El proyecto oficial frente a los "21 puntos"

Y Ramiro A.U., amigo, colega blogal, y uno de los mejores estudiosos que tenemos en derecho, sobre el tema, agrega unos apuntes sobre las relaciones entre el proyecto oficial sobre medios, y los "21 puntos" de la Coalición por la Radiodifusión. Acá van, mil gracias Ramiro!

Los medios, los elefantes invisibles y los caballos rellenos

Hace varios días que estoy tratando de plasmar por escrito algunos pensamientos en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero me resulta bastante difícil, por distintas razones. En primer lugar, la ley es muy compleja: evaluar lo mucho que abarca lleva su tiempo. En segundo lugar, el debate público parece estar acelerado de la mano de un Gobierno que no parece muy dispuesto a debatir en forma abierta, transparente y amplia.

Ahora acabo de ver a Victoria Donda (ex K, actual Encuentro Popular) y Fernando Sánchez (CC) discutir sobre la ley de Medios en Metro. Y ambos hicieron referencia a dos temas que me parecen cruciales para entender lo que divide a cierta oposición de ‘izquierda’ cuyos votos serán claves para que la ley se apruebe con legitimidad.

Estas dos cuestiones son los famosos 21 puntos para una radiodifusión democrática (21P) y la evaluación de las intenciones del Ejecutivo. Tanto Donda como Sánchez defendían los 21P pero destacaban inconsistencias entre estos puntos y la ley. Disentían, sin embargo, respecto de la validez o utilidad de mirar las intenciones del Ejecutivo.

Con respecto a los 21P. En estos días estuve releyendo Mucho Ruido, Pocas Leyes, editado por Guillermo Mastrini. El libro recorre la historia de la radiodifusión en la Argentina entre 1920 y 2004 y señala las formas en que el Estado y medios de comunicación fueron estableciendo relaciones en las que los empresarios se veían beneficiados con una amplia libertad de acción a cambio de controles en contenidos que aceptaban gustosos. Dos sectores rascándose mutuamente las espaldas.

En 2005, Mastrini culminaba el libro diciendo: “La historia recorrida en este libro demuestra que si un conjunto de sectores de la sociedad civil (…) no comienzan el debate forzando a los responsables políticos a asumirlo, será muy difícil que este proceso surja por mera voluntad de quienes pretenden representar al pueblo en el Congreso de la Nación”.

Hoy, ese proceso de presión e instalación del debate parece haber terminado, al menos para los propios miembros de la Coalición por los 21 puntos. Sin embargo, y como concuerdan diputados de distintos sectores como Donda y Sánchez, la ley muestra inconsistencias graves con los 21P.

Me interesa señalar tres de esas inconsistencias relacionadas con el punto 3 (independencia de los medios de comunicación), el punto 6 (no concentración) y el punto 12 (medios públicos no gubernamentales). Invito a leer el proyecto original del Ejecutivo, que contiene una interesante fundamentación que incluye la enumeración de los 21 puntos y una breve explicación de cómo la ley los satisfacería. El lector desprejuiciado encontrara, creo, que las respuestas oficiales a los puntos mencionados son deficientes.

El punto 3 y el punto 12 pueden ser tratados simultáneamente. El proyecto de ley crea autoridades de aplicación y directores de medios públicos que están bajo la exclusiva órbita del Ejecutivo, el que designa (sin ningún tipo de control del Congreso) a la mayoría de sus miembros. El Gobierno alega que el principio 3 que exige ‘independencia’ es satisfecho con una figura de control, como es el Defensor del Público. ¿Acaso una autoridad de aplicación autónoma, con composición plural y en el ámbito del Congreso no sería mejor para garantizar la independencia de los medios que un mero órgano de control? El Gobierno tambien omite mencionar otro de los reclamos del principio 3: la asignación arbitraria de publicididad oficial y subsidios. Si la ley no regula este aspecto, el principio 3 no es satisfecho.

Las relaciones económicas entre el Estado y los medios de comunicación (que van mucho más allá de la publicidad oficial) son la principal fuente de presión por parte del Estado a los medios pequeños y medianos, mayoría en gran parte del interior del país. Es en estas relaciones económicas dónde se esconde la mayor violación al derecho a la información de los ciudadanos: el desafío es hacer que el Estado y los medios se dejen de rascar las espaldas, y esta ley no lo hace.

Por supuesto, una ley no puede obligar a un medio a ser independiente y ejercer el periodismo de forma seria. Pero al menos puede crear incentivos para que lo haga o eliminar desincentivos. La ley, como está, no crea ningún incentivo para el ejercicio del periodismo independiente, sino que por el contrario, mantiene los desincentivos existentes. Pensemos en un dueño de un diario de una ciudad bonaerense cualquiera: ¿Es razonable criticar a las autoridades si puede ser castigado con el retiro de los fondos que le permiten sobrevivir? La obviedad de la respuesta me exime de explicitarla.

Y con respecto al punto 6, que llama a evitar la concentración, el proyecto también es deficiente. ¿Por qué es necesario permitir el ingreso de las telefónicas? ¿No se puede obligar a las telefónicas a dar las redes para que otros prestatarios no mega millonarios como ellas puedan prestar servicios de triple play y competir con el cable? Se les abre la puerta y se les pone límites, pero ¿por qué se les abre la puerta en primer término? Si se quiere, como se dice, evitar monopolios o concentraciones, por qué se le da entrada a dos empresas con espaldas que son dos (Telefónica) y tres (Telecom) veces más anchas que las del Grupo Clarín? ¿Acaso estas empresas serán una amenaza menor para los pequeños cableoperadores del interior que lo que fue un grupo Clarín desatado por todos los presidentes desde Carlos M. hasta Nestor K.?

Quiero que el oficialismo explique por qué es necesario abrir el juego a las telefónicas. Estoy interesadísimo en escuchar esa justificación con argumentos antimonopólicos. Espero sentado, comiendo pochoclo.

Estas consideraciones me llevan al último punto, relacionado con la intención del Gobierno. Victoria Donda estaba en desacuerdo y juzgaba inútil analizar las intenciones del Gobierno porque ella no es psicóloga: hay que leer la ley y punto. Sánchez pensaba que no mirar a esas intenciones es correr la vista del elefantazo que hay en el cuarto (a saber: la pronta puesta en venta de Telecom; la adquisición de Telecom por empresarios amigos que podrán salir de compras al jugoso shopping de medios que quede luego del proceso de desconcentración que la ley propone).

Me interesa reflexionar en la posición de Donda, porque me parece que es la de muchos diputados de izquierda, algunos oficialistas bien intencionados y la de la Coalición por los 21P. Hoy la ley está más cerca de sancionarse que nunca: quien conoce la historia de la radiodifusión en la Argentina sabe sin embargo que puede fallar. El escenario que se plantean es del tipo ‘ahora o nunca’.

Entiendo el temor pero no comparto: si la ley se debate adecuadamente, sin apresuramientos actuados y con seriedad, el oficialismo va a recoger muchas adheciones de gran parte de la oposición.

Esto, claro, si las intenciones del oficialismo son las que declama, y no las que se adivinan en su por ahora intransigencia respecto de puntos clave relacionados con el control y la independencia de medios y autoridades de aplicación. No hay motivos váidos para insistir en los puntos cuestionados: si se insiste en ellos, el oficialismo revelara sus intereses verdaderos. Las ventajas de discutir, que le dicen.

El riesgo de la Coalición de los 21P va a ser explicar los procesos de concentración que temen los más desconfiados; la creación de autoridades de aplicación discrecionales y la continuidad de mecanismos de presion a medios de comunicación. Mientras tanto, parece valioso señalar que es posible que adentro de este hermoso caballo se escondan algunos soldados griegos dispuestos a arrasar con la ciudad si les abrimos las puertas.