Cambia la Corte Colombiana

Lo que parecía un sueño, era un sueño. La Corte Constitucional colombiana está por cambiar radicalmente su composición (allá los mandatos son por períodos de 8 años), así que pasaremos de lo que fue la gran Corte latinoamericana, a...la olvidable, temible, conservadora...? No lo sabemos pero parece, todo se dirige hacia ahí. Nos reporta sobre el tema el infatigable amigo (y autoproclamado enólogo) Leonardo García Jaramillo. Allá vamos


Duró poco la “sana corte” y vamos para una “cortesana”

Sin el perfil ni la estatura que presentan quienes se van (Cepeda y Monroy, más el primero que el segundo), próximamente el despreciado Congreso colombiano elegirá dos nuevos magistrados para la Corte Constitucional, de ternas enviadas por el Ejecutivo.

Independientemente que, como sucedió cuando entró el ultimo magistrado ternado también por el Ejecutivo: Mauricio González (pura paparrucha), los demócratas tengamos temores fundados en que se envíen malos para que se elija el peor, conviene prestar atención a los hechos y a lo que arroja un mínimo examen a los personajes.

Sesgo marcadamente conservador y sin experiencia constitucional amplia, ni en derecho público, presentan los candidatos. Proceden todos de universidades de cuño más bien tradicionalista (Sergio Arboleda, Santo Tomás, Rosario y Javeriana), y ninguno tiene nivel significativo de postgrado en constitucional ni cuenta con trayectoria académica o investigativa relevante sobre el particular. Carecen entonces de la estructura y el nivel teóricos que exige el cargo (algunos publicaron notas de prensa, artículos menores y otro candidato, claro claro, un libro defendiendo el referendo de Uribe en 2003).

Resulta alarmante que ni uno solo de los 6 candidatos a ocupar los dos cargos vacantes en la máxima institución de la Jurisdicción Constitucional, tenga conocimientos demostrados, trayectoria profesional ni experiencia, en Derecho Constitucional. En lugar de eso, sus experticias van por el derecho privado (Tributario, Administración Empresarial, y Relaciones Industriales, con alguna cercanía con el Derecho Laboral y Administrativo; y se desempeñaron en la vicepresidencia jurídica de una compañía de seguros, en una inspección de policía y en la secretaría de Alcaldías Menores en Bogotá, así como en la superintendencia de notariado y registro, y como miembros o exmiembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Superior de la Judicatura o del Consejo de Estado.

A falta de curriculum idóneo una de las candidatas colocó como referencias a dos congresistas que reemplazaron vinculados a la parapolítica…

Aunque es importante que en la Corte haya enfoques variados del derecho, el Background esencial es el constitucional (¿a alguien puede caberle duda de eso?, me pregunto, en serio). La falta palmaria de idoneidad disciplinar e ideológica arroja una poco altentadora idea de la forma en la cual interpretarán los postulados constitucionales en casos complejos y en los cuales se contrapongan “determinados” intereses.

De aquí, también, se extracta una intención del Gobierno de restarle protagonismo a la Corte mediante el nombramiento de magistrados de bajo perfil, lo cual ya había sido “denunciado” por José Obdulio Gaviria el “consiglieri” de Uribe (como le dice Rodolfo Arango).

Parece que sólo nos queda esperar que como ocurrió en casos bien reportados durante los gobiernos de Eisenhower y Nixon, los magistrados una vez nombrados se revelen con quien los nominó y sigan su propio criterio.

Porque, además (vaya uno a saber) los períodos en la Corte pueden convertirse en meras plataformas para las futuras aspiraciones laborales, como hoy sucede con una magistrada española que quiere llegar al Tribunal de Luxemburgo, por lo que firma las sentencias que le redactan, no sus auxiliares, sino los miembros del Gobierno, para que la postulen.

El pesimismo de la razón no deja ver otra cosa… ojala nos equivoquemos quienes vislumbramos una premonitoria vulneración de nuestra justicia constitucional, y una restricción en la labor jurisprudencial de una Institución singularmente comprometida con el modelo ideológico del Estado Social de Derecho. Y la esperanza que comparten colegas y profesores de que la jurisprudencia tiene ya un peso ganado independiente de los magistrados que integren la Institución, no me parece un supuesto de fiar.

Con todos los defectos y vicios que se le han achacado a la Corte Constitucional en estas casi dos décadas (¡es que se murió muy joven!), de lo que teníamos, una “Corte (mas o menos) sana” vamos para una “cortesana” en sus dos acepciones: que pertenece a “la Corte” (en sentido monárquico) y que se comporta con cortesanía (“atención, agrado y comedimiento” a quien, pues a “la Corte”).