Esteban Righi, procurador general de la nación, decidió efectuar un “severo llamado de atención” al fiscal José Federico Delgado, en una causa relacionada con la ocupación, por parte de familias indigentes, de un inmueble estatal en el ex ferrocarril belgrano.

El fiscal pudo expedirse en la causa en tres oportunidades, en donde dejó en claro que desestimaba la denuncia contra los ocupantes, diciendo varias de las cosas que desde aquí le hubiéramos aconsejado decir: que no puede “encargarse al poder judicial que solucione con la prisión la pobreza extrema” (porque, agregó, “si hay que desalojar el predio…el destino de quienes ocupan porque no tienen donde vivir es la prisión”); que “el sistema judicial penal…no es lugar propicio para resolver…la problemática de un grupo de personas que no tiene donde vivir;” que los imputados no contaban con las “condiciones básicas para vivir;” que no tenía sentido “reprimir a un grupo de personas que carece de medios para vivir, con el irónico propósito de protegerlos del ‘peligro’ derivado de la ocupación;” que “si algún ‘cambio social’ es prioritario en la actualidad (ése es el relacionado con) dar trabajo, porque sólo quienes trabajan pueden resolver (las cuestiones necesarias para asegurar la existencia);” que “la intervención represiva contra estas personas no haría otra cosa que agregar violencia al conflicto y alzar su propia cuota de irracionalidad…en cuanto no puede culparse de la vulnerabilidad desde el momento en que ella es producto del mismo sistema.”

Como conclusión de su análisis, el fiscal propuso “garantir derechos en lugar de reprochar la situación de estas personas.” Por otro lado, el fiscal decidió impulsar una acción contra las autoridades ejecutivas del gobierno de la ciudad que desobedecieron las órdenes que se le habían impartido tanto desde la fiscalía como desde el juzgado interviniente, para que tomaran cartas en el asunto y dieran solución al conflicto.

Lo hecho por el fiscal era consistente con lo que, desde este blog, pedimos insistentemente: no intentar resolver los problemas de la violencia con más violencia; no dar una respuesta penal a los problemas sociales; forzar a las autoridades políticas a intervenir en asuntos que involucren violaciones básicas de derechos sociales; garantizar derechos en lugar de optar por el reproche estatal; bloquear el uso de la coerción, contradiciendo el que es hoy el primer impulso de la justicia local.

Y qué respuesta obtuvo el fiscal? El aliento público? El respaldo estatal? La felicitación de sus pares? No, todo lo contrario El director ejecutivo del ONABE (organismo nacional de administración de bienes), presentó una denuncia en su contra; la Sala II de la Cámara Federal declaró la nulidad de los tres dictámenes de Delgado, y asimismo la resolución desestimatoria del juez federal interviniente, diciendo que tales decisiones no contaban con basamento normativo alguno. Peor todavía, las actuaciones del caso fueron remitidas a un “consejo evaluador” que sugirió la imposición de una “enérgica sanción disciplinaria.” Y eso es lo que hizo Righi, que consideró “grotesca” la actuación del fiscal, y le impuso el “severo llamado de atención citado.”

Para Righi, “la cuestionada actuación del referido fiscal federal no fue más que un intento de emplear sus facultades para llevar a cabo políticas sociales en el marco de un proceso penal donde, en verdad, correspondía, al menos, investigar los hechos denunciados.”

Desde aquí, enviamos por vía rápida un abucheo universal para el procurador y su “consejo evaluador” amigo.