Estupefacientes/ "Arriola"

Unos comentarios al fallo "Arriola," sobre consumo de estupefacientes, que publico hoy en el suplemento cultural Ñ


La reciente sentencia de la Corte Suprema en el caso “Arriola” implica dejar de lado la jurisprudencia dominante en los años de Carlos Menem (caso “Montalvo”), y a la vez retomar (en parte) la más vieja, interesante y robusta postura vigente en los años de Raúl Alfonsín (caso “Bazterrica”): desde ahora, la tenencia personal de dosis mínimas de marihuana para consumo personal no puede ser penalizada. Son muchas las reflexiones (jurídicas y no-directamente-jurídicas) generadas por el fallo, y aquí van algunas de ellas.

1) Es muy importante recordar que la represiva posición hasta ahora vigente en la materia no había implicado el fin del consumo de estupefacientes. Por el contrario, aquella visión persecutoria sobre el consumo personal vino de la mano de un incremento –y no de una baja- en los índices de consumo y tráfico de estupefacientes. Es decir, no hay razones para pensar que un fallo judicial en la materia vaya a ser capaz de torcer la historia política-policial de nuestra comunidad, hacia un lado u otro. La legalidad represiva no amilanó en absoluto a los narcotraficantes, y los actuales aires de tolerancia judicial tampoco van a desatar el festejo de aquellos. El punto, en todo caso, nos llama la atención sobre cuestiones de interés: Qué condiciones –si algunas- hacen que un fallo judicial gane adhesión colectiva? Es capaz una decisión judicial de transformar nuestra cultura legal?

2) La reciente decisión es “tardía” y “estrecha,” y ambos aspectos –que paso a explicar- resultan cuestionables. Por un lado, y como sabemos, la justicia demoró muchos años en tomar una decisión como la que ahora, finalmente, aceptó tomar. Y si la Corte decidió retrasarse tanto ello fue porque estaba muy (demasiado) pendiente de la política y las reacciones públicas posibles ante su inminente sentencia. Cada crítica que aparecía, anticipando su fallo, era respondida por la Corte con una nueva demora, tratando de escaparse del “ojo de la tormenta” de un eventual rebrote de impopularidad. Dicha actitud resulta en parte comprensible, frente a una década menemista de justicia impopular, irresponsable, dependiente y reaccionaria. Contra dicho pasado, la Corte actual hace un enorme y valioso esfuerzo por recuperar credibilidad y legitimidad. Sin embargo, también corresponde decirles a sus miembros que las cuestiones vinculadas con derechos básicos no pueden quedar sujetas a dilatorios cálculos oportunistas. La protección de derechos no puede resultar tan excesivamente pendiente de una coyuntura cambiante. Junto a lo dicho, agregaría que la decisión finalmente adoptada resulta especialmente “estrecha”. El caso actual (“Arriola”) fue escogido hace pocas semanas ya que, hasta entonces, el tribunal tenía bajo estudio un conflicto en torno a los estupefacientes diferente y más complejo. El cambio por “Arriola” se produjo porque este caso no le exigía pronunciarse sobre cuestiones especialmente dramáticas: se trataba de una situación relativamente fácil de resolver, ya que las cantidades de estupefacientes que llevaban los jóvenes detenidos eran insignificantes desde todo punto de vista, por lo cual criminalizarlos resultaba una decisión a todas luces irracional, para casi cualquiera. En síntesis, el caso decidido es demasiado limitado, por lo que no queda claro qué es lo que podrán decir otros jueces respetuosos de lo sostenido por la Corte, en casos mínimamente más complejos o difíciles que éste.

3) Una resultante de la “estrategia de elusión” adoptada por la Corte es su gravísima indefinición sobre el tema más importante sobre el cual el caso le exigía pronunciarse: el significado de la idea de “daño a terceros.” En su pronunciamiento, el tribunal sostuvo que “la conducta no punible sólo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero." Pues muy bien, podríamos decirles a los magistrados, la frase suena bonita en su obviedad, ya que hace poco más que repetir lo que nuestra propia Constitución señala de modo explícito. Ahora bien, lo que los jueces deberían haber hecho es justamente aquello que aquí dejaron de hacer, esto es, decirnos en qué circunstancias lo que yo hago (por ejemplo, fumar un cigarrillo de marihuana) resulta un acto propio de mi protegida esfera de la moral privada, y cuándo es que dicho acto se convierte en un acto dañoso para los demás. El resultado con el que nos quedamos es todavía más preocupante, a la luz de las numerosas declaraciones públicas efectuadas por los miembros del tribunal, antes de dar a conocer el fallo (Eugenio Zaffaroni, por caso, dijo que si fumábamos en un parque a las tres de la mañana el acto era privado, pero que si lo hacíamos durante el día y con un cartel publicitando nuestro consumo –sic- el acto ya no lo era, lo cual es equivocado porque la idea de privacidad no depende de la visibilidad o no del acto: los abusos del violador de Austria eran hechos en un subsuelo, y bajo siete llaves, pero no por eso dejaban de ser actos de relevancia pública que debían ser perseguidos).

4) La Corte reafirma el valor de la autonomía personal; condena al Estado que quiere imponerle a los individuos modelos de virtud personal; y –gracias a la positiva influencia del juez Zaffaroni- deja en claro el disvalor de recurrir al aparato punitivo penal para lidiar –real o ilusoriamente- con el hecho de que algunos sujetos descuiden su propia salud. En tales casos, no hay herramienta más torpe, brutal e inútil que la del derecho penal, para responder a casos como el aquí planteado. Estos aspectos del fallo, a pesar de la palidez con que aparecen en el mismo, son importantes, y reafirman el valor –fundamentalmente simbólico- de esta liberal decisión.

5) Quienes defendemos el derecho de cada persona a decidir libremente sobre el modo en que quiere vivir, tenemos razones para celebrar la (modesta) decisión tomada por la Corte en el caso aquí bajo examen. Ello, porque defendemos la autonomía individual y la neutralidad del Estado, frente a la alternativa de un perfeccionismo moral impuesto desde el aparato coercitivo estatal. Por ello mismo, sin embargo, nuestra demanda no puede quedarse aquí. Porque defendemos la neutralidad estatal debemos ser mucho más críticos frente a las reglas vigentes en materia política y económica (las reglas hoy vigentes de un sistema políticamente híper-presidencialista y económicamente híper-capitalista). Tales objetables reglas hoy contribuyen de modo decisivo a moldear ciudadanos alejados de la vida pública, y empujados a interesarse sólo o fundamentalmente de sus propios asuntos.