CELS: Prácticas policiales violentas, hoy

El reporte del CELS, acá

Rawls: Para leer a Cohen (o a cualquier otro)

Hace un tiempo hicimos referencia a los consejos de Rawls, sobre cómo leer a otros autores (acá: en verdad, no eran consejos sino confesiones acerca de cómo él -siendo quien era- leía a otros autores, sobre todo a autores con los que disentía). Me acordé de esos "consejos" luego de volver a ver de qué modo, alguna gente, a partir de la lectura de un par de párrafos de un autor -muy  argentinamente- pasaba a descalificarlo sin matices: "no sabe nada," "es un..."

Rawls, genial como era, y en una típica muestra de su humildad brutal, hacía exactamente lo contrario. Ante todo: proponía leer al autor del caso "en su forma más fuerte, en su mejor forma." 

Luego, y frente a algún párrafo que no entendía bien, o ante alguna afirmación de ese autor, con la que se sentía en total desacuerdo, se preguntaba: "En qué me estaré equivocando yo?" "Dónde estará la parte en que el autor del caso refuta lo que yo estoy pensando?" Qué es lo que no estoy entendiendo de lo que me dice, y que me lleva a pensar en que hay un error en su postura?"

Dice Rawls -en sus "Lectures on the History of Political Philosophy": "Cuando leía (a Marx, a Hobbes,  etc.) y veía un error en sus argumentos, suponía que ellos también lo habían visto, y lo habían tratado, pero dónde? Entonces, buscaba tratando de encontrar la salida que ellos habían ofrecido para el problema -no "mi" salida...Buscaba alguna parte de su texto que yo no había mirado suficientemente, o que no había leído bien." 

Impresionante. 

Governo narco

Digan lo que quieran, pero es la verdad: autoridades altísimas del gobierno, con conocimiento directo de nuestros últimos dos presidentes, metidos en el negocio narco (sobre la jueza investigando el caso, acá). Un país desgarrado por el brutal negocio de la droga, y su gobierno metido en esto, desde arriba (y no es una conexión lateral: recordar la impune financiación-efedrina de la elección presidencial de cfk). Nunca lo olvidaremos. En mi opinión, el dato más importante de la década. 

Igualitaria/Cohen: Socialismo, mercado, libertad

Desde la colección Política y Derecho que editamos con Siglo XXI e Igualitaria, volvemos a publicar una nueva joya (y van...). Un compilado de textos del maestro G.A.Cohen, en torno al socialismo, que hemos organizado con la gran ayuda de la amiga J. Queralt. El libro incluye muchos de sus mejores textos sobre socialismo, mercado y libertad, y un par de hermosas entrevistas a don Cohen. Aquí un par de párrafos de una de las entrevistas, en relación con los efectos del mercado, su discusión con Rawls, y el valor de la libertad.

i) Me producen mucha compasión esas mujeres trabajadoras que uno puede ver en las tiendas de las grandes avenidas yendo a buscar ofertas, y sé que saben que lo que obtienen, con ello, es inferior desde el punto de vista de los valores consumistas que dominan a esta sociedad, esos mismos valores que las conducen, en parte debido a su falta de una educación profunda, a una idolatría de las deslumbrantes carreras y satisfacciones de los más beneficiados. Creo que el mercado capitalista produce una miseria enorme al respecto. Y no estoy refiriéndome a las clases más bajas que no alcanzan siquiera un estándar decente de vida, sino al capitalismo que funciona bien, la cultura que el mercado promueve, el consumismo, que tiene efectos terribles sobre la vida de las personas, que les produce mucho estrés y malestar. Esta es una razón, pero no la única. Debemos considerar también el hecho de que el énfasis puesto en la satisfacción del consumo mantiene a las personas encadenadas a sus puestos de trabajo con el objetivo de hacer el dinero necesario para comprar cosas, en empleos que para muchos no resultan satisfactorios, pero que deben sostener de todos modos, ya que caso contrario no podrían pagar sus vacaciones en Mallorca. En mi primer libro, La teoría de la historia de Karl Marx (Cohen, 1986), reflexioné acerca de esta tendencia del capitalismo a hacer que la gente valore la adquisición de cosas y por ende la producción, el mero acto de producir, antes que el disfrute, el placer y otras instancias por el estilo.

ii) Debo reconocer que hasta cierto punto soy un liberal, y por tanto hay determinadas maneras de inducir en la sociedad un ethos igualitario con las que yo no estaría de acuerdo. Mi discusión con Rawls acerca de los incentivos trata de dilucidar si una situación que funciona por medio de incentivos puede o no ser considerada una situación justa; él considera que sí y yo, que no. Pero creo que pueden presentarse conflictos entre justicia y libertad, y en algunos de esos casos yo me inclinaría en favor de la libertad. Permítame plantear un ejemplo absolutamente elemental: una mujer débil está de pie en la vereda y necesita cruzar la calle. Le pide a alguien que la ayude, y cualquier persona decente, humana, razonable y de hecho justa lo haría. Pero yo dudaría de convertir en ley la obligación de hacerlo. Por tanto  que en determinados casos en que la libertad y la justicia entran en conflicto podemos favorecer a la libertad. Recuerdo que una vez le pregunté al distinguido filósofo de Oxford Peter Strawson cuáles eran sus posiciones políticas. Me dio una respuesta muy interesante. Me dijo: “Soy de gustos conservadores, socialista en mis convicciones políticas pero daría la vida por el liberalismo”. Y esto me hizo reflexionar que si hubiera una persona encarcelada de manera injusta –encarcelada de manera injusta por un período de tiempo prolongado–, yo estaría dispuesto a poner el cuerpo en la manifestación, en la calle, por ello. No creo que estuviera dispuesto a hacerlo por la suba del salario mínimo, ¿me entiende? Esto quiere decir que al menos algunos de nosotros afirmamos cierta prioridad de determinados valores liberales. No es necesario dejar que los liberales se apropien de la libertad: los socialistas también pueden adoptarla como suya. No es necesario decir “somos socialistas y nos interesa la igualdad; ellos son liberales y les interesa la libertad”. No deberíamos permitirles detentar el monopolio de la libertad, pero para quitarles ese monopolio, debemos resignar nuestro apoyo incondicional de las nociones de igualdad y justicia, en la medida en que pueden presentarse determinados casos en que la igualdad y la justicia entren en conflicto con la libertad, en los que correspondería ponerse del lado de la libertad. Eso es lo que debería enseñarnos el ejemplo de esa mujer que intenta cruzar la calle.

La clase trabajadora no te aguanta más

Recesión, ajuste, desempleo, inflación, mentira, inseguridad, corrupción estructural: la grasa de las capitales no se banca más

SE VIENE EL SEMINARIO, QUE INCLUYE GRAN SESION COMPARTIDA CON LA CATEDRA PASTOR

REPRESIÓN y DESALOJO EN LUGANO. 500 FAMILIAS EN LA CALLE

(enviado por los amigos de Liberpueblo, el sábado pasado)

CIENTOS DE FAMILIAS A LA CALLE – LA POLITICA HABITACIONAL DE LA CIUDAD

Hoy el Gobierno Nacional y de la Ciudad desalojaron el asentamiento “Papa Francisco” dejando a cientos de familias en la calle, varios heridos y 10 detenidos.

A las 7.30 de la mañana cientos de efectivos fuertemente armados de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Metropolitana, al mando del Teniente Coronel Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, irrumpió violentamente en las casas del barrio. Luego de sacar a las familias de cada una de sus viviendas aparecían topadoras para destruir todo a su paso

De esta forma las familias humildes que vivían en el asentamiento perdieron sus casas y las pocas pertenencias que tenían y no llegaron a sacar.

Así cientos de familias fueron arrojadas a la Avenida Cruz, donde las esperaban camiones (de esos que se usan en la industria de la construcción) donde funcionarios de la Ciudad cargaban las pertenencias y a las familias desalojadas para llevarlas a un galpón. Algunos decían que los llevaban a un lugar en Parque Avellaneda, otros a un refugio en Parque Chacabuco.

La imagen que resumió la brutalidad vivida hoy en Lugano fue la de cientos de familias humildes, con sus hijos y las pocas pertenencias que pudieron salvar de las topadoras subiendo a camiones (de los que se usan para llevar materiales de construcción) para ir a un galpón desconocido.

Una vez más quedó en evidencia la convivencia entre el PRO y el FPV. Al operativo conjunto entre fuerzas federales y locales se sumó la falta de actuación del Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, quien declaró luego de producido el desalojo ““no se ha registrado ningún incidente durante el proceso”.

El desalojo fue una demostración brutal de la política habitacional del Gobierno de la Ciudad, que no construyó ni una sola de las viviendas a las que se comprometió en 2010.

 

Joven desalojada: “Tengo miedo que mi hijo nazca en la calle”

 

Angélica vivía en el asentamiento con el marido, cinco hijos, la pareja del hijo mayor y dos nietos.
"Nosotros vivíamos en la Villa 20 y pagábamos 1.800 pesos mensuales para alquilar un departamentito muy chico, por eso, ni bien tomaron estas tierras nos vinimos a marcar un lote", contó Angélica a Télam.
"Todos nuestros ahorros y todo nuestro trabajo de estos seis meses fueron pasados por arriba por la topadora, adelante de nuestros ojos: habíamos comprado cemento, arena, hierro y ladrillo, ya estábamos levantando nuestras propias paredes, y hoy terminamos en la calle", describió.
"Vinieron a las siete de la mañana, entraron a los gritos y nos sacaron a empujones y palazos. Apenas pudimos rescatar lo puesto y alguna otra cosa, y ni los chicos ni nosotros comimos ni tomamos nada hasta este momento", lamentó Angélica.
La desalojada dijo: "El Gobierno de la Ciudad nos va a llevar a un parador, pero ¿qué solución es esa? Además, todas las familias desalojadas de acá ya deben estar buscando alquilar en la villa y, lo que no esté ya ocupado, lo deben cobrar a precio de fortuna", estimó.

Yeseña, de 18 años, que está embarazada de ocho meses y en pareja con Martín, de 19, contó a Télam: "Yo trabajo de doméstica y mi marido hace changas. No podíamos sostener un alquiler de 1.700 pesos en la villa y por eso nos vinimos a la toma desde el primer día".
"Como ya pasaron más de seis meses, pensamos que nos íbamos a quedar acá definitivamente, y mi marido había empezado a construir una casilla de ladrillo y chapa que hoy nos tiraron abajo", dijo.
"Cuando llegaron, entraron, nos sacaron a todos de nuestras casas diciéndonos que era un allanamiento por causas de seguridad, y recién cuando nos sacaron, nos avisaron que era un desalojo".
"Ni mi marido ni yo tenemos familia en Buenos Aires y no sabemos qué vamos a hacer esta noche, porque nadie del Gobierno de la Ciudad nos vino a proponer nada. Estamos esperando que alguien nos dé una explicación y una alternativa, porque tengo miedo de que mi hijo nazca en la calle", remarcó la joven.

Cambiar la jurisdicción

El gobierno propone un cambio de jurisdicción para el pago a bonistas, e impulsa la medida -finalmente- a través del Congreso, adonde envía una iniciativa de ley. En la oposición genera dilemas, respecto de qué postura tomar frente a la medida. Para mí, el asunto no es complicado.

Ante todo, es el Congreso el que debe tratar estos temas, y el gobierno arrastra una contradicción fundamental en la cuestión: decir que la situación económica es brillante, o no está en crisis, y gobernar a través de decretos, con el fundamento de la emergencia. Es decir: una mentira constitucional inaceptable.

Pero lo más importante hoy: la oposición no puede ponerse a dudar sobre si aceptar o no "el nuevo plan de pago" del gobierno, sin exigir la discusión, la influencia y el control de la decisión. Es decir: no se trata de meditar sobre si "sí o no" a la propuesta, sino de exigir garantías en su creación y control futuro, con participación protagónica en todas las instancias: desde la elaboración hasta el monitoreo de lo decidido. Si no es así -como el gobierno no quiere que sea así- es porque estamos, una vez más, ante más de lo mismo: utilización de la oposición al servicio de la decisión y el provecho propios. De ningún modo, entonces, frente a la necesaria cooperación ante un problema de todos. Y entonces es obligatorio decir: así, otra vez más, no.

Justicia y poder político

Nota que publico hoy en Perfil, acá

Quisiera reflexionar, en lo sigue, acerca de algunos problemas estructurales que afectan al funcionamiento de la justicia en la Argentina. Según diré, en la Argentina se radicalizan problemas que son propios del modo en que se organizó la justicia en el constitucionalismo moderno; y por lo demás, tales problemas o “vicios” son la contracara de algunas “virtudes,” que quisieron asociarse al funcionamiento de la justicia. Mi expectativa es que este análisis nos ayude a entender los modos en que la justicia se encuentra actuando, hoy, en nuestro país.

Distancia e imparcialidad

En primer lugar, importa señalar que la “distancia” que se percibe entre la justicia y la ciudadanía no es el mero producto de la “frialdad” de nuestros jueces, o del “formalismo” de las reglas dentro de las cuales nuestros jueces eligen moverse. Más bien, se trata de un efecto buscado, desde un comienzo, por los “padres fundadores” del constitucionalismo americano. En efecto, tanto en América Latina como en los Estados Unidos se optó, desde un comienzo, por una organización judicial basada en la distancia, justificada a partir de razones en principio atendibles, aunque –como hemos podido comprobar con el paso del tiempo- riesgosas. Se partió entonces de la idea según la cual la “imparcialidad” que se exigía a la justicia iba a estar mejor asegurada a través de la separación institucional entre jueces y pueblo. La idea, que por distintas razones hoy merece ser desafiada, resultaba en su momento más comprensible: el temor era que los jueces actuaran de un modo indebidamente “dependiente” de las pasiones mayoritarias, en momentos en que había un gran temor por los posibles “excesos” de las mayorías legislativas (expropiaciones sin causa; violaciones de derechos; etc.).

Se pensó entonces en un “sistema de frenos y contrapesos” que, se suponía, debía funcionar del siguiente modo. Por un lado, las ramas políticas del poder –esperablemente- iban a tomar decisiones siguiendo los deseos y pretensiones del sentir mayoritario. Por ello mismo es que se las “vinculaba” a las mayorías de modos diversos (sus miembros iban a ser elegidos y removidos más o menos directamente, por el pueblo). La rama judicial, mientras tanto, iba a estar –esperablemente- más preocupada por resguardar los derechos de las minorías. Por ello mismo es que se la “desvinculaba” de las mayorías de modos diversos (sus miembros no podían ser elegidos ni removidos directamente por el pueblo). Es decir, regulando de este modo la elección y función de los miembros de las distintas ramas del gobierno, se procuraba resguardar tanto los intereses mayoritarios, como los derechos de las minorías.

Los problemas que enfrenta esta propuesta –una realidad concretada en Constituciones como la Argentina- resultan, en la actualidad, bastante evidentes. En primer lugar, no es nada obvio que la imparcialidad tenga que ver con la “distancia” ni con la “separación” entre funcionarios y pueblo. Para muchos, más bien, lo que la imparcialidad requiere es lo opuesto, es decir, un mayor vínculo entre agentes públicos y ciudadanos. Más todavía –y éste es un problema que resulta particularmente saliente en nuestro país- la idea de que el principal “riesgo” para la imparcialidad de una decisión judicial tenga que ver con la cercanía entre jueces y pueblo, y no con la cercanía entre jueces y (digamos así) la elite en el poder, resulta también, en la actualidad, muy llamativa: por qué no pensar, más bien, en la idea de que muchas decisiones judiciales pierden respetabilidad y atractivo, justamente, porque los jueces se encuentran situados (demasiado lejos del pueblo, y además) demasiado cerca de los sectores del poder que podrían verse afectados por la norma del caso?

La conclusión parcial que mencionaría, por el momento, sería la siguiente: La distancia que advertimos hoy entre el sistema judicial y “el pueblo” no es una distancia producto del “mal” funcionamiento de nuestras instituciones, ni consecuencia de la (baja) calidad de los miembros de nuestro Poder Judicial. Se trata, más bien, de un resultado buscado, por razones en su momento entendibles (la certeza de que un Poder Judicial demasiado vinculado a la ciudadanía iba a terminar colocando a todo el sistema institucional en una posición amenazante para las minorías). El hecho es, sin embargo, que hoy padecemos el aspecto obviamente negativo de dicha opción: el Poder Judicial ha quedado situado demasiado lejos del pueblo, y demasiado cerca del poder (político, económico). De allí que nos encontremos, demasiado frecuentemente, con fallos judiciales “insensibles” a las necesidades de los menos poderosos, y demasiado “sensibles” a los intereses de los más poderosos.

Acceso, elección y composición judicial

Hay al menos otros dos temas que afectan, hoy, la relación entre justicia y sociedad. El primero tiene que ver con las dificultades de acceso a la justicia, y el segundo con los modos de la elección judicial. En cuanto a lo primero, diría que en la actualidad, en la Argentina, el acceso a la justicia sigue siendo caro, difícil, plagado de formalidades, exigencias y burocracias. El punto resulta de particular interés por lo siguiente. Ante todo, países del “Sur global” (pienso en países como Colombia, Costa Rica, Sudáfrica, India) han ensayado métodos de acceso casi “libre” (sin necesidad de abogados, formalismos, pagos, etc.) a los tribunales, con un éxito notable. A la luz de tales experiencias, resulta particularmente molesta la discusión que aquí ensayó el kirchnerismo en términos de “democratización de la justicia”: hoy sabemos que existen fáciles vías para mejorar el acceso del pueblo a la justicia, y ellas son justamente las vías que el gobierno dejó de lado en la (afortunadamente) malograda “democratización” judicial: nada de lo que se intentó servía en absoluto para democratizar nada, pudiendo hacerse mucho al respecto.

El segundo tema que, adicionalmente, afecta la relación justicia-sociedad tiene que ver con la elección (y estabilidad) de los jueces, que todavía hoy favorece que dicho Poder se integre con individuos provenientes, en su mayoría, de sectores más o menos homogéneos en términos de clase y origen social (media-ata); formación educativa y religiosa (católica); visión ideológica (liberal-conservadora); etc. En su “minuto inicial,” el kirchnerismo hizo un intento (a través del decreto 222) para romper esa homogeneidad (en términos de clase, género, proveniencia). Sin embargo, luego de ese primer instante, el gobierno pasó a repetir las peores prácticas históricas de la política argentina, en esa materia (que hoy agrava, por caso, a través de presiones ejercidas sobre el aparato judicial, desde los servicios de inteligencia). El resultado es, otra vez, un reforzamiento de los peores sesgos judiciales. Lo dicho no niega la posibilidad de que aparezcan, aquí y allá, ocasionalmente, jueces “progresistas” o “populares” (sea éste hecho bueno o no), que actúan de modos que incomodan al poder. Lo que se afirma es que la regla es la otra: jueces que piensan menos en lo que dice el derecho, y más en lo que exige el poder de turno; jueces que se someten al poder político o que tratan todo el tiempo de pasar desapercibidos frente al mismo, para poder preservar los propios privilegios.

El agregado “argentino”

Dificultades como las citadas en los párrafos anteriores afectan a la justicia, conforme al modo en que ella está organizada en una mayoría de los países de Occidente: hablamos de serios problemas de parcialidad, falta de acceso ciudadano, cercanía de la justicia con el poder, etc. Luego (y ya hemos sugerido algo al respecto), cada país ha procesado a su manera tales rasgos estructurales, para agravarlos o matizarlos de modo diferente. En el caso de la Argentina –es mi opinión- tales inconvenientes han resultado empeorados desde muy temprano, a partir de otro rasgo distintivo de la organización institucional del país: el híper-presidencialismo. Este hecho, que marca la identidad de la Argentina (y de muchos países latinoamericanos) desde hace largas décadas, agrava el panorama anterior por razones obvias: el “sistema de frenos y contrapesos” originario nació, en nuestro caso, “desbalanceado”, y ello le ha permitido al Ejecutivo, desde un comienzo, “torcer” todo el resto de la estructura de poderes, gracias a sus poderes e influencia especiales. De allí que hayamos desarrollado legislaturas más bien opacas, y un Poder Judicial políticamente dependiente.

Otra vez: nada de lo anterior niega la posibilidad de que aparezcan, aquí o allá, jueces probos, o dispuestas a sentar a los más poderosos, ocasionalmente, en el banquillo de los acusados. Sin embargo, nuevamente, no debemos sorprendernos si ésta no es la regla, ni si los jueces que en un momento han avanzado investigaciones sobre el poder, repentinamente, “giran” y comienzan a tomar decisiones contradictorias con lo que sugerían hasta hace poco, mostrando que mantienen un ojo demasiado atento a los modos en que se mueve el poder. La vida y el accionar de nuestra comunidad judicial, en mi opinión, tiene demasiado que ver con este tipo de situaciones, tan poco atractivas, tan dolorosas para el ciudadano común.

Primer Seminario Intercátedras (Constitucional-Administrativo), este lunes

(...) 

 SEGUNDO PANEL – 18 a 20 hs: La responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos.

Presidente: Agustín GORDILLO

Disertantes: Alberto Ricardo DALLA VIA, Roberto GARGARELLA, Tomás HUTCHINSON, Ernesto Alberto MARCER, Juan Vicente SOLA y Guido Santiago TAWIL.

El tamaño de la diferencia

V.Battista escribe esta lamentable nota, hoy en Página, diciendo que no puede creer que personas de izquierda hayan criticado la decisión de usar la ley antiterrorista en el caso Donnelley (acá). Más allá de la pobreza con que el propio gobierno, luego de varios días (¡) se escapó de ese lugar, diciendo que habían querido aplicar en verdad otra ley aprobada el mismo día (impresionante excusa¡¡¡), lo que yo no puedo creer es que haya gente como Battista diciendo semejante burrada, a favor del "uso bueno" de la ley antiterrorista. Lo peor es que ni él ni quienes piensan como él se dará(n) cuenta nunca, y nunca reconocerá(n), la gravedad de lo que dice(n), el daño que hace(n) dando aval, desde la izquierda, a la ley antiterrorista, o proyecto x, o la minería contaminante, o la corrupción estructural, o la devaluación, o el indec, o la inflación, o el desempleo, o...porque sino viene la derecha. Signo de los tiempos, que mutuamente no podamos creer -ni unos ni otros- las barbaridades que escuchamos del "otro lado", de parte de gente que en un momento no considerábamos tan brutalmente equivocada.

Altamira paseando a Berni

Acá, o de cómo la razón desplaza a la fuerza. O en qué se ha convertido el kirchnerismo.

SE VIENE EL SEMINARIO 2014

SEMINARIO DE TEORIA CONSTITUCIONAL Y FILOSOFIA POLITICA

Coordinador: Roberto Gargarella

AULA 1, FACULTAD DE DERECHO (UBA), 18 HS

11 de septiembre, 18 hs

CONSTITUCIONALISMO DIALOGICO (textos de Rosalind Dixon y Roberto Gargarella)

18 de septiembre, 18 hs

DEMOCRACIA, COMUNIDAD Y DEREHCO PENAL (texto de Roberto Gargarella)

25 de septiembre, 18 hs

LA IDEA DE DEMOCRACIA EN DWORKIN, CON GUSTAVO MAURINO (texto de Gustavo Maurino)

1 y 2 de octubre, 18 hs

SEMINARIO INTERCATEDRAS CON DANIEL PASTOR, SOBRE DERECHO PENAL Y DEMOCRACIA (la reunión del día 1 se realizará en el Salón Auditorium, y la del día 2 en el Aula 1)

9 de octubre, 18 hs

FEMINISMO RADICAL Y DERECHO (texto de Catharine MacKinnon)

16 de octubre, 18.30 hs

DESPUES DEL JUICIO A LAS JUNTAS, CON MARCELO ALEGRE (texto de Marcelo Alegre)

______________________________________________________________________

Entrada libre y gratuita, sin requisitos. La inscripción no es obligatoria, pero es recomendada

Inscripción e información adicional: Departamento de Derecho Público (UBA)

Los materiales estarán disponibles oportunamente

La xenofobia en Página12

Macri habla de extranjeros en su referencia al conflicto en el Indoamericano: Xenófobo, titula Página, y tapa del diario, con varios comentarios de intelectuales k (...) indignadísimos por la xenofobia. Ayer, el virtual Ministro de Seguridad culpa del delito a los extranjeros y pide deportaciones en masa...Página hace silencio en tapa, silencio adentro, ninguna crítica de los intelectuales indignados, y publican este...comunicado de Berni, como si fueran su oficina de prensa, y sin la mínima crítica. Impresionante, y de lo peor que nos deja este tiempo horrible: tus derechos valen si estás de mi lado, y si no estás, no hay racismo, xenofobia, anti-indigenismo o reivindicaciones de género que importen.

Dijo Página (si usted es una persona impresionable, por favor, no lo lea):

"El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, reclamó a los legisladores nacionales la aprobación de leyes para que los delincuentes extranjeros “vuelvan a su lugar de origen”. “Durante este fin de semana largo hemos detenido a más de sesenta delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir, y esto corresponde a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario”, sostuvo Berni. En ese sentido, el funcionario destacó: “Por eso, quiero pedirle a los señores legisladores que se sienten a legislar, que busquen consenso y que le den a la sociedad la respuesta que se merece para que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen”. Berni formuló estas declaraciones cerca del supermercado Disco de Belgrano y Entre Ríos, en el barrio porteño de Balvanera, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer de nacionalidad chilena cuando escapaban tras robar un auto en el estacionamiento." NI UN COMENTARIO CRITICO, NI UN MATIZ, NI UNA DUDA¡¡¡ 

No acallar la protesta -una vez más

Hoy publico en Clarín (acá) una nota sobre la reciente reunión en Diputados, dedicada a discutir formas de silenciar la protesta social. La nota que escribí está, en parte, motivada por esta típica patoteada de la presidenta de comisión, la ultra-k Diana Conti, frente a un respetuoso Nicolás del Caño (PTS), cuando éste mencionara apenas el conflicto de Lear, durante el debate: resulta que el kirchnerismo consideró impermisible la mera mención de una protesta real, en medio de un debate legislativo sobre la regulación de la protesta: increíble, y bien kirchnerista (el video en el que se origina mi texto -video que ya adelantamos en el blog, acá). En homenaje a del Caño, la nota a continuación:

Días pasados, el oficialismo volvió a impulsar en el Congreso un proyecto destinado a regular la protesta social. La iniciativa del gobierno encuentra respaldo en algunas razones atendibles, vinculadas con las quejas de “terceros afectados”. Por un lado, las protestas son promovidas, habitualmente, por grupos reducidos de personas, perjudicadas por violaciones de derechos específicas, que no se extienden del mismo modo sobre el resto de la sociedad. Por lo demás, para manifestar sus quejas, los que protestan suelen involucrarse en acciones que lesionan (asimismo o principalmente) a “terceros” fundamentalmente ajenos a la cuestión, que terminan –ellos también- viendo dañados sus derechos. Por lo dicho, estos “terceros” se preguntan, con razón, “por qué debo sufrir yo por los males de otros, cuando se trata de males que yo no he (directamente) causado?” Las razones que apoyan a estas quejas de “terceros” no asisten, sin embargo, al gobierno, en su postura; ni dan fundamento obvio a la necesidad de regular legislativamente la protesta. Quisiera, por tanto, agregar unas breves reflexiones relacionadas con la discusión que se diera en el Congreso sobre el tema, y lo que ella nos dice acerca de cómo es que hoy se piensa la protesta.

En relación con la actitud del gobierno frente a la cuestión, quisiera señalar varios puntos. En primer lugar, el “debate” sobre la regulación de la protesta, que el oficialismo habilitó recientemente en Diputados, fue enormemente revelador sobre los modos de su acercamiento al tema. Un hecho, en particular, resultó saliente. Apenas comenzada la discusión, la representante del gobierno y presidenta de la comisión –fuera de sí- privó de la palabra a un diputado de izquierda, luego de que éste, con modales suaves, comenzara a fundamentar su postura hablando del conflicto en la autopartista “Lear.” Más allá del maltrato a quienes disienten, con que el gobierno define su identidad; y más allá de la ilegalidad de privar a un diputado de su palabra, sólo por pensar distinto; la actitud oficial dejó en claro un dato relevante: el kirchnerismo consideró una afrenta que un legislador mencionara siquiera una protesta real, en un debate sobre la protesta (curioso, por lo demás, en un gobierno que suele burlarse de la oposición, señalando que ella “le tiene miedo al conflicto”). En segundo lugar, en reiteradas oportunidades, el oficialismo ofreció, como contraprestación o “moneda de cambio” para que se aceptara su postura, una amnistía para los más de 500 activistas que hoy están procesados por su participación en protestas sociales. Se trata de un modo inadmisible –pero habitual en estos tiempos- de pensar en los derechos de los más débiles. Los derechos se garantizan, no se negocian (“les reconozco sus derechos en la medida en que…”), ni son prenda de cambio. Mucho menos deben convertirse en dependientes de los ocasionales favores del poderoso de turno (con la misma lógica, el gobierno insiste en que debemos agradecerle su actitud de “no reprimir las protestas”, como si fuera cierto lo que es falso –ya que causó una veintena de muertos en diez años; o como si fuera merecedor de una deferencia especial por no abrir fuego sobre sus opositores). En tercer lugar, y al calor de estos mismos debates, el secretario de seguridad insistió con una postura aún más estricta, señalando que no debía dársele cabida a los intereses de los protestantes, porque habitualmente ellos “sólo quieren llamar la atención” con sus reclamos. Con su bravata, el secretario sólo mostró la dimensión del oficial desatino: en efecto, hoy vuelve a ser necesario producir “escándalo” para “llamar la atención” del gobierno sobre violaciones de derechos que él causa, y que de otro modo siquiera advierte. Y lo mejor que ofrece el gobierno, frente al conflicto, son estrategias para moderar el impacto de las quejas.

La situación es muy reveladora del drama implicado en la regulación de la protesta -drama que involucra al Estado, a agentes privados, miles de derechos violados, y “terceros afectados.” Ella puede entenderse bien con un ejemplo: imaginemos que en una estación de policía se aprovechase, cada noche, para golpear a los que están presos; los vecinos se quejaran, con razón, de los gritos que cada madrugada escuchan; y el gobierno nos convocara a discutir de qué modo terminar con el fastidioso griterío (Los llevamos a gritar más lejos? Colocamos vidrios más gruesos en las ventanas? Les tapamos directamente la boca a los que “sólo quieren llamar la atención?). El ejemplo nos ayuda a reconocer, en primer lugar, la razón de los vecinos: ellos no son responsables de los gritos; y no tienen por qué verse afectados por problemas que no han causado. Sin embargo, la invitación del gobierno es de una inmoralidad crasa. Ante la inmensidad de las violaciones de derechos de la que es directo responsable -por abuso de poder, falta de controles, o negocios indebidos- la solución no puede ser nunca la de abocarse a contener o silenciar los gritos de quienes se quejan. Simplemente: lo que está en juego  -lo primero que realmente importa, lo que es justo e imperativo atender, de modo inmediato- son los derechos violados. No es aceptable que en lugar de discutir cómo reparar esos derechos, se nos convoque a pensar cómo regular las quejas de los que sufren esos derechos violados.