Derechos sexuales y reproductivos en la Argentina

10 organizaciones no gubernamentales objetaron la más que deficitaria política nacional en materia de derechos sexuales y reproductivos

(del reporte de la adc:)

Las altas tasa de mortalidad materna, cuya principal causa son los abortos inseguros, y la necesidad de tomar medidas para implementar en todo el territorio el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los abortos permitidos por la ley fueron algunos de los cuestionamientos que recibió hoy el Estado Argentino en su segundo Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, en Ginebra. 

Diez organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres presentaron hoy en conferencia de prensa un informe sobre éstos y otros temas relevantes de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, que fue tenido en cuenta para formular preguntas a los representantes del país durante el análisis.  Además, reiteraron el pedido para que el Ministro de Salud de la Nación ratifique por resolución ministerial la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles. El informe aportó información precisa sobre la desigualdad en el acceso a los abortos no punibles y a los métodos anticonceptivos, y resaltó las dificultades en la atención a la salud sexual de los adolescentes.

 

El informe fue elaborado por Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR).

 

La delegación argentina presentó hoy en Ginebra un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos que no incluyó ninguna mención a los derechos sexuales y reproductivos. “No presentaron nada sobre estos temas porque el Estado está en deuda con el acceso efectivo e igualitario a varios derechos, sobre todo los abortos no punibles, que en Argentina están previstos por el Código Penal y que el fallo de la Corte no hizo más que aclarar”, dijeron las organizaciones. Asimismo, denunciaron “la desigualdad jurídica en cuanto al cumplimiento en el país del fallo de la Corte; es diferente la respuesta que recibe una mujer que reclama ese derecho de acuerdo a dónde viva”.

 

Representantes otros Estados miembros de ONU realizaron preguntas, comentarios y recomendaciones con base en la información aportada por la sociedad civil. Noruega, Suiza, Alemania, España y Uruguay tomaron la palabra para cuestionar sobre estos temas ausentes. El informe de la revisión de Argentina será divulgado el próximo miércoles 24 y adoptado por el Grupo de Trabajo del EPU el lunes 29 de octubre. Argentina podrá recibir recomendaciones de parte de las Naciones Unidas para mejorar la garantía de los derechos humanos.

 

“La comunidad internacional y la sociedad toda están pidiendo que el Estado Argentino se aboque a una solución integral para la salud de las mujeres, que al menos garantice la cobertura cuando enfrentan una práctica legal, como los abortos en los casos permitidos por la ley, y también que habilite el debate en el Congreso Nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, reclamaron las organizaciones.

 

Las representantes de las organizaciones reforzaron la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional adquiera una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamaron que trate el tema en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Los problemas y resistencias que se vienen observando ameritan que se refuerce el nivel de cumplimiento del mismo en las provincias. Para ello solicitan que, entre otras medidas, se eleve a resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los ministerios de salud de las provincias estén obligados a adoptarla. También se solicita que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, el que ya fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo.

 

El link con el informe, acá
http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/283