La Corte y los glaciares

POR MARISTELLA SVAMPA * Y ENRIQUE VIALE**

      


El reciente fallo de la Corte Suprema, que revoca aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que suspendían los artículos medulares de la Ley de Glaciares, abre un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma , iniciado con el veto presidencial a fines de 2008. En un contexto político de gran desaliento para las luchas socioambientales , en el cual la ofensiva minera cuenta con el aval de gobernadores y Poder Ejecutivo Nacional, la resolución de la Corte Suprema es también una señal -la única buena señal institucional , junto con el reciente referendum de Loncopué, en estos últimos meses- para aquellos que hoy resisten en sus territorios el ingreso de la megaminería .

       

Ante tal resolución, la compañía Barrick Gold se apresuró en sacar un comunicado en el cual afirma que sus actividades no afectan los glaciares. Curioso modo de autoincriminarse, pues si los emprendimientos de Pascua Lama y Veladero no afectan a los glaciares, ¿por qué entonces cuestionar judicialmente la validez de la norma? Por otro lado, no es lo que señalan los propios Informes de Impacto Ambiental de la Barrick , donde se afirma que estos dos emprendimientos se desarrollan sobre glaciares y ambiente periglaciar . Y esto es algo difícil de negar, ya que los informes son anteriores a la presentación del proyecto de Ley de Glaciares, por parte de Marta Maffei.

Por ello la empecinada oposición de la Barrick Gold a esta Ley, pues es claramente comprobable que ésta está violando el artículo 6°, que prohíbe la actividad minera sobre glaciares y ambiente periglacial. Vale agregar que estos elementos, con una consustanciada prueba, están en poder de nuestro máximo Tribunal, el cual tiene en sus despachos dos causas judiciales -apoyadas por varias organizaciones ambientalistas- donde se solicita el cese inmediato de las actividades de Veladero y Pascua-Lama por la flagrante violación a la Ley de Glaciares.

Asimismo, hay que recordar que las medidas cautelares que acaba de revocar la Corte sólo suspendían la aplicación de la ley en la provincia de San Juan , por lo que en el resto del país tanto las auditorías ambientales como el inventario en las “zonas prioritarias” ya deberían estar concluidos, según lo establece su artículo 15. Sin embargo, estamos lejos de ello, pues no hay voluntad política del Gobierno Nacional para obrar como autoridad de aplicación.

Por eso, este contundente fallo de la Corte es importante , ya que no sólo es un mensaje a San Juan, sino también al Poder Ejecutivo Nacional, para que realice inmediatamente las auditorías y el inventario de glaciares, tal como corresponde.

Los nuevos escollos a la norma parecieran venir otra vez de San Juan, donde se pretende que el inventario de glaciares sea realizado por la provincia, al tiempo que se buscan limitar los alcances de las definiciones legales de los cuerpos y áreas a proteger, reduciendo la zona alcanzada por las prohibiciones de la norma, a fin de no incomodar los intereses mineros.

Todo esto trae al tapete el hecho de que en nuestro país los escollos son de alto nivel.

Recordemos que, en febrero de este año, la Presidenta anunció la apertura de un debate sobre la megaminería, aunque en realidad deberíamos hablar de un debate anunciado que nunca tuvo lugar, ya que inmediatamente después se creó OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros), a espaldas de la sociedad, con el fin de bloquear cualquier discusión real sobre el tema.

De esta manera, la Presidenta dio luz verde a la megaminería y lo hizo como suele hacerlo, sin admitir discusiones , incluso burlándose de aquellos que la cuestionan, visitando luego el emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, una provincia en quiebra … Hay que recordar, además, que la Presidenta siempre mostró más interés en reunirse con Peter Munk, el CEO de la Barrick, que en dialogar con los pobladores de Famatina, Tinogasta, Loncopué o Andagalá, por mencionar sólo algunos casos.

¿Será entonces que las cartas están definitivamente jugadas? Lo que queda claro es que, si hablamos de leyes, en minería, el mensaje del Gobierno a las poblaciones tiene menos que ver con la innovadora Ley de Glaciares, que con la nueva ley antiterrorista, la cual pende como una amenaza sobre todos aquellos que salen a cuestionar el modelo de megaminería , que hoy se impone verticalmente sobre las poblaciones.

*Maristela Svampa, Socióloga, investigadora del Conicet.
**Enrique Viale, Abogado ambientalista.
Ambos son miembros de Plataforma 2012.