10 años de justicia k

http://www.lanacion.com.ar/1582944-justicia-cambios-de-rumbo-en-una-politica-que-fue-de-la-renovacion-al-sometimiento

Muchas personas muestran un cambio significativo en la valoración de lo hecho por el kirchnerismo en estos 10 años. Se trata, en una mayoría de casos, de un giro justificado, en razón de los cambios que asumió el propio gobierno, dirigidos en dirección contraria a donde orientara sus primeros  pasos. Contrástense, sino, las que fueran las principales declaraciones y actos del ex Presidente Kirchner, apenas llegado al poder, con las declaraciones y actos que luego siguieron. En sus primeros días de gobierno, Kirchner promovió cambios a favor de la transversalidad política, los derechos humanos, la transparencia, o el enfrentamiento con las “mafias” y los “barones del conurbano”. Poco después, el mismo gobierno decidió simplemente echar por la borda su propuesta inicial de transversalidad; pactar con las mafias del conurbano que antes con energía denunciaba; dictar una ley antiterrorista; combatir a los “pueblos ancestrales” opuestos a sus políticas de depredación minera y sojera; o infiltrar y espiar impunemente a las organizaciones de derechos humanos.

El propósito de este texto, de todos modos, no es el de denunciar los cambios extremos que se sucedieron en el discurso y la práctica del gobierno. Lo que se pretende es examinar la trayectoria del gobierno en el ámbito de la justicia: aquí es donde las referencias anteriores cobran más sentido.

En efecto, en materia de justicia, el contraste entre el kirchnerismo inicial y el que vino luego no puede ser más contundente. Compárense las medidas políticas centrales de aquel instante fundante, resumidas en el “decreto 222”, destinado a renovar la Corte Suprema, con la actual reforma judicial, destinada a “democratizarla”. Aquella reforma, la del 222, tuvo enormes virtudes (no por nada el mismo  kirchnerismo que mira con desprecio toda referencia a lo “republicano” sigue reivindicando con orgullo actos tan modestamente republicanos como la depuración de la Corte). La reforma del 222 ayudó a restablecer los vínculos entre ciudadanos y el Poder Judicial, por entonces rotos, asegurando en el máximo tribunal “la diversidad de género, especialidad y procedencia regional en el marco de representación de un país federal.” Notablemente, todo lo que siguió desde allí fue en dirección directamente opuesta a la originalmente comprometida. Se viró entonces desde la diversidad hacia la homogeneidad, desde la proclamada transparencia hacia la opacidad, desde las manos atadas del gobierno ante la justicia hacia la situación contraria, de sometimiento de la justicia frente al poder.

Los pasos que dio el gobierno en la dirección que antes denostaba fueron sistemáticos, algunos abiertos y otros disimulados. Ellos incluyeron, desde algunas medidas repudiables, calladamente reconocidas por todos los miembros de la comunidad jurídica (la operación de los servicios de inteligencia sobre los jueces díscolos), hasta otras más abiertas, comunes en la historia reciente pero radicalizadas en todos estos años (la manipulación de los concursos y los jueces subrogantes, lo que le permite al poder contar con un control más directo sobre quienes deben decidir casos sensibles).

Luego aparecen las reformas formales, impulsadas de espaldas a la sociedad, desde el Congreso. Se procedió entonces a reformar el Consejo de la Magistratura (Ley 26.080 del 2006), reduciendo drásticamente sus miembros de 20 a 13, alegando la necesidad de “mejorar la eficiencia” del organismo. Curiosamente, al poco tiempo se reformó otra vez al Consejo, con el fin de “mejorar la eficiencia”, pero esta vez expandiendo de 13 a 19 su número de miembros (¡). Curioso: la eficiencia que años atrás necesitaba de un menor número requería ahora volver a aumentarlo. De manera similar, el gobierno promovió la institución del “per saltum” y la reforma en las medidas cautelares, alegando el valor de la celeridad sobre el de la certeza: “los pleitos no pueden extenderse indefinidamente en el tiempo,” dijeron. Llamativamente, en ese mismo acto, el gobierno promovió la creación de nuevas Cámaras de Casación, privilegiando ahora la certeza sobre la celeridad. Curioso: ya no parecía ser un problema que los procesos se extendieran indefinidamente en el tiempo.

En materia procedimental, mientras tanto, los cambios que se impulsaron no pudieron ser más chocantes. En los inicios, y a través del decreto 222, el gobierno se había comprometido a asegurar un procedimiento abierto, controlado por la sociedad civil, y dirigido a favorecer la selección de jueces capaces de limitar los excesos del propio gobierno. Notablemente, todo lo que vino luego –orientado a asegurar un poder judicial sometido- se hizo a través de procedimientos oscuros, marcados por la chapucería, la falta de discusión, el atolondramiento y el atropello.

Conviene no perder de vista lo que significan estos cambios drásticos en el procedimiento. Se trata de cambios que –por sus formas- amenazan la propia constitucionalidad de los proyectos. Decir esto no implica asumir que las reiteradas exigencias constitucionales de discusión y debate en el proceso legislativo se satisfacen sólo con intercambios pulcros, prolijos y ordenados en el Congreso. El punto es que tales demandas constitucionales no pueden ser interpretadas como si no existieran, como si dichas cláusulas fueran vacuas, como si fueran compatibles con cambios en las reglas básicas sancionados con desprecio a lo que diga la oposición y a partir de una dogmática negación al diálogo legislativo.

Por supuesto, las críticas a los decepcionantes cambios de la justicia que ha promovido el gobierno no se reducen a objeciones de forma o procedimentales. Más relevante aún es que, sustantivamente, sus iniciativas enfrentan problemas graves, de todo tipo. Las reformas en las Cámaras de Casación y las cautelares pueden considerarse antipopulares y antiobreras, por afectar en particular a jubilados (cuyas demandas quedan heridas de muerte por la introducción de nuevas Cámaras); y a trabajadores que heroicamente todavía litigan (trabajadores que con dichas Cámaras de Casación quedan sometidos a procesos interminables, que sólo benefician a sus patrones). Las reformas pueden considerarse conservadoras, por tomar como blanco a piqueteros o grupos de víctimas que protestan –como los familiares de las víctimas del Once -contra los que el Estado se reserva el derecho de solicitar las mismas cautelares que para otros casos repudia. Las reformas pueden considerarse como corporativas, por verticalizar, jerarquizar y burocratizar aún más la justicia existente, con la creación de nuevas instancias. Las reformas pueden considerarse antidemocráticas, por ir en contra de los mismos valores democráticos que el gobierno alega para defenderlos (piénsese en los cambios en el Consejo de la Magistratura -tales como el requerimiento de los 18 distritos- que de modo caricaturesco se han diseñado para que ningún otro partido, salvo el del gobierno, pueda satisfacerlos). Se trata, en definitiva, de la diferencia entre lo que pudo hacerse, esto es, democratizar la justicia (a través de la creación de tutelas, de la instauración del juicio por jurados, de facilidades para las acciones colectivas y de clase, de audiencias públicas, de un mejor acceso para los pobres) y lo que se hecho, es decir, someter la justicia a los designios del partido dominante.

Sectores de la justicia ligados al gobierno, y agrupados en un movimiento de creación reciente, “Justicia Legítima”, suelen decir: “celebramos, al menos, la discusión que inició el gobierno”. La sola existencia del grupo es una buena noticia, y una ratificación del aserto. Sin embargo, lo dicho se enfrenta al menos con tres aprietos. Primero, las reformas recientes se hicieron clausurando (en lugar de abriendo) la discusión clave, la que debió darse en el Congreso. Segundo, la mayoría de los cambios (cautelares, Casación, Consejo) no implican “al menos un primer paso,” sino un paso atrás, y ahora habrá que luchar para contrariarlos. Finalmente, el fuero penal -el que cuenta con más miembros dentro de “Justicia Legítima”- arrastra injusticias y desigualdades atroces (baste mirar qué grupo social puebla nuestras cárceles, y qué sector del poder no llega nunca a ellas). Por alguna razón, luego de 10 años, y sin enfrentar ningún obstáculo legal para ello, ni los operadores de la “justicia tradicional” ni los de la “Justicia Legítima” hicieron algo para menguar las desigualdades del caso (ellas, podría decirse, son hoy mucho más graves que antaño). Por supuesto, demás está decirlo, ninguna de las reformas de la justicia se propone reducir estas injusticias en algo.