Una a favor: La ley de radiodifusión y sus enemigos

El ilustre Guillermo Mastrini, a quien se refiere Ramiro en el post de más abajo, es un joven (tiene más o menos mi edad, así que en realidad...) referente en materia de Comunicación (ex Decano de la Carrera), y tiene una postura favorable a la aprobación del proyecto oficial. Acá nos envía una nota de hace unos días, para seguir con el debate. Gracias Guillermo!

La ley de radiodifusión y sus enemigos

Hasta el momento no se ha escuchado ninguna voz que sostenga públicamente que no es preciso sancionar un nuevo marco legal para la radiodifusión. Resulta al menos curioso entonces que una ley contra la que nadie está en desacuerdo tarde más de 26 años en ser aprobada. Esto nos lleva a pensar que más allá de lo que se públicamente se dice, la sanción de un nueva ley tuvo y tiene enemigos, cabría decir, poderosos enemigos.

Uno de los aspectos positivos del debate que se ha instalado es que los argumentos contra la ley de radiodifusión han salido de las cavernas. Parece que ya no basta el infatigable transitar de los lobbystas de los grandes medios por los pasillos del Congreso, o incluso las llamadas directas a los legisladores al momento de las votaciones o despachos de comisión, como ha ocurrido habitualmente desde 1983. Frente al debate y a la conciencia social de la importancia de una regulación democrática de la información, los enemigos de la ley de radiodifusión no han tenido más remedio que desplegar una batería de argumentos públicos contra su sanción.

A favor de la ley, aparecen por primera vez con significativa presencia sectores de la sociedad civil, sindicatos, universidades, radios comunitarias articuladas en la Coalición para la Radiodifusión Democrática, que desde hace cinco años (con más paciencia que apuro) impulsan la sanción de una regulación democrática. Como bien señalara Mario Wainfeld, el burdo intento de deslegitimar a sus miembros con el mote de “ultras”, no resulta eficaz frente a la diversidad política e ideológica del amplio abanico social que sustenta la necesidad de sancionar un nuevo marco normativo.

Ahora que los argumentos de los enemigos de la ley son más públicos resulta interesante analizar cómo sus líneas argumentativas han variado según los gobiernos y coyunturas políticas. En lo que no han variado es en su permanente oposición a que se sancione un marco regulatorio democrático, que dificulte la discrecionalidad de la autoridad de aplicación y los acuerdos privados con las autoridades.

Tomaremos dos casos como ejemplos. El proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales es, para los grandes medios, la ley “K” para controlar los medios. En muy pocas ocasiones, ninguna en el grupo Clarín, se da la palabra a quienes están a favor del revisar el marco legal. Todos los grupos sociales, sindicales, universitarios y políticos, que apoyan el proyecto son tachados de ultra K sin matices. Pero es no es nuevo. Durante el gobierno del hoy respetadísimo Raúl Alfonsín, el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE), elaboró a pedido del presidente un proyecto de ley. Los argumentos de las patronales de los medios agrupadas en la Comisión Empresarial de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) estigmatizaron al proyecto como un ataque a la libertad de expresión y presionaron a los diputados y senadores para evitar su sanción. La CEMCI es una suprapatronal gestada y gestionada por el grupo Clarín. El COCODE fue un organismo multipartidario en el que estaban representadas las principales fuerzas políticas del momento. Ayer frente a un proyecto de consenso, hoy ante uno surgido del seno de la sociedad civil y redactado por el gobierno, los enemigos de la ley de radiodifusión sostendrán que la reforma de la ley de la dictadura es un ataque a la libertad de expresión.

Otro argumento que recurrentemente se vocifera es la conveniencia de esperar al nuevo parlamento, que tendría la verdadera representación popular y por ende la mayor legitimidad para legislar. Agotaría el esfuerzo de varios días de investigación reseñar los cientos de leyes sancionadas desde 1983 en el período que transcurre entre las elecciones y la asunción de los nuevos parlamentarios. De todas ellas citaremos una, la que transformó radicalmente el sistema de medios argentino. En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica. Los enemigos de la ley de radiodifusión no parecen haber reparado en tal detalle.

Como todo proyecto o toda ley, la de Servicios de Comunicación Audiovisual puede y debe ser mejorada. Esa debería ser la tarea del parlamento. El proyecto presentado constituye una adecuada base para el debate con elementos hasta ahora inéditos en la radiodifusión argentina como es la presencia de minorías políticas en los directorios de la autoridad de aplicación y del sistema nacional de medios públicos. Su concepción se base en criterios de libertad de expresión asentados en los derechos humanos que supera ampliamente el sesgo autoritario de la ley de la dictadura vigente. La que los enemigos de la ley de radiodifusión procuran mantener.