Después de una breve y grata estadía, pego la vuelta y me voy de Chile agradecido. Mientras, me encuentro con dos noticias tremendísimas.
1) Por un lado, un centenar de miembros de ANDHA Asociación Nacional de Deudores Habitacionales acaba de ser desalojado por la fuerza de la ribera del Río Mapocho, aquí en Santiago de Chile, en donde habían acampado con el fin de protestar por la situación extrema que los aqueja. En el blog de la agrupación, los miembros de ANDHA denuncian la situación a que los bancos privados han llevado a cientos de miles de familias en situación radicalmente desaventajada. Allí se dice que:
“Las familias vulnerables para las que pedimos la condonación total son cerca de 100 mil en todo Chile.
El ofrecimiento del gobierno es co-pagar el 50% de dividendo a cambio que los deudores vulnerables del programa PET (D.S Nº 235) paguen el otro 50%. Los deudores rechazamos esta solución porque:
- nos sigue dejando en manos de la banca.
- nada nos garantiza que tengamos trabajo para seguir pagando
- ya hemos pagado más del valor de nuestras casas
- todas las familias vulnerables en Chile tiene derecho a casas sin deuda
- queremos una solución para todos los decretos de viviendas sociales"
Frente a prueba en contrario, reivindicación del grupo y sus reclamos, repudio a los carabineros como brazo armado de un Estado que toma partido contra los que están peor, una vez más, una vez más
2) Por otro lado, la Contraloría General de la República dictaminó la prohibición a los municipios de cualquier acción que implique entregar la píldora del día después, "ni aun a costo municipal o mediante cobro al usuario". La medida -sostuvo la Contraloría- también deberá ser aplicada por los "entes públicos o privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud", incluyendo a ONG y clínicas.
La Controlaría emitió este dictamen luego de que grupos pro vida le demandaran un dictamen al respecto, pidiéndole que definiera los alcances jurídicos del fallo emitido poco tiempo atrás por el Tribunal Constitucional (oportunidad en que éste considerara "una vulneración a la Carta Suprema la realización por parte de entes integrantes de la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de acciones que impliquen la utilización del fármaco levonorgestrel y el método combinado Yuzpe". Tremendoooooo. Nos siguen pegando abajo.
Y quiénes pagarían el 50% restante de los créditos si no lo hacen sus deudores? Si se debe hacer cargo el banco, supongo que lo pagarían los depositantes. Si el Estado, lo harán los contribuyentes.
ResponderBorrarNo me parece mal una refinanciación razonable (habría que leer los términos), para que los deudores, del modo que puedan, se hagan cargo de su deuda. Es una medida muy igualitaria que, así como la clase media honra sus hipotecas, la clase baja refinancie sus propios créditos para vivienda social.
Respecto del dictamen de la Contraloría -y también del Tribunal Constitucional- lo más indignante (dentro de la propia lógica del "razonamiento" utilizado por esos órganos) es que la prohibición sólo se extiende a los servicios públicos, pero las farmacias pueden distribuir el fármaco. O sea, si tienes plata puedes comprar la píldora del día después. Típico de Chile.
ResponderBorrarSaludos desde Chile y felicitaciones para Roberto y Lucas por el trabajo titánico de mantener el blog (que siempre leo).
Luis Villavicencio.
Que pasó con la concepcion personalista de la persona y la defensa de la dignidad humana propia del constitucionalismo????
ResponderBorrarQue contradicción!
¿Ideologia o Constitución?
¿Progresismo o vida humana?