16 jul. 2018

Por el fin de la dictadura en Nicaragua

El lugar de la Corte Suprema en el debate sobre el aborto

Publicado en LN, hoy, acá

Durante los extraordinarios debates sobre el aborto, iniciados en la Cámara de Diputados, y que ahora comienzan a extenderse al Senado, hubo un hecho que llamó la atención a todos quienes estamos interesados en pensar el derecho. La cuestión notable fue la siguiente: casi ninguno de los juristas que habló contra el proyecto de legalización del aborto se animó a abordar o tomar en serio las decisiones de la Corte Suprema Argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Es decir, numerosos juristas, acostumbrados –como cualquier abogado- a citar obsesiva y minuciosamente las principales normas, interpretaciones doctrinarias, y decisiones judiciales pertinentes, antes de dar su opinión sobre “lo que dice el derecho,” pasaron sorpresivamente por alto las decisiones ya tomadas en la materia por las “máximas autoridades interpretativas” en el país y en la región. Hablaron como si tales instituciones y decisiones no existieran, o como si fueran simplemente desplazables, o susceptibles de ser ignoradas. Invito a escucharlos de nuevo. Oirán recitar un rosario de leyes, reglamentaciones, cláusulas de incorporación, interpretaciones puntillosas, minucias legales, pero no encontrarán explicaciones atentas sobre lo que nos dicen y permiten inferir casos como “F.A.L.”, de la Corte Argentina; o “Artavia Murillo,” de la Corte Interamericana. Curiosísimo: como si tales fallos no tuvieran la menor importancia. 

La razón que explica estas omisiones sorprendentes es, simplemente, que no “convenía” citar esos casos. No convenía citarlos porque ellos dejaron en claro que el derecho regional es compatible con normas más liberales en el área. Ambos tribunales superiores dejaron entrever, por lo demás, que no estarían dispuestos a invalidar leyes que abran lugar a la interrupción voluntaria del embarazo: los países latinoamericanos están facultados a dictarlas. Mal que les pese a algunos, es previsible que los “ataques judiciales” que se inicien contra una eventual ley de aborto, encuentren un muro definitivo en nuestros máximos órganos judiciales. Eso es, al menos, lo que nos permite predecir el estado actual de la jurisprudencia, en el país y en América Latina. 

Qué es lo que ya dijo la Corte Interamericana, en el caso “Artavia Murillo”? Resumidamente, ella sostuvo: que los derechos reproductivos son derechos humanos; que un embrión no implantado no es persona; que las tendencias predominantes en el derecho comparado no nos llevan a considerar que el embrión deba ser tratado de igual manera que una persona nacida; en definitiva, que el derecho a la vida es gradual e incremental, lo que por tanto habilita regulaciones de este derecho. Y qué es lo que ya dijo la Corte Argentina, en el caso “F.A.L.”? Resumidamente, ella sostuvo: que la Constitución y  los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de cierta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación; que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar tales abortos; y que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos. 

Agregaría tres razones adicionales acerca de por qué es esperable que la Corte Argentina respalde, en general, una normativa favorable al aborto. La primera es una razón “histórica”, vinculada con el “respeto de precedentes”. A la Corte le importa mucho ofrecer una imagen de consistencia, que le permita aparecer como un tribunal diferente del que primara en etapas anteriores (un tribunal arbitrario). Y la Corte “ya habló” sobre el tema, no sólo para respaldar ciertas modalidades del aborto, ya existentes en el derecho argentino, sino proponiendo principios interpretativos que ayudan a descartar nuevos argumentos restrictivos en la materia (i.e., sobre el significado de la “incorporación” de la Convención de Derechos del Niño). El principio de respeto de precedentes, que afirma la Corte, torna esperable que ella respalde toda iniciativa legislativa en la materia que sea, en términos generales, coherente con las reglas y principios definidos en “F.A.L.” 

La segunda razón que mencionaría es “procedimental”. Y es que la Corte Argentina “en su actual composición,” viene subrayando de modo muy fuerte un principio de “deferencia” o “respeto hacia el legislador”. Por razones distintas –y, de modo más prominente, por respeto a la “investidura democrática” del legislador- la Corte aparece comprometida con una actitud de abierto respeto a lo que decida el Congreso en materia “sustantiva”. Desde hace tiempo, en efecto, el máximo tribunal del país se preocupa por dejar en claro que es el Congreso (o, en su caso, el Poder Ejecutivo) el que debe ofrecer respuestas políticas para los temas de fondo.

Finalmente, señalaría una tercera razón -acerca de por qué no es esperable que la Corte Argentina desafíe una eventual ley de aborto-, que es de tipo “política”, y vinculada con la búsqueda de “legitimidad” del Tribunal. Desde hace casi dos décadas, la Corte procura reforzar y reafirmar su legitimidad, calculando cuidadosamente sus decisiones. Para ello, ha puesto una enorme atención en el  pulso político-social de la comunidad: antes de decidir, la Corte mide con cuidado los “costos” que pueda acarrearle la decisión elegida. Esta práctica viene siendo distintiva del máximo tribunal argentino, y es previsible que se acentúe, luego del “fracaso” político-social de su decisión en el caso “Muiña” (sobre el “2 x 1”). En el marco de un consenso muy extendido en torno al aborto, no es dable esperar una decisión del tribunal desafiando al acuerdo democrático que existe, y que pueda gestarse alrededor de la eventual ley. 

En definitiva: siendo tan decisivas, para entender lo que “dice” el derecho argentino, las opiniones de la Corte Argentina e Interamericana; siendo tan claro y contundente lo que ambos tribunales dijeron ya, en materia de aborto; y siendo tan previsible lo que dichas Cortes pueden decidir, en el futuro inmediato, sobre la cuestión; resulta llamativo (y descorazonador) que buena parte de los críticos del proyecto de legalización del aborto, pretendiendo “hablar” en nombre del derecho argentino, hayan ocultado bajo la alfombra datos esenciales sobre nuestra realidad jurídica, porque no les “convenía” revelarlos. No se debe, entonces, seguir ignorando a la Corte Argentina, a la Corte Interamericana, y a sus fallos. Ni basta con replicar sosteniendo: “la Corte Interamericana falló en un caso concreto, y no contra nuestro país”: la Corte IDH decide muy pocos casos, procurando enunciar los principios que se compromete a seguir aplicando en casos futuros, y que pasan a definir al derecho de toda la región. Ni tampoco es suficiente agregar, para dejarlos de lado, que tales casos fueron mal decididos: lo que aquí estamos discutiendo no es lo que al abogado en cuestión haría, de ser juez de la Corte, sino lo que dice el derecho argentino en la materia. Si la pregunta es, entonces: es previsible que la Corte Argentina o, eventualmente, la Corte Interamericana, contradiciendo lo que han venido diciendo en la materia, se pronuncien, en un futuro próximo, en contra de una ley de aborto, por considerarla ajena al derecho nacional o regional? La respuesta, de modo contundente, es que no.




15 jul. 2018

No fue magia: desmontando los mitos de la década kirchnerista

http://www.laizquierdadiario.com/No-fue-magia-desmontando-los-mitos-de-la-decada-kirchnerista?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

Gran libro,  coordinado por Martín Schorr -"Entre la década ganada y la década perdida", y comentado por Esteban Mercatante, en el link de arriba, para La Izquierda Diario

De Esteban Mercantante:

El libro coordinado por Martín Schorr Entre la década ganada y la década perdida, de reciente publicación, expone las deudas del “modelo” kirchnerista con el ajuste de 2002 durante el gobierno de Duhalde, y cómo, saliendo de los relatos, continuó la gestión del capitalismo dependiente sin poder mostrar transformaciones significativas.
El 25 de mayo de 2013, cuando se cumplían diez años desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, Cristina Fernández habló por primera vez de una década ganada.

Esta idea, retomada desde entonces en numerosos balances del período, solo se sostiene tomando como punto de comparación el momento de máximo hundimiento económico, los años 2001/02. Así, el panorama de 2015 (o preferentemente el de 2010/2011, cuando todavía se sentía menos el deterioro económico con el que concluyó el ciclo) es contrastado con la situación de 2002: hiperdesempleo de 25 %, pobreza de 50 % y poder adquisitivo de los salarios alcanzando su mínimo en 2002 después de la megadevaluación y el alza del costo de vida que tuvo como consecuencia (que permitió que el poder de compra de los salarios cayera casi 30 %). Solo cotejando con este panorama puede celebrarse que el salario real hubiera llegado en promedio, en 2015, a superar apenas por poco el nivel de diciembre de 2001 –cuarto año de severa recesión– o que, a pesar de la caída del desempleo (que se estabilizó en 7 %), un tercio de la clase trabajadora siguiera al final del último mandato de CFK condenada a empleos en relación de dependencia sin aportes (“en negro”), mientras que en el empleo formal siguieron perfeccionándose las formas de flexibilidad y precarización.


El libro Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política (Buenos Aires, Batalla de Ideas, 2018), coordinado por Martín Schorr, ofrece una mirada descarnada sobre la distancia que media entre el relato kirchnerista y el saldo que dejaron esos doce años.

Algunos de los elementos que Entre la década... pone sobre la mesa son la ausencia de transformaciones significativas en la estructura productiva durante los tres gobiernos kirchneristas, la continuidad de la precariedad de las cuentas externas del país (maquillada desde 2003 hasta 2011) derivada de dicha estructura y del peso que tienen en la economía las remesas de utilidades de empresas extranjeras, los pagos (“seriales” según CFK) de la deuda pública externa, y la fuga de capitales. Como señala uno de los capítulos, “se mantuvo dentro del sistema de derechos corporativos que ordena los movimientos de capitales globales”; la Argentina no se retiró del Ciadi ni denunció los Tratados Bilaterales de Inversión, mostrando el compromiso durante esos años con el mantenimiento de pilares de la globalización neoliberal. Estos, así como otros aspectos abordados en el libro, muestran que el kirchnerismo continuó la gestión del capitalismo dependiente argentino sin articular cambios sustanciales en términos estructurales.

De la ilusión al desencanto (del poder económico)

El primer capítulo, a cargo de Emiliano López y Francisco J. Cantamutto, toma como punto de partida el año 2002. Según los autores, allí se sientan las bases del esquema posconvertibilidad, y no con la llegada de Kirchner al gobierno. Como resultado de la crisis, la industria manufacturera se constituirá en la fracción dirigente del Bloque en el Poder (BeP). Esta acercará “posiciones con la Confederación General del Trabajo (CGT), tanto oficialista como sectores críticos (el Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA), que comenzaron a enarbolar con gusto la bandera de la producción nacional”. En nombre de la “producción nacional” convergieron en la salida de la crisis a partir de la megadevaluación y la “pesificación asimétrica”, es decir, entre otras cosas, en base a un formidable ajuste del salario en dólares. Las fracciones agropecuarias recibieron importantes beneficios, pero fueron relegadas en el plano político al tiempo que “se les obligó a transferir parte de la renta extraordinaria para garantizar la valorización de otras fracciones”. Al mismo tiempo, las privatizadas y las finanzas quedaron desplazadas política y económicamente, pero recibiendo a cambio “cuantiosas compensaciones”.

Los autores evalúan que esta fracción industrial logró “incorporar de manera subordinada demandas de una parte de las clases populares”. El alcance de esta definición es discutible: si este esquema pareció viable en 2002 gracias al bajo piso de condiciones sociales dejado por la crisis y con la ayuda de las condiciones internacionales altamente propicias, se iría probando más conflictivo cuando empezaron a agotarse las condiciones de rentabilidad y el panorama internacional dejó de ser tan favorable para los commodities que el país exporta.

Volviendo a la argumentación de López y Cantamutto, a partir del conflicto con las patronales agropecuarias en 2008, y sobre todo a partir de 2011, la Sociedad Rural Argentina y la Asociación Empresaria Argentina emergerán como articuladores de una alternativa política al kirchnerismo, de sesgo neoliberal. Pero sería determinante el giro en la UIA. Ante las dificultades crecientes de la acumulación de capital, que se remontan a 2008 pero fueron “adquiriendo mayor radicalidad desde 2012”, se impuso la línea “de los grandes capitales”, léase Techint, Arcor, etc. Este desplazamiento sería el resultado de que las contradicciones económicas, agudizadas en 2012, planteaban una “disyuntiva cuasi-inexorable”: o los costos de la superación de las tensiones recaían sobre las clases dominantes, en un proceso que para los autores sería “radicalización social en clave popular” (cuyo alcance en términos de subvertir las relaciones de producción capitalista no termina de quedar definido), o bien “eran descargados sobre las clases subalternas en un proceso regresivo”.

El gobierno de CFK buscó todo lo que pudo “eludir la disyuntiva, tratando de disciplinar la lógica de valorización del capital, sin cuestionar su lugar central”, lo que se prueba inviable cuando las condiciones de valorización ingresan en franco deterioro y se exacerban los desequilibrios en la macroeconomía. Pero aún con esas divergencias crecientes con las demandas del BeP, el gobierno kirchnerista “evitó un proceso de radicalización, tratando de convencer al BeP –o al menos a la fracción que representaba– que sostener el régimen existente era mejor opción que reemplazarlo”. Se refieren a los tiempos en los que CFK les recordó a los empresarios, en más de una oportunidad, que durante gran parte de estos doce años la “juntaron con pala”. 
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En esta lectura puede quedar algo devaluada la orientación durante el último mandato de CFK, que si bien no tomó el camino que demandaban cada vez más sectores de la clase capitalista, sí tuvo un endurecimiento mayor con sectores del movimiento obrero, lo que tuvo como resultado el pasaje a la oposición de Hugo Moyano y la división de la CGT en 2012. En 2014 dejaron correr la devaluación ante el fracaso de las restricciones cambiarias para contener la corrida, y realizaron un intento de volver a los mercados internacionales pagando onerosamente a Repsol por la expropiación de YPF y al Club de París, como sí señalan López y Cantamutto.

López y Cantamutto concluyen que: “las clases dominantes entendieron rápidamente que, en un mundo en crisis, el capitalismo nacional e inclusivo es una utopía demasiado costosa”. Más bien, como hemos afirmado por nuestra parte en varias oportunidades, habría que decir que respondiendo a la relación de fuerzas entre las clases post 2001, el kirchnerismo pretendió que podrían compatibilizarse los elevados niveles de rentabilidad extraordinaria logrados en 2002 gracias al formidable ajuste (y al cambio favorable en el contexto internacional) con la “inclusión social”, y todo esto sin una ruptura en las relaciones con el imperialismo ni un ataque a sus posiciones en el país, sin una transformación de la estructura impositiva en ningún sentido progresivo más allá de la implementación de retenciones, y sobre la base de la estructura económica dependiente y desarticulada. Esto se mostró ilusorio: se chocó con la “reticencia inversora” y el retorno de la “restricción externa”.

La agenda de “normalización” demandada por la burguesía definía en 2015 los programas de los tres candidatos principales para suceder a CFK, entre ellos el entonces oficialista Daniel Scioli.

A dónde se fueron los dólares
Desde la llegada de Kirchner al gobierno hasta 2014, el país acumuló superávit comercial por USD 170 millones. Pero el período concluyó con restricción externa y nuevamente déficit comercial, como antes de la crisis de la Convertibilidad. Andrés Wainer y Paula Belloni analizan las causas del (efímero) auge y ocaso del superávit externo. Su conclusión es que “los problemas en el sector externo que emergieron en la segunda etapa del ciclo de gobiernos kirchneristas fueron el resultado de factores estructurales vinculados al carácter del bloque de clases dominante en la Argentina que no fueron resueltos”, y que se agravaron al converger con otros factores coyunturales.

Las exportaciones crecieron desde 2003, pero sobre la base de una canasta exportadora en la cual “siguieron predominando bienes primarios o industriales de escaso valor agregado y/o contenido tecnológico”. Por el lado de las importaciones, fueron escasos los “avances exhibidos en materia de sustitución de importaciones”, a lo que habría que agregar el “elevado componente importado de muchas de las ramas industriales que lideraron el crecimiento”, como la electrónica y automotriz. Por eso, después del desplome que las compras al exterior habían registrado durante la crisis de la Convertibilidad, crecieron regularmente a medida que crecía la economía, a un ritmo más veloz que las exportaciones. Al déficit industrial (que caracteriza todas las ramas industriales no ligadas al procesamiento de recursos naturales) vinculado a la ausencia de transformaciones significativas, se sumó el déficit energético creciente, resultado de la caída de la producción hidrocarburífera local. Todo esto responde a las decisiones de (des)inversión de los grupos económicos dominantes, y a la ausencia de cualquier política específica, a contramano del cambio estructural que proclamaban los discursos.

Pero el déficit en las cuentas externas emergió cuando el comercio era todavía superavitario. Es que, durante todo el período, los dólares excedentes del comercio jugaron el rol de solventar otras importantes sangrías: la remisión de utilidades y dividendos, el pago de intereses de la deuda externa y la fuga de capitales.


La remisión de utilidades al exterior, explican los autores, creció en los años 2000 respecto de la década de 1990. Aunque un primer motivo del aumento de las mismas es “el intenso proceso de extranjerización de la economía argentina” registrado durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, el aumento se debe a que desde 2003 “las empresas extranjeras fueron las que obtuvieron las tasas de ganancia más elevadas”, y a su “relativamente baja propensión a invertir en el país”. Por cada dólar ganado en los 2000, giraron 50 centavos al exterior.

Sobre la deuda, Wainer y Belloni observan correctamente que “la priorización de ser ‘pagadores seriales’ (a partir del pago al FMI y de las reestructuraciones de deuda) por parte del gobierno nacional operó como otro de los elementos que agravaron la restricción externa”. Solo los intereses insumieron USD 54 mil millones contantes y sonantes.

La fuga de capitales durante este período estuvo caracterizada por el “el envío al exterior de las abultadas ganancias corrientes internalizadas por esta fracción del poder económico en un escenario de “reticencia inversora” por parte del capital concentrado interno”. Los empresarios la “juntaban con pala”, pero la ponían en el exterior.

La transformación estructural falta a la cita

Agostina Constantino aborda dos debates entrelazados: ¿hubo durante estos años reprimarización o reindustrialización? Sobre la industria, lo que muestra es que si bien su participación en el PBI mostró un salto positivo entre 2001 y 2003, no quebró su tendencia decreciente. Durante los años siguientes redujo este incremento inicial (perdiendo participación a un ritmo de 1,6 % anual entre 2003 y 2007, y de 1,9 % en 2007-2015), y para 2015 el peso de la industria en el PBI apenas superaba su nivel de 2001. El sector industrial “no solo perdió participación en el PBI, sino que siguió conservando las características que tenía en la década anterior”, dominado por bebidas y tabaco (33,5 % de participación, en promedio); productos químicos (13 %) y combustibles y lubricantes (10 %), que explican más de la mitad del PBI industrial, y están ligados al procesamiento de materias primas agropecuarias, minerales e hidrocarburos. Pero, señala la autora, tampoco puede hablarse de una reprimarización: todas las actividades primarias perdieron participación en PBI.

Agrega que hasta 2007, la política para la industria “se centró en la protección generada por el tipo de cambio real alto, la licuación salarial y en los subsidios cruzados vía el congelamiento de las tarifas de servicios públicos”. En el período posterior emergerán otras iniciativas, pero sin políticas ni metas claras. Como excepciones se distinguen el régimen automotriz, el régimen fueguino para la electrónica y el sector del software. Los dos primeros beneficiando sectores que, como bien se describe en el libro, tienen características de “armaduría”.

La patria es del otro

Martín Schorr analiza lo que ocurrió con el poder económico a partir del estudio de las transformaciones en las 200 empresas más grandes que se valorizan en el país.

Una de las conclusiones es que se pueden observar “importantes puntos de continuidad y profundización” respecto del período precedente. La cúpula económica, de conjunto, profundizó durante ese período su peso en la economía: de representar el 21,1 % del PBI en 2002, en 2015 alcanzaba el 22 %. La mayor parte lo explica el crecimiento del subgrupo de las mayores 50 firmas: 13,2 % en 2001 a 13,8 % en 2015, afianzando así su “consolidación estructural”. Schorr advierte con razón que estos números subestiman la concentración real, ya que un puñado de grupos económicos nacionales y extranjeros tiene control sobre varias de estas firmas.

El autor señala que se observa “una ‘reindustrialización’ de la elite, pero inscripta en la ausencia de modificaciones de peso en el perfil de especialización predominante”. Si bien la extranjerización retrocedería parcialmente desde 2007 (entre otras cosas porque varias firmas privatizadas pasaron nuevamente a manos del Estado, en la mayor parte de los casos como forma de salvataje a las empresas), “el predominio extranjero constituye un dato estructural insoslayable”, lo cual presiona sobre la balanza de pagos, ya que un puñado de firmas, mayormente extranjeras, mantiene un verdadero “monopolio privado del comercio”. Además, esta extranjerización atenta “contra la diversificación y la complejización de la estructura productiva”.

Una idea del grado de control que ejerce este grupo de firmas la tenemos al observar el saldo comercial. Mientras la cúpula económica registra un fuerte superávit (que se concentra en casi un 90 % en las primeras 50 empresas), el resto de la economía es fuertemente deficitaria. En el año 2014, por ejemplo, el superávit comercial llegó a USD 6.687 para toda la economía, mientras que la cúpula económica tuvo un superávit de USD 24.799 (las primeras 50 alcanzaron USD 21.725), y el resto de la economía registró un déficit de USD 18.112. Como se ve, un puñado de firmas concentra el grueso de los dólares que ingresan en la economía.

El espinoso sujeto

El libro concluye con un capítulo dedicado al mercado de trabajo y las políticas laborales a cargo de Pablo Ernesto Pérez y Facundo Barrera Insua. Entre sus conclusiones destacan que después de un primer lustro donde el empleo y los salarios registraron mejorías (sobre la base del piso bajo dejado por la crisis de la convertibilidad), estas empezaron a agotarse desde 2007/08, cuando emergen “conflictos propios del patrón de acumulación vigente”. En este sentido, la derrota del kirchnerismo en las elecciones de noviembre del 2015 expondría “un descontento a partir del cese en la mejoría” registrado durante los primeros años del período.

Entre la década… demuestra efectivamente que la pretensión de sostener un proyecto de conciliación de clases y una economía con mayores grados de autonomía en las condiciones del capitalismo dependiente argentino actual y los sectores económicos dominantes, es la cuadratura del círculo. Mientras el gobierno de CFK afirmaba que era posible la “profundización del modelo”, se vio confrontada a la vez con un creciente rechazo del empresariado y con una conflictividad creciente de sectores del movimiento obrero.

En las condiciones actuales, donde una rápida crisis generada por el acelerado endeudamiento de Macri (un movimiento pendular que fue posibilitado por los “pagos seriales” del período previo) llegó al país a golpear las puertas del FMI, la ilusión de reeditar cualquier ciclo similar en 2019 es una completa entelequia. Sin rechazar al Fondo, lo que significa al mismo tiempo repudiar la deuda y atacar las posiciones del imperialismo en el país no solo en la retórica, sino en la realidad, no existe alternativa a continuar gestionando el ajuste al que esta administración comprometió también a quien le suceda en 2019. Por eso, el peronismo se prepara para ser gestor de una herencia de austeridad.


Si no hay alternativas de la mano de los sectores de la clase dominante, es una cuenta pendiente del libro indagar de dónde podrían venir estas. Wainer y Belloni afirman que “el verdadero desarrollo económico del país no depende de cómo sople el ‘viento’ sino de la construcción de un sujeto social con un verdadero interés y potencialidad para romper con la actual situación de dependencia”. En las páginas del libro no se ofrecen mayores pistas de cómo podría constituirse y con qué programa. Pero aunque Entre la década… se detenga antes de llegar a esta conclusión, todo su análisis deja en evidencia que no hay alternativas de desarrollo sin romper los marcos del capitalismo dependiente argentino. La fuerza social que demandan solo puede venir de la clase trabajadora, articulando un programa independiente de ruptura con el imperialismo, anticapitalista y socialista, para encarar la organización de la economía en función de las necesidades sociales.

14 jul. 2018

Pity

https://www.lanacion.com.ar/2152521-pity-alvarez-el-colapso-anunciado-de-una-estrella-de-rock-de-su-tiempo

Ojalá esta desmesurada tragedia -el rockero reventado que, porque sí, acribilla a un compañero- nos ayude a pensar mejor sobre el derecho penal -aunque lo más probable es que, como siempre, ocurra todo lo contrario.

Por su crimen, él puede ser encarcelado una buena decena de años. Me pregunto: Su "merecimiento" moral es estar encerrado una decena de años? La cárcel es el modo apropiado de "responderle" por lo que hizo? Vamos a estar ahora más seguros? Tenía él una inherente tendencia al asesinato, una compulsión a matar? Si no es así, pero era alguien que, "eventualmente," podía volver a matar: pensamos que luego de diez años de encierro, ese riesgo va a haber desaparecido? Eso porque él va a estar bien para entonces? Él se va a convertir en una persona mejor, gracias a la "socialización" con otros "peligrosos criminales" y carceleros? Luego de esa decena de años va a estar en mejores condiciones de "reintegrarse" a la sociedad? Eso debido a la susodicha socialización? Esa es la mejor respuesta que tenemos frente a los que cometen faltas graves? Si sumamos, al horrible mal que él hizo, el horrible mal que le vamos a hacer, qué hacemos realmente: cancelamos el mal ya hecho, o tenemos "dos horribles males"? Los familiares de la víctima van a estar ahora más tranquilos, más "aliviados"? Eso porque el detenido no va a matar a otro de los miembros de esa familia? Existía, aún remotamente, ese riesgo? O es que la pobre familia de la víctima va a estar mejor ahora, con el victimario preso, porque "va a ver realizado su deseo"? Se trata de un deseo de venganza o un deseo de justicia? Podremos realmente decir "ahora se hizo justicia"? A eso llamamos "hacer justicia"? A poner a alguien preso por diez años? Y si le damos perpetua es "más justicia"? La pena de muerte del criminal sería la justicia total?

Tomo el caso en cuestión sólo como excusa. Lo dicho vale igual, en principio, para todos los demás casos.

11 jul. 2018

Cuando el ejercicio de la profesión da vergüenza

Te indignan las injusticias? En un país tan injusto como éste, tenés miles de oportunidades de pelear contra ellas. No hace falta empezar por la defensa de los que deberían estar últimos en la fila de espera para ser defendidos. 
Lo que más te importa es defender los derechos de los más pobres? No empieces entonces defendiendo a los más ricos, ni menos dediques la mayor parte de tu tiempo a sostener sus privilegios. Tenés un territorio infinito donde trabajar.
Estás comprometidx con una facción política? Peleá y defendé sus ideales, y ayudá a que vuelvan a crecer, en lugar de defender a los que se enriquecieron en nombre de ellos.
Tenés sed de justicia social? Poné tu inteligencia al servicio de los más necesitados, a los que este gobierno viene castigando, no al servicio de los que usaron su cargo para beneficio propio.
Aborrecés al actual gobierno? Tenés decenas de posibilidades de litigar contra este gobierno, que también está lleno de funcionarios que merecen condena penal.

Deberíamos discutir sobre la falta de ética profesional involucrada en estos casos. La ofensa que implica que los más calificados abogadxs que produjo el país, pongan sus capacidades a favor de la impunidad de los más poderosos; el grave error de poner la energía intelectual a favor de los que se enriquecieron gracias a los privilegios que tomaron del Estado. Nada justifica que conviertan a la abogacía en una búsqueda de resquicios, chicanas, minucias, malentendidos, desprolijidades, que impidan reprochar lo que debe ser reprochado a gritos. Nada justifica que denigren así el derecho, que lo corrompan de ese modo, convirtiéndolo en un cajón de herramientas y trampas destinadas a proteger a los ricos. Nada justifica que sigan trabajando al servicio de la impunidad. Nada justifica que corrompan a la profesión de ese modo, haciendo que nos avergüence decir que somos abogados.

Gracias al trabajo que hacen a favor de los privilegiados, tenemos hoy una condena menos, una vergüenza más.

En su momento, escribí sobre ética profesional y la defensa de los poderosos, por ejemplo, acá
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/04/doctrina35778.pdf

10 jul. 2018

Desde el derecho, por el derecho al aborto

Y un día...

Pichetto elogiado en este blog. Muy buena nota sobre el aborto. Mucho de lo que se podría pedir
https://www.lanacion.com.ar/2151613-una-discusion-de-estado-no-de-creencias-religiosas

Sunstein sobre Kavanaugh

Consejo de la Magistratura

De don Sebas Guidi

http://www.perfil.com/noticias/columnistas/cuestion-urgente.phtml

Noticias de ayer: en 2015, la Justicia declaró que la reforma de 2006 al Consejo de la Magistratura es inconstitucional, ya que asigna al poder político un peso desproporcionado en el órgano que tiene a su cargo la selección y acusación de jueces. El gobierno de entonces apeló el fallo ante la Corte Suprema. Varios recordarán las discusiones que rodearon aquella reforma, votada en soledad por el entonces oficialismo para agilizar –decían– el funcionamiento de un órgano elefantiásico. La oposición en su conjunto fustigó el proyecto. Sus líderes afirmaron que el proyecto del kirchnerismo era un escandaloso intento de capturar el Consejo y colonizar así a la Justicia. Motivos no faltaban: la actual composición del Consejo prácticamente garantiza al partido de gobierno cinco consejeros sobre un total de trece, es decir, más de un tercio. Dado que las decisiones más importantes se toman con dos tercios de los votos, en la práctica esto da a cualquier oficialismo un poder de veto sobre las selecciones y acusaciones de magistrados en todo el país. Entre otras cosas, esta “minoría de bloqueo” permite al oficialismo prometer a un magistrado que será protegido contra cualquier intento de destitución. Cada uno tendrá ejemplos en mente. Por eso, habría sido esperable que el actual gobierno desistiera de la apelación, dejando firme el fallo de la Cámara. Si un litigante está de acuerdo con un fallo, no tiene por qué apelar. Al contrario, la apelación solo retrasaría y pondría en peligro un fallo favorable. De hecho, el año pasado el Gobierno no apeló el fallo que permitía la remoción por decreto de la procuradora, que terminó por renunciar. No fue lo que sucedió. El Gobierno no solo persistió en la apelación, sino que solicitó en varias oportunidades extender los plazos del proceso. La sorpresa que esto puede causar es, por supuesto, solo teórica. Como suele ocurrir, quienes desde la oposición denuncian la concentración de poder en el partido gobernante se vuelven más complacientes cuando los roles se invierten. Hoy, el Gobierno podría dar una formidable señal de coherencia y respeto por las instituciones si desistiera de la apelación, dejando firme el fallo. 

Desde ya, esto diluiría su poder en el Consejo, pero garantizaría una composición plural independientemente de quién gobierne. Sería deseable, por supuesto, que fuera el Congreso quien se ocupara de esto. De hecho, hay en tratamiento proyectos de ley de todos los bloques, incluyendo el del Poder Ejecutivo. Pero, lamentablemente, el tiempo apremia. Los nuevos consejeros, que ya están siendo designados, deben asumir en noviembre, y una vez que lo hagan la composición del Consejo quedará fijada por cuatro años más. La cuestión es urgente, pero también es importante. Según una encuesta reciente, el Poder Judicial sufre de un rechazo del 82% en la ciudadanía. Cada uno tendrá distintas explicaciones: la falta de recursos humanos, la proverbial ineficiencia en los trámites más básicos, el oportunismo en la velocidad de las causas más sensibles políticamente. Para solucionar cualquiera de estos problemas es esencial tener un Consejo funcionando correctamente, que goce del respeto de la ciudadanía y en el que no predomine ningún sector político. Su importancia exige que el Congreso no discuta un parche en estos meses simplemente para tener rápidamente un Consejo un poco mejor que el de hoy. Se merece una discusión amplia y reflexiva, con espacio para todos quienes quieran hacer escuchar su voz: trabajadores judiciales, asociaciones de interés público, abogados de todo el país. La coyuntura actual, en la que ningún partido tiene mayoría en el Congreso, tal vez es inmejorable para lograr la mejor ley posible con vocación de permanencia. Con un trámite de unos minutos, el Gobierno puede deshacer la reforma de 2006 y dar tiempo y tranquilidad al Congreso para tratar el tema con la atención que se merece. 

 *Abogado. Máster y doctorando en Derecho (Universidad de Yale). (Fuente www.perfil.com). 

A no perdérselo!


3 jul. 2018

Rechazo a la ley de procesos colectivos

Comparto con ACIJ y un total de 29 organizaciones no gubernamentales, el rechazo al proyecto de ley sobre procesos colectivos.
http://acij.org.ar/fuerte-rechazo-al-anteproyecto-de-ley-de-procesos-colectivos/

Fuerte rechazo al anteproyecto de Ley de procesos colectivos. 

Organizaciones de derechos humanos y de consumidores reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de impulsar un anteproyecto que restringe la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a empresas en defensa de derechos colectivos
Veintinueve organizaciones de la sociedad civil realizamos una presentación ante el Ministro Germán Garavano para expresar nuestra profunda preocupación por  el contenido del borrador de proyecto de ley sobre acciones colectivas publicado por el gobierno en la página web del programa justicia 2020, y solicitamos que no lo impulse en el  Congreso Nacional. Las acciones colectivas, son una herramienta legal reconocida en nuestra Constitución que permite defender de forma conjunta a grupos de personas afectadas por acciones ilegales del Estado o de empresas.
El anteproyecto, que no fue acompañado de una exposición de motivos ni precedido de un diagnóstico adecuado, no sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que afectan a las personas, y en particular a los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza, limitando seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas. El anteproyecto contiene disposiciones inconstitucionales que son un enorme retroceso tanto en relación con legislación actualmente vigente como con la jurisprudencia. En la práctica significa un recorte de todos los derechos consagrados constitucionalmente, cuya garantía va a encontrar nuevos obstáculos a su protección en los tribunales, y priva a los grupos en situación de vulnerabilidad de una herramienta fundamental. 
Las acciones colectivas han sido claves para el reconocimiento y protección de derechos fundamentales en nuestro país, garantizando el acceso a la justicia de dichos grupos. 
Con una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas que protegieron los derechos a la vida, salud, igualdad, educación, al medio ambiente, y los derechos de usuarios y consumidores, como el derecho a acceder a tratamiento y medicamentos para personas con VIH (“Benghalensis”), la contaminación del Riachuelo (“Mendoza”), el derecho a condiciones dignas en las cárceles en la provincia de Buenos Aires ( “Verbitsky”), la privacidad en el uso de internet y servicios telefónicos (“Halabi”), el derecho a no sufrir discriminación de quienes son usuarios de la línea de ferrocarril Sarmiento (“Unión de Usuarios y Consumidores c/TBA”), el derecho de las mujeres a no sufrir discriminación por las empresas (“Fundación Mujeres en Igualdad c/Freddo”), el derecho a educación laica en Salta (“Castillo”) y la nulidad de aumento de tarifas de gas establecido sin audiencia pública (“Cepis”).  

Entre algunas de las falencias más preocupantes de este anteproyecto, que viola la Constitución al regular materia procesal local -de exclusiva competencia provincial-, se observa que:  

- Limita quiénes podrán impulsar acciones colectivas. Impone a las/os afectadas/os, organizaciones y sus abogadas/os una serie ilimitada de exigencias que violan la amplia legitimación reconocida en la Constitución, y dan absoluta discrecionalidad a jueces/zas para rechazarlas en base a criterios extremadamente vagos e imprecisos.  La legitimación activa de las organizaciones se encuentra contemplada expresamente en nuestra Constitución Nacional, y durante años ha sido una herramienta clave para garantizar derechos humanos. 
- Desnaturaliza inconstitucionalmente el instituto de las medidas cautelares, que tienen por objeto evitar el perjuicio inminente o irreparable que pudiera sufrir quien las solicita durante el tiempo que lleva el reconocimiento judicial de su derecho, facultando a la justicia a extender a las empresas el privilegio que hoy sólo tiene el Estado, de opinar antes de su dictado, estableciendo requisitos adicionales para su otorgamiento y el carácter inapelable de su rechazo. 
- Dilata los procesos, creando largos, engorrosos y repetitivos trámites para la registración y consolidación de la clase, sin los cuales no se podrá comenzar la discusión sobre los derechos en juego. 
- Impone la obligación de litigar en la Ciudad de Buenos Aires en todos los casos en que el Estado Nacional resulte demandado, y en el lugar del domicilio del demandado también en el caso de las empresas, aunque la afectación se produzca en otros lugares. 
- Pone a cargo de los demandantes los gastos de publicidad, notificación y difusión de los procesos colectivos, así como las costas, en lugar de establecer su gratuidad, como lo establece la ley de defensa de consumidores. Una ley que regule adecuadamente los procesos colectivos debe asegurar que la notificación y difusión se realicen por los canales que usa habitualmente el demandado, o en su defecto, por medios públicos y a costa del Estado. 
- El borrador modifica normas vigentes reemplazandolas por normas más restrictivas de los derechos del colectivo, derogando la ley de defensa de usuarios y consumidores y la ley general de ambiente, las que son reemplazadas por pautas más restrictivas de los derechos del colectivo. 
En la comisión redactora del anteproyecto no participaron organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, el ambiente y los recursos naturales, de consumidores ni organismos públicos de defensa de derechos, como defensorías. Es necesario que se inicie un proceso de discusión tendiente a generar acuerdos sobre la mejor forma de regular las acciones colectivas, un proyecto que tienda a ampliar su uso y eficacia, y no a restringirlas. Ese proceso de discusión debe incluir la necesaria participación de las organizaciones de derechos humanos, representantes de usuarios y consumidores, y todas aquellas que defienden los intereses de colectivos en especial situación de vulnerabilidad, así como las personas afectadas que hayan sido o sean parte de los colectivos representados por estas acciones, ya que se trata de una herramienta clave para asegurar sus derechos. 

Las inconstitucionalidades, falencias, inconsistencias y retrocesos del borrador de proyecto en relación con las regulaciones y prácticas actuales son tan graves e impactan de manera tan decisiva en el uso de las acciones colectivas como herramienta para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que deben bastar para su inmediato rechazo. 

Otra perpetua

https://www.clarin.com/sociedad/nahir-galarza-condenada-perpetua-matar-novio-fernando-pastorizzo_0_By5vneKzm.html

Por primera vez se condena a perpetua a una menor de veinte años. Verguenza otra vez. Qué quieren lograr con esto? Qué lección quieren dar? Quién cree que va a perder algo? Cómo creen que se va a transformar la víctima? Qué medida de "merecimiento" toman. Horror más horror, horror doble.

30 jun. 2018

Sunstein-Intro

Introducción breve al último libro de Sunstein que publicamos



Cass Sunstein (nacido en Massachusetts en 1954) es, sin dudas, uno de los más influyentes y prolíficos constitucionalistas de nuestro tiempo. En su juventud fue asistente en la Corte Suprema del famoso juez afroamericano Thurgood Marshall; luego docente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago durante 27 años; más tarde asesor estrella durante el gobierno de Obama (fue director de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios), y actualmente es profesor en la Universidad de Harvard. En sus trabajos, Sunstein siempre se propuso hacer que el derecho dialogue con las versiones más interesantes y avanzadas de las disciplinas vecinas. Al comienzo, buscó nexos entre el derecho constitucional y la filosofía política de John Rawls (en especial, con Teoría de la justicia escrita por este último). En fecha más reciente, la segunda gran obra de Rawls, Liberalismo político, le sirvió de base para sustentar sus estudios sobre el “minimalismo político”, en que reflexionó acerca de cómo tomar decisiones –políticas, judiciales- imparciales, en sociedad diversas, multiculturales y conflictivas como las nuestras. Además, Sunstein mostró los aportes que podían hacer al derecho estudios sobre la racionalidad, como los desarrollados por el conocido politólogo Jon Elster. 

Ante todo, Elster y Sunstein se interesaron por aquellos trabajos que se proponían detectar las sistemáticas fallas en la racionalidad que caracterizan a muchas de nuestras elecciones individuales y colectivas. Para comprender la importancia de este tipo de trabajos, debe recordarse el contexto: corrían los años ochenta, y tanto Elster como Sunstein enseñaban en la Universidad de Chicago, que era la principal sede académica de los estudios de rational choice y también el principal think thank para el impulso de políticas económicas de orientación neoclásica (políticas que tuvieron enorme influencia en América Latina, por ejemplo, al aplicarse en los conocidos programas de “ajuste estructural”). Cuando autores como Elster, desde la ciencia política, o Sunstein, desde el derecho, se enfocaban en la irracionalidad de las elecciones personales, estaban poniendo en cuestión, también, los fundamentos de disciplinas (económicas, en especial) que eran aplicadas como ciencias exactas en el mundo entero, aunque funcionaban de modo demasiado imperfecto, generando además consecuencias socialmente muy gravosas.

Desde entonces, Sunstein comenzó a interesarse por cuestiones de psicología social e individual, como las que en esos años exploraban Amos Tversky y Daniel Kahneman (este último, cabe recordar, consagrado premio Nobel de Economía en 2002). En aquellos años, Tversky y Kahneman aplicaban a la ciencia económica sus experimentos y estudios de psicología. Sunstein, en buena medida, vino a hacer lo propio sobre el derecho. El actual profesor de Harvard escribió varios artículos y libros en la materia, habitualmente acompañado por otro de los grandes protagonistas en estos estudios de psicología aplicada -me refiero a Richard Thaler, coautor que recientemente recibió el premio Nobel de Economía (2017)–. Los escritos de Sunstein en esta área giraron en torno a la idea de nudge, que refiere a las “pequeñas ayudas” o “empujones” que puede dar el Estado para mejorar la toma de decisiones de las personas, teniendo en cuenta estudios empíricos al respecto. Un ejemplo: un Estado razonablemente paternalista, a sabiendas de que en los restaurantes las personas tienden a elegir los platos que figuran más arriba en el menú, podría obligar a situar en esa posición destacada las opciones más saludables. A fin de cuentas, los comensales seguirían escogiendo libremente y nadie resultaría censurado en su pretensión de poner en su menú lo que quiere; pero se “empujaría” suavemente a las personas a tomar decisiones más convenientes. 

Como vemos, Sunstein es un autor que se ha ocupado de las áreas más diversas del derecho, en vínculo con los estudios más avanzados de su tiempo, y de la mano de los mejores especialistas en cada rubro abordado. Dados esos antecedentes, valoramos mejor la importancia de este libro y los motivos de Sunstein para escribirlo. Desde luego, conviene tener presente que, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde todas las constituciones incluyen en sus textos amplísimas y muy generosas declaraciones de derechos, la Constitución de los Estados Unidos se presenta como austera en extremo –podríamos calificarla de muy espartana– en la materia. Más en concreto: no incluye derechos sociales en su texto, lo cual ha generado numerosas consecuencias muy conflictivas. En primer lugar, los jueces muchas veces se han negado a reconocer la existencia de cualquier respaldo constitucional a los derechos sociales, ya que tienden a ver a la Constitución, simplemente, como una de tipo “negativo”, esto es, una que establece protecciones contra “invasiones” a la propiedad, o contra los “daños” a la persona; y que a la vez es hostil, si no directamente contraria, a que el Estado otorgue “ayudas” (sociales, económicas) a los miembros más débiles de la sociedad. Lo mismo sucede en la doctrina: en su mayoría, los doctrinarios estadounidenses que escriben sobre el derecho (quienes, al igual que los jueces, ejercen enorme influencia en el derecho contemporáneo del mundo entero) se muestran indiferentes o rechazan cualquier consideración seria sobre el valor, las implicaciones o la necesidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Obviamente, decisiones de este tipo pueden tener y han tenido un enorme impacto en la práctica jurídica de los Estados Unidos, y más allá de sus fronteras nacionales.

Sunstein es de los pocos autores estadounidenses que ha asumido una posición contraria a la dominante en la materia (eso lo nuclea en una pequeñísima selección de constitucionalistas de su país, entre quienes también se destacan Mark Tushnet o Frank Michelman). En efecto, este jurista no sólo advierte la importancia de que se incluyan abiertamente derechos económicos, sociales y culturales como derechos constitucionales, sino que considera que la Constitución de su país incluye ya, de modo implícito, compromisos con los welfare rights. De este modo, el libro se cuenta entre los pocos y más célebres trabajos que encontramos hoy en día dentro del (de otro modo muy avanzado) derecho estadounidense referido a los derechos sociales. 

Sunstein toma como motor de su libro aquel que –en su opinión– fue “el discurso del siglo” en su país, esto es, el discurso de apertura de sesiones legislativas (el conocido como “Estado de la Unión”) pronunciado por Franklin Delano Roosevelt el 11 de enero de 1944. En dicha ocasión, Roosevelt consideró “autoevidente” para la época contemporánea la idea de que los derechos sociales y económicos eran inherentes a los seres humanos, y que la “libertad individual” no podía existir sin “independencia y seguridad económica”. Roosevelt propuso entonces el reconocimiento de un nueva (“Segunda”) “Declaración de Derechos” (o Bill of Rights), que incluía, por ejemplo, el derecho de cada familia a una vivienda decente; el derecho de los más ancianos a contar con protecciones suficientes contra los temores económicos propios de la edad avanzada; el derecho a una buena educación; el derecho a ganar lo suficiente para tener acceso a niveles apropiados de comida, vestimenta y recreación; etc. Sunstein se basa sobre proposiciones como las de Roosevelt para volver a defender una vigorosa intervención del Estado en la economía (como ya dejaba en claro en su libro El costo de los derechos, publicado en esta colección, señala que no existe algo así como una “economía no regulada por el Estado”). Examina críticamente, también, el modo en que los tribunales –en los Estados Unidos, pero también en otros países– han resistido la aplicación de esos derechos. Y muestra por qué motivos la política debería volver a tomar en serio el reconocimiento y vigencia de derechos como los citados, tan básicos e indispensables para el desarrollo de cualquier plan de vida.
En definitiva, el libro de Sunstein puede servir como fuente de inspiración y apoyo para los muchos juristas y no juristas interesados en reflexionar sobre el tema de los derechos sociales. Además de situar la discusión en el contexto de los Estados Unidos, a lo largo de sus páginas ahonda en los numerosos problemas teóricos que suelen asociarse con la adopción (y la aplicación o enforcement judicial) de esos mismos derechos. Considera cuestiones como las siguientes: ¿por qué el constitucionalismo necesita reconocer tales derechos? ¿Es cierto que su incorporación afecta nuestras libertades? ¿Qué tipo de intervención estatal se requiere para la aceptación constitucional de los derechos sociales? Cómo pueden implementarse? ¿Pueden los jueces intervenir activamente en la materia, o deben dejar que los poderes políticos se ocupen de esos asuntos? ¿Qué problemas suscita dicha intervención judicial, y qué tensiones, en términos democráticos? ¿Puede salvarse o superarse este tipo de objeciones? 

A partir de esta obra, los latinoamericanos podemos acceder a las reflexiones de uno de los mejores constitucionalistas de nuestro tiempo, en torno a una cuestión que siempre se ha confirmado como central en el derecho de nuestra región, donde –cabe agregar– abundan las reflexiones sobre el tema, aunque no todas interesantes en términos teóricos. Contamos con numerosos trabajos destinados a dar cuenta de los derechos económicos, sociales y culturales incorporados en nuestras constituciones; trabajos sobre los casos judiciales en que esos derechos son tomados en serio; y también sobre las formas en que son puestos en marcha. Sin embargo, nuestros estudios todavía resultan escasos o deficitarios, en cuanto a reflexión teórica y crítica. Por todo lo anterior consideramos un extraordinario logro publicar en nuestra colección este nuevo libro de Cass Sunstein.

26 jun. 2018

Gran nuevo ibro de Igualitaria/Siglo XXI


Librazo del mes (y en poco un compilado con los grandes hits de J. Waldron)

“Son demasiados los ciudadanos que no tienen presente la medida en que su propio bienestar es producto de un sistema de gobierno que los beneficia todos los días”, escribe Cass R. Sunstein, uno de los más respetados y prolíficos constitucionalistas de nuestro tiempo, quien sitúa su análisis en los Estados Unidos, pero ahonda sobre los problemas teóricos y prácticos de la aplicación de los derechos sociales y económicos en cualquier democracia.


El 11 de enero de 1944, el entonces presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt pronunció ante el Congreso el que este libro considera “el discurso del siglo”. Roosevelt hizo una defensa vigorosa de la intervención del Estado, afirmó que la libertad individual no podía existir sin independencia y seguridad y enunció una serie de derechos sociales y económicos que dieron forma a lo que se conoce como la Segunda Carta de Derechos, un texto de gran influencia a escala internacional que, paradójicamente, nunca fue incluido en la Constitución de los Estados Unidos.


En este libro, Sunstein –asesor estrella del gobierno de Obama y hoy profesor en la Universidad de Harvard– recupera aquellas ideas renovadoras para examinar críticamente el modo en que los tribunales estadounidenses han resistido la aplicación de esos derechos y sostiene que el rol del Estado como proveedor de bienestar social y económico puede ser compatible con una sociedad y una cultura política que privilegien las libertades del individuo.


En América Latina, donde la mayoría de las constituciones incluyen derechos sociales pero no es frecuente la reflexión teórica o crítica sobre su aplicación y alcance en las vidas de los ciudadanos, este libro está llamado a convertirse en fuente de inspiración y apoyo para juristas y expertos de otros campos de las ciencias sociales.

25 jun. 2018

Constitución de Brasil



Massimo Modonesi

Entrevista en La Izquierda Diario
https://www.laizquierdadiario.com/La-izquierda-no-debe-ni-puede-confundirse-con-el-progresismo

"Creo que es indispensable, aún en tiempos de derechización, mantener un perfil distinto al del progresismo tanto en México como en Argentina en donde la izquierda no se puede ni debe confundir con el kirchnerismo, aun cuando éste adopte un perfil opositor, revitalice la retórica nacional-popular y llame instrumentalmente a la movilización. Al mismo tiempo, como argumentaba Gramsci y sostuvieron varias corrientes marxistas y trotskistas en el pasado, o como mostraba Daniel James respecto de la resistencia peronista no se puede desdeñar lo nacional-popular como expresión de conciencia y disposición a la lucha. Me parece que el FIT tiene un desafío importante en esta coyuntura para disputar y ocupar el lugar de la única oposición consecuente, es decir antisistémica, y buscar articular antineoliberalismo y anticapitalismo para ir acumulando fuerzas, fomentar la organización y la formación política de sectores importantes de trabajadores y de jóvenes." 

24 jun. 2018

Por qué la Corte no invalidaría una ley despenalizando el aborto


Sobre la constitucionalidad del aborto. Nota de IH en P12, acá: 

Agrego el párrafo completo de mis comentarios:



Resulta altamente improbable que la Corte Argentina acepte un desafío a una eventual ley de aborto, al menos en cuanto a su núcleo esencial. Es más, creo que este hecho -el respaldo que, muy posiblemente, daría la Corte a una futura ley de aborto- debería formar parte de los argumentos de quienes defendemos la iniciativa: el “aluvión” de demandas de inconstitucionalidad que se quiera presentar contra la ley, muy probablemente, encontrará un “muro” destinado a ponerle freno, en la Corte Suprema.

Sostengo esta posición no por dogmatismo ni por “fe” en la Corte, sino por razones bastante más sencillas. En primer lugar, tanto la Corte Argentina, en “F.A.L.”, como la Corte Interamericana, en “Artavia Murillo,” han dejado muy en claro que no ven incompatibilidades relevantes entre ciertas formas comunes de la interrupción del embarazo, y la normativa legal vigente (incluyendo a la Convención Americana de Derechos Humanos, y al plexo normativo e interpretativo prevaleciente en América Latina). Este hecho, cabe resaltarlo, explica por qué los juristas que argumentaron en contra del aborto, durante los debates en el Congreso, invocaron doctrinas religiosas, convicciones morales, y numerosas normas, pero se cuidaron mucho de no citar nunca las decisiones de nuestro máximo tribunal, o del máximo tribunal regional (tribunales a los que procuraron no mencionar siquiera), que sabían claramente desfavorables a la postura que defendían. En definitiva, la probabilidad de que la Corte Argentina se desdiga o cambie de posición en la materia es bajísima, mucho más cuando ella aparece empeñada en marcar, como dato distintivo de su “nueva jurisprudencia”, el cuidadoso respeto de los precedentes (mucho más, el respeto de los precedentes propios). A la Corte le interesa –y mucho- ofrecer una imagen de coherencia y consistencia, que le permita aparecer como un tribunal diferente del que primara en etapas anteriores. Este principio de consistencia –insisto- es compatible con que la Corte desafíe algún aspecto parcial de la eventual ley, a la vez que predice que ella se abstendrá, en general, de desafiar al Congreso en la materia.

El respaldo al Congreso que puede predecirse tiene que ver, por lo demás, con una segunda razón, que implica un segundo principio. El segundo principio que parece propio de la Corte Argentina “en su actual composición,” es el de “deferencia” o respeto hacia el legislador. Por razones distintas –y, de modo más prominente, por respeto a la “investidura democrática” del legislador”- la Corte aparece comprometida con una actitud de abierto respeto a lo que decida el Congreso en materia “sustantiva” (antes que “procedimental”, materia sobre la cual sí se considera autorizada a “intervenir”). Desde hace tiempo, en efecto, el máximo tribunal del país se preocupa por dejar en claro que es el Congreso (o, en su caso, el Poder Ejecutivo) el que debe ofrecer respuestas políticas para los temas de fondo –por ejemplo, fijar las tarifas (aunque la Corte pueda pedirle al gobierno que organice audiencias públicas); o definir los contenidos de la Ley de Medios (aunque el tribunal pueda cuidar los detalles y márgenes de esa decisión legislativa de fondo); etc.

Finalmente, señalaría un tema muy importante, aunque parezca menor, y es que al máximo tribunal le ha preocupado siempre (al menos, desde la llegada de Ricardo Lorenzetti a su presidencia) la recepción política y social de sus fallos. Por ello, tiene una mirada muy atenta a las reacciones político-sociales que sus decisiones puedan generar (recordemos que, de modo excepcional, Lorenzetti no formó parte de la mayoría en el caso “Muiña” sobre el “2 x 1”). Siempre, pero mucho más luego de la zozobra que atravesara en “Muiña”, la “Corte Lorenzetti” pone una especialísima atención en la recepción pública de sus fallos, que define, finalmente, el grado de legitimidad del tribunal. En el marco de un consenso muy extendido (y estable) en torno al aborto, no es dable esperar una decisión del tribunal desafiando al acuerdo democrático presente alrededor de la eventual ley.


23 jun. 2018

Punitivismo y populismo penal

Grandes respuestas en su entrevista, de Maxi Sozzo. Felicitaciones a él!

Western: perdido en la traducción

Extraordinaria película de Valeska Grisebach, de las nuevas generaciones del cine alemán. Un milagro que esté, a estas alturas, en la cartela nacional. Trabajadores precarizados alemanes, perdidos en Bulgaria, sin entender palabra en sus encuentros con los campesinos locales, y una comunicación dura y profunda entre todos ellos. Película seca, capaz de hablar, en lenguaje de western, con el más actual de los presentes, sobre inmigrantes, desplazados, desigualdades, sexismo, solidaridad, pureza y miserias, amistad. 4 hurras por el pequeño milagro!
https://www.pagina12.com.ar/123063-una-humanidad-fragil-y-reconocible

18 jun. 2018

"Travesticidio"

https://www.lanacion.com.ar/2145129-primer-juicio-por-un-travesticidio-en-la-ciudad-prision-perpetua-para-el-asesino-de-diana-sacayan

Fue "travesticidio", y su autor merece ser condenado por "homicidio agravado por odio de género y violencia de género". Hasta ahí bien. Ahora, la idea conforme a la cual la cárcel y la prisión perpetua son sinónimo de "se hizo justicia" sigue siendo una locura -una absoluta locura.
(vale también para los amigos de Cosecha Roja: http://cosecharoja.org/cadena-perpetua-diana-sacayan/)

Aborto: Un triunfo (también) de la democracia deliberativa



La discusión que culminó en estos días con la media sanción de la ley del aborto, en Diputados, resultó extraordinaria. Se trató, tal vez, el ejemplo más importante en la historia argentina reciente, acerca del valor y sentido de un debate público inclusivo (democracia deliberativa, que le llaman). Gracias al impulso y la ayuda de un movimiento social de largo alcance, en un breve tiempo, nos encontramos con conversaciones colectivas por doquier –en las aulas, en las plazas, en las calles, en los bares- en torno al aborto. Tales conversaciones tuvieron su punto culminante, así como su motor último, en los notables debates llevados a cabo, durante dos meses, en la Cámara de Diputados. Quisiera detenerme en dicho proceso para subrayar el excepcional valor de esas democráticas contiendas. 

Ante todo, escuchamos durante estos meses posiciones lúcidas y articuladas, a favor y en contra del tema, expresadas en un clima de absoluto respeto. Ello, cuando demasiados sujetos, durante demasiado tiempo, tomaron en sorna los procesos deliberativos de búsqueda de consenso: “nunca” –nos decían- “y mucho menos en temas relevantes como éste, puede esperarse nada interesante de la deliberación democrática: cada uno se queda fijo en su posición” Sentenciaban: “Veleidades liberales de quienes viven mirando al Norte”. “Es que no entienden el carácter conflictivo (agonal!) de la política, que es cruda lucha de intereses” –se mofaban. Y lo cierto es que, en poco tiempo, se concretó absolutamente todo lo que los apocalípticos descalificaban: las presentaciones fueron en su mayoría muy meditadas; se escucharon puntos de vista muy opuestos en un clima sereno; muchísimos, luego del debate, cambiaron sus posturas iniciales. Modificaron su postura, a veces persuadidos; a veces reconociendo principios que en un comienzo no habían advertido; y a veces, claro está, por mero oportunismo. Pero eso no importa, se trata del valor civilizatorio de la hipocresía: el debate resultó siempre provechoso y productivo. Más todavía: todos aprendimos durante este proceso. Reconocimos, ante todo, el valor educativo de la conversación extendida. Reconocimos que muchísimos pueden pensar distinto a nosotros y ser, sin embargo, personas respetables, sensatas, y con quienes nos puede dar gusto convivir. Reconocimos la posibilidad de una construcción colectiva potente y transversal -maravillosa- como la expresada por la coalición plural puesta en marcha por nuestras militantes y diputadas. 

Jurídicamente, el aprendizaje y el conocimiento técnico que alcanzamos durante este breve tiempo, resultó notable. Aprendimos que los problemas de salud pública no merecen resolverse nunca a través del Derecho Penal. Aprendimos que defender a la “vida” –algo que nos preocupa siempre- no es lo mismo que defender a la “persona,” a la que le asignamos plenos derechos. Aprendimos que la mujer nunca más debe tomarse como un “mero medio.” Aprendimos que no puede seguir hablándose del derecho argentino en materia de aborto, mientras se esconden bajo la alfombra los fallos de nuestra Corte, o de la Corte Interamericana, que no nos gustan, o cuya cita no nos conviene. Aprendimos que un derecho no es justo si él mismo genera desigualdades graves en el modo en que ricos y pobres acceden a los derechos que consagramos. Aprendimos que la protección contra el daño a terceros no imposibilita las regulaciones, destinadas a resguardar el ejercicio de  los derechos de quienes entran en conflicto con esos terceros. Aprendimos que, muy habitualmente, se producen esas situaciones trágicas, de conflicto entre derechos, en donde no es posible “quedarse con todo” y nos vemos obligados a optar; y aprendimos también que en esas elecciones trágicas, que a veces se dan durante el embarazo, lo que tenemos que hacer es balancear la autonomía y salud de la madre, con el valor progresivo de la vida del embrión. Aprendimos que es contradictorio defender la fecundación asistida con el argumento de la vida, y a la vez atacar al aborto (que, como aquella práctica, implica el descarte de embriones), con el argumento de la muerte. Aprendimos que nadie, en ningún lugar del mundo, considera al aborto producido en ciertas condiciones (i.e., luego de una violación; cuando está en riesgo la vida de la madre) como un asesinato agravado por el vínculo; ni nadie llama genocidas a los países que consagran el aborto -países que normalmente admiramos. Aprendimos, sobre todo, que en condiciones de fuerte desacuerdo moral –condiciones que implican normalmente un fuerte desacuerdo, también, sobre el significado del derecho- lo que debe hacerse es lo que hicimos, esto es, sentarnos juntos, a pesar de las diferencias, y hasta el último momento seguir discutiendo, tratando de ponernos de acuerdo.

Lo que queda por delante, en el Senado primero, y luego –eventualmente- en la reglamentación e implementación de la ley, es fundamental para la madurez y salud emocional del país. Sin embargo, frente a las angustias que vienen (y más allá del futuro promisorio que se vislumbra, para el corto plazo), no debiéramos olvidar nunca lo ya ocurrido. Lo que sucedió en el proceso de deliberación democrático que vivimos es extraordinario, y debe ser aleccionador. Aún en un país históricamente dividido como el nuestro; aún a pesar de los dogmatismos; y sobreponiéndonos al caudillismo y conservadurismo que prima en amplios sectores de nuestra geografía; tiene sentido debatir, tiene sentido argumentar, aprender, en fin, seguir apostando por el diálogo democrático.


17 jun. 2018

Przeworskianas

6 definiciones de Przeworski, derivadas de su último libro Why Bother with Elections? (2018): un cúmulo de sabiduría acumulada en 50 años de trabajo académico.

Desigualdad. “En muchos países democráticos, la desigualdad ha vuelto a los niveles observados hace 100 años. El progreso social y económico que siguió a la 2ª Guerra Mundial fue detenido, sino revertido. Los resultados de las elecciones importan menos y menos para lo relativo a las políticas económicas…El poder de las elecciones para transformar las relaciones sociales y económicas parece muy débil” (46).

Propiedad y revisión judicial. “Uno no debería olvidar que el derecho más básico, más que estar vinculado con la prisión arbitraria, se relaciona con el derecho de propiedad. Los tribunales constitucionales se encuentran capacitados para invalidar las decisiones mayoritarias que consideren como violatorias de los derechos de propiedad...La minoría más necesitada de protección constitucional en economías desiguales es la de los propietarios. Resulta revelador, en este sentido, que la revisión constitucional tendió a adoptarse más en sociedades económicamente desiguales” (43).

Las ventajas de quienes están en el poder. Los instrumentos a disposición de los gobernantes para mantenerse en el poder son numerosos, e incluyen el uso partidario del aparato estatal; la represión; el financiamiento electoral; el fraude…(cap. 4).

El poder de las encuestas sobre la adhesión democrática. Querer inferir algo sobre la “estabilidad democrática, a partir de las preguntas de una encuesta, constituye un truco publicitario, no un procedimiento científico válido…[Aún cuando algunas encuestas recientes revelen que la gente quiere ser gobernada por un “líder fuerte” o por “expertos”] significa esto que no quieren tener voz en la selección de esos líderes o expertos…El gusto por seleccionar gobernantes a través de las elecciones es un gusto adquirido, y cuando se adquiere se torna adictivo…El poder predictivo de las respuestas a tales encuestas, en relación con el colapso de la democracia, es nulo” (131).

El poder limitado del voto. “Los gobiernos persiguen muchas políticas, pero los ciudadanos cuentan con sólo un instrumento para controlarlos: el voto. Uno no puede controlar tantos objetivos diversos con un solo instrumento…[Finalmente, ni] el voto prospectivo ni el voto retrospectivo asegura que los gobiernos estén inducidos a promover los mejores intereses de la ciudadanía” (96-7).

Desigualdades económicas y un círculo vicioso. “La desigualdad económica resulta en desigualdad política; la desigualdad política inclina las políticas de gobierno hacia las personas con ingresos más altos. Por lo tanto, la desigualdad económica se perpetúa a sí misma” (111).