8 dic. 2016

El Acuerdo de Paz en la Corte Constitucional

Insólito e injustificado el papel que me asignan! (aunque sí hablè con varios miembros de la Corte Constitucional sobre el tema). En todo caso, orgulloso de servir a la causa democràtica a favor del Acuerdo, que no es la dominante (domina, segùn entiendo, la corriente "apurada," ya por completo desconfiada del papel que puede y debe jugar la ciudadanìa en ese acuerdo)

http://caracol.com.co/radio/2016/12/06/nacional/1481025604_406040.html

(transcribo la nota de Caracol abajo)



La falta de un fallo de la Corte Constitucional frente a la demanda contra el Acto Legislativo de 2016 que reformó la Carta Política y estableció una hoja de ruta para la implementación del nuevo acuerdo de paz, gira alrededor de lo que se debe entender por "refrendación popular".

Los nueve magistrados están divididos en tres grupos y se acordó que el próximo 12 de diciembre tomarían una decisión de fondo.

Hay cuatro magistrados que piensan que la "refrendación popular" del acuerdo se puede hacer de manera indirecta a través del Congreso. Se trata de Alejandro Linares Cantillo, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Rios y Luis Ernesto Vargas Silva.

Otros cuatro magistrados, de los nueve que tiene la Corte, dicen que se requiere, además de la refrendación popular indirecta, la participación ciudadana. Ellos son la ponente María Victoria Calle, Gloria Ortiz Delgado, Gabriel Eduardo Mendoza y Aquiles Ignacio Arrieta.

Se apoyan en lo que piensa Roberto Gargarella, abogado, sociólogo y escritor argentino, quien pide la participación de los ciudadanos para darle mayor legalidad a los acuerdos. Esta tesis también es compartida por el exmagistrado de la Corte Rodrigo Uprimny, ex director de Dejusticia.

Según Gargarella las modificaciones requieren construirse colectivamente y para su implementación no se deben caer en “apresuramientos o ‘fast track’ propicios para el engaño”… Sostiene que esos son “atajos veloces, destinados a eludir disimuladamente la parsimonia propia de una construcción popular a largo plazo”.

Para el magistrado Luis Guillermo Guerrero la validez del acuerdo requiere de una refrendación popular directa, es decir, que se vuelva a las urnas, en este caso otro plebiscito.

4 dic. 2016

Meditaciones democráticas. Consideraciones en torno a los Acuerdos de Paz, en Colombia


(Publicado hoy en Semana, de Colombia, acá (gracias JT¡¡): 
http://www.semana.com/opinion/articulo/acuerdo-de-paz-meditaciones-democraticas-por-roberto-gargarella/507511# ).
(en la foto, con el amigo Gonzalo RC., y los magistrados de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle (Presidenta de la Corte) y Luis Ernesto Vargas, 3 de los 5 que votaron contra la reelección de Uribe)

En este escrito, quisiera examinar el reciente acuerdo de paz firmado en Colombia entre el actual gobierno y las FARC, bajo un principio de naturaleza democrática que dice lo siguiente: los problemas extraordinarios –extraordinarios en cuanto a su profundidad y extensión- requieren de soluciones también extraordinarias –extraordinarias, otra vez, en cuanto a la fortaleza y amplitud del acuerdo social que exigen para sostenerlas.

El tipo de problemas o dramas en los que estoy pensando pueden tener que ver con temas diversos: situaciones de pobreza extrema que quieren ser removidas; graves niveles de analfabetismo a los que se pretende poner a término; escenarios penitenciarios caracterizados por la presencia de serias violaciones de derechos humanos; situaciones de violencia armada descomunales a las que, como en este caso, se quieren poner un cierre definitivo.

Si la solución que se propone para tales problemas es extensa, en cuanto al número de personas que debe incluir; y profunda, en cuanto al nivel de intensidad u hondura del acuerdo exigido, ello se debe principalmente a dos razones: una razón vinculada con la estabilidad o arraigo que se quiere dar al acuerdo, y otra razón, a la que llamaré epistémica, y que se refiere a la imparcialidad del mismo.

La primera razón tiene que ver con una certeza teórica que necesita corroboración empírica. Siguiendo a Charles Taylor, diría que si se pretende que la medida propuesta –medida que, de un modo u otro, y por la naturaleza del problema, afecta a un sinnúmero de personas- se convierta en estable en el tiempo, ella debe contar con un respaldo social decisivo –ella debe estar apoyada en pilares sólidos. De lo contrario, esperablemente, la solución sugerida va a desmoronarse y caerse, sino a diluirse irremediablemente con el correr de los días.

La segunda razón citada es quizás más importante que la primera, y se vincula directa e íntimamente con la concepción de la democracia que se encuentra detrás de este planteo. La idea es que los problemas de naturaleza estructural que son distintivos de las situaciones de gravedad extraordinaria lo son, al menos en parte, por la dificultad que plantean para su resolución apropiada. A veces ocurre que, por la complejidad de las dificultades que se enfrentan, nadie acierta con una solución adecuada; otras, que se dejan importantes aspectos del problema en juego descuidados; otras más, que no se reconoce la presencia, la dimensión o el peso de ciertas razonables quejas que enarbolan los más afectados por la cuestión en juego. Frente a tal tipo de inconvenientes, que no pueden, esperablemente, resolverse por el genio o el conocimiento omnisciente de ninguna persona o elite, es que se requiere de la consulta y el acuerdo más amplio posibles. Lo que está aquí en juego es lo que Carlos Nino llamaría consideraciones epistémicas. Necesitamos consultar (y aprender de) los puntos de vista más diversos, para no dejar desatendidas o mal atendidas algunas preocupaciones fundamentales que pudieran existir en torno a la solución propuesta, y que –de otro modo- no sabríamos reconocer o sopesar debidamente.  

Lo antedicho, según entiendo, muestra particular valor a la hora de examinar los méritos y deméritos de soluciones a conflictos gravísimos, como las que se expresan en los acuerdos de paz firmados recientemente en Colombia. La posición recién esbozada nos permite desafiar buena parte de las ideas y juicios que circulan en estos días de intensa reflexión sobre la materia. A continuación, me referiré críticamente a algunas de estas proposiciones que he tenido la oportunidad de escuchar o leer recientemente.

En primer lugar, la peculiar posición democrática defendida más arriba rechaza posturas como las que fueran sostenidas recientemente por algunos prominentes políticos y juristas –incluyendo, por caso, al profesor italiano Luigi Ferrajoli. Esta primera posición que quiero objetar sostiene que, sobre ciertos asuntos de primera importancia –incluyendo asuntos relacionados con la paz, la vida, y, en general, todos los “valores y libertades fundamentales”- “no se vota ni se consulta a las mayorías”. Los principios que defendiera en los párrafos previos son, como puede anticiparse, directamente contrarios a lo que sugiere la postura recién citada. Conforme a tales principios, sobre las cuestiones públicas (no las privadas, ya que éstas deben quedar bajo control de cada uno), y particularmente sobre las más importantes, como las referidas, por ejemplo, al uso de la coerción y los recursos comunes, resulta especialmente relevante consultar a la ciudadanía: “lo que afecta a todos debe ser resuelto por todos.” Tan sencillo u obvio como lo dicho: en cuanto ciudadanos, necesitamos discutir y reflexionar colectivamente sobre todo, y particularmente, sobre aquellas cosas que más nos afectan. Decir esto implicar rechazar, por tanto, la noción elitista de la democracia conforme a la cual la misma sólo debe ocuparse de minucias sin mayor importancia, porque todo lo relativo a los “valores y libertades fundamentales” (“el coto vedado” de la democracia, del que hablara el filósofo Ernesto Garzón Valdés; la “esfera de lo indecidible,” de la que hablara Ferrajoli) ha de quedar bajo el control y decisión de un grupo de especialistas o iluminados. Otra vez: necesitamos escuchar a los que no piensan como uno, primero, porque de lo contrario corremos el riesgo de equivocarnos o de no reconocer falencias o límites en nuestras propias posturas; y además, porque queremos asegurarle a la solución propuesta el respaldo que necesita para tornarse una solución estable.[1]

En segundo lugar, la peculiar concepción de la democracia aquí defendida –caracterizada centralmente por rasgos como los de discusión e inclusión- implica desautorizar por completo a otros acercamientos débiles y degradados de la democracia, como los que parecen ser propios de buena parte de las sociedades modernas. En efecto, somos muchos los que vivimos en el marco de regímenes en donde la discusión pública parece estar capturada por el dinero; y en donde amplios sectores de la población resultan social, política y económicamente excluidos. Solemos movernos, entonces, dentro de contextos institucionales degradados, que se encuentran obligados a demostrar su parecido de familia con lo que podemos llamar regímenes democráticos: su contenido democrático no puede tomarse como si estuviera dado. El punto señalado sirve además, y sobre todo, para tomar con más cuidado las invitaciones a una supuesta participación democrática, que se abren con una mano mientras se cierran con la otra. Típicamente, las formas plebiscitarias de la consulta pública interesan, en la medida en que sirvan a la reducción de la actual “brecha democrática” –mientras vengan a ayudarnos a reducir el déficit de inclusión, participación, discusión y decisión populares que distingue a nuestros sistemas de toma de decisiones. Pero entonces, conviene no olvidar esto: si gobernantes autoritarios como Augusto Pinochet o Alberto Fujimori mostraron la propensión a las consultas plebiscitarias, ello se debió a la certeza de que, sin una organización adecuada –sin la presencia de procedimientos apropiados- los plebiscitos tienden a lucir como democráticos, pero a la vez a servir a fines que le son contrarios. En definitiva: defender un papel mucho más importante para la intervención democrática de la ciudadanía no implica defender cualquier invitación a la participación ciudadana, montada de cualquier manera, y –particularmente- en descuido de los requisitos de inclusión, voz, información, debate, etc. que deben ser propios de una conversación extendida. Le damos la bienvenida a los plebiscitos, como a otras formas de la democracia directa, en la medida en que vengan a fortalecer, antes que a socavar, la posibilidad de celebrar acuerdos genuinamente democráticos.

Para expresar el significado de lo anterior de un modo más directo: mi impresión es que –en Colombia como en otros contextos- se han tomado y se siguen tomando muy livianamente las exigencias de “refrendo popular” que políticamente se enuncian y constitucionalmente se estipulan como necesarias. Más específicamente aún, la primera consulta ciudadana que se hiciera en torno al acuerdo de paz, falló gravemente en términos democráticos, no sólo por quedar vinculada a una concepción muy superficial, sino directamente vacía de contenido, de la idea democrática. Una consulta popular mínimamente apropiada requiere de niveles de información, discusión y decisión que en dicha ocasión destacaron por su ausencia. La ciudadanía tuvo poco tiempo para informarse, para debatir sobre las propuestas en juego, y sobre todo para introducir algún mínimo matiz en los acuerdos que las elites habían cerrado y blindado ya de antemano. Para colmo, la ciudadanía debió expresarse binariamente, por un sí o un no, en torno a un acuerdo extensísimo y complejísimo, que requería, como respuesta más natural y esperable, de matices y ajustes múltiples, en atención a una diversidad de reclamos razonables que el mismo suscitaba. Por ello -naturalmente diría, o como podía esperarse- la ciudadanía terminó por mostrar su escepticismo, desconfianza o rechazo al modo en que se la invitaba a formar parte del acuerdo: ella sintió –es mi opinión- que se la invitaba a suscribir un acuerdo extraordinario que se había forjado a sus espaldas, y del que se la había mantenido fundamentalmente ajena. Por razones políticas y constitucionales, es deseable que ese tipo de errores no vuelvan a cometerse.

En tercer lugar, lo señalado hasta aquí implica rechazar el tipo de elitismo anti-democrático que ha comenzado a circular por las esferas públicas internacionales, luego de experiencias como las del Brexit en Gran Bretaña; la victoria republicana en los Estados Unidos; o la derrota de la primera propuesta de paz plebiscitada en Colombia. Contra esta postura podría señalarse, más bien, que en cada uno de tales casos los resultados expresaron menos la “irracionalidad” de la ciudadanía (irracionalidad que muchos quisieron leer en los resultados adversos, para reforzar sus propias convicciones elitistas), que los conocimientos, aprendizajes históricos, capacidad de discernimiento y razonable enojo que la mayoría había madurado en el tiempo. En mi opinión, uno se miente o engaña a sí mismo cuando señala el voto de los demás para calificarlo como insensato o suicida, dejando de advertir, en cambio, la enorme cantidad de reclamos justos, atendibles, posibles y al alcance de la mano que quedaron expresados en el voto contrario al deseado. Por supuesto, entre esos votos adversos se encontraban posiciones irreductibles, oportunistas, propios de políticos que en las elecciones “jugaban otro juego” (seguramente el propio). Pero resulta un craso error no ver que esas derrotas por escasos márgenes se debieron, finalmente, a porcentajes pequeños de gentes cuyas razonables demandas no supieron tomarse en serio. Lo que es peor todavía: a muchas de esas demandas críticas se les respondió diciendo que se estaba frente a un acuerdo imperfecto, pero a la vez, “el mejor posible”, mientras se  anunciaba, al mismo tiempo, el apocalipsis que sucedería en caso de ser desaprobado ese Acuerdo. Apenas días bastaron para demostrar lo obvio: el apocalipsis no llegaba, y el “mejor acuerdo posible” podía ser cambiado en cuestión de horas. Alguien podría decir –yo mismo tal vez- que el segundo Acuerdo no es obviamente mejor que el primero, pero lo importante es otra cosa. Lo importante es constatar la existencia de márgenes significativos para cambiar aquel Acuerdo inicial, reconociendo algunos de los muchos reclamos razonables que levantaban algunos de los eventuales opositores al mismo (opositores que, sensatamente, reconocían impermisibles tensiones constitucionales en el primer Acuerdo; opositores que, aceptando en general, y sabiamente, las formas de la justicia penal alternativa, rechazaban algunos de sus extremos; etc.).

En definitiva -agregaría- si algo unió a consultas como las llevadas a cabo en Gran Bretaña o Colombia fue su déficit democrático, antes que su exceso democrático. Sin oportunidades para expresar su queja ante los gobernantes de turno, la ciudadanía aprovechó la mínima oportunidad que se le abriera para expresar su descontento con la dirigencia en el poder, y su desconfianza hacia las propuestas que se le presentaban para el refrendo. Resulta demasiado cómodo para los derrotados, en cambio, hablar de las “tendencias suicidas” e “irracionales” de los votantes que decidieron votar en contra de lo que uno hubiera deseado. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, en Colombia se rechazara el Acuerdo en los sectores más sometidos a un arsenal de medios hablando a favor de la aprobación del mismo; o se lo respaldara en los lugares más golpeados por el conflicto armado, habla de la capacidad de dilucidación y discriminación por parte de la ciudadanía, y de lo lejos que ella está de ser un “mero títere” de lo que quieren de ella los principales dirigentes políticos, o los más grandes medios de comunicación.

Por supuesto, es necesario entender, cuando se piensa en el caso colombiano (y en particular, cuando lo piensan extranjeros que no viven en el país, como quien esto escribe), las enormes dificultades que son propias de una negociación con la guerrilla; la desesperación justificada por llegar, finalmente, a un acuerdo de paz, luego de tantos años de muerte y violencia; la ansiedad para concretar de una vez por todas la firma del armisticio, cuando se está a punto de hacerlo. Uno necesita tomar debida conciencia de todo aquello. Sin embargo, es mi impresión que muchos caen en los riesgos del formalismo y el legalismo, para pensar que la suscripción de un Acuerdo de Paz construido entre pocos, y carente de mayor sustento popular, es suficiente para sostener a dicho Acuerdo el tiempo, o para dotarlo de su necesario arraigo. Hoy sabemos que es posible firmar un acuerdo pronto, contra reloj, y con formas más simuladas que reales de aprobación popular. Pero es una ilusión creer que esa firma “sin dilación” y sin mayor sustento social va a permitir “dar vuelta definitiva a una hoja de la historia”: la historia sólo puede cambiar de página a partir de acuerdos profundos y extendidos, encarnados en la mente y el cuerpo de los ciudadanos. De allí, entonces, el error de intentar (y volver a intentar) formas de “refrendo popular” que son eso: formas –formas vacías de arraigo. Lo que nos importa es el arraigo social, la sustancia del acuerdo, y no su prestísima firma, sin raíces ni efectivo respaldo.

Alguien pudo decir: “en el marco de una terrible, dificilísima negociación con la guerrilla, no había más espacio político para negociar otros resultados.” Pero, como vimos, esos márgenes se mostraron mucho más flexibles que los anunciados. Otro podrá decir: “el pueblo fue escuchado en su momento, y más de lo que se hizo al respecto, no podía hacerse.” Pero, otra vez, la concepción de la democracia de la que partimos se pronuncia en contra de esta idea. No puede resultar valiosa la situación en donde algunos –aún con las mejores intenciones- se colocan delante de la puerta del acuerdo, para escoger y seleccionar a qué demanda se le dará ingreso en la sala, hasta qué punto y de qué forma. Este camino es sólo una versión más elegante del gobierno de elites, que la ciudadanía luego –esperablemente- volverá a mirar con desconfianza, para rechazarlo de pleno. Podemos insistir con la idea de que “ninguna otra alternativa es (era) posible”, pero la pregunta es entonces “posible para qué?”. Si de lo que se trata es de volver a transitar los caminos del formalismo (“porque dijimos o escribimos tal cosa, tal cosa sucederá”), entonces sí, tal vez se trataba de la única alternativa posible. Pero si lo que queremos es un Acuerdo que perdure más allá de mañana, son otros los pasos que pasan a resultar necesarios.

En conformidad con lo señalado, los requerimientos constitucionales que establece la Carta Magna colombiana no resultan caprichosos, sino sabios: en ella se establecen exigencias altísimas para los cambios de naturaleza constitucional (ocho debates legislativos, por ejemplo), a partir de la asentada, razonable y justa convicción según la cual las modificaciones de naturaleza estructural requieren construirse colectivamente, para quedar asentados en acuerdos sociales de naturaleza excepcional (acuerdos que no se llevan bien, indudablemente, con apresuramientos o fast tracks propicios para el autoengaño). Por ello, conviene no ilusionarse con la utilización de los atajos veloces, destinados a eludir disimuladamente la parsimonia propia de una construcción constitucional para el largo plazo. La Constitución colombiana acertó una vez más, al ordenar que los caminos del cambio estructural se anden con pasos firmes, pesados: se definieron entonces procedimientos demandantes, en pos del logro de compromisos democráticos genuinos, hondos, socialmente asentados. Que así lo sean.

En tal sentido, y por citar sólo un ejemplo: si alguna virtud tuvo la Ley de Medios recientemente aprobada en la Argentina, ella tuvo que ver con el amplio debate público que antecediera a la misma. Esa amplísima discusión pública –elogiada por defensores y opositores de la norma- no fue otra cosa que una “consulta a las mayorías” en un tema directamente relacionado con una de las principales “libertades fundamentales.” La idea de que esa consulta, en esos temas particularmente importantes, no es pertinente o posible, resulta equivocada o falsa (La Ley en cuestión pudo abrirse entonces a las demandas de cooperativas, Universidades y grupos minoritarios que –de no haber mediado esa discusión inclusiva- seguramente hubieran quedado fuera del texto finalmente aprobado). Me animaría a decir, por lo demás, que las graves fallas que mostró la norma, en su implementación, tuvieron que ver con el modo en que se cerró el control sobre la misma, luego de aprobada, de forma tal de dejar a la Ley bajo la tutela de una minoría interesada.

[1] En tal sentido, y por citar sólo un ejemplo: si alguna virtud tuvo la Ley de Medios recientemente aprobada en la Argentina, ella tuvo que ver con el amplio debate público que antecediera a la misma. Esa amplísima discusión pública –elogiada por defensores y opositores de la norma- no fue otra cosa que una “consulta a las mayorías” en un tema directamente relacionado con una de las principales “libertades fundamentales.” La idea de que esa consulta, en esos temas particularmente importantes, no es pertinente o posible, resulta equivocada o falsa (La Ley en cuestión pudo abrirse entonces a las demandas de cooperativas, Universidades y grupos minoritarios que –de no haber mediado esa discusión inclusiva- seguramente hubieran quedado fuera del texto finalmente aprobado). Me animaría a decir, por lo demás, que las graves fallas que mostró la norma, en su implementación, tuvieron que ver con el modo en que se cerró el control sobre la misma, luego de aprobada, de forma tal de dejar a la Ley bajo la tutela de una minoría interesada.
Un nuevo encuentro de discusión con la Cátedra.  Espectacular como siempre. Felicitaciones a todxs¡

2011 San Pedro
2012 San Antonio de Areco
2013 Chascomús
2014 San Miguel del Monte
2015 Suipacha
2016 Tigre

y seguirá la gira


30 nov. 2016

Seminario sobre DESC

Seminario Preparatorio del Workshop sobre Derechos Económicos y Sociales  

El objetivo del seminario preparatorio es leer, analizar y discutir la biografía, conforme el programa que se envía adjunto, relevante sobre el contenido de los derechos humanos económicos y sociales a fin de que los/as estudiantes cuenten con más herramientas para la participación en el Workshop que se realizará en marzo. El seminario es de naturaleza intensiva. Por esa razón hay varias lecturas, todas en inglés, para cada sesión. No habrá una exposición magistral a cargo de un docente, sino que cada sesión se destinara a la discusión de principio a fin bajo el supuesto de que los/as participantes conocen los textos. La coordinación del seminario estará cargo del Dr. Julio Montero (UBA/CONICET) y del Dr. Mariano Garreta Leclercq (UBA/CONICET).

Las sesiones tendrán lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 6, 13, 16 y 20 de Diciembre en la Sala Vélez Sarsfield de 17 a 19 hs, bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos (CDH).

Se requiere inscripción previa y el material se hará llegar a quienes se inscriban. Para inscripción, escribir a: cdh@derecho.uba.ar. Cupo limitado para 50 personas. 

El seminario preparatorio como asimismo el Workshop a realizarse en marzo se inscriben en un proyecto para la construcción de una red de filosofía política analítica entre University College London (Reino Unido), el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (México) y el Centro de Investigaciones Filosóficas (Argentina). El tema de la red aborda problemas vinculados a la fundamentación de los derechos humanos económicos y sociales, prestando especial atención a la cláusula de realización progresiva según el máximo de los recursos disponibles y a su implementación por la vía judicial.

Aborto en Brasil no es crimen en los primeros tres meses, según la Corte (con link a la sentencia)


LA SENTENCIA, ACA

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC124306LRB.pdf

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/aborto-no-crimen-primer-trimestre-de-embarazo-corte-sup-articulo-668154

(de El Espectador)

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió un fallo este martes que considera "inconstitucional" criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de embarazo, una decisión con validez sólo para un caso ocurrido en Rio de Janeiro pero que podría sentar precedente.

El tribunal hizo esta consideración al revocar la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica en Rio que fueron detenidos cuando estaban practicaban un aborto clandestino en 2013, informó el alto tribunal en un comunicado.

En Brasil, el aborto es un crimen que puede conllevar de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, embarazo con riesgo de muerte para la mujer y, desde 1940, embarazo debido a una violación.

"Este fallo no es necesariamente vinculante, vale sólo para este caso pero puede ser usado como precedente para otros", dijo a la AFP una fuente del STF.

El alto tribunal tomó la decisión considerando que la criminalización del aborto "viola diversos derechos fundamentales de la mujer" y tomando en cuenta también la "proporcionalidad" del castigo.

Los argumentos de los jueces fueron los siguientes: la criminalización es "incompatible con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada"; va contra su autonomía ya que "debe conservar el derecho a de tomar sus decisiones existenciales"; va contra "la integridad física y psíquica de la gestante" y también contra la "igualdad".

"Prácticamente ningún país democrático y desarrollado del mundo trata la interrupción de la gestación durante el primer trimestre como un crimen", enfatizó el tribunal poniendo como ejemplo a Estados Unidos, Alemania o España.

La Cámara de Diputados brasileña, de mayoría conservadora, había protagonizado ya discusiones sobre el aborto promovidas con fuerza por su expresidente evangélico, el ahora detenido Eduardo Cunha, acusado de corrupción y lavado de dinero.

Cunha, del mismo partido del presidente Michel Temer y arquitecto del impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff, había propuesto dificultar el aborto en casos de violación, obligando a las mujeres a someterse a exámenes médicos tras haber sufrido ese abuso.

25 nov. 2016

La privación de libertad de Milagro Sala es arbitraria

En mi opinión, Milagro Sala es responsable de la comisión de delitos que incluyen el uso de la violencia contra sus adversarios políticos, y el manejo discrecional e injustificado de fondos públicos. Sin embargo, ni mi opinión ni la de nadie debe prevalecer en estos casos. Necesitamos que se respeten los procedimientos legales, y que las decisiones que tome la justicia se basen en evidencias contundentes y persuasivas para todos. El proceso que ha llevado a encarcelar primero y mantener detenida a MS después, pareció desde un principio estar motivado por la decisión política del actual gobernador jujeño, de mantenerla detenida, en razón de la enemistad política que los separa. Cada paso que dicho gobierno tomó desde entonces mostró tener la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se podía justificar esa detención después.

Cuando el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU condenó la detención de MS, lo hizo en base a razones como las señaladas: se advierte un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales diversas, orientadas exclusivamente a sostener una decisión ya tomada de antemano: la privación de la libertad de MS. De este modo, además, y tal como denunció el organismo, se dificultó gravemente el derecho de defensa de la detenida: cómo saber cuál era la razón efectiva por la que se la mantenía en prisión, y contra la cual debía activarse, si el poder público jujeño optaba por una estrategia de "blanco móvil" (cambiando su denuncia conforme al éxito o aceptabilidad social que dicha denuncia mostraba)? Existe una obvia "falta de claridad y precisión en los hechos que se le imputan."

Debe resultar claro, en todo caso, que MS no merece ser dejada en libertad meramente porque lo reclama la ONU: se trata de un dictamen no vinculante, aunque sí relevante política y jurídicamente. Se trata de un dictamen que el gobierno jujeño y el nacional deben saber responder debidamente, y no como lo han hecho hasta ahora. Del mismo modo, tampoco merece sostenerse la libertad de MS en los "fueros" de los que supuestamente gozaba: debemos rechazar antes que alimentar la idea de "fueros" como paraguas de protección para funcionarios y activistas privilegiados. Tales dirigentes merecen cargar con responsabilidades especiales, antes que con privilegios particulares.

El reclamo en favor de la libertad de MS se basa en principios y criterios como los siguientes: el de presunción de inocencia; la protección especial de la crítica y protesta políticas (no es aceptable que los acampes, marchas y cortes de calles sean protegidos sólo si son llevados a cabo por grupos "amigos" o políticamente inocuos); los criterios de persecución y enemistad que ha hecho visibles el gobierno jujeño en su contra; la no demostración por parte del oficialismo del riesgo de fuga por parte de la detenida; la noción de que la privación de libertad sólo debe ser utilizada como ultimísimo recurso, y no como medio habitual de reproche; la inaceptable fragilidad e inconsecuencia de las razones alegadas por el Estado en su contra.  

23 nov. 2016

Académicos e investigadores por una verdadera Ley de Protección de Humedales apoyan el Dictamen de Mayoría en el Senado Nacional.

Declaración:

Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales queremos manifestar nuestra enorme preocupación frente a la posibilidad de perder por segunda vez la oportunidad de contar con una auténtica Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales.

Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971.

En concordancia con el creciente reconocimiento internacional respecto de la importancia estratégica de su valoración y protección, nos encontramos en un momento clave para avanzar en la sanción de una Ley de Presupuestos mínimos para su protección, oportunidad que viene siendo largamente postergada según nos muestra la historia reciente; puesto que en diciembre de 2015 perdió estado parlamentario el proyecto de Ley promovido de los senadores Giustiniani (PS) y Ruíz Díaz (FPV).

Con este proyecto como antecedente fundamental, los Senadores nacionales Fernando Solanas, Teresita Luna, Magdalena Odarda, Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy presentaron a debate un nuevo proyecto de consenso que fue debatido y enriquecido a lo largo de 12 reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron activamente especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales (tanto nacionales como provinciales) y un amplísimo espectro de organizaciones y movimientos sociales que realizaron sus aportes. Como corolario de este recorrido, el 20 de septiembre el proyecto obtuvo dictamen favorable (Dictamen de Mayoría), con la firma de 16 Senadores de las dos Comisiones intervinientes (de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca) y representación de todos los bloques parlamentarios.

Para comprender el marco de incertidumbre que rodea el tratamiento del proyecto de Ley es preciso remarcar que el proceso estuvo jalonado por una serie de maniobras claramente arbitrarias que pretendieron impedir que se siguiera el curso establecido.

Entre tanto, el Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Alfredo De Ángeli comenzó a circular un borrador de proyecto alternativo (que luego se convirtió en un Dictamen en Minoría firmado por 3 Senadores) que a todas luces dista del espíritu de preservación que en el mismo se pretende enunciar.

Esto se reconoce en la intención explícita, y recurrente, de promover actividades productivas en humedales, donde se evidencia la intención de subordinar la protección de los humedales a la lógica del interés económico concentrado lo que no condice con lo que establece la Constitución Nacional (art 41) con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. En concordancia, elimina la específica mención a la prevalencia de los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, así como suprime peligrosamente la expresa obligación de verificar los cambios sobre humedales y su avance y retroceso y otros factores relevantes para su protección y restauración.

Por otro lado, en el articulado de dicho dictamen de minoría se omite la mención al período de moratoria para nuevas actividades o cambios de uso del suelo, que pondría un razonable freno a los procesos de destrucción de humedales mientras se realizan los inventarios y se establecen las categorías de protección y modos de uso. De esta manera, estos ecosistemas quedan expuestos a ser transformados drástica y definitivamente.

Asimismo el dictamen de minoría establece un excesivo plazo de 5 años para la realización del inventario cuando fue el propio Ministerio de Ambiente de la Nación el que señaló públicamente que un plazo de 3 años era suficiente para su realización. Además que también establece que “las previsiones de la ley se aplicarán a los humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales” que, en los hechos, provoca que la Ley recién comience a aplicarse a los 5 años de sancionada (cuando esté concluido el inventario) lo que, mezclado con la ausencia de moratoria, provoca un verdadero cóctel fatal para los humedales de la Argentina.

Increíblemente, el dictamen de minoría elimina en las sanciones el ítem de “cese definitivo de la actividad” como una posibilidad, sin importar la gravedad del daño (lo que podría provocar que un emprendimiento inmobiliario que deliberadamente destruyó un humedal para su construcción, sólo pague una multa y no tenga que cesar en su actividad destructora).

En síntesis, de sancionarse el dictamen de minoría tal como está redactado, no solo no se protegerían los humedales sino que se aceleraría su degradación y destrucción.

Dicho todo esto, y ante la posibilidad de nuevas maniobras que podrían conducir a la sanción de este dictamen de minoría o a la pérdida de estado parlamentario del proyecto (de no ser debatido antes del 30 de noviembre), es que instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la protección de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerán a todos, incluso a los que producen sobre humedales.

Por lo expuesto es que, los abajo firmantes, manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales que cuenta con DICTAMEN DE MAYORÍA en el Senado Nacional, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías.

Primeras Firmas:

• Rubén D. Quintana (Investigador Principal CONICET/Profesor Asociado UNSAM -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental -3Ia-, UNSAM) 
• Roberto Bó (Biólogo, Responsable del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, Dto. de Ecología. Genética y Evolución –EGE-, IEGEBA Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -FCEyN– UBA, CONICET) 
• Patricia Kandus (Profesora Asociada Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática –LETyE- Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental (3iA) 
Universidad Nacional de San Martín –UNSAM-) 
• Fabio Kalesnik (Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, GIEH - IEGEBA - FCEN – UBA CONICET) 
• Carlos G. Ramonell (Profesor Titular Geomorfología - Fac. de Ing. y Cs. Hídricas, Universidad Nacional del Litoral) 
• Guillermo Lingua (Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) 
• Patricia Pintos (Geógrafa, Investigadora CIG-IdHICS / UNLP) 
• Ricardo Vicari (Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, GIEH - IEGEBA - FCEN – UBA CONICET) 
• Maristella Svampa (Investigadora del Conicet –UNLP) 
• Beatriz Sarlo (periodista, escritora y ensayista) 
• Roberto Gargarella (Profesor Titular de Derecho Constitucional, UBA) 
• José Emilio Burucúa (Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires - Premio Konex de Brillante 2016) 
• Emilio de Ipola (Profesor emérito UBA. Inv. Sup. Conicet) 
• Anibal Viguera (Decano Facultad de Humanidades Universidad Nacional de La Plata) 
• Daniela Patricia Nieto (Profesor Titular Departamento de Geografía –UNLP-)
• María Isabel Andrade (Docente Investigadora en Recursos Hidricos - Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS/FAHCE/UNLP) 
• Gabriela Merlinsky (Socióloga. Investigadora Independiente del CONICET. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires) 
• Mariana Schmidt (Socióloga - CONICET/IIGG-F.Soc-UBA) 
• Sofía Astelarra (Socióloga. Investigadora y docente- GEPCyD- IIGG-UBA) 
• Soledad Fernández Bouzo (Socióloga, IIGG-UBA) 
• Gabriela Delamata (Politóloga y abogada. Investigadora del CONICET y profesora de la UNSAM) 
• Patricia Araya (FCEQYN Universidad Nacional de Misiones – UNAM) 
• Patricio Narodowski (Economista y Geógrafo UNLP) 
• Andrea Fourty (Doctora en Física, IFIR-CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura) 
• Guillermo Omad (Centro de Investigación Esquel –Chubut- de Montaña y Estepa Patagónica CIEMEP – CONICET) 
• Horacio Machado Araóz (Investigador del Conicet – Unca - Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Catamarca) 
• Anibal Eduardo Carbajo (Biólogo. 3ia UNSAM - Conicet) 
• Julián Monkes (Docente en la cátedra de Extensión y Sociología Rural, Facultad de Agronomía de la UBA) 
• Elsa Marta Gilardon (ingeniera agrónoma, docente Universidad Nacional de Salta) 
• Rosana Ferraro (Licenciada en Ecología y Magister, especialista en evaluación ambiental, IHAM – FAUD - UNMdP) 
• M. Cecilia Castilla (CITCA - CONICET - Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca - PIDBA Programa de Investigaciones de Biodiversidad de Argentina) 
• Pablo Rebagliati (Facultad de Bromatologia, Universidad Nacional de Entre Ríos) 
• Nuria Lewczuk (Lic. en Ciencias Biológicas FCEN-UBA, Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA) 
• María Laura Miserendino (Prof Zoología General – UNPSJB Sede Esquel, Chubut Investigadora Independiente CIEMEP-CONICET-UNPSJB) 
• Alejandro R. Giraudo (Investigador Independiente del CONICET-INALI-UNL Profesor Biología de la Conservación FHUC- Universidad Nacional del Litoral Santa Fe) 
• Diego Ríos (investigador adjunto CONICET-Instituto de Geografía, UBA) 
• Guillermo Bengoa (investigador Universidad Nacional de Mar del Plata, director del CIPADI /UNMdP) 
• Pamela Olguín (INALI -UNL -CONICET- Laboratorio Ornitología, Santa Fe) 
• Leonardo Raffo (biólogo FCEN-UBA / Administración de Parques Nacionales, Magister en Conservación de Biodiversidad) 
• Horacio Sirolli (Tesista doctoral - Grupo de Investigación en Ecología de Humedales DEGE / IEGEBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA / CONICET) 
• Marcelo Giraud (Prof. y Lic. en Geografía Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza) 
• Pablo Aceñolaza (Investigador CONICET, Especialista en humedales) 
• Romina Pavé (Doctora en Ciencias Biologicas - Laboratorio de Biodiversidad y Conservacion de Tetrapodos, Instituto Nacional de Limnologia, Santa Fe) 
• Omar Tobío CEGeo (Centro de Estudios Geográficos - Universidad Nacional de San Martín) 
• Rodrigo E. Lorenzón (Dr. en Ciencias Biológicas - Instituto Nacional de Limnología CONICET- Universidad Nacional del Litoral UNL) 
• Víctor Hugo Vallejos (UNLa Plata y Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba) 
• Luciano Iribarren (Tesista doctoral - Grupo de Investigación en Ecología de Humedales DEGE / IEGEBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA / CONICET) 
• Mercedes Salvia (Dra. en Ciencias Biológicas - Investigadora Adjunta CONICET) 
• Felipe Alonso (División Ictiología, Museo Argentino de Ciencias Naturales – CONICET) 
• Marcela Gregori (Lic. en Ecología y Conservación de Rec. Nat. Renovables – UNLP, Especialista en Patología Ambiental – UNLP, IGEVET - UNLP-CONICET La Plata) 
• Mauro I. Schiaffini (Inv. CONICET - LIEB. Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad CIEMEP. Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica FCN - UNPSJB, sede Esquel) 
• Teresita Núñez (Arquitecta. Profesor investigador CIHAM - FADU/UBA) 
• Ramón Sanz Ferramola (Profesor Titular, Docente Investigador, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis) 
• Adrián Gorelik (investigador del Conicet / Universidad Nacional de Quilmes) 
• Carla Adriana Bessa (Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos / Instituto Nacional de Limnología INALI-CONICET-Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe) 
• Hernán Horacio Schiaffini (antropólogo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut, UNPSJB) 
• Marta Vigo (Arquitecta Universidad Nacional de La Plata - Universidad Nacional de Tucumán y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Catamarca) 
• Alicia Novick (Instituto del Conurbano- Universidad Nacional de General Sarmiento –UNGS-, Instituto de Arte Americano-FADU-UBA) 
• Mariana Segura (Arquitecta urbanista, Revista Hábitat Ciudadano y Cátedra KTD Planeamiento urbano FAU-UNLP) 
• Oscar A. Martínez (Geólogo U.N. Patagonia S.J.B., Sede Esquel Chubut) 
• María I. Graham (INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 
• Marcela Janina Nabte (Dra. en Ciencias Biológicas, Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino). 
• Leandro Varela (Director Maestría Paisaje, Medioambiente y Ciudad FAU-UNLP) 
• Vanina P. Santy (Centro de Antropologia Cultural - Facultad de Filosofia y Ciencias Sociales, Université libre de Bruxelles, Bélgica) 
• Fernando Hidalgo (Investigador CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata) 
• María José Vázquez (docente, investigadora, Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen del Depto. de Educación, Universidad Nacional de Luján UNLu) 
• Anabel Calvo (Geógrafa, investigadora del Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente- PIRNA, Instituto de Geografía, UBA) 
• Gabriel Alvarez (Geógrafo UNTREF - UNSAM - UNCPBA) 
• Mirta Alejandra Antonelli (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba) 
• Marcelo Corti (Arquitecto y urbanista, Master La Ciudad, Políticas, Proyectos y Gestión; PROPUR, FADU-UBA. Editor de la revista digital Café de las Ciudades. Docente de Planificación Urbana -FADU-UBA- y la Carrera de la Arquitectura de la Universidad del Salvador. Coordinador del Curso de Postgrado Gestión de la Ciudad -UOC, Barcelona) 
• Graciela Goizueta (Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca CITCA/CONICET) 
• Marcelo Ruiz (docente-investigador, Dpto. de Matemáticas, Fac. de Ciencias Exactas, Fco-Qcas y Naturales, ex Rector de la Universidad Nacional de Río IV, Córdoba) 
• Omar David Varela (arquitecto, investigador docente Urbanismo, Universidad Nacional de General Sarmiento) 
• José Paruelo (Prof. Titular FAUBA. Investigador Superior Conicet, ex director Lic. Ciencias Ambientales – UBA) 
• Joos Heintz (Profesor Emérito UBA, Investigador Superior CONICET) 
• Daniela Gangi (Lic. en Ciencias Ambientales, Facultad de Agronomía-UBA) 
• Belén Yarde Buller (Lic. en Ciencias Ambientales) 
• Elda Tancredi (Docente e investigadora, Programa Redes epistémicas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján) 
• Danilo Sorti (Ingeniero Agrónomo, Profesor FCA Universidad Nacional de Rosario UNR - Cátedra Introducción a los RRNN) 
• Adolfo H. Beltzer (Investigador del CONICET - INALI-UNL - Jefe Ecología Aves Acuáticas, Laboratorio Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos, Santa Fe) 
• Cecilia Carrizo (Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba) 
• Agustín Quesada (Docente, Departamento de Geología Facultad de Ciencias Exactas UBA) 
• Mariano Féliz (Profesor UNLP, Investigador CONICET) 
• Juan Ignacio Piovani (Universidad Nacional de La Plata -UNLP/CONICET) 
• María Cristina Cravino (Investigadora Conicet-Universidad Nacional de General Sarmiento – UNGS-) 
• Ana G. Dumrauf (Universidad Nacional de La Plata - CONICET) 
• Gabriela Massuh (Escritora, doctorado en filología en la Universidad de Erlangen-Nürenberg Alemania) 
• Horacio Tarcus (historiador, CeDInCI / UNSAM, Conicet-Argentina) 
• Ezequiel Adamovsky (historiador, UBA/UNSAM-CONICET) 
• Marcelo Saguier (Investigador CONICET, Escuela de Política y Gobierno/ UNSAM) 
• Pablo Pereira (Sociólogo, Instituto Gino Germani IIGG-UBA) 
• Luciana Ghiotto (FLACSO Argentina/RRII) 
• Bruno Fornillo (Investigador, UBA-CONICET) 
• Nora Madanes (Docente. FCENyN. UBA) 
• José Seoane (Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe – GEAL) 
• Juan Wahren (Sociólogo, IIGG UBA/CONICET) 
• Lucia Sol Mochi (Lic. en Ciencias Ambientales, Facultad de Agronomía – UBA) 
• Evelina Leon (Licenciada en Biología, INALI – CONICET)
• Hortensia Castro (Dra. en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras – UBA)
• Andrea Previtali (Investigadora CONICET, profesora Univ. Nac. del Litoral)
• Laura Nicoli (Investigadora de CONICET- Division Herpetología- Museo Argentino de Ciencias Naturales- CONICET)
• Trilce Irupé Castillo (Lic. en Biodiversidad, Becaria doctoral CONICET y trabajo en el ISHIR-CONICET, Rosario)
• Elie Abrial (Beca de Doctorado CONICET)
• Gustavo J. Scrocchi (Vice Director Unidad Ejecutora Lillo (UEL) Fundación Miguel Lillo – CONICET
• Alba Imhof (Facultad de Humanidades y Ciencias / Universidad Nacional del Litoral)
• Yanina V. Sica (Beca Postdoctotal CONICET -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental -3Ia-, UNSAM)
• Vanesa Arzamendia (Investigadora CONICET- Universidad Nacional del Litoral)
• Begoña Nazábal (docente de la Facultad de Agronomía de la UBA)

Red Ecosocialista - en Entre Ríos La Re Verde Red ambiental querandi Naturaleza de pie por los Humedales Basta de barrios privados - Cuidemos los humedales MAS Humedales MENOS Inundados Fundación Humedales Vecinos del Humedal Vecinos Por Los Humedales De Ezpeleta Humedal Arroyo Inchalá Hué. Concordia Entre Ríos Humedal Derecho por un Planeta Verde Argentina Soy Río. Primer Documental sobre el Río Gualeguay el rio es nuestro El río es de todos Asamblea Unidos Por El Río Espacio Intercuencas - RRR - Riachuelo, Reconquista, Río de la Plata Río Bravo Entre Ríos Fundación Amigos del Río Paraná (OFICIAL) Protección Ambiental del Río Paraná Matrícula 39177 Delta Rio de la Plata Foro Ecologista de Paraná El Paraná NO se toca Organizaciones Sociales de Paraná Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL CONCEPCION DEL URUGUAY Asamblea Ciudadana Concordia Unión de Asambleas Ciudadanas Asamblea Popular Ambiental Colón - Ruta 135 Asambleas del Pueblo Más Ríos Menos Termas Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM - Fundación Fundavida Somos Noticias Gualeguaychú Diario El Argentino de Gualeguaychú Diario del Derecho Ambiental Elemento Vital.El Agua en el Siglo XXI Patricia Pintos

21 nov. 2016

14 nov. 2016

Conversación con Mauricio García Villegas


Colombia: Paz, Constitución y Estados locales precarios
Martes 15 de Noviembre, 18 horas
Av. Figueroa Alcorta 7350, UTDT

En conversación con Catalina Smulovitz y Roberto Gargarella, coordinado por Paola Bergallo

Link, con más info y su trabajo, acá

13 nov. 2016

Charles Taylor y la fe democrática

Hermosa nota sobre Charles Taylor, en conversación a partir de la victoria de Donald T.

http://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/how-to-restore-your-faith-in-democracy

9 nov. 2016

Defender la participación popular (hoy más que nunca)



(publicado hoy en LN, acá)

La opinión pública internacional se ha visto conmovida, recientemente, por apelaciones a la voluntad popular en consultas públicas que han producido resultados inesperados (pensemos en los casos de los recientes plebiscitos en Gran Bretaña o en Colombia). En nuestro país, en cambio, el artículo 39 de a Constitución prohibe expresamente este tipo de consultas, impide que sean "objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal".

Contra dicho criterio, creo que los asuntos de interés público deben quedar sujetos a procesos de reflexión colectiva.

El básico principio democrático de "una persona, un voto" sugiere la idea de que todos estamos en igualdad de condiciones para tratar sobre los asuntos básicos de nuestra vida en común. Si alguno quisiera sostener, como alguna vez se sostuvo, que ciertos grupos (las mujeres, los afroamericanos, los analfabetos) no deben votar, debe argumentar frente a una enorme presunción en su contra; y lo mismo quienes sostengan, como todavía se sostiene, que ciertos temas no deben ser objeto de la reflexión y decisión colectivas. Esta última es la postura actual de nuestra Constitución pero: ¿cómo y por qué defender algo así?


Durante la Convención Constituyente de 1994, los argumentos que se dieron a favor de dichas restricciones temáticas fueron muy débiles. Raúl Alfonsín defendió la postura mayoritaria al sostener, en esencia, lo siguiente: "Aquí se ha criticado esta posición, que es fruto de nuestra prudencia. No queremos consultas vinculadas con lo penal, porque en un arrebato de la opinión pública podemos llegar a establecer, por ejemplo, la pena de muerte por un delito. Tratada esta cuestión de manera particular por los medios de difusión, podría llevar de pronto, en una explosión de la sociedad, a tolerar o permitir una deformación de esta magnitud".

Contra lo alegado por Alfonsín, cabría decir, en primer lugar, que esta extendida postura muestra una desconfianza tal sobre las capacidades de la ciudadanía que llevan a que uno se pregunte para qué tener entonces un sistema democrático, si es que se asume que la ciudadanía es tan fácilmente manipulable por la prensa. Y en todo caso, si fuera cierto que los medios son tan exitosamente manipuladores de la opinión pública, el control debería estar sobre los medios, no sobre el pueblo.

Alguien podría decir: "Impedimos que se vote sobre ciertos asuntos, porque queremos minimizar los riesgos de violaciones de derechos". Éste sería, finalmente, el sentido de adoptar una democracia representativa. Sin embargo, el argumento es difícil de entender, porque conocemos legislaturas que han aprobado la discriminación racial o la pena de muerte (por citar sólo una, la legislatura de Texas), o cortes supremas que han sostenido la constitucionalidad de la esclavitud, de la pena de muerte, o de la criminalización de la homosexualidad (por caso, la Corte Suprema norteamericana), pero las prohibiciones se quieren establecer sobre la ciudadanía, y no sobre la legislatura o la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué si es que -en todo caso- son tales instituciones las que han fallado y las que más permeables se muestran frente a las presiones de grupos de interés?

Grandes tratadistas sostienen -sin razón alguna- que "sobre las cuestiones de derechos no se discute" o que "los temas de derechos fundamentales deben ser ajenos a la discusión democrática". Pero se trata de puros dogmas a los que nos tienen acostumbrados. De hecho, todos los días discutimos sobre el contenido, la forma y el alcance de los derechos fundamentales, y resultaría ofensivo que no pudiéramos hacerlo. Por caso: discutimos recientemente, en todo el país, en torno a los alcances de la libertad de expresión y la "ley de medios"; o sobre la "ley de matrimonio igualitario". Discutimos también sobre las reglas básicas de la democracia (voto electrónico, sistemas electorales, etcétera). ¿Cuál es el problema de hacerlo?

Las únicas restricciones que vería justificadas son las que derivan de mi afirmación inicial. En primer lugar, al decir que todos los "asuntos públicos" deberían quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", quise negar la posibilidad de que ciertos asuntos -los "asuntos privados", es decir, los relacionados con nuestra vida privada (nuestra fe, nuestras creencias, nuestra sexualidad, nuestras ideas políticas, etcétera)- queden sujetos a una decisión democrática. El tema nos abre a otra discusión inmensa, aunque ya muy transitada. De todos modos, y dado que los temas que el artículo 39 excluye de nuestro control colectivo son asuntos de moral pública, y no privada, voy a dejar dicha discusión para otra oportunidad.

En segundo lugar, al decir que los asuntos públicos deben quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", estoy calificando de modo importante la cuestión en juego, ya que no parto de una idea cualquiera de democracia. Entiendo a la democracia como una discusión inclusiva, cuyos procedimientos deben ayudarnos a obtener información de la que carecemos, a escuchar y a responder a argumentos que no son los nuestros.

Desde tal punto de vista, herramientas como el plebiscito o la iniciativa popular son instrumentos prometedores, pero también muy riesgosos porque son fáciles de manipular por quienes los organizan. Cuando advertimos esto, el problema se pone más interesante. Y es que, contra lo que se nos dice, el foco del problema pasa a quedar más del lado de los representantes que de los ciudadanos. Por eso, Augusto Pinochet convocó a un plebiscito en Chile -¡que perdió!- a pesar de haber asegurado previamente fuertes limitaciones sobre la actividad de los sindicatos, los partidos políticos y la prensa opositora. Adviértase entonces la paradoja: la cuestión no es impedir que la ciudadanía participe o fijar límites sustantivos sobre los temas que ella puede tratar. Lo que importa, más bien, es fijar buenos procedimientos que impidan que el poder de turno degrade o tuerza las reglas a su favor en esas consultas abiertas.

De todo lo anterior, derivaría sobre todo dos enseñanzas. La primera es que son los dirigentes más que "el pueblo" los que necesitan de límites y de controles estrictos. Esto no significa decir que el pueblo "nunca se equivoca". Por supuesto que no: todos nos podemos equivocar, Juan, María, el presidente, el pueblo, cualquiera. El problema es asumir -como asume la Constitución- que el pueblo (y no sus representantes), es el que tiende a equivocarse. La segunda enseñanza es que hay mejores y peores mecanismos para que la ciudadanía intervenga políticamente. Los plebiscitos son herramientas interesantes, en la medida en que estén organizados a través de reglas que aseguren la discusión previa (algo de eso se intentó hacer antes del plebiscito por el acuerdo de paz entre Argentina y Chile), aunque en general pecan por simplificar hasta lo absurdo discusiones normalmente muy complejas (algo de esto, podría decirse, pasó con los mal montados plebiscitos de Gran Bretaña y Colombia). Por ello, la pregunta relevante es cómo limitar el poder que le dejamos a la dirigencia política, empresarial o sindical, en torno a los asuntos que más nos importan.

Sociologo y abogado; su ultimo libro es Castigar al projimo

"La ciencia política realista como una racionalización del presente," o la ciencia política que ignoró a Trump y la teoría política que lo predijo


Linda nota de Peter Levine, acá, en donde nos recuerda que la ciencia política realista-empiricista, a diferencia de la teoría política, 

* se concentra en el caso norteamericano, porque las generalizaciones más allá de un país se dificulta
* se concentra en la historia política reciente
* minimiza el significado de la retórica y la narrativa
* toma la estructura básica del régimen como dada

También recupera una hermosa cita de Theodore Lowi, de The End of Liberalismo (1969, revisada en 1979), donde dice que la "ciencia política realista es una racionalización del presente. Aunque no es necesariamente defensora del status quo, se parece bastante" Está la "separación de los hechos de los valores...el privilegio al rigor sobre la relevancia"

(va la cita completa)

Realistic political science is a rationalization of the present. The political scientist is not necessarily a defender of the status quo, but the result is too often the same, because those who are trying to describe reality tend to reaffirm it. Focus on the group, for example, is a commitment to one of the more rigidified aspects of the social process. Stress upon the incremental is apologetic as well. The separation of facts from values is apologetic.

There is no denying that modern pluralistic political science brought science to politics. And that is a good thing. But it did not have to come at the cost of making political science an apologetic discipline. But that is exactly what happened. … In embracing facts alone about the process, modern political science embraced the ever-present. In so doing, political science took rigor over relevance.

Nuevo Libro CONSTITUCIONALISMO, GARANTISMO Y DEMOCRACIA (junto con la càtedra de Daniel Pastor)




Un libro inter cátedras, con la de don Daniel Pastor!

GRACIAS A TODXS LOS PARTICIPANTES QUE LO HICIERON POSIBLE (ESPECIALMENTE A JFN!!)

Fin del Seminario Sesiòn sobre F.Atria



Terminò el Seminario, con una muy linda sesiòn sobre La Forma del Derecho, de Fernando Atria. Gracias especiales a los dos invitados especiales. Con Fede Orlando -nuestro delegado genovés, y Guille Jensen -el amigo schmittiano- terminamos cubriendo bien las tres principales partes del texto de FA (Fede la primera, yo la segunda, Guille la tercera) (aunque habíamos asignado sobre todo páginas de la 2a parte, como lectura obligatoria). Gracias a todxs los participantes actuales y virtuales. Va el último link

https://www.youtube.com/watch?v=hAqkfpDMO_E&feature=youtu.be

8 nov. 2016

HOY ULTIMA SESION DEL SEMINARIO

Todxs invitadxs. Discutimos a don F. Atria, y brindamos por el cierre¡¡¡

7 nov. 2016

CIENCIA, SALUD, SOCIEDAD: SABER EXPERTO INDEPENDIENTE Y PERSECUCION ACADEMICA


7 de Noviembre de 2016
Adhesiones a: apoyoaequipodesalud@gmail.com

Como profesionales, intelectuales, académicos, artistas y trabajadores de la cultura, queremos expresar nuestra enorme preocupación y nuestro repudio en relación con los hechos de persecución que viene sufriendo el equipo de Salud Socioambiental, dirigido por el Doctor Damian Verzeñassi, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace seis años, dicho equipo docente viene realizando una valiosa e inédita experiencia de relevamiento de los impactos sobre la salud humana de los agroquímicos (glifosato), en diferentes pueblos y ciudades del país.

En los últimos meses, el equipo de médicos ha venido sufriendo presiones, la cual llegó a su pico el viernes 28 de octubre pasado, cuando por orden del decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios fueron cerrados con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información recogida por los campamentos sanitarios (96.800 historias clínicas), que reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

El hecho no es casual, pues la información recolectada por dichos campamentos sanitarios constituye una prueba científica contundente de los impactos socio-sanitarios que produce el actual modelo agrario en nuestro país, situación sistemáticamente minimizada o silenciada por los diferentes actores políticos y económicos involucrados en el mismo, a saber, corporaciones transnacionales, actores del gobierno provincial y nacional, a lo que hay que sumar sectores académicos acríticos, que terminan siendo funcionales a los intereses del agronegocio. Como afirmara recientemente dicho médico en un reportaje, la información recolectada “ha evidenciado los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Se logró así evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio". Por otro lado, no es casual tampoco que esta escalada persecutoria, que sin duda apunta abiertamente a terminar con la experiencia de los campamentos sanitarios, se diera al mismo tiempo que el Dr Verzeñassi participaba del Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya, Holanda.

Dicha persecución nos hace evocar aquella otra sufrida en 2009 por el Dr. Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, quien dio a conocer su investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato, comprobando que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La campaña de difamación contra Carrasco tuvo tal voltaje (amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas), que generó una declaración de apoyo firmada por más de 300 investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública. 

La situación de hostigamiento e intolerancia se ha venido agravando, de cara a los resultados cada vez más elocuentes de las investigaciones científicas independientes en el campo de los agroquímicos y los organismos genéticamente modificados. Así, en el año 2015, Medardo Avila Vázquez, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, dirigió un estudio epidemiológico en la localidad de Monte Maíz (pcia de Córdoba) que reveló que esa población triplica la media nacional de casos de cáncer. En dicha ocasión, el Dr Avila denunció amenazas por parte de directivos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que, además, solicitaron iniciarle un sumario, por haberse “extralimitado en las actividades autorizadas". 

Estos episodios, lejos de ser anecdóticos o pasajeros, revelan un persistente intento de apropiación, con el consecuente daño que se ha realizado a la ciencia en sí misma, basado en la idea de que sólo es “científico” aquello que es afín al modelo dominante (en este caso, el agronegocio); mientras que el resto es descalificado sin mayores argumentos por “falta de cientificidad” o como simple superchería. 

En suma, en un momento en el cual se ha instalado en el debate público la situación y futuro de las universidades públicas y de la investigación científica, a raíz de la política actual de reducción del presupuesto universitario, es necesario recordar también que no son sólo las condiciones materiales de investigación las que están en juego en nuestro país, sino la propia libertad de investigación científica, esto es, la posibilidad misma de generar y proveer saberes expertos independientes, frente al peso cada vez mayor de las grandes corporaciones económicas. 

Los abajo firmantes manifestamos nuestro repudio a la persecución sufrida por el equipo del Dr. Damian Verzeñassi, y llamamos a la reflexión a todos aquellos que asocian la ética científica con el saber independiente, con la defensa de la salud de nuestro pueblo y de nuestros bienes comunes.

Primeras Firmas. Nombre, pertenencia institucional
Maristella Svampa (Investigadora del Conicet-UNLP); Soledad Barruti, (Escritora e investigadora), Alejandro Grimson, (Investigador del Conicet-UNSAM), Adrián Gorelik (Conicet-UNQUI), Roberto Gargarella (Investigador del Conicet, UBA-Di Tella), Ruben Lo Vuolo, (Economista- CIEPP), Pablo Alabarces (UBA-Conicet), Ezequiel Adamovsky (Conicet-UBA-UNSAM), Beatriz Sarlo (Ensayista, escritora), Nicolás G. Tauber Sanz (Abogado - Docente UBA), Patricia Pintos (Investigadora CIG-IdHICS / UNLP), Marcelo Ruiz (Fac. de Ciencias Ex., Fco-Qcas y Nat., Universidad Nacional de Río Cuarto), José Seoane (UBA, Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe– GEAL), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Pablo Bertinat (Docente e investigador, UTN FRRo), Dario M. Lagos,(medico, EATIP-equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial-, APSA), Sebastián Pereyra (CONICET-IDAES/UNSAM), María Paula Yacovino (Antropóloga. AEU-IIGG-FCSOC-UBA), Elizabeth Jelin (Investigadora del CIS-IDES/CONICET), Liliana Tamagno (Antropologa, UNLP-Conicet), Virginia Manzano (UBA-CONICET), José Luis Coraggio (Economista, MAES-UNGS), Cinthia Shammah (UBA-FIC Argentina), Carlos Altamirano ( Universidad Nacional de Quilmes), Alejandro Benedetti (Inv. Independiente CONICET/UBA), Gabriela Delamata (Investigadora del CONICET- UNSAM). María del Carmen García (Prof. Adjunto Matemática, UNPA- UACO), Gabriel Kessler (Conicet-Idhics-UNLP), Andrea Mastrangelo (CONICET, Programa Salud, Ambiente y Trabajo, CEA-UNSAM y CeNDIE-ANLIS), Verónica Gago, (Investigadora Conicet-UBA-UNSAM), Claudia Briones (IIDyPCa; Universidad Nacional de Río Negro-CONICET), Asociación Civil "Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad" (Santa Fe), Karina Jannello (CeDInCI-UNSAM / UNLP), Pia Leavy (ICA-FFyL-UBA-CONICET), España Verrastro (coordinadora de ecoUNSAM), Claudia Korol (Equipo de Educación Popular Pañuelos en rebeldía), Ana Fabaron (IDAES-UNSAM), Flavia Costa, investigadora (CONICET-UNSAM), Alejandro Rascovan (Becario Postdoctoral IMHICIHU/ CONICET), Adrián Brunini (Inv. CONICET, Univ. Nacional de la Patagonia Austral), Alcira Argumedo (Socióloga, Diputada nacional, Proyecto Sur), Norma Sanchez (Investigadora Principal del Conicet-UNLP), Carla Gras (CONICET-UNSAM) , Pablo Bergel (sociólogo), Paula Abal Medina (Conicet-UNSAM), Germán Ciari (documentalista), Eleonor Faur, (Investigadora CIS/IDES), Alejandro F. Gasel, (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), Ana Dumrauf (CONICET-UNLP), Alicia Lissidini (Universidad Nacional de San Martín), Jorge Falcone (Universidad de Palermo), Mariano Féliz, (UNLP. Investigador CONICET), Claudio Katz (Conicet-UBA), Gabriela Massuh (Escritora, editora), Fernando Stratta (Docente e Investigador, UBA/UNLa), Nora Tamagno (docente UNLP, integrante de COMUNA FPDS-CN), Jorge Brega, (Director revista cultural La Marea), Grupo de Ecologia Politica, Comunidades y Derechos, del Instituto Gino Germani (UBA), Juan Ignacio Piovani, (Investigador del Conicet-UNLP), Julieta Massaferro (Investigadora Independiente CONICET), Beatriz Sznaider, (FSOC, UBA), Emilio de Ípola (sociólogo, CONICET), Sebastian Scolnik (sociólogo), Diego Rojas (periodista), Cecilia Melella (CONICET-IMHICIHU/UBA), Alejandro Haimovich, Abogado, (Docente Investigador UNER), Fernanda Sández (UBA.UP. Periodista), Lorena Bottaro (Investigadora- docente UNGS), Florencia Estefania Fernandes (Ciencias Ambientales-UBA), Ana Maria Vara (Centro Babini - UNSAM), Valeria Canoni, (profesora en Filosofía UCU.UADER), Maria Maneiro, IIGG-FSOC-UBA/CONICET, Marisa Malvestitti (docente-investigadora UNRN), Carlos Galano. Maestría Comunicación Estratégica UNR., Maria Estela Petroni,( Docente investigadora FAUBA), Carlos Figueroa
(Laboratorio de Fisica del Solido, Universidad Nacional de Tucuman), Alicia M. González (Docente), Maria del Carmen Maimone, Universidad Nacional de Lujan; Lucila Edelman médica Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP, Soledad Fernández Bouzo (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA), Ana C. Gómez Marigliano (FACET/UNT-CONICET Tucumán), Patricia Zangaro (dramaturga), Julian Rebon (Uba-Conicet), Gustavo Daniel González (GER-GEMSAL, Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Diana Kordon ( médica psiquiatra, Equipo Argentino de trabajo e Investigación Psicosocial, EATIP), Germán J. Pérez (UNMdP-UBA), Diana DOWEK (artista plástica), Alfredo Saavedra (docente prof.Consulto Fadu UBA), Martín Bergel UBA / CONICET, Gabriela Merlinsky (Socióloga, UBA), Horacio Tarcus (Cedinci-Unsam), José Nun (sociólogo, Unsam) Las Lilith Feministas (Tucumán); TIERRHA (Trabajo para la Integración de un Espacio de Resistencia y Reconstrucción del Hábitat, Tucumán); Asamblea de la Plaza (Tucumán), Escuela de Educación Popular Berta Cáceres (Tucumán), Luis Tiscornia (Secretario General Conadu Historica), Ana Celeste De Vita - Psicóloga (Instituto antártico Argentino), Mario Schujman (Co Director Maestría en entidades de la Economía Social, Universidad Nacional de Rosario), Adela Alvarez y Prof Susana Acosta- Ecosalud- Tucumán, Gerardo Mujica prof adjunto regular de teoría política en Fadecs, José Benclowicz. Investigador IIDyPCa CONICET/UNRN, Mario Lipsitz (investigador UNGS), M. Eugenia Valdés, CIBICI-CONICET, Dpto. Bioquímica Clínica. Fac. Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Silvia Bianchi - Profesora titular de la Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Juan Wahren GER-GEMSAL/IIGG/UBA/CONICET, Patricia Lombardo, Facultad de Agronomía UBA, Mariana Martinelli, INTA-UNSJ, Tomás Palmisano, GER-GEMSAL/UBA, Jorge Cardelli, (Secretaria de Cultura, CYTA Autónoma), Fátima Victoria Sánchez (Estudiante, FACSO UNSJ), Juan Pablo Olsson (Sociologo, Documentalista), Eduardo Chávez Molina (Fac. Cs Sociales, UBA), Adriana Schnek, UBA, Mario Alberto Barrientos (CLAySA - UNC), Michelle Aslanides - Especialista en Ergonomía, Programa de Tv "Elemento Vital. El agua en el siglo XXI", Karina Lilian Speziale (Investigadora INIBIOMA(CONICET-UNCOMA), Daniel Blanco. Universidad de la Patagonia, Marcelo Plana (Ingeniero), Beatriz Giobellina, 
FAUD-UNC- INVIHAB (Universidad Nacional de Córdoba), Guillermo Gallo Mendoza - Presidente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Valeria Hernandez, Prof. Titular Idaes/Unsam, Fernando Vallone, docente UNAJ, Grisel Adissi, Investigadora en Ciencias Sociales, Ministerio de Salud de la Nación, Gisela Hadad. GER-GEMSAL, UBA, María Dolores Linares (CONICET, IESH, UNLPam), Edgardo Logiudice (Revista Herramienta),Juan Carlos Radovich (Antropólogo Social; Investigador Principal del CONICET; Prof. Titular UBA-FFyL), Rafael Lajmanovich (Laboratorio de Ecotoxicologìa FBCB-UNL-Pof. Titular-Investigador Independiente CONICET), Marcelo Giraud (geógrafo U.N.Cuyo), Alejandro M. Rabinovich (UNLPam-CONICET), Ger-Gemsal (Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina) del Instituto "Gino Germani", Fac. de Cs. Soc., UBA, Miguel Bonasso (escritor, periodista, diputado mandato cumplido), Horacio Machado Araoz (Conicet-Universidad Nacional de Catamarca), Daniel Rodriguez (sociologo UBA), María Eugenia Utgés, Bióloga, CABA
Pimeras Firmas internacionales
Carlos Walter Porto-Gonçalves, LEMTO-UFF - Universidade Federal Fluminense; Raúl Zibecchi (ensayista, periodista), Arturo Escobar (Prof. de Antropologia, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill), Miriam Lang (Docente-investigadora Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador), Walter Mignolo (Duke University, USA), Edgardo Lander, (Profesor Universidad Central de Venezuela), Alberto Acosta (economista, Ecuador), Pierre Salama (Profesor Emérito Paris XIII), Pilar Lizarraga y Carlos Vaca Flores, Centro de Estudios Jaina, Pablo Ospina Peralta (Sociólogo, Ecuador), Massimo Modonesi (UNAM, México), Enrique Leff (sociólogo, México), héctor Alimonda, CPDAUFRRJ, Brasil, Antonio Elizalde Hevia (Rector Emérito Universidad Bolivariana de Chile), Hugo Blanco (Director de Lucha Indigena, Perú), Rosa María Romero Cuevas y Carlos Razo Horta (profesores investigadores del Doctorado del Instituto Mc Laren de Pedagogía Crítica, México), Beltrán Roca Martínez (Profesor de Sociología, Universidad de Cádiz, España).
Adhesiones a: apoyoaequipodesalud@gmail.com

2 nov. 2016

Zaffaroni: Conferencias de Guatemala y democracia

En ocasión de recibir su doctorado honoris causa en Guatemala, Zaffaroni escribió estas páginas, que presentó también, en versiones diferentes, en Brasil y en Costa Rica (el texto, ahora colgado en PPenal, puede encontrarse acá). Hay cientos de cosas que decir sobre su presentación y defensa de un "Derecho Penal Humano," pero por ahora voy a decir unas pocas, para seguir luego concentrándome en el problema central que le veo, que tiene que ver con lo que llamaría su radical "desconfianza de (u hostilidad hacia) la democracia".

Menciono entonces, brevemente, 4 temas vinculados entre sí:

1) El papel cegador del Genocidio. Es muy impresionante (y muy preocupante) el papel que sigue jugando en la elaboración de su teoría el ejemplo del Genocidio. Con esa pesadilla en mente, es difícil pensar bien el derecho penal (no digo que casos de ese estilo no deben estar presentes, digo que no pueden ni merecen estar omnipresentes, menos del modo en que lo están). Básicamente: se asume que sin un derecho penal mínimo, se vuelven a desatar los peores demonios, y caemos inevitablemente otra vez en ese tipo de masacres descomunales. Es fácil justificar el derecho penal así, pero no es cierto, no es justo, no corresponde (dice ERZ: "la doctrina corriente se asombra cuando se afirma que el principal objetivo del derecho penal debe ser la prevención del genocidio", p. 17).

2) Afirmaciones categóricas sin respaldo empírico. Seguimos encontrando, de forma también muy notable, contundentes afirmaciones empíricas, sin el mínimo respaldo en datos. Otra vez, ni las imágenes trágicas, ni las afirmaciones clamorosas resultarían preocupantes, si no fuera -como es el caso- que juegan un papel central en la articulación de una teoría. Retomando el primer punto, doy algún ejemplo de aquello a lo que me refiero. Dice ERZ: "Todo genocidio se produce siempre con la desaparición o el extremo debilitamiento del poder jurídico de contención"; o también "el vacío jurídico, automáticamente da paso libre a las pulsiones de los grupos de poder que hasta ese momento estaban contenidos, y que se desarrollan criminalmente en forma sistemática" (pp.16-7); o también "cuando se desmorona el poder jurídico que contiene al poder punitivo, este último arrasa hasta con el propio derecho constitucional...como...durante el período nazista" (pp. 19-20). Con afirmaciones de una contundencia extrema, que no tienen el mínimo apoyo empírico, se quiere justificar lo que necesita justificarse pero no se ha justificado todavía (quién dice, por ejemplo, que si se reduce drásticamente el poder punitivo se vuelve a desatar el Genocidio? Por qué pensar que algo así va a ocurrir? Y si respondiéramos al fenómeno criminal de modos completamente diferentes a los actuales? Por qué deberíamos tomar por verdaderas afirmaciones tan exageradas, contra-intuitivas, no avaladas por la historia, y sobre todo no respaldadas aquí por datos creíbles más allá de "esto alguna vez pasó"?).

3) Los medios como creadores del mundo. En línea con el punto 2 (afirmaciones categóricas sin el mínimo respaldo teórico) el texto se encuentra lleno de afirmaciones sobre los medios de comunicación, que hubieran sonado desactualizadas e inexactas hace ya 40 años. Afirma ERZ, por ejemplo, que "los monopolios mediáticos de la región...no se limitan a imponer un discurso único, sino que son creadores de realidad, tal como...lo explicó...la pluma de Berger y Luckmann". Más allá de que Berger y Luckmann son dos personas, y que ellos no suscribirían su idea de que los medios imponen un discurso único, la idea es insostenible. Por supuesto que hay que defender la democratización de los medios, y por supuesto que los medios mienten conforme a sus intereses económicos. Otra cosa es pensar que la gente es tonta y queda embobada y engañada frente a lo que le dicen los medios, o que no tiene capacidad para discriminar, elegir, rechazar. El punto (que aparece todo a lo largo de su escrito) es importante, porque se conecta con el siguiente, referido a la democracia, y ayuda a entender la dimensión de la desconfianza.

4) Radical desconfianza en el pueblo. De modo más fuerte que en la mayoría de sus escritos anteriores, en este texto se evidencia una posición muy dura contra las corrientes democráticas que muchos de nosotros defendemos. En el punto 36 de su texto aborda el tema, de modo muy duro. ERZ critica la idea democrática, aplicada sobre todo al mundo penal. Objeta entonces la noción de que "el pueblo sabe cómo y a quién penar" y la posibilidad de que se lo deje "juzgar en la más amplia medida posible" (p 46). Critica también a quienes depositamos "una confianza absoluta e incondicional en los tribunales populares, en los jurados, en los jueces legos y electos popularmente, en la redacción de código producto de asambleas populares, en los plebiscitos y consultas populares de cuestiones penales, etc." Dice que "este democratismo radical inventa una sociedad igualitaria que no existe" e "ignora ...los manejos del poder" desde una perspectiva de "ingenuidad revolucionaria" (pp. 46-7). 

Todo forma parte del mismo paquete revisado hasta ahora: se nos informa que ese romanticismo democrático lleva a "reacciones punitivistas de extrema brutalidad" (otra vez el Genocidio, otra vez sin ningún apoyo en datos, tenemos afirmaciones empíricas contundentes); y se nos comunica que no tiene sentido hablar de democracia "en sociedades marcadamente estratificadas y (con) medios monopolizados" (p. 47).

Bueno, lo cierto es que los que defendemos este "democratismo radical" no necesitamos ser ingenuos, no necesitamos desconocer el peso de los medios, no necesitamos mirar para otro lado frente a "los manejos del poder," ni necesitamos hacer afirmaciones absurdas o ridículas (como que "todo lo que el pueblo diga estará siempre bien"). Por el contrario, reconociendo el peso del poder mediático, exigimos democratizar los medios. Rechazando el elitismo penal, pedimos que la ciudadanía tenga más chances de involucrarse en la discusión sobre las cuestiones penales. Temiendo el modo en que el poder de turno viene haciendo uso del aparato coercitivo (de modo tal de llenar las cárceles de pobres), pedimos un acceso diferente, más democrático, sobre la aplicación, ejecución e interpretación de las normas penales. Abogamos por una reconstrucción democrática del derecho penal.

31 oct. 2016

Hanna Lerner: Incrementalismo constitucional

En la sesión de esta semana del seminario (martes a las 6), discutiremos el trabajo de Hanna Lerner, profesora en la Univ. de Tel Aviv, quien viene defendiendo una posición a la que denomina de "incrementalismo constitucional." Aunque (o porque) su visión es opuesta a la mía, me interesa muchísimo discutirla. A ella la conocí hace dos años en un seminario organizado por Tom Ginsburg y Rosalind Dixon, y volví a encontrarme con ella a comienzos de este año, en otro evento organizado por Jon Elster. Aquí por primera vez tomé en cuenta el contenido de su trabajo (reflejado principalmente en su libro "Making constitutions in deeply divided societies"

En rápida síntesis, ella propone una salida "incrementalista" frente a situaciones de graves divisiones sociales (por temas religiosos, étnicos, linguisticos, etc.). Basándose en los ejemplos de la creación constitucional en Israel, India e Irlanda, entre otros países, muestra con tremenda erudición la racionalidad de una estrategia "incremental" que, en lugar de abordar y procurar definir todos los problemas (imponiendo un modelo homogéneo, u optando por un esquema procedimental mínimo), los posterga hasta la llegada de tiempos más calmos, mientras se pactan ciertos acuerdos básicos. Las estrategias propias de la "caja de herramientas" incremental son múltiples: diferir soluciones; dejarlas para que las resuelva el legislativo; optar por cláusulas ambiguas, ambivalentes o contradictorias; evitar ciertas discusiones; etc.

En mis publicaciones sobre el tema, yo siempre había presentado tales opciones como muy poco atractivas, por varias razones. La principal puede ser la siguiente: cuando se incorporan cláusulas ambiguas o contradictorias en la Constitución, no se evita o posterga necesariamente un problema, sino que -escondidamente- se lo resuelve a través del estatus quo, que siempre está sesgado a favor de algún grupo poderoso. Un solo ejemplo de ello: si establecemos cláusulas ambiguas en torno a los derechos sociales o la libertad religiosa, lo que hacemos en los hechos, en definitiva, es deferir la solución de esos potenciales conflictos (cuánta libertad religiosa? aplicamos los derechos sociales?) al aparato ya armado para la solución e interpretación constitucional, que tiene en su centro al Poder Judicial. De ese modo, más que "evitar" un problema, logramos ocultamente que él sea resuelto por la rama del poder que menos controlamos. Si queremos defender esta solución, debemos hacerlo de modo explícito, y lo peor que podemos hacer es actuar como si no estuviéramos resolviendo el tema, o como si no nos diéramos cuenta que no hay algo así como una posición de "inacción" o "neutralidad de base": siempre estamos tomando partido por un cierto resultado, lo hagamos explícito o no.