Don Carlos Rosenkrantz y el pago de ganancias

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Don Carlos Rosenkrantz se equivoca, me parece, cuando vuelve a insistir con la idea de que los jueces, de pagar ganancias, debieran pasar a ganar, primero, como su "comunidad de referencia", que según él es la de los "abogados de relativo éxito." Los abogados que investigamos en el CONICET también podríamos decir lo mismo: querríamos ganar como "abogados de relativo éxito," porque sino (como hoy ocurre) no tendríamos incentivos apropiados para dedicarnos a la investigación. Pero, lamentablemente, no corresponde que jueces o investigadores pensemos así.

Del mismo modo en que, para ver si es justo lo que gana "un piloto de Aerolíneas" podemos pensar, por ejemplo, en lo que gana "un piloto de LAN"; para determinar la justicia de lo que ganan los jueces de la Corte, lo que podemos hacer es pensar lo que ganan otros jueces (de Cortes, si se quiere), y no los "abogados exitosos". Mal que nos pese (a los pobres investigadores!) la categoría de comparación es otra (otros investigadores, otros jueces), y no la "clase" de los abogados.

Si su argumento fuera, en cambio, no de este tipo -meramente comparativo- sino constitucional (la Constitución dice algo sobre el sueldo de los jueces y no algo sobre el sueldo de los investigadores o de los pilotos de Aerolíneas), su alegato tampoco resultaría plausible. Por un lado, el artículo 110 de la Constitución Nacional dice textualmente que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones". El objetivo claro de la ley es que el sueldo de los jueces no dependa de la voluntad discrecional del poder político, y no que no paguen ganancias, o que tengan sueldos muy altos. Esto resulta obvio a partir del texto de la ley, y cualquier interpretación alternativa debería considerarse como muy extraña -mucho más en un juez que en el mismo tipo de reportajes en donde aparece su declaración sobre el "pago de ganancias" se pronuncia por una "aplicación estricta" de la ley, sin "suplantarla" por la propia voluntad del intérprete.

Por otro lado, cabe recordar también que la Constitución dice explícitamente alguna otra cosa que juega en contra de la posición de don C.R. Así, por ejemplo, en el artículo 16, cuando afirma que "la Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimientos: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas".

Finalmente, me gustaría retomar otro aspecto de las declaraciones de C.R., que "dan en la tecla," pero jugándole, otra vez, en contra de su posición de fondo. C.R. admite que los jueces son super-poderosos, por las capacidades enormes que se les asignan (declarar la inconstitucionalidad de una ley) desde un lugar invulnerable prácticamente, que coloca a los jueces (según definió) como "los únicos funcionarios elegidos de por vida". Ése es precisamente el punto: la Constitución dota a los jueces de poderes extraordinarios (de los que los investigadores del CONICET, por ejemplo, no gozamos!!), en cuanto a sus capacidades, término de mandatos, protección contra la discrecionalidad política. Así es como la Constitución quiso ultra-proteger a los jueces. Pero, como en los demás cargos, esas ultra-protecciones no implican la consagración de los jueces como "privilegiados constitucionalmente", todo a lo largo: por eso el artículo 16 contra los fueros personales y títulos de nobleza. Ya es demasiado lo que les concedió la Constitución como para, además, querer arrogarse o preservar otro privilegio adicional, que como tal se le niega a todos los demás ciudadanos de a pie.