Chile

Concentración y hegemonía discursiva de los medios de comunicación en Chile



Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano / Red de Medios de los Pueblos.

La falta de pluralidad y diversidad en la propiedad de los medios de comunicación es también una forma de censura que orada las bases de la democracia, pues perpetúa la exclusión que enfrentan bastos sectores de la población para hacer escuchar su voz y para que sean atendidas sus demandas, además de limitar el derecho a la información que debe ser garantizado a todos los pueblos.

Por eso la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha definido como uno de los cinco problemas urgentes y transversales a ser resueltos en nuestra América Latina, el limitar la hegemonía discursiva y el control de la agenda informativa que generan los distintos monopolios y oligopolios en la región, así como promover el acceso de nuevos actores sociales a la propiedad de los medios de comunicación.

El caso de Chile es paradigmático en este sentido. Pues no solo exhibe uno de los mayores índices de concentración de empresas que lucran con medios de comunicación, sino también, en momentos en que en la región se dan pasos agigantados para propiciar cambios legislativos que democraticen las comunicaciones, se alientan proyectos de ley que se negocian a espaldas de la ciudadanía, contra sus intereses, sin cautelar el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, como se hizo en Argentina, ni un tercio del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, como acontece en todos aquellos países donde estas aspiraciones ya son ley.

Espectro que, se debe destacar, constituye un bien de uso público que les pertenece a todos los chilenos y chilenas, y que hoy es administrado, licenciado y entregado a los capitales económicos y políticos dominantes. Pese a que, hace casi una década, se instituyó como principio para garantizar la libertad de expresión que “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las mismas.”[1]

Tampoco existen fondos estatales efectivos, o de otro tipo, que fomenten el surgimiento de nuevos medios de comunicación escritos, radiales, televisivos o de internet, y se niega la posibilidad de acceder a publicidad a las radios comunitarias. La distribución a nivel nacional de medios impresos está en manos del Estado (Vía Directa, La Nación) y los dos consorcios que monopolizan el 95% de la prensa escrita (Mercurio S.A.P. y Copesa S.A), lo que es otra forma de control y una limitación a la distribución de medios alternativos[2]. Y en los últimos años se ha desatado una preocupante persecución y cierre de radios y televisoras de carácter local o comunitario.

El control de la propiedad de los medios



En materia de prensa escrita, por ejemplo, son dos los consorcios periodísticos que concentran cinco de los seis diarios de circulación nacional: Mercurio S.A.P. (El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias) y Copesa S.A. (La Tercera, La Cuarta). La Nación, el sexto de estos medios, pertenece al Estado. Existen además dos diarios de distribución gratuita, pero cuyo alcance se restringe solo a algunas regiones del país, Publimetro y La Hora, este último, también de propiedad de uno de los monopolios periodísticos (Copesa S.A.). Mientras que su “competencia”, Mercurio S.A.P., controla la totalidad de los diarios de mayor circulación en las principales capitales regionales (19 diarios)[3] y posee inversión en una importante cadena nacional de radios (Radio Digital).

En la radiodifusión existe también una tendencia creciente a la concentración, con seis grupos económicos que abarcan el 70% de la radios a nivel nacional, tres de ellos con más de la mitad de las emisoras (el 55%). A la cabeza se encuentra Ibero Americana Radio Chile (perteneciente al grupo Latino de Radio, filial de Unión Radio, que se integra al grupo español Prisa. El holding posee más de 220 frecuencias, con 30% de participación de mercado), seguido del Grupo Dial (nacido el 2006, con seis importantes emisoras) y Grupo Bezanilla (el más antiguo consorcio radial chileno, con cuatro emisoras). Estos tres grupos poseen el 70% de la publicidad comercial.

Las concesiones radiales, extendidas por 30 años, otorgan preferencia a los actuales concesionarios y permiten su renovación por igual periodo. No existen proyectos de radiodifusión de carácter estatal con cobertura nacional, a excepción de las radios asociadas a universidades públicas (universidades de Chile, Santiago, Valparaíso, Concepción). Recientemente se conoció una acusación por el delito de colusión ante el Tribunal de la Libre Competencia contra ocho compañías de telecomunicaciones[4], que se suma a otra denuncia presentada hace tres años por Radio Cooperativa contra Ibero Americana Radio Chile, rechazado por los tribunales nacionales y la Contraloría de la República.
Existen siete canales de televisión de señal abierta[5], de distinto alcance nacional[6]. En los orígenes de la televisión, se entregan licencias a perpetuidad, como corporaciones de televisión, a tres universidades pensados en el desarrollo del país (Universidad Católica de Valparaíso, Red de Televisión de la Universidad de Chile (RTU) y Corporación de Televisión de la Universidad Católica). Televisión Nacional (TVN), “la televisión pública”, surge a fines de los ochenta y hoy celebra 40 años de existencia. TVN en 1990 vende su segunda señal al empresario de ultraderecha, Ricardo Claro, con lo comienza el proceso de privatización de la televisión en Chile. Por su parte RTU, hoy Chilevisión, es cedido a fines de 1993 en comodato -por 25 años- al Grupo Cisnero (Venevisión, Venezuela), en el 2000 pasa a manos de Claxson Multimedia Group, y a inicio de 2005 al empresario chileno y actual candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera.
Es de esperar que los vientos libertarios que soplan en nuestra América en materia de comunicación traspasen la extensa Cordillera de Los Andes; propiciando un debate intenso y participativo, ajeno a los intereses económicos que hoy pujan por resguardar sus feudos mediáticos con la complicidad del gobierno y los parlamentarios, donde la lucha y el compromiso del pueblo por resguardar su derecho a la comunicación traigan por fin a Chile un trozo de esa esquiva democracia por la que aún esperamos.







[1] Principio N°12, Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión, octubre 2000.


[2] Hoy solo el periódico (mensual) El Ciudadano (www.elciudadano.cl), que forma parte de la Red de Medios de los Pueblos posee distribución nacional, a través de Vía Directa, la más conveniente económicamente.
[3] http://www.mediosregionales.cl/prontus_mediosregionales/site/edic/base/port/inicio.html
[4] El delito se origina porque los actores se concertaban para renunciar a pujar por la adquisición de licencias, que eran rematadas y luego adquiridas por terceros, coludidos con éstos, a precios por debajo del mercado.
[5] Tele Canal, La Red, UCV TV, Televisión Nacional, Megavisión (primer canal privado), Chilevisión y Corporación de Televisión de la Universidad Católica.
[6] Solo Televisión Nacional y Corporación de Televisión de la Universidad Católica cubren la totalidad del territorio.