4 dic. 2016

Un nuevo encuentro de discusión con la Cátedra.  Espectacular como siempre. Felicitaciones a todxs¡

2011 San Pedro
2012 San Antonio de Areco
2013 Chascomús
2014 San Miguel del Monte
2015 Suipacha
2016 Tigre

y seguirá la gira


30 nov. 2016

Seminario sobre DESC

Seminario Preparatorio del Workshop sobre Derechos Económicos y Sociales  

El objetivo del seminario preparatorio es leer, analizar y discutir la biografía, conforme el programa que se envía adjunto, relevante sobre el contenido de los derechos humanos económicos y sociales a fin de que los/as estudiantes cuenten con más herramientas para la participación en el Workshop que se realizará en marzo. El seminario es de naturaleza intensiva. Por esa razón hay varias lecturas, todas en inglés, para cada sesión. No habrá una exposición magistral a cargo de un docente, sino que cada sesión se destinara a la discusión de principio a fin bajo el supuesto de que los/as participantes conocen los textos. La coordinación del seminario estará cargo del Dr. Julio Montero (UBA/CONICET) y del Dr. Mariano Garreta Leclercq (UBA/CONICET).

Las sesiones tendrán lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 6, 13, 16 y 20 de Diciembre en la Sala Vélez Sarsfield de 17 a 19 hs, bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos (CDH).

Se requiere inscripción previa y el material se hará llegar a quienes se inscriban. Para inscripción, escribir a: cdh@derecho.uba.ar. Cupo limitado para 50 personas. 

El seminario preparatorio como asimismo el Workshop a realizarse en marzo se inscriben en un proyecto para la construcción de una red de filosofía política analítica entre University College London (Reino Unido), el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (México) y el Centro de Investigaciones Filosóficas (Argentina). El tema de la red aborda problemas vinculados a la fundamentación de los derechos humanos económicos y sociales, prestando especial atención a la cláusula de realización progresiva según el máximo de los recursos disponibles y a su implementación por la vía judicial.

Aborto en Brasil no es crimen en los primeros tres meses, según la Corte (con link a la sentencia)


LA SENTENCIA, ACA

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC124306LRB.pdf

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/aborto-no-crimen-primer-trimestre-de-embarazo-corte-sup-articulo-668154

(de El Espectador)

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió un fallo este martes que considera "inconstitucional" criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de embarazo, una decisión con validez sólo para un caso ocurrido en Rio de Janeiro pero que podría sentar precedente.

El tribunal hizo esta consideración al revocar la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica en Rio que fueron detenidos cuando estaban practicaban un aborto clandestino en 2013, informó el alto tribunal en un comunicado.

En Brasil, el aborto es un crimen que puede conllevar de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, embarazo con riesgo de muerte para la mujer y, desde 1940, embarazo debido a una violación.

"Este fallo no es necesariamente vinculante, vale sólo para este caso pero puede ser usado como precedente para otros", dijo a la AFP una fuente del STF.

El alto tribunal tomó la decisión considerando que la criminalización del aborto "viola diversos derechos fundamentales de la mujer" y tomando en cuenta también la "proporcionalidad" del castigo.

Los argumentos de los jueces fueron los siguientes: la criminalización es "incompatible con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada"; va contra su autonomía ya que "debe conservar el derecho a de tomar sus decisiones existenciales"; va contra "la integridad física y psíquica de la gestante" y también contra la "igualdad".

"Prácticamente ningún país democrático y desarrollado del mundo trata la interrupción de la gestación durante el primer trimestre como un crimen", enfatizó el tribunal poniendo como ejemplo a Estados Unidos, Alemania o España.

La Cámara de Diputados brasileña, de mayoría conservadora, había protagonizado ya discusiones sobre el aborto promovidas con fuerza por su expresidente evangélico, el ahora detenido Eduardo Cunha, acusado de corrupción y lavado de dinero.

Cunha, del mismo partido del presidente Michel Temer y arquitecto del impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff, había propuesto dificultar el aborto en casos de violación, obligando a las mujeres a someterse a exámenes médicos tras haber sufrido ese abuso.

25 nov. 2016

La privación de libertad de Milagro Sala es arbitraria

En mi opinión, Milagro Sala es responsable de la comisión de delitos que incluyen el uso de la violencia contra sus adversarios políticos, y el manejo discrecional e injustificado de fondos públicos. Sin embargo, ni mi opinión ni la de nadie debe prevalecer en estos casos. Necesitamos que se respeten los procedimientos legales, y que las decisiones que tome la justicia se basen en evidencias contundentes y persuasivas para todos. El proceso que ha llevado a encarcelar primero y mantener detenida a MS después, pareció desde un principio estar motivado por la decisión política del actual gobernador jujeño, de mantenerla detenida, en razón de la enemistad política que los separa. Cada paso que dicho gobierno tomó desde entonces mostró tener la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se podía justificar esa detención después.

Cuando el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU condenó la detención de MS, lo hizo en base a razones como las señaladas: se advierte un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales diversas, orientadas exclusivamente a sostener una decisión ya tomada de antemano: la privación de la libertad de MS. De este modo, además, y tal como denunció el organismo, se dificultó gravemente el derecho de defensa de la detenida: cómo saber cuál era la razón efectiva por la que se la mantenía en prisión, y contra la cual debía activarse, si el poder público jujeño optaba por una estrategia de "blanco móvil" (cambiando su denuncia conforme al éxito o aceptabilidad social que dicha denuncia mostraba)? Existe una obvia "falta de claridad y precisión en los hechos que se le imputan."

Debe resultar claro, en todo caso, que MS no merece ser dejada en libertad meramente porque lo reclama la ONU: se trata de un dictamen no vinculante, aunque sí relevante política y jurídicamente. Se trata de un dictamen que el gobierno jujeño y el nacional deben saber responder debidamente, y no como lo han hecho hasta ahora. Del mismo modo, tampoco merece sostenerse la libertad de MS en los "fueros" de los que supuestamente gozaba: debemos rechazar antes que alimentar la idea de "fueros" como paraguas de protección para funcionarios y activistas privilegiados. Tales dirigentes merecen cargar con responsabilidades especiales, antes que con privilegios particulares.

El reclamo en favor de la libertad de MS se basa en principios y criterios como los siguientes: el de presunción de inocencia; la protección especial de la crítica y protesta políticas (no es aceptable que los acampes, marchas y cortes de calles sean protegidos sólo si son llevados a cabo por grupos "amigos" o políticamente inocuos); los criterios de persecución y enemistad que ha hecho visibles el gobierno jujeño en su contra; la no demostración por parte del oficialismo del riesgo de fuga por parte de la detenida; la noción de que la privación de libertad sólo debe ser utilizada como ultimísimo recurso, y no como medio habitual de reproche; la inaceptable fragilidad e inconsecuencia de las razones alegadas por el Estado en su contra.  

23 nov. 2016

Académicos e investigadores por una verdadera Ley de Protección de Humedales apoyan el Dictamen de Mayoría en el Senado Nacional.

Declaración:

Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales queremos manifestar nuestra enorme preocupación frente a la posibilidad de perder por segunda vez la oportunidad de contar con una auténtica Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales.

Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971.

En concordancia con el creciente reconocimiento internacional respecto de la importancia estratégica de su valoración y protección, nos encontramos en un momento clave para avanzar en la sanción de una Ley de Presupuestos mínimos para su protección, oportunidad que viene siendo largamente postergada según nos muestra la historia reciente; puesto que en diciembre de 2015 perdió estado parlamentario el proyecto de Ley promovido de los senadores Giustiniani (PS) y Ruíz Díaz (FPV).

Con este proyecto como antecedente fundamental, los Senadores nacionales Fernando Solanas, Teresita Luna, Magdalena Odarda, Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy presentaron a debate un nuevo proyecto de consenso que fue debatido y enriquecido a lo largo de 12 reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron activamente especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales (tanto nacionales como provinciales) y un amplísimo espectro de organizaciones y movimientos sociales que realizaron sus aportes. Como corolario de este recorrido, el 20 de septiembre el proyecto obtuvo dictamen favorable (Dictamen de Mayoría), con la firma de 16 Senadores de las dos Comisiones intervinientes (de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca) y representación de todos los bloques parlamentarios.

Para comprender el marco de incertidumbre que rodea el tratamiento del proyecto de Ley es preciso remarcar que el proceso estuvo jalonado por una serie de maniobras claramente arbitrarias que pretendieron impedir que se siguiera el curso establecido.

Entre tanto, el Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Alfredo De Ángeli comenzó a circular un borrador de proyecto alternativo (que luego se convirtió en un Dictamen en Minoría firmado por 3 Senadores) que a todas luces dista del espíritu de preservación que en el mismo se pretende enunciar.

Esto se reconoce en la intención explícita, y recurrente, de promover actividades productivas en humedales, donde se evidencia la intención de subordinar la protección de los humedales a la lógica del interés económico concentrado lo que no condice con lo que establece la Constitución Nacional (art 41) con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. En concordancia, elimina la específica mención a la prevalencia de los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, así como suprime peligrosamente la expresa obligación de verificar los cambios sobre humedales y su avance y retroceso y otros factores relevantes para su protección y restauración.

Por otro lado, en el articulado de dicho dictamen de minoría se omite la mención al período de moratoria para nuevas actividades o cambios de uso del suelo, que pondría un razonable freno a los procesos de destrucción de humedales mientras se realizan los inventarios y se establecen las categorías de protección y modos de uso. De esta manera, estos ecosistemas quedan expuestos a ser transformados drástica y definitivamente.

Asimismo el dictamen de minoría establece un excesivo plazo de 5 años para la realización del inventario cuando fue el propio Ministerio de Ambiente de la Nación el que señaló públicamente que un plazo de 3 años era suficiente para su realización. Además que también establece que “las previsiones de la ley se aplicarán a los humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales” que, en los hechos, provoca que la Ley recién comience a aplicarse a los 5 años de sancionada (cuando esté concluido el inventario) lo que, mezclado con la ausencia de moratoria, provoca un verdadero cóctel fatal para los humedales de la Argentina.

Increíblemente, el dictamen de minoría elimina en las sanciones el ítem de “cese definitivo de la actividad” como una posibilidad, sin importar la gravedad del daño (lo que podría provocar que un emprendimiento inmobiliario que deliberadamente destruyó un humedal para su construcción, sólo pague una multa y no tenga que cesar en su actividad destructora).

En síntesis, de sancionarse el dictamen de minoría tal como está redactado, no solo no se protegerían los humedales sino que se aceleraría su degradación y destrucción.

Dicho todo esto, y ante la posibilidad de nuevas maniobras que podrían conducir a la sanción de este dictamen de minoría o a la pérdida de estado parlamentario del proyecto (de no ser debatido antes del 30 de noviembre), es que instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la protección de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerán a todos, incluso a los que producen sobre humedales.

Por lo expuesto es que, los abajo firmantes, manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales que cuenta con DICTAMEN DE MAYORÍA en el Senado Nacional, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías.

Primeras Firmas:

• Rubén D. Quintana (Investigador Principal CONICET/Profesor Asociado UNSAM -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental -3Ia-, UNSAM) 
• Roberto Bó (Biólogo, Responsable del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, Dto. de Ecología. Genética y Evolución –EGE-, IEGEBA Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -FCEyN– UBA, CONICET) 
• Patricia Kandus (Profesora Asociada Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática –LETyE- Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental (3iA) 
Universidad Nacional de San Martín –UNSAM-) 
• Fabio Kalesnik (Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, GIEH - IEGEBA - FCEN – UBA CONICET) 
• Carlos G. Ramonell (Profesor Titular Geomorfología - Fac. de Ing. y Cs. Hídricas, Universidad Nacional del Litoral) 
• Guillermo Lingua (Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) 
• Patricia Pintos (Geógrafa, Investigadora CIG-IdHICS / UNLP) 
• Ricardo Vicari (Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, GIEH - IEGEBA - FCEN – UBA CONICET) 
• Maristella Svampa (Investigadora del Conicet –UNLP) 
• Beatriz Sarlo (periodista, escritora y ensayista) 
• Roberto Gargarella (Profesor Titular de Derecho Constitucional, UBA) 
• José Emilio Burucúa (Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires - Premio Konex de Brillante 2016) 
• Emilio de Ipola (Profesor emérito UBA. Inv. Sup. Conicet) 
• Anibal Viguera (Decano Facultad de Humanidades Universidad Nacional de La Plata) 
• Daniela Patricia Nieto (Profesor Titular Departamento de Geografía –UNLP-)
• María Isabel Andrade (Docente Investigadora en Recursos Hidricos - Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS/FAHCE/UNLP) 
• Gabriela Merlinsky (Socióloga. Investigadora Independiente del CONICET. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires) 
• Mariana Schmidt (Socióloga - CONICET/IIGG-F.Soc-UBA) 
• Sofía Astelarra (Socióloga. Investigadora y docente- GEPCyD- IIGG-UBA) 
• Soledad Fernández Bouzo (Socióloga, IIGG-UBA) 
• Gabriela Delamata (Politóloga y abogada. Investigadora del CONICET y profesora de la UNSAM) 
• Patricia Araya (FCEQYN Universidad Nacional de Misiones – UNAM) 
• Patricio Narodowski (Economista y Geógrafo UNLP) 
• Andrea Fourty (Doctora en Física, IFIR-CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura) 
• Guillermo Omad (Centro de Investigación Esquel –Chubut- de Montaña y Estepa Patagónica CIEMEP – CONICET) 
• Horacio Machado Araóz (Investigador del Conicet – Unca - Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Catamarca) 
• Anibal Eduardo Carbajo (Biólogo. 3ia UNSAM - Conicet) 
• Julián Monkes (Docente en la cátedra de Extensión y Sociología Rural, Facultad de Agronomía de la UBA) 
• Elsa Marta Gilardon (ingeniera agrónoma, docente Universidad Nacional de Salta) 
• Rosana Ferraro (Licenciada en Ecología y Magister, especialista en evaluación ambiental, IHAM – FAUD - UNMdP) 
• M. Cecilia Castilla (CITCA - CONICET - Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca - PIDBA Programa de Investigaciones de Biodiversidad de Argentina) 
• Pablo Rebagliati (Facultad de Bromatologia, Universidad Nacional de Entre Ríos) 
• Nuria Lewczuk (Lic. en Ciencias Biológicas FCEN-UBA, Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA) 
• María Laura Miserendino (Prof Zoología General – UNPSJB Sede Esquel, Chubut Investigadora Independiente CIEMEP-CONICET-UNPSJB) 
• Alejandro R. Giraudo (Investigador Independiente del CONICET-INALI-UNL Profesor Biología de la Conservación FHUC- Universidad Nacional del Litoral Santa Fe) 
• Diego Ríos (investigador adjunto CONICET-Instituto de Geografía, UBA) 
• Guillermo Bengoa (investigador Universidad Nacional de Mar del Plata, director del CIPADI /UNMdP) 
• Pamela Olguín (INALI -UNL -CONICET- Laboratorio Ornitología, Santa Fe) 
• Leonardo Raffo (biólogo FCEN-UBA / Administración de Parques Nacionales, Magister en Conservación de Biodiversidad) 
• Horacio Sirolli (Tesista doctoral - Grupo de Investigación en Ecología de Humedales DEGE / IEGEBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA / CONICET) 
• Marcelo Giraud (Prof. y Lic. en Geografía Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza) 
• Pablo Aceñolaza (Investigador CONICET, Especialista en humedales) 
• Romina Pavé (Doctora en Ciencias Biologicas - Laboratorio de Biodiversidad y Conservacion de Tetrapodos, Instituto Nacional de Limnologia, Santa Fe) 
• Omar Tobío CEGeo (Centro de Estudios Geográficos - Universidad Nacional de San Martín) 
• Rodrigo E. Lorenzón (Dr. en Ciencias Biológicas - Instituto Nacional de Limnología CONICET- Universidad Nacional del Litoral UNL) 
• Víctor Hugo Vallejos (UNLa Plata y Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba) 
• Luciano Iribarren (Tesista doctoral - Grupo de Investigación en Ecología de Humedales DEGE / IEGEBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA / CONICET) 
• Mercedes Salvia (Dra. en Ciencias Biológicas - Investigadora Adjunta CONICET) 
• Felipe Alonso (División Ictiología, Museo Argentino de Ciencias Naturales – CONICET) 
• Marcela Gregori (Lic. en Ecología y Conservación de Rec. Nat. Renovables – UNLP, Especialista en Patología Ambiental – UNLP, IGEVET - UNLP-CONICET La Plata) 
• Mauro I. Schiaffini (Inv. CONICET - LIEB. Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad CIEMEP. Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica FCN - UNPSJB, sede Esquel) 
• Teresita Núñez (Arquitecta. Profesor investigador CIHAM - FADU/UBA) 
• Ramón Sanz Ferramola (Profesor Titular, Docente Investigador, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis) 
• Adrián Gorelik (investigador del Conicet / Universidad Nacional de Quilmes) 
• Carla Adriana Bessa (Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos / Instituto Nacional de Limnología INALI-CONICET-Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe) 
• Hernán Horacio Schiaffini (antropólogo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut, UNPSJB) 
• Marta Vigo (Arquitecta Universidad Nacional de La Plata - Universidad Nacional de Tucumán y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Catamarca) 
• Alicia Novick (Instituto del Conurbano- Universidad Nacional de General Sarmiento –UNGS-, Instituto de Arte Americano-FADU-UBA) 
• Mariana Segura (Arquitecta urbanista, Revista Hábitat Ciudadano y Cátedra KTD Planeamiento urbano FAU-UNLP) 
• Oscar A. Martínez (Geólogo U.N. Patagonia S.J.B., Sede Esquel Chubut) 
• María I. Graham (INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 
• Marcela Janina Nabte (Dra. en Ciencias Biológicas, Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino). 
• Leandro Varela (Director Maestría Paisaje, Medioambiente y Ciudad FAU-UNLP) 
• Vanina P. Santy (Centro de Antropologia Cultural - Facultad de Filosofia y Ciencias Sociales, Université libre de Bruxelles, Bélgica) 
• Fernando Hidalgo (Investigador CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata) 
• María José Vázquez (docente, investigadora, Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen del Depto. de Educación, Universidad Nacional de Luján UNLu) 
• Anabel Calvo (Geógrafa, investigadora del Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente- PIRNA, Instituto de Geografía, UBA) 
• Gabriel Alvarez (Geógrafo UNTREF - UNSAM - UNCPBA) 
• Mirta Alejandra Antonelli (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba) 
• Marcelo Corti (Arquitecto y urbanista, Master La Ciudad, Políticas, Proyectos y Gestión; PROPUR, FADU-UBA. Editor de la revista digital Café de las Ciudades. Docente de Planificación Urbana -FADU-UBA- y la Carrera de la Arquitectura de la Universidad del Salvador. Coordinador del Curso de Postgrado Gestión de la Ciudad -UOC, Barcelona) 
• Graciela Goizueta (Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca CITCA/CONICET) 
• Marcelo Ruiz (docente-investigador, Dpto. de Matemáticas, Fac. de Ciencias Exactas, Fco-Qcas y Naturales, ex Rector de la Universidad Nacional de Río IV, Córdoba) 
• Omar David Varela (arquitecto, investigador docente Urbanismo, Universidad Nacional de General Sarmiento) 
• José Paruelo (Prof. Titular FAUBA. Investigador Superior Conicet, ex director Lic. Ciencias Ambientales – UBA) 
• Joos Heintz (Profesor Emérito UBA, Investigador Superior CONICET) 
• Daniela Gangi (Lic. en Ciencias Ambientales, Facultad de Agronomía-UBA) 
• Belén Yarde Buller (Lic. en Ciencias Ambientales) 
• Elda Tancredi (Docente e investigadora, Programa Redes epistémicas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján) 
• Danilo Sorti (Ingeniero Agrónomo, Profesor FCA Universidad Nacional de Rosario UNR - Cátedra Introducción a los RRNN) 
• Adolfo H. Beltzer (Investigador del CONICET - INALI-UNL - Jefe Ecología Aves Acuáticas, Laboratorio Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos, Santa Fe) 
• Cecilia Carrizo (Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba) 
• Agustín Quesada (Docente, Departamento de Geología Facultad de Ciencias Exactas UBA) 
• Mariano Féliz (Profesor UNLP, Investigador CONICET) 
• Juan Ignacio Piovani (Universidad Nacional de La Plata -UNLP/CONICET) 
• María Cristina Cravino (Investigadora Conicet-Universidad Nacional de General Sarmiento – UNGS-) 
• Ana G. Dumrauf (Universidad Nacional de La Plata - CONICET) 
• Gabriela Massuh (Escritora, doctorado en filología en la Universidad de Erlangen-Nürenberg Alemania) 
• Horacio Tarcus (historiador, CeDInCI / UNSAM, Conicet-Argentina) 
• Ezequiel Adamovsky (historiador, UBA/UNSAM-CONICET) 
• Marcelo Saguier (Investigador CONICET, Escuela de Política y Gobierno/ UNSAM) 
• Pablo Pereira (Sociólogo, Instituto Gino Germani IIGG-UBA) 
• Luciana Ghiotto (FLACSO Argentina/RRII) 
• Bruno Fornillo (Investigador, UBA-CONICET) 
• Nora Madanes (Docente. FCENyN. UBA) 
• José Seoane (Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe – GEAL) 
• Juan Wahren (Sociólogo, IIGG UBA/CONICET) 
• Lucia Sol Mochi (Lic. en Ciencias Ambientales, Facultad de Agronomía – UBA) 
• Evelina Leon (Licenciada en Biología, INALI – CONICET)
• Hortensia Castro (Dra. en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras – UBA)
• Andrea Previtali (Investigadora CONICET, profesora Univ. Nac. del Litoral)
• Laura Nicoli (Investigadora de CONICET- Division Herpetología- Museo Argentino de Ciencias Naturales- CONICET)
• Trilce Irupé Castillo (Lic. en Biodiversidad, Becaria doctoral CONICET y trabajo en el ISHIR-CONICET, Rosario)
• Elie Abrial (Beca de Doctorado CONICET)
• Gustavo J. Scrocchi (Vice Director Unidad Ejecutora Lillo (UEL) Fundación Miguel Lillo – CONICET
• Alba Imhof (Facultad de Humanidades y Ciencias / Universidad Nacional del Litoral)
• Yanina V. Sica (Beca Postdoctotal CONICET -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental -3Ia-, UNSAM)
• Vanesa Arzamendia (Investigadora CONICET- Universidad Nacional del Litoral)
• Begoña Nazábal (docente de la Facultad de Agronomía de la UBA)

Red Ecosocialista - en Entre Ríos La Re Verde Red ambiental querandi Naturaleza de pie por los Humedales Basta de barrios privados - Cuidemos los humedales MAS Humedales MENOS Inundados Fundación Humedales Vecinos del Humedal Vecinos Por Los Humedales De Ezpeleta Humedal Arroyo Inchalá Hué. Concordia Entre Ríos Humedal Derecho por un Planeta Verde Argentina Soy Río. Primer Documental sobre el Río Gualeguay el rio es nuestro El río es de todos Asamblea Unidos Por El Río Espacio Intercuencas - RRR - Riachuelo, Reconquista, Río de la Plata Río Bravo Entre Ríos Fundación Amigos del Río Paraná (OFICIAL) Protección Ambiental del Río Paraná Matrícula 39177 Delta Rio de la Plata Foro Ecologista de Paraná El Paraná NO se toca Organizaciones Sociales de Paraná Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL CONCEPCION DEL URUGUAY Asamblea Ciudadana Concordia Unión de Asambleas Ciudadanas Asamblea Popular Ambiental Colón - Ruta 135 Asambleas del Pueblo Más Ríos Menos Termas Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM - Fundación Fundavida Somos Noticias Gualeguaychú Diario El Argentino de Gualeguaychú Diario del Derecho Ambiental Elemento Vital.El Agua en el Siglo XXI Patricia Pintos

21 nov. 2016

14 nov. 2016

Conversación con Mauricio García Villegas


Colombia: Paz, Constitución y Estados locales precarios
Martes 15 de Noviembre, 18 horas
Av. Figueroa Alcorta 7350, UTDT

En conversación con Catalina Smulovitz y Roberto Gargarella, coordinado por Paola Bergallo

Link, con más info y su trabajo, acá

13 nov. 2016

Charles Taylor y la fe democrática

Hermosa nota sobre Charles Taylor, en conversación a partir de la victoria de Donald T.

http://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/how-to-restore-your-faith-in-democracy

9 nov. 2016

Defender la participación popular (hoy más que nunca)



(publicado hoy en LN, acá)

La opinión pública internacional se ha visto conmovida, recientemente, por apelaciones a la voluntad popular en consultas públicas que han producido resultados inesperados (pensemos en los casos de los recientes plebiscitos en Gran Bretaña o en Colombia). En nuestro país, en cambio, el artículo 39 de a Constitución prohibe expresamente este tipo de consultas, impide que sean "objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal".

Contra dicho criterio, creo que los asuntos de interés público deben quedar sujetos a procesos de reflexión colectiva.

El básico principio democrático de "una persona, un voto" sugiere la idea de que todos estamos en igualdad de condiciones para tratar sobre los asuntos básicos de nuestra vida en común. Si alguno quisiera sostener, como alguna vez se sostuvo, que ciertos grupos (las mujeres, los afroamericanos, los analfabetos) no deben votar, debe argumentar frente a una enorme presunción en su contra; y lo mismo quienes sostengan, como todavía se sostiene, que ciertos temas no deben ser objeto de la reflexión y decisión colectivas. Esta última es la postura actual de nuestra Constitución pero: ¿cómo y por qué defender algo así?


Durante la Convención Constituyente de 1994, los argumentos que se dieron a favor de dichas restricciones temáticas fueron muy débiles. Raúl Alfonsín defendió la postura mayoritaria al sostener, en esencia, lo siguiente: "Aquí se ha criticado esta posición, que es fruto de nuestra prudencia. No queremos consultas vinculadas con lo penal, porque en un arrebato de la opinión pública podemos llegar a establecer, por ejemplo, la pena de muerte por un delito. Tratada esta cuestión de manera particular por los medios de difusión, podría llevar de pronto, en una explosión de la sociedad, a tolerar o permitir una deformación de esta magnitud".

Contra lo alegado por Alfonsín, cabría decir, en primer lugar, que esta extendida postura muestra una desconfianza tal sobre las capacidades de la ciudadanía que llevan a que uno se pregunte para qué tener entonces un sistema democrático, si es que se asume que la ciudadanía es tan fácilmente manipulable por la prensa. Y en todo caso, si fuera cierto que los medios son tan exitosamente manipuladores de la opinión pública, el control debería estar sobre los medios, no sobre el pueblo.

Alguien podría decir: "Impedimos que se vote sobre ciertos asuntos, porque queremos minimizar los riesgos de violaciones de derechos". Éste sería, finalmente, el sentido de adoptar una democracia representativa. Sin embargo, el argumento es difícil de entender, porque conocemos legislaturas que han aprobado la discriminación racial o la pena de muerte (por citar sólo una, la legislatura de Texas), o cortes supremas que han sostenido la constitucionalidad de la esclavitud, de la pena de muerte, o de la criminalización de la homosexualidad (por caso, la Corte Suprema norteamericana), pero las prohibiciones se quieren establecer sobre la ciudadanía, y no sobre la legislatura o la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué si es que -en todo caso- son tales instituciones las que han fallado y las que más permeables se muestran frente a las presiones de grupos de interés?

Grandes tratadistas sostienen -sin razón alguna- que "sobre las cuestiones de derechos no se discute" o que "los temas de derechos fundamentales deben ser ajenos a la discusión democrática". Pero se trata de puros dogmas a los que nos tienen acostumbrados. De hecho, todos los días discutimos sobre el contenido, la forma y el alcance de los derechos fundamentales, y resultaría ofensivo que no pudiéramos hacerlo. Por caso: discutimos recientemente, en todo el país, en torno a los alcances de la libertad de expresión y la "ley de medios"; o sobre la "ley de matrimonio igualitario". Discutimos también sobre las reglas básicas de la democracia (voto electrónico, sistemas electorales, etcétera). ¿Cuál es el problema de hacerlo?

Las únicas restricciones que vería justificadas son las que derivan de mi afirmación inicial. En primer lugar, al decir que todos los "asuntos públicos" deberían quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", quise negar la posibilidad de que ciertos asuntos -los "asuntos privados", es decir, los relacionados con nuestra vida privada (nuestra fe, nuestras creencias, nuestra sexualidad, nuestras ideas políticas, etcétera)- queden sujetos a una decisión democrática. El tema nos abre a otra discusión inmensa, aunque ya muy transitada. De todos modos, y dado que los temas que el artículo 39 excluye de nuestro control colectivo son asuntos de moral pública, y no privada, voy a dejar dicha discusión para otra oportunidad.

En segundo lugar, al decir que los asuntos públicos deben quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", estoy calificando de modo importante la cuestión en juego, ya que no parto de una idea cualquiera de democracia. Entiendo a la democracia como una discusión inclusiva, cuyos procedimientos deben ayudarnos a obtener información de la que carecemos, a escuchar y a responder a argumentos que no son los nuestros.

Desde tal punto de vista, herramientas como el plebiscito o la iniciativa popular son instrumentos prometedores, pero también muy riesgosos porque son fáciles de manipular por quienes los organizan. Cuando advertimos esto, el problema se pone más interesante. Y es que, contra lo que se nos dice, el foco del problema pasa a quedar más del lado de los representantes que de los ciudadanos. Por eso, Augusto Pinochet convocó a un plebiscito en Chile -¡que perdió!- a pesar de haber asegurado previamente fuertes limitaciones sobre la actividad de los sindicatos, los partidos políticos y la prensa opositora. Adviértase entonces la paradoja: la cuestión no es impedir que la ciudadanía participe o fijar límites sustantivos sobre los temas que ella puede tratar. Lo que importa, más bien, es fijar buenos procedimientos que impidan que el poder de turno degrade o tuerza las reglas a su favor en esas consultas abiertas.

De todo lo anterior, derivaría sobre todo dos enseñanzas. La primera es que son los dirigentes más que "el pueblo" los que necesitan de límites y de controles estrictos. Esto no significa decir que el pueblo "nunca se equivoca". Por supuesto que no: todos nos podemos equivocar, Juan, María, el presidente, el pueblo, cualquiera. El problema es asumir -como asume la Constitución- que el pueblo (y no sus representantes), es el que tiende a equivocarse. La segunda enseñanza es que hay mejores y peores mecanismos para que la ciudadanía intervenga políticamente. Los plebiscitos son herramientas interesantes, en la medida en que estén organizados a través de reglas que aseguren la discusión previa (algo de eso se intentó hacer antes del plebiscito por el acuerdo de paz entre Argentina y Chile), aunque en general pecan por simplificar hasta lo absurdo discusiones normalmente muy complejas (algo de esto, podría decirse, pasó con los mal montados plebiscitos de Gran Bretaña y Colombia). Por ello, la pregunta relevante es cómo limitar el poder que le dejamos a la dirigencia política, empresarial o sindical, en torno a los asuntos que más nos importan.

Sociologo y abogado; su ultimo libro es Castigar al projimo

"La ciencia política realista como una racionalización del presente," o la ciencia política que ignoró a Trump y la teoría política que lo predijo


Linda nota de Peter Levine, acá, en donde nos recuerda que la ciencia política realista-empiricista, a diferencia de la teoría política, 

* se concentra en el caso norteamericano, porque las generalizaciones más allá de un país se dificulta
* se concentra en la historia política reciente
* minimiza el significado de la retórica y la narrativa
* toma la estructura básica del régimen como dada

También recupera una hermosa cita de Theodore Lowi, de The End of Liberalismo (1969, revisada en 1979), donde dice que la "ciencia política realista es una racionalización del presente. Aunque no es necesariamente defensora del status quo, se parece bastante" Está la "separación de los hechos de los valores...el privilegio al rigor sobre la relevancia"

(va la cita completa)

Realistic political science is a rationalization of the present. The political scientist is not necessarily a defender of the status quo, but the result is too often the same, because those who are trying to describe reality tend to reaffirm it. Focus on the group, for example, is a commitment to one of the more rigidified aspects of the social process. Stress upon the incremental is apologetic as well. The separation of facts from values is apologetic.

There is no denying that modern pluralistic political science brought science to politics. And that is a good thing. But it did not have to come at the cost of making political science an apologetic discipline. But that is exactly what happened. … In embracing facts alone about the process, modern political science embraced the ever-present. In so doing, political science took rigor over relevance.

Nuevo Libro CONSTITUCIONALISMO, GARANTISMO Y DEMOCRACIA (junto con la càtedra de Daniel Pastor)




Un libro inter cátedras, con la de don Daniel Pastor!

GRACIAS A TODXS LOS PARTICIPANTES QUE LO HICIERON POSIBLE (ESPECIALMENTE A JFN!!)

Fin del Seminario Sesiòn sobre F.Atria



Terminò el Seminario, con una muy linda sesiòn sobre La Forma del Derecho, de Fernando Atria. Gracias especiales a los dos invitados especiales. Con Fede Orlando -nuestro delegado genovés, y Guille Jensen -el amigo schmittiano- terminamos cubriendo bien las tres principales partes del texto de FA (Fede la primera, yo la segunda, Guille la tercera) (aunque habíamos asignado sobre todo páginas de la 2a parte, como lectura obligatoria). Gracias a todxs los participantes actuales y virtuales. Va el último link

https://www.youtube.com/watch?v=hAqkfpDMO_E&feature=youtu.be

8 nov. 2016

HOY ULTIMA SESION DEL SEMINARIO

Todxs invitadxs. Discutimos a don F. Atria, y brindamos por el cierre¡¡¡

7 nov. 2016

CIENCIA, SALUD, SOCIEDAD: SABER EXPERTO INDEPENDIENTE Y PERSECUCION ACADEMICA


7 de Noviembre de 2016
Adhesiones a: apoyoaequipodesalud@gmail.com

Como profesionales, intelectuales, académicos, artistas y trabajadores de la cultura, queremos expresar nuestra enorme preocupación y nuestro repudio en relación con los hechos de persecución que viene sufriendo el equipo de Salud Socioambiental, dirigido por el Doctor Damian Verzeñassi, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace seis años, dicho equipo docente viene realizando una valiosa e inédita experiencia de relevamiento de los impactos sobre la salud humana de los agroquímicos (glifosato), en diferentes pueblos y ciudades del país.

En los últimos meses, el equipo de médicos ha venido sufriendo presiones, la cual llegó a su pico el viernes 28 de octubre pasado, cuando por orden del decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios fueron cerrados con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información recogida por los campamentos sanitarios (96.800 historias clínicas), que reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

El hecho no es casual, pues la información recolectada por dichos campamentos sanitarios constituye una prueba científica contundente de los impactos socio-sanitarios que produce el actual modelo agrario en nuestro país, situación sistemáticamente minimizada o silenciada por los diferentes actores políticos y económicos involucrados en el mismo, a saber, corporaciones transnacionales, actores del gobierno provincial y nacional, a lo que hay que sumar sectores académicos acríticos, que terminan siendo funcionales a los intereses del agronegocio. Como afirmara recientemente dicho médico en un reportaje, la información recolectada “ha evidenciado los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Se logró así evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio". Por otro lado, no es casual tampoco que esta escalada persecutoria, que sin duda apunta abiertamente a terminar con la experiencia de los campamentos sanitarios, se diera al mismo tiempo que el Dr Verzeñassi participaba del Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya, Holanda.

Dicha persecución nos hace evocar aquella otra sufrida en 2009 por el Dr. Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, quien dio a conocer su investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato, comprobando que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La campaña de difamación contra Carrasco tuvo tal voltaje (amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas), que generó una declaración de apoyo firmada por más de 300 investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública. 

La situación de hostigamiento e intolerancia se ha venido agravando, de cara a los resultados cada vez más elocuentes de las investigaciones científicas independientes en el campo de los agroquímicos y los organismos genéticamente modificados. Así, en el año 2015, Medardo Avila Vázquez, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, dirigió un estudio epidemiológico en la localidad de Monte Maíz (pcia de Córdoba) que reveló que esa población triplica la media nacional de casos de cáncer. En dicha ocasión, el Dr Avila denunció amenazas por parte de directivos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que, además, solicitaron iniciarle un sumario, por haberse “extralimitado en las actividades autorizadas". 

Estos episodios, lejos de ser anecdóticos o pasajeros, revelan un persistente intento de apropiación, con el consecuente daño que se ha realizado a la ciencia en sí misma, basado en la idea de que sólo es “científico” aquello que es afín al modelo dominante (en este caso, el agronegocio); mientras que el resto es descalificado sin mayores argumentos por “falta de cientificidad” o como simple superchería. 

En suma, en un momento en el cual se ha instalado en el debate público la situación y futuro de las universidades públicas y de la investigación científica, a raíz de la política actual de reducción del presupuesto universitario, es necesario recordar también que no son sólo las condiciones materiales de investigación las que están en juego en nuestro país, sino la propia libertad de investigación científica, esto es, la posibilidad misma de generar y proveer saberes expertos independientes, frente al peso cada vez mayor de las grandes corporaciones económicas. 

Los abajo firmantes manifestamos nuestro repudio a la persecución sufrida por el equipo del Dr. Damian Verzeñassi, y llamamos a la reflexión a todos aquellos que asocian la ética científica con el saber independiente, con la defensa de la salud de nuestro pueblo y de nuestros bienes comunes.

Primeras Firmas. Nombre, pertenencia institucional
Maristella Svampa (Investigadora del Conicet-UNLP); Soledad Barruti, (Escritora e investigadora), Alejandro Grimson, (Investigador del Conicet-UNSAM), Adrián Gorelik (Conicet-UNQUI), Roberto Gargarella (Investigador del Conicet, UBA-Di Tella), Ruben Lo Vuolo, (Economista- CIEPP), Pablo Alabarces (UBA-Conicet), Ezequiel Adamovsky (Conicet-UBA-UNSAM), Beatriz Sarlo (Ensayista, escritora), Nicolás G. Tauber Sanz (Abogado - Docente UBA), Patricia Pintos (Investigadora CIG-IdHICS / UNLP), Marcelo Ruiz (Fac. de Ciencias Ex., Fco-Qcas y Nat., Universidad Nacional de Río Cuarto), José Seoane (UBA, Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe– GEAL), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Pablo Bertinat (Docente e investigador, UTN FRRo), Dario M. Lagos,(medico, EATIP-equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial-, APSA), Sebastián Pereyra (CONICET-IDAES/UNSAM), María Paula Yacovino (Antropóloga. AEU-IIGG-FCSOC-UBA), Elizabeth Jelin (Investigadora del CIS-IDES/CONICET), Liliana Tamagno (Antropologa, UNLP-Conicet), Virginia Manzano (UBA-CONICET), José Luis Coraggio (Economista, MAES-UNGS), Cinthia Shammah (UBA-FIC Argentina), Carlos Altamirano ( Universidad Nacional de Quilmes), Alejandro Benedetti (Inv. Independiente CONICET/UBA), Gabriela Delamata (Investigadora del CONICET- UNSAM). María del Carmen García (Prof. Adjunto Matemática, UNPA- UACO), Gabriel Kessler (Conicet-Idhics-UNLP), Andrea Mastrangelo (CONICET, Programa Salud, Ambiente y Trabajo, CEA-UNSAM y CeNDIE-ANLIS), Verónica Gago, (Investigadora Conicet-UBA-UNSAM), Claudia Briones (IIDyPCa; Universidad Nacional de Río Negro-CONICET), Asociación Civil "Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad" (Santa Fe), Karina Jannello (CeDInCI-UNSAM / UNLP), Pia Leavy (ICA-FFyL-UBA-CONICET), España Verrastro (coordinadora de ecoUNSAM), Claudia Korol (Equipo de Educación Popular Pañuelos en rebeldía), Ana Fabaron (IDAES-UNSAM), Flavia Costa, investigadora (CONICET-UNSAM), Alejandro Rascovan (Becario Postdoctoral IMHICIHU/ CONICET), Adrián Brunini (Inv. CONICET, Univ. Nacional de la Patagonia Austral), Alcira Argumedo (Socióloga, Diputada nacional, Proyecto Sur), Norma Sanchez (Investigadora Principal del Conicet-UNLP), Carla Gras (CONICET-UNSAM) , Pablo Bergel (sociólogo), Paula Abal Medina (Conicet-UNSAM), Germán Ciari (documentalista), Eleonor Faur, (Investigadora CIS/IDES), Alejandro F. Gasel, (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), Ana Dumrauf (CONICET-UNLP), Alicia Lissidini (Universidad Nacional de San Martín), Jorge Falcone (Universidad de Palermo), Mariano Féliz, (UNLP. Investigador CONICET), Claudio Katz (Conicet-UBA), Gabriela Massuh (Escritora, editora), Fernando Stratta (Docente e Investigador, UBA/UNLa), Nora Tamagno (docente UNLP, integrante de COMUNA FPDS-CN), Jorge Brega, (Director revista cultural La Marea), Grupo de Ecologia Politica, Comunidades y Derechos, del Instituto Gino Germani (UBA), Juan Ignacio Piovani, (Investigador del Conicet-UNLP), Julieta Massaferro (Investigadora Independiente CONICET), Beatriz Sznaider, (FSOC, UBA), Emilio de Ípola (sociólogo, CONICET), Sebastian Scolnik (sociólogo), Diego Rojas (periodista), Cecilia Melella (CONICET-IMHICIHU/UBA), Alejandro Haimovich, Abogado, (Docente Investigador UNER), Fernanda Sández (UBA.UP. Periodista), Lorena Bottaro (Investigadora- docente UNGS), Florencia Estefania Fernandes (Ciencias Ambientales-UBA), Ana Maria Vara (Centro Babini - UNSAM), Valeria Canoni, (profesora en Filosofía UCU.UADER), Maria Maneiro, IIGG-FSOC-UBA/CONICET, Marisa Malvestitti (docente-investigadora UNRN), Carlos Galano. Maestría Comunicación Estratégica UNR., Maria Estela Petroni,( Docente investigadora FAUBA), Carlos Figueroa
(Laboratorio de Fisica del Solido, Universidad Nacional de Tucuman), Alicia M. González (Docente), Maria del Carmen Maimone, Universidad Nacional de Lujan; Lucila Edelman médica Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP, Soledad Fernández Bouzo (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA), Ana C. Gómez Marigliano (FACET/UNT-CONICET Tucumán), Patricia Zangaro (dramaturga), Julian Rebon (Uba-Conicet), Gustavo Daniel González (GER-GEMSAL, Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Diana Kordon ( médica psiquiatra, Equipo Argentino de trabajo e Investigación Psicosocial, EATIP), Germán J. Pérez (UNMdP-UBA), Diana DOWEK (artista plástica), Alfredo Saavedra (docente prof.Consulto Fadu UBA), Martín Bergel UBA / CONICET, Gabriela Merlinsky (Socióloga, UBA), Horacio Tarcus (Cedinci-Unsam), José Nun (sociólogo, Unsam) Las Lilith Feministas (Tucumán); TIERRHA (Trabajo para la Integración de un Espacio de Resistencia y Reconstrucción del Hábitat, Tucumán); Asamblea de la Plaza (Tucumán), Escuela de Educación Popular Berta Cáceres (Tucumán), Luis Tiscornia (Secretario General Conadu Historica), Ana Celeste De Vita - Psicóloga (Instituto antártico Argentino), Mario Schujman (Co Director Maestría en entidades de la Economía Social, Universidad Nacional de Rosario), Adela Alvarez y Prof Susana Acosta- Ecosalud- Tucumán, Gerardo Mujica prof adjunto regular de teoría política en Fadecs, José Benclowicz. Investigador IIDyPCa CONICET/UNRN, Mario Lipsitz (investigador UNGS), M. Eugenia Valdés, CIBICI-CONICET, Dpto. Bioquímica Clínica. Fac. Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Silvia Bianchi - Profesora titular de la Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Juan Wahren GER-GEMSAL/IIGG/UBA/CONICET, Patricia Lombardo, Facultad de Agronomía UBA, Mariana Martinelli, INTA-UNSJ, Tomás Palmisano, GER-GEMSAL/UBA, Jorge Cardelli, (Secretaria de Cultura, CYTA Autónoma), Fátima Victoria Sánchez (Estudiante, FACSO UNSJ), Juan Pablo Olsson (Sociologo, Documentalista), Eduardo Chávez Molina (Fac. Cs Sociales, UBA), Adriana Schnek, UBA, Mario Alberto Barrientos (CLAySA - UNC), Michelle Aslanides - Especialista en Ergonomía, Programa de Tv "Elemento Vital. El agua en el siglo XXI", Karina Lilian Speziale (Investigadora INIBIOMA(CONICET-UNCOMA), Daniel Blanco. Universidad de la Patagonia, Marcelo Plana (Ingeniero), Beatriz Giobellina, 
FAUD-UNC- INVIHAB (Universidad Nacional de Córdoba), Guillermo Gallo Mendoza - Presidente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Valeria Hernandez, Prof. Titular Idaes/Unsam, Fernando Vallone, docente UNAJ, Grisel Adissi, Investigadora en Ciencias Sociales, Ministerio de Salud de la Nación, Gisela Hadad. GER-GEMSAL, UBA, María Dolores Linares (CONICET, IESH, UNLPam), Edgardo Logiudice (Revista Herramienta),Juan Carlos Radovich (Antropólogo Social; Investigador Principal del CONICET; Prof. Titular UBA-FFyL), Rafael Lajmanovich (Laboratorio de Ecotoxicologìa FBCB-UNL-Pof. Titular-Investigador Independiente CONICET), Marcelo Giraud (geógrafo U.N.Cuyo), Alejandro M. Rabinovich (UNLPam-CONICET), Ger-Gemsal (Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina) del Instituto "Gino Germani", Fac. de Cs. Soc., UBA, Miguel Bonasso (escritor, periodista, diputado mandato cumplido), Horacio Machado Araoz (Conicet-Universidad Nacional de Catamarca), Daniel Rodriguez (sociologo UBA), María Eugenia Utgés, Bióloga, CABA
Pimeras Firmas internacionales
Carlos Walter Porto-Gonçalves, LEMTO-UFF - Universidade Federal Fluminense; Raúl Zibecchi (ensayista, periodista), Arturo Escobar (Prof. de Antropologia, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill), Miriam Lang (Docente-investigadora Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador), Walter Mignolo (Duke University, USA), Edgardo Lander, (Profesor Universidad Central de Venezuela), Alberto Acosta (economista, Ecuador), Pierre Salama (Profesor Emérito Paris XIII), Pilar Lizarraga y Carlos Vaca Flores, Centro de Estudios Jaina, Pablo Ospina Peralta (Sociólogo, Ecuador), Massimo Modonesi (UNAM, México), Enrique Leff (sociólogo, México), héctor Alimonda, CPDAUFRRJ, Brasil, Antonio Elizalde Hevia (Rector Emérito Universidad Bolivariana de Chile), Hugo Blanco (Director de Lucha Indigena, Perú), Rosa María Romero Cuevas y Carlos Razo Horta (profesores investigadores del Doctorado del Instituto Mc Laren de Pedagogía Crítica, México), Beltrán Roca Martínez (Profesor de Sociología, Universidad de Cádiz, España).
Adhesiones a: apoyoaequipodesalud@gmail.com

2 nov. 2016

Zaffaroni: Conferencias de Guatemala y democracia

En ocasión de recibir su doctorado honoris causa en Guatemala, Zaffaroni escribió estas páginas, que presentó también, en versiones diferentes, en Brasil y en Costa Rica (el texto, ahora colgado en PPenal, puede encontrarse acá). Hay cientos de cosas que decir sobre su presentación y defensa de un "Derecho Penal Humano," pero por ahora voy a decir unas pocas, para seguir luego concentrándome en el problema central que le veo, que tiene que ver con lo que llamaría su radical "desconfianza de (u hostilidad hacia) la democracia".

Menciono entonces, brevemente, 4 temas vinculados entre sí:

1) El papel cegador del Genocidio. Es muy impresionante (y muy preocupante) el papel que sigue jugando en la elaboración de su teoría el ejemplo del Genocidio. Con esa pesadilla en mente, es difícil pensar bien el derecho penal (no digo que casos de ese estilo no deben estar presentes, digo que no pueden ni merecen estar omnipresentes, menos del modo en que lo están). Básicamente: se asume que sin un derecho penal mínimo, se vuelven a desatar los peores demonios, y caemos inevitablemente otra vez en ese tipo de masacres descomunales. Es fácil justificar el derecho penal así, pero no es cierto, no es justo, no corresponde (dice ERZ: "la doctrina corriente se asombra cuando se afirma que el principal objetivo del derecho penal debe ser la prevención del genocidio", p. 17).

2) Afirmaciones categóricas sin respaldo empírico. Seguimos encontrando, de forma también muy notable, contundentes afirmaciones empíricas, sin el mínimo respaldo en datos. Otra vez, ni las imágenes trágicas, ni las afirmaciones clamorosas resultarían preocupantes, si no fuera -como es el caso- que juegan un papel central en la articulación de una teoría. Retomando el primer punto, doy algún ejemplo de aquello a lo que me refiero. Dice ERZ: "Todo genocidio se produce siempre con la desaparición o el extremo debilitamiento del poder jurídico de contención"; o también "el vacío jurídico, automáticamente da paso libre a las pulsiones de los grupos de poder que hasta ese momento estaban contenidos, y que se desarrollan criminalmente en forma sistemática" (pp.16-7); o también "cuando se desmorona el poder jurídico que contiene al poder punitivo, este último arrasa hasta con el propio derecho constitucional...como...durante el período nazista" (pp. 19-20). Con afirmaciones de una contundencia extrema, que no tienen el mínimo apoyo empírico, se quiere justificar lo que necesita justificarse pero no se ha justificado todavía (quién dice, por ejemplo, que si se reduce drásticamente el poder punitivo se vuelve a desatar el Genocidio? Por qué pensar que algo así va a ocurrir? Y si respondiéramos al fenómeno criminal de modos completamente diferentes a los actuales? Por qué deberíamos tomar por verdaderas afirmaciones tan exageradas, contra-intuitivas, no avaladas por la historia, y sobre todo no respaldadas aquí por datos creíbles más allá de "esto alguna vez pasó"?).

3) Los medios como creadores del mundo. En línea con el punto 2 (afirmaciones categóricas sin el mínimo respaldo teórico) el texto se encuentra lleno de afirmaciones sobre los medios de comunicación, que hubieran sonado desactualizadas e inexactas hace ya 40 años. Afirma ERZ, por ejemplo, que "los monopolios mediáticos de la región...no se limitan a imponer un discurso único, sino que son creadores de realidad, tal como...lo explicó...la pluma de Berger y Luckmann". Más allá de que Berger y Luckmann son dos personas, y que ellos no suscribirían su idea de que los medios imponen un discurso único, la idea es insostenible. Por supuesto que hay que defender la democratización de los medios, y por supuesto que los medios mienten conforme a sus intereses económicos. Otra cosa es pensar que la gente es tonta y queda embobada y engañada frente a lo que le dicen los medios, o que no tiene capacidad para discriminar, elegir, rechazar. El punto (que aparece todo a lo largo de su escrito) es importante, porque se conecta con el siguiente, referido a la democracia, y ayuda a entender la dimensión de la desconfianza.

4) Radical desconfianza en el pueblo. De modo más fuerte que en la mayoría de sus escritos anteriores, en este texto se evidencia una posición muy dura contra las corrientes democráticas que muchos de nosotros defendemos. En el punto 36 de su texto aborda el tema, de modo muy duro. ERZ critica la idea democrática, aplicada sobre todo al mundo penal. Objeta entonces la noción de que "el pueblo sabe cómo y a quién penar" y la posibilidad de que se lo deje "juzgar en la más amplia medida posible" (p 46). Critica también a quienes depositamos "una confianza absoluta e incondicional en los tribunales populares, en los jurados, en los jueces legos y electos popularmente, en la redacción de código producto de asambleas populares, en los plebiscitos y consultas populares de cuestiones penales, etc." Dice que "este democratismo radical inventa una sociedad igualitaria que no existe" e "ignora ...los manejos del poder" desde una perspectiva de "ingenuidad revolucionaria" (pp. 46-7). 

Todo forma parte del mismo paquete revisado hasta ahora: se nos informa que ese romanticismo democrático lleva a "reacciones punitivistas de extrema brutalidad" (otra vez el Genocidio, otra vez sin ningún apoyo en datos, tenemos afirmaciones empíricas contundentes); y se nos comunica que no tiene sentido hablar de democracia "en sociedades marcadamente estratificadas y (con) medios monopolizados" (p. 47).

Bueno, lo cierto es que los que defendemos este "democratismo radical" no necesitamos ser ingenuos, no necesitamos desconocer el peso de los medios, no necesitamos mirar para otro lado frente a "los manejos del poder," ni necesitamos hacer afirmaciones absurdas o ridículas (como que "todo lo que el pueblo diga estará siempre bien"). Por el contrario, reconociendo el peso del poder mediático, exigimos democratizar los medios. Rechazando el elitismo penal, pedimos que la ciudadanía tenga más chances de involucrarse en la discusión sobre las cuestiones penales. Temiendo el modo en que el poder de turno viene haciendo uso del aparato coercitivo (de modo tal de llenar las cárceles de pobres), pedimos un acceso diferente, más democrático, sobre la aplicación, ejecución e interpretación de las normas penales. Abogamos por una reconstrucción democrática del derecho penal.

31 oct. 2016

Hanna Lerner: Incrementalismo constitucional

En la sesión de esta semana del seminario (martes a las 6), discutiremos el trabajo de Hanna Lerner, profesora en la Univ. de Tel Aviv, quien viene defendiendo una posición a la que denomina de "incrementalismo constitucional." Aunque (o porque) su visión es opuesta a la mía, me interesa muchísimo discutirla. A ella la conocí hace dos años en un seminario organizado por Tom Ginsburg y Rosalind Dixon, y volví a encontrarme con ella a comienzos de este año, en otro evento organizado por Jon Elster. Aquí por primera vez tomé en cuenta el contenido de su trabajo (reflejado principalmente en su libro "Making constitutions in deeply divided societies"

En rápida síntesis, ella propone una salida "incrementalista" frente a situaciones de graves divisiones sociales (por temas religiosos, étnicos, linguisticos, etc.). Basándose en los ejemplos de la creación constitucional en Israel, India e Irlanda, entre otros países, muestra con tremenda erudición la racionalidad de una estrategia "incremental" que, en lugar de abordar y procurar definir todos los problemas (imponiendo un modelo homogéneo, u optando por un esquema procedimental mínimo), los posterga hasta la llegada de tiempos más calmos, mientras se pactan ciertos acuerdos básicos. Las estrategias propias de la "caja de herramientas" incremental son múltiples: diferir soluciones; dejarlas para que las resuelva el legislativo; optar por cláusulas ambiguas, ambivalentes o contradictorias; evitar ciertas discusiones; etc.

En mis publicaciones sobre el tema, yo siempre había presentado tales opciones como muy poco atractivas, por varias razones. La principal puede ser la siguiente: cuando se incorporan cláusulas ambiguas o contradictorias en la Constitución, no se evita o posterga necesariamente un problema, sino que -escondidamente- se lo resuelve a través del estatus quo, que siempre está sesgado a favor de algún grupo poderoso. Un solo ejemplo de ello: si establecemos cláusulas ambiguas en torno a los derechos sociales o la libertad religiosa, lo que hacemos en los hechos, en definitiva, es deferir la solución de esos potenciales conflictos (cuánta libertad religiosa? aplicamos los derechos sociales?) al aparato ya armado para la solución e interpretación constitucional, que tiene en su centro al Poder Judicial. De ese modo, más que "evitar" un problema, logramos ocultamente que él sea resuelto por la rama del poder que menos controlamos. Si queremos defender esta solución, debemos hacerlo de modo explícito, y lo peor que podemos hacer es actuar como si no estuviéramos resolviendo el tema, o como si no nos diéramos cuenta que no hay algo así como una posición de "inacción" o "neutralidad de base": siempre estamos tomando partido por un cierto resultado, lo hagamos explícito o no.

30 oct. 2016

Seminario: Ultimas 2 sesiones del seminario¡

Este martes, la anteúltima sesión del seminario. Todxs invitadxs¡ Leeremos un texto de una gran joven autora, Hanna Lerner, una de las mejores académicas escribiendo sobre la "creación constitucional en sociedades divididas". Una gran reflexión para un gran tema.

Tom Zé en la Usina del Arte

Hoy estuvo Tom Zé, gratis, en la Usina del Arte. Un hito en la vida. Un personaje absolutamente fuera de serie. Un músico excepcional.

Entrevista a Nun

Una muy linda entrevista a José Nun, por parte de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, extensa y profunda como ninguna otra entrevista a JN. El link es el siguiente:


El reportaje está lleno de buenas anécdotas, incluida la siguiente, resultado de una conversación de Nun con Perón. Aquí va uno de los recuerdos de Nun, sobre lo que le dijo aquella vez Perón:

"ustedes los intelectuales le dan demasiada importancia a lo que piensan los militares y los militares piensan poco. Mire, esquemáticamente, un pibe entra al Colegio Militar. Lo maltratan, le ponen el pie encima. ¿En qué piensa entonces el cadete del Colegio Militar? Piensa en vengarse algún día del teniente que lo joroba. Y cuando llega a teniente, en lo que piensa es en acostarse con la mujer del capitán. Como el capitán también fue teniente, lo sabe y lo tiene cortito. Quiero decirle: no hay tiempo para pensar en la política. Después, cuando se llega a teniente coronel, aparece el negocio. Porque uno puede ser agregado comercial y ya se casó y debe preocuparse por su situación económica. El único momento en que se empieza a abrir la cabeza del militar es cuando entra a la Escuela Superior de Guerra, al curso de Comando Mayor. Este que tenemos ahora (Onganía) ni hizo el curso porque no pasó el examen. Ahí es donde el oficial está obligado a leer bibliografía más general y a enterarse un poco del mundo. Pero antes, si usted quiere conocer qué piensan los militares, entreviste al cuñado, al suegro o al hermano”. 

26 oct. 2016

De cómo no pensar el derecho: Ferrajoli sobre el Acuerdo de Paz en Colombia



En el reportaje que sigue, se puede reconocer la esencia de la inaceptable, injustificable y elitista posición de don Luigi, en torno a los ámbitos posibles de la discusión democrática. Él mismo resume así su postura:

"Que ahí se fundamenta el carácter absoluto e incondicionado de tal derecho (a la paz), así como la inderogabilidad de la obligación, a cargo del Estado, de garantizarlo aun contra la voluntad de cualquier mayoría. Por esto la impertinencia de la consulta popular sobre la paz. En efecto, sobre la paz –en ninguno de sus ámbitos- no se vota ni se decide por mayorías, ni sobre la dignidad o la igualdad de las personas o sobre otros valores supremos como el derecho a la vida y a las libertades fundamentales. En resumen, el resultado del plebiscito no reduce la obligación constitucional del Estado de garantizar la paz."

Por supuesto que la postura que desde aquí apoyamos, para un tiempo como éste, que es el tiempo de la democracia -no estamos en el siglo xix- es la contraria: todos los problemas públicos relevantes deben ser sometidos a procesos de reflexión colectiva, que incluyen obviamente el uso de la regla democrática. Si algún pecado cometió la política colombiana en la materia (y fueron muchos) se trató de fallos en términos de poca, y no mucha, democracia: alternativas binarias, poca discusión previa, simplificación (sino directa manipulación oportunista) de una cuestión esencialmente compleja, y sobre todo, falta de posibilidad efectiva de intervención ciudadana para matizar o cambiar o intervenir de algún modo relevante sobre la sustancia del acuerdo. Esto es decir, otra vez, se pecó por poca democracia, y no por mucha, como denuncia don Luigi.

Aquí va el link a la entrevista, y la misma entrevista



“El plebiscito no era necesario para legitimar la paz, y menos para deslegitimarla”
Por Mauricio Martínez*
El jurista italiano Luigi Ferrajoli, considerado por muchos el Papa del derecho penal, habla de las implicaciones jurídicas del triunfo del No y de cuál podría ser la salida a este limbo.
Jurista italiano Luigi Ferrajoli dice que plebiscito no era necesario  Luigi Ferrajoli. Foto: León Darío Peláez /
Semana.com: Usted siempre ha dicho que derechos como la paz no pueden llevarse a plebiscito. ¿Por qué?

Luigi Ferrajoli: La paz es un principio contramayoritario. Por esto, como lo he sostenido tantas veces, el Acuerdo para lograr la paz no tenía por qué ser sometido a un referéndum popular. El referéndum no era y no es necesario para legitimar la paz, y mucho menos era y es suficiente para deslegitimarla.

Semana.com: ¿A su juicio, qué significan entonces los resultados del plebiscito en Colombia?

L.F.: Los resultados negativos del plebiscito del 2 de octubre (sobre todo por pocos miles de votos) no pueden comprometer el proceso de paz. El principio de la paz –al igual o mucho más que otros principios fundamentales como la dignidad de la persona, la igualdad, la libertad y otros derechos humanos- representa, en efecto, una precondición de la convivencia civil. Es el valor político supremo, precedente de cualquier otro, pues representa el presupuesto necesario de todos los demás. Su naturaleza reside en su carácter supremo y fundamental, en el sentido de que la paz no necesita el consenso de la mayoría, ni mucho menos puede ser derogado por la voluntad de cualquier mayoría.

Le sugerimos: Los peros de la Corte Suprema frente a la Jurisdicción Especial para la Paz

Semana.com: ¿Qué quiere decir con que “la paz es el valor político supremo”?

L.F.: Quiero decir que en Colombia, además, el carácter contramayoritario de la paz, como fundamento de la convivencia naciona,l ha sido constitucionalizado: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” consagra el artículo 22 de la Constitución colombiana. A diferencia de otras Constituciones, como la italiana, que también consagran el rechazo a la guerra, la Constitución colombiana consagra, entonces, la paz como un derecho fundamental de la persona, y conjunta y correlativamente, como un deber de la esfera pública, cuya implementación es tarea prioritaria del Estado.

Semana.com: ¿Y eso que quiere decir jurídicamente?

L.F.: Que ahí se fundamenta el carácter absoluto e incondicionado de tal derecho, así como la inderogabilidad de la obligación, a cargo del Estado, de garantizarlo aun contra la voluntad de cualquier mayoría. Por esto la impertinencia de la consulta popular sobre la paz. En efecto, sobre la paz –en ninguno de sus ámbitos- no se vota ni se decide por mayorías, ni sobre la dignidad o la igualdad de las personas o sobre otros valores supremos como el derecho a la vida y a las libertades fundamentales. En resumen, el resultado del plebiscito no reduce la obligación constitucional del Estado de garantizar la paz.

Consulte: “No intentamos ninguna astucia jurídica para desconocer el plebiscito”

Semana.com: Al Acuerdo final suscrito entre el Gobierno y las FARC se le ha dado el carácter de “especial” a la luz de los Convenios de Ginebra. ¿Usted cree que esto lo hace vinculante?

L.F.: Efectivamente, eso hace vinculantes todos los Acuerdos. Por esto es vinculante para ambas partes negociadoras. Pero más allá de la cuestión puramente jurídica, es evidente que, realmente, la ejecución del imperativo de la paz no puede suceder sino con base en aquellos Acuerdos, alcanzados con esfuerzo en la larga negociación de La Habana: el desarme de los combatientes, su reinserción en la vida civil y política y, sobre todo, las normas sobre la llamada Justicia Transicional, destinada a los excombatientes y acordada por virtud del Marco Jurídico para la Paz aprobado en el Congreso colombiano el 14 de junio del 2012 y del Acto Legislativo no. 1 del 31 de julio del 2012.

Semana.com: ¿Y qué pasaría entonces con los pactos de justicia que se hicieron en La Habana?

L.F.: Entre los Acuerdos pactados existe en particular la obvia condición de la paz, que representa la renuncia del Estado a someter a los insurgentes a la justicia penal ordinaria y la estipulación, para ellos, de un modelo de justicia diferente, precisamente, la Justicia Transicional, llamada así por el carácter transitorio de las normas que la regulan, o sea para el período de transición del estado de guerra al estado de paz.

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Semana.com: Hay muchas críticas a ese sistema de justicia, en especial que esta lleva a la impunidad. ¿Usted qué piensa?

L.F.: Precisamente la judiciabilidad de los que se mancharon con crímenes graves –o sea su tratamiento con las normas del derecho, aún el de transición, en lugar del de la guerra- transforma, en efecto, a los combatientes y enemigos de ayer en los ciudadanos y conciudadanos del mañana, con lo que realiza una característica distintiva de la paz. Es claro que tal Justicia Transicional –orientada a la verificación de la verdad, a la responsabilidad de los autores de las atrocidades cometidas y al mismo tiempo al resarcimiento de las víctimas- no equivale para nada a la impunidad que, en cambio, provendría de una amnistía política generalizada e incondicionada. Se trata de una justicia de tipo reparatorio, orientada a la finalidad obvia de una reconciliación nacional efectiva que no deje vivos los odios, rencores, sentimientos de injusticia sufridos o deseos de venganza y, por tanto, basada en la idea de que la principal reparación de las violencias sufrida por las víctimas consiste sobre todo en la reconstrucción de la verdad histórica, en el reconocimiento público y en el resarcimiento de los sufrimientos y, por eso, en la rehabilitación de su dignidad de personas.

*Exalumno de Ferrajoli en la Universita di Roma III y actual profesor de la Universidad Nacional.

25 oct. 2016

Reforma de la Ley Orgánica del MPF. El nuevo proyecto de ley vulnera la independencia y la autonomía funcional

Comunicado conjunto

A comienzos de este año la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, en función del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación. En esa oportunidad, desde la Coalición de ONG’s para la reforma procesal penal advertimos con gran preocupación que el proyecto afectaba fuertemente el diseño del Ministerio Público. El dictamen firmado en la última reunión plenaria de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, corrigió algunos de los principales problemas que presentaba el proyecto original, receptando las numerosas críticas que se habían realizado, pero incorpora nuevas modificaciones que lo hacen inconstitucional por afectar fuertemente la independencia y autonomía del MPF.

COMISIÓN BICAMERAL. FUNCIONES INCONSTITUCIONALES. Sin dudas ha sido un gran avance poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización del MPF, prevista desde la primera ley reglamentaria de 1998 pero hasta hace muy poco olvidada por el Congreso de la Nación. No obstante, las facultades que le otorga el dictamen a la Comisión Bicameral, afectan directamente la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal consagrada en el art. 120 de la Constitución Nacional.

Sobre este punto, merecen ser particularmente analizados los artículos que adjudican a la Comisión Bicameral funciones de gestión y cogobierno del organismo: entre ellas, la función de aprobar las designaciones y la continuidad en el cargo de todos los titulares de procuradurías, unidades especializadas y direcciones generales, pudiendo aprobar o rechazar las designaciones efectuadas por los distintos Procuradores Generales hasta el momento. Así como también intervenir y aprobar cada pedido de traslado, subrogación y/o creación de nuevas estructuras (direcciones, unidades fiscales especializadas, procuradurías, etc.), funciones que hacen, sin duda, a la definición de la política de un organismo que el constituyente definió como extrapoder. Es claro que, como sucede con el Poder Judicial de la Nación, el MPF no puede quedar sometido a la lógica política parlamentaria, particularmente de los pocos integrantes de la Comisión Bicameral, para decisiones de gestión que implican además nombramientos y decisiones concretas de la política de persecución penal. En todo caso, es crucial que se fortalezca el control parlamentario ex post del trabajo del organismo.

MANDATO LIMITADO CORTO Y PROBLEMÁTICO. Si bien entendemos que es correcto que se establezca una limitación temporal en el mandato del Procurador General, remarcamos que no resulta correcto establecer un plazo corto de 5 años con renovación a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Este primer plazo no permitirá una planificación a largo plazo de las políticas del MPF y quedará sometido a la lógica política de buscar el acuerdo para renovar el mandato. Creemos que una modificación que sostenga este criterio afecta la autonomía del MPF.

5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD PARA OCUPAR CARGOS. EXCLUSIÓN DE LOS ACTUALES TITULARES DE PROCURADURIAS. A su vez, el proyecto de ley dispone que para todos los cargos de más relevancia institucional los fiscales deban tener una antigüedad de 5 años. Esta regla injustificada conlleva, por ejemplo, la exclusión de los actuales titulares de procuradurías y unidades especializadas que no tengan esa antigüedad, cuestión que implica, prácticamente, el cese en sus funciones de casi la totalidad de los actuales magistrados sin considerar su idoneidad ni el trabajo realizado durante su mandato.

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZAR EL MPF. Las Procuradurías y Unidades han marcado las decisiones de política criminal y organización más interesantes y dinámicas de las últimas gestiones del MPF. Por ello, no queda claro la racionalidad de dejar algunas de ellas reflejadas en la ley y de excluir otras. En este sentido, el proyecto pretende eliminar la Procuraduría de Defensa de la Constitución, que marca un aspecto de la intervención no penal muy relevante del MPF pero incorpora una Procuraduría Antiterrorista. Esta última importa una orientación preocupante, más que nada cuando la UFI AMIA se encuentra en plenas funciones.

LAS FUNCIONES DEL PG. RIESGOS DE LA REASIGNACIÓN DE CAUSAS. El proyecto habilita al titular del MPF o a Fiscales de Distrito a reasignar causas judiciales ante casos complejos y otras circunstancias vagas (art. 24). Asignar esta facultad directa puede ser problemático y requiere de un debate más profundo. Con el afán de dotar de mayor flexibilidad al organismo, se está habilitando una posible manipulación de causas concretas. Es importante que se revise esta regla y se avance en las discusiones de lo que será la nueva organización judicial federal, que resguarde la necesaria autonomía fiscal sin impedir una organización flexible.

PEN EN LOS CONCURSOS DEL MPF. Merece también especial atención el artículo referido a la integración del Jurado para los concursos de fiscales ya que el proyecto de ley establece que uno de los 3 jurados sea un representante del Ministerio de Justicia, lo cual implica una mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre competencias propias del organismo. Celebramos que la Cámara de Diputados haya receptado muchas de las críticas que se habían realizado, no obstante el proyecto plantea una seria intromisión sobre la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal. El alegado control de las instancias judiciales es muy necesario pero no puede traducirse de ningún modo y bajo ningún argumento en la aprobación de una reforma inconstitucional que afectará la independencia y eficacia del organismo. Al mismo tiempo, tal como lo expresamos, esta eforma no está justificada en cambios que se requieran para poner en marcha la demorada implementación del nuevo sistema procesal penal federal. Por el contrario, la obstaculiza.

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ)

ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL (APP)

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)

INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES (INECIP)

PODER CIUDADANO

23 oct. 2016

Este martes pròximo, en el seminario, Marxismo y derecho penal

Viene una gran sesiòn, que mejor no perderse, sobre, derecho penal y desigualdad, en la que vamos a leer el gran texto de J.Murphy sobre "Marxismo y retributivismo." Comenzaremos recordando al propio Marx (en quien Murphy se basa), y la escuela penal que se abriò con èl, a partir de (y a pesar de) las pocas pàginas que Marx escribiò sobre el tema.

Empezaremos con la crìtica de Marx al consecuencialismo, que él resumió magistralmente en unas pocas lìneas (Marx pensò en cambio que había algo importante en el retributivismo, al que sin embargo también criticó, igual que Murphy). Dijo Marx sobre el consecuencialismo:

"El castigo ha sido defendido, de manera habitual, como un medio de mejoramiento o intimidación. Ahora bien, qué derecho tiene usted para castigarme con el objeto de mejorarme o intimidar a los otros? Más allá de eso, hay una historia –existen lo que llamamos estadísticas- que prueban con la evidencia más absoluta que desde Caín el mundo no ha sido intimidado o mejorado por el castigo. Más bien lo contrario. Desde el punto de vista del derecho abstracto, existe sólo una teoría del castigo que reconoce la dignidad humana en abstracto, y ésa es la teoría de Kant, especialmente en su formulación más rígida dada por Hegel. Según Hegel:

'El castigo es un derecho del criminal. Es un acto de su propia voluntad. La violación de un derecho ha sido proclamada por el criminal como su propio derecho. Su crimen es la negacion del derecho. El castigo es la negación de la negación, y en consecuencia la afirmación de un derecho, solicitada y exigida por el mismo criminal (Hegel, Filosofía del Derecho)'

No hay duda de que hay algo curioso en esta fórmula, ya que Hegel, en lugar de mirar al criminal como un mero objeto, un esclavo de la justicia, lo eleva a la posición de un ser libre y auto-determinado. Mirando más en detalle, sin embargo, descubrimos que aquí, como en otros casos, el idealismo alemán no ha hecho otra cosa que dar una sanción trascendental a las reglas que gobiernan a la sociedad."


Karl Marx, Capital Punishment, New York Tribune, 1853