29 ago. 2015

Hablarían los represores si no fueran perseguidos?

Hoy, en Página12, sin mala fe (el pecado de tantos artículos del diario), pero con una ingenuidad que enternece, dos investigadoras (C. Feld y V. Salvi) publican sobre el tema (acá). La tesis central del texto está ya en el primer párrafo, donde se le ven todos los problemas. Dicen:

"El argumento de que los represores de la dictadura dirían la verdad sobre sus crímenes si no fueran perseguidos penalmente es tan falaz como el que sostiene que la acción penal impide que ellos rompan el silencio. Estos argumentos, que se presentan como dos caras de lo mismo, se desarman con sólo examinar qué dijeron públicamente los represores cuando contaron con impunidad para sus crímenes."

Es sorprendente que presenten así el argumento que quieren atacar. Lo que dicen muchos (entre ellos, célebremente en nuestro país, Claudia H.), es que modos de lidiar con el problema, "a la sudafricana", buscaron enfatizar "verdad sobre castigo". Para ello, no invitaron (dios mío, cuánta ingenuidad) a "mesas de diálogo" o trataron de "seducirlos" con una "cultura del diálogo", sino que dieron incentivos duros (el perdón por ejemplo), a cambio de obtener porciones de la verdad reclamada por los familiares de los muertos y abusados. Esos incentivos son destruidos por los procesos organizados del modo en que los conocemos, que determinan, para quien habla (un Scilingo, digamos), años (literalmente, en España cientos de años) de cárcel, como respuesta por animarse a confesar, a decir algo. Lo que se provoca entonces, en los imputados, es una respuesta del tipo "pacto de silencio", que sólo por excepción se tiende a violar.

No se puede, entonces, hacer un acercamiento al tema del tipo "Ríver-Boca", u otro marcada por el simplismo ingenuo, como en este caso; un más que típico ejemplo de lo que dicen los críticos del "diálogo". Critican a las visiones dialógicas por cándidas o falaces, desde una posición tan vacía de derecho, tan frágilmente fundada, tan llamativamente candorosa

28 ago. 2015

Se viene el seminario (falta poco)

Seminario de teoría constitucional y filosofía política
A cargo de Roberto Gargarella

Miércoles de 18 a 20, en el Salón Vélez Sársfield, UBA Derecho

TEMAS Y LECTURAS A DISCUTIRSE

9 de Septiembre
J. Braithwaite y P. Pettit, cap. 5 de "No sólo su merecido", Interpretación de la teoría republicana

16 de Septiembre
Antony Duff: "La ley, el lenguaje y la comunidad"

23 de Septiembre
R.Gargarella, "Democracia y castigo en la obra de Antony Duff"

30 de Septiembre
Alasdair Cochrane, sobre el abolicionista Thomas Mathiesen, 50 años después del comienzo de su carrera

7 de Octubre
R.Gargarella, "Democracia, protesta y derecho penal"

El seminario es libre, gratuito y abierto a todos. (Pueden dejar sus datos de contacto en el Departamento de Público)

Los materiales se distribuirán con antelación al seminario, en

seminariogargarella.blogspot.com

26 ago. 2015

Termina la era de las promesas andinas (Ecuador/Bolivia)


De Maristella S., publicado en Ñ (acá)


América del Sur vive un momento político-social muy inquietante, de fuerte polarización en diferentes países y de crisis del pluralismo político. Aunque el espectro regional es amplio, quiero referirme aquí a aquellos dos países que más expectativas políticas transformadoras concitaron desde las llamadas izquierdas progresistas latinoamericanas en la última década: Bolivia y Ecuador. La razón de ello es que en el último mes asistimos a dos hechos elocuentes que ponen de relieve la amenaza y cercenamiento de libertades políticas en ambos países.

Bolivia y Ecuador (y, en menor medida, por su carácter siempre controversial, Venezuela) lideraron el ranking de los gobiernos de izquierda en la región, cuyo correlato fue un proceso de innovación social e institucional, protagonizados por organizaciones indígenas y movimientos sociales. Así, a través de la Asamblea Constituyente el gobierno de Evo Morales estableció el reconocimiento de los derechos colectivos y la creación del Estado Plurinacional y las Autonomías indígenas. Por su parte, Ecuador constitucionalizó los Derechos de la Naturaleza y estableció un Plan del Buen Vivir que apuntaba a la salida del modelo primario-exportador, acompañando esto con la propuesta innovadora como la de dejar parte del petróleo bajo tierra (Iniciativa Yasuní).

En 2015, las promesas de generar “otros modelos de desarrollo” parecen ya muy lejanas. Así, en Bolivia, el 9 de agosto pasado, el vicepresidente Alvaro García Linera, connotado intelectual y sociólogo, fustigó con una retórica virulenta a cuatro ONG nacionales, a las cuales trató de mentirosas, amenazándolas con expulsarlas del país (sic), debido a que sus informes contradicen el discurso oficial (pues muestran el avance del agronegocio), o bien porque defienden las comunidades indígeno-campesinas frente a la expansión del extractivismo (así, acusó a una de estas ONG de hacer “trotskismo verde”).

Días más tarde, con un conjunto de intelectuales, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, el ecuatoriano Alberto Acosta y la expareja del vicepresidente, la mexicana Raquel Gutiérrez, y varios argentinos (Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo y la autora de esta nota, entre otros), enviamos una carta abierta a García Linera rechazando las descalificaciones y amenazas, las que de concretarse, implicarían una violación de los derechos civiles y, por consiguiente, un enorme retroceso para la democracia boliviana. En dicha carta, de gran circulación en Bolivia, subrayamos también que “la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”. García Linera contestó con otra carta, la cual si bien abre a una discusión pendiente sobre extractivismo y modelos de desarrollo, insiste en que las ONG en el banquillo mienten y que no fueron amenazadas de expulsión, sino de defender “los intereses de la derecha política internacional”.

La posición de García Linera tiene antecedentes. Así, en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales generó el conflicto en el Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure), por la construcción de una carretera, García Linera escribió un libro, Geopolítica de la Amazonía (2012) donde criticaba el “ambientalismo colonial” y demonizaba las ONG y las agencias de cooperación (situándolas en el mismo plano) así como a diversas organizaciones indígenas históricas que se habían opuesto a dicha carretera.

En Ecuador, la situación es de mayor gravedad, pues los dichos y amenazas suelen convertirse en hechos. Así, el pasado 13 de agosto tuvo lugar una importante marcha liderada por la Confederación Nacional de Pueblos Originarios del Ecuador (Conaie), la que terminó –como sucede en los últimos tiempos en ese país– en represión. En la misma fue golpeada la periodista franco-brasileña Manuela Picq, residente desde hace 8 años en el país, donde es profesora universitaria y pareja de un líder indígena. Mientras estaba en el hospital, Manuela Picq se enteró de que su visa había sido cancelada y que estaba obligada a abandonar el país. Finalmente, gracias a la solidaridad nacional e internacional, Picq no fue deportada.

Tampoco es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa lleva a cabo este tipo de acciones, que lo colocan muy lejos de la idealización política e intelectual que se ha venido haciendo de los gobiernos progresistas, por ejemplo, en la Argentina. En 2009, Correa despojó de su personería jurídica a la reconocida ONG Acción ecológica, pero tuvo que retroceder frente al rechazo internacional. En diciembre de 2013 expulsó del país a la Fundación Pachamama, y en 2014, canceló súbitamente la visa de Oliver Utne, consultor de origen estadounidense (yerno de Alberto Acosta, reconocido economista y político opositor) que debió abandonar el país. Por otro lado, el carácter autoritario del gobierno de Correa tiene su correlato en la creciente criminalización de estudiantes y organizaciones indígenas-campesinas que luchan contra el extractivismo, hay más de 200 personas procesadas (varias de ellas, bajo la figura de terrorismo).

¿A qué se debe el corrimiento político en estos países, impensable unos pocos años atrás? Desde mi perspectiva, hay dos inflexiones mayores que ayudan a explicarlo: por un lado, la acentuación del extractivismo; por otro lado, el retorno del populismo. En primer lugar, asistimos al fin de las llamadas “tensiones creativas” propias del comienzo de ambos gobiernos y a la consolidación de una política netamente extractivista que colisiona con los derechos consagrados por las constituciones, reclamados por las organizaciones indígenas y ecologistas. Con ello, Bolivia y Ecuador traicionaron sus promesas políticas originales de Buen Vivir y respeto a la Naturaleza y lejos de alentar cualquier escenario de transición y salida del extractivismo, hoy proceden como cualquier otro gobierno latinoamericano, promoviendo la expansión de las fronteras del capital y la exportación masiva de commodities, a través de la multiplicación de megaproyectos extractivos (minería, expansión de la frontera petrolera, soja, entre otros).

En segundo lugar, este proceso significó una estigmatización creciente de la narrativa indigenista y ecologista, desplazada por la narrativa populista, donde convergen visión estatalista y culto al líder, bajo esquemas hiperpresidencialistas. Asistimos así al retorno de un populismo de alta intensidad, asociado al ejercicio de la política como permanente confrontación entre dos polos antagónicos (el nuevo bloque popular versus oligarquía, medios de comunicación dominantes y el “ambientalismo colonial” o el “ecoterrorismo”). La inflexión no es menor, pues el populismo, como fenómeno político complejo y contradictorio, presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y no democráticos. Tarde o temprano, ello hace que nos preguntemos sobre el tipo de hegemonía que se va construyendo en esa tensión peligrosa entre una concepción plural y otra organicista de la democracia; entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias. Los dos hechos reseñados, aunque revisten una gravedad diferente (Ecuador está varios pasos adelante), forman parte de esta tentación de corrimiento de las fronteras.

Por último, no es lo mismo hablar de nueva izquierda latinoamericana que de populismos del siglo XXI. En el pasaje de una caracterización a otra algo importante se perdió, algo que evoca el abandono, sino la pérdida de la dimensión emancipatoria de la política y la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional, basados en el culto al líder y su identificación con el Estado.

Miembro de Plataforma 2012

Fohrig sobre el problema narco

Muy bien don Alberto, acá

23 ago. 2015

Alegre sobre Verbitsky

Marcelo A. le replica, con razón, a H.V., por la nota que éste publicara, acá

Justicia transicional: Réplica a Horacio Verbitsky
Marcelo Alegre (UBA-Derecho)

En la nota editorial de Página12 del domingo 23 de agosto Horacio Verbitsky (“Pescado al dulce de leche”) critica un seminario sobre Derechos Humanos organizado por la Universidad San Andrés en el que participé como uno de los invitados. La nota presenta esta actividad como parte de una movida pro-impunidad. Temo que se me esté endilgando el delito de “asociación panelística”. En lo que se refiere a mi intervención la nota dice:
“El profesor de derecho de la UBA Marcelo Alegre cuestionó incluso el concepto de dictadura cívico-militar y la acusación a algunos jueces por complicidad con delitos de lesa humanidad, porque constituiría una “oblicua reivindicación de la dictadura”. Su barroca conclusión es que si se ignora que los jueces fueron irrelevantes y se los acusa por no haber investigado “se transforma la dictadura en una semi-república”. 
También entiende que se intenta poner los Derechos Humanos al servicio de un proyecto anti-liberal, apropiándose del concepto liberal-democrático para combinarlo con otros elementos incompatibles, como la reivindicación de la violencia política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo, lo cual constituye una “gran deformación filosófica”.
Un punto común a casi todas las intervenciones, que Alegre desarrolló con mayor detalle, es la reivindicación del juicio a las Juntas de 1985, como modelo antagónico a los actuales procesos, que no serían jurídicos sino políticos. Para ello pasan por alto que aquel juicio suscitó en su momento las mismas críticas que ellos dirigen ahora a la nueva etapa. Para Alegre, fue “el Cruce de los Andes de la democracia recuperada”. No está de más recordar que Raúl Alfonsín justificó la claudicación de la ley de obediencia debida con otra metáfora histórica: “No hemos tomado la Bastilla”. Ni el cruce de los Andes ni la toma de la Bastilla fueron momentos aislados, sino parte de procesos dinámicos que, con avances y retrocesos, construyeron la independencia y la democracia que hicieron posible, tanto el gran juicio del ‘85, como la reapertura posterior.”
En el panel participó gente que conozco y respeto y cuyo compromiso con la democracia y los DH es incuestionable, tales como Graciela Fernández Meijide, Carlos Peña (Rector de la Universidad Portales de Chile), Sam Ferguson (investigador de la Universidad de Yale), José Luis Romero, Robert Barros (Profesor de Ciencia Política y estudioso de la dictadura de Pinochet), Martín Sabelli (experto en reformas judiciales de EEUU), etc. Lamenté y así se lo dije al decano de San Andrés, que no hubiera gente que trabaje en los juicios actuales desde la perspectiva de los fiscales o víctimas para responder a las críticas a esos juicios de la defensora Verónica Blanco. Lucas Grosman me respondió que nadie del CELS había aceptado la invitación a integrar el panel por problemas de agenda.
He cambiado muchas de mis opiniones con el tiempo, pero no sobre el tema de la justicia transicional. Me opuse, como integrante de la Juventud Radical y en las calles, contra las instrucciones a los fiscales, el punto final, la obediencia debida, decisiones del gobierno de Alfonsín (que orgullosamente integré en posiciones muy secundarias). En aquella época la militancia juvenil no consistía en “bancar” al gobierno acríticamente. Por supuesto que apoyábamos fuertemente a Alfonsín, pero muchos jóvenes cuestionaban en voz alta diversas políticas del gobierno, en el terreno de los derechos humanos y en otros (tenencia de drogas, deuda externa, etc), sin que se pusiera en duda nuestra lealtad al radicalismo. Aspirábamos a ser la vida y la paz, no los soldados de nadie. 

Durante los noventa apoyé, desde mi tarea docente, los distintos resquicios para vencer a las políticas de impunidad, incluyendo la nulidad de la ley de obediencia debida, y más tarde respaldé en mis escritos la jurisdicción universal en materia de violaciones de DH . 

Mi posición sobre el concepto de dictadura cívico-militar y los juicios a jueces del Proceso está publicada en un libro de este año, cuyo elogio de contratapa escribió el propio Verbitsky.  Cuestionar el concepto de dictadura cívico-militar no equivale a disminuir el cuestionamiento ético y político del terrorismo de estado. En breve, mi postura es que ningún sector participó del poder con la cohesión de las FFAA, que concentraron en las Juntas la suma del poder público, incluyendo el plan clandestino de represión. Esta conceptualización no obstaculiza en lo más mínimo la punibilidad de los civiles (que por supuesto los hubo) involucrados en la violación de derechos humanos. 

En el panel rechacé enfáticamente la idea de la reconciliación, que había sido expuesta por Emilio Cárdenas previamente (aunque él fue claro respecto a la improcedencia jurídica de todo tipo de amnistía o indultos). Dije que no cabía trasladar al plano público un concepto eminentemente privado y que la reconciliación es el producto de decisiones personales y no puede imponerse desde el Estado. El Rector Peña disintió, cuestionando el carácter liberal de mi enfoque e insistiendo en que la reconciliación es un fin legítimo del Estado. Le repliqué invitando a Graciela Fernández Meijide a dar su opinión, preguntándole si ella aceptaría que el Estado sustituyera su voluntad de aceptar o no reconciliarse con los verdugos de su hijo. Graciela estuvo de acuerdo conmigo. 

De ninguna manera afirmé ni creo, como dice la nota, que los juicios actuales sean políticos y no jurídicos. Lejos de descalificar la rendición de cuentas ante la Justicia de los funcionarios judiciales de la dictadura, señalé dos requisitos para que esos juicios cumplan el objetivo de hacer justicia dentro del estado de derecho. Por un lado, tomarse en serio la idea de la complicidad obliga a acusar a los jueces por los delitos que sin duda son de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles: homicidios, tormentos, secuestros, etc. El resultado serían sentencias aún más severas que las que se dictarían en base a delitos cuyas penas son menores (incumplimiento de deberes, omisión de investigar, etc). 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el contexto de la conducta judicial que se investiga, en este caso el estado de terror imperante en la dictadura. Respecto de la “oblicua reivindicación de la dictadura”, me refería al riesgo de sobrevalorar el poder de los jueces en la dictadura. Si alguien asume que los jueces podían poner fin a la represión ilegal, eso implicaría que el poder militar estaba dispuesto a sujetarse a decisiones judiciales, lo que niega el carácter de autoritarismo extremo del Proceso. La noción de que la Justicia durante la dictadura fue más o menos irrelevante no es una originalidad. Por ejemplo, era la opinión de Raúl Alfonsín.  

Mi posición es que los jueces dictatoriales deben responder en los casos en que se involucraron directamente en la represión clandestina (por ejemplo participando de interrogatorios bajo tortura, favoreciendo apropiaciones de niños secuestrados, etc) y sin que se formulen distinciones oportunistas con base en las posiciones políticas posteriores de los magistrados. 

Luego de que Kirchner en la ESMA ninguneara el Juicio a las Juntas, y de la reescritura oficial del prólogo del Nunca Más, es perfectamente legítimo que quienes defendemos el legado extraordinario de Alfonsín reivindiquemos tanto la Conadep como el Juicio a las Juntas. Emparentar esta defensa con una campaña por la impunidad es un disparate, en línea con aquellas imposturas. No dije que el Juicio a las Juntas fuera antagónico con los actuales juicios, como la nota sugiere. Fue, simplemente, algo diferente y la razón que expuse es que aquel juicio apuntaba a terminar con la idea de que las FFAA estaban por encima de la ley y las instituciones. En mi opinión, y por fortuna, este objetivo de poner en caja a los militares ya no está en juego hoy. Sí opino que la trascendencia del Juicio a las Juntas es incomparable respecto del resto de los juicios. 

También dije que la filosofía de los DH, o sea el liberalismo (con perdón de la palabra) es incompatible con varias posiciones con las que el kirchnerismo ha coqueteado o que ha asumido. La nota enumera la reivindicación de la violencia política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo. Aludí también a la política de amigos y enemigos. Puedo equivocarme en este punto, como en el resto, pero no veo la conexión entre esta posición y un reclamo de impunidad.  

22 ago. 2015

Morir en política

El peronismo fue responsable de las muertes de Kosteki y Santillán, que Aníbal F. en su momento, presentó como "problema entre piqueteros", que habían preparado un escándalo (que implicó, claro, estas muertes) con el objeto de molestar al gobierno. Aníbal F. volvió a estar ahí arriba, con la muerte de Mariano F.: otra vez, una lucha entre facciones sindicales, mientras la policía (que él comandaba) liberaba la zona para que la muerte ocurriera. Ahora, frente a la muerte del joven militante radical jujeño, las respuestas son las mismas: los acusados por la muerte (que militan con la violencia) son defendidos desde el palco presidencial, Milagro Sala es convertida en víctima, y es el joven radical muerto el que en realidad representa un problema: qué hacía afiliado a la agrupación de Sala? Habrá tenido su propia familia responsabilidad en la muerte? El problema no será que la oposición quiere sacar rédito de todo esto? La lógica se aplica a Kosteki, a Santillán, a Mariano F., a Ariel Velázquez, al propio Nisman: el problema está en los muertos, en sus familias, en la oposición. El peronismo k, todo un modo de hacer y pensar la política.

20 ago. 2015

Descontrol institucional

Excelente artículo de Gus Maurino, hoy en La Nación, acá

(un párrafo):
"El sistema de control institucional del Estado nacional, si bien relativamente moderno, está completamente desmantelado, desvirtuado y deslegitimado. Los ejemplos abundan y son devastadores: agencias de protección de derechos acéfalas (Defensor del Pueblo de la Nación), intervenidas (Inadi), o sin funcionar hace años (Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes); agencias de control y regulación de los servicios públicos intervenidas (CNC, CNRT) o des-institucionalizadas hace años (Enargas, ENRE); agencias de control de la corrupción y de promoción de transparencia sin independencia (Sigen, Oficina Anticorrupción) o limitadas en su acción por diseños institucionales ilegales (AGN)."

Derechos de los pueblos originarios, este lunes

Se presentan libros de Silvina Ramírez y Eduardo Hualpa

18 ago. 2015

(Mendoza) Corte Suprema y audiencia pública por la ley 7722, sobre minería

Publicado en MDZ on line, acá

Como académico interesado en la cuestión ambiental, sigo con preocupación los desarrollos que se han estado produciendo en la Provincia, en torno a la aplicación de la Ley 7722 referida a la explotación minera, y a la luz de las objeciones que han sido presentadas de modo reiterado, fundamentalmente, por empresarios vinculados con el sector.

Advierto, en este sentido, que la Corte Suprema provincial ha perdido una oportunidad excepcional para promover el debate colectivo en la materia, al dejar de lado un requerimiento de la Procuración General (requerimiento en línea con lo dispuesto por la Corte Suprema Nacional en la acordada 25325 y la propia Corte provincial en 2014), para desarrollar una necesaria audiencia pública en el área, a la luz de la trascendencia institucional de la cuestión. Considerando las circunstancias concretas del caso bajo examen, parece claro que el mecanismo de audiencias públicas no se vería desnaturalizado por la concreción de una audiencia en este contexto. Por el contrario, pocas ocasiones y temas más importantes que el presente –-sopesar las ventajas y riesgos de una actividad minera cada vez más intensa y riesgosa en materia de los intereses fundamentales de la población- para recurrir a un instrumento como el de las audiencias públicas: se trata de una cuestión de primera relevancia pública; existen amenazas serias sobre derechos fundamentales; los peligros en cuestión (que incluyen la contaminación de recursos hídricos en un contexto de escasez hídrica, y el uso de sustancias tóxicas –cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, por ejemplo- para llevar adelante la explotación del caso) se ciernen sobre un número significativo de personas, y todo ello en el marco de una actividad que ejerce un impacto obvio en el medioambiente de toda la región.

Teniendo en cuenta tales antecedentes, resultan llamativos los argumentos empleados por el máximo Tribunal provincial para descartar la realización de la audiencia. El tribunal no suple, sino que colabora con las ramas políticas del poder, cuando ayuda a que se expongan y confronten las concepciones y argumentos de las distintas partes involucradas en la cuestión. El debate público que asegura la audiencia no sólo es valioso como expresión del compromiso de los órganos de poder con la transparencia en la gestión pública; y no sólo resulta de vital significación para la educación cívica de la sociedad en su conjunto; sino que además representa un insumo imprescindible para el tipo de decisión que se le pide al Tribunal. Se trata, en definitiva, de que la Corte Provincial gane en información y argumentos que resultan imprescindibles para un caso como el que enfrenta; y que a la vez reconozca que su misión, dentro de la estructura de poderes, incluye la de colaborar con los demás ramas de gobierno en la construcción de la democracia constitucional. De eso se trata el sistema de frenos y contrapesos: cada rama del poder no sólo bloquea o limita a las otras, en caso de indebidos excesos, sino que ayuda a aquellas –y así, finalmente, a toda la sociedad- en un proceso de toma de decisiones en el que todos, desde distintos lugares, estamos comprometidos, y en el que todos, de diferentes formas, debemos tomar parte. 

Pettit/Braitwhaite: Por qué y cómo castigar

(Publicado hoy en Clarín, acá)

Cómo decidimos qué debe considerarse un delito? Robar un libro de una biblioteca suele contabilizar como delito, mientras que una multa por devolver un libro con retraso no es más que una sanción civil. Cuando se definen ciertos actos como delitos, ¿cuáles son los recursos que debiéramos utilizar para protegernos contra ellos? En un estado de seguridad el remedio a menudo resulta peor que la enfermedad. Por último, cuando a alguien se le imputa un crimen, ¿cómo nos aseguramos de que el juicio, la sentencia y la instancia correctiva sean justos? Estas son algunas de las preguntas que plantea una teoría republicana de la justicia criminal. 
La idea fundamental es que un sistema represivo de justicia criminal no solo afecta la libertad de víctimas y delincuentes, sino que nos expone a todos ante el poder de las autoridades y cuestiona la libertad individual. El concepto de libertad invocado aquí, la equipara al goce del autodominio. En este sentido la libertad requiere protegerse del poder arbitrario del delincuente, del poder arbitrario de la policía y de la imposición judicial ilimitada. Así, no solo proporciona un ideal y guía para el sistema de justicia criminal adonde apuntar, sino también identifica las restricciones bajo las que debe operar el sistema. Es peligroso instalar políticas de justicia criminal que busquen la disuasión a cualquier precio para la libertad; que argumenten en favor de encerrar al individuo solo porque creamos que podemos rehabilitarlo; o que busquen imponer penas homogéneas independientemente de las circunstancias del delincuente. Así, la libertad de muchos también se verá afectada. Viviremos todos a la sombra de las autoridades, intimidados por lo que nos puedan hacer. 
Tenemos que ser “realistas” acerca del delito y de nuestra respuesta frente al delito. La realidad es que el delito ocurre en todos los niveles y en cada rincón de nuestras sociedades. Está claro, por ejemplo, que casi todos los años la mayoría de los ciudadanos hace trampa de una forma u otra con sus impuestos. Buscar un sistema que contemple todas las ofensas por la vía tradicional, punitiva de la justicia criminal sería imponer una forma agobiante para la vida social. Contra este escenario la teoría republicana argumenta que debiéramos desplegar un mínimo nivel de regulación y castigo, suficientes para permitir el máximo disfrute de la libertad. Proporciona el fundamento moral para lo que se conoce como justicia reparadora.
Cuando un niño es atrapado robando en un negocio, la policía debería hacer todo lo posible por llevar al niño ante sus padres y exigirles que le den una reprimenda familiar. Cuando alguien confiesa que mintió acerca de sus impuestos, no debería ser encarcelado si es que está dispuesto a pagar lo que debe más los intereses. Y cuando alguien comete un crimen violento, se deberían agotar todos los esfuerzos para comprometer al delincuente y a la víctima, con la interacción de sus familias y amigos, a encontrar una respuesta más reparadora que punitiva. La causa de la libertad requiere un sistema en el cual la idea guía no es la retribución ciega ni la disuasión a cualquier precio. Es la reparación para víctimas y delincuentes, lo más allá posible; en última instancia, es la reparación para toda la comunidad. 
John Braithwaite y Philip Pettit
Autores del libro “No solo su merecido. Por una justicia penal que vaya más allá del castigo”, Siglo XXI

17 ago. 2015

Un derecho penal democrático

Antony Duff acaba de "postear" en el SSRN un texto con ese título. Sin ser mi favorito dentro de su producción (y aún, dentro de su producción en el área), el texto tiene interés. En él dice, por ejemplo, que "si el derecho penal debe ser un derecho legítimamente democrático, debe entonces ser uno que la ciudadanía pueda ver como propio - uno que pueda ser hecho propio por la ciudadanía." 

Pero entonces, cómo es que el derecho debería tratarlas, si quisiera respetar el estatus de las personas como ciudadanos? En primer lugar, el derecho debería ser inclusivo, y los ciudadanos tratados como miembros plenos de la comunidad, con pleno acceso a todos los aspectos de la vida civil (incluyendo, de modo especial, la participación política en el gobierno de la comunidad). 

Su énfasis en la inclusividad resulta notable en el contexto de un derecho penal marcado por lo contrario, es decir por la exclusión. Agrega Duff: "(A pesar de las dificultades) debemos resistir las tendencias excluyentes del derecho penal y del castigo, esto es la idea según la cual al cometer un crimen el ofensor abdica de su estatus como ciudadano. La principal motivación de esta creencia es una idea de solidaridad con todos los demás, a los que asumimos como sujetos falibles e imperfectos, que deben vivir junto con todos los demás, para poder florecer conjuntamente con ellos."



Cejas

Qué grande fue Agustín Mario Cejas¡

15 ago. 2015

Algo de cine 2: Puccio y... la etapa burguesa del "nuevo cine argentino"?

En tiempos en que Pablo Trapero y Adrián Caetano -los dos grandes directores del nuevo cine argentino- han dirigido, casi al unísono, uno una película y otro una miniserie sobre el mismo tema -el temible clan Puccio- la pregunta es (más que: cómo se explica esta coincidencia?): cómo puede ser que aquellos dos grandes cineastas, que rompieron con el soporífero y pretencioso cine que dominaba en el país, antes de su llegada, hayan elegido semejante tema? Justamente ellos, que en sus obras anteriores tomaron una y otra vez el punto de vista de los más postergados de todos, en sus formas más diversas (Trapero y los desplazados por el mercado laboral, en Mundo Grúa; Trapero y los escalones más bajos de la policía, en La Bonaerense; Trapero y los miserables, en Elefante Blanco; Trapero y las presas, en Leonera; Caetano y los pibes del barrio, en Pizza, Birra y Faso; Caetano y los inmigrantes de países limítrofes, en Bolivia; Caetano y los desaparecidos, en Crónica de una fuga; Caetano y los presos, en Tumberos)?

Por supuesto, quién lo duda, el tema es bien interesante (para quienes no lo conocen: familia sanisidrense, ultracristiana, involucrada en el secuestro y muerte de empresarios ricos, post-dictadura). Por supuesto, no harían nada bien en hacer girar sus películas siempre sobre lo mismo (pero nótese que no lo habían hecho, aunque el punto de vista -desde abajo- tendía a ser el mismo). Pero, más allá de lo obvio -se señala a los ricos y cristianos, se los compromete con la dictadura- se trata de un tema que interpela sobre todo a las familias burguesas que se preguntan "cómo pudieron hacerlo," para encontrar inmediatamente sosiego ("qué buenos que somos nosotros"). Me hago esta pregunta con sorpresa, sin mala leche, y más allá del resultado de los respectivos productos (la película de Trapero se estrenó, y vale la pena verla aunque diste de ser lo mejor que hizo; la miniserie de Caetano está por estrenarse).

 

Algo de cine 1: Italianos en el exilio


Por cuestiones que tienen que ver, también, con las raíces propias, estos días vi dos antiguas, tremendas películas italianas, sobre italianos en el exilio (el exilio de la pobreza, en ambos casos): Pane e Cioccolata, la primera; y luego I Magliari. La primera, sobre italianos en la Suiza alemana, y la segunda, más vieja, sobre italianos en Alemania (Hannover/Hamburgo).

La primera de las dos películas es la mejor obra de un abogado y cientista político (¡), Franco Brusati, y es de 1974. Está recorrida por una ironía radical, de italianos pobres contra suizos displicentes. Burla, también, de los italianos contra sí mismos, y orgullo tristísimo por lo propio. Agrego dos escenas que pintan entero al film: En la primera, el gran Nino Manfredi desespera para que en el restaurant donde trabaja a prueba, lo tomen a él y no a su competencia (el "turco"), que hace todo bien. La escena de la pelada de naranja, increíble

Y en esta otra, sobre el final, y ya sin saber más que hacer para integrarse, Manfredi se tiñe de rubio, finge ser suizo, pero llega a un bar en donde están mirando un partido Italia-Suiza. Graciosísimo y tristísimo

La segunda película es I Magliari (1959), de Franceso Rosi, tal vez mi cineasta italiano favorito (o el segundo). Es la segunda película del joven Rosi, pero ya se ve todo lo extraordinario que vendría después. Y para colmo actúa un joven Alberto Sordi (como estafador todoterreno), que protagoniza por ejemplo esta escena sen-sa-cio-nal, él solo -el gran farsante, que ha perdido una vez más, pero está por encima de todos- que se ve forzado a abandonar el lugar en busca de un destino mejor. La escena está en italiano, pero sólo verlo moverse y gesticular, para quien no lo entienda, vale la pena
https://www.youtube.com/watch?v=MJilOHZnVLg

La Sala de Máquinas, en el Parlamento Uruguayo

Presentamos el libro y hablamos sobre reforma constitucional, en el gran país hermano
https://www.youtube.com/watch?v=zHCMHQdbEuQ

14 ago. 2015

Solicitada a A.García Linera

Junto con Boaventura dos Santos, Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa y un gran grupo de colegas de toda la región, nos pronunciamos contra la amenaza hecha por García Linera, de expulsar a 4 ONGs de Bolivia, a partir de acusaciones completamente infundadas. Una nota al respecto, acá
http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/14/intelectuales-expresan-malestar-amenazas-vice-66560.html


Miércoles 12 de agosto de 2015
Estimado Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Sr. Alvaro García Linera
Por la presente, quisiéramos hacerle llegar nuestra preocupación frente a las infundadas acusaciones y amenaza de expulsión vertidas por usted el lunes 9 de agosto pasado contra cuatro ONGS de larga trayectoria en Bolivia: CEDIB, CEDLA, FUNDACION TIERRA y MILENIO.
Dichas amenazas, de concretarse, implicarían un grave corrimiento respecto de  la restricción de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana. Las ONGS afectadas, varias de las cuales –como CEDIB y CEDLA- reúnen intelectuales de reconocida trayectoria en el campo de las izquierdas y el pensamiento crítico, vienen elaborando informes e investigaciones sobre diferentes temáticas de la realidad boliviana (económicas, ambientales, socio-territoriales, entre otras), cuyo único problema es el de contrariar las expectativas gubernamentales respecto del avance en ciertos temas, o bien el de resultar incómodos para el partido de gobierno.
Lamentamos, además que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de importantes trabajos e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana.
En virtud de ello, en nombre del pensamiento crítico que usted mismo dice representar, quisiéramos hacer un llamado a la reflexión. Como bien sabe el vicepresidente, la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia.

12 ago. 2015

Republicanismo, Constitución y Barolo

En estos días, en Buenos Aires y Mendoza, compartí algunas discusiones y presentaciones con Maurizio Viroli,(hoy tuvimos un muy lindo panel sobre republicanismo y  constitucionalismo). 

Notable pensador, seguramente el máximo especialista mundial en Macchiavello, discípulo de Quentin Skinner, erudito divulgador de la filosofía republicana, amante de la música italiana (de Paolo Conte a Fabrizio D André a -sobre todo- Patty Pravo), y gran futbolista en cancha de 11 (a los 63 años).

Polemizando con la idea habermasiana del patriotismo constitucional, Viroli defendió en cambio un patriotismo republicano. A la primera idea, entendida como apelación a valores universales de libertad e igualdad, la reconoce como demasiado "fría", abstracta, inasible, incapaz de motivar y movilizar las energías necesarias para mantener el "Estado libre," sin dominación. Contra dicha noción, defendió en cambio una idea de patriotismo anti nacionalista, una idea republicana de patriotismo, que vinculó con Benedetto Croce, Giuseppe Mazzini, y buena parte del republicanismo más tradicional. Un patriotismo de solidaridad hacia los excluidos, justicia social y "caritas.] Sostuvo que este tipo de patriotismo, implica compromisos más concretos, vinculados con historias, tradiciones, símbolos, canciones. Compromisos más específicos, menos abstractos, más contextuales, más ricos, situados. Se trata de un patriotismo que, además, nos provee un lenguaje que apela a pasiones vinculadas con el bien común. Finalmente, dijo, para aclararle a los que no habían comprendido, el patriotismo republicano es al patriotismo constitucional lo que un buen Barolo a la Coca Cola.

10 ago. 2015

Una alegría y una esperanza

De estas elecciones me queda una alegría y una esperanza. 

La alegría es por la buena elección de Del Caño-Bregman.

La esperanza, que también es un deseo, tiene que ver con la memoria de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra: Espero que uno de los principales responsables políticos de esas tres muertes (entre otras), que es el tenebroso candidato que el kirchnerismo se ha animado a ofrecer para la Provincia de Buenos Aires, reciba en octubre su merecida derrota.

7 ago. 2015

El libro del CELS 2

Uno de los temas más importantes de los que trata el libro del CELS (y que me conciernen) es el del juicio por el asesinato a Mariano F. Se trata de una de las cuestiones -es mi opinión- más relevantes y reveladoras de la época, particularmente para quienes estamos vinculados al derecho.

Lo que hizo el CELS en dicha ocasión (en buena medida, gracias a los oficios del amigo AB) fue muy excepcional. Conforme lo define HV en el libro, fue "la primera vez en la historia argentina que un crimen hecho por una patota sindical con complicidad estatal es castigado. Y el castigo llega al jefe del sindicato, que era un tipo próximo al gobierno, y llega a altos funcionarios de la Policía Federal". 

Esto es cierto y es de una enorme importancia. Pero es tan importante, también, como lo que no se hizo, lo que no se quiso hacer, y lo que en muchos casos -y esto es lo más duro, y muy sintomático de la época- lo que no se quiso ni ver ni pensar. Las responsabilidades del gobierno y el sindicalismo patoteril no terminaban sino que empezaban ahí. Y tales responsabilidades llegaban, inmediatamente, y en primer lugar, a quien controlaba a la Policía Federal en esa época: el responsable era Aníbal F., hoy -increíblemente- candidato a gobernador de la Provincia. Estaban a sólo un paso de comprobarlo. Y el paso estaba ahí, a centímetros de donde sí llegaron.

(Permítanme un breve paréntesis para señalar mi perplejidad al ver no sólo la candidatura, tal vez triunfante además, de Aníbal F., sino el aval que ha recibido de todo el "progresismo K" (sic). Se trata de la misma persona que (más allá de sus obvios vínculos con el súbito, explosivo crecimiento de la circulación de la efedrina en el país) tuvo una directa responsabilidad en la muerte de Kosteki y Santillán, por la que llegó a los estrados judiciales; sostuvo entonces que los piqueteros se habían "matado entre ellos" para hacer escándalo; y tuvo responsabilidad, también, en el caso de la muerte Mariano F. Y es esta misma persona -involucrado en las muertes más tremendas de la historia política reciente- la que parte del "progresismo K" ve con simpatía y risas, más que nunca, cómplices -un hecho que quedará registrado entre lo más abyecto de la reciente historia política nacional, y que no olvidaremos nunca).

Mi insistente pregunta sobre el tema, que registra el libro, fue la obvia: Cómo pudo ser que se llegara hasta ahí (la policía es responsable, Pedraza es responsable), y no se explorase quién dio la orden de "liberar la zona" (uno de los hechos más importantes que el CELS llegó a probar en el caso)? Cómo pudo trabajarse con la hipótesis implícita de que la policía "se dio la orden a sí misma" de liberar esa zona, para que la patota sindical actuara con libertad? El hecho de que tantos de los involucrados en la investigación ni siquiera quisieran pensar en el "más arriba" (que involucra directamente a AF y, obviamente, al ex presidente NK) es, insisto, de lo más sintomático de la época: la evidencia está ahí, visible, obvia, clarísima, sobre la mesa, pero se la mira y no se la quiere reconocer: no existe entonces.

HV (me) responde en el libro "Avanzamos hasta donde teníamos los elementos...Nosotros no tenemos elementos para demostrar que actuaron por órdenes de más arriba. Lo puedo suponer, pero es una hipótesis para la cual no tenemos elementos probatorios." Y luego: "Los que dicen que hay (un vínculo directo con lo más alto del poder político) que lo muestren. Sino...es muy injusto. A quienes más han hecho, reprocharles lo que no hicieron, cuando al mismo tiempo no podés mostrar."

La declaración lo dice todo: lo que se hizo y lo que no se quiso hacer. El paralelo con el discurso presidencial es obvio. Para la presidenta, si uno quiere criticarla, debe primero crear su partido político y ganarle una elección. Para HV, si uno objeta la investigación del querellante, debe salir a probar los hechos uno mismo. Pero lo cierto es que la respuesta nunca puede ser "no tenemos elementos probatorios", cuando lo que se está haciendo es buscando las pruebas. Es uno el que decide qué sale a buscar y qué no. Si uno no mira y señala lo obvio (la policía no se dio la orden a sí misma) luego, es claro, que no va a hallar nada: en un caso penal de esta clase, nunca va a encontrarse lo que jamás se quiso buscar.

6 ago. 2015

El libro del CELS

Ups¡ Acaba de publicar su libro sobre el CELS el bravo Santiago O'Donnell -lúcido como pocos periodistas de su generación. En su trabajo, SOD da cuenta de cantidad de historias que involucran a colegas, amigos y ex amigos (y también mis propios cortocircuitos con la institución, que relata con buena fe). Sin vocación de dañar, el libro sirve para tratar de entender mejor a la institución" en su tránsito desde Videla a Cristina," como dice en su mismo subtítulo. Originado en un encargo de la propia dirección del CELS, que buscaba consagrar la historia oficial del organismo, SOD perdió el trabajo poco después, dado que sus manuscritos no satisfacían las expectativas de quienes se lo habían encargado. Pero SOD se repuso de lo que vivió como un muy fuerte golpe personal, y (en coautoría) decidió seguir adelante con el proyecto, de todos modos. En lo que pude leer (luego de una primera lectura general) y a pesar de los matices y revoques que le incluiría, encuentro un trabajo necesario, y difícil de emular en su conocimiento, ecuanimidad y detalle de la institución. 

La princesa

Qué mal me llevo con el cine de M.Piñeiro. En este caso, con la elogiada, premiada en el Bafici, La princesa de Francia. Tan narcisista, superficial. Eric Rohmer deslactosado. Querría que no fuera así. Pena¡

Justicia para Erizos, vía LGJ

De don Leonardo GJ, comentario/resumen sobre Justicia para Erizos, felicitaciones Leonardo!
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Especiales/analisis-de-justicia-para-erizos-de-ronald-dworkin.asp?CodSeccion=84

5 ago. 2015

Márgenes de apreciación 2, o la "gradación democrática" cabalga de nuevo

En su artículo "Universality or Diversity of Human Rights," publicado en el 2014, el juez Robert Spano, del tribunal europeo de derechos humanos, responde a otro texto presentado por otro de los miembros del tribunal -Lord Hoffman, en "The Universality of Human Rights".

En su texto, Hoffman aceptaba la preocupación existente por el déficit democrático de los tribunales internacionales. La posición de Hoffman generó, por cierto, numerosas críticas. Pero la respuesta de Spano es interesante, y se acomoda muy bien a lo que propusiera en mi post anterior sobre el tema ("Márgenes de apreciación...).

De modo bastante (aunque no completamente) afín a lo que yo expresara en mi presentación en el IVR o en el post, Spano propone un "qualitative and democracy-enhancing approach" en la aplicación del "principio de subisdiariedad" y la "doctrina del margen de apreciación." En su propuesta, el juez Spano retoma algunas decisiones del tribunal (como "Animal Defenders") para decir que la intervención del tribunal europeo debe calibrarse tomando en cuenta, de modo decisivo "la calidad de la intervención parlamentaria y la revisión judicial" que haya precedido a la norma del caso (en "Animal Defenders" el tribunal europeo hizo referencia al hecho de que la norma cuestionada había sido examinada de modo intenso por el Parlamento; que la misma había sido objeto de un apoyo muy amplio y pluripartidario; que la misma había sido analizada por los tribunales internos correspondientes; etc.). (Se trata de un "bocado de cardenales" como argumento de autoridad, contra aquellos a los que les parece extraña mi propuesta de que los tribunales piensen en los "grados" democráticos de la decisión -una postura que, por caso, defendiera en mis escritos en torno al caso "Gelman"). En fin, alguna luz alumbra por allá lejos.

3 ago. 2015

Bo Burt

Fallece el maestro y amigo Bo Burt. Enorme pena, y un abrazo a sus seres queridos