Se empiezan a discutir en la Legislatura algunos proyectos (provenientes de los bloques más diversos) destinados a limitar la compra de grandes propiedades por parte de extranjeros (supongo que la selección que pretenden hacer los legisladores se debe al gran espíritu solidario y "nacional" que -en cambio- sí tienen los propietarios argentinos, en relación con sus compatriotas y el mundo en general). Los proyectos, por caso, figuran acá. El problema, sin embargo, no está en la gran propiedad en manos de extranjeros, sino en la gran propiedad.
Un bonito poema, hecho canción, dedicado a los grandes propietarios: escrito y leído por Rafael Alberti, y cantado por Paco Ibáñez, con muchísimo amor, acá
31 ago 2011
Estados Unidos/Guatemala. Horror, ética y democracia deliberativa
Dos filósofas de primera categoría, Amy Gutman -una de las académicas que lideran la defensa de la democracia deliberativa, y autora, por ejemplo, de este libro sobre el tema (acá); y Anita Allen, a quien conocemos por el excelente libro que editara sobre el trabajo de Michael Sandel,
(acá), lideran la Comisión Presidencial de Bioética, en los Estados Unidos. La Comisión acaba de finalizar un lapidario informe que da cuenta de las crueldades cometidas por los Estados Unidos, en los años 40, en Guatemala, experimentando sin consenso alguno, sobre indígenas, prostitutas, enfermos, para testear las vacunas que preparaban. Horror. Info en la Argentina sobre el tema, por ejemplo, acá en Clarín. La página (en inglés) excelente, de la Comisión, acá
foto: ángeles torcidos (mtv)
30 ago 2011
W
MEDIOS Y POLÍTICA
Charla: "Medios de comunicación y elecciones en Argentina"
Diálogo con el periodista Mario Wainfeld (Página/12). Comenta Philip Kitzberger (UTDT) y modera Ana María Mustapic (UTDT). Lugar: Sede Miñones, 17.15h, 30 de agosto
Charla: "Medios de comunicación y elecciones en Argentina"
Diálogo con el periodista Mario Wainfeld (Página/12). Comenta Philip Kitzberger (UTDT) y modera Ana María Mustapic (UTDT). Lugar: Sede Miñones, 17.15h, 30 de agosto
ADC/ Publicidad oficial y Plus
La ADC pidió a la Justicia que ordene la suspensión de la publicidad oficial durante la campaña electoral
La medida fue solicitada en el marco de un amparo colectivo interpuesto por la ADC y por un grupo de votantes. Se fundamenta en la necesidad de garantizar la equidad de los partidos políticos en la competencia electoral, asegurando de ese modo el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho al voto.
(Buenos Aires, 27 de agosto de 2011) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) solicitó que la Justicia dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de la publicidad oficial del Poder Ejecutivo Nacional en medios audiovisuales durante la próxima campaña electoral. La ADC considera que la medida es necesaria para garantizar la equidad de los partidos políticos en la competencia electoral, así como la libertad de expresión de los votantes y su derecho a sufragio, que sólo puede ser ejercido adecuadamente si cuentan con información partidaria plural.
La medida cautelar fue solicitada en el marco de un amparo colectivo interpuesto por la ADC y por un grupo de votantes ante el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral en el distrito Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini de Cubría. En dicha acción, se advierte sobre el uso de la publicidad oficial como instrumento de propaganda y autopromoción por parte del gobierno nacional, en violación de estándares constitucionales y de derechos humanos. Dicho uso otorga una ventaja al partido gobernante al momento de usar los fondos públicos como herramienta de captación del voto, perjudicando el debate electoral.
“Las prácticas del gobierno nacional en materia de publicidad oficial desvirtúan los propósitos de la última reforma política, que dispuso un sistema estatal de reparto de espacios publicitarios en medios audiovisuales para promover la igualdad de oportunidades entre los partidos durante la campaña y garantizar así el ejercicio informado del derecho al voto”, señaló Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC.
En el amparo, la ADC solicita que se ordene al PEN adecuar sus prácticas en materia de pauta oficial a los estándares constitucionales e internacionales fijados por el sistema interamericano de derechos humanos, y que “se adopten los remedios judiciales idóneos para resolver la situación de inconstitucionalidad planteada por la falta de regulación adecuada de la publicidad oficial”. Hasta que se resuelva el fondo del asunto, la ADC pide el dictado de una medida cautelar que ordene la suspensión de los avisos oficiales en radio y televisión durante los 25 días previos a los comicios del 23 de octubre, a excepción de los que sean imprescindibles para garantizar la seguridad y la salud pública de la población o para informar sobre cuestiones vinculadas al desarrollo de las elecciones.
Principales argumentos
El régimen electoral argentino contiene una enorme cantidad de normas destinadas a equilibrar el campo de juego electoral. Tienen ese objetivo las regulaciones que restringen los gastos de campaña, los modos de financiamiento de los partidos políticos y las que limitan el tiempo de las campañas electorales. Una de esas normas es la contenida en la ley 26.571, que prohíbe a los partidos políticos contratar espacios publicitarios en medios audiovisuales y dispone que el Estado distribuirá espacios en forma equitativa.
Este esquema que busca nivelar el campo de juego electoral se ve desvirtuado por el uso de la publicidad oficial con fines de propaganda de cara a las elecciones. Este uso ilegítimo de la publicidad oficial se ve agravado por (a) el incremento constante del presupuesto publicitario registrado en los últimos años y (b) el desarrollo de campañas publicitarias que tienen por objeto captar el sufragio de la población, confundiendo la campaña del partido gobernante con la publicidad del Estado.
La violación de ese esquema de igualdad creado por el Congreso a través del marco jurídico que regula nuestras elecciones viola ciertos derechos específicos: (a) el derecho a la libertad de expresión, garantizado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana y (b) el derecho al voto garantizado por el artículo 37 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana y
La violación de la libertad de expresión:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social, según la cual este derecho es un medio para el intercambio de ideas e informaciones.
Desde ese punto de vista, todas las propuestas partidarias deben poder expresarse en condiciones de equidad durante la campaña electoral, para que todos los ciudadanos puedan recibir información plural. Precisamente, la legislación argentina, al nivelar las posibilidades de acceso de los partidos a los medios de comunicación, promueve un debate público robusto y equitativo, en el cual todas las voces puedan ser escuchadas y los más poderosos no puedan tapar a quienes no cuentan con tantos recursos.
La emisión de publicidad oficial sin limitaciones frustra el propósito de dicha legislación, ya que permite al partido que ejerce el gobierno acceder a los medios de comunicación con su mensaje en condiciones que los otros partidos no pueden hacerlo. Dicha situación impide el ejercicio pleno del derecho a la información de la ciudadanía.
La violación del derecho al voto: las prácticas en materia de publicidad oficial del PEN violan las condiciones de igualdad que preceden el ejercicio del derecho al voto, e impiden que éste se ejerza con información plena y plural.
La restricción de la capacidad del gobierno de emitir avisos publicitarios, entonces, es necesaria para garantizar el derecho a la libertad de expresión en su dimensión social y el derecho a voto. Se trata de una medida indispensable para promover un debate público abierto y robusto en época electoral, donde todas las voces puedan ser escuchadas, sin predominio de la voz gubernamental.
En su acción, la ADC remarca que la medida cautelar solicitada encuentra respaldo en las normas de otros países que, para evitar distorsiones en el debate político y desigualdades entre los distintos contendientes, suspenden la publicidad oficial durante un tiempo determinado antes de las elecciones. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH específicamente recomendó este tipo de medidas y señaló que en épocas deelecciones es necesario que la ley establezca mecanismos que impidan que se utilice la pauta estatal con fines electorales, tales como la “suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas”.
Plus: Nota de A. Herrero sobre el tema:
http://www.clarin.com/opinion/uso-proselitista-publicidad-oficial_0_546545418.html
La medida fue solicitada en el marco de un amparo colectivo interpuesto por la ADC y por un grupo de votantes. Se fundamenta en la necesidad de garantizar la equidad de los partidos políticos en la competencia electoral, asegurando de ese modo el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho al voto.
(Buenos Aires, 27 de agosto de 2011) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) solicitó que la Justicia dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de la publicidad oficial del Poder Ejecutivo Nacional en medios audiovisuales durante la próxima campaña electoral. La ADC considera que la medida es necesaria para garantizar la equidad de los partidos políticos en la competencia electoral, así como la libertad de expresión de los votantes y su derecho a sufragio, que sólo puede ser ejercido adecuadamente si cuentan con información partidaria plural.
La medida cautelar fue solicitada en el marco de un amparo colectivo interpuesto por la ADC y por un grupo de votantes ante el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral en el distrito Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini de Cubría. En dicha acción, se advierte sobre el uso de la publicidad oficial como instrumento de propaganda y autopromoción por parte del gobierno nacional, en violación de estándares constitucionales y de derechos humanos. Dicho uso otorga una ventaja al partido gobernante al momento de usar los fondos públicos como herramienta de captación del voto, perjudicando el debate electoral.
“Las prácticas del gobierno nacional en materia de publicidad oficial desvirtúan los propósitos de la última reforma política, que dispuso un sistema estatal de reparto de espacios publicitarios en medios audiovisuales para promover la igualdad de oportunidades entre los partidos durante la campaña y garantizar así el ejercicio informado del derecho al voto”, señaló Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC.
En el amparo, la ADC solicita que se ordene al PEN adecuar sus prácticas en materia de pauta oficial a los estándares constitucionales e internacionales fijados por el sistema interamericano de derechos humanos, y que “se adopten los remedios judiciales idóneos para resolver la situación de inconstitucionalidad planteada por la falta de regulación adecuada de la publicidad oficial”. Hasta que se resuelva el fondo del asunto, la ADC pide el dictado de una medida cautelar que ordene la suspensión de los avisos oficiales en radio y televisión durante los 25 días previos a los comicios del 23 de octubre, a excepción de los que sean imprescindibles para garantizar la seguridad y la salud pública de la población o para informar sobre cuestiones vinculadas al desarrollo de las elecciones.
Principales argumentos
El régimen electoral argentino contiene una enorme cantidad de normas destinadas a equilibrar el campo de juego electoral. Tienen ese objetivo las regulaciones que restringen los gastos de campaña, los modos de financiamiento de los partidos políticos y las que limitan el tiempo de las campañas electorales. Una de esas normas es la contenida en la ley 26.571, que prohíbe a los partidos políticos contratar espacios publicitarios en medios audiovisuales y dispone que el Estado distribuirá espacios en forma equitativa.
Este esquema que busca nivelar el campo de juego electoral se ve desvirtuado por el uso de la publicidad oficial con fines de propaganda de cara a las elecciones. Este uso ilegítimo de la publicidad oficial se ve agravado por (a) el incremento constante del presupuesto publicitario registrado en los últimos años y (b) el desarrollo de campañas publicitarias que tienen por objeto captar el sufragio de la población, confundiendo la campaña del partido gobernante con la publicidad del Estado.
La violación de ese esquema de igualdad creado por el Congreso a través del marco jurídico que regula nuestras elecciones viola ciertos derechos específicos: (a) el derecho a la libertad de expresión, garantizado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana y (b) el derecho al voto garantizado por el artículo 37 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana y
La violación de la libertad de expresión:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social, según la cual este derecho es un medio para el intercambio de ideas e informaciones.
Desde ese punto de vista, todas las propuestas partidarias deben poder expresarse en condiciones de equidad durante la campaña electoral, para que todos los ciudadanos puedan recibir información plural. Precisamente, la legislación argentina, al nivelar las posibilidades de acceso de los partidos a los medios de comunicación, promueve un debate público robusto y equitativo, en el cual todas las voces puedan ser escuchadas y los más poderosos no puedan tapar a quienes no cuentan con tantos recursos.
La emisión de publicidad oficial sin limitaciones frustra el propósito de dicha legislación, ya que permite al partido que ejerce el gobierno acceder a los medios de comunicación con su mensaje en condiciones que los otros partidos no pueden hacerlo. Dicha situación impide el ejercicio pleno del derecho a la información de la ciudadanía.
La violación del derecho al voto: las prácticas en materia de publicidad oficial del PEN violan las condiciones de igualdad que preceden el ejercicio del derecho al voto, e impiden que éste se ejerza con información plena y plural.
La restricción de la capacidad del gobierno de emitir avisos publicitarios, entonces, es necesaria para garantizar el derecho a la libertad de expresión en su dimensión social y el derecho a voto. Se trata de una medida indispensable para promover un debate público abierto y robusto en época electoral, donde todas las voces puedan ser escuchadas, sin predominio de la voz gubernamental.
En su acción, la ADC remarca que la medida cautelar solicitada encuentra respaldo en las normas de otros países que, para evitar distorsiones en el debate político y desigualdades entre los distintos contendientes, suspenden la publicidad oficial durante un tiempo determinado antes de las elecciones. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH específicamente recomendó este tipo de medidas y señaló que en épocas deelecciones es necesario que la ley establezca mecanismos que impidan que se utilice la pauta estatal con fines electorales, tales como la “suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas”.
Plus: Nota de A. Herrero sobre el tema:
http://www.clarin.com/opinion/uso-proselitista-publicidad-oficial_0_546545418.html
28 ago 2011
Libertad de expresión/Corte Interamericana
Vaya elogio a la discusión sobre libertad de expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Perfil, con la intervención con muchos queridos amigos-as y colegas, como don R.Saba; don E.Bertoni; doña C.Botero; doña G.Kletzel. Videos con los testimonios,
acá. Aplauso para todos, acá en el blog
acá. Aplauso para todos, acá en el blog
Presidentes millonarios
Qué espanto estar bajo las órdenes de un presidente millonario, se llame Piñera, Kirchner, Santos, Bush o Berlusconi. (Un presidente pobre sería un catálogo de virtudes? Obviamente no, ésa es una réplica indigna de ser considerada). No se trata, solamente, de que los millonarios me caen mal. Es que resulta absolutamente esperable que un millonario haga lo posible por defender desde el poder sus propios intereses (el IVA como principal impuesto); abuse de información privilegiada (dónde invertir sus depósitos); cree condiciones institucionales para su propio beneficio (minería, petróleo); establezca reglas sesgadas en favor a los de su clase (no gravar la renta financiera). En semejante contexto, podría ocurrir, por caso, que durante su mandato multiplicara por 800 su fortuna, como ha pasado con huracanes cercanos. Fuera de aquí, fuera!
foto: planchadita, planchadita (mtv)
25 ago 2011
Piazzolla, Dworkin, y el Neoconstitucionalismo
Hoy abría el Congreso Nacional de Secretarios Letrados y Relatores, en donde me pidieron que hablara del neoconstitucionalismo, contando este cuentito.
Resulta que un día vienen unos muchachos, músicos ellos, y se presentan como "el nuevo tango." "Muy bien," decimos. Empiezan a tocar, tocan bien, y luego de hacer algunos temitas se sientan a charlar. Y cuentan: "Queremos cambiar al tango, renovarlo porque lo vemos envejecido, quedado, anquilosado. Por eso introducimos cambios en el ritmo, en las armonías. Y nos animamos a fusionarlo con otras músicas, con el jazz, que tanto nos gusta." "Muy bien," decimos, otra vez. "Lo que están tratando de hacer está todo muy bien. Pero...nuevo tango? Piazzolla -por mencionar a alguien- nació hace 90 años, y durante décadas, él, y todos los que siguieron después de él, vienen haciendo eso que ustedes ahora presentan como novedad."
Bueno, con el neoconstitucionalismo pasa algo muy similar. Lo que hacen los "neoconstitucionalistas" es lindo, está bien, está bien orientado, animado por buenos principios. Pero...neo constitucionalismo? Ronald Dworkin, -por mencionar a alguien- nació hace 80 años, y durante décadas, él, y todos los que siguieron después de él, vienen haciendo eso que el neoconstitucionalismo presenta como novedad.
La moraleja del cuentito, en todo caso, es doble: Lo del neoconstitucionalismo no es novedoso, en absoluto, y hay que tomar en cuenta ese dato, y lo que ello implica acerca de lo que los "neoconstitucionalistas" han hecho y -sobre todo- dejado de hacer durante décadas. Ahora bien, eso no sólo dice algo sobre los neoconstitucionalistas, y sus reclamos de novedad. Habla, también, de los que se quedaron en el tiempo, y siguen bloqueados en el pasado como si Piazzolla o Dworkin no hubieran nacido, por supuesto, con todo lo que ese desconocimiento implica.
24 ago 2011
23 ago 2011
El Indoamericano y la criminalización del reclamo de vivienda
Hoy en el Hotel Bauen concurrimos a una conferencia de prensa en la que participaron Alejandro “Pitu” Salvatierra, Diosnel Perez Ojeda, Luciano “Tano” Nardulli, y Mónica Ruejas (imputados en la causa por la protesta del Indoamericano), y también Elizabeth Ovidio, viuda de uno de los asesinados en el Parque.
La conferencia de prensa tuvo como objetivo denunciar la apertura de causas penales contra algunos referentes sociales, como los mencionados, y así también la falta de investigación sobre los asesinatos producidos a manos de las policías Federal y Metroplolitana. Además, se quiso mostrar la persistencia de una política inactiva en materia de vivienda, pese a la situación de emergencia, y a las promesas realizadas desde el oficialismo de la Ciudad y el de la Nación.
Los participantes (salvo Salvatierra...) coincidieron en señalar las responsabilidades conjuntas de las autoridades de la Ciudad y la Nación, que se comprometieron a investigar lo ocurrido, y a realizar iguales aportes económicos, con el fin de asegurar la construcción de las nuevas viviendas. Nada de eso ocurrió, salvo la criminalización de los líderes barriales.
Diosnel mostró las conexiones existentes entre las tomas del Indoamericano, y las producidas en Formosa, Jujuy y Tucumán, enfatiazando además que la respuesta, por parte del Gobierno Nacional y sus aliados, había sido siempre la misma: más represión. Basó su reclamo, además, en el derecho constitucional a la vivienda digna -bien hecho.
El "Pitu" sostuvo que, a pesar de las diferencias que existían entre los expositores, estaban juntos en la denuncia de un intento de disciplinamiento social realizado "bajo el ala de la justicia". Lo que se pretendía -dijo- era sentar antecedentes destinados a criminalizar futuras protestas sociales.
El "tano" criticó que antes de la toma no hubiera habido más que canchas de fútbol, en el Parque, y que hoy el mismo estuviera cercado, con lo que se llegaba a la situación de "ni viviendas ni canchas de fútbol." La suya fue la presentación más política, en el vínculo que trazó entre la ausencia de tierras de hoy, y los permisos que desde el poder se vienen otorgando a terratenientes y latifundistas para seguir expandiendo sus dominios.
Ovidio conmovió al auditorio, en su descarnado relato acerca de cómo los representantes del Gobierno Nacional no sólo no tomaron en serio su caso, sino que le pusieron "trabas en el camino porque me quieren callar y silenciar." Insistió en que al Gobierno Nacional no le interesa lo que pasa en la villa, ni lo conoce, ni le preocupan los intereses de gente que, como ella -a quien dejaron viuda- continúa padeciendo el hambre y el frío.
foto: diarios ahí (mtv)
Intelectuales y política
Convocados por el Instituto Gino Germani, dos intelectuales que trabajaron en política (uno con Alfonsín, el otro con Kirchner) reflexiones sobre esa relación complicada.
Emilio de Ípola, acá, y José Nun, acá
Más allá de ese debate (pero ya que estamos...), Vicente Palermo publica un texto sobre las recientes elecciones primarias, acá
Emilio de Ípola, acá, y José Nun, acá
Más allá de ese debate (pero ya que estamos...), Vicente Palermo publica un texto sobre las recientes elecciones primarias, acá
La democracia y el socialismo, según Tawney
Richard Henry Tawney (1880-1962), fue un gran historiador económico inglés, y un destacado pensador socialista, interesado particularmente en temas de educación (por lo demás, un autor muy elogiado por el amigo W. Kymlicka en su gran artículo sobre la izquierda liberal y G.A.Cohen).
En "Keeping Left", de 1950, Tawney describió a la democracia desde una perspectiva socialista, dejando en claro por qué, desde una posición de izquierda, uno debe criticar los procesos de concentración de la autoridad política y económica, que hoy se siguen dando en países como el nuestro.
Entre otras tantas ideas, proponía Tawney: "La democracia es un sistema político inestable, en tanto permanezca simplemente como un sistema político, en lugar de convertirse en lo que debería ser, esto es, no en una forma de gobierno sino en una forma de sociedad, una manera de vida compatible con dicha forma de gobierno. Para conseguir tal tipo de sociedad, se requieren avances en al menos dos líneas. Es necesario, ante todo, la pronta eliminación de todas los privilegios especiales que favorecen a algunos, perjudicando a otros...Y se necesita, además, la conversión del poder económico -actualmente, de modo habitual, un tirano irresponsable- en un siervo de la sociedad, trabajando dentro de límites definidos, y con responsabilidad pública por sus acciones." Hoy, por acá, bancos, grandes exportadores, empresas mineras, petroleros, la patria financiera de siempre, siguen todos de fiesta, no importa cuán amplia sea la mayoría parlamentaria que respalde al gobierno de turno.
foto: lágrimas grises (mtv)
22 ago 2011
Chau al diktador
Y no vuelvas nunca más
P.D.: Por supuesto que, más allá de lo provocativo de la foto (aunque, recordar, contra lo que el kirchnerismo sugiere, el problema no es la circulación de la información o la foto, sino el hecho que la información o la foto refleja), no es un dato menor que la reciente política exterior argentina haya incluido, de modo no-problemático (sino, por el contrario, de modo celebratorio), las relaciones con regímenes dictatoriales. Ya discutimos sobre el tema en este blog, así que en todo caso sólo insisto con mi punto de siempre: nunca el desarrollo económico debe hacerse a costa de, o venir de la mano de, violaciones de derechos humanos; dictaduras; o el apoyo a dictaduras o violaciones de derechos humanos. Nunca. Ni si es a través de ese medio que ganamos "dos pesitos más." Nunca.
(nota y galería de fotos sobre la amistosa relación entre "ellos", que recién cuelga Perfil, acá)
21 ago 2011
Ninería y esas cosas
Mientras, twittea Juan Cabandié, el legislador progre del FPV (acá): "Con mineria hay mucha hipocresia, si fuese x algunos no tendriamos qe usar el celu xq las baterias tienen litio. Y este es 1 nineral" Y sí, el movimiento anti-ninero se tira contra tu celu, y eso si que no lo podemos permitir. Una brújula ahí por favor.
Oia! Carmen Argibay nos reseña un libro
Curioso. Hoy la jueza Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema, hace la reseña -muy elogiosa- del libro de Holmes y Sunstein que publicamos con Igualitaria-Siglo XXI. Grande Carmencita! (En Clarín Económico de hoy)
Va su nota:
Libertad y pago de impuestos, un equilibrio imprescindible
La obra pone el foco en los recursos del Estado, un factor clave para la vigencia de todos los derechos.
Carmen Argibay Abogada. Ministra De La Corte Suprema De Justicia De La Nación
Señoras y señores contribuyentes: paguen sus impuestos. Si no lo hacen, el Estado no está en condiciones de garantizar el goce de los derechos que ustedes reclaman. Ni siquiera de aquellos que muchos creen que no demandan erogación alguna por parte del Estado, sino que sólo requieren su no interferencia, como la identidad, la libertad o la propiedad.
En las pocas líneas precedentes puede resumirse el tenor del libro de Holmes y Sunstein, publicado en 1999 pero editado en español por Siglo Veintiuno en la colección Igualitaria, este año 2011, con una presentación de Roberto Gargarella y Paola Bergallo y prólogo de Juan F. González Bertomeu. De este último, me permito citar la frase con la que cierra su prólogo, porque es reveladora de consecuencias casi siempre impensables para el hombre común: “No habría que tomar decisiones de política pública sobre la base de una hostilidad imaginaria entre la libertad y el cobrador de impuestos, porque si realmente fuesen enemigos, todas nuestras libertades básicas serían candidatas a la abolición”.
Comienzan los autores discutiendo la futilidad de la dicotomía, usual en el derecho de los Estados Unidos, entre “derechos negativos” y “derechos positivos”. Los primeros, según esta clasificación, serían aquellos en los que sólo se requiere la inmunidad ante la interferencia pública; los segundos requieren actividad del gobierno que provoca gastos.
Después de una larga enumeración de derechos reconocidos en su país, preguntándose cómo pueden asimilarse en estas dos categorías algunos tan diversos como viajar de un estado a otro o el de obtener una revisión judicial sobre una decisión administrativa, llegan a la conclusión de que esta dicotomía, usada tanto por conservadores como por progresistas para sustentar sus opuestas posiciones, está basada en confusiones fundamentales tanto teóricas cuanto empíricas.
Los autores acuden, de seguido, a una máxima legal clásica: “Donde hay un derecho, hay un remedio”. Como es el gobierno quien debe proveer los remedios, la conclusión es que todos los derechos son positivos pues, para garantizar la libertad o la propiedad, no es suficiente que el Estado no se inmiscuya en los derechos del ciudadano, sino que requiere de un sistema judicial que resuelva los conflictos cuando hay intereses en pugna.
Y, como señalan de inmediato, los remedios son costosos, pero la intervención del gobierno es necesaria, ya que la protección de los derechos individuales nunca es gratuita, pues supone la existencia de una organización (judicial, fuerzas de seguridad, penitenciario, etcétera) que pueda llevar a cabo esa protección, en alguna de las múltiples formas posibles para hacerlo (prevención, sanción, resolución de una autoridad y otras varias).
En una segunda parte del libro, se explica por qué los derechos no son absolutos, y se insiste sobre la existencia de recursos, ejemplificada a través de postulados tales como que exigir derechos implica distribuir recursos, y cómo la escasez de éstos afecta las libertades individuales. Destacan los autores algo que, por sabido, no es, sin embargo, usualmente recordado: los recursos del Estado no son infinitos y, por lo tanto, es necesario hacer concesiones para poder atender a la mayor cantidad posible. Las siguientes secciones están dedicadas a demostrar que los derechos generan responsabilidades, y a sostener que los derechos deben ser entendidos como pactos.
Los autores inician el capítulo de conclusión de la siguiente manera: “Los derechos de los ciudadanos estadounidenses no son un don divino ni tampoco un fruto de la naturaleza; no se exigen solos, y es imposible protegerlos de manera confiable si el gobierno es insolvente o está incapacitado; no son necesariamente una receta de egoísmo irresponsable; no implican que los individuos puedan obtener su libertad personal sin la cooperación social, y no son reclamos inflexibles”.
Las numerosas preguntas que formulan Holmes y Sunstein en su conclusión, llevan a reflexionar sobre otros tantos temas de políticas públicas sobre la adjudicación de recursos. Me parece que resulta claro, por ejemplo, que el subsidio a ciertos servicios públicos, como el suministro de energía eléctrica o el gas, redunda en beneficios para los que más bienes poseen y para quienes el subsidio no es necesario, restando cantidades importantes que podrían ser utilizadas en beneficio de los menos pudientes.
Del mismo modo, cuando por razones coyunturales se destinan más recursos de los previstos a la protección o concesión de algún derecho en especial más allá de lo necesario, se despoja a otros derechos de la protección requerida, alterando el equilibrio que debe buscarse en toda política de inclusión.
Es un texto altamente recomendable para quienes tienen que tomar decisiones sobre estos temas, y para quienes se preocupan de repensar el balance de los derechos e intereses individuales.
foto: siguiendo a salamone
20 ago 2011
Aborto/Misiones
De las colegas Agustina M. y Silvina R., hoy, acá
Lo sucedido con la niña de Misiones, quien junto a su mamá solicitó interrumpir su embarazo producto de la violación de un tío , nos anima a reflexionar sobre cómo las instituciones responden a un pedido legítimo y legal . El Código Penal despenaliza el aborto cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y en caso de violación.
Esta norma se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, como lo han establecido los tribunales superiores de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos y Río Negro. En abril, ante una denuncia contra el Estado por la negación del aborto a una adolescente con discapacidad mental abusada, el Comité de Derechos Humanos consideró que esta omisión constituyó un trato cruel e inhumano.
Reclamó medidas y su comunicación dentro de los 6 meses ¿Qué informará el Estado en octubre? Misiones es también la Argentina.
Las obligaciones de los gobiernos nacional y provincial fueron expresadas por el subsecretario del Ministerio de Salud de la Nación: “Hay que cumplir con el pedido del aborto no punible de la niña”, “es un derecho de ella y la ley así nos lo exige”. Otras reacciones fueron desacertadas. La vicegobernadora de Misiones declaró: “No estoy de acuerdo con el aborto y no lo comparto como un mecanismo de la salud”, “tenemos que dejar que la Justicia actúe, pero que lo haga rápido y si resuelve por el no o por el sí del aborto, se debe hacer cargo”. Pero como lo han repetido todos los tribunales que intervinieron en última instancia, la autorización judicial es innecesaria.
Muchas responsabilidades se pusieron en juego. Si bien los tribunales no tienen que intervenir en un aborto por violación, esto no puede significar la desprotección de quien ha acudido a la justicia en búsqueda de respuesta.
La defensa de los intereses de la niña ha sido una cuestión descuidada. La Convención de los Derechos del Niño y las leyes de niñez señalan la importancia del papel de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos en los que son protagonistas. Por otro lado, la confidencialidad, la no maleficencia, la beneficencia son deberes éticos de los médicos.
Cuando se informa que un aborto de 11 semanas pone en riesgo la vida de la mujer se desestima la evidencia científica.
La objeción de conciencia no puede utilizarse para desalentar aquello que se considera “inmoral”, haciendo uso de la investidura de una profesión o cargo.
El Ministerio de Salud provincial falló en evitar estas intromisiones indebidas y en garantizar el derecho de la niña.
En la solicitud del aborto legal estuvo involucrada su voluntad de no seguir con un embarazo fruto de una violación.
En la negación de ese aborto estuvo involucrado el incumplimiento de quienes actuaron institucional e individualmente.
¿Qué habría sucedido si esta niña se hubiera mantenido alejada del ámbito público? Cuánto de este encarnizamiento institucional se hubiera evitado.
Pero quienes creemos en que el Estado debe garantizar la igualdad, nos resistimos a creer que la clandestinidad sea la alternativa y la solución esté en el mercado o en un cuarto oscuro.
La hipérbole de un fenómeno extendido, que los funcionarios parecen ignorar. Veremos qué se dice en octubre. El acceso al aborto legal es también un tema de la agenda de derechos humanos.
foto-barras de por allá
19 ago 2011
Otra toma de tierras
FORMOSA (por darío aranda)
Otra toma de tierras bajo presión
Una 150 familias campesinas y de la comunidad wichi ocuparon viviendas deshabitadas desde hace 18 años en los barrios San Martín y San Cayetano en la localidad de Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de la capital formoseña. Denunciaron presiones de la policía, que ayer detuvo al abogado que las representa, Daniel Cabrera, miembro del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas.
Antes de ser detenido, Cabrera había advertido que “esto puede ser una nueva Primavera (la comunidad donde a fines del año pasado fue asesinado Roberto López, miembro de la comunidad qom) porque la gente no está dispuesta a dejar sus viviendas y la violencia de las amenazas de anoche nos hace temer un desalojo violento”.
El abogado Cabrera, acusado de "instigación a cometer delitos" continúa detenido en la Unidad Policial Nº4 de Las Lomitas. “Para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso”, señaló Gabriel Alcaráz, abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas.
Además, afirmó que “esto demuestra una vez más lo que ha sido una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial, que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas".
Se trata de 60 viviendas en San Cayetano y cerca de 50 en San Martín construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda "que nunca fueron entregadas a la gente que las necesitaba" y que "se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace más de 18 años", informó la comunidad.
Esta mañana, hubo un movimiento de policía antimotines en la localidad, por lo que las familias prevén un "desalojo violento". “Ya sabemos como actúa la policía de Formosa, y la situación es preocupante porque las familias no están dispuestas a dejar el lugar”, indicó el abogado.
Otra toma de tierras bajo presión
Una 150 familias campesinas y de la comunidad wichi ocuparon viviendas deshabitadas desde hace 18 años en los barrios San Martín y San Cayetano en la localidad de Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de la capital formoseña. Denunciaron presiones de la policía, que ayer detuvo al abogado que las representa, Daniel Cabrera, miembro del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas.
Antes de ser detenido, Cabrera había advertido que “esto puede ser una nueva Primavera (la comunidad donde a fines del año pasado fue asesinado Roberto López, miembro de la comunidad qom) porque la gente no está dispuesta a dejar sus viviendas y la violencia de las amenazas de anoche nos hace temer un desalojo violento”.
El abogado Cabrera, acusado de "instigación a cometer delitos" continúa detenido en la Unidad Policial Nº4 de Las Lomitas. “Para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso”, señaló Gabriel Alcaráz, abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas.
Además, afirmó que “esto demuestra una vez más lo que ha sido una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial, que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas".
Se trata de 60 viviendas en San Cayetano y cerca de 50 en San Martín construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda "que nunca fueron entregadas a la gente que las necesitaba" y que "se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace más de 18 años", informó la comunidad.
Esta mañana, hubo un movimiento de policía antimotines en la localidad, por lo que las familias prevén un "desalojo violento". “Ya sabemos como actúa la policía de Formosa, y la situación es preocupante porque las familias no están dispuestas a dejar el lugar”, indicó el abogado.
18 ago 2011
Pensamiento Jurídico Alternativo
Congreso Nacional sobre Pensamiento Jurídico Alternativo
más info, en este link
http://derechoalacritica.blogspot.com/
16 ago 2011
El Parque Indoamericano y la criminalización de la pobreza
Carta pública
Los abajo firmantes deseamos expresar nuestra profunda preocupación en el marco de la reapertura de la causa que fue iniciada en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad contra los referentes de las organizaciones sociales que participaron en diciembre de 2010, en los acontecimientos del parque Indoamericano.
Como es de público conocimiento, luego de hechos de represión en los cuales murieron 3 personas, los Gobiernos de la Ciudad y la Nación anunciaron en conferencia de prensa un plan que resolvería el conflicto que le dio surgimiento a la toma: el déficit de acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo, anunciado el 14 de diciembre de 2010, contemplaba la presentación de un plan integral de viviendas que diera solución a la problemática habitacional de la Ciudad, en un plazo de 120 días. El financiamiento para la implementación del mismo, correría por partes iguales, por cada peso que invirtiera la Ciudad, la Nación pondría otro tanto. Estos anuncios fueron sólo promesas, y hasta ahora no se ha dado a conocer ningún plan que tenga por finalidad hacer efectivas las medidas anunciadas. Además, respecto de las tres personas asesinadas, no ha habido avances que dieran cuenta de quienes fueron los responsables penales de estos hechos.
Sin embargo, sí ha habido avances en profundizar la criminalización de la pobreza y de la protesta social. En efecto, la única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Contrariamente con lo solicitado por la fiscalía, la jueza de primera instancia determinó la inexistencia del delito de usurpación del Indoamericano, bajo el entendimiento de que lo sucedido en diciembre excedía el marco del derecho penal y que se enrolaba en una cuestión social. De esta manera, y a pesar de contar con una resolución judicial que expresamente determina la inadecuación del derecho penal en estos casos, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad insiste en juzgar a los referentes sociales que participaron del proceso, apelando la sentencia y solicitando el apartamiento de la magistrada.
Este enfoque y entendimiento de los conflictos no es exclusivo del citado Ministerio. En estos días, la sala I de la Cámara de apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA resolvió que no se apartará a la jueza, pero sí se realizará la reapertura de la causa, ya que si bien en “la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social que puede justificar, agravar o atenuar el reproche penal, empero resulta excesiva esa invocación genérica y voluntarista para agotar, prematuramente, la investigación en torno a los hechos bajo análisis”. Es preocupante que los magistrados de la Cámara entiendan cómo una “invocación genérica y voluntarista” considerar que hay cuestiones sociales que exceden el marco penal en un contexto en el cual más de un 15% de la población de la ciudad no goza de una vivienda digna.
Por todo lo dicho, observamos con profunda preocupación que la única respuesta del estado provenga del derecho penal, ya que ante la vulneración de derechos fundamentales la única respuesta estatal valida debiera ser garantizar su efectivo cumplimiento.
Mientras éstas sean las únicas respuestas de los gobiernos, la conflictividad en torno a la vulneración del derecho a la vivienda y al suelo, seguirá presente y podría profundizarse, tal como queda reflejado en los recientes hechos en Jujuy. Estas respuestas estatales son contrarias a nuestra constitución local que reconoce ampliamente los derechos sociales y específicamente ordena desarrollar políticas para superar las condiciones de pobreza (cfr. art.17 CCBA).
Los poderes del Estado, por acción y omisión configuran una intervención pública que funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos, los que se resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del derecho penal.
Es por ello que más allá de manifestar nuestra preocupación, por medio de estas líneas, llamamos especialmente a las autoridades políticas responsables a no continuar criminalizando la pobreza y las acciones de quienes luchan por el acceso a la vivienda digna y a cumplir, sin más dilación, los acuerdos que han anunciado en diciembre de 2010 a los fines de resolver la problemática habitacional existente en la Ciudad de Buenos Aires, en conformidad con el respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos y a lo ordenado por las constituciones local y nacional.
Para adherir: villas@acij.org.ar
Adhieren:
Imputados: Mónica Ruejas – Alejandro “Pitu” Salvatierra – Diosnel Perez Ojeda – Luciano “Tano” Nardulli
Legisladores: Fabio Basteiro (Legislador CABA) - Laura Garcia Tuñon (Legisladora CABA) - Rafael Gentili (Legislador CABA) - Liliana Parada (Legisladora CABA) - Martín Hourest (Legislador CABA) - Rocío Sánchez Andía (Legisladora CABA).
Organizaciones: ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la justicia) - Agrupación 14 Bis - Secretaría de Derechos Humanos, Facultad de Derecho (UBA) - La Usina - CTA Capital - Agrupación Jóvenes por la Igualdad - Grupo de Asesoramiento Jurídico (Ciudad Oculta) - Fundación por la Igualdad - Corriente Política 17 de Agosto – Frente Popular Darío Santillán – La Jauretche Capital – Corriente Clasista Y Combativa (Soldati, Lugano, Bajo Flores) – Centro Popular La Chispa (Villa 3) – Asociación Civil Nueva Esperanza (Los Piletones)
Personales: Roberto Gargarella (UBA, UTdT) - Paola Bergallo (UdeSA) - Mercedes Cristófol (Red Institucional de Lugano)
foto: amarillo naranja
La distancia a los presos
Una de las consignas más reacionarias levantadas por el Frente para la Victoria en la Capital fue la de trasladar la cárcel de Devoto a la ciudad de Mercedes. Increíblemente, la iniciativa fue presentada como bandera y estandarte del progresismo capitalino.
El punto nos refiere a un tema más amplio, recurrente en este blog: a la irracionalidad de la privación de la libertad, en general, se le suma, de modo habitual, la creciente vocación de las autoridades por separar a los presos de sus familiares y afectos. De este modo, a la irracionalidad de principios se le agrega un actuar incomprensible, paradojal: bajo la consigna de "reintegrar" a los presos a la sociedad, se los separa de la misma; se los distancia de sus seres queridos -aquellos que pueden asegurarle a los presos la contención y el cariño que necesitan-; y se los "conecta" con los individuos que el propio sistema ha seleccionado como los que muestran mayores problemas de integración social.
Lo peor es que, luego, las autoridades se muestran sorprendidas cuando, finalmente, los presos puestos en libertad no aparecen reintegrados a la sociedad (oh sorpresa, por qué sera!), o se quejan porque los liberados reinciden (pero qué habra pasado!). El Estado no debería sorprenderse ni quejarse: es él el que ha creado o contribuido a reproducir del peor modo los resultados frente a los que luego se horroriza.
Si a eso se le suman cárceles inconstitucionales, insanas y sucias; y golpes, extorsiones, y tráficos por doquier, llegamos a un cóctel escalofriante.
Hoy en La Nación (acá) se agregan algunos datos adicionales al respecto, que en todo caso sólo terminan de pintar el panorama para el ejemplo aquí bajo examen, el de Devoto:
* El 70% de los que se alojan en la cárcel de Devoto son procesados.
* El caso de la distante cárcel de Marcos Paz ayuda a pensar las consecuencias de la maniobra en juego: se registra un 60% menos de visitas de familiares y allegados a los presos, una vez que son trasladados a semejante distancia.
* Empeoran también, obviamente, las posibilidades de quienes estudian en el CUD (Centro Universitario Devoto), de continuar con sus estudios, una vez que se los aleja de los centros urbanos.
* La nota agrega, además, una carta escrita a la Presidenta por los presos de Devoto, en la que los detenidos dicen que:
"Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al megacomplejo penitenciario por construirse, los 120 km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos"
* Ellos agregan, además, razones de economía y practicidad procesal ya que los juzgados deben tener a los detenidos "a su disposición dentro de su radio jurisdiccional"
Razones de conveniencia para el no-traslado hay muchas, pero las que importan son las de principio, las que enunciamos más arriba. Para el caso de Devoto y para todos los demás.
foto: espejo sobre espejo sobre espejo (lisbon)
15 ago 2011
Boa sobre la violencia social en Inglaterra
Como un buen modo de retomar la discusión que tuvimos aquí, hace poco, sobre los eventos de violencia en Inglaterra, hoy se publica (en Página) esta interesante nota del amigo Boaventura
Los límites del orden
Por Boaventura de Sousa Santos *
Los violentos disturbios ocurridos en Inglaterra no deben ser vistos como un fenómeno aislado. Son un perturbador signo de los tiempos. Sin darse cuenta, las sociedades contemporáneas están generando un combustible altamente inflamable que fluye en los subsuelos de la vida colectiva. Cuando llegan a la superficie pueden provocar un incendio social de proporciones inimaginables. Se trata de un combustible constituido por la mixtura de cuatro componentes: la promoción conjunta de la desigualdad social y del individualismo, la mercantilización de la vida individual y colectiva, la práctica del racismo en nombre de la tolerancia y el secuestro de la democracia por elites privilegiadas, con la consiguiente transformación de la política en la administración del robo “legal” a los ciudadanos y del malestar que provoca. Cada uno de estos componentes tiene una contradicción interna: cuando se superponen, cualquier incidente puede provocar una explosión.
- Desigualdad e individualismo. Con el neoliberalismo, el aumento brutal de la desigualdad social dejó de ser un problema para pasar a ser una solución. La ostentación de los ricos y los multimillonarios se transformó en la prueba del éxito de un modelo social que sólo deja miseria para la inmensa mayoría de los ciudadanos, supuestamente porque éstos no se esfuerzan lo suficiente como para tener éxito. Esto sólo fue posible con la conversión del individualismo en un valor absoluto, el cual, paradójicamente, sólo puede ser experimentado como una utopía de la igualdad, la posibilidad de que todos prescindan por igual de la solidaridad social, sea como sus agentes, sea como sus beneficiarios. Para el individuo así concebido, la desigualdad únicamente es un problema cuando le es adversa y, cuando eso sucede, nunca es reconocida como merecida.
- Mercantilización de la vida. La sociedad de consumo consiste en la sustitución de las relaciones entre personas por las relaciones entre personas y cosas. Los objetos de consumo dejan de satisfacer necesidades para crearlas incesantemente y la inversión personal en ellos es tan intensa cuando se tiene como cuando no se tiene. Los centros comerciales son la visión espectral de una red de relaciones sociales que empieza y termina en los objetos. El capital, con su infinita sed de lucro, ha llegado a someter a la lógica mercantil bienes que siempre pensamos que eran demasiado comunes (el agua y el aire) o demasiado personales (la intimidad y las convicciones políticas) para ser intercambiados en el mercado. Entre creer que el dinero media todo y creer que se puede hacer todo para obtenerlo hay un paso mucho menor de lo que se piensa. Los poderosos dan ese paso todos los días sin que nada les pase. Los desposeídos, que piensan que pueden hacer lo mismo, terminan en las cárceles.
- El racismo de la tolerancia. Los disturbios en Inglaterra comenzaron con una dimensión racial. Lo mismo sucedió en 1981 y en los disturbios que sacudieron Francia en 2005. No es una coincidencia: son irrupciones de la sociabilidad colonial que continúa dominando nuestras sociedades, décadas después del fin del colonialismo político. El racismo es apenas un componente, ya que en todos los disturbios mencionados participaron jóvenes de diversos grupos étnicos. Pero es importante, porque reúne a la exclusión social con un elemento de insondable corrosión de la autoestima, la inferioridad del ser agravada por la inferioridad del tener. En nuestras ciudades, un joven negro vive cotidianamente bajo una sospecha social que existe independientemente de lo que él o ella sea o haga. Y esta sospecha es mucho más virulenta cuando se produce en una sociedad distraída por las políticas oficiales de lucha contra la discriminación y por la fachada del multiculturalismo y la benevolencia de la tolerancia.
- El secuestro de la democracia. ¿Qué comparten los disturbios en Inglaterra y la destrucción del bienestar de los ciudadanos provocada por las políticas de austeridad dirigidas por las agencias calificadoras y los mercados financieros? Ambos son signos de las extremas limitaciones del orden democrático. Los jóvenes rebeldes cometieron delitos, pero no estamos frente a “pura y simple” delincuencia, como afirmó el primer ministro David Cameron. Estamos frente a una denuncia política violenta de un modelo social y político que tiene recursos para rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la pesadilla de una educación cada vez más cara e irrelevante dado el aumento del desempleo, del completo abandono en comunidades que las políticas públicas antisociales transformaron en campos de entrenamiento de la rabia, la anomia y la rebelión.
Entre el poder neoliberal instalado y los rebeldes urbanos hay una simetría perturbadora. La indiferencia social, la arrogancia, la distribución injusta de los sacrificios están sembrando el caos, la violencia y el miedo, y quienes están realizando esa siembra van a decir mañana, genuinamente ofendidos, que lo que ellos sembraron nada tenía que ver con el caos, la violencia y el miedo instalados en las calles de nuestras ciudades. Los que promueven el desorden están en el poder y pronto podrían ser imitados por aquellos que no tienen poder para ponerlos en orden.
* Doctor en Sociología del Derecho; profesor de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca.
Los límites del orden
Por Boaventura de Sousa Santos *
Los violentos disturbios ocurridos en Inglaterra no deben ser vistos como un fenómeno aislado. Son un perturbador signo de los tiempos. Sin darse cuenta, las sociedades contemporáneas están generando un combustible altamente inflamable que fluye en los subsuelos de la vida colectiva. Cuando llegan a la superficie pueden provocar un incendio social de proporciones inimaginables. Se trata de un combustible constituido por la mixtura de cuatro componentes: la promoción conjunta de la desigualdad social y del individualismo, la mercantilización de la vida individual y colectiva, la práctica del racismo en nombre de la tolerancia y el secuestro de la democracia por elites privilegiadas, con la consiguiente transformación de la política en la administración del robo “legal” a los ciudadanos y del malestar que provoca. Cada uno de estos componentes tiene una contradicción interna: cuando se superponen, cualquier incidente puede provocar una explosión.
- Desigualdad e individualismo. Con el neoliberalismo, el aumento brutal de la desigualdad social dejó de ser un problema para pasar a ser una solución. La ostentación de los ricos y los multimillonarios se transformó en la prueba del éxito de un modelo social que sólo deja miseria para la inmensa mayoría de los ciudadanos, supuestamente porque éstos no se esfuerzan lo suficiente como para tener éxito. Esto sólo fue posible con la conversión del individualismo en un valor absoluto, el cual, paradójicamente, sólo puede ser experimentado como una utopía de la igualdad, la posibilidad de que todos prescindan por igual de la solidaridad social, sea como sus agentes, sea como sus beneficiarios. Para el individuo así concebido, la desigualdad únicamente es un problema cuando le es adversa y, cuando eso sucede, nunca es reconocida como merecida.
- Mercantilización de la vida. La sociedad de consumo consiste en la sustitución de las relaciones entre personas por las relaciones entre personas y cosas. Los objetos de consumo dejan de satisfacer necesidades para crearlas incesantemente y la inversión personal en ellos es tan intensa cuando se tiene como cuando no se tiene. Los centros comerciales son la visión espectral de una red de relaciones sociales que empieza y termina en los objetos. El capital, con su infinita sed de lucro, ha llegado a someter a la lógica mercantil bienes que siempre pensamos que eran demasiado comunes (el agua y el aire) o demasiado personales (la intimidad y las convicciones políticas) para ser intercambiados en el mercado. Entre creer que el dinero media todo y creer que se puede hacer todo para obtenerlo hay un paso mucho menor de lo que se piensa. Los poderosos dan ese paso todos los días sin que nada les pase. Los desposeídos, que piensan que pueden hacer lo mismo, terminan en las cárceles.
- El racismo de la tolerancia. Los disturbios en Inglaterra comenzaron con una dimensión racial. Lo mismo sucedió en 1981 y en los disturbios que sacudieron Francia en 2005. No es una coincidencia: son irrupciones de la sociabilidad colonial que continúa dominando nuestras sociedades, décadas después del fin del colonialismo político. El racismo es apenas un componente, ya que en todos los disturbios mencionados participaron jóvenes de diversos grupos étnicos. Pero es importante, porque reúne a la exclusión social con un elemento de insondable corrosión de la autoestima, la inferioridad del ser agravada por la inferioridad del tener. En nuestras ciudades, un joven negro vive cotidianamente bajo una sospecha social que existe independientemente de lo que él o ella sea o haga. Y esta sospecha es mucho más virulenta cuando se produce en una sociedad distraída por las políticas oficiales de lucha contra la discriminación y por la fachada del multiculturalismo y la benevolencia de la tolerancia.
- El secuestro de la democracia. ¿Qué comparten los disturbios en Inglaterra y la destrucción del bienestar de los ciudadanos provocada por las políticas de austeridad dirigidas por las agencias calificadoras y los mercados financieros? Ambos son signos de las extremas limitaciones del orden democrático. Los jóvenes rebeldes cometieron delitos, pero no estamos frente a “pura y simple” delincuencia, como afirmó el primer ministro David Cameron. Estamos frente a una denuncia política violenta de un modelo social y político que tiene recursos para rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la pesadilla de una educación cada vez más cara e irrelevante dado el aumento del desempleo, del completo abandono en comunidades que las políticas públicas antisociales transformaron en campos de entrenamiento de la rabia, la anomia y la rebelión.
Entre el poder neoliberal instalado y los rebeldes urbanos hay una simetría perturbadora. La indiferencia social, la arrogancia, la distribución injusta de los sacrificios están sembrando el caos, la violencia y el miedo, y quienes están realizando esa siembra van a decir mañana, genuinamente ofendidos, que lo que ellos sembraron nada tenía que ver con el caos, la violencia y el miedo instalados en las calles de nuestras ciudades. Los que promueven el desorden están en el poder y pronto podrían ser imitados por aquellos que no tienen poder para ponerlos en orden.
* Doctor en Sociología del Derecho; profesor de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca.
Paciente psiquiátrica
En Página de hoy, en su insultante columna habitual (y antes de indignarse frente a quienes llamaron "yegua" a la Presidenta), el periodista Eduardo Aliv. se refiere a Carrió como "paciente psiquiátrica ambulatoria." Insoportables y habituales insultos, propios del macho golpeador.
Anarquismo filosófico
Fundador del anarquismo filosófico, William Godwin (1756–1836) es el autor de "Investigación acerca de la justicia política" -su libro más importante, escrito en 1793. Político, escritor, filósofo, librero de profesión, Godwin fue el marido de la pionera, gran feminista Mary Wollstonecraft. En su libro sobre la justicia política, Godwin dedica apartados especiales a la justicia, la resistencia a la autoridad y la obediencia.
Crítico de todo gobierno, decía que "el objeto del gobierno...es el ejercicio de la fuerza. Y la fuerza nunca puede considerarse como una apelación a la inteligencia; por consiguiente, la obediencia, que es un acto de voluntad, no puede tener conexión con la fuerza. Estoy obligado a someterme a la justicia y a la verdad, porque mi juicio me dicta libremente esta obligación. Estoy obligado a cooperar con el gobierno, en tanto considere que éste respeta dichos principios. Si acato al gobierno cuando creo que procede injustamente, es sólo porque no tengo otro remedio que acatarlo."
foto: la rueda (gualeg.)
13 ago 2011
Movimiento estudiantil 2
Buena página de los colegas, argentinos, que investigan sobre el movimiento estudiantil, acá
Movimiento estudiantil 1
Algunas fichas para Camila Vallejo, dirigente de la Juventud Comunista Chilena, y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). Una entrevista, entre varias, acá. Cuadrazo.
Beca/Derechos Humanos
FULBRIGHT-JOSÉ SIDERMAN HUMAN RIGHTS FELLOWSHIP
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina especializado en derechos humanos y justicia social para realizar un LLM en Civil Liberties y Human Rights en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. El candidato seleccionado recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor Siderman, un incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior.
Doce meses: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en una ONG dedicada a fortalecer libertades civiles y derechos humanos.
Pasaje de ida y vuelta, seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de manutención y cuota para libros.
Acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las libertades civiles
REQUISITOS
Nacionalidad argentina.
Título universitario.
Siete puntos de promedio académico (incluyendo aplazos).
Excelente dominio de inglés (puntaje mínimo: 600 en el TOEFL en papel o puntaje equivalente).
Experiencia profesional o docente de dos años.
Compromiso de regreso al país.
INSCRIPCIÓN
Del 8 de agosto al 23 de septiembre de 2011.
Completar la solicitud disponible en http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-jose-siderman/ y enviarla por mail a: award@fulbright.com.ar; entregar también dos juegos impresos en:
Viamonte 1653, p. 2, C1055 ABE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.fulbright.edu.ar
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina especializado en derechos humanos y justicia social para realizar un LLM en Civil Liberties y Human Rights en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. El candidato seleccionado recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor Siderman, un incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior.
Doce meses: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en una ONG dedicada a fortalecer libertades civiles y derechos humanos.
Pasaje de ida y vuelta, seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de manutención y cuota para libros.
Acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las libertades civiles
REQUISITOS
Nacionalidad argentina.
Título universitario.
Siete puntos de promedio académico (incluyendo aplazos).
Excelente dominio de inglés (puntaje mínimo: 600 en el TOEFL en papel o puntaje equivalente).
Experiencia profesional o docente de dos años.
Compromiso de regreso al país.
INSCRIPCIÓN
Del 8 de agosto al 23 de septiembre de 2011.
Completar la solicitud disponible en http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-jose-siderman/ y enviarla por mail a: award@fulbright.com.ar; entregar también dos juegos impresos en:
Viamonte 1653, p. 2, C1055 ABE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.fulbright.edu.ar
12 ago 2011
Qué sé yo si era así
Era así, así, así, es decir, qué se yo si era así. Troilo, para la historia, acá
Cameron: Orden e injusticia
Para David Cameron (cinco muertos en Londres), los eventos desatados en Londres, en Manchester o en Tottenham hablan de "criminalidad, pura y simple" (su discurso, acá), y no sobre los contenidos de las políticas que el gobierno aplica. Lo que se necesita -agrega- es "más policías en las calles," y "acciones más robustas por parte de la policía." A tal resultado -amañar el conflicto social a través de las fuerzas coercitivas- lo llama, luego, buscar la "justicia." En Inglaterra, como en la Argentina (desde Scioli a Barrionuevo, Alperovich o Insfrán), la respuesta al conflicto social sigue siendo la misma: policías disparando sobre quienes expresan disconformidad social. Quiere decir esto que el Estado debe aplaudir los levantamientos populares? No. Simplemente, que los problemas de injusticia social requieren ser resueltos con justicia social, y no con injusticia penal o represión policial.
P.D.: En unos días andaré por esos lados, presentado un trabajo sobre derecho y protesta, en una reunión que parece juntar a parte de la academia penal progresista -si es que eso existe (la conferencia, acá). Qué saldrá de ahí?
foto: una escalera, a veces
Hoy: Capitalismo/Extractivismo
IX Jornadas de Sociología
Pre ALAS Recife 2011
Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones
Luces y sombras en América Latina
VIERNES 12 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Auditorio Uriburu
Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología
Las nuevas caras del capitalismo: el neoextractivismo en América
Latina
Coordina:
»»Claudia Korol
Expositores:
»»Norma Giarraca
»»Maristela Svampa
»»Roberto Gargarella
Pre ALAS Recife 2011
Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones
Luces y sombras en América Latina
VIERNES 12 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Auditorio Uriburu
Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología
Las nuevas caras del capitalismo: el neoextractivismo en América
Latina
Coordina:
»»Claudia Korol
Expositores:
»»Norma Giarraca
»»Maristela Svampa
»»Roberto Gargarella
10 ago 2011
Congreso Internacional de Teoría Constitucional
Desde mañana (estaremos) en Córdoba. Información sobre el programa, acá
9 ago 2011
Nos salvamos
En medio de su gira rocker, el Ministro de Economía se hizo tiempo para asegurar que la Argentina está a salvo de la crisis mundial, a la vez que recomendó a las potencias extranjeras que sigan la receta argentina. En Jujuy (foto de la izquierda), algunos entrepreneurs siguen favoreciendo la iniciativa privada, en celebración de un modelo que funciona.
Lo que implica el modelo
De Maristella Svampa, hoy en Clarín (acá)
Las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los 90, en los años del kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron los pedidos típicos de la movilización sindical por salarios y condiciones de trabajo. Así, a partir de 2004/05, en nombre de la “vuelta a la normalidad”, muchos celebraron el corrimiento de las fronteras del conflicto social, de lo territorial a lo sindical. Más adelante, comenzó a hablarse en los discursos oficiales del “modelo”, el cual estaría ligado a la producción y al empleo, y por ende, involucraría conflictos por la redistribución.
Esta versión parcial que glorifica el “modelo”, a veces sin adjetivación; otras, como “modelo nacional y popular”, en los últimos tiempos se ha visto interpelada desde la conflictividad social : primero, desde el mundo sindical, por el asesinato de Mariano Ferreyra , que develó la trama oscura existente entre precarización, sindicalismo empresarial y apoyos del Gobierno, abriendo fuertes interrogantes sobre la calidad y el alcance del “modelo nacional y popular” .
Segundo, por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda , en los cuales también deben incluirse aquellos de tipo socioambiental. Son especialmente este tipo de conflictos los que toman importancia en todo el país, debido tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren pobres urbanos, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos que, entre otros, exigen el acaparamiento de tierras.
Así, los hechos de Ledesma que culminaron con cuatro muertos, conjugan problemas que tocan el corazón de esa otra cara del modelo productivo y ponen al descubierto un entramado de poder que el gobierno nacional busca esconder bajo la alfombra . Lo ocurrido allí evoca tanto la desesperación de aquellos masas de pobres que ocuparon el Parque Indoamericano en diciembre pasado, como la desesperación de la Comunidad Qom, de Formosa u otras poblaciones originarias, que hoy sufren el avance de la frontera agraria o se ven despojados de sus tierras, en nombre del agronegocio, los megaemprendimientos turísticos o futuros proyectos extractivos.
Ledesma, por ejemplo, ilustra el pasaje de la industria azucarera tradicional a la agroindustria de la caña de azúcar y, recientemente, a la producción de biocombustibles, favorecida por subsidios del Gobierno. No es casual entonces que la disputa por la tierra, que los necesitados exigen para vivienda, choque con la política de expansión territorial que exige el agronegocio, promovido desde los Estados nacional y provincial.
Esta es la otra cara del “modelo” que hoy conocen tantas provincias argentinas.
A esto se añade la historia negra del ingenio Ledesma, no sólo como símbolo de la oligarquía feudal del noroeste, sino también por lo acaecido en los `70, durante la “noche de los apagones”, en un claro ejemplo de asociación entre poder económico y dictadura militar.
Como manifestó el “Perro” Santillán, los propietarios de Ledesma “son los mismos que se codeaban con la dictadura militar y hoy aparecen en los actos junto a la presidenta Cristina Kirchner”.
He aquí, nuevamente, otro pedazo del discurso progresista que vuelve a crujir y nos lleva a complejizar lo que se entiende por “modelo”.
Finalmente, más allá del “efecto contagio” visible en otras ocupaciones, los hechos de Ledesma -como el de los Qom- plantean otras cuestiones: una, que si bien es verdad que el gobierno de los Kirchner no utiliza la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada .
Por lo general, son los gobiernos provinciales -muchos de ellos vinculados al oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas , contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados por políticas nacionales. Existe, como tal, una responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder es necesario analizar.
La última cuestión apunta a que los hechos de represión comienzan a ser recurrentes . Las muertes (trece personas en poco más de un año), lejos de ser casuales o esporádicas, comienzan banalizarse.
El Nunca Más , que tan dificultosamente ha bregado por instalar un nuevo umbral desde el cual pensar la democracia argentina -bajo el paradigma del respeto a la vida humana-, ha entrado en un tembladeral, lo que nos advierte sobre el complejo carácter que hoy reviste reflexionar sobre los derechos humanos en nuestra sociedad.
Las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los 90, en los años del kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron los pedidos típicos de la movilización sindical por salarios y condiciones de trabajo. Así, a partir de 2004/05, en nombre de la “vuelta a la normalidad”, muchos celebraron el corrimiento de las fronteras del conflicto social, de lo territorial a lo sindical. Más adelante, comenzó a hablarse en los discursos oficiales del “modelo”, el cual estaría ligado a la producción y al empleo, y por ende, involucraría conflictos por la redistribución.
Esta versión parcial que glorifica el “modelo”, a veces sin adjetivación; otras, como “modelo nacional y popular”, en los últimos tiempos se ha visto interpelada desde la conflictividad social : primero, desde el mundo sindical, por el asesinato de Mariano Ferreyra , que develó la trama oscura existente entre precarización, sindicalismo empresarial y apoyos del Gobierno, abriendo fuertes interrogantes sobre la calidad y el alcance del “modelo nacional y popular” .
Segundo, por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda , en los cuales también deben incluirse aquellos de tipo socioambiental. Son especialmente este tipo de conflictos los que toman importancia en todo el país, debido tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren pobres urbanos, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos que, entre otros, exigen el acaparamiento de tierras.
Así, los hechos de Ledesma que culminaron con cuatro muertos, conjugan problemas que tocan el corazón de esa otra cara del modelo productivo y ponen al descubierto un entramado de poder que el gobierno nacional busca esconder bajo la alfombra . Lo ocurrido allí evoca tanto la desesperación de aquellos masas de pobres que ocuparon el Parque Indoamericano en diciembre pasado, como la desesperación de la Comunidad Qom, de Formosa u otras poblaciones originarias, que hoy sufren el avance de la frontera agraria o se ven despojados de sus tierras, en nombre del agronegocio, los megaemprendimientos turísticos o futuros proyectos extractivos.
Ledesma, por ejemplo, ilustra el pasaje de la industria azucarera tradicional a la agroindustria de la caña de azúcar y, recientemente, a la producción de biocombustibles, favorecida por subsidios del Gobierno. No es casual entonces que la disputa por la tierra, que los necesitados exigen para vivienda, choque con la política de expansión territorial que exige el agronegocio, promovido desde los Estados nacional y provincial.
Esta es la otra cara del “modelo” que hoy conocen tantas provincias argentinas.
A esto se añade la historia negra del ingenio Ledesma, no sólo como símbolo de la oligarquía feudal del noroeste, sino también por lo acaecido en los `70, durante la “noche de los apagones”, en un claro ejemplo de asociación entre poder económico y dictadura militar.
Como manifestó el “Perro” Santillán, los propietarios de Ledesma “son los mismos que se codeaban con la dictadura militar y hoy aparecen en los actos junto a la presidenta Cristina Kirchner”.
He aquí, nuevamente, otro pedazo del discurso progresista que vuelve a crujir y nos lleva a complejizar lo que se entiende por “modelo”.
Finalmente, más allá del “efecto contagio” visible en otras ocupaciones, los hechos de Ledesma -como el de los Qom- plantean otras cuestiones: una, que si bien es verdad que el gobierno de los Kirchner no utiliza la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada .
Por lo general, son los gobiernos provinciales -muchos de ellos vinculados al oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas , contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados por políticas nacionales. Existe, como tal, una responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder es necesario analizar.
La última cuestión apunta a que los hechos de represión comienzan a ser recurrentes . Las muertes (trece personas en poco más de un año), lejos de ser casuales o esporádicas, comienzan banalizarse.
El Nunca Más , que tan dificultosamente ha bregado por instalar un nuevo umbral desde el cual pensar la democracia argentina -bajo el paradigma del respeto a la vida humana-, ha entrado en un tembladeral, lo que nos advierte sobre el complejo carácter que hoy reviste reflexionar sobre los derechos humanos en nuestra sociedad.
8 ago 2011
Capitalismo/Neoextractivismo
Este viernes, en el Auditorio Uriburu (de la sede de Sociales de M.T.de Alvear), cierran las Jornadas de Sociología de este año, con un lindo panel que compartiremos con Norma G. y Maristella S., coordinado por Claudia Korol
VIERNES 12 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Auditorio Uriburu
Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología
Las nuevas caras del capitalismo: el neoextractivismo en América
Latina
Coordina:
» Claudia Korol
Expositores:
» Norma Giarraca
» Maristella Svampa
» Roberto Gargarella
Más info, acá
foto: perro en valpo menor
7 ago 2011
La saga de Alexy (2)
Mientras el pobre don Alexy prefería no buscar alternativas para el honoris causa que le fuera denegado ("I ask for your understanding when I say that I do not wish to receive the honorary degree in a context other than that originally planned. For this reason, it is my wish to decline the honorary degree" -escribió), el amigo don Mauricio García Villegas escribía la siguiente interesante nota, sobre el episodio.
Universidad y tolerancia
Una de las preguntas más dificiles de resolver en una sociedad abierta al diálogo es la siguiente: ¿hasta dónde se debe tolerar a los intolerantes?
Digo esto a propósito de la decisión tomada esta semana por el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), monseñor Luis Fernando González, de cancelar un seminario internacional sobre justicia, previsto para este mes de octubre, en Cartagena. El rector cancela el evento por “la orientación y énfasis que algunos de los ponentes hacen en pro del aborto”. Ante semejante argumento, la decana de Derecho, promotora del evento, renunció a su cargo.
Debo decir que tengo un doble interés en este asunto; primero porque soy egresado de la Facultad de Derecho de la UPB y segundo, porque tengo entendido que mi nombre forma parte, como muchos otros (incluidos los invitados internacionales) de la lista de proscritos por monseñor.
Lo que más me acongoja es la situación de los estudiantes. Si el rector cancela un seminario cuando ve que los participantes no comparten sus propias convicciones religiosas, me imagino lo que podrá hacer con el pensum, con la libertad de cátedra o con las bibliotecas. Es posible que legalmente tenga la facultad para impedir que toda idea contraria al canon vaticano ingrese a su claustro. Lo que no creo es que una institución que haga eso pueda llamarse universidad. Podrá llamarse, por ejemplo, Casa Bolivariana de Estudios Pontificios. Confundir una universidad con una casa de estudios, es como confundir una orquesta sinfónica con una banda de música. Ambas cosas tienen su valor, pero son diferentes.
Y no es que no pueda haber universidades católicas. Yo mismo estudié durante muchos años en la Universidad Católica de Lovaina (UCL), en donde recibí una educación pluralista y abierta al debate. Las instituciones académicas no tienen por qué ser neutrales; pueden estar fundadas en la defensa de propósitos e ideales (liberales, socialistas, católicos, etc.). Lo que las caracteriza es más bien su convicción de que esos ideales son tan fuertes que no se derrumban por el hecho de debatirlos y discutirlos (por eso mismo, si yo fuera estudiante de la UPB, dudaría mucho de las convicciones de monseñor).
La gran diferencia entre el rector de la UPB y los académicos que hemos sido proscritos por él no está en la firmeza de las convicciones morales (las nuestras son tan firmes como las de él), ni siquiera en el compromiso por la defensa de esos ideales (todos luchamos por un mundo mejor y más justo), sino en el hecho de que mientras monseñor estima que su credo no puede ser puesto en duda, ni siquiera debatido (como en el seminario), nosotros (en la universidad) estamos dispuestos a discutir nuestras propias convicciones e incluso a cambiarlas, si nos convencen de que estamos errados. Es posible que nuestra manera de actuar no sea mejor que la suya; de lo que sí estoy seguro es que la nuestra es académica y universitaria, mientras que la suya es moralista y autoritaria.
La gran pregunta es, como dije al inicio, ¿hasta dónde debe llegar la tolerancia respecto de personas intolerantes como el rector González? Yo respondería lo siguiente (para el debate): hasta que pongan en peligro la existencia misma del intercambio de ideas.
Por desgracia, me temo que, incluso si en la UPB llegase a ocurrir esa anulación completa de la discusión académica (¿qué tan cerca están de eso?, no lo sé), las directivas eclesiásticas se saldrán una vez más con la suya, como lo hicieron tantas veces antes, en tiempos del cardenal López Trujillo (¿hasta cuándo?, tampoco lo sé).
foto: ciclista en valpo
6 ago 2011
Carga 16 muertos el gobierno de los DDHH (p.d.: Cuadro/15 según el CELS))
2 muertos con Menem; 2 muertos con Duhalde; 44 con De la Rúa; 16 con el kirchnerismo (más 1700 por el gatillo fácil o la tortura durante este último período). Los Kirchner están "primeros lejos desde 1983 en materia de muertes por represión preventiva" (gatillo fácil), y en un "cómodo segundo lugar en el podio de la represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem...y a Duhalde." Según María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial. La nota, a continuación, o acá
La empresa Ledesma, de la familia Blaquier, posee más de 150 mil hectáreas en Jujuy. Se calcula que mucho menos del 1% de ese latifundio alcanzaría para resolver la acuciante falta de viviendas en la zona, que empujó a unas 700 familias a ocupar un predio de 15 hectáreas en Libertador General San Martín. Desde la ocupación, fueron víctimas de crecientes amenazas de la empresa y del Gobierno hasta que el 28 de julio, a las seis de la mañana, la represión se hizo efectiva de la peor manera. La Policía provincial, por órdenes del Gobierno, representada por un juez que intervino a pedido de la empresa, los echó a sangre y fuego.
Hubo más de sesenta heridos con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación de centenares, entre ellos varios bebés, y fueron asesinados Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez, ingresado al hospital en estado grave, sumaron cuatro las personas muertas, a las que se agrega un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.
Pese a la represión, los pobladores resistieron y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo trabajador. Apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos.
Mientras tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones oficiales de siempre. El intendente Ale culpó al juez por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra la Policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos en blanco y dijo algo como “qué barbaridad...”, y su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados, Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató de despegar de toda responsabilidad al Gobierno diciendo que los compañeros se mataron entre ellos...
Fellner, recordemos, fue quien abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador General San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre, de otro joven, Cristian Ibáñez.
Con los sucesos en Libertador suman 64 los muertos en la protesta desde 1995. De ellos, 16 fueron autoría del gobierno peronista de los Kirchner: Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007, Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008 y nueve en el curso de 2010. Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados, y los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.
Así, los Kirchner, primeros lejos desde 1983 en materia de muertes por represión preventiva (más de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura, a un ritmo de un asesinado por día), alcanzan un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem (dos muertos, Víctor Choque en Tierra del Fuego y Teresa Rodríguez en Neuquén) y Duhalde (dos muertos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda). Sólo los opaca, por ahora, el récord del gobierno radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 44 muertos (Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes; Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán en Salta, y 39 en todo el país, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001).
*Militante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
foto: raíces alicantinas
Lista con los muertos (15) de este período, que publica hoy HV en Página. Ayuda-memoria para los que pedían descuentos, en los comentarios a este post.
5 ago 2011
La represión después de la represión (con poema y foto)
Más desalojos violentos, con policía, gases y la caballería, contra pobres sin recursos que piden por su derecho a la vivienda, en una provincia k. Una primera nota, acá. Para algunos, seguramente se tratará de una represión ordenada por la oposición, e imágenes armadas por tn, en su laboratorio conspirativo: una fábula inventada por la derecha que quiere la represión de la protesta social. Otros decimos: Basta ya! Basta de reprimir la protesta social! Es el gobierno más represivo en décadas, consistentemente del lado de los grandes empresarios y los grandes propietarios, aplicando sistemáticamente la fuerza bruta contra los pobres. Basta de mentiras, basta ya!
La foto que ilustra el post sale hoy en la tapa de clarín con el epígrafe "a latigazos como en la edad media". Podemos detenernos ahí, y decir "uh, la campaña de clarìn contra el gobierno." O capaz podemos ir más allá y mirar la foto, alucinante.
De yapa, el poema soy cristinista, de Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, famoso tanto por la reciente represión a los trabajadores, como por la histórica desaparición de los líderes de la protesta en el Ingenio. El empresario suele
vacacionar con el ministro más poderoso del gabinete cristinista, quien llega al Ingenio en el avión privado del empresario. Cosas lindas del poder. Va el hermoso poema:
Se ha incrementado la venta/
del cerdo vivo o carneado/
después de haber escuchado/
a Cristina presidenta.
Las propiedades del cerdo/
eran para mí un enigma,/
desde hoy son un paradigma/
y la vaca es un recuerdo.
Y por potenciar la cosa/
como cerdo a toda hora/
y gracias a la Señora/
hoy tengo novia mimosa.
Por eso soy cristinista/
y nada me hará cambiar,/
soy cristinista a rabiar/
y un convencido activista.
Estudiantes
Si te acostás con Piñera, te levantás con 500 estudiantes detenidos, con represión a los pobres, con negocios entre el Estado y los grandes empresarios. Pero bueno, Latinoamérica sigue votando a la derecha.
4 ago 2011
Z
El CELS acaba de emitir un comunicado en solidaridad con la situación del Juez Zaffaroni (sobre su situación, por ejemplo, acá). El comunicado del CELS, acá. Desde este blog, también queremos hacerle llegar a Z nuestra solidaridad, por todo lo que es y representa: un juez que ha ofrecido a todo el derecho hispanoamericano una visión renovada, refrescante, progresista, ilustrada, sobre el derecho, en el marco de una doctrina y jurisprudencia dogmáticas, conservadoras y sobre todo de pésima calidad. Eso no quita, de todos modos, que deba dar explicaciones que aún no dio, porque el tema en que se encuentra involucrado es grave (no se trata de un "invento mediático", sino de la denuncia de una ONG respetable, y que ha dado muestras de independencia).
Disentimos, en cambio, con mucho de lo que aparece en el comunicado del CELS, que nos permite pensar sobre temas que van más allá del caso concreto de Z. Sobre el tema, respetuosamente y con el ánimo de contrastar ideas, señalaría lo siguiente.
Como es costumbre en el oficialismo, el comunicado la emprende contra los medios de comunicación, para dejar de mirar el problema que tiene enfrente. Lo cierto es que la situación que aqueja a Z sería tema de portadas sucesivas en Inglaterra (en the sun o en the guardian), en Suiza o en Noruega. Se trata de una noticia más que relevante, nos guste o no. No se puede seguir tratando de matar al mensajero, o echándole la culpa, cuando la noticia no es de nuestro agrado. Podremos un día discutir sobre el contenido de las noticias, en lugar de desviar la atención hacia quien la emite?
En el comunicado se dice que Z es objeto de "acusaciones escandalosas e imprecisas." Lo mismo podría decirse de este comunicado, respecto de las acusaciones que formula. Y es que, aunque puede ocurrir que algunos medios amarillistas reflejen mal el problema, o lo saquen de contexto (lo mismo ocurriría con the sun en Inglaterra, o vg en Noruega), lo cierto es que la mayoría de los comentaristas, columnistas o conductores de televisión que uno escucha o lee, sobre el tema, comienzan sus comunicaciones aclarando, durante largo tiempo, y como pidiendo perdón, que "Z es brillante," que "el prestigioso jurista," que "el reconocido juez," y otros muchos calificativos que Z bien se merece. Entonces, el CELS debería dar contenido a su impreciso comunicado, para sostener lo que sostiene.
Se dice en el comunicado que quienes critican a Z "pretenden poner en riesgo" los avances hechos por la Corte; y los firmantes se preguntan también si "este tipo de avances no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial". Sin embargo, eso no parece cierto, ya que existe un amplísimo consenso en el papel independiente que juega la Corte. Se trata, otra vez, de una denuncia "escandalosa e imprecisa" como la que denuncian. Por otra parte, es curiosa esta preocupación cuando, poco tiempo atrás, desde el oficialismo se organizó una manifestación contra la Corte, porque la misma no decidía en los casos relacionados con la Ley de Medios tal como lo quería el gobierno. En ese evento, se llamó a los jueces de la Corte "turros"; "cómplices de la dictadura" que hicieron posible "la tortura y la muerte"; jueces que recibían "sobres" con dinero desde el poder. En ese momento, también, buena parte de entre los integrantes del elenco oficial, incluyendo al Secretario de Medios allí presente, aplaudieron esas consignas que invitaban a "tomar los tribunales" (sobre aquel evento, acá)
En el documento del CELS, los autores se escandalizan porque algún dirigente político llegó "al extremo de pedir la renuncia del magistrado". En el evento oficialista recién comentado, también se había pedido que los jueces "renuncien y se vayan si no quieren apoyar al pueblo" Esta petición no generó, sin embargo, réplicas tan indignadas.
Es (sigue siendo) un error, sobre todo para un organismo de derechos humanos, mirar la política de un modo tan sesgado -y mucho más si ese sesgo es un sesgo oficialista. Es a quien maneja la fuerza, sobre todo, a quien se debe controlar, en defensa de los derechos humanos.
En post-data, agregaría que, curiosamente, el comunicado termina denunciando la situación de "hacinamiento y tortura de miles de presos," y la "represión de los conflictos sociales" pero...dirigiendo su crítica a los jueces, y no al poder político (oficialista) que es el que mantiene situaciones de tortura en las cárceles, y sigue ordenando la represión social de la protesta, sistemáticamente, mientras levanta como principal bandera el no hacerlo. Se podrá decir que el comunicado era en torno a la justicia, pero no es así, porque el mismo critica directamente a miembros de la clase política -por supuesto, cuando se trata de políticos no oficialistas, diciendo algo que pueda incomodar a la posición oficial. Es el riesgo de desviar la discusión, en este caso, para no tocar al gobierno, como es un problema, en el resto del comunicado, invisibilizar la situación de quienes ejercen la prostitución -o son objeto de explotación sexual.
Disentimos, en cambio, con mucho de lo que aparece en el comunicado del CELS, que nos permite pensar sobre temas que van más allá del caso concreto de Z. Sobre el tema, respetuosamente y con el ánimo de contrastar ideas, señalaría lo siguiente.
Como es costumbre en el oficialismo, el comunicado la emprende contra los medios de comunicación, para dejar de mirar el problema que tiene enfrente. Lo cierto es que la situación que aqueja a Z sería tema de portadas sucesivas en Inglaterra (en the sun o en the guardian), en Suiza o en Noruega. Se trata de una noticia más que relevante, nos guste o no. No se puede seguir tratando de matar al mensajero, o echándole la culpa, cuando la noticia no es de nuestro agrado. Podremos un día discutir sobre el contenido de las noticias, en lugar de desviar la atención hacia quien la emite?
En el comunicado se dice que Z es objeto de "acusaciones escandalosas e imprecisas." Lo mismo podría decirse de este comunicado, respecto de las acusaciones que formula. Y es que, aunque puede ocurrir que algunos medios amarillistas reflejen mal el problema, o lo saquen de contexto (lo mismo ocurriría con the sun en Inglaterra, o vg en Noruega), lo cierto es que la mayoría de los comentaristas, columnistas o conductores de televisión que uno escucha o lee, sobre el tema, comienzan sus comunicaciones aclarando, durante largo tiempo, y como pidiendo perdón, que "Z es brillante," que "el prestigioso jurista," que "el reconocido juez," y otros muchos calificativos que Z bien se merece. Entonces, el CELS debería dar contenido a su impreciso comunicado, para sostener lo que sostiene.
Se dice en el comunicado que quienes critican a Z "pretenden poner en riesgo" los avances hechos por la Corte; y los firmantes se preguntan también si "este tipo de avances no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial". Sin embargo, eso no parece cierto, ya que existe un amplísimo consenso en el papel independiente que juega la Corte. Se trata, otra vez, de una denuncia "escandalosa e imprecisa" como la que denuncian. Por otra parte, es curiosa esta preocupación cuando, poco tiempo atrás, desde el oficialismo se organizó una manifestación contra la Corte, porque la misma no decidía en los casos relacionados con la Ley de Medios tal como lo quería el gobierno. En ese evento, se llamó a los jueces de la Corte "turros"; "cómplices de la dictadura" que hicieron posible "la tortura y la muerte"; jueces que recibían "sobres" con dinero desde el poder. En ese momento, también, buena parte de entre los integrantes del elenco oficial, incluyendo al Secretario de Medios allí presente, aplaudieron esas consignas que invitaban a "tomar los tribunales" (sobre aquel evento, acá)
En el documento del CELS, los autores se escandalizan porque algún dirigente político llegó "al extremo de pedir la renuncia del magistrado". En el evento oficialista recién comentado, también se había pedido que los jueces "renuncien y se vayan si no quieren apoyar al pueblo" Esta petición no generó, sin embargo, réplicas tan indignadas.
Es (sigue siendo) un error, sobre todo para un organismo de derechos humanos, mirar la política de un modo tan sesgado -y mucho más si ese sesgo es un sesgo oficialista. Es a quien maneja la fuerza, sobre todo, a quien se debe controlar, en defensa de los derechos humanos.
En post-data, agregaría que, curiosamente, el comunicado termina denunciando la situación de "hacinamiento y tortura de miles de presos," y la "represión de los conflictos sociales" pero...dirigiendo su crítica a los jueces, y no al poder político (oficialista) que es el que mantiene situaciones de tortura en las cárceles, y sigue ordenando la represión social de la protesta, sistemáticamente, mientras levanta como principal bandera el no hacerlo. Se podrá decir que el comunicado era en torno a la justicia, pero no es así, porque el mismo critica directamente a miembros de la clase política -por supuesto, cuando se trata de políticos no oficialistas, diciendo algo que pueda incomodar a la posición oficial. Es el riesgo de desviar la discusión, en este caso, para no tocar al gobierno, como es un problema, en el resto del comunicado, invisibilizar la situación de quienes ejercen la prostitución -o son objeto de explotación sexual.
Cancelan Honoris Causa a Alexy
Ay. En la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, cancelaron la ceremonia de entrega de un Honoris Causa a don Alexy, porque sus textos (su "método de ponderación," ay también), habían sido utilizados, por caso, por la Corte Colombiana, acá, para despenalizar el aborto en ciertos casos. La carta que pide la anulación del importante evento que se estaba preparando en la Universidad, acá (en la misma, el autor da alternativas de a quiénes invitar y premiar, en lugar del alemán, ay). La decana de derecho acaba de renunciar. Ay.
Convocatoria de artículos
Nos llega, del amigo don Etchichury, esta convocatoria para la presentación de artículos
Actualidad Jurídica de Córdoba – Revista de Derecho Constitucional y Administrativo es una revista digital editada mensualmente en Córdoba. Convoca a la presentación de artículos de doctrina para ser incluidos en los próximos números. La temática debe inscribirse -a grandes rasgos- en el derecho constitucional, administrativo, tributario o electoral, con preferencia por cuestiones relativas a Córdoba (pero no es condición excluyente).
Las especificaciones y reglamento de publicación, así como la dirección de correo electrónico donde enviar los artículos pueden consultarse aquí
Horacio Javier Etchichury (etchichury@hotmail.com)
Actualidad Jurídica de Córdoba – Revista de Derecho Constitucional y Administrativo es una revista digital editada mensualmente en Córdoba. Convoca a la presentación de artículos de doctrina para ser incluidos en los próximos números. La temática debe inscribirse -a grandes rasgos- en el derecho constitucional, administrativo, tributario o electoral, con preferencia por cuestiones relativas a Córdoba (pero no es condición excluyente).
Las especificaciones y reglamento de publicación, así como la dirección de correo electrónico donde enviar los artículos pueden consultarse aquí
Horacio Javier Etchichury (etchichury@hotmail.com)
Becas F
De la Comisión Fulbright Argentina:
Becas Fulbright-Fundación Bunge y Born (http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/): Dirigida a investigadores jóvenes de disciplinas científicas que estén avanzados/as en sus doctorados y requieran una estadía en Estados Unidos para completar sus tesis doctorales.
Becas Fulbright-CONICET (http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/): Destinada a investigadores del CONICET de las categorías asistente y adjunto, que estén interesados/as en realizar una estadía postdoctoral de tres meses para desarrollar un proyecto de investigación en una universidad de Estados Unidos.
Ambas convocatorias están abiertas hasta el 30 de septiembre de 2011.
Becas Fulbright-Fundación Bunge y Born (http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/): Dirigida a investigadores jóvenes de disciplinas científicas que estén avanzados/as en sus doctorados y requieran una estadía en Estados Unidos para completar sus tesis doctorales.
Becas Fulbright-CONICET (http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/): Destinada a investigadores del CONICET de las categorías asistente y adjunto, que estén interesados/as en realizar una estadía postdoctoral de tres meses para desarrollar un proyecto de investigación en una universidad de Estados Unidos.
Ambas convocatorias están abiertas hasta el 30 de septiembre de 2011.
Marx/Tanner
En estos días, encontramos por la cité un pequeño festival de buenas películas. Por un lado, la monumental obra de Alexander Kluge, sobre "El Capital" de Karl Marx, los sábados en Proa ("Noticias de la antiguedad ideológica"), que se da en versiones diversas (la más extensa, de 9 horas; la versión resumida, de hora y media). Reportaje al enloquecido, brillante autor, acá.
Por otro lado, retrospectiva del gran director suizo Alain Tanner, en el San Martín. Ojo con dejarlo pasar así nomás, porque Alain Tanner -uno de los grandes autores libertarios del cine contemporáneo- es un gran ausente en nuestras pantallas. Nota sobre el ciclo, acá (La nota de Página habla de un cineasta que ya nadie recuerda; pero en el blog habíamos premiado a Tanner, acá, en un post sobre cine anarquista).
foto: montevideo frombelou
2 ago 2011
Los límites del voto
En Clarín, acá, el juez del Tribunal Superior de la Ciudad, Luis Lozano, discute un artículo que escribiera yo, sobre los límites del voto. Hay un debate en ciernes, sobre el significado de la democracia, en el que LL y eu disentimos. Un saludo ahí.
Salió el 2020!!!
Este año, primero, publicamos el excelente libro de Sunstein-Holmes, en el que se demuestra por qué "todos los derechos cuestan" (y no sólo los económico-sociales, como han dicho jueces y doctrinarios).
Después, publicamos el gran libro de Estlund, en donde él defiende y fundamenta su visión sobre la democracia deliberativa -siendo Estlund uno de los principales referentes de esta corriente teórica.
Y ahora le llega el turno al n. 1, nuestra pequeña joya, el 2020!!! Acá, convocamos a la generación más joven de colegas, a pensar sobre una única cuestión: qué punto, en particular, cambiaría de la Constitución, o por qué pediría del mismo una interpretación diferente? Así que llegamos, al final, a 48 propuestas diferentes (5 o 6 paginitas cada uno, lenguaje claro, pocas notas al pie), sobre: el derecho de propiedad; libertad de expresión; participación vs. sedición; religión; derecho internacional de los derechos humanos; crimen y castigo; y un larguísimo etcétera. El libro está, cómo decirlo, espectacular.
Fiss: Terrorismo/El mundo en que vivimos
Del amigo Owen Fiss, resultado de una conferencia en donde resumió su crítica sobre la política de Obama en la "Guerra contra el Terror." Bien por don Owen.
El link, acá (gracias Lucas por el link)
El link, acá (gracias Lucas por el link)
1 ago 2011
El nacionalismo: de la identidad a la economía
Del amigo don Félix Ovejero Lucas
Según cuentan, el nacionalismo catalán ha desplazado el centro de gravitación de su discurso. La economía sustituiría a la identidad. En realidad, sería más justo decir que a la identidad se añade la economía. Porque la batalla identitaria no admite holganza. Basta con acordarse de la última campaña electoral autonómica, cuando, en mitad de un debate, Mas, entonces un candidato entre otros, con ese sentido patrimonial del país tan característico de la burguesía nacionalista, le dijo a otro candidato que intervenía en la lengua mayoritaria y común de los catalanes: “Fíjese si somos tolerantes que usted habla en castellano en la televisión nacional de Cataluña y no pasa nada”. La frase, de las que arruinan carreras en las sociedades que penalizan el desprecio a los ciudadanos, hay que masticarla un rato para paladear sus sabores. Uno entre otros: la noción cultural de la comunidad política, común al pensamiento más reaccionario. Una noción, por cierto, falsa. Si aplicamos el método que llevó a National Geographic a concluir que “el humano medio” es chino, tiene 28 años y cobra 12.000 dólares anuales, el catalán medio es una persona que, entre otras cosas, habla normalmente en
castellano, se apellida Pérez o García y vive bastante peor que Mas. Vamos, que en Cataluña el raro es Mas. También, por cierto, Ernest Maragall, quien hace poco agavillaba en el mismo pliego la catalanización del PSC y el abandono de Montilla, Zaragoza e Iceta de su dirección. Sigan masticando.
Con todo, incluso si caben dudas acerca del declinar identitario, de lo que no caben es del incremento de la retórica económica. La pregunta “España, ¿nos sale a cuenta?” es hoy un programa, cuando no una consigna. Inspira, por ejemplo, a un apreciable número de libros, en su mayoría libelos cansinos y descoyuntados (léase a Javier Asensio, “Beneficios económicos (sin costes) de la independencia de Cataluña”, en Revista de Libros de mayo). La pregunta resulta ofensiva desde una elemental idea de ciudadanía, una invitación a que los ricos, los catalanes y el resto, se hagan andorranos. Por lo demás, la argumentación a la que sirve resulta falaz en sus versiones comunes. En la parte común de la declaración de renta no hay casillas según autonomía. Cada ciudadano paga –o ingresa-- según sus ingresos, resida en Barcelona o en Mérida. Si mi vecino paga 999 euros y yo uno, decir que nos “expolian” porque “nosotros” pagamos 1000 es hacer trampas. No existe ese perímetro común, a un lado de la barricada fiscal, entre mi vecino y yo. En realidad la primera pregunta que yo debería hacerme es por ese desigual reparto, 999 y uno; seguro que sus causas no están en Madrid y, sin duda, explica bastante sobre mis condiciones de vida.
Naturalmente, para lo que se pretende, la calidad de los argumentos no importa. La explicación del nuevo mensaje es más sencilla: “España nos expolia” es fácil de vender. Mucho más que un irreal mensaje identitario que no parece dar más de sí. Ha agotado todos los recovecos de la vida social y la tozuda realidad catalana se resiste a la ficción en la que quieren ahormarla, a ese goteo sin tregua que no tiene otro guión que instalar a los ciudadanos “con naturalidad” en otro país. Sin ir más lejos, según el campus virtual de mi universidad, todos los profesores y alumnos tenemos la nacionalidad catalana, aunque podemos, eso sí, elegir, pestaña mediante, cualquiera entre las del mundo menos una. Adivinen.
Por ahí asoma la economía, como mercancía electoral sustitutiva. Resuelve bastantes cosas. Ante todo, amplia el mercado potencial de los votos. Aquí cabemos todos. El único perímetro relevante es entre “nosotros”, ricos y pobres, y los que nos expolian. Con el enemigo fuera, las preguntas incómodas, acerca de la distribución entre nosotros o de las desigualdades y exclusiones sociales resultado de las políticas lingüísticas, que no son pocas, se conjuran por inoportunas o, llanamente, por anticatalanas. Y si hay un problema de gestión, el diagnóstico, venga a cuento o no, es sencillo: se resolvería en un santiamén si lo que nos quitan se quedara a casa nostra. Con ese relato, piensa el nacionalismo, el Pijoaparte se acabará por creer el Julien Sorel de las buenas horas y, andando el tiempo, hasta puede que se incorpore a la causa ese obstinado catalán que “pasa”, el que se abstuvo en el referéndum de Estatut, incluso el que vota al PSOE en las generales y no sabe qué es el PSC.
Hasta aquí la mercancía resulta eficaz. Desafortunadamente, el programa no sale gratis, sobre todo cuando el mensaje identitario asoma la oreja y desbarata los cálculos. Se confirmó hace poco cuando el Conseller de Agricultura hizo una llamada al “patriotismo alimentario”, que comenzaba, a su parecer, por no pedir Rioja en los restaurantes. A los pocos días aclaró -en lo que solo podía entenderse como una incitación al alcoholismo- que eso no equivalía a pedir el boicot para nadie, que un consumo no excluye el otro. Pero el tono de su petición estaba claro. Es el mismo que anida en la alegría con la que el Presidente de la Generalitat celebra el hipotético aumento del porcentaje del comercio con Europa respecto al comercio con España, en un razonamiento que, en buen uso aritmético, equivale al de aquel que, ante una epidemia que se lleva por delante a la mitad de la población, se congratula de que “los accidentes de tráfico ya no son la primera causa de muerte”. No parece importar que aumenten los mercados sino “la naturaleza” de los mercados. La identidad impone su ley a la economía.
El empresariado, hasta ahora, no parece ver con malos ojos la cantinela de “si España no nos ofrece nada, será difícil seguir conviviendo”, para decirlo con las exactas palabras del siempre diáfano portavoz del Govern. No hay que extrañarse. A los empresarios les cuesta enemistarse con los gobernantes. Se mostró incluso en los días de Tripartito y el Estatut, cuando, por la simple presión del poder político, se sumaron a reivindicaciones que ni les iban ni les venían. Mientras las reclamaciones nacionalistas salgan de balde, ganancia de pescadores. Incluso puede que, en el camino, en la lista de reparaciones de tanta desafección, algo se pille, aunque sea un cargo en la CEOE. Nada que reprochar. La burguesía tiene una natural disposición a decantarse por la línea de menor resistencia. Simple dinámica de fluidos.
Pero, en virtud de ese mismo principio, su reacción cambia cuando la resistencia viene del otro lado y las bromas dejan de salir gratis. Sucedió hace unos cinco años con ocasión del boicot “a los productos catalanes”, como respuesta, por cierto, a una campaña previa de la misma naturaleza iniciada desde instituciones semipúblicas catalanas, como Òmnium Cultural, ese mismo que ahora llama a una insumisión fiscal “frente al Estado” que el Gobierno catalán considera “interesante”. En aquellos días, la primera reacción de los empresarios fue llamar a la puerta del Tripartito para recordarle que con las cosas de comer no se juega. La segunda, un repentino fervor españolista, que condujo a unos a patrocinar a la selección de fútbol y a otros a acordarse en sus etiquetas del Quijote. Sencillamente, ya no todo salía gratis.
Mas administra ese complicado equilibrio. La identidad, si sube la presión y atosiga, puede volverse contra la economía. Claro que el resultado final no es solo cosa suya. Depende, y mucho, del eslabón intermedio, de la reacción “en Madrid”. Hasta ahora, cuando el relato gravitaba en torno a la identidad, “en Madrid”, entretenidos en el regate electoral, siempre miope, se imponía la magnífica teoría política del “ir tirando, que total”. La realidad social catalana se ignoraba, se recaudaban los votos suficientes y, si acaso, se acudía a un vacuo fraseo de repertorio sobre las maravillas de la pluralidad cultural, que a unos les permitía silbar y a los otros fent país. Ahora, con el país hecho hasta donde se deja, cuando después de la identidad asoma la economía, “porque si somos una nación, hay que hablar de balanzas entre vosotros y nosotros”, y llegan los mensajes del concierto económico o del pacto fiscal, algunos descubren que la perdiz, definitivamente mareada, se viene abajo. Nada nuevo. La enseñanza de los últimos años, de la política de “ir tirando”: de victoria en victoria hasta la derrota final. Esa trayectoria de éxitos que ha llevado al PSOE a donde está. Cuando ya no vale ponerse de perfil.
foto: luces y sombras (montevideo)