Sigo con las reflexiones sobre el fallo en materia de Ley de Medios. El que quiera mirar River-Boca, que prenda la tele, pero el propósito de estos comentarios no es el de pegarle a nadie, sino el de pensar (la decisión ya está tomada, y yo no recomendaría apelarla, si fuera posible). Lo que quisiera decir ahora (los posts seguirán) se relaciona con los tiempos de la decisión.
Hay un problema en los modos en que está decidiendo la Corte, al que me referí alguna vez analizando un fallo que apoyé, el fallo "Arriola," sobre consumo de estupefacientes. En ese entonces dije que cuando estaban en juego derechos fundamentales no se podía actuar tan estratégicamente, mirando el reloj todo el tiempo y tomando la temperatura social a cada instante. Entiendo que la Corte en general, y Lorenzetti en particular, tienen una vocación de cálculo marcada por su voluntad de reconstruir la legitimidad de la Corte. Pero me parece que ello los lleva a poner demasiado -a mi gusto un indebido- peso en las consideraciones estratégicas.
Ahora bien, dentro de esa misma lógica del cálculo (que se impone sobre la urgencia de proteger derechos) -que es la de la Corte, no la mía- me parece sorprendente el "timing" de la última decisión sobre Ley de Medios. Y me sorprende en la misma lógica de razonamiento a la que apela la Corte en su fallo, invocando permanentemente la necesidad de que la sociedad discuta, delibere, repiense, madure sus juicios.
Acababa de terminar un comicio nacional, muy importante, y la sociedad necesitaba meditar un poco, repensar, masticar lo que acababa de suceder, ver hacia dónde orientarse en ese escenario. El fallo de la Corte, es claro, nos atragantó a todos (en algunos casos, de gula, en otros por la angustia, en otros más por la sorpresa), y en ese sentido abortó del peor modo la posibilidad de una reflexión colectiva sobre la vida pública nacional. No pudimos elaborar de ningún modo lo ocurrido, y tuvimos que salir corriendo a leer 400 hojas sobre la decisión, sin poder detenernos a pensar siquiera en dónde estábamos parados. Es decir, contra lo que proclamaba, la Corte vino a impedir, más que a ayudar el debate público, por el "tiempo" en que decidió publicitar su decisión. Una pena, y un error, conforme al propio razonamiento que la Corte anunciaba en su fallo.
UNA MIRADA IGUALITARIA SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO. Coordinador: Roberto Gargarella. CANAL YOUTUBE DEL SEMINARIO: https://www.youtube.com/channel/UCytpairtEH8asvyYRt6LQBg/
31 oct 2013
30 oct 2013
(Fallo Ley de Medios 2) Sobre niveles de escrutinio y presunciones
Sigo leyendo con detalle el fallo sobre Ley de Medios, y ahora tengo algunas cosas más claras.
Tengo un acuerdo general con la filosofía del caso, la jurisprudencia que cita, los autores que cita, etc. Eso es muy importante, porque habla de un amplísimo marco de acuerdos con lo que se dice en este caso, y lo que se dijo en otros ya decididos (desde publicidad oficial a acceso a info, a consultoras privadas), y lo que se dirá en futuros casos. Hablamos entonces de democracia deliberativa, debate robusto, regulación estatal, límites sobre los grandes grupos, etc.
Tengo, de todos modos, un desacuerdo significativo con el modo en que la Corte se acerca al caso, el tipo de escrutinio que aplica, el modo en que lee las "presunciones de inconstitucionalidad," y algunas de las conclusiones a las que llega a partir de allí. Esto me lleva a pensar (lo aclararé en post posteriores) que en lo personal podría haber firmado una parte importante de las consideraciones que se hacen en el caso, pero dejando muy en claro que la mayoría se está equivocando en los modos en que leen las "sospechas" y "presunciones."
Se trata de un caso de libertad de expresión, desde el arranque, y no dependiendo de lo que digan las partes, o si lo dicen bien o mal. Esto último determinará si tienen razón o no en considerarse afectados. Pero eso no quita que se trata de un caso de libertad de expresión, y de los más importantes: El caso tiene una importancia similar a la Reforma de la Justicia, o la Reforma Electoral, o la Reforma de los Partidos Políticos, o la Regulación de la Protesta. Cualquier regulación en estas áreas, u otras similares, exigen un escrutinio estricto, presunción de inconstitucionalidad, sospecha sobre la regulación.
Y decir esto es totalmente compatible, insisto, con decir que, luego de aplicado el escrutinio estricto, la parte no es asistida por el derecho, o no lo es en una mayoría de los casos. Pero el escrutinio, hoy, está mal enfocado y mal entendido (cosa que queda muy en claro cuando la Corte se esfuerza por hacer lo que no puede hacer bien: distinguir este caso del enfoque que tuvo en el caso "Río Negro," en donde había decidido de acuerdo los criterios que aquí suscribimos). Por lo demás, este acercamiento, diferente del que propone la Corte, requiere también una lectura distinta sobre la cuestión de la práctica efectiva de la ley, que la Corte ha diferido para analizar más adelante. La seguimos.
Tengo un acuerdo general con la filosofía del caso, la jurisprudencia que cita, los autores que cita, etc. Eso es muy importante, porque habla de un amplísimo marco de acuerdos con lo que se dice en este caso, y lo que se dijo en otros ya decididos (desde publicidad oficial a acceso a info, a consultoras privadas), y lo que se dirá en futuros casos. Hablamos entonces de democracia deliberativa, debate robusto, regulación estatal, límites sobre los grandes grupos, etc.
Tengo, de todos modos, un desacuerdo significativo con el modo en que la Corte se acerca al caso, el tipo de escrutinio que aplica, el modo en que lee las "presunciones de inconstitucionalidad," y algunas de las conclusiones a las que llega a partir de allí. Esto me lleva a pensar (lo aclararé en post posteriores) que en lo personal podría haber firmado una parte importante de las consideraciones que se hacen en el caso, pero dejando muy en claro que la mayoría se está equivocando en los modos en que leen las "sospechas" y "presunciones."
Se trata de un caso de libertad de expresión, desde el arranque, y no dependiendo de lo que digan las partes, o si lo dicen bien o mal. Esto último determinará si tienen razón o no en considerarse afectados. Pero eso no quita que se trata de un caso de libertad de expresión, y de los más importantes: El caso tiene una importancia similar a la Reforma de la Justicia, o la Reforma Electoral, o la Reforma de los Partidos Políticos, o la Regulación de la Protesta. Cualquier regulación en estas áreas, u otras similares, exigen un escrutinio estricto, presunción de inconstitucionalidad, sospecha sobre la regulación.
Y decir esto es totalmente compatible, insisto, con decir que, luego de aplicado el escrutinio estricto, la parte no es asistida por el derecho, o no lo es en una mayoría de los casos. Pero el escrutinio, hoy, está mal enfocado y mal entendido (cosa que queda muy en claro cuando la Corte se esfuerza por hacer lo que no puede hacer bien: distinguir este caso del enfoque que tuvo en el caso "Río Negro," en donde había decidido de acuerdo los criterios que aquí suscribimos). Por lo demás, este acercamiento, diferente del que propone la Corte, requiere también una lectura distinta sobre la cuestión de la práctica efectiva de la ley, que la Corte ha diferido para analizar más adelante. La seguimos.
29 oct 2013
(Fallo Ley de Medios 1) Interesante la Corte sobre Ley de Medios y democracia deliberativa (con pd)
Hay varias dagas pendientes en el fallo de la Corte. Si fuera amigx del gobierno, no lo festejaría demasiado (aunque, si festejaron la derrota del domingo, es obvio que esto también lo van a festejar). La Corte, acá, dejó en claro varias cuestiones que queríamos que aclarara, y mandó varios mensajes en su fallo. Sostuvo
* (notable) que de lo que se trata es de "fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes." Claro mensaje sobre el modo en que va a interpretar las quejas que le lleguen en casos futuros. Llama a la libertad de expresión "precondición del sistema democrático" que requiere (nuestra referencia permanente") un debate desinhibido, robusto, ilimitado (cita sobre el tema a Owen Fiss, a Carlos Nino, a Alexander Meiklejohn, y a nuestro caso favorito, "Red Lion"). Es la primera vez que veo a la mayoría de una Corte tan abiertamente comprometida con leer la libertad de expresión a la luz -explícitamente- de una democracia deliberativa, acompañando ese compromiso con las citas pertinentes, y consciente de las exigentes implicaciones que se derivan de ello (ver los puntos que siguen)
* que las licencias no son, como sostuvo el gobierno en la audiencia, meros privilegios, sino que están vinculadas con derechos, que en caso de removerse deben ser indemnizados
* que (abriéndose a una cuestión que habíamos planteado desde el blog, por ejemplo) muchas de las cuestiones constitucionales que plantea la Ley van a resolverse en la medida en que se desarrolle la práctica, y se pueda ver el modo efectivo en que ella es aplicada por el gobierno
* que el gobierno debe distribuir los subsidios y la publicidad oficial de modo transparente (anuncia cómo va a seguir decidiendo los casos que le lleguen sobre el tema)
* que el AFSCA debe ser una institución independiente (abre una puerta interesante para impugnar la independencia del organismo)
* que los medios públicos no deben ser "meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno" ni servir para "eliminar voces disidentes" (o sea...)
Hay mucho material interesante, que seguiremos mirando
pd.: Lo que no entiendo es cómo la Corte insiste en que no se trata de un caso de libertad de expresión, y por eso lo manda a escrutinio no-estricto. Podría llegar a decir más o menos lo mismo, pero haciendo el análisis que corresponde
* (notable) que de lo que se trata es de "fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes." Claro mensaje sobre el modo en que va a interpretar las quejas que le lleguen en casos futuros. Llama a la libertad de expresión "precondición del sistema democrático" que requiere (nuestra referencia permanente") un debate desinhibido, robusto, ilimitado (cita sobre el tema a Owen Fiss, a Carlos Nino, a Alexander Meiklejohn, y a nuestro caso favorito, "Red Lion"). Es la primera vez que veo a la mayoría de una Corte tan abiertamente comprometida con leer la libertad de expresión a la luz -explícitamente- de una democracia deliberativa, acompañando ese compromiso con las citas pertinentes, y consciente de las exigentes implicaciones que se derivan de ello (ver los puntos que siguen)
* que las licencias no son, como sostuvo el gobierno en la audiencia, meros privilegios, sino que están vinculadas con derechos, que en caso de removerse deben ser indemnizados
* que (abriéndose a una cuestión que habíamos planteado desde el blog, por ejemplo) muchas de las cuestiones constitucionales que plantea la Ley van a resolverse en la medida en que se desarrolle la práctica, y se pueda ver el modo efectivo en que ella es aplicada por el gobierno
* que el gobierno debe distribuir los subsidios y la publicidad oficial de modo transparente (anuncia cómo va a seguir decidiendo los casos que le lleguen sobre el tema)
* que el AFSCA debe ser una institución independiente (abre una puerta interesante para impugnar la independencia del organismo)
* que los medios públicos no deben ser "meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno" ni servir para "eliminar voces disidentes" (o sea...)
Hay mucho material interesante, que seguiremos mirando
pd.: Lo que no entiendo es cómo la Corte insiste en que no se trata de un caso de libertad de expresión, y por eso lo manda a escrutinio no-estricto. Podría llegar a decir más o menos lo mismo, pero haciendo el análisis que corresponde
Un modo diferente de pensar la política
Bancas que rotan dentro del colectivo de alianzas; sueldos limitados a lo que gana un trabajador. Reportaje al diputado electo Néstor Pitrola, acá; sobre la excelente elección del Frente de Izquierda en Mendoza, acá; sobre la histórica elección en Salta (segundos en la Provincia más...de la Argentina¡), acá.
28 oct 2013
Patria querida, dame una Corte como la colombiana II
Reflexión de don Rodrigo U., sobre el último interesante fallo de la Corte Constitucional, acá (gracias MPS) (habíamos empezado a hablar del tema, en este post, acá)
Narcotráfico y la pregunta sin respuesta
Buen reportaje, ayer, al amigo Alberto F. , estudioso del fenómeno del narcotráfico (acá). Entre muchas observaciones de interés, se pregunta don F.: Cómo puede ser que en el país una campaña electoral reciente se haya financiado, comprobadamente, con dinero narco, y que ello no haya significado el fin de la carrera política de nadie? Y agregaría, cómo es que eso ha sido soslayado por los simpatizantes de este gobierno? Será porque es una pregunta mediática? Será porque algunos han perdido la dignidad por completo? Hasta dónde, amigos, se han degradado?
Mucho más que un voto contra las formas
(publicado hoy, acá)
Antes de decir qué asco da cómo votan los
que no votan conmigo, antes de que llegue el pesimismo habitual que lo arrastra
a uno, vayan algunas notas para una lectura no negativa del resultado de este
domingo. Ante todo, es posible y tiene sentido leer el voto contrario al
gobierno como un voto que no lo rechaza por sus formas bobas, sino por el fondo
de sus peores políticas (esto, contra quienes se auto-consuelan pensando que el
repudio al gobierno se debe a sus meras formas, o a sus ya viejos logros). Se votó
contra un gobierno que habla de derechos humanos mientras, por caso, ofrece
Milani, propone “mano dura”, aprueba una ley antiterrorista, y exige
privilegios para los propios, para todos los casos (aún frente a la dificultad
banal de una multa). Se votó contra un gobierno que se denomina la “izquierda
posible,” mientras, por caso, da Chevrón (instantes después de haber gritado
“YPF y la patria”), acuerda con el CIADI (luego de haber dicho nunca), y se
jacta de ser un “pagador serial” (apenas luego de convencernos de que se
llamaba desendeudamiento). Se votó contra un gobierno que convirtió la palabra
pública en puras mentiras, todo el tiempo, en todos los casos, desde hace años.
Se votó contra un gobierno que quiere que normalicemos la presencia de funcionarios
que hablan en el idioma de los violadores, funcionarios que ríen mientras ponen
un arma sobre la mesa, funcionarios que justifican las políticas públicas que
promueven con frases tales como “porque yo lo quiero.”
Mucho más y mejor que eso. La elección
fue una buena ocasión para reconocer que las ideologías gozan de buena salud,
que cientos de miles han hecho tronar su escarmiento a través de un voto
protesta que no fue arrojado al vacío ni necesitó convertirse, simplemente, en
un voto-Clemente (o en alguna otra forma del voto anulado): muchos reconocieron,
así, el valor de explorar salidas cuestionadoras, que no son conservadoras ni
defensoras del status quo. Desde el extremo norte del país, al extremo sur,
emergieron entonces pequeñas alternativas desafiantes, creativas, diferentes,
también rostros nuevos.
Todo esto, en el contexto de un sistema
electoral que siempre es injusto con el votante; que no le da la ocasión de
hablar todos los días; que lo relega a opinar una vez cada tantos años; que le impide
establecer matices; que simplemente le imposibilita decir: “éste sí, éste no,
esta política sí, esta política no, y esta otra agréguenla por favor.” No: el
sistema electoral lo impide casi todo, y relega al electorado al lenguaje de
las piedras. Si concibiéramos la democracia de otro modo, si se la hiciera
posible, no deberíamos estar peleándonos por interpretar qué dijo quién, cómo;
no veríamos cada elección como un mensaje cifrado, que cada uno de nosotros,
como un oráculo, termina interpretando de un modo distinto.
27 oct 2013
26 oct 2013
La influencia de Nino
Publicado hoy en Revista Ñ, acá
Siempre leo y escucho con mucha atención las aportaciones de Diana Maffía,
que combinan inevitablemente inteligencia, dulzura y verdad. Con eso basta: no
es necesario nada más. Se trata de una fórmula imbatible. En este caso, el
texto de Diana se refería a quien fuera mi maestro durante una década
aproximadamente, Carlos Nino.
La influencia de Nino fue decisiva para la vida de todos quienes trabajamos
con él. No sólo por el nivel excepcional –al menos, en el mundo de habla
hispana- de sus trabajos académicos, sino por esa mezcla notable que representó
entre vida pública y compromiso político. Fue de los mejores ejemplos que
tuvimos de aquello que se ha dado en llamar un intelectual público.
Pensando en él quisiera destacar el modo en que las discusiones que
promovía en el mítico “seminario de los viernes” (que se llevaba a cabo en el
Instituto Gioja de la Facultad de Derecho) aparecieron siempre en relación con
la realidad difícil que nos rodeaba, en esos tiempos de post-dictadura y
transición democrática.
Las sesiones del Gioja discurrían en torno a artículos y libros que Nino
traía de sus viajes anuales al exterior (él daba clase en varias Universidades
extranjeras), que nosotros (sus estudiantes y colaboradores) esperábamos
sedientos de ansia en tiempos de pocos viajes y un mundo sin internet. Los
debates comenzaban de modo mágico, con Nino resumiendo en media hora el texto a
leer (el texto quedaba entonces mucho mejor que en su versión original), y
luego se abría a la discusión, en la que podía participar absolutamente
cualquiera que tuviera algo que decir: se tratara de un profesor diplomado o un
alumno de primer año, que había visto luz al pasar y se animaba a entrar en la
sesión de debate.
Qué leímos y aprendimos en esos años? A través del estudio de la
filosofía contractualista de John Rawls supimos, por caso, que la
política debía pensarse desde “el punto de vista de los más desfavorecidos”, y
que era injusto que la vida de las personas dependiera de “hechos moralmente
arbitrarios” (su color de piel, su etnia, la clase social en la que había
nacido, sus talentos y capacidades naturales). Aprendimos, leyendo a Jon Elster, sobre la
“subversión de la racionalidad”, en momentos en que los economistas nos
hablaban de “actores racionales.” Aprendimos también sobre teoría democrática,
y desde allí entendimos que las normas no podían reclamar “validez” a partir de
su mera “vigencia,” o por el mero hecho de contar con el respaldo de la fuerza.
Las normas, para ser válidas, debían ser el resultado de una discusión entre
iguales, y en la medida en que no lo fueran –y cuanto menos lo fueran- perdían
valor democrático (esta línea de argumentación sería decisiva, más tarde, y en
buena medida por la influencia de Nino, para la derogación de la “ley de
autoamnistía” que había dictado el general Bignone).
A partir de aquellos estudios comenzamos a reconocer el sentido de la
deliberación pública; aprendimos que democracia era mucho más que votar; que
para hacer leyes (válidas) no bastaba, meramente con que unas cuantas personas
electas popularmente alzaran la mano al mismo tiempo; aprendimos que la
participación política tenía un valor y un sentido que no eran meramente
simbólicos o expresivos: aprendimos que la participación política no era un
hecho meramente deseable, sino directamente una condición de la validez de las
leyes dictadas. Por eso, también, desconfiamos de la ciencia política
“realista” que le otorgaba el honorífico título de “democrática” a cualquier
sociedad en donde se votara y se respetaran a grandes rasgos algún manojo de
derechos básicos.
Luego el igualitarismo. Todos los que trabajamos largo tiempo con Nino
terminamos comprometidos con el igualitarismo político que conocimos leyendo a
Ronald Dworkin o a Gerald Cohen. Vimos, entonces, de qué modo esa postura
igualitaria era consistente con una teoría de la justicia como la de Rawls; a
la vez que aparecía como precondición de la teoría democrática que
pregonábamos. Cuál era el sentido, sino, de pensar en actores comprometidos con
la deliberación, si ellos no tenían lo suficiente siquiera para subsistir? Cómo
podíamos defender la centralidad del diálogo público, si no contábamos con
ciudadanos que estuvieran de pie por sí mismos, en condiciones vitales,
sanitarias, motivacionales, apropiadas, que los ayudaran e inspiraran a entrar
en política?
Estudiamos con cuidado la teoría consensualista de la pena elaborada por el
propio Nino -una teoría enmarcada por principios básicos de justicia- y con
ella empezamos a imaginar cuáles eran las formas de reproche que correspondían
para quienes había actuado en violación grave de los derechos de los demás.
Fueron este tipo de lecturas las que nos ayudaron a pensar y concebir el
derecho como un medio por el cual aún el más poderoso podía verse en la
obligación de sentarse en el banquillo de los acusados, como uno más, como
cualquiera de todos nosotros.
Y finalmente, y sobre todo (al menos éste fue mi caso) estudiamos Ética
y derechos humanos, un libro que resumió como ninguno de sus otros
trabajos, lo mejor de las reflexiones de Nino sobre derecho, moral y política.
Escrita en torno al principio de la autonomía personal, esta obra nos proveyó
de defensas firmes contra las corrientes perfeccionistas y autoritarias tan
comunes en el mundo académico, tan habituales en la historia constitucional
latinoamericana, y tan propias de la vida política argentina. Desde entonces,
nunca volvimos a discutir de la misma manera temas como los vinculados con la
igualdad de género, los derechos de los homosexuales, o la defensa de las
minorías culturales.
Se trataba, en definitiva, de un cuerpo teórico robusto, consistente, con
partes que parecían articularse sólidamente unas con otras, piezas que
encajaban entre sí de modo casi perfecto. Porque defendíamos la igual dignidad
de las personas y la autonomía personal, rechazábamos el perfeccionismo moral y
el elitismo político. Desde allí montábamos una defensa particular de la
democracia, basada en la confianza sobre las capacidades de la ciudadanía y la
discusión pública. A la vez, la teoría democrática que propiciábamos demandaba
precondiciones sociales muy exigentes, que nos llevaban a pensar en teorías de
justicia distributiva también robustas.
25 oct 2013
Patria querida, dame una Corte como la colombiana
La Corte Constitucional de Colombia decidió un caso fundamental, esta semana, al tumbar al fuero penal militar, promovido por el derechista Presidente Uribe. Lo que nos importa, de todos modos, es la argumentación articulada por el máximo tribunal. Se trata, lo sabemos, de la Corte más sensible que conocemos al argumento sobre control constitucional que más apoyamos desde este blog: el del control al proceso deliberativo al interior del Congreso (el elogio a la Corte se mantiene, a duras penas, dada la última composición de la Corte, que es la menos atractiva de todas las que ha tenido hasta el momento). Ver notas acá y acá y acá.
Para nuestro enorme regocijo, la Corte insistió en su habitual doctrina de que las leyes no se pueden aprobar sin debate: no es permisible hacer leyes a la carrera; no es posible romper la "unidad de materia" incluyendo asuntos nuevos a última hora; no es válida una norma si no hubo tiempo suficiente para estudiar el proyecto de ley, porque ello atenta contra la posibilidad de hacer un buen debate; no se puede pasar por encima de las formalidades reglamentarias que exigen discusión (en este caso es lo que ocurrió porque -contra lo definido reglamentariamente- estaba deliberando una comisión al mismo tiempo que se llevaba a cabo una sesión plenaria). El Presidente de la Corte, Iván Palacio, dijo que
"Se desarrolló la votación en circunstancias de apremio debido a la simultaneidad con la convocatoria a la plenaria, afectando las condiciones de la deliberación democrática de la Cámara de Representantes (...) Se desconocieron no sólo los artículos 83, 91 y 93 del reglamento del Congreso, sino principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y la calidad del debate parlamentario",
Música para mis oídos. No por casualidad se lo considera el mejor tribunal latinoamericano, uno de los más notables a nivel global.
Para nuestro enorme regocijo, la Corte insistió en su habitual doctrina de que las leyes no se pueden aprobar sin debate: no es permisible hacer leyes a la carrera; no es posible romper la "unidad de materia" incluyendo asuntos nuevos a última hora; no es válida una norma si no hubo tiempo suficiente para estudiar el proyecto de ley, porque ello atenta contra la posibilidad de hacer un buen debate; no se puede pasar por encima de las formalidades reglamentarias que exigen discusión (en este caso es lo que ocurrió porque -contra lo definido reglamentariamente- estaba deliberando una comisión al mismo tiempo que se llevaba a cabo una sesión plenaria). El Presidente de la Corte, Iván Palacio, dijo que
"Se desarrolló la votación en circunstancias de apremio debido a la simultaneidad con la convocatoria a la plenaria, afectando las condiciones de la deliberación democrática de la Cámara de Representantes (...) Se desconocieron no sólo los artículos 83, 91 y 93 del reglamento del Congreso, sino principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y la calidad del debate parlamentario",
Música para mis oídos. No por casualidad se lo considera el mejor tribunal latinoamericano, uno de los más notables a nivel global.
24 oct 2013
El kirchnerismo como etapa superior del menemismo
Quién iba a decir que íbamos a encontrar a viejos amigos y colegas, con los que criticamos y combatimos al menemismo en todas sus formas, sonriendo frente a candidatos que juegan el juego de la farándula; acusando sistemáticamente a los trabajadores por los crímenes (ferroviarios) que el gobierno comete; asumiendo el papel del funcionario responsable para celebrar que seamos "pagadores seriales"; festejando los acuerdos con Chevrón o por el "fracking"; alegando razones de Estado para justificar el nombramiento de represores en los más altos puestos de responsabilidad pública. Es el legado más duro y triste del kirchnerismo: el modo en que ha obligado a degradarse a sus miembros.
Principios y política. La extorsión moral del kirchnerismo
Hoy publico esta nota, acá.
El Gobierno le interesa presentar la elección que viene
como un enfrentamiento entre dos proyectos: el propio y el de un único
"adversario imaginado", en buena medida creado por él y a su medida,
que expresaría una versión vulgar de lo que podría llamarse el
liberalismo-conservador.
Conforme al imaginario ofrecido por el Gobierno, la
disputa de este tiempo se daría entre una posición estatista, intervencionista,
preocupada por preservar las fuentes de trabajo –que sería la del kirchnerismo–
y otra alternativa anti-estatista, neoliberal, interesada en espúreos negocios
privados, aun a costa de renunciar a básicas protecciones sociales y volver a
subir los niveles de desempleo.
El escenario imaginado por el Gobierno es simplista y
falso en casi todos sus rasgos. Primero, porque hoy ya es parte del sentido
común en todo el arco de partidos políticos argentinos, que el Estado tiene un
papel crucial POR cumplir, a los fines de curar y evitar los males que fueron
propios de los años 90: la desocupación y las peores consecuencias de la
pobreza. Segundo, porque ni el Gobierno es símbolo de estatismo ni la
"oposición imaginada" vive aferrada al sueño privatista. La verdad es
mucho más compleja; de hecho, el Gobierno acostumbra a enredar al aparato del
Estado con oscuros negocios privados: lo vimos del modo más crudo en su
política de transporte (el gobierno de la mano de grupos privados, explotando a
trabajadores terciarizados); lo vemos en su política energética, capaz de
pasar, en cuestión de días, de las arengas nacionalistas a arreglos con Chevrón
y a la firma de contratos que avalan las peores políticas del
"fracking".
No se trata sólo de que la dicotomía que propone el
kirchnerismo es falsa (los protagonistas difieren mucho de la caricatura que
prefiere el Gobierno), sino que además ella invisibiliza una cantidad de ideas
y proyectos valiosos, de impronta igualitaria, que quedan por fuera de esa
falsa dicotomía: hay un amplio campo de proyectos igualitarios que perviven por
fuera del territorio demarcado por el oficialismo.
En los hechos, el Gobierno defiende hoy una posición
cercana a lo que en términos de filosofía política se denomina
"utilitarismo". Su propuesta consiste en invocar un vago interés
general para respaldar decisiones que suelen afectar, de modo grave, derechos
individuales. Se ampara en grandes objetivos en apariencia cumplidos ("la
década ganada") y se empeña en diluir dentro de "todo lo
logrado", faltas serias o violaciones de derecho concretas. Por eso mismo,
nos dicen los amigos del Gobierno, si se han tomado decisiones importantes en
materia de derechos humanos, por qué molestarse si un día se nombra al general
Milani –acusado de crímenes graves– como jefe del Ejército; si se impulsan
cambios en lo que concierne a la política de ferrocarriles, entonces por qué
seguir insistiendo con los más de 50 muertos de Once o con los últimos 100
heridos, víctimas de la corrupción ferroviaria; si la producción de soja es
record, por qué preguntarse por las poblaciones campesinas e indígenas
brutalmente desplazadas.
Frente al proyecto del Gobierno, existe un amplio campo
de posiciones más vinculadas con el igualitarismo (como en la filosofía
política, habitualmente en tensión con el utilitarismo), que se expresan a
través de voces y grupos de la oposición algo dispersos: es una posición que en
parte existe y en parte todavía se debe construir. Preocupada, sobre todo, por
la desigualdad generada durante la "década ganada", esta posición
irrita al oficialismo porque no puede ser reducida a los planteos del rival
conservador que se ha creado el Gobierno. Más todavía, en su interés por la
defensa de derechos individuales y colectivos, esta posición se empeña en
marcarle al partido gobernante las violaciones de derechos que diariamente
comete, a la vez que le señala la existencia de umbrales innegociables que
ninguna política debe nunca atravesar.
El igualitarismo no necesita adoptar una posición cerrada
destinada a impugnar todas las políticas legislativas impulsadas por el
oficialismo, pero considera inadmisible que algunos representantes del Gobierno
hayan aceptado cruzar ciertos límites como los que atravesaron al sancionar la
ley antiterrorista o al defender el ascenso de Milani. El igualitarismo puede
convivir con programas a veces más garantistas, a veces menos liberales en
materia de seguridad, pero exige en todos los casos no bajar nunca ciertos
umbrales de respeto a las garantías elementales (como, por caso, cuando se,
asesina o remueve por la fuerza a miembros de la comunidad Qom; cuando se
utiliza a la Gendarmería para espiar a activistas sociales o cuando se recurre
al Ejército para desocupar tierras tomadas). Del mismo modo, el igualitarismo
puede convivir con la existencia de funcionarios mejores o peores, pero considera
por completo impropio que alguno de ellos se exprese cotidianamente en el
lenguaje del macho violador.
Los señalamientos que el igualitarismo le hace al
Gobierno nos permiten reconocer la existencia de un ancho territorio que
incluye críticas incómodas para el kirchnerismo y que desnuda la caricatura
oficialista que ubica a sus críticos en el lugar de una oposición conservadora,
antiestatista o neoliberal. El hecho es que hay mucha vida por fuera de la
dicotómica disputa entre el oficialismo y la oposición antiestatal. Desde ese
amplio espacio igualitario, es posible resistir sin problemas la permanente
extorsión moral a la que nos pretende someter el oficialismo, al pedir que
aceptemos medidas inaceptables en nombre de otras irreprochables ("no hay
que criticar el nombramiento de Milani porque ‘dimos’ la asignación por
hijos"; "¿quiénes son ustedes para criticar la corrupción de Ciccone,
si nosotros ‘conseguimos’ el matrimonio igualitario"?).
El igualitarismo tiene muy buenas razones
para rechazar la común estrategia oficial de justificar lo injustificable en
nombre de lo heroico (exigir privilegios o demandar "correctivos"
contra quien cumple con su deber, en nombre de lo que se ha hecho o se ha
padecido en el pasado) y para exigir el cumplimiento irrestricto de ciertas
reglas y principios, por más que se incumplan en nombre de objetivos que
compartimos.
Al oficialismo siempre le interesó identificar a sus
críticos con posturas antipolíticas, que muestran aversión a la militancia y
temor frente a la participación de las mayorías. Sin embargo, en la práctica,
el Gobierno es quien más ha socavado la vida política al reducirla a las
elecciones o al premiar actitudes obsecuentes de lealtad y obediencia.
Pero la política, conviene enfatizarlo, merece entenderse exactamente al
revés, como aquello que ocurre todos los días, con independencia de las elecciones;
como la que se orienta a satisfacer las necesidades del pueblo, con
independencia de lo que digan quienes se consideren sus dueños; como la que
exige el desafío constante (antes que la obediencia) a los que están en el
poder.