Dos documentos de Plataforma sobre Reforma Constitucional

A falta de uno, el colectivo Plataforma acaba de presentar dos documentos sobre la Reforma Constitucional y la re-reelección presidencial. El documento sobre los Fundamentos a la crítica de la propuesta oficialista puede encontrarse acá:

http://plataforma2012.org/2012/09/12/fundamentos-la-propuesta-de-reforma-constitucional/

El documento de base, mientras tanto, es el que sigue. Lo acompañan las firmas de los primeros adherentes:

Las iniciativas del oficialismo sobre la reforma constitucional, cuyo núcleo duro, que trata de ser disimulado o encubierto, es la propuesta de re-reelección presidencial, pretenden fundamentarse en la necesidad de consolidar el modelo de transformación nacional que, según la “narrativa” oficial, caracterizaría el proyecto político del actual gobierno. A la manera de la construcción de los mitos, que recogen necesidades y formas de elaboración colectiva de la historia y de los orígenes, se instala laidea de una refundación de la Argentina desde el punto de vista económico y social, que exigiría cambios constitucionales que den cuenta de este proceso, mientras se consolida el modelo dependiente agroexportador y extractivista y se niega la responsabilidad del Estado – y más concretamente del gobierno – allí donde el Estado manifiesta su ausencia o su complicidad.

Desde Plataforma 2012 sostenemos una posición clara al respecto, sin pretender apelar a eufemismos ni a retóricas ocultadoras: nos oponemos a la re-reelección así como también a cualquier estrategia “pactista” o de “negociación” que conlleve la habilitación de un tercer mandato presidencial, a través de una reforma constitucional. 

1- Desde Plataforma 2012 entendemos que la reforma constitucional debe ser planteada no en abstracto, sino en concreto, y en relación con las peculiares circunstancias históricas, políticas y sociales con las que hoy convivimos en la Argentina. Ante todo, pensar la reforma constitucional de un modo situado nos obliga a reflexionar acerca de quiénes nos están invitando a la empresa reformista: de quién se trata, qué compromisos muestra con la reforma política, y qué antecedentes ofrece en la negociación política a favor de cambios jurídicos estructurales.

Cuando hacemos este ejercicio, podemos reconocer cuatro antecedentes preocupantes: Primero, que la redacción de la actual Constitución argentina, aprobada en 1994, estuvo a cargo de muchos de los que hoy promueven su modificación. En aquel momento, la reelección del entonces presidente Menem fue uno de los motivos centrales de la reforma. Ese motivo coyuntural es similar al que hoy se esgrime: la necesidad de perpetuar en el poder a quien se suponía, en aquel entonces, que encarnaba un cambio refundacional para el país.

Segundo, casi desde el momento de su nacimiento como fuerza nacional, el oficialismo ha obstaculizado la reforma política, y –notablemente- a pesar de haber llegado al poder invocando la importancia y urgencia de llevar a cabo dicha reforma. No obstante contar reiteradamente con amplias mayorías legislativas, la coalición gobernante ha frenado y boicoteado de modo consistente toda reforma significativa de la organización política de nuestro país.

Tercero, no resulta anecdótico evocar que en aquellas provincias donde se ha habilitado la reelección indefinida convergen elementos tales como una fuerte concentración del poder en el ejecutivo, prácticas autoritarias, nepotistas y represivas, altos niveles de desigualdad y consolidación de diferentes formas de clientelismo político. Se trata de provincias “feudos”, cuyos gobiernos hoy, en tanto aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran cabalmente el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.

Cuarto, tampoco es un dato menor recordar que los últimos dos presidentes (Néstor Kirchner y Cristina F. de Kirchner) contribuyeron de manera protagónica a la incorporación de uno de los aspectos más neoliberales de la Constitución de 1994, como aquel que conllevó la cesión por parte del Estado nacional de los recursos naturales, a favor de las provincias.

La re-reelección presidencial –como tantas veces, la verdad no dicha de la iniciativa a favor de la reforma constitucional- solamente extrema el aspecto más conservador de la Constitución. Se trata de la misma iniciativa que utilizó históricamente el conservadurismo (incluyendo, arquetípicamente, al gobierno de Menem), con el declarado objeto de “transformar” a la sociedad, basada finalmente en la incapacidad que se atribuye a la ciudadanía para tomar las riendas de la política en sus propias manos, y en la tradicional desconfianza elitista frente al pueblo como responsable de su propio destino. Conforme con esta visión, el pueblo perdería su rumbo y su capacidad de acción soberana si no se habilitase una tercera reelección para la Presidenta en ejercicio, porque los destinos del pueblo dependen por completo de la presencia de una figura-líder única e irreemplazable. Una posición semejante resulta más absurda todavía cuando advertimos que contamos ya con una Constitución que permitiría a los actuales gobernantes mantenerse en el poder 16 años sobre 20 (dada la posibilidad de doble re-elección luego de un solo período sin ella).

2- Los grupos promotores de la reforma constitucional, entre ellos, sectores de la cultura vinculados al oficialismo, dan por obvio que el gobierno encarna un proyecto igualitario e inclusivo que satisfaría las necesidades de amplios sectores populares. Proponen como premisa un sistema de creencias que habría que aceptar, sin necesidad de demostración alguna, renunciando de este modo a cualquier pensamiento crítico.

En realidad, la afirmación de que la coalición gobernante encarna un proyecto igualitario e inclusivo es materia de debate. Así, a diez años de gobierno, se pueden dar muchos ejemplos que contradicen estas pretensiones. En primer lugar, la economía del país se ha frenado y muchos sectores ven con preocupación el deterioro de sus ingresos laborales. Hace tiempo no se sostiene la recuperación del salario mínimo vital y móvil que sigue sin cubrir la canasta familiar básica, mientras que el empleo informal -que no accede al mismo- ha vuelto a aumentar. El acceso a la salud sigue siendo fragmentado entre quienes concurren a hospitales públicos, muchos de los cuales han deteriorado su servicio, y quienes cuentan con una cobertura de obra social o un sistema prepago. La política de vivienda social ha estado ausente en estos años mientras se lanzan planes que no constituyen una solución para los sectores más desposeídos, ni tampoco para sectores medios, y en particular para los jóvenes. Mientras tanto crece la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de los sectores populares a zonas marginales. Los signos de la desigualdad, en términos de educación, de género (salud y derechos reproductivos) de servicios de transporte, de acceso a condiciones básicas de salubridad como el agua o las cloacas, las desigualdades provinciales y territoriales, entre otros, contradicen cotidianamente la afirmación oficial sobre el igualitarismo económico y social conseguido.

Resulta claro que la situación del mercado laboral hace años que ha dejado de mejorar y la pobreza ha retomado un camino ascendente. La prueba de ello es la intervención del INDEC, la persecución de quienes no se allanaron a la destrucción del sistema estadístico nacional y el rechazo a la información de este organismo, incluso por sectores gremiales y empresarios alineados con el oficialismo.

3- Frente a tales evidencias, y como forma de mantener su apoyo incondicional al gobierno, los intelectuales que se identifican con la actual administración sostienen que las falencias o fracasos como los señalados, vinculados habitualmente con las decisiones políticas más cuestionables de este gobierno, resultan “concesiones necesarias”, producto de alianzas de las que no se podría prescindir a la hora de “construir poder”. El argumento último destinado a sostener esta postura predica que “no debe sacrificarse el todo a causa de las partes”. Partiendo de la premisa que caracteriza al oficialismo como un proceso de transformación nacional y popular, los acontecimientos enumerados no serían sino contradicciones secundarias cuya sola mención evidenciaría una voluntad de desestabilización del proyecto central. “Salvar el todo a pesar de las partes” sería el modo asertivo del enunciado.

Esta nueva versión del argumento refundacional se enfrenta, como hemos señalado, con inconvenientes demasiado serios como para resultar exitosa. Ante todo, las “partes” que esta nueva argucia de la retórica oficialista viene a salvar incluyen un sistema cada vez más abierto de represión a los trabajadores que protestan por las violaciones de sus derechos; la sanción de la nueva ley antiterrorista; la criminalización y demonización de grupos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones socio-ambientales; la creación, desde las entrañas del Ministerio de Seguridad, de un Proyecto destinado a hacer espionaje sobre organizaciones de trabajadores y grupos de izquierda; la masacre de Once como expresión de un sistema de transporte radicalmente corrupto; o el sistemático encubrimiento de funcionarios involucrados en hechos de corrupción.

A esto se agrega el enriquecimiento de grupos económicos vinculados al poder gubernamental.

En los hechos, la preservación del “todo” que se nos propone sugiere que dejemos de prestar atención a “partes” que son presentadas como anécdotas menores de un proceso de transformación. En los hechos, lo que se quiere es que dejemos de ocuparnos de violaciones de derechos de una gravedad extraordinaria. Lo que se quiere es que nos sumemos, con ellos, al disciplinado y festivo enaltecimiento del “todo positivo” que alienta el gobierno.

Por lo demás, ¿es que puede afirmarse que las “partes” que criticamos representan sólo “anomalías” propias de un proceso de cambio o claroscuros típicos de una época de transición? El oficialismo soslaya cualquier interrogación al respecto. Elige construir los fundamentos de su pensamiento en una premisa inmune a toda forma de refutación.

Desde Plataforma 2012 consideramos que las “partes” que la intelectualidad oficial ampara u oculta forman parte de dificultades de fondo, relacionadas con su crecimiento como grupo económico y con las alianzas que el gobierno ha escogido hacer en estos últimos años. Se trata de alianzas con sectores empresarios, sindicales y provinciales comprometidos severamente con la peor corrupción de la era menemista, y las peores violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Es decir, consideramos que el país enfrenta hoy dificultades no anecdóticas o transicionales, propias de un proceso emancipador, sino problemas estructurales, derivados de una manera conservadora de ejercer y concebir el poder.

4- Desde Plataforma 2012 aseveramos que más allá de la retórica ocultadora, más allá de los entusiastas ejercicios imaginativos que han realizado los aliados del gobierno, lo cierto es que casi todas las propuestas que se han formulado desde el oficialismo para motivar una reforma constitucional, no se refieren a puntos que permitan profundizar y lograr la efectiva concreción de los derechos ya constitucionalizados: desde iniciativas para la participación popular, hasta cláusulas referidas a los derechos humanos, los derechos de consumidores y usuarios, la defensa del ambiente, la integración latinoamericana, el federalismo, los derechos de los pueblos indígenas, la educación intercultural o la propiedad comunitaria. Por otra parte, es el gobierno el que no respeta derechos ya consagrados, y no cumple con normas que favorecerían claramente a la población y sobre todo a grupos marginados de la misma.

Para abordar la cuestión Constitucional el presente documento de Plataforma 2012 propone reflexionar sobre cuatro áreas fundamentales que pueden ser resumidas en las siguientes proposiciones, desarrolladas en el documento que apoya y fundamenta este pronunciamiento: 

I- El principal problema constitucional que hoy enfrenta el país no se relaciona con lo que la Constitución incluye u omite incluir en su texto, sino con las violaciones a derechos fundamentales que sufre día a día nuestro pueblo, por las acciones que el actual gobierno ha llevado adelante para desvirtuar la Constitución, y las omisiones en que ha incurrido, impidiendo cumplirla.

II- La Constitución vigente ya incluye la mayoría de las reformas que el gobierno demanda.

III- La Constitución vigente no es ni ha sido un freno a políticas reformistas.

IV- Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el gobierno.

Una Constitución más igualitaria y democrática, como la que muchos de los miembros de Plataforma 2012 defendemos, procuraría revertir la matriz conservadora de organización del poder que el constitucionalismo oficialista ha propiciado durante casi una década. Más específicamente, consideramos que dicha reforma sobre la organización del poder debe orientarse en una dirección precisa: la de democratizar el poder constitucional, en lugar de seguir concentrándolo para el usufructo de unos pocos que actúan para su propio beneficio pero bajo el nombre impropio de todos. De este modo, tornaríamos más consistente la sección constitucional referida a los derechos, que se ha ido “democratizando” (luego de haber estado al servicio de la limitación de los derechos políticos), con la referida a la organización del poder, que continúa trabajando a favor de una institucionalidad política jerárquica y poco democratizada, que considera al voto periódico como exclusiva forma real de la participación política.

La perspectiva democrática que reivindicamos no consiste en fantochadas leguleyas como las que hoy la coalición gobernante alega para esconder su propósito reeleccionista, sino en la recuperación del pueblo como sujeto emancipado, no dependiente de nadie y responsable de las decisiones que por sí mismo toma.

Firmantes:

Osvaldo. J. Acerbo, Raúl Albanece, Graciela B. Alonso, César Altamira, Mirta Antonelli, Omar Arach, Adriana Armanino, Diego Hernán Armesto, Jonatan Baldiviezo, Pedro Antonio Barbagelata, Alberto Barbeito, Liliana Barletta, Santiago Bauer, Héctor Bidonde, Mario Raúl Bordón, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Pablo Esteban Cabo, Alberto Campos Carlés, María Emilia Carabelli, Martín Casalongue, Aldo Castagnari, Ana María Cecchini, Antonio Célico, Nora Correas, Bibiana Apolonia del Brutto, Gaia Dimitriu, Diana Dowek, Diego Martín Durán, Lucila Edelman, Juan Eduardo Fentanes, Cristian Hernán Fernández, Carlos Figueroa, Ana Flores, Mario Galvano, Paula Gandino, Juan García Gayo, Stella Maris García, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Facundo Giuliano, Analía González, Alejandro Haimovich, Germán Hernandez Araguna, Alicia Jardel, Diana Kordon, María Laura Kufalescis, María Dulce Kugler, Silvana Inés Lado, Darío Lagos, Christian Lange, Alba Lanzillotto, Ruben Laporte, Gustavo Lattarulo, Gabriel Levinas, Javier Lindenboim, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Andrea Lopetegui, Julián López, María Inés Luchetti, Isabel Lucioni, Gabriela Massuh, María Carolina Mauri, Francisco Menéndez, Horacio Micucci, Carlos F. Mosquera, Nora Moyano, Marta Muhlrad, José Onaindia, Ana Pagano, Vanina Papalini, Carlos Penelas, María Rosa Pfeiffer, Alberto Pinus, Marcelo Plana, Roberto Pozzo, Luis A. Quesada Allué,Sergio E. Quintero, Daniel Rodriguez, Mabel Ruggiero, Alfredo Saavedra, Horacio Safons, Liliana Saguin, Silvio Saks, Sergio Salvatore, Agustín Salvia, Alicia E. Sánchez, Norma E. Sánchez, Ana Sarchione, Sebastián Sayago, Mónica Scandizzo, Alejandro Schweitzer, Diego Seguí, Claudio Simiz, Pablo Stefanoni, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Sergio Torrado, Enrique Viale, Franco Vico, Walter Walker, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro, Juan Zanoni, Horacio Miguel Hernán Zapata, Maximiliano Zwenger,

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