18 jun. 2018

"Travesticidio"

https://www.lanacion.com.ar/2145129-primer-juicio-por-un-travesticidio-en-la-ciudad-prision-perpetua-para-el-asesino-de-diana-sacayan

Fue "travesticidio", y su autor merece ser condenado por "homicidio agravado por odio de género y violencia de género". Hasta ahí bien. Ahora, la idea conforme a la cual la cárcel y la prisión perpetua son sinónimo de "se hizo justicia" sigue siendo una locura -una absoluta locura.
(vale también para los amigos de Cosecha Roja: http://cosecharoja.org/cadena-perpetua-diana-sacayan/)

Aborto: Un triunfo (también) de la democracia deliberativa



La discusión que culminó en estos días con la media sanción de la ley del aborto, en Diputados, resultó extraordinaria. Se trató, tal vez, el ejemplo más importante en la historia argentina reciente, acerca del valor y sentido de un debate público inclusivo (democracia deliberativa, que le llaman). Gracias al impulso y la ayuda de un movimiento social de largo alcance, en un breve tiempo, nos encontramos con conversaciones colectivas por doquier –en las aulas, en las plazas, en las calles, en los bares- en torno al aborto. Tales conversaciones tuvieron su punto culminante, así como su motor último, en los notables debates llevados a cabo, durante dos meses, en la Cámara de Diputados. Quisiera detenerme en dicho proceso para subrayar el excepcional valor de esas democráticas contiendas. 

Ante todo, escuchamos durante estos meses posiciones lúcidas y articuladas, a favor y en contra del tema, expresadas en un clima de absoluto respeto. Ello, cuando demasiados sujetos, durante demasiado tiempo, tomaron en sorna los procesos deliberativos de búsqueda de consenso: “nunca” –nos decían- “y mucho menos en temas relevantes como éste, puede esperarse nada interesante de la deliberación democrática: cada uno se queda fijo en su posición” Sentenciaban: “Veleidades liberales de quienes viven mirando al Norte”. “Es que no entienden el carácter conflictivo (agonal!) de la política, que es cruda lucha de intereses” –se mofaban. Y lo cierto es que, en poco tiempo, se concretó absolutamente todo lo que los apocalípticos descalificaban: las presentaciones fueron en su mayoría muy meditadas; se escucharon puntos de vista muy opuestos en un clima sereno; muchísimos, luego del debate, cambiaron sus posturas iniciales. Modificaron su postura, a veces persuadidos; a veces reconociendo principios que en un comienzo no habían advertido; y a veces, claro está, por mero oportunismo. Pero eso no importa, se trata del valor civilizatorio de la hipocresía: el debate resultó siempre provechoso y productivo. Más todavía: todos aprendimos durante este proceso. Reconocimos, ante todo, el valor educativo de la conversación extendida. Reconocimos que muchísimos pueden pensar distinto a nosotros y ser, sin embargo, personas respetables, sensatas, y con quienes nos puede dar gusto convivir. Reconocimos la posibilidad de una construcción colectiva potente y transversal -maravillosa- como la expresada por la coalición plural puesta en marcha por nuestras militantes y diputadas. 

Jurídicamente, el aprendizaje y el conocimiento técnico que alcanzamos durante este breve tiempo, resultó notable. Aprendimos que los problemas de salud pública no merecen resolverse nunca a través del Derecho Penal. Aprendimos que defender a la “vida” –algo que nos preocupa siempre- no es lo mismo que defender a la “persona,” a la que le asignamos plenos derechos. Aprendimos que la mujer nunca más debe tomarse como un “mero medio.” Aprendimos que no puede seguir hablándose del derecho argentino en materia de aborto, mientras se esconden bajo la alfombra los fallos de nuestra Corte, o de la Corte Interamericana, que no nos gustan, o cuya cita no nos conviene. Aprendimos que un derecho no es justo si él mismo genera desigualdades graves en el modo en que ricos y pobres acceden a los derechos que consagramos. Aprendimos que la protección contra el daño a terceros no imposibilita las regulaciones, destinadas a resguardar el ejercicio de  los derechos de quienes entran en conflicto con esos terceros. Aprendimos que, muy habitualmente, se producen esas situaciones trágicas, de conflicto entre derechos, en donde no es posible “quedarse con todo” y nos vemos obligados a optar; y aprendimos también que en esas elecciones trágicas, que a veces se dan durante el embarazo, lo que tenemos que hacer es balancear la autonomía y salud de la madre, con el valor progresivo de la vida del embrión. Aprendimos que es contradictorio defender la fecundación asistida con el argumento de la vida, y a la vez atacar al aborto (que, como aquella práctica, implica el descarte de embriones), con el argumento de la muerte. Aprendimos que nadie, en ningún lugar del mundo, considera al aborto producido en ciertas condiciones (i.e., luego de una violación; cuando está en riesgo la vida de la madre) como un asesinato agravado por el vínculo; ni nadie llama genocidas a los países que consagran el aborto -países que normalmente admiramos. Aprendimos, sobre todo, que en condiciones de fuerte desacuerdo moral –condiciones que implican normalmente un fuerte desacuerdo, también, sobre el significado del derecho- lo que debe hacerse es lo que hicimos, esto es, sentarnos juntos, a pesar de las diferencias, y hasta el último momento seguir discutiendo, tratando de ponernos de acuerdo.

Lo que queda por delante, en el Senado primero, y luego –eventualmente- en la reglamentación e implementación de la ley, es fundamental para la madurez y salud emocional del país. Sin embargo, frente a las angustias que vienen (y más allá del futuro promisorio que se vislumbra, para el corto plazo), no debiéramos olvidar nunca lo ya ocurrido. Lo que sucedió en el proceso de deliberación democrático que vivimos es extraordinario, y debe ser aleccionador. Aún en un país históricamente dividido como el nuestro; aún a pesar de los dogmatismos; y sobreponiéndonos al caudillismo y conservadurismo que prima en amplios sectores de nuestra geografía; tiene sentido debatir, tiene sentido argumentar, aprender, en fin, seguir apostando por el diálogo democrático.


17 jun. 2018

Przeworskianas

6 definiciones de Przeworski, derivadas de su último libro Why Bother with Elections? (2018): un cúmulo de sabiduría acumulada en 50 años de trabajo académico.

Desigualdad. “En muchos países democráticos, la desigualdad ha vuelto a los niveles observados hace 100 años. El progreso social y económico que siguió a la 2ª Guerra Mundial fue detenido, sino revertido. Los resultados de las elecciones importan menos y menos para lo relativo a las políticas económicas…El poder de las elecciones para transformar las relaciones sociales y económicas parece muy débil” (46).

Propiedad y revisión judicial. “Uno no debería olvidar que el derecho más básico, más que estar vinculado con la prisión arbitraria, se relaciona con el derecho de propiedad. Los tribunales constitucionales se encuentran capacitados para invalidar las decisiones mayoritarias que consideren como violatorias de los derechos de propiedad...La minoría más necesitada de protección constitucional en economías desiguales es la de los propietarios. Resulta revelador, en este sentido, que la revisión constitucional tendió a adoptarse más en sociedades económicamente desiguales” (43).

Las ventajas de quienes están en el poder. Los instrumentos a disposición de los gobernantes para mantenerse en el poder son numerosos, e incluyen el uso partidario del aparato estatal; la represión; el financiamiento electoral; el fraude…(cap. 4).

El poder de las encuestas sobre la adhesión democrática. Querer inferir algo sobre la “estabilidad democrática, a partir de las preguntas de una encuesta, constituye un truco publicitario, no un procedimiento científico válido…[Aún cuando algunas encuestas recientes revelen que la gente quiere ser gobernada por un “líder fuerte” o por “expertos”] significa esto que no quieren tener voz en la selección de esos líderes o expertos…El gusto por seleccionar gobernantes a través de las elecciones es un gusto adquirido, y cuando se adquiere se torna adictivo…El poder predictivo de las respuestas a tales encuestas, en relación con el colapso de la democracia, es nulo” (131).

El poder limitado del voto. “Los gobiernos persiguen muchas políticas, pero los ciudadanos cuentan con sólo un instrumento para controlarlos: el voto. Uno no puede controlar tantos objetivos diversos con un solo instrumento…[Finalmente, ni] el voto prospectivo ni el voto retrospectivo asegura que los gobiernos estén inducidos a promover los mejores intereses de la ciudadanía” (96-7).

Desigualdades económicas y un círculo vicioso. “La desigualdad económica resulta en desigualdad política; la desigualdad política inclina las políticas de gobierno hacia las personas con ingresos más altos. Por lo tanto, la desigualdad económica se perpetúa a sí misma” (111).

15 jun. 2018

La Corte y la ley de aborto




Frente a la posibilidad de que finalmente, como se espera, salga la ley de aborto, algunos ya han empezado a especular sobre una invalidación vía la Corte. Lo anticipo desde acá, con certeza (...): "en su actual composición", después de lo dicho en F.A.L., y a partir de su nueva política de "deferencia" hacia el legislador, no hay ninguna posibilidad de que la Corte, en el futuro próximo, vaya a invalidar esa ley: 0. Garantizado por este medio.

Por qué molestarnos con las elecciones?

Gran nuevo libro de Adam -el mago- Przeworski. Más de medio siglo de reflexiones sobre temas electorales, resumidas en 140 páginas. El amigo Adam cada día canta mejor.

Un cambio para mejor, y para siempre



Publicado hoy en LN, acá

La Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a la norma que legaliza al aborto en la Argentina, y aparece ahora la incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir con dicha iniciativa en el ámbito del Senado. Sin embargo, lo cierto es que, en el tema, lo importante ya ocurrió, y -mejor todavía- lo acontecido no tiene vuelta atrás. Ello así, cualquiera sea el veredicto que resulte de la votación en el Senado. En cuestión de apenas meses,  a partir de la lucha incansable de mujeres corajudas como ningún hombre, y al calor de movimientos sociales como el de Ni una menos, la Argentina, en un sentido relevante, cambió. Y cambió para bien, porque el aborto dejó de ser un tema tabú, reservado sólo para los más extremos; porque cientos de miles de jóvenes tomaron al tema como propio, llenando las plazas y discutiendo a los gritos entre ellos; porque aún las generaciones más viejas comenzaron a hablar del aborto, un tema que, como tantos otros, nos habían dejado escondido. La Argentina cambió porque el paradigma del macho divertido ya nos avergüenza a todos. Cambió porque ya nadie puede tomar a la ligera la violencia jurídica que se ha usado históricamente contra las mujeres, de tantos modos distintos: legislando en su contra pero en su nombre, sin siquiera escucharlas; imponiéndoles una ley que venía a añadir castigo sobre el castigo ya sufrido; tomando partido por el hombre, en casos de abuso sexual; o asumiendo a la mujer como “mero medio”, a cuenta de valores religiosos que eran sólo los de un sector. Pase lo que pase en el Senado, lo importante ya se dio, por lo que –un poco más tarde, un poco más temprano- los detalles jurídicos van a llegar,  para dar forma definitiva a cambios interpretativos ya ocurridos. En materia de aborto (pero no sólo allí) la Argentina cambió, el cambio es para bien, y lo mejor es que es para siempre.

14 jun. 2018

Emoción!

Y lo que decía: en el tema, todo lo importante ya pasó, y no hay vuelta atrás. Todo lo demás, ya va a llegar

13 jun. 2018

Aborto: Lo importante ya pasó

Aunque la ley se empieza a votar hoy, y estamos como tantos, tensos por el resultado, lo cierto es que lo importante ya ocurrió: en materia de género (como, más específicamente, en el tema del aborto), hace rato que ya se ganó. Gracias al feminismo, la militancia política, el ni una menos, y al trabajo de tantas, el país en poco tiempo, cambió, y para mejor. Eso ya está, y ese logro extraordinario no tiene vuelta atrás. Lo importante ya se dio. Hoy podemos hablar de temas que hasta hace semanas eran tabú; podemos escuchar a jóvenes y viejos hablando más abiertamente de temas que antes no trataban o escondían bajo la mesa; encontramos posiciones más tolerantes por doquier; y sabemos que, por las razones que sean -desde el oportunismo (y el valor civilizatorio de la hipocresía) hasta los principios y la convicción- ya hay conductas que todos rechazamos, y nunca más volveremos a normalizar. Mucho mejor, a partir de los debates de estos días (y otra vez, por esa mezcla de razones virtuosas y no), muchos han cambiado de posiciones, y han pasado a adoptar posturas de respeto al otro y tolerancia hacia el que actúa distinto, de las que no tendrán vuelta atrás. Eso se dió en la Argentina, un país, en muchos sentidos, retrógrado como tantos otros, e intolerante como pocos otros. La victoria ya se concretó, y sólo nos queda ir hacia mejor. Con la ley aprobada en estos días o dentro de muy poco. Eso no es lo realmente valioso: lo importante ya pasó.

12 jun. 2018

Librazo

https://global.oup.com/academic/product/constitutional-democracy-in-crisis-9780190888985?cc=mx&lang=en&#


Gran proyecto impulsado por Tushnet, Levinson y cía., en donde escribimos, junto con don Víctor Ferreres, Mica Alterio y Roberto Niembro

índice 

Table of Contents
1. Constitutional Democracy in Crisis? Introduction, Mark A. Graber, Sanford Levinson, and Mark Tushnet
Part I: Background
2. Constitutional Crisis and Constitutional Rot, Jack M. Balkin
3. Defining and Tracking the Trajectory of Liberal Constitutional Democracy, Tom Ginsburg and Aziz Z. Huq
4. Is the Sky Falling? Constitutional Crises in Historical Perspective, Zachary Elkins
5. Constitutional Failure Revisited, Ellen Kennedy
Part II: Countries and Region
6. What's New? What's Next? Threats to the American Constitutional Order, Jennifer Hochschild
7. The Trump Presidency: A Constitutional Crisis in the United States?, Eric A. Posner
8. The Democratic Resilience of the Canadian Constitution, Richard Albert and Michael Pal
9. Constitutional Culture and Democracy in Mexico: A Critical View of the 100-Year-Old Mexican Constitution, Ana Micaela Alterio and Roberto Niembro
10. Constitution-Making and Authoritarianism in Venezuela: The First Time as Tragedy, the Second as Farce, David E. Landau
11. Latin America: Constitutions in Trouble, Roberto Gargarella
12. Brexit Optimism and British Constitutional Renewal, Erin F. Delaney
13. France and the Fifth Republic: Constitutional Crisis or Political Malaise?, Nicolas Roussellier
14. Constitutional Crisis in Spain: The Catalan Secessionist Challenge, Victor Ferreres Comella
15. A Coup Against Constitutional Democracy: The Case of Hungary, Gábor Halmai
16. Constitutional Crisis in Poland, Wojciech Sadurski
17. Beyond Legitimacy: Europe's Crisis of Constitutional Democracy, Michaela Hailbronner
18. State Capture or Institutional Resilience: Is there a Crisis of Constitutional Democracy in South Africa, Heinz Klug
19. hree Types of Constitutional Crisis in Sub-Saharan Africa, James Thuo Gathii
20. Stealth Authoritarianism in Turkey, Ozan O. Varol
21. Israel: A Crisis of Liberal Democracy?, Yaniv Roznai
22. Constitutional Erosion and the Challenge to Secular Democracy in India, Manoj Mate
23. Rosalind Dixon and Anika Gauja, Australia's Non-Populist Democracy? The Role of Structure and Policy
24. David Law and Chien-Chih Lin, Constitutional Inertia in Asia
Part III: Factors
25. Populism versus Democratic Governance, Samuel Issacharoff
26. Populism, Racism, and the Rule of Law in Constitutional Democracies Today, Desmond King and Rogers M. Smith
27. Inherent Instability: Immigration and Constitutional Democracies, T. Alexander Aleinikoff
28. The Party's Over, Kim Lane Scheppele
29. 'Religious Talk' in Narratives of Membership, Ran Hirschl and Ayelet Shachar
30. Economic Inequality and Constitutional Democracy, Ganesh Sitaraman
31. Disabling Constitutional Capacity: Global Economic Law and Democratic Decline, David Schneiderman
32. Will Democracy Die in Darkness? Calling Autocracy by its Name, Sujit Choudhry
33. The Normal Exception, Oren Gross
34. The Climate Crisis and Constitutional Democracies, Robert V. Percival
35. Part IV: Observations The Crumbling of European Democracy, J.H.H. Weiler
36. Comparing Right-Wing and Left-Wing Populism, Mark Tushnet
37. The Continuing Specter of Popular Sovereignty and National Self-Determination in an Age of Political Uncertainty, Sanford Levinson
38. What's in Crisis? The Postwar Constitutional Paradigm, Tranformative Constitutionalism, and the Fate of Constitutional Democracy, Mark A. Graber
List of Contributors
Acknowledgments
Index

6 jun. 2018

Juristas contra el aborto. Un repaso crítico a las posturas jurídicas contrarias al aborto, en los debates en el Congreso

Publicado hoy en Anfibia, acá

Las sesiones de debate llevadas a cabo en el Congreso de la Nación, en torno al aborto, los martes y jueves de los meses de abril y mayo del 2018, han tenido una importancia histórica extraordinaria. Si enfatizo tanto el valor de esos debates, ello tiene que ver con varias razones, incluyendo las siguientes: pudimos escuchar un prolongado debate sobre un tema de crucial importancia –la punibilidad o no del aborto- que hasta meses atrás parecía tabú, y reservado para las voces más extremas de la sociedad; escuchamos durante estos dos meses voces a favor y en contra de la cuestión, que además –en la amplia mayoría de los casos- fueron voces respetuosas de las opiniones contrarias, y se enmarcaron en un contexto de mutuo respeto; vimos de qué modo, durante todo este tiempo, muchos figuras públicas y ciudadanos comunes, mostraban que eran capaces de modificar sus posiciones iniciales en la materia, en atención a los argumentos escuchados (dentro y fuera del Congreso). En síntesis, se trató de un experimento deliberativo único y de primera significación en la vida pública nacional.

En lo que sigue, quiero analizar sólo una porción de esos debates, que entiendo especialmente relevante. Me refiero a argumentos de un cierto tipo –los argumentos jurídicos- y en particular, sólo a una porción de tales argumentos: los argumentos jurídicos ofrecidos en contra de la despenalización del aborto. Me interesa concentrarme en esta porción –pequeña pero enormemente significativa- de las discusiones, porque entiendo que los argumentos jurídicos en la materia, tienen, van a tener, y merece que tengan, un peso muy especial en las decisiones que finalmente se tomen en el área.

A continuación, entonces, paso a examinar una selección de los argumentos que considero más relevantes, influyentes, comunes o interesantes, ofrecidos en el Congreso por los juristas opuestos al aborto –argumentos que, en general, voy a presentar asociados a los nombres y apellidos particulares de quienes los presentaron.

Principios morales. El colega Alfonso Santiago fue, posiblemente, el jurista crítico del proyecto de aborto que mejor articuló una mirada crítica sobre el tema, desde una posición teórica y basada en principios. De los argumentos presentados por él, dos destacaron en particular: el argumento referido a la “igual e inviolable dignidad de las personas;” y el referido a los derechos individuales como intereses no-sacrificables en nombre de pretensiones mayoritarias (otros dos argumentos sobre la falta de acceso a la justicia del menor por nacer; o sobre la especial vulnerabilidad del “niño por nacer,” revistieron en cambio menos atractivo). 

El primer argumento, de raíz cristiana y Kantiana, pudo apelar tanto a personas de formación religiosa, como a otras de persuasión liberal en un sentido amplio. La idea en cuestión nos refiere a lo que podríamos considerar un principio fundante de la modernidad, según el cual las personas son “intrínsecamente iguales,”  “fines en sí mismas” y, como dijera Immanuel Kant, insusceptibles de ser tomadas como “meros medios” para mejorar la suerte de otros. “El niño por nacer” -vendría a sugerirnos esta presentación- debe ser tomado como un “igual” al nacido, y merece ser tratado como un “fin en sí mismo,” y no como un “mero medio” para satisfacer las pretensiones (de libertad, autonomía, etc.) de la madre. Este primer argumento –conforme lo presentara Santiago- enfrenta, al menos, dos problemas serios. El primer problema es el modo indebido y ligero con que deja de lado la otra gran cuestión aquí en juego, relacionada con los derechos de la madre: su postura, llamativamente, no se ocupa en absoluto del hecho de que la madre, en un embarazo indeseado (mucho más, por supuesto, en los casos más extremos, como el caso de una violación), va a ser utilizada como un “mero medio”, en provecho de la ideología o creencias religiosas de otros, si es que resulta obligada a llevar adelante un embarazo con el que no quiere continuar. En otros términos: si su principal argumento refiere a la importancia de que no se tome a nadie como “mero medio,” Santiago no puede simplemente desconocer que ese exacto argumento es el que se ha comúnmente alegado para defender al aborto, a partir del reclamo de que no se tome a la mujer como “mero medio”. El segundo problema de este argumento es el modo en que confunde entre las ideas de “vida” y “persona”. Curiosamente, o no, los principios a los que solemos apelar sobre el tema dicen, por ejemplo, que “las personas son libres e iguales” o “nacen libres e iguales.” Quiero decir, tendemos a hablar de sujetos “nacidos” y de “personas” antes que de meros “seres vivos.” Estas distinciones, como sabemos, resultan cruciales en esta discusión, y dejan en mala posición a la postura de Santiago: no es lo mismo un ente “vivo” que una “persona”, y cuando hablamos de “igualdad”, lo hacemos pensando en personas (nacidas). 

El segundo argumento de Santiago es el de que el aborto “pulveriza el derecho a la vida de la persona por nacer.” En su mejor versión (que no es la que encierra esa frase), este argumento nos dice que los derechos de las personas son inviolables, y no pueden sacrificarse por las meras pretensiones en contrario de una mayoría ocasional. Santiago citó en respaldo de este argumento a dos de los autores más importantes e influyentes en nuestro país, en la materia: Ronald Dworkin y Luigi Ferrajoli. De Dworkin citó entonces la idea de “derechos como cartas de triunfo” (cartas ganadoras frente a cualquier demanda mayoritaria); y de Ferrajoli invocó la noción de los derechos como formando parte de la “esfera de lo indecidible” (una esfera ajena a, y a salvo de, las presiones de la política democrática). Contra la formulación de Santiago cabría decir, ante todo, que –más allá de la escasez de tiempo argumentativo que todos pudimos padecer- él no podía dejar de decir lo que dejó de decir, esto es, que las dos principales autoridades jurídicas que citó en su respaldo, en su referencia a la idea de derechos, escribieron y militaron activamente a favor del aborto. Quiero decir, hay un problema serio si hacemos invocaciones de “autoridad” –apelando al reconocido nombre de autores reconocidos por todos los que hacemos Teoría del Derecho- pero no dejamos aclarado que, precisamente en el tema bajo discusión, esos autores que citamos –sugiriendo abierta o solapademente que ellos respaldan la posición que defendemos- afirman exactamente la posición que rechazamos. 

Más allá de lo señalado –un uso problemático de las “citas de autoridad”- objetaría al argumento de Santiago en términos sustantivos. Entiendo –como lo hacía Carlos Nino, desde la primera misma línea de su libro Ética y Derechos Humanos- que los derechos humanos son una “creación humana,” tal vez la más importante de nuestro tiempo, y que por tanto no hay razones para tratarlos como “ajenos” a, o independientes de, la discusión democrático. Los derechos son, obviamente, resultado de ese debate democrático. Cuando escribimos una “ley de medios”; o despenalizamos el consumo personal de estupefacientes, lo que hacemos es precisamente eso: determinar, a través de un debate colectivo, abierto e inclusivo, los alcances, límites y contenidos esenciales de nuestros derechos más importantes. Eso mismo podemos hacer a través del debate público, sobre el aborto. En otros términos: los derechos fundamentales, como el derecho al aborto, no merecen ser entendidos como formando parte de ninguna “esfera de lo indecidible” (como ajena al debate democrático).

Vida, persona, desarrollo progresivo. En su argumentación en el Congreso, y siguiendo una estrategia que resultó común en muchos de los juristas críticos del aborto, Gregorio Badeni presentó trató de modo indistinto las nociones de vida y persona; y confundió intencionadamente los derechos del niño por nacer, con el estatus del feto en las primeras semanas. Esa estrategia, por supuesto, pretende tener alto impacto emocional, ya que deja a los defensores de posturas más permisivas en la materia como “asesinos.” Como adelantara en la sección anterior, alguien puede argumentar en favor de la superposición entre las ideas de “vida” y “persona”, pero en un debate como éste no puede suponer la identificación entre esas dos nociones, sin dar razones de ello. Contra esta estrategia de la “confusión”, sugeriría varias cosas, de importancia diferente.

En primer lugar, se trata de una estrategia que suele terminar “disparando” para el lado contrario al esperado. Y es que la misma supone colocar a los países que cualquiera de nosotros consideraría como los más respetuosos de los derechos individuales –tal vez los más civilizados de la tierra (pongamos, los países escandinavos, en general)- como los países más criminales del planeta –países directamente genocidas, en razón de sus políticas liberales en materia de aborto. Algo parece no funcionar, entonces, en esa presentación.

En segundo lugar, la estrategia de la “confusión” (i.e., entre vida y persona) es incapaz de dar cuenta de un hecho notable, en nuestro país, entre tantos otros. En la Argentina, recientemente (el 5 de junio de 2013), se sancionó de modo casi unánime –con acuerdo de todos los bloques, de izquierda y derecha; peronistas; radicales; etc.- una ley de fecundación asistida. Dicha ley fue aplaudida y auspiciada colectivamente, por todos los bloques, y festejada como una celebración de la vida: pasó en la Argentina, como en muchos otros países del mundo. Ocurre, sin embargo, que los procesos de fertilización asistida, como los de fecundación in vitro, pueden implicar el uso, congelamiento y descarte masivo de embriones –todo “en favor de la vida”, y por la ayuda a familias que tienen dificultades para la gestación.  Resulta curioso, a la luz de tal celebrada práctica, que se vea al aborto, entonces, como un acto criminal, cuando aquí –como en el caso de la fecundación in vitro- también se descartan embriones en su etapa más temprana. Cómo puede ser, entonces, que algunos de los mismos legisladores (y sus partidos) que bulliciosamente celebraron la aprobación de aquella ley, hablando de la vida, aparezcan horrorizados ahora, y hablando de la muerte?

En tercer lugar, cabe aludir a la idea relativa al “desarrollo progresivo” de la vida. Se trata de una cuestión que fue directamente examinada, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2012, en el importante caso Artavia Murillo v. Costa Rica, relacionado con la fertilización in vitro. El argumento al que se refirió la Corte en dicha ocasión fue el siguiente: incluso si reconocemos que el feto tiene derecho a la vida, lo cierto es que no tendemos a valorar la "vida" por igual a lo largo del tiempo. La distinción se vuelve particularmente importante en los "casos difíciles", cuando nos encontramos con conflictos entre los derechos que valoramos, y nos vemos obligados a "balancear" esos derechos, o a elegir entre diferentes derechos que, idealmente, querríamos preservar. En esos casos (y porque consideramos que la vida tiene un valor "incremental"), no tendemos a valorar por igual el derecho del embrión y el derecho de la madre a la vida. En otros términos, contra la opinión de muchos de nuestros juristas, todos y en todo lugar tendemos a hacer distinciones muy significativas entre embrión, feto, recién nacido; del mismo modo en que reconocemos que la madre tiene más derechos sobre el feto cuanto más temprana sea la instancia de que se trate, y menos derechos tiene sobre el embrión cuanto más sea el tiempo que el mismo lleve en su seno.

Privacidad, daño a terceros y choque de derechos. La constitucionalista María Angélica Gelli dio uno de los pocos argumentos constitucionales, contrarios al aborto y merecedores de atención. Ella sostuvo que quienes defienden el aborto a partir del art. 19, construyen su postura asumiendo que dicho artículo sólo habla del principio de autonomía, y olvidando que el mismo establece un límite fuerte en el "daño sobre terceros" El problema del argumento de Gelli es que desestima nuestro derecho a regular los derechos –a regular, en este caso, el "daño a terceros". Para que se entienda lo que digo: el art. 19 de ningún modo establece que nuestras acciones no pueden afectar a terceros; ni dice que toda acción que perjudique a un tercero deba resultar prohibida o penada. Por ejemplo, el derecho de huelga, como el derecho a la crítica política, están constitucionalmente protegidos, por más que su ejercicio legítimo pueda perjudicar muchísimo a muchos terceros. Más todavía, en casos como los citados, la protección del derecho original (a la expresión, o a la huelga) puede desplazar por completo al derecho afectado de los terceros. Todo depende, entonces, del tipo de derechos de los que hablamos, y de las formas particulares en que los regulemos. La discusión no se termina, entonces, sino que recién comienza, cuando se alude a los daños sobre terceros.

En este punto, conviene subrayar que el derecho, cotidianamente, confronta y resuelve situaciones de conflicto de derechos. Tales situaciones resultan normalmente trágicas, entre otras razones, porque implican remover, tal vez de modo sustantivo, uno de los derechos en conflicto, y que como tal (por ser derecho) valoramos. En los casos sobre aborto, como en otros alternativos, nadie festeja ni debe tomar a la ligera lo que acontece cuando, por ejemplo, se descarta un embrión. Pero bien puede ocurrir que ese derecho que valoramos (el derecho a la vida del embrión) entre en conflicto serio con otro derecho que también valoramos (el derecho de la madre a su salud física y síquica). Allí es donde se nos presenta una opción trágica, y podemos determinar la prevalencia del derecho de la madre.

El derecho vigente: omisiones flagrantes. En línea con el modo tradicional en que muchos juristas entienden el derecho vigente, la mayoría de los juristas críticos del aborto realizaron un repaso pretendidamente exhaustivo y objetivo sobre las “condiciones de vigencia” del derecho estudiado. Sin embargo, lamentablemente, y como suele ocurrir, el examen del caso se hizo, finalmente, de modo parcial. Hablo de análisis “parcial,” no en un sentido descalificativo o valorativo, sino meramente descriptivo. Y es que resultó notable, en estos debates –en testimonios como los de Sagüés, Vanossi, Barra, Badeni y tantos otros- la plena omisión de toda referencia o aproximación seria a las partes del derecho escrito y vigente que contradecían lo que ellos querían decir.

La operación resulta llamativa, en particular, cuando hablamos de juristas que acostumbran a vincular al derecho, no con principios morales y estándares, sino con reglas y decisiones escritas y estrictas, a las que denominarían el “derecho duro.” Frente a tal aspiración, resultó asombroso, en los debates, escuchar a autores como Sagüés o Barra pretendiendo hacer un repaso completo del derecho vigente en materia de aborto, sin tomarse en serio la principal decisión del máximo tribunal argentino en la materia –el caso F.A.L.-; sin aludir siquiera a la principal decisión del máximo tribunal latinoamericano –la Corte Interamericana- en el caso Artavia Murillo; o sin ponerse a estudiar con detalle los dichos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Baby Boy. 

No sólo eso. En su decisión de dejar de lado todo elemento jurídico objetivo que pudiera desmentir o poner en crisis su presentación, tales juristas omitieron, sistemáticamente, toda mención a consideraciones jurídicas como las siguientes:

La recomendación del Comité de  los Derechos de Niño, pidiendo a la Argentina que avance hacia la despenalización del aborto; la recomendación, de julio de 2016, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, acerca de la descriminalización del aborto, y a la luz del caso Belén; la afirmación, por parte del Comité contra la Tortura de la ONU, conforme a la cual el embarazo forzado y la prohibición absoluta de causales habilitando al aborto, debían considerarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes; la exhortación a la Argentina, promovida en 2016 por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) a que acelere la adopción de una ley destinada a ampliar el acceso a la interrupción del embarazo; la exhortación, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que los países firmantes del pacto liberalicen las leyes restrictivas del aborto.

El derecho vigente. Problemas en el listado común. Tomo la presentación de Néstor Sagüés como símbolo y resumen del acercamiento más habitual que los juristas locales contrarios al aborto han hecho, sobre la cuestión bajo examen. 

Comienzo con las referencias hechas por Sagüés al “Pacto de San José de Costa Rica” como límite legal al aborto. Lo cierto es que, por donde se lo mire, es difícil llegar a esa conclusión en relación con el Tratado. Para comenzar, corresponde decir que el mismo, de modo explícito, y en su artículo 4, incorporó la idea de que la vida está protegida "en general, desde la concepción." Y lo hizo, no para imposibilitar cualquier legislación permisiva sobre el aborto sino, más bien, para dejar en claro que el Pacto busca permitir el acomodamiento de las diversas y razonables posiciones que tienen los Estados firmantes en la materia. Este criterio permisivo fue clarificado de modo prístino por la Corte Interamericana, en el fallo Artavia Murillo, cuando sostuvo que la protección del derecho a la vida era gradual e incremental, lo que por tanto habilitaba regulaciones de este derecho, y "balances" que deben considerar el peso de otros derechos más robustos (i.e., la salud de la madre), que puedan estar en conflicto con el primero (i.e., embrión en sus etapas iniciales). Esto

Algo similar puede decirse en relación con las referencias del autor al "Preámbulo de la Convención de Derechos del Niño", que habla de la "debida protección" a los derechos del niño, "tanto antes como después del nacimiento." La legislación sobre el aborto es perfectamente compatible con la toma de medidas destinadas a impedir, por ejemplo, abortos no deseados; o dirigidas a preservar la vida del feto.

Por otro lado, la ley 23849, por la que se incorpora la Convención de Derechos del Niño, establece una pauta interpretativa que, por un lado, no  modifica los contenidos de la Convención; que, conforme dijo la Corte Argentina en F.A.L, no tiene el estatus de reserva formalmente realizada.

Finalmente, corresponde mencionar al artículo 75 inc. 23 de la Constitución Argentina, y la "protección del niño" "desde el embarazo". Como en el caso del "Preámbulo de la Convención de Derechos del Niño" conviene decir que hay muchísimo que se puede hacer, por fuera del Derecho Penal, para proteger la vida de la persona por nacer, con medidas de acción positiva de cuidado; con información; con asistencia de los servicios de salud a la mujer embarazada; etc. (por ejemplo, como dijera el Procurador Fiscal Víctor Abramovich en su presentación frente al Congreso). 

Interpretación del derecho y democracia. Por último, me referiré brevemente a la cuestión interpretativa. De las muchas teorías que hoy coexisten, en materia interpretativa, hay dos en particular que se destacan. Por un lado, encontramos a quienes consideran que la interpretación constitucional es una ciencia que se encuentra a cargo de los científicos del derecho. Por otro lado, muchos pensamos que la interpretación del derecho depende de nuestros más profundos acuerdos colectivos. Durante los debates en el Congreso, escuchamos numerosas posturas del primer tipo: juristas que proponen interpretar a la Constitución combinando normas de jerarquía por completo disímil, y ofreciendo datos inverosímiles: juristas que al final del día nos revelan el significado verdadero del derecho, que ellos conocen y todos los demás, supuestamente, desconocemos. 

Piénsese, por caso, en la argumentación presentada frente al Congreso por Rodolfo Barra. Barra ofreció una lectura interpretativa que convierte al bloque constitucional en un manojo de reglas estrictas con respuestas cerradas. Presentó como universal una posición que era la suya propia; extraña para cualquier otro; ciega a la jurisprudencia de nuestra Corte; y ajena a lo dicho por la Corte Interamericana. Si se me permite, se trató de un ejercicio similar al de épocas pasadas, cuando encontrara en la Constitución un derecho de re-reelección que ningún otro sabía que estaba. Pero el punto que quiero hacer es otro: me interesa señalar, frente a los legos, frente a los que no son expertos en derecho, que pueden quedarse tranquilos: la Constitución no es, como la presentan algunos, un coto de caza con acceso restringido. Mucho menos en casos como éstos, en los que no hablamos de reglas fijas, sino de estándares abiertos -autonomía, igualdad, daños- que hacen un llamado para que, entre todos, argumentemos. El significado de la Constitución, en casos como el del aborto, caracterizados por un profundo desacuerdo moral que nos atraviesa enteros, no debe entenderse nunca como dependiente de códigos secretos; conversaciones privadas; o historias que desconocemos. El significado de la Constitución depende de los acuerdos a los que lleguemos, de forma abierta, inclusiva y franca. Por ello mismo, definir hoy lo que dice nuestro derecho, en materia de aborto, exige que discutamos sobre la cuestión, como lo estamos haciendo, escuchando con especial cuidado a las voces que hasta hoy hemos acallado en la materia. 

Conclusiones

En el breve repaso realizado hasta aquí, pudimos reconocer la fragilidad de los principales argumentos ofrecidos por los juristas contrarios al aborto, durante los debates realizados en el Congreso. Vimos las inconsistencias propias de las apelaciones a principios morales como el de igualdad, o el de no tomar a las personas como “meros medios.” Examinamos también los problemas que afectaban al argumento de la privacidad y el no-daño a terceros (cuando –según dijimos- cotidianamente nuestros derechos entran en colisión con los derechos de terceros, y resolvemos sin serios problemas tales controversias). Reflexionamos sobre cómo “balancear” derechos, en caso de conflictos entre ellos. Hicimos referencia a la necesidad de no confundir los conceptos de “vida” y “persona;” y a la importancia de prestar atención al “desarrollo progresivo” de la vida. Aludimos también a la celebrada práctica (auspiciada enfáticamente por nuestro Congreso) de la fertilización asistida, y señalamos sus fuertes paralelismos con la práctica del aborto (criticada por algunos de los mismos legisladores que aplaudieron la aprobación de la ley de fecundación asistida. Vimos que, a pesar de los intentos de muchos de nuestros juristas, de hacer cherrypicking con las normas vigentes en materia de aborto (omitiendo toda referencia o consideración seria de las normas jurídicas que respaldan la despenalización del aborto), nuestra práctica jurídica en la materia –coronada por decisiones de la Corte Suprema Argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos- da un consistente sostén a ciertas formas del aborto. En definitiva, reconocimos que, en sociedades democráticas y plurales como la nuestra, y frente a desacuerdos interpretativos como los que tenemos en relación con el aborto (u otros temas similarmente controvertidos), lo que debemos hacer es discutir colectivamente, en lugar de querer presentarle a la sociedad, como mandato jurídico objetivo, la peculiar concepción normativa que en lo personal preferimos.

4 jun. 2018

Constitucionalismo latinoamericano y "sala de máquinas"

Entrevista, con los amigos de Brasil


Notas sobre el veto

En reportaje en Perfil

Diario Perfil2/06/18


Visto "de lejos", el veto - en general- se ve como poco democrático, como ir en contra de una decisión mayoritaria del Parlamento. ¿Es así? Y, si es así, ¿por qué es legal?
El "veto" presidencial es una institución bicentenaria, que nació con el constitucionalismo, y estuvo presente en tiempos de las dos grandes (y en buena medida opuestas) "revoluciones" de la era moderna: la Independencia norteamericana y la Revolución francesa. Se trata de una institución que tuvo sus orígenes en las potestades reales que distinguieron a la época premoderna.

Uno de los textos más importantes escritos por Emmanuel Sieyes fue dirigido, precisamente, a la crítica del "veto real". El veto que fue incorporado a nuestra Constitución, de todas maneras, deriva del que fuera adoptado en la Constitución norteamericana. Y, en efecto, corresponde decir que dicho veto nació atado a una noción más bien elitista de la democracia. En los debates constituyentes norteamericanos se mencionaron explícitamente dos razones a favor de la adopción del veto. La primera fue la de "dar una seguridad adicional al Presidente, contra el dictado de leyes impropias", y la segunda fue la de proveer "un escudo al Ejecutivo", con el cual resistir posibles "invasiones a su poder", por parte del Legislativo. En ambos casos, la razón de fondo en su defensa estuvo basada en la "desconfianza democrática." Los que criticamos siempre al presidencialismo, hemos sido siempre críticos, también, de los poderes de veto, por el modo en que distorsionan la discusión democrática. Temo, sin embargo, que muchos críticos actuales del veto presidencial, han sido defensores intensos del poder concentrado del presidencialismo en el que la institución del veto está basada.

Cambiemos gobierna en minoría parlamentaria, ¿habría algún otro recurso para no resultar autoritario que el veto en casos por el estilo? 
El veto no es una institución autoritaria, sino constitucional. Lo que ocurre es que tenemos un sistema constitucional, desde su nacimiento, en tensión con la democracia, y el veto es simplemente un componente que refuerza ese carácter original de nuestra organización constitucional.

La sociedad puede estar mayoritariamente en contra de este veto, y a favor del próximo. Insisto, lo que creo que merece pensarse es el valor de seguir teniendo, luego de más de doscientos años, un sistema de organización del poder tan concentrado, y basado en una noción tan estrecha de la democracia, particularmente en momentos en que nuestras convicciones y aspiraciones democráticas son más profundas que nunca.

2 jun. 2018

La Garganta Poderosa. El debido resguardo

Publicado hoy en LN, acá

Cualquier hecho jurídico relevante nos permite ver, a través suyo, todo el derecho y, más específicamente, el modo en que el Estado nos trata. Días atrás, ocurrió un hecho tan relevante como expresivo, en torno a la revista La Garganta Poderosa, una publicación cuyos contenidos son definidos, de modo exclusivo, por personas nacidas en villas de emergencia. 

Entre otros fines, la revista se propone confrontar los prejuicios existentes hacia los habitantes de los barrios marginados, mostrando que allí también hay vida, cultura y energía creativas, que exceden largamente a cualquier preconcepto que quiera reducir esos barrios a meros “aguantaderos” de gente ocupada en actividades delictivas. Unos días atrás, un fotógrafo de la revista denunció haber recibido golpes y abusos, luego de registrar un operativo de la Prefectura Naval en la Villa 21, en busca del joven Iván Navarro. El acoso que viene sufriendo Navarro se habría desatado tiempo atrás, cuando se animó a contar durante un juicio oral seguido contra seis agentes de Prefectura, las torturas y abusos que ellos le infligieron. Esta semana, agentes de Prefectura habrían ingresado sin orden judicial en el domicilio del fotógrafo de La Garganta Poderosa, golpeado a un menor, manoseado a una mujer, provocado destrozos en el hogar, y mantenido incomunicados a algunos de los presentes. Todo en represalia por las acciones de denuncia impulsadas desde la revista. 

Dejo al periodismo la descripción detallada de los graves sucesos ocurridos, para concentrarme en cambio en algunas reflexiones relacionadas con lo que expresan o denuncian los hechos básicos conocidos. Me interesa llamar la atención sobre el aspecto, si se quiere, simbólico de la situación porque nos ofrece una extraordinaria oportunidad para reconocer de qué modo el poder público –el actual gobierno, en este caso- se aproxima y trata a los miembros de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Para empezar por el principio: surge una iniciativa inmejorable –la revista La Garganta Poderosa- llevada a cabo por miembros de un colectivo históricamente maltratado. Un proyecto cultural que sirve a la integración social, la educación cívica y la formación política de los más postergados. Las autoridades podrían tomar proyectos de este tipo como símbolo de lo que valoran, y también como ejemplo del modo en que quieren vincularse con los sectores más postergados. El Gobierno podría decir: “No importa si estamos de acuerdo o no con el contenido de lo que ustedes escriben: actuamos con independencia de ello. El proyecto que llevan adelante es magnífico, y nos enorgullecemos de él. Queremos que haya muchos otros emprendimientos semejantes, y vamos a hacer lo posible para garantizar que ello ocurra.” El Gobierno podría decir todo esto, y luego actuar en consecuencia, alentando, amparando, protegiendo, reivindicando, defendiendo, proyectos culturales semejantes. Obraría así de modo no demagógico, sino principista: “Aquí pasa algo que está muy bien, y que por tanto merece ser respaldado.”  

Lamentablemente, desde áreas centrales del Gobierno, y muy en particular desde el Ministerio de Seguridad, se ha escogido afirmar un mensaje que contradice esa perspectiva e insiste con patrones de conducta fallidos, y repudiados hasta el cansancio en ocasiones anteriores. La  expresión crítica de la revista genera no reconocimiento, sino sospechas; sus integrantes no son objeto de un cuidado y deferencia especiales, sino de acoso armado; el proyecto social en juego no es reivindicado como resultado de convicciones, sino sujeto a cálculos degradados (¿Nos conviene acercarnos a gente que no piensa como nosotros? ¿No tendrá más sentido amedrentarlos, de forma tal que no nos sigan investigando?”). El parámetro habitual se repite. El vínculo que el Gobierno establece con los más desaventajados parece orientarse, sobre todo, a su disciplinamiento: se busca “contener” a los que menos tienen, a partir de  una combinación calculada: planes sociales para calmarlos e intervenciones armadas para marcarles los límites. De este modo, el Gobierno deja en claro que prefiere alinearse, no con los que más sufren, sino con unas fuerzas de seguridad cuestionadas. A resultas de ello, en lugar de maximizar la supervisión pública sobre un sector que a lo largo de nuestra historia ha incurrido en prácticas de espanto, se muestra obsesionado por blindar a las fuerzas de seguridad frente a toda crítica, dejando en claro que las autoridades están por completo de su lado (exactamente lo mismo que hizo el Presidente en el caso Chocobar). 

Todos podemos entender, por supuesto, la necesidad de reivindicar, entre otros bienes, al valor del orden social, en particular a la luz de irresponsabilidades propias de los años anteriores (cuando, esquizofrénica o hipócritamente, el gobierno combinó un discurso adolescente de “ruptura,” con políticas de represión terciarizadas). Podemos entender, también, que el Gobierno no maltrate a sus propias fuerzas de seguridad, sino que se proponga educarlas y respaldarlas, en un camino de cambio y aprendizaje. Nada de eso, sin embargo, justifica que se actúe en el área del modo en que se lo viene haciendo.

Un gobierno animado a defender tanto las libertades personales de cada uno como pautas de justicia social para todos, frente al caso de la Garganta Poderosa, debería: aceptar que la opinión política crítica merece siempre, y en principio, un resguardo incondicional; optar prioritariamente por el cuidado y respaldo a los sectores más desaventajados, en particular, en momentos de crisis como el actual y, a la luz de la historia, debería asegurar el más estricto control sobre las fuerzas de seguridad (respetarlas y reinvidicarlas no es lo mismo que alinearse ciega y caprichosamente con ellas). 

El Gobierno debería comenzar a guiar sus acciones conforme a los principios de libertad e igualdad que la propia Constitución enaltece. Sin embargo, todavía hoy, y con frecuencia, prefiere actuar conforme a una fórmula que mezcla prejuicios, encuestas y cálculo, aunque esta vía resulte de las peores posibles: no sólo se trata del camino incorrecto, sino que además es uno que produce, una y otra vez, malos resultados

29 may. 2018

Ya llega! 21 de junio


El Roto explica a El Roto

Hay pocos genios, él es uno
Tres minutos con El Roto, acá


26 may. 2018

Lo personal es político

Texto de Carol Hanisch, que dio origen a la frase (y explicación de la autora, acá)












The Personal Is Political

by Carol Hanisch
February, 1969
For this paper I want to stick pretty close to an aspect of the Left debate commonly talked about—namely “therapy” vs. “therapy and politics.” Another name for it is “personal” vs. “political” and it has other names, I suspect, as it has developed across the country. I haven’t gotten over to visit the New Orleans group yet, but I have been participating in groups in New York and Gainesville for more than a year. Both of these groups have been called “therapy” and “personal” groups by women who consider themselves “more political.” So I must speak about so-called therapy groups from my own experience.
The very word “therapy” is obviously a misnomer if carried to its logical conclusion. Therapy assumes that someone is sick and that there is a cure, e.g., a personal solution. I am greatly offended that I or any other woman is thought to need therapy in the first place. Women are messed over, not messed up! We need to change the objective conditions, not adjust to them. Therapy is adjusting to your bad personal alternative.
We have not done much trying to solve immediate personal problems of women in the group. We’ve mostly picked topics by two methods: In a small group it is possible for us to take turns bringing questions to the meeting (like, Which do/did you prefer, a girl or a boy baby or no children, and why? What happens to your relationship if your man makes more money than you? Less than you?). Then we go around the room answering the questions from our personal experiences. Everybody talks that way. At the end of the meeting we try to sum up and generalize from what’s been said and make connections.
I believe at this point, and maybe for a long time to come, that these analytical sessions are a form of political action. I do not go to these sessions because I need or want to talk about my ”personal problems.” In fact, I would rather not. As a movement woman, I’ve been pressured to be strong, selfless, other-oriented, sacrificing, and in general pretty much in control of my own life. To admit to the problems in my life is to be deemed weak. So I want to be a strong woman, in movement terms, and not admit I have any real problems that I can’t find a personal solution to (except those directly related to the capitalist system). It is at this point a political action to tell it like it is, to say what I really believe about my life instead of what I’ve always been told to say.
So the reason I participate in these meetings is not to solve any personal problem. One of the first things we discover in these groups is that personal problems are political problems. There are no personal solutions at this time. There is only collective action for a collective solution. I went, and I continue to go to these meetings because I have gotten a political understanding which all my reading, all my “political discussions,” all my “political action,” all my four-odd years in the movement never gave me. I’ve been forced to take off the rose colored glasses and face the awful truth about how grim my life really is as a woman. I am getting a gut understanding of everything as opposed to the esoteric, intellectual understandings and noblesse oblige feelings I had in “other people’s” struggles.
This is not to deny that these sessions have at least two aspects that are therapeutic. I prefer to call even this aspect “political therapy” as opposed to personal therapy. The most important is getting rid of self-blame. Can you imagine what would happen if women, blacks, and workers (my definition of worker is anyone who has to work for a living as opposed to those who don’t. All women are workers) would-stop blaming ourselves for our sad situations? It seems to me the whole country needs that kind of political therapy. That is what the black movement is doing in its own way. We shall do it in ours. We are only starting to stop blaming ourselves. We also feel like we are thinking for ourselves for the first time in our lives. As the cartoon in Lilith puts it, “I’m changing. My mind is growing muscles.” Those who believe that Marx, Lenin, Engels, Mao, and Ho have the only and last “good word” on the subject and that women have nothing more to add will, of course, find these groups a waste of time.
The groups that I have been in have also not gotten into “alternative life-styles” or what it means to be a “liberated” woman. We came early to the conclusion that all alternatives are bad under present conditions. Whether we live with or without a man, communally or in couples or alone, are married or unmarried, live with other women, go for free love, celibacy or lesbianism, or any combination, there are only good and bad things about each bad situation. There is no “more liberated” way; there are only bad alternatives.
This is part of one of the most important theories we are beginning to articulate. We call it “the pro-woman line.” What it says basically is that women are really neat people. The bad things that are said about us as women are either myths (women are stupid), tactics women use to struggle individually (women are bitches), or are actually things that we want to carry into the new society and want men to share too (women are sensitive, emotional). Women as oppressed people act out of necessity (act dumb in the presence of men), not out of choice. Women have developed great shuffling techniques for their own survival (look pretty and giggle to get or keep a job or man) which should be used when necessary until such time as the power of unity can take its place. Women are smart not to struggle alone (as are blacks and workers). It is no worse to be in the home than in the rat race of the job world. They are both bad. Women, like blacks, workers, must stop blaming ourselves for our “failures.”
It took us some ten months to get to the point where we could articulate these things and relate them to the lives of every woman. It’s important from the standpoint of what kind of action we are going to do. When our group first started, going by majority opinion, we would have been out in the streets demonstrating against marriage, against having babies, for free love, against women who wore makeup, against housewives, for equality without recognition of biological differences, and god knows what else. Now we see all these things as what we call “personal solutionary.” Many of the actions taken by “action” groups have been along these lines. The women who did the anti-woman stuff at the Miss America Pageant were the ones who were screaming for action without theory. The members of one group want to set up a private daycare center without any real analysis of what could be done to make it better for little girls, much less any analysis of how that center hastens the revolution.
That is not to say, of course, that we shouldn’t do action. There may be some very good reasons why women in the group don’t want to do anything at the moment. One reason that I often have is that this thing is so important to me that I want to be very sure that we’re doing it the best way we know how, and that it is a “right” action that I feel sure about. I refuse to go out and “produce” for the movement. We had a lot of conflict in our New York group about whether or not to do action. When the Miss America Protest was proposed, there was no question but that we wanted to do, it. I think it was because we all saw how it related to our lives. We felt it was a good action. There were things wrong with the action, but the basic idea was there.
This has been my experience in groups that are accused of being “therapy” or “personal.” Perhaps certain groups may well be attempting to do therapy. Maybe the answer is not to put down the method of analyzing from personal experiences in favor of immediate action, but to figure out what can be done to make it work. Some of us started to write a handbook about this at one time and never got past the outline. We are working on it again, and hope to have it out in a month at the latest.
It’s true we all need to learn how to better draw conclusions from the experiences and feelings we talk about and how to draw all kinds of connections. Some of us haven’t done a very good job of communicating them to others.
One more thing: I think we must listen to what so-called apolitical women have to say—not so we can do a better job of organizing them but because together we are a mass movement. I think we who work full-time in the movement tend to become very narrow. What is happening now is that when non-movement women disagree with us, we assume it’s because they are “apolitical,” not because there might be something wrong with our thinking. Women have left the movement in droves. The obvious reasons are that we are tired of being sex slaves and doing shitwork for men whose hypocrisy is so blatant in their political stance of liberation for everybody (else). But there is really a lot more to it than that. I can’t quite articulate it yet. I think “apolitical” women are not in the movement for very good reasons, and as long as we say “you have to think like us and live like us to join the charmed circle,” we will fail. What I am trying to say is that there are things in the consciousness of “apolitical” women (I find them very political) that are as valid as any political consciousness we think we have. We should figure out why many women don’t want to do action. Maybe there is something wrong with the action or something wrong with why we are doing the action or maybe the analysis of why the action is necessary is not clear enough in our minds.


Plebiscito en Irlanda sobre el aborto.

Se viene. Impresionante evento en el país que era el más católico-conservador de Europa, y hoy ha devenido en país liberal
alguna info, acá

22 may. 2018

Libro de casos

Hecho por amigos y colegas de la U. de Tucumán, con la coordinación de O. Flores, felicitaciones! (puede bajarse desde acá)

La muerte de Stalin

Desde los tiempos de Monty Phyton que no se veía un retrato tan ácido de la política del tiempo . Porque es Stalin, pero también es la Rusia de hoy, y por qué no la vida pública de la era: arbitrariedad; obsecuencia, docilidad con el poderoso, obediencia; justificación de lo injustificable; violencia contra los críticos; rastros de una política patética. A manos en este caso del director escocés Armando Iannucci.

19 may. 2018

Una democracia limitada

(publicado hoy en la revista Ñ)

La democracia constitucional argentina nació vistiendo un traje institucional estrecho. El traje original fue diseñado en 1853, por la elite liberal-conservadora que gobernaba entonces, y desde ese momento permanece, más allá de los cambios que recibiera, en lo esencial inmodificado. Todavía seguimos disponiendo un Poder Ejecutivo fuerte (que cuenta, por ejemplo, con la capacidad para participar decisivamente en la selección de jueces y en la firma de tratados internacionales; para ordenar la intervención en las Provincias; para promover un estado de sitio; para designar a miles de funcionarios públicos; para definir los lineamientos del presupuesto y ejecutar partidas presupuestarias; para controlar la fuerza pública; etc.); con un Poder Legislativo pensado para el siglo XVIII (con una sociedad relativamente simple, dividida en pocos grupos, internamente homogéneos y con intereses opuestos); y con un Poder Judicial organizado de espaldas a la ciudadanía, y sin canales apropiados para la comunicación o el diálogo con ella.

Decir que nuestra democracia constitucional nació con un “traje estrecho” implica decir que, desde su nacimiento, el mismo no estuvo bien preparado para dar cabida a la diversidad, intensidad e importancia de las demandas sociales existentes. Por ello es que desde que tomó fuerza efectiva el voto popular –la democracia de la regla de la mayoría, a comienzos del siglo XX- el sistema institucional estalló, y sucesivos golpes de estado, a lo largo del siglo, se propusieron introducir por fuerza a la sociedad, otra vez, dentro de ese “traje estrecho”.

En 1983, esa regla maldita de los golpes de estado y los gobiernos democráticos que no podían terminar su mandato, perdió –en buena medida- su vigencia. Pero lo que se terminó entonces fue algo bien específico, esto es, el recurso, hasta ese momento habitual, a las fuerzas militares, para forzar la interrupción de gobiernos elegidos por el voto popular. No se acabaron, en cambio, las desigualdades económicas y políticas que generaban zozobra social; ni la concentración del poder; ni la inflexibilidad del sistema político; ni la insensibilidad de nuestra democracia constitucional para dar cabida a voces y demandas diversas; ni su incapacidad para procesar los desacuerdos y conflictos. Por eso es que el Presidente Alfonsín tampoco pudo terminar su mandato; por eso la caída de De la Rúa; por eso los cinco Presidentes en cuestión de días; por eso el fantasma de la inestabilidad permanente –que vuelve a resurgir ahora-; y por eso también el recurso a la “mano dura” o a la autoridad discrecional, excesiva, absurda, que fuera propia de los gobiernos menemistas y kirchneristas (tiempos de “decido solo, en secreto y por sorpresa”, o “si no le gusta alguna política, cree su propio partido y gánenos”).

Frente a lo dicho, la pregunta acerca de si la democracia constitucional argentina se encuentra en deuda, debe ser respondida enfáticamente, y por la afirmativa. Sin dudas que lo está, desde el mismo momento de su nacimiento! Ella no organizó una democracia para el acuerdo, la conversación y la mutua corrección; sino un sistema orientado, en el mejor de los casos, para contener el conflicto, permitiendo –como dijera Juan Bautista Alberdi en Las Bases- que el Presidente se convirtiera en “rey” apenas el conflicto se desmadrara y retorna así la amenaza inquietante de la “anarquía”.

No contamos, por lo demás, con mucho de lo que institucionalmente resulta más importante. Carecemos, sobre todo, de mecanismos adecuados para discutir; herramientas apropiadas para decidir; y frenos suficientes para controlar, corregir y sancionar a los funcionarios públicos que merecen nuestro reproche. El sistema representativo sigue estando basado en la idea de la “separación”, más que en la del “vínculo” entre electores y elegidos. Los representantes saben que, una vez que son escogidos, las oportunidades de que los aperciban institucionalmente son ínfimas: de allí que les importe mucho más estar en buenas relaciones con las autoridades de su partido, que mantener las promesas hechas con su electorado. Ocurre algo muy similar con el Poder Judicial: el sistema de incentivos existente provee a los jueces de estímulo para “no crear olas,” no llamar la atención, bajar el perfil, y tender lazos con las autoridades de turno, que son las únicas que pueden motorizar alguna sanción en su contra. 

La única novedad relevante dentro de nuestra democracia constitucional, desde 1853 hasta hoy, estuvo dada por la larga lista de derechos sociales, económicos y culturales, incorporados a la Constitución a mediados del siglo XX, a los que se sumaron luego los derechos humanos consagrados a nivel constitucional hacia finales del siglo XX. Sin embargo, dicha innovación normativa fue tan significativa por lo que incluyó –los nuevos derechos- como por lo que omitió incluir, esto es, reformas en la otra parte de la Constitución, que es la que organiza el poder. Quiero decir: se ampliaron al extremo las promesas constitucionales en materia de derechos, pero se mantuvieron intocadas las estructuras de poder necesarias para poner a dichos derechos en movimiento. Pasamos a tener, desde entonces, Constituciones con “dos almas”: un alma innovadora, audaz, democrática y social, propia del siglo XXI (la sección de los derechos), y otra que pone en pie una estructura de poder arcaica, verticalista, de corte elitista y autoritario, propia del siglo XIX (la organización del poder). Mientras no resolvemos dicha tensión, y modifiquemos de una vez por todas ese “traje chico”, para tornar a nuestra vida pública más inclusiva, abierta y participativa, seguiremos viviendo a la democracia como frustración y asfixia, y no como definitiva posibilidad emancipatoria.



18 may. 2018

En la radio: variaciones en torno al constitucionalismo latinoamericano

Gracias Emiliano!
(desde la hora quince, aprox.).

17 may. 2018

16 may. 2018

Turbulencia económica argentina: ya estaba escrito

De Rubén Lo Vuolo, publicado acá


Hace un año, en un artículo publicado en este mismo diario, señalaba que la Argentina estaba repitiendo una nueva fase de las inconsistentes políticas del aperturismo de la ortodoxia neoliberal, que históricamente siguen a las crisis del expansionismo proteccionista (“populismo”). Los acontecimientos de estas semanas demuestran, una vez más, la inconsistencia de esta historia repetida.

Señalaba allí que los ciclos de apertura neoliberal se montan en la recesión heredada para justificar la apertura económica prometiendo que la entrada de capitales estimulada por la alta renta financiera garantizada el Estado, se traduciría en inversión que fomentará el crecimiento económico.

Al inicio: “la entrada de capitales es mayor que el déficit de cuenta corriente y se acumulan reservas. Pero con el tiempo crece el déficit de la balanza comercial y más tarde el de la cuenta corriente. Así se inicia la reversión del ciclo con erosión de liquidez, caída de precios de activos, pérdida de reservas, etc.” Característica de la fase neoliberal es la escalada del endeudamiento que se justifica en el déficit fiscal heredado, pero que en realidad ayuda a empujar a la economía y ganar elecciones. Pero, en un momento, los operadores financieros resuelven que las inconsistencias acumuladas son muchas y empiezan a irse.

Entonces, el Gobierno “intenta recortar el déficit público y eventualmente se devalúa”, iniciándose una fase contractiva que “se refuerza porque sube aún más el riesgo país y la tasa de interés, hasta que finalmente se profundiza la crisis financiera y del mercado de cambios con caída de reservas del Banco Central”.

Las causas son las políticas domésticas, pero “la intensidad de estos ajustes depende del circunstancial escenario internacional … Lo más dudoso es la duración de las fases históricas de este ciclo reiterado (que depende más de factores externos que internos)”.

Las turbulencias financieras en las últimas semanas corroboran este análisis. El gobierno de Cambiemos se creyó que el resultado positivo en la última elección le daba poder para rebajar la tasa de interés, ampliar las metas de inflación y seguir con cierto expansionismo fiscal con impacto electoral.

Llamativamente, algo parecido quiso hacer el gobierno “populista” de Dilma Rousseff en Brasil, cuando intentó bajar las tasas de interés y alterar los acuerdos que había mantenido el PT con la ortodoxia monetaria y financiera desde la asunción de Lula. Ambos intentos duraron poco: los operadores financieros les recordaron que en una economía abierta y endeudada los que mandan son los acreedores. Y que independientemente de la ideología del gobierno, ambos habían prometido abrazar la ortodoxia monetaria y garantizar renta financiera para que ellos vinieran a apoyarlos y generar “confianza”.

El intento fracasado de Cambiemos aceleró el fin del auge: la tasa de interés voló a niveles superiores a las que se necesitaron para salir del cepo cambiario heredado del gobierno anterior. Pero ya no puede seguirse echándole la culpa a la herencia. Los problemas son la combinación de creciente déficit externo con endeudamiento y déficit fiscal con política de metas de inflación que decidió abrazar este Gobierno.

Si además se hacen promesas de bajar impuestos (cuando sube el peso de los servicios de la deuda y la economía se frena), la proyección de déficit fiscal y atraso cambiario es explosiva.

En lugar de seguir criticando a la herencia populista, el gobierno de Cambiemos debería entender que el populismo logra apoyos gracias a las reiteradas y fracasadas políticas neoliberales (maquilladas o no). Y lo mismo es cierto para el populismo “progresista” cuyas inconsistentes políticas económicas crean las condiciones para el advenimiento del neoliberalismo.

El gobierno debería reflexionar sobre esto porque se terminó el breve auge y viene mayor recorte de gastos públicos (¿dónde?) y otro freno económico. Los impactos sociales serán más negativos que hasta aquí y la populista “pobreza cero” prometida por Cambiemos ya no servirá ni siquiera para el “relato” oficial.

Afirmar, como lo han hecho sus antecesores de igual prosapia, que se seguirá por el mismo camino -y con la tutela del FMI-, no ayuda a olvidar los fantasmas del pasado. Mejor sería que el Gobierno busque la forma de cambiar las políticas que generaron este escenario para no seguir repitiendo la historia. De lo contrario, es razonable pensar que estamos mal y no vamos bien.

Rubén Lo Vuolo es economista y director del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp)

15 may. 2018

Renunció el Juez Caldas a la Corte IDH

Eran 7 jueces, 6 hombres, sólo 1 mujer. 1 acaba de renunciar por acusaciones de acoso sexual. De los 5 que quedan 2 deberían renunciar por abierta parcialidad política. De los 3 que deberían quedar...

La interpretación del derecho latinoamericano en estas manos.

CORTE IDH DA EFECTOS INMEDIATOS A RENUNCIA DEL JUEZ ROBERTO F. CALDAS
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS· 15 MAY 2018

 San José, Costa Rica, 15 de mayo de 2018.- El pasado viernes 11 de mayo la Corte Interamericana recibió, por parte del Juez Roberto F. Caldas, una solicitud de licencia indefinida. Posteriormente, el día de ayer, lunes 14 de mayo de 2018, se recibió su renuncia formal al cargo de Juez de la Corte Interamericana. 
 De conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la Corte, el Tribunal aceptó y dio efectos inmediatos a dicha renuncia. En consecuencia y de manera definitiva, Roberto F. Caldas dejó de formar parte de este Tribunal. Siguiendo el procedimiento estatutario, el Presidente de la Corte notificó la decisión del Tribunal al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para los efectos consiguientes. 
 Tal como es de conocimiento público, Roberto F. Caldas fue denunciado por supuestos actos de violencia intrafamiliar en instancias judiciales brasileñas. En cuanto a estas acusaciones, el Presidente de la Corte Interamericana resaltó la importancia de que se investiguen los hechos de manera diligente, pronta y oportuna en el marco de un debido proceso. Sin perjuicio de lo anterior, condena todo tipo de violencia contra la mujer. 
 Roberto F. Caldas fue elegido Juez de la Corte Interamericana por la Asamblea General de la OEA para el mandato del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. La Corte agradece las labores desempeñadas durante el ejercicio de su mandato como Juez, Vicepresidente y Presidente. 
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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

13 may. 2018

Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos. Para una crítica de la política económica

http://www.perfil.com/noticias/elobservador/cambiemos-usa-como-coartada-la-herencia-recibida.phtml

del espacio autónomo de pensamiento crítico
http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com.ar/2018/05/hacia-una-caracterizacion-del-gobierno_11.html


Mayo de 2018

En el primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, difundido en febrero de este año, nos ocupamos de la política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. En el presente documento nos interesa abocarnos a presentar un análisis crítico de su política económica.
Tal como dijimos en aquel primer documento, es en el área económica donde el gobierno de Cambiemos utiliza con mayor insistencia la coartada de la “herencia recibida” para justificar los resultados más negativos de su gestión. En esa línea, también sostuvimos que no hay dudas de que los problemas económicos heredados del gobierno anterior eran numerosos: economía estancada y sin acceso al financiamiento internacional, alto y creciente déficit presupuestario financiado por expansión monetaria, sostenida y elevada inflación, mercados de cambio paralelos, creciente déficit externo con ineficaces controles de movimiento de capitales y mercaderías, drenaje de reservas, creciente costo de subsidio a los servicios públicos sin retornos ni en eficiencia ni en inversión. A esto se sumaba un “default selectivo” de la deuda, un nivel de pobreza por ingresos creciente y muy superior a las cifras oficiales, nula creación de empleo privado y marcado deterioro de los servicios sociales públicos.

Sin embargo, a más de dos años de la nueva gestión, muchos de estos problemas no sólo persisten, sino que además las políticas actuales generaron otras dificultades que van delineando un preocupante proyecto económico y social. Entre las políticas emblemáticas que vienen mostrando fracasos preocupantes cabe mencionar la política monetaria de metas de inflación, el estímulo oficial a la renta financiera por emisión de deuda, el descontrolado ajuste de las tarifas públicas sin mejoras en la producción, inversión y prestación de servicios, la errática política cambiaria, el creciente endeudamiento y su impacto cada vez más preocupante en las cuentas públicas, el persistente desbalance de las cuentas externas, la política en materia salarial, etc.

Las políticas del gobierno de Cambiemos indican que tiene más en claro los errores del gobierno anterior que los errores de gobiernos que han aplicado políticas económicas neoliberales en el pasado y en otras latitudes. En realidad, no estamos frente a un ensayo novedoso y original: la historia argentina muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de políticas de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de “aperturismo neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucitó visiones y políticas cuya inconsistencia se ha probado de modo acabado en el pasado, tanto aquí como en otras economías; políticas que llevan a mayores desigualdades distributivas y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo, monetarias y fiscales. 

Desde esta perspectiva, consideramos que debería analizarse el estrecho y confuso debate entre “gradualismo” y “shock” que aparentemente enfrenta a quienes buscan imponer el modelo aperturista neoliberal en el país. Este debate sobre los “ritmos” o la “velocidad” de los procesos en realidad oculta lo verdaderamente importante: los objetivos que buscan dichos procesos. El problema es que el gobierno busca imponer un modelo que profundiza un régimen económico liderado por las rentas extractivistas - ligada a los recursos naturales-, la renta financiera y las ganancias de las corporaciones más concentradas del poder económico. Es en este sentido que hay que entender la “normalización” de la economía de la que constantemente habla el gobierno. 

La cuestión de las tarifas de los servicios públicos, y en especial respecto de la energía, ejemplifica lo anterior. La política oficial pretende “recomponer las señales de los precios”, afirmando que así recuperará producción, inversión y autoabastecimiento. Equivoca el camino: la energía y los recursos naturales son bienes comunes, lo cual implica reafirmar su carácter colectivo, colocarlos al servicio del conjunto del sistema económico y social, en una línea de respeto y cuidado por el ambiente. Si bien se trata de un sector económico mercantilizado, su carácter estratégico es evidente a poco que se piense que es un insumo de uso generalizado e ineludible por todos los agentes económicos, por lo cual la política debe contemplar los intereses del conjunto y no sólo de las corporaciones directamente vinculadas al mismo. Lejos de entenderlo así, el gobierno coloca el conjunto del sector energético al servicio de las ganancias corporativas, tal como lo muestra el subsidio a los hidrocarburos, muy especialmente orientados a los no convencionales. Esto explica los resultados desesperantes: sube la inflación y a su vez, baja la producción y la inversión. En otras palabras, con la política oficial los recursos públicos se orientan hacia uno de los sectores más ricos y concentrados de la economía con resultados negativos, mientras resta fondos para sectores socialmente críticos –como la educación y la salud-, a la vez que se incrementan los daños ambientales, tanto a nivel local como global (cambio climático).

Ante las repercusiones negativas de su política, el gobierno pretende compensar el impacto de la suba de tarifas con baja de impuestos sobre los servicios públicos. O sea, para garantizar las ganancias de las corporaciones y sin que se sepa muy bien a cambio de qué, el gobierno alienta la inflación y pierde recursos públicos. Lo anterior no pretende defender la carga impositiva regresiva sobre los consumos energéticos ni tampoco sugiere que debería continuar la política de subsidios del gobierno anterior. Lo que busca es señalar que una vez más la política en esta área estratégica está plagada de contradicciones y al servicio de grupos de interés sectoriales. 

Por otra parte, es sabido que la reforma impositiva es una deuda pendiente de nuestra democracia. Más allá de las declamaciones, ningún gobierno se ha abocado seriamente a realizar una reforma progresiva. Así, cualquier gobierno que apuntara a ella, debería efectivamente preocuparse por bajar impuestos regresivos, compensando dicha baja con el aumento de impuestos progresivos, por ejemplo, a los grandes patrimonios de los que parecen disfrutar muchos de los actuales y exfuncionarios públicos, a la elevada renta financiera que garantiza el propio estado, a las grandes herencias, entre otros. No sólo que esta reforma no figura en la agenda de Cambiemos sino que su insistencia en la necesidad de bajar impuestos tiende a agravar el déficit fiscal que sigue en niveles similares al del gobierno anterior. El análisis comparado muestra que el problema no es el nivel de presión tributaria, sino su sesgo regresivo. Y no es este sesgo el que busca cambiar el gobierno que ofreció uno de los blanqueos de capitales más vergonzosos de la historia. 

Desde la perspectiva descripta debe comprenderse el fracaso de la política oficial contra otro emblema del pensamiento ortodoxo: la inflación. Aquí no puede fingir “fallas de mercado” ni “herencia recibida”. La persistente inflación se vincula directamente con su ineficaz política monetaria, el crecimiento de los precios de los servicios públicos, la libertad de las corporaciones para formar precios, la errática política cambiaria, entre otros. Es muy preocupante observar que, ante el fracaso de sus políticas contra la inflación, el gobierno sólo propone la baja de salarios reales, el ajuste de beneficios sociales y la mayor suba de tasas de interés. Parece que para el gobierno, para bajar la inflación hay que flexibilizar el trabajo (bajar salarios) y aumentar la renta financiera, mientras se suben tarifas y se bajan impuestos (mayor déficit fiscal).

Otro argumento reiterado por este tipo de ensayo económico es que todo se normalizará cuando lleguen las inversiones externas, gracias a la confianza recuperada en el país. No sólo que las turbulencias financieras recientes contradicen esta expectativa, sino que además la experiencia dice que la inversión productiva depende de elementos que por ahora no están presentes. ¿Quiénes van a invertir genuinamente con una política tan errática y proclive a generar altas rentas financieras de corto plazo?  ¿Cómo se va a generar confianza de largo plazo si la competitividad que se pretende pasa por la vía de menos impuestos y más ajuste de costo laboral? Finalmente, ¿quién va a invertir en un país con endeudamiento, desequilibrios en cuentas externas y fiscales y un gobierno que no logra coordinar su política monetaria y cambiaria? En esta línea, no es extraño que los propios ministros del gobierno declaren tener la mayor parte de su riqueza en el exterior, argumentando que no tienen confianza en que la política oficial cambie las condiciones económicas del país.

Que no se repatrien los recursos de los propios funcionarios de gobierno parece una consecuencia natural de un contexto en donde las políticas agravan cada vez más el déficit en el sector externo, algo que -la historia nos enseña también- representa otra marca registrada de políticas de aperturismo neoliberal. Mientras tanto, sigue creciendo el consumo de argentinos en el exterior, siguen aumentando las importaciones y la salida de capitales (por cierto, otro ejemplo del poco éxito de la confianza que supuestamente generaría el publicitado blanqueo de capitales). Efectivamente, el crecimiento de las reservas solo se debe a la entrada de capitales financieros, los cuales sabemos, tarde o temprano saldrán en busca de “calidad” en el exterior.

A estas preocupaciones se suma la riesgosa apuesta por las inversiones en infraestructura mediante contratos de participación público-privada. El argumento oficial señala las ventajas de corto plazo: son los privados los que gastan en obras de gran necesidad y visibilidad. Pero lo cierto es que hay muchos costos que son inciertos y se transfieren a futuro, como los de financiamiento y ajuste hasta el final de las obras, sin considerar que otra vez el gobierno compromete múltiples “incentivos fiscales” (desgravaciones y diferimientos de IVA y Ganancias) más avales y garantías que comprometen recursos públicos. Una vez más, la experiencia comparada, fundamentalmente en países con gobiernos afines a la ideología neoliberal de Cambiemos, no es muy positiva en la materia.

También preocupa las reiteradas políticas regresivas en el área laboral. Una vez más se afirma que el empleo debe estar atado al crecimiento, el cual vendría con las inversiones. En su favor, el gobierno esgrime los datos positivos del último año. Sin embargo, la experiencia indica que se trata de un rebote de los pisos previos, el cual está alentado por el empuje de la demanda proveniente del ingreso de capitales, antes que por un resultado de inversión productiva. Además, el empleo que (lentamente) se ha recuperado es sobre todo informal y precario, a lo que se suma la presión por negociar salarios por debajo de la inflación culpando al “costo laboral” de los problemas de competitividad del país. En todo caso, un planteo progresivo apuntaría a estrechar la dispersión productiva y salarial, no a bajar los salarios de quienes menos ganan; basta mirar la experiencia de los países nórdicos para entender que éste es el camino para una economía innovadora, competitiva y sobre todo, más igualitaria.

Otro tema preocupante se advierte en relación con las políticas sociales, tema que merece un documento en sí mismo. En realidad, en este análisis nos interesa destacar la “funcionalidad” que adquiere la política social dentro del esquema propuesto por Cambiemos. El gobierno reivindica hasta aquí la continuidad de algunas políticas sociales de la gestión anterior, reclamando un costado “social”, que supuestamente lo diferenciaría de experiencias neoliberales previas. Sin embargo, los cambios aplicados hasta la fecha están ampliando la dispersión de beneficios, al tiempo que exigen más condiciones de acceso y refuerzan la fragmentación institucional de los beneficios. Así, se profundiza la tendencia heredada del gobierno anterior de degradación de servicios públicos de salud y educación junto con políticas asistenciales cada vez más condicionadas. En esa línea, el gobierno corrobora que las políticas asistenciales heredadas en el área social tenían y continúan teniendo la función de legitimar socialmente la consolidación de un régimen económico liderado por las ganancias y las rentas financieras de las grandes corporaciones.

En suma, basta mirar la historia para alarmarse respecto de los objetivos y los resultados que trae consigo este nuevo ciclo de aperturismo económico neoliberal, sustentado en políticas públicas que favorecen el endeudamiento, el desfinanciamiento fiscal, la renta financiera y las ganancias corporativas. Así, más allá de los matices o especificidades, la historia enseña que con dichas políticas resulta muy difícil que la inversión productiva se recupere, que una política monetaria atenta a garantizar la renta financiera remueva las raíces de la inflación, que la promoción de las rentas extractivas de bienes naturales mejore la desestructuración productiva y la inserción subordinada del país en la economía internacional. Queda claro que, en el área económica, el gobierno de Cambiemos, lejos de representar un gran cambio, sintetiza una fase más, adaptada a los tiempos presentes, de los típicos ciclos de apertura económica neoliberal que suceden a la crisis de un ciclo de expansionismo proteccionista en nuestro país.

La actual crisis y la vuelta el FMI dan cuenta de los problemas estructurales de la estrategia económica del gobierno hasta aquí reseñada. Al igual que sucedió en otras crisis de regímenes neoliberales, el gobierno de Cambiemos reacciona tardíamente a los cambios internacionales, no entiende que la tasa de interés no es un instrumento antiinflacionario en economías como la argentina y tampoco pondera que la política de endeudamiento con desequilibrios estructurales lo vuelve muy vulnerable a los arbitrajes de los especuladores financieros. Tampoco parece comprender que el mercado interno necesita una reactivación que no se va a lograr con erráticas políticas que alteran la relación de precios para cualquier productor. Finalmente, vuelve a cometer un error ya reiterado al pretender que el “riesgo país” se puede bajar con discursos abstractos promercado en lugar de políticas consistentes. Los ajustes circunstanciales del tipo de cambio, la suba del riesgo país, el crecimiento de la inflación son expresión de un conjunto de inconsistencias de la política económica y no de medidas aisladas. 

Todo lo dicho hasta aquí arroja conclusiones claras sobre el carácter de este gobierno, reflejado en su política económica: por un lado, se trata de una política abiertamente desigualadora, que genera mayores brechas sociales y beneficia a los sectores más concentrados; por otro lado, sin siquiera garantizar inversiones, consolida una política muy vulnerable por su fuerte dependencia de los mercados financieros y por el sostenimiento de las ganancias a las grandes corporaciones. El reciente anuncio de un acuerdo con el FMI para “apalancar” la continuidad de la política monetaria y financiera es el lamentable broche de un gobierno perdido en su propio laberinto y que lejos de apuntar al futuro retrotrae al país a repetir frustrantes experiencias pasadas. Se termina así el breve auge de crecimiento económico empujado por capitales de préstamo y déficit público. En un país cada vez más endeudado, nuevamente se fortalecen los acreedores y los certificados de buena conducta del FMI. Los impactos negativos en materia económica y social son por demás conocidos. El ciclo económico al que parece condenado el país en la democracia argentina vuelve a repetirse.



Rubén Lo Vuolo, Roberto Gargarella, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Alicia Lissidini, Patricia Pintos, Enrique Viale

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