Una democracia limitada

(publicado hoy en la revista Ñ)

La democracia constitucional argentina nació vistiendo un traje institucional estrecho. El traje original fue diseñado en 1853, por la elite liberal-conservadora que gobernaba entonces, y desde ese momento permanece, más allá de los cambios que recibiera, en lo esencial inmodificado. Todavía seguimos disponiendo un Poder Ejecutivo fuerte (que cuenta, por ejemplo, con la capacidad para participar decisivamente en la selección de jueces y en la firma de tratados internacionales; para ordenar la intervención en las Provincias; para promover un estado de sitio; para designar a miles de funcionarios públicos; para definir los lineamientos del presupuesto y ejecutar partidas presupuestarias; para controlar la fuerza pública; etc.); con un Poder Legislativo pensado para el siglo XVIII (con una sociedad relativamente simple, dividida en pocos grupos, internamente homogéneos y con intereses opuestos); y con un Poder Judicial organizado de espaldas a la ciudadanía, y sin canales apropiados para la comunicación o el diálogo con ella.

Decir que nuestra democracia constitucional nació con un “traje estrecho” implica decir que, desde su nacimiento, el mismo no estuvo bien preparado para dar cabida a la diversidad, intensidad e importancia de las demandas sociales existentes. Por ello es que desde que tomó fuerza efectiva el voto popular –la democracia de la regla de la mayoría, a comienzos del siglo XX- el sistema institucional estalló, y sucesivos golpes de estado, a lo largo del siglo, se propusieron introducir por fuerza a la sociedad, otra vez, dentro de ese “traje estrecho”.

En 1983, esa regla maldita de los golpes de estado y los gobiernos democráticos que no podían terminar su mandato, perdió –en buena medida- su vigencia. Pero lo que se terminó entonces fue algo bien específico, esto es, el recurso, hasta ese momento habitual, a las fuerzas militares, para forzar la interrupción de gobiernos elegidos por el voto popular. No se acabaron, en cambio, las desigualdades económicas y políticas que generaban zozobra social; ni la concentración del poder; ni la inflexibilidad del sistema político; ni la insensibilidad de nuestra democracia constitucional para dar cabida a voces y demandas diversas; ni su incapacidad para procesar los desacuerdos y conflictos. Por eso es que el Presidente Alfonsín tampoco pudo terminar su mandato; por eso la caída de De la Rúa; por eso los cinco Presidentes en cuestión de días; por eso el fantasma de la inestabilidad permanente –que vuelve a resurgir ahora-; y por eso también el recurso a la “mano dura” o a la autoridad discrecional, excesiva, absurda, que fuera propia de los gobiernos menemistas y kirchneristas (tiempos de “decido solo, en secreto y por sorpresa”, o “si no le gusta alguna política, cree su propio partido y gánenos”).

Frente a lo dicho, la pregunta acerca de si la democracia constitucional argentina se encuentra en deuda, debe ser respondida enfáticamente, y por la afirmativa. Sin dudas que lo está, desde el mismo momento de su nacimiento! Ella no organizó una democracia para el acuerdo, la conversación y la mutua corrección; sino un sistema orientado, en el mejor de los casos, para contener el conflicto, permitiendo –como dijera Juan Bautista Alberdi en Las Bases- que el Presidente se convirtiera en “rey” apenas el conflicto se desmadrara y retorna así la amenaza inquietante de la “anarquía”.

No contamos, por lo demás, con mucho de lo que institucionalmente resulta más importante. Carecemos, sobre todo, de mecanismos adecuados para discutir; herramientas apropiadas para decidir; y frenos suficientes para controlar, corregir y sancionar a los funcionarios públicos que merecen nuestro reproche. El sistema representativo sigue estando basado en la idea de la “separación”, más que en la del “vínculo” entre electores y elegidos. Los representantes saben que, una vez que son escogidos, las oportunidades de que los aperciban institucionalmente son ínfimas: de allí que les importe mucho más estar en buenas relaciones con las autoridades de su partido, que mantener las promesas hechas con su electorado. Ocurre algo muy similar con el Poder Judicial: el sistema de incentivos existente provee a los jueces de estímulo para “no crear olas,” no llamar la atención, bajar el perfil, y tender lazos con las autoridades de turno, que son las únicas que pueden motorizar alguna sanción en su contra. 

La única novedad relevante dentro de nuestra democracia constitucional, desde 1853 hasta hoy, estuvo dada por la larga lista de derechos sociales, económicos y culturales, incorporados a la Constitución a mediados del siglo XX, a los que se sumaron luego los derechos humanos consagrados a nivel constitucional hacia finales del siglo XX. Sin embargo, dicha innovación normativa fue tan significativa por lo que incluyó –los nuevos derechos- como por lo que omitió incluir, esto es, reformas en la otra parte de la Constitución, que es la que organiza el poder. Quiero decir: se ampliaron al extremo las promesas constitucionales en materia de derechos, pero se mantuvieron intocadas las estructuras de poder necesarias para poner a dichos derechos en movimiento. Pasamos a tener, desde entonces, Constituciones con “dos almas”: un alma innovadora, audaz, democrática y social, propia del siglo XXI (la sección de los derechos), y otra que pone en pie una estructura de poder arcaica, verticalista, de corte elitista y autoritario, propia del siglo XIX (la organización del poder). Mientras no resolvemos dicha tensión, y modifiquemos de una vez por todas ese “traje chico”, para tornar a nuestra vida pública más inclusiva, abierta y participativa, seguiremos viviendo a la democracia como frustración y asfixia, y no como definitiva posibilidad emancipatoria.