Los "datos" y estadìsticas como expresiones protegidas

(publicado hoy en clarín)

La Secretaría de Comercio Interior acaba de aplicar la Ley de Lealtad Comercial contra una consultora (Orlando Ferreres y Asociados), fijándole una multa de $ 500.000 por difundir cálculos sobre la inflación más elevados que los del INDEC. Según la Secretaría, estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. La iniciativa tiene mucho de surrealista, viniendo de la Secretaría de Comercio, que ha alcanzado notoriedad por una abierta distorsión de las estadísticas. De todos modos, tiene sentido concentrar la atención en el significado de la medida, en tanto abierta persecución a las ideas que el Gobierno no quiere escuchar.

Resulta curioso el paralelismo entre este caso y uno que terminara por convertirse en uno de los más emblemáticos en la historia del derecho moderno, de condena a un Gobierno por su persecución a las ideas de sus eventuales críticos. El caso es New York Times vs. Sullivan, habitualmente citado por la Corte Suprema argentina en sus decisiones en defensa de la libertad de expresión. En dicha ocasión, estaba en juego una solicitada –publicada en el New York Times – en defensa de Martin Luther King, en la que se denunciaban diversas acciones estatales contra activistas de los derechos civiles. Una de las principales autoridades policiales de Nueva York denunció al diario porque dijo sentirse difamado por la solicitada, ya que en ella (aunque no se lo mencionaba directamente) se incluían imprecisiones (referidas a la represión policial llevada a cabo contra los activistas) que lo afectaban en su honor. Sullivan pidió, como resarcimiento, una cifra altísima.

Hay varios paralelos importantes con la Argentina: 1) un funcionario emprende una acción contra personas que, en los hechos, impugnan ciertas acciones llevadas a cabo por el Gobierno; 2) lo que se denuncia, desde el Gobierno, no son las opiniones políticas de los opositores (siempre difíciles de castigar), sino los “datos descriptivos” transmitidos por ellos, que son comprometedores para el Gobierno; y 3) hay un castigo en juego, que implica una cifra extraordinaria, a ser pagada por los que, a través de los datos que transmiten, se muestran como críticos del Gobierno.

Aunque el funcionario ganó el caso en instancias inferiores, la Corte revirtió la decisión y terminó dirigiendo contra él, y así contra el Gobierno, una de sus directivas más poderosas en defensa de la libertad de expresión. Con total lucidez, la justicia sostuvo que si se le daba por ganado el caso al funcionario (allí, la autoridad policial; aquí la Secretaría de Comercio), ningún crítico del Gobierno se animaría, en el futuro, a escribir algo contra las autoridades: ¡cualquier imprecisión podría costarle cientos de miles de dólares (pesos)! Por eso, la Corte sostuvo que su preocupación principal era otra: no la de proteger la investidura y honor de los funcionarios, sino la de mantener un debate público “desinhibido, robusto y abierto”. La Justicia reconoció que el debate iba a incluir, siempre, “ataques vehementes, cáusticos y algunas veces desagradablemente agudos sobre los funcionarios y el Gobierno”; y que dada la extraordinaria importancia de mantener esa discusión abierta, estaba dispuesta a proteger las críticas contra el Gobierno, aunque las mismas trajeran (incluso) “afirmaciones fácticas falsas”.

La lección pasó a la historia: contra la pretensión de los funcionarios que, bajo la excusa de custodiar la precisión de la información, pusiera en riesgo la aparición de opiniones críticas, y la vitalidad del debate, la Justicia siempre tomaría partido por las voces que cuestionaban al Gobierno . Y es que en una democracia representativa, resulta fundamental que se garantice, siempre, que la ciudadanía tenga la más amplia capacidad de protestar y someter a crítica a quienes manejan el aparato coercitivo y los recursos que pertenecen a todos.