3 may. 2016

Personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas

Gracias a la Legislatura de la Ciudad, por designarme Personalidad Destacada de las Cs. Jurídicas¡

2 may. 2016

Sobre los escraches

(publicado en La Naciòn, hoy acà)

Ante la invitación a escribir sobre la difícil cuestión de los “escraches”, aparece siempre una salida sencilla -una “carta ganadora”- que lo tienta a uno. Se trata de decir que los escraches son actos bárbaros, prohijados por el fascismo; una afirmación que se refuerza e ilustra luego agregando referencias tales como la de que los nazis pintaban las puertas de (“escrachaban a”) sus “enemigos”. Parece claro: si “escrachar” implica un acto nazi en su naturaleza, toda duda que se manifieste sobre el tema parece acercarlo a uno a la defensa del nazismo. La alternativa, por tanto, de la “condena total”al “escrache” es fácil de seguir, y cómoda para el que la sigue: uno fija posición contra el nazismo, obtiene un aplauso fácil, y todosquedan conformes. No es éste, sin embargo, el camino que quisiera tomar en este texto. 

Tampoco me interesa el camino alternativo, esto es, la solución “boba” que habitualmente emerge como opción frente a la primera. Según esta alternativa, todo “escrache” es “expresión”, y toda expresión debe ser respetada, particularmente si la llevan a cabo “sectores populares”. Ambas posturas (la alternativa sencilla, y la “boba”) representan, en realidad, posiciones falaces, por tomarindebidamente a una parte posible como el todo. Que haya actos fascistas que podamos identificar con el “escrache”, no quiere decir que todos los actos de “escrache” sean fascistas; y que haya expresiones populares disruptivas y justificadas no quiere decir, tampoco, que todas las expresiones populares, por serlo, estén justificadas, con independencia de sus modos.Contra tales posturas, en lo que sigue, voy a explorar un camino diferente (no necesariamente “intermedio”) que pretende contribuir a que pensemos mejor sobre el tema. Para los defensores de las soluciones “absolutas”, fáciles o “bobas,” lo recomendable es abandonar aquí la lectura de este texto.

Para quienes siguen leyendo, lo primero que conviene hacer es definir al término “escrache” Entiendo por tal a un acto (normalmente una acción colectiva), de señalamiento y repudio hacia alguna persona (habitualmente una persona pública), destinado a condenar a la misma por alguna reprensible acción pasada. Una primera cuestión que se deriva de esta definición, es que los “escraches” pueden ser de tipos muy distintos (i.e., violentos,estruendosos, silenciosos,inocuos). Por lo mismo, resulta un error la propuesta de una solución o respuesta común para cualquier tipo de “escrache”.

Es importante señalar, además, que hay muchas conductas que condenamos, pero que no ameritan que hagamos llamado alguno a la coerción estatal. Todos los días, por ejemplo, escuchamos a gente hablando en sus celulares, y declarando a sus interlocutores que se encuentran en un lugar en donde en verdad no se encuentran. Se trata de conductas que pueden molestarnos, pero que no justifican de ningún modo la intervención estatal. En segundo lugar, hay conductas que sí ameritan algún tipo de reproche estatal, pero que de ningún modorequieren las formas habituales, intrusivas y violentas, de dicha coerción (por ejemplo, la cárcel). Un funcionario público que llega siempre tarde a su trabajo merece algún tipo de respuesta y condena estatal, pero todos entendemos que esa respuesta no debe ser ni intrusiva ni violenta. Lo mismo con los “escraches”: necesitamos ver de qué tipo de “escrache” se trata, asumiendo desde ya que algunos no merecen respuesta alguna, y que otros pueden merecen nuestro reproche o condena, sin involucrar necesariamente al uso del aparato coercitivo.

Conviene distinguir, también, entre actos fundamentalmente expresivos, que pueden ser verbales o no, y actos que son fundamentalmente otra cosa (i.e., agresiones físicas), a pesar de involucrar aspectos expresivos. Por ejemplo, la “quema de bandera” es considerada habitualmente una acción expresiva (aunque no incluya “palabras”), y por tanto, y como tal, suele verse como una acción jurídicamente protegida. En cambio, la piedra que se le arroja a un político, merece ser vista fundamentalmente como parte de una agresión física condenable, por más que esa agresión manifieste, también, una expresión política.

Otra distinción central en la materia tiene que ver con el involucramiento o no del Estado en la misma acción del “escrache”. Lo que nos horroriza de los ejemplos que nos remiten al fascismo y al nazismo tiene que ver, muy especialmente, con la presencia del Estado (un Estado autoritario o totalitario) en el trasfondo: cuando el Estado auspicia, promueve o de otros modos aparece “detrás” de los “escraches”, éstos tienden a adquirir su rostro más temible. Cuando el Estado no está detrás de los escraches, sino “enfrente,”nuestras intuiciones tienden a (y merecen) ser diferentes. Es lo que ocurrió en los 90, en nuestro país, cuando la agrupación H.I.J.O.S decidió enfrentar la impunidad y las leyes de amnistía manifestándose frente a la casa de torturadores y cómplices de la dictadura. En el marco de una condenable e injustificada impunidad, las acciones de H.I.J.O.S. resultaron controvertidas, pero en algunos casos, me animaría a decir, justificadas. Confluían allí varios elementos que allanaban el camino de su justificación. Por un lado, se estaba frente a inconductas gravísimas (actos de tortura, por ejemplo), auspiciados por el Estado; que fueron seguidas luego por acciones y omisiones estatales inaceptables (como la omisión de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad). Por otro lado, había en muchos de aquellos actos de “escrache” un intento de llevar adelante lo que el catedrático Owen Fiss denominaría actos de “confrontación moral”, esto es decir, actos orientados a modificar conductas, no a través de la fuerza persuasiva de un argumento, sino demostrando la seriedad o gravedad moral de ciertas acciones pasadas.

Distinciones comolas anteriores pueden ayudarnos a salir de algunos de los atolladeros en que parece encallada la discusión de hoy en la materia, en donde distintos grupos de un país todavíapolarizado, se disputan por distinguir a su gusto entre “escraches buenos” (“los que hacemos nosotros”) y “malos” (“los que nos hacen los otros”). Contra esas arbitrarias simplificaciones, ahora es posible avanzar un poco mejor en el debate. Podemos aclarar, por ejemplo, por qué repudiamos muchas acciones de “escrache” producidas durante el gobierno anterior: ocurre que se trataba de acciones auspiciadas por elpoderío coercitivo y los cuantiosos recursos económicos del Estado (i.e., programas de televisión dedicados, día tras día, a humillar a adversarios, cobardemente y en su ausencia), y no de acciones “espontáneas” provocadas por sujetos abandonados a su suerte, o perseguidos por el Estado. Podemos explicar (cosa distinta a justificar) algunos de los “escraches” que se dan en estos días, a partir de sujetos que, como en los 90, entienden que el poder es impune; que la justicia trabaja para los poderosos; y que, a pesar de evidencias impensadas, desmesuradas, únicas, nadie del poder pagará nunca por sus crímenes. Podemos entender cuándo y por qué ciertos “escraches” generan mayor empatía: se trata, muchas veces, de acciones de repudio a alguna figura pública que cometió faltas gravísimas, y al que su poder de influencia lo convierte en impune. Eventualmente, podremos advertir también que ciertos “escraches” (imaginemos, el abucheo a un funcionario público acusado por faltas gravísimas, en un estadio de fútbol) pueden resultarnos simpáticos, o por el contrario desagradables, inapropiados y aún hipócritas, sin que nada de ello justifique que hagamos uso del aparato penal para subrayar nuestra propia postura.En cambio, puede justificarse la convocatoria a la fuerza estatal cuando nos encontramos frente actos fundamentalmente no expresivos (una agresión por ejemplo), y con el objeto de proteger o dejar hablar a quien está amenazado de violencia, o de reprender a quien indebidamente ha ejercido esa violencia. En todo caso, la lección se mantiene: no todo es lo mismo, no todo da lo mismo, ni corresponde ofrecer respuestas únicas para casos que son fundamentalmente distintos.

1 may. 2016

J.Waldron: Political Political Theory 4

En el capítulo 6 de su nuevo libro, y en tren de defender la primacía del Congreso sobre el control judicial, Waldron deja en claro que esa afirmación no lo lleva a abandonar la reivindicación de la democracia representativa, por sobre la democracia directa. 

Dice Waldron: "Muchos han asumido a partir de mi trabajo sobre la revisión judicial, y del hecho de que esté basado en principios de legitimidad democrática e igualdad política, que por lo mismo debo estar en favor de que las personas, por sí mismas, voten directamente y como iguales a las leyes que van a gobernarlos." Se dice -agrega- que cualquier concesión o limitación al respecto no puede aceptarse porque implicaría (tanto a nivel legislativo como judicial) una delegación de autoridad que deja de lado la participación política del ciudadano común.

Sin embargo, agrega Waldron, tales visiones son equivocadas, porque la representación constituye, en lo que hace a la creación de leyes, una alternativa democrática mejor. Y, en lo que concierne al control judicial, el problema no es sólo el aislamiento en relación con la gente, sino, y sobre todo, su falta de credenciales democráticas adecuadas -que el legislador sí posee.

Para afirmar este punto, Waldron se basa directamente en el trabajo de Nadia Urbinati (profesora también de Columbia University, y gran amiga de este blog), y sobre todo en el libro de Nadia, "Representative democracy. Principles and Genealogy."

En línea con el pensamiento de Urbinati, Waldron sostiene que "la abstracción de la representación implica una forma particularmente apropiada para la creación legislativa, en donde luchamos para la construcción de normas abstractas, abstractas en el sentido de generales -esto es decir no directivas enfocadas en una persona o situación particular...como podría estarlo una decisión judicial, al menos en primera instancia"

Tenemos que ver, de todos modos, más en detalle, sus argumentos. Ya llegamos a ellos.

27 abr. 2016

J. Waldron: Political Political Theory 3

Hay 6 temas, en particular, que resaltaría -arbitrariamente- del libro, como temas que merecen subrayarse del mismo, y que más me han interesado.

El primero es el de los "principios procedimentales de la legislación", de los que me ocupara en el post anterior, y que implican el establecimiento de parámetros críticos en el análisis de la legislación y el funcionamiento del Congreso (me siento reivindicado en la crítica a las leyes que no han pasado ciertos filtros mínimos de debate).

El segundo es su insistencia (se trata de un tema del que escribiera bastante) en una perspectiva aristotélica, sobre el valor de la multitud, el número, que vincula Waldron con el tamaño o size del Congreso. Lo relevante tiene que ver con la diversidad de perspectivas e intereses que ingresan a la elaboración de leyes, a través de ese número. Se trata de una línea de argumentación muy afín a la visión epistémica de la democracia que Carlos Nino defendiera, por ejemplo.

El tercero tiene que ver con una mirada renovadamente crítica sobre los modos de la interpretación judicial, a la que asocia con "sofisticados, pero moralmente distractivos, legalismos esotéricos".

El cuarto es una defensa, para mí muy problemática, del valor de la democracia representativa sobre la democracia directa que, según confiesa, muchos esperan como derivado natural de su habitual crítica a la revisión judicial. Si puedo, otro día vuelvo sobre esto.

El quinto tiene que ver con su análisis del valor de la separación de poderes y el bicameralismo, que reivindica, en contra de análisis institucionalistas como los Eric Posner y Adrian Vermeule, que en su defensa de un presidencialismo concentrado, consideran aquellos principios como una rémora del pasado, que merece dejarse de lado.  

El sexto, tiene que ver con su reivindicación general del enfoque institucionalista o centrado en las instituciones, contra la filosofía política (estilo Berlin) que olvida, menosprecia o deja de lado tales preocupaciones (algo de esto dije en mis posts 1 y 2 sobre el tema).

26 abr. 2016

J. Waldron: Political Political Theory 2


En su texto "Principios sobre la legislación," capítulo 7 de su último libro, Waldron distingue entre modos diferentes de acercarse a la legislación (y a las cuestiones institucionales en general) desde la filosofía política. 

Esas posiciones diferentes incluyen, por supuesto, la total indiferencia frente al tema institucional, propia de una parte relevante de la academia anglosajona, que Waldron tipifica con los trabajos de Isaiah Berlin. Pero luego viene lo importante. 

Entre quienes se ocupan del tema Waldron clasifica, en primer lugar, a aquellos que han pensado en 1) principios sustantivos para organizar u ordenar a la legislación, como es el caso de Bentham y el principio de la maximización de la utilidad general; y Rawls, y sus dos principios de justicia. 

Luego, distingue a aquellos que han elaborado en 2) principios formales de la legislación, como Lon Fuller, que pensaba en principios tales como la generalidad, estabilidad, inteligibilidad, consistencia, practicabilidad y publicidad de las leyes.

Finalmente, se refiere a los casos que más le interesan -posiciones como las que él mismo avanza- que tienen que ver con el establecimiento de 3) principios procedimentales que debe cumplir la legislación (principios que, como los de Fuller, no ve como meramente instrumentales sino también, en un sentido importante, como principios morales). Se trata de principios sobre cómo es que la legislación debe ser elaborada, quiénes deben participar en ella, o el espíritu que debe guiar a quienes intervienen.

Waldron sugiere entonces una serie de principios, que incluyen varios de relevancia para quienes estamos interesados en la democracia deliberativa (sobre todo por venir de alguien que no lo está), como los de que debe darse voz y tomar información de parte de todas las "opiniones e intereses" diversos existentes en la sociedad; o el principio de "deliberación", que incluye ciertos deberes y responsabilidades sobre cómo llevar a cabo la discusión parlamentaria; o un principio de formalidad legislativa, que incluye uno sobre la "estructura del debate"; o uno de "igualdad política y decisión mayoritaria".

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La distinción entre estos tres grupos de teorías es enriquecedor, y también el tratamiento que Waldron le da a cada uno de estos principios procedimentales. También, su trabajo ayuda a dar fuerza a su teoría pro-legislativa, que partió de una crítica profunda a la revisión judicial, contraponiendo a la "pintura rosa" con que se describía, desde la academia central, al control judicial, otra "pintura rosa" con la que él describía al trabajo del Congreso. En este nuevo libro, en cambio, la foto de tapa es la de un grupo de parlamentarios tomándose a golpes (digámoslo así, la "pintura rosa" quedó atrás), y los principios que sugiere para organizar y pensar críticamente la labor legislativa, parten de eso: de la necesidad de construir un ideal desde donde criticar la práctica parlamentaria efectiva. Se trata, en ese sentido, de un paso importante en su visión, que cubre un vacío importante que uno podía señalar sobre su trabajo (la carencia de una "teoría -crítica- sobre el legislativo").

25 abr. 2016

J.Waldron: Political Political Theory


El último, interesante pero peculiar libro de J.Waldron, se llama Political political theory, y en parte es una compilación de algunos artículos recientes ya publicados. Los artículos reflejan su paso fuerte pero efímero como profesor en Oxford, en donde JW ocupara el lugar que fuera de G.A.Cohen (el libro se abre con su discurso inaugural en esa cátedra). Incluye algún texto que circulara mucho, aunque no fuera cercano a lo mejor de su obra, “Constitucionalismo: A Skeptical View”; otro que fuera una especie de punto culminante de sus escritos críticos sobre la revisión judicial, “The Core of the case against Judicial Review”, que supiera revisar críticamente Juan B. (a cargo hoy de una traducción/compilación de textos de Waldron, que publicaremos desde Igualitaria en Siglo XXI); un lindo texto sobre un tema ya trillado en su obra, referido al modo en que dentro de la Corte opera el judicialmente repudiado principio de las mayorías (“Five to Four: Why Do Bare Majorities Rule on Courts?”); y varios sobre la contracara de su crítica a la revisión judicial, esto es, “la dignidad de la legislación.” También hay algunas críticas a Isaiah Berlin y su filosofía política no-institucionalista, y un elogio a H.Arendt. El texto que más me interesó -para mí, el más importante del libro- es “Principles of Legislation,” al que le dedicaré un próximo post.

23 abr. 2016

Cuestiones polìticas no judiciales y corrupciòn



(publicado hoy en Perfil
http://www.perfil.com/contenidos/2016/04/22/noticia_0103.html )

A partir de la causa referida a la venta de dólares a futuro, que involucra a la ex Presidenta, volvió a discutirse en nuestro país la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Dicha doctrina viene a responder preguntas como las siguientes: Qué materias pueden quedar sujetas a la revisión judicial? Pueden los jueces examinar la constitucionalidad de lo que hacen las ramas políticas de gobierno? (i.e., decisiones sobre qué plan económico adoptar, decisiones sobre qué políticas ambientales son las más apropiadas, etc., etc.). Pueden los magistrados condenar o invalidar lo que hacen los funcionarios electos democráticamente? La intuición que guía a la doctrina citada, es que existe una distinción entre las cuestiones legales y las cuestiones políticas, y –consecuentemente- que la jurisdicción de los jueces sólo alcanza a las primeras y nunca a las segundas. Finalmente, las razones que explicarían a la doctrina en cuestión estarían vinculadas esencialmente con temas tales y tan importantes como la separación de poderes. Básicamente, y para decirlo de un modo sencillo y sintético: los políticos son los que han sido elegidos por el pueblo para escoger y poner en práctica políticas públicas –los únicos que tienen legitimidad para ello. Los jueces, en cambio, no tienen autoridad para decidir sobre temas políticos: nadie los ha elegido para dicho fin. Lo que deben hacer, en todo caso, es cuidar que los políticos no sobrepasen los límites que las propias leyes o la Constitución establecen. El respeto a la división de poderes  implica que los miembros de cada rama del poder se ajusten estrictamente al papel que se les ha asignado en la división de trabajo establecida por nuestra Constitución.

Dicho lo anterior, y dada la renovada importancia e influencia adquiridas por la discusión sobre la doctrina de las cuestiones políticas, en lo que sigue voy a precisar algunos detalles en torno a la misma, para luego emprender un análisis crítico sobre ella. Según entiendo, tendemos a pensar esta temática bajo parámetros fundamentalmente equivocados.

La doctrina de las cuestiones políticas nació en los Estados Unidos en el mismo momento en que emergió el control judicial de las leyes (Marbury vs. Madison, 1803). Esa doctrina, tan tempranamente sugerida, se consolidaría a mediados del siglo XIX (en un fallo de 1849, más precisamente), y quedaría mejor y más estrictamente limitada a partir de otro famoso fallo, Baker v. Carr, escrito casi un siglo más tarde (en 1962). En la Argentina, los desarrollos de la doctrina habrían seguido, en grandes rasgos, los transitados por la jurisprudencia norteamericana. Aquí, su aplicación habría comenzando con un fallo de 1893 (Cullen v. Llerena), para ampliar su marco lentamente y durante décadas, hasta alcanzar una forma más firme y restrictiva en años recientes, a partir de una serie de decisiones tan importantes como controvertidas (casos “Fayt,” “Bussi,” “Patti”). En su forma más amplia, las cuestiones que se pretendió quitar del control judicial incluyeron casos tan relevantes y graves como los relacionados con la declaración de la intervención federal, o la determinación del estado de sitio.

Si la doctrina de las cuestiones políticas resulta aceptable, en principio, ello tiene que ver, fundamentalmente, con razones vinculadas con la democracia. En efecto, como vivimos en una democracia, y no bajo el gobierno de expertos o de un grupo ilustrado, tiene sentido que de la política se ocupen los políticos y no los jueces. Todos entendemos que, por ejemplo, cuestiones tan básicas y tan cruciales como las relacionadas con la distribución de recursos económicos deben estar a cargo de los políticos y no de los jueces. Los jueces no tienen credenciales democráticas para decirnos cuál es la mejor o más apropiada política económica, ni tienen el conocimiento para determinarlo, ni tienen las herramientas para seleccionar la mejor opción al respecto. En una democracia, todos rechazamos la idea de un “gobierno de los jueces.”

Eso es así, pero no vayamos tan rápido. En la idea según la cual los asuntos públicos deben ser decididos democráticamente (y no por los tribunales), anidan en verdad varios problemas (i.e., cómo distinguir lo público de lo privado). El más importante, para nuestros propósitos, es el siguiente: qué queremos decir cuando decimos “decisión democrática”? En mi opinión, una decisión democrática es la que regula un tema de interés público conforme a lo que se disponga a partir de procedimientos de discusión mayoritarios e inclusivos, como los regulados por nuestra Constitución.

Para pensar sobre el impacto de lo sugerido, tomemos un primer caso sencillo: Imaginemos que se quiere privatizar la empresa estatal de gas (como ocurrió en 1992), y que el partido mayoritario (el justicialista) no encuentra el quórum suficiente para hacerlo, por lo que recurre a una serie de colaboradores a los que sienta en las bancas como si fueran diputados propios (me refiero al caso de los “diputruchos”). La mayoría legislativa aprueba la privatización. Se trata de una decisión “democrática”, y por tanto ajena al control judicial? Claro que no. Sin embargo, alguno podría decirnos, amparado en la doctrina de las cuestiones políticas, que “en una democracia, sólo el Congreso es soberano para determinar la validez de lo que ocurre puertas adentro de cada Cámara.”
Una zoncera absoluta, amparada bajo la doctrina en cuestión.

Escojamos otro ejemplo. Imaginemos una situación políticamente dramática, como la declaración de estado de sitio en el país, o la intervención federal en una provincia. Pocas situaciones resultan, constitucionalmente hablando, tan irritativas como aquellas, dado que pocas ocasiones, como las citadas, son tan proclives a generar gravísimas violaciones de derechos. Por lo tanto, podría pensarse, pocas ocasiones más que aquellas deberían quedar estrictamente sujetas a una permanente supervisión judicial. Sin embargo, otra vez, gracias a la “mancha de aceite” que fue extendiendo en su momento la doctrina de las cuestiones políticas, tales decisiones, tan tremendamente peligrosas, fueron escapando subrepticiamente del control judicial más riguroso. Ello, otra vez, bajo la idea de que “en una democracia, es la política la que decide sobre estas graves cosas”. Qué paradoja, podría decirse: se ha ido impidiendo el control judicial en los temas en donde más debería exigírselo, a la vez que abriendo el camino al mismo en circunstancias que deberían serle ajenas.

Pensemos en un caso más difícil: el art. 78 de la Constitución dice que, luego de que una Cámara aprueba un proyecto de ley, el mismo debe ser “discutido” por la otra Cámara –una exigencia deliberativa que la Constitución asume y ratifica en varios otros artículos, de modo explícito (i.e., art. 100 inc. 9, art. 106). A pesar de esas palabras explicitas de la Constitución, la vasta mayoría de la doctrina considera inaceptable el solo pensar que un tribunal pueda impugnar un proyecto aprobado, en razón de que el mismo no fue sometido ni a una mínima deliberación legislativa (como ocurriera en su momento con la de reforma del Consejo de la Magistratura, o la extensión de los “super-poderes” presidenciales). De modo casi unánime, se considera ridícula la misma posibilidad de ejercer un control semejante. Se nos dice: “en democracia la justicia no puede inmiscuirse en asuntos que son propios de la legislatura.” Una vez más, la doctrina de las cuestiones políticas nos decepciona (invocando además la idea de respeto a la democracia), sugiriendo una solución exactamente contraria a la que debiera exigirse.

Los mismos parámetros que he propuesto hasta aquí son los deberían aplicarse si habláramos de una decisión eminentemente política que sin embargo viola de modo gravísimo derechos básicos (como podría ocurrir durante un estado de sitio, pero también, a partir de una medida económica que, por caso, anulara o pusiera en crisis radical ciertos derechos sociales de rango constitucional); o nos refiriéramos a una decisión puramente política que importa, sin embargo, la comisión de un delito. Entonces, y para concluir: debemos evitar el uso torpe, atolondrado, finalmente manipulativo o injustificado de la doctrina de las cuestiones políticas, como el que parece dominante en el discurso público de nuestro país. Ello, porque el uso indebido de dicha doctrina viene a servir a fines directamente contrarios a los principios democráticos que se invocan para sostenerla.




21 abr. 2016

Judith Butler: Asambleas y pueblo


En su nuevo libro, “Notes Toward a Performative Theory of Assembly,” Judith Butler teoriza sobre las asambleas públicas, y en particular sobre su relación con la idea de “pueblo”: cualquier asamblea reclama para sí la representación de la voluntad del pueblo. Dice Butler –y el punto es interesante- “ninguna fotografía de la multitud puede representar al pueblo cuando no todo el pueblo tiene el poder de realizar una asamblea en la calle, o al menos no en la misma calle…Muchas veces, el pueblo, o parte de él, se encuentra confinado o está ausente o lejos de la vista de la calle o la cámara –son incapturables… Algunos no se pueden reunir en asamblea porque no pueden unirse a ella, o porque están confinados a algún lugar, muchos viven en los márgenes de la metrópolis, otros están congregados en los bordes en campos de refugiados, esperando su documentación, o ser transferidos, o conseguir un techo, y otros más están en prisión o detenidos en campos…Todo esto significa que “el pueblo” nunca llega realmente, como una presencia colectiva…quien sea el pueblo, sin duda está internamente dividido, y aparece en modo diferenciado, secuencial, o de ningún modo, o en cierta parte, y probablemente en alguna medida aparece tanto reunido como disperso y, finamente, NO como una unidad.”

18 abr. 2016

Machiavelli: corrupción, desigualdad y concentración de poder

Il amico Maurizio Viroli, el máximo conocedor mundial del pensamiento de Niccolo Machiavelli, acaba de sacar un librito con gracia, sobre los consejos de Machiavelli a los ciudadanos (antes que al príncipe). Viroli selecciona una veintena de "consejos" dados por el pensador italiano, perdidos en sus escritos de aquí y de allí. Viroli toma cada uno de ellos, los expande y aplica a la reflexión sobre la política contemporánea, apoyado fundamentalmente en otros textos de y sobre Machiavelli. La idea es que sea la voz de Machiavelli la que resalta, principal y decididamente, en el libro.

El consejo n. 10, dice que "Es muy difícil, sino imposible, mantener la libertad en una república que ha devenido corrupta. o a partir de allí restablecer la república". Y agrega que "dado que la corrupción es una de las amenazas más letales a la libertad, pelear contra ella debe ser una de las máximas prioridades de cualquier líder serio."

A partir de algunas citas, Viroli extiende la reflexión de Machiavelli, para mostrar de qué modo este último consideraba que la corrupción "(pervertía) el juicio moral y las costumbres, destruyendo así las mismas bases de la vida civil". Lo muestra a Machiavelli hablando del modo en que Florencia se encontraba "infectada" por la corrupción de modo tal que "la unión o la amistad entre los ciudadanos" se perdía, salvo para los casos en que los involucrados estaban unidos por "algún crimen cometido contra otros estados o individuos"

1) Una de las causas que Machiavelli encontraba para explicar la corrupción era la concentración del poder, y la costumbre de vivir bajo el poder del príncipe, que impedía a la ciudadanía conocer el valor del autogobierno y desarrollar los hábitos propios de la ciudadanía.

2) Igualmente dañina sobre el "espíritu cívico" era, en su opinión, la práctica gubernativa de distribuir favores, actuando discrecionalmente -dando a algunos, sin razón, lo que sin razón se negaba a otros.

3) Finalmente, mencionaba la "extrema desigualdad social" como fuente de la corrupción. Las repúblicas que habían sido capaces de mantener su existencia política incontaminada con la corrupción, eran las que habían sido capaces, al mismo tiempo, de mantener la igualdad. 

16 abr. 2016

Profundizaciòn de la grieta, y conflictos sin resolver

Excelente Maristella, implacable contra el kirchnerismo, implacable contra el macrismo. Libertad para hablar, que llamamos. Es muy saludable
http://www.perfil.com/elobservador/Profundizacion-de-la-grieta-y-conflictos-sin-resolver-20160416-0023.html

14 abr. 2016

Justicia, corrupción, política

Publicado en Clarín, acá

Para examinar el triángulo “justicia”, “corrupción” y “política”, comienzo con dos afirmaciones entre obvias y dogmáticas. Primero, las ideologías no han “muerto,” sino que gozan de excelente salud, tal como se advierte en nuestros debates públicos cotidianos. Segundo, en el ámbito jurídico tienden a predominar ideas más bien conservadoras, tal como se manifiesta en la disposición de los jueces a aplicar penas severas, o a desaplicar derechos sociales constitucionalmente consagrados. Dicho esto, es necesario aclarar inmediatamente otras cosas, también vinculadas con el temario anunciado. 

En primer lugar, el predominio conservador en el ámbito legal es compatible con la existencia de algunos abogados, jueces y fiscales moderados, otros muy reformistas y aún otros muy radicalizados. Esto es decir, el campo legal no está dividido en dos territorios (el de la “derecha” y el de la “izquierda”). En segundo lugar, el conservadurismo dominante en la justicia se distribuye todo a lo largo de la comunidad del derecho. Esto es decir, no es cierto que la agrupación jurídica tal o cual reúna a todos los abogados o magistrados más progresistas; como no es verdad que esos dos hipotéticos campos (la izquierda y la derecha jurídicas) tengan algo que ver con grupos políticos específicos –en el caso de nuestro país, no es cierto que el gobierno anterior estuviera asociado al pensamiento jurídico de avanzada, como no es cierto que el nuevo gobierno esté asociado al pensamiento jurídico reaccionario. Las cosas, nos gusten o no, vienen mucho más mezcladas. En tercer lugar, las decisiones jurídicas más salientes en estos tiempos –en temas muy diversos pero de modo especial, en la actualidad, en los relacionados con la corrupción política- no se explican por razones ideológicas, como algunos se empeñan en señalarnos. No es cierto, en tal sentido, que en nuestros días exista algo así como un “embate jurídico de la derecha” contra los gobiernos “nacional-populares”, o –en el caso de la Argentina- contra el gobierno anterior. El factor “ideología” tiene muy poca fuerza explicativa frente a cuestiones semejantes.

Dada la importancia que ha adquirido el discurso citado –discurso según el cual “estamos frente a un embate jurídico de la derecha contra gobiernos de izquierda”- me gustaría, en lo que sigue, trazar algunas precisiones. Antes que nada, y aunque no me detendré de este punto (del que me he ocupado en otros lados), simplemente negaría una de las principales premisas presentes en dicho discurso, conforme a la cual nos situamos, en la América Latina de los últimos años, ante gobiernos de izquierda, en todos o casi todos los casos. (Lo cierto es que el actual gobierno de Brasil lleva adelante un plan de ajuste lapidario; el de Venezuela hambrea y reprime sin cuidado a buena parte de sus ciudadanos; el de Ecuador tiene, en materia de género, políticas más retrógradas que las del Vaticano; y el que tuvo la Argentina, como varios otros en la región, llevó los niveles de desigualdad económica a los que eran propios de los años 90, “neoliberales”). Por lo demás, no es cierto que esos gobiernos “nacionales y populares” enfrenten –en su conjunto o mayoritariamente- el embate jurídico de “la derecha.” En Ecuador, Bolivia o Venezuela, para tomar algunos casos salientes, el poder judicial tiende a trabajar junto y a favor de los gobiernos presentes: más que de “derecha” o de “izquierda”, se trata de jueces (lamentablemente) funcionales a los gobiernos de turno. Entonces, de qué embate jurídico de la derecha se habla?

Finalmente, y lo que es más relevante para los propósitos de este texto, no es cierto que los jueces que, en nuestro país, toman decisiones que afectan al gobierno anterior, puedan ser identificados como provenientes de, alineados con, o funcionales a “la derecha.” Por un lado, ciertos niveles descomunales o históricamente extraordinarios de corrupción –como los presentes en la Argentina de Kirchner o el Brasil de Lula- tornaron simplemente imposible la posibilidad de ocultarlos: pocas veces, en la contaminada historia de América Latina, los gobiernos se habían entremezclado tanto con el dinero robado. En segundo lugar, la idea –defendida por algunos voceros del gobierno anterior- según la cual el embate contra la corrupción es “funcional a la derecha” resulta abominable, y debe ser desterrada de nuestro discurso público. El hecho es que, el silencio cómplice habido, frente al saqueo predominante, asestó un golpe mortal a la dignidad del discurso de izquierda con que se florearon o disfrazaron gobiernos tales –ese silencio cómplice, si se quiere, es el que resultó “funcional a la derecha.” Finalmente, los jueces y fiscales que hoy encabezan la persecución de los delitos de corrupción más graves no fueron, años atrás, los paladines de un movimiento idéntico. Quisiéramos disponer de magistrados principistas y comprometidos –lo ansiamos, lo necesitamos- pero no los tenemos. Éste es el pobre abanico moral con el que contamos, y es a partir de aquí desde donde debemos reincorporarnos.