UNA MIRADA IGUALITARIA SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO. Coordinador: Roberto Gargarella.
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Aunque del actual gobierno pueda decirse que prefiere no hacer olas sobre los 70 y hasta expresiones como las de Lopérfido y Centurión merezcan ser cuestionadas, no podemos dejar de advertir que este gobierno: a) continúa la política institucional del estado en materia de derechos humanos, b) comprometió y obtuvo del gobierno de los EEUU la documentación secreta sobre los años de la dictadura, c) rindió homenaje a Patricia Derian por su rol frente a la Junta militar de reclamo y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y en salvaguarda de la vida de detenidos políticos -también su gestión sería decisiva para que se llevara a cabo la misión de la CIDH de 1979, d) ídem -en consecuencia- al presidente Jimmy Carter por su política de ddhh y las consiguientes sanciones impuestas a la Argentina durante su gobierno (1977-1981).
No es el eje de este gobierno la problemática de los ddhh con relación al pasado, pero no puede ignorarse que desde el gobierno de la CABA han colaborado en la concreción de los Espacios de la Memoria, ni del rol de Carrió en la Convención Constituyente para la incorporación de los tratados internacionales de ddhh a la Constitución que nos rige. De un modo similar a lo acontecido con el gobierno de Alfonsín (recuérdese los cuestionamientos a la creación y el accionar de la Conadep) este gobierno es receptor de la hostilidad de la mayoría de los organismos de ddhh -no participaron del homenaje a las víctimas del terrorismo de estado realizado en el parque de la memoria con la presencia de Obama; en esa visita al país se realizó el compromiso de EEUU señalado en b).
Dónde más se puso en tela de juicio la política de ddhh del gobierno -y hasta su misma legitimidad- fue en el caso Maldonado. Sin embargo, actuó dentro del estado de derecho, sostuvo una posición infranqueable a considerar como desaparición forzada la suerte de Santiago Maldonado, y dispuso los medios para su total esclarecimiento, tal como en definitiva sucedió. Corresponde mencionar que ningún organismo de ddhh, ni dirigencia política o partido, ni los bien intencionados que apoyaron la mentira de la desaparición forzada, expresó en forma pública disculpas por tamaño error. Pero esto no es novedad; observemos la contracara en el caso Nisman, todo lo que escribió y dijo Roberto Gargarella sobre el gobierno de Cristina Fernández, la complicidad de los organismos de ddhh, y la verdad: que se trató de un magnicidio.
En la larga lucha en defensa de los derechos humanos hay luces y sombras, de aquellos identificados con las víctimas. Es el lado oscuro el que no se quiere admitir ni pronunciar, bajo la excusa de decir lo políticamente correcto, como en los casos de Maldonado y de Nisman.
En la misma línea de los dichos de Claudia Hilb:
ResponderBorrarAunque del actual gobierno pueda decirse que prefiere no hacer olas sobre los 70 y hasta expresiones como las de Lopérfido y Centurión merezcan ser cuestionadas, no podemos dejar de advertir que este gobierno: a) continúa la política institucional del estado en materia de derechos humanos, b) comprometió y obtuvo del gobierno de los EEUU la documentación secreta sobre los años de la dictadura, c) rindió homenaje a Patricia Derian por su rol frente a la Junta militar de reclamo y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y en salvaguarda de la vida de detenidos políticos -también su gestión sería decisiva para que se llevara a cabo la misión de la CIDH de 1979, d) ídem -en consecuencia- al presidente Jimmy Carter por su política de ddhh y las consiguientes sanciones impuestas a la Argentina durante su gobierno (1977-1981).
No es el eje de este gobierno la problemática de los ddhh con relación al pasado, pero no puede ignorarse que desde el gobierno de la CABA han colaborado en la concreción de los Espacios de la Memoria, ni del rol de Carrió en la Convención Constituyente para la incorporación de los tratados internacionales de ddhh a la Constitución que nos rige.
De un modo similar a lo acontecido con el gobierno de Alfonsín (recuérdese los cuestionamientos a la creación y el accionar de la Conadep) este gobierno es receptor de la hostilidad de la mayoría de los organismos de ddhh -no participaron del homenaje a las víctimas del terrorismo de estado realizado en el parque de la memoria con la presencia de Obama; en esa visita al país se realizó el compromiso de EEUU señalado en b).
Dónde más se puso en tela de juicio la política de ddhh del gobierno -y hasta su misma legitimidad- fue en el caso Maldonado. Sin embargo, actuó dentro del estado de derecho, sostuvo una posición infranqueable a considerar como desaparición forzada la suerte de Santiago Maldonado, y dispuso los medios para su total esclarecimiento, tal como en definitiva sucedió.
Corresponde mencionar que ningún organismo de ddhh, ni dirigencia política o partido, ni los bien intencionados que apoyaron la mentira de la desaparición forzada, expresó en forma pública disculpas por tamaño error.
Pero esto no es novedad; observemos la contracara en el caso Nisman, todo lo que escribió y dijo Roberto Gargarella sobre el gobierno de Cristina Fernández, la complicidad de los organismos de ddhh, y la verdad: que se trató de un magnicidio.
En la larga lucha en defensa de los derechos humanos hay luces y sombras, de aquellos identificados con las víctimas. Es el lado oscuro el que no se quiere admitir ni pronunciar, bajo la excusa de decir lo políticamente correcto, como en los casos de Maldonado y de Nisman.