El fin de los fueros no es el fin de la política

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Los fueros o privilegios parlamentarios nacieron en el siglo XIV, en Inglaterra, con el objeto de asegurar protección a los legisladores frente a las amenazas y recurrentes abusos de la Corona, entonces creciente y justamente desafiada por la actividad del Parlamento. Se trató de una creación de los propios parlamentarios amenazados que terminó ganando aceptación en las latitudes más diversas. 

Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces. Para comenzar, ya no tenemos reyes con poder sin límites. Para seguir, el Poder Judicial fue ganando capacidades de control y desafío inconcebibles siglos atrás. De modo más relevante aún, los privilegios parlamentarios, originariamente ideados para evitar la opresión real sobre la legislatura, pasaron a cumplir un papel opuesto al pensado: de última barrera contra los abusos del poder, pasaron a convertirse en primera protección de los abusos de los poderosos. 

La herramienta que servía de resguardo de los legisladores contra las acciones tiránicas del rey, se ha convertido en herramienta de protección de la política frente a los republicanos reclamos de la justicia. No hace falta decirlo: el privilegio de los fueros representa hoy un incentivo extraordinario para que los delincuentes ingresen en la política electoral. Forma parte del sentido común de la época que la banca legislativa otorga, ante todo, una patente de impunidad.

Ahora bien, podría decirse, razonablemente, que si suprimimos los fueros volvemos a convocar a los peores demonios de la política? Esto es decir: será que un mundo sin fueros es un mundo que vuelve a abrirle la puerta a los riesgos de la opresión del poder, contra quienes se animen a enfrentarlo? En absoluto. Primero, y como decía Guillermo O’Donnel, ninguna cláusula constitucional es capaz de frenar un golpe de estado. En otros términos: si por alguna desgracia el poder asumiera rasgos dictatoriales, no habría regla legal o moral capaz de frenarlo. Son las situaciones más comunes y menos trágicas, en cambio, las que nos interesan. En tales condiciones –pongamos, de funcionamiento efectivo pero imperfecto del sistema de frenos y controles- las viejas reglas normativas pueden ser bien reemplazadas por nuevos compromisos doctrinarios. Quiero decir, a la luz de los abusos generados por la indeseada evolución de ciertas normas legales (i.e., los fueros parlamentarios), desarrollos doctrinarios y judiciales como los que ya tenemos pueden ocupar el lugar de aquellas preciosas reglas que la práctica terminó subvirtiendo. 

Por ejemplo, contamos desde hace décadas con criterios judiciales extraordinariamente precisos, que nos permiten proteger la honra de los legisladores y al mismo tiempo salvaguardar la robustez del debate público, teniendo en cuenta a la vez quién hizo la crítica, en qué contexto, frente a qué caso (asuntos de interés público o privado), etc. etc. A resultas de ello, ningún legislador queda a la merced de críticas maliciosas referidas a asuntos exclusivamente relacionados con su vida privada; a la vez que el debate público “desinhibido y abierto” puede considerarse a salvo. La protección judicial (sin ayuda legislativa) basta para ello. 

En resumen: si suprimiéramos de cuajo los fueros, convertidos hoy en prerrogativas de resguardo al delito, no perderíamos nada importante en el camino. Todo lo que podríamos querer que resulte protegido (la máxima libertad de crítica de y hacia los legisladores; el pleno resguardo de los legisladores de partidos minoritarios frente a eventuales ataques del poder) puede seguir estándolo, sin la necesidad de reglas que –desafortunada pero previsiblemente- terminaron sirviendo a los fines que venían a combatir. Los casos imposibles (cuando el autoritarismo político se desata, o la política ha colonizado por completo a la justicia), como siempre, no tienen solución. Para todos los demás casos, la doctrina y la justicia alcanzan. Mientras tanto, podemos poner fin a una prerrogativa cuyo sentido y práctica hoy sólo sirven para avergonzarnos.