20 ago. 2018

La omisión

https://www.lanacion.com.ar/2163886-duro-documento-grupo-intelectuales-gobierno-el-problema


Si por algo destaca este nuevo documento escrito por colegas, es por “la omisión.” Es tan grande, tan gigante, tan descomunal lo que omite el escrito, en este momento de la historia argentina, que no hace falta mencionarlo. En tal sentido, el documento ya no parece un aporte hecho por intelectuales, que vienen a ayudarnos a “pensar mejor” al país, sino un aporte hecho a favor del "no-pensar", a favor del ocultamiento: una inducción a reflexionar sobre el país “omitiendo.” Es una invitación a dar vuelta la página y seguir adelante, haciendo crítica de la misma materia sobre la cual antes fue acto el estruendoso silencio. En la construcción de un nuevo relato, el documento presenta a un país sin historia y sin pasado: la nueva Argentina (la Argentina con un agujero mayúsculo en su historia) renació ayer. El terreno queda bien abonado, entonces, para volver a cometer los mismos errores y excesos cometidos ayer: nada pasó. Por suerte, para cualquiera ya es imposible seguir viviendo con aquellas ausencias, seguir viviendo de “la omisión.”

19 ago. 2018

Constitucionalismo Revolucionario:Seminario de discusión con Bruce Ackerman, sobre su nuevo libro

Revolutionary Constitutionalism
Yale Law School * New Haven, CT August 24-25, 2018
Convened by Bruce Ackerman and Richard Albert
Event will be held in the Faculty Lounge, Yale Law School (127 Wall Street)

Friday, August 24, 2018
8:55-9:00am Welcoming Remarks
Dean Heather Gerken, Yale Law School
9:00-10:45am Panel I: The Legitimating Foundations of Revolutionary Constitutionalism
Constitutional Evolution and Modes of Legitimation
Alon Harel, Hebrew University of Jerusalem
Debating the Source Theory of Constitutional Legitimacy
Stephen Holmes, NYU School of Law
Constitutionalism and the Predicament of Postcolonial Independence
Aziz Rana, Cornell Law School
Chair: Jack Balkin, Yale Law School
10:45-11:00am Break

11:00am-12:45pm Panel II: Revolutionary Constitutionalism as Liberal Revolution?
What Society, Whose Constitutionalism? Revolution on a Human Scale
 and the Loss of Constitutional Law’s Classical Account of Society
Denis Baranger, L’Université Paris II Panthéon-Assas
Bruce Ackerman’s Theory of History
Roberto Gargarella, Universidad Torcuato Di Tella/UBA
Constitutional Fictions
Tom Ginsburg, University of Chicago Law School
Chair: Cristina Rodríguez, Yale Law School

12:45-2:00pm Luncheon Keynote Address
Yale Law School Dining Hall
Dieter Grimm, Humboldt University Berlin
Chair: Paul Kahn, Yale Law School
2:00-2:15pm Break
2:15-4:00pm Panel III: Constitutional Evolutions and Transformations
Ackerman’s Concept of Revolution
Andrew Arato, The New School for Social Research
Unconventional Adaptation, the Constitution and Authenticity
Alessandro Ferrara, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
The Traditions of Constitutional Change
Richard Albert, The University of Texas Law School
Chair: Jed Rubenfeld, Yale Law School
4:00-4:15pm Break
4:15-6:00pm Panel IV: Constitutional Revolution and Revolutionary Constitutionalism
Revolution as a Human Tale: Lessons from South Africa’s Undecided Constitutionalism
James Fowkes, Westfälische Wilhelms-Universität
Two Types of Revolutionary Constitutionalism
Stephen Gardbaum, UCLA School of Law
Constitutional Revolution, Legal Positivism, and the Constituent Power
Yasuo Hasebe, Waseda Law School
Chair: Samuel Moyn, Yale Law School

Saturday, August 25, 2018
9:00-10:45am Panel V: The Future of Europe
Constitutional Law as (Domestic) Politics by Other Means?
Daniel Halberstam, University of Michigan Law School
Constituting the Judiciary, Constituting Europe
Mitchel Lasser, Cornell Law School
Constitutional Crossroads
Neil Walker, Edinburgh Law School
Chair: James Whitman, Yale Law School
10:45-11:00am Break
11:00am-12:15pm Panel VI: Revolutionary Constitutions and Courts
Popular Movements and the Rise of World Systems of Judicial Review
Stephen Calabresi, Northwestern University Pritzker School of Law
Constitutionalizing Revolutions: The Apex Courts of India and South Africa
Menaka Guruswamy, Columbia Law School
Chair: Daniel Markovits, Yale Law School

1:15-3:00pm Panel VII: Law and Politics after the Revolution
A Legal Reading of Italian Revolutionary Constitutionalism
Marta Cartabia, Constitutional Court of Italy
Constitutional Strategy for a Divided Country: Learning from Poland’s
 Post-Revolutionary Misfortunes
Maciej Kisilowski, Central European University
The Islamic Republic of Iran: Gaullist Legacies and Hegemonic Preservation
Mirjam Künkler, Georg-August-Universität Göttingen
Chair: Mirjan Damaška, Yale Law School
3:00-3:15pm Break
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3:15-5:00pm Keynote Response
Bruce Ackerman, Yale Law School
Chair: Richard Albert, The University of Texas Law School

16 ago. 2018

Garantistas pero no bobos

Hace unos años, en vida de Laclau, le discutí algunas de sus últimas posturas, que aparecían en crítica de los aspectos liberal-republicanos de nuestro sistema institucional. Él insistía, en parte de su argumentación, sobre un punto importante: tenemos instituciones derivadas de un pensamiento liberal (liberal-conservador digo yo), que no están pensadas para promover cambios sociales, sino para impedirlos. Yo  acordaba con ESA ideal general, aunque le discutía su punto tanto por su reconstrucción histórica, como a partir de las implicaciones que él derivaba de ahí (i.e., defensa de regímenes políticos concentrados como modo de salir de esa encerrona)
(algo de la crítica  que le hacía se puede encontrar acá (ya que Perfil, donde se publicó el "debate", discontinuó esos links):
http://seminariogargarella.blogspot.com/2012/10/el-constitucionalismo-conservador-segun.html )

Ahora bien, el punto sobre el carácter conservador (o liberal en sus términos, o liberal-conservador en los míos), merece ser mantenido. Y por eso sorprende (o no) la desesperación de muchos políticos y periodistas, en defensa de un "garantismo bobo" que sólo se desarrolló para proteger a los poderosos (quienes, con buenos abogados y contactos, aprovechan los resquicios del sistema para asegurar su impunidad, como bien nos enseñara Yabrán: poder es impunidad).

Vale la pena que apoyemos, frente a ellos, la ley del arrepentido, la delación premiada, y todas las iniciativas que -respetando las garantías constitucionales básicas- nos ayuden a "agujerear" al viejo sistema institucional (y de justicia, claro), funcional sólo al poder de los poderosos.

Barcelona 3 Boca 0

https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/barcelona-boca-copa-joan-gamper_0_2070392988.html
Interesante para verificar el estatus del fútbol nacional: Boca hace más de un año que puntea, por lejos, todas las copas locales. En el exterior lo pasea el Barcelona como si fuera un entrenamiento. Sí, claro, Barcelona es el gran equipo, pero semejante superioridad da qué pensar.

11 ago. 2018

Plebiscito por el aborto

De José Luis Martí y Sebastián Linares
https://www.clarin.com/opinion/aborto-propuesta-referendum_0_SJ4acDnS7.html
Pidiendo un plebiscito sobre el aborto,
en polémica conversación con Roberto Saba, quien abogaba por una salida judicial (la que propició Pichetto en su discurso). El texto de Saba:
https://www.clarin.com/opinion/aborto-constitucion_0_Hy4q-txAf.html

pd.: Y un lúcido "balance de situación", vía Agustina RM, acá
https://www.clarin.com/sociedad/aborto-despenalizado-socialmente_0_SJ2ObVcSQ.html

9 ago. 2018

Artículo

Para quienes me preguntaron, supongo que es éste el artículo al que se refirió Pichetto (aprox. minuto 10), en su muy buen discurso de ayer (Hoy no sale la ley pero "el futuro no les pertenece")
https://www.lanacion.com.ar/1715760-los-derechos-relegados-de-la-constitucion

En fin. La Argentina cambió, y no hay vuelta atrás.

8 ago. 2018

Michetti y la incompetencia

Estamos en la discusión más importante en la historia reciente, y la vice presidenta y presidenta del Senado sugiere terminar a las 10 de la noche, porque desde seguridad le piden acabar pronto para salir más tranquilos. Ha demostrado, a través de ése y otros gestos ("no seré imparcial"; insultos; risas frente a discusiones dramáticas; incomprensiones básicas del reglamento), un grave nivel de irresponsabilidad, que hace dudar seriamente sobre su competencia para ocupar el cargo que ocupa. No son admisibles semejantes liviandades en una discusión en la que se nos va la vida.

Los dinosaurios van a desaparecer


Por qué la ley del aborto es consistente con el derecho en Argentina

Publiqué hoy en El País de España

Seguramente, la pregunta más importante de todas las que hoy aparecen, en los notables debates que el Congreso de la Nación está llevando adelante, en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es aquella referida a la constitucionalidad del aborto. Precisamente, la cuestión es: dada nuestra Constitución, las leyes que hemos aprobado, y los tratados internacionales que hemos firmado ¿resultaría jurídicamente válida la sanción de una ley de aborto? La pregunta merece una respuesta rotundamente afirmativa, más allá de que, con el paso del tiempo, una eventual ley de aborto pueda ser objeto de precisiones y correcciones menores.


De modo previsible tal vez, pero también preocupante, todos los juristas críticos del aborto que se presentaron en el Congreso sostuvieron que dicho proyecto de ley era incompatible con nuestro derecho. Quisiera explicar (y también explicarme) cómo es que pudieron llegar a conclusiones semejantes.

En muchos casos, lo que permite explicar lo ocurrido es lo siguiente. Muchos de estos juristas, que se presentaron como puntillosos expositores del derecho argentino, omitieron citar los principales elementos definitorios del derecho vigente en la materia. Si algo resultó notable del discurso de estos juristas críticos del aborto -sobre todo, en los debates en Diputados- no fue lo que ellos dijeron sino lo que omitieron. Fue extraordinaria su total falta de referencia hacia las decisiones que recientemente tomaron la Corte Suprema de la Argentina en el caso F.A.L., como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo.

Uno debe preguntarse: ¿cómo puede ser que en discursos jurídicos que pretendieron ser, ante todo, detallistas y exhaustivos, no hayan sido mencionadas las voces de los que son los dos principales intérpretes del estado del derecho, en el país y en la región? La hipótesis obvia que explica estas clamorosas omisiones es, simple y tristemente, que no convenía citar a tales tribunales porque dejaron en claro que avalan y van a seguir avalando las normas que puedan dictarse en materia de aborto, compatibles con las decisiones que ellos ya han tomado.

La Corte Argentina no sólo consideró en F.A.L. que aún el viejo Código Penal Argentino de 1921 autoriza el aborto en ciertos casos sino que adoptó la lectura más liberal posible en la materia (para considerar aborto legítimo el que se lleve a cabo luego de una violación. Estableció principios acerca de lo que es derecho y lo que no en Argentina, lo que pone en serios problemas las posturas de los anti-abortistas. Por ejemplo, en cuanto a cómo interpretar la citada ley 25.763.

Del mismo modo, la Corte Interamericana estableció en el caso Artavia Murillo principios que socavan el corazón de las posiciones anti-abortistas. Por ejemplo, sostuvo que las tendencias predominantes en el derecho comparado no nos llevan a considerar que el embrión deba ser tratado de igual manera que una persona nacida o que el derecho a la vida es gradual e incremental, lo que  habilita regulaciones de este derecho.

Aquí tenemos la explicación de por qué tantos críticos del aborto omitieron citar, justamente, estas fuentes de nuestro derecho. Solo de ese modo, anulando a los principales intérpretes del derecho local, pudieron afirmar con tanto énfasis las conclusiones a las que desde un principio querían arribar.

Frente a las críticas recibidas, ya en los debates en el Senado, muchos juristas contrarios al aborto afinaron un poco su estrategia. Muchos citaron las decisiones pertinentes de la Corte Argentina y la Corte Interamericana, pero solo para descalificar, a paso seguido, lo dicho por ambos tribunales. Sostuvieron, por ejemplo, que “la Corte Interamericana falló en un caso concreto y no contra nuestro país”. Nada de esto es relevante: lo cierto es que la Corte IDH decide muy pocos casos, procurando enunciar los principios que se compromete a seguir aplicando en casos futuros y que pasan a definir al derecho de toda la región.

Tampoco es suficiente agregar, como lo hicieron otros, que tales casos fueron mal decididos. No nos interesa saber lo que el jurista en cuestión haría de ser nombrado juez de la Corte, sino lo que dice el derecho argentino en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Ellos se presentaron como si estuvieran describiendo el derecho argentino vigente cuando lo que hacían, en verdad, era ofrecer una posición prescriptiva. Vinieron a decirnos lo que ellos consideran que debería decir el derecho argentino o lo que ellos le harían decir en caso de ser jueces de tribunales superiores.

Lamentablemente, lo que aquí estaba en juego es otra cosa: determinar si nuestros tribunales invalidarían, eventualmente, una ley de aborto. Y la respuesta es, de modo contundente, negativa. No es en absoluto esperable que la Corte Argentina o la Corte Interamericana desafíen una ley de aborto como la que  se discute hoy en el país.

7 ago. 2018

La revolución que no vieron. Mañana, aborto

Frente a las elecciones de octubre pasado, ningún partido político, salvo la ultra-izquierda, incluyó al aborto entre las propuestas de su plataforma. Dos o tres meses después, todo el país, incluyendo a los integrantes de las familias más conservadoras; miles y miles de estudiantes secundarios; activistas; académicos; políticos de todo tipo, estaban argumentando sobre el aborto. Los que lo apoyábamos, nos vimos forzados a estudiarlo mejor; mientras que los que se oponían a él, se vieron obligados, como mínimo, a desdecirse de muchas de las barbaridades que (otra vez) se reconocieron diciendo en el pasado (sobre la educación sexual; sobre las políticas de cuidado; sobre la penalización de la mujer, etc.). Todos aprendimos mucho y aceleradamente en estos meses, que ratificaron el valor único y extraordinario del debate democrático. Tenemos mucho que agradecer a las militantes que trabajaron tan bien y transversalmente en este tema, particularmente en tiempos de grieta política. 

Lo que se dio en la Argentina en estos meses, fue una verdadera revolución: una revolución de pensamiento, que produjo un cambio de paradigma radical. La buena noticia es ésa: el paradigma vetusto cambió, y no hay vuelta atrás. Sépanlo: no hay vuelta atrás. Queda ahora ver si el derecho sabe reconocer o no, ese cambio social radical. Lo reconoce, o será en los hechos arrasado.

Los senadores conservadores de nuestro país, mientras tanto -como expresión del nivel de alienación en el que muchos de ellos viven- prepararon la sesión de mañana para "tirar todo abajo". Apostaron duro, para dejar a los defensores del proyecto de Diputados como defendiendo una postura supuestamente extrema -y por tal inacordable, y por tanto merecedora de una sola respuesta: el rechazo total. Ello, como si nada hubiera ocurrido. Ello, como si se pudiera volver el reloj atrás. Ello  como si no hubiéramos tenido una revolución. Ello, como si no hubiera habido un cambio de paradigma radical, único en nuestra historia.

Espero que alguien les advierta del error que están por cometer. No es una amenaza, entre otras razones porque uno carece de todo poder de amenaza. Sí es una advertencia: la historia -encabezada por miles y miles de chicos y chicas que han tomado la cuestión como propia- van a pasarles por encima sin piedad, desplazándolos de la política. En paz, con prisa y sin pausa. Y va a estar muy bien que ello sea así. Ojalá tengan la lucidez de advertir la magnitud del error que están cometiendo, aunque muchos de nuestros representantes siguen dando indicios de ceguera y sordera absolutas.

6 ago. 2018

Constitucionalistas sobre el aborto. Cómo no argumentar un caso / Con addenda: Tabla de Falacias



https://www.lanacion.com.ar/2159529-el-debate-constitucional-sobre-la-legalizacion-del-aborto

Ésta nota, de M.G-M., sobre las posturas de los constitucionalistas argentinos en torno al aborto, es un buen ejemplo acerca de cómo no argumentar sobre un tema. En términos de razonamiento: falacias, argumentos de autoridad, argumentos ad hominem, non sequitur, inconsistencias, falacias de composición. Defiende una postura elitista sobre cuestiones de interés común; descalifica a colegas para hablar del tema, porque no son especialistas en derecho constitucional (como si muchos de los objetados no hubieran estudiado el tema infinitamente más y mejor que la mayoría de los que escriben sobre la cuestión; como si el tema no mereciera ser abordado desde especialidades diferentes; como si los constitucionalistas locales tuvieran, en general, una buena preparación; como si muchos de los integrantes de las nuevas generaciones de juristas -casi todos partidarios del proyecto- no tuvieran una preparación mucho mejor que las viejas generaciones); suma (!!!) (además, de modo completamente arbitrario) entre constitucionalistas a favor y en contra, para concluir que, entonces (porque SU suma le da "más" críticos), los "principales" constitucionalistas del país (menos Gil D. y yo, quienes también quedamos descalificados) están contra el aborto, y POR TANTO, el aborto es inconstitucional. El modo en que desautoriza a Pinto y Kelmemajer, pasa a la historia nacional de la infamia. En términos argumentativos, no sólo es un texto alarmante -pocas veces visto- sino además ofensivo. Luego, en lo sustantivo es muy malo también (no advierte que invocamos F.A.L., para hablar de las reglas y los principios que establece, y que amparan perfectamente al proyecto en cuestión; no advierte que F.A.L. rechazó muchos argumentos que hoy los críticos del proyecto reivindican -lo que nos permite predecir que la Corte no va a darle cabida a esos argumentos, en el futuro (in)mediato; no advierte que todos nos cuidamos en la cita de Artavia Murillo, para rescatar lo relevante -comienzo de la vida, evolución de la vida; etc.; considera que porque A.M. fue una decisión sobre fecundación in vitro y sobre Costa Rica, no habla ni pretende fijar principios generales, destinados a hablarle a casos futuros y países diferentes; no advierte que F.A.L. y Artavia Murillo son, sobre todo, fallos MUY liberales, que permiten predecir que, en caso de ser interrogadas al respecto, la Corte Argentina y la Corte Interamericana SEGUIRAN considerando válido -y por tanto, propio del derecho regional- a las normas de aborto que se adopten en América Latina -y mientras tanto él sigue suscribiendo la idea de que el aborto no está amparado en nuestro derecho, a pesar de la postura adoptada y los principios definidos y los argumentos aceptados y los argumentos rechazados por la Corte Argentina). En definitiva: pocas veces visto.

TABLA DE FALACIAS en el artículo de MGM

Falacia de autoridad: "La Academia de Derecho y la de Medicina dijeron tal cosa, por tanto debe ser que..."

Falacia de composición: "Los constitucionalistas Néstor, Jorge y Gregorio dijeron tal cosa, por tanto el constitucionalismo argentino/ por tanto la Constitución Argentina..."

Argumento ad hominem: "Lo dijeron Néstor, Jorge y Gregorio, por tanto debe ser que..."

Non sequitur: "Estos constitucionalistas (agregaría yo: que tienen más fama que prestigio; más poder que formación) dijeron esto (agregaría yo: que fue refutado varias veces, en tal y tal lado), por tanto debe entenderse que el aborto en la Argentina..."

Por lo demás, son falacias "degradadas" a la Argentina (no quiero usar el término "truchas"): cito como autoridad a la Academia de Derecho y la Academia de Medicina, pero luego pongo el grito en el cielo porque de este tema quieren hablar con autoridad "civilistas" e "internacionalistas"; ni cito luego lo que dijeron nuestros mejores especialistas en bioética, filosofía del derecho, teoría jurídica; cito la autoridad de los constitucionalistas "prestigiosos," y me olvido del más importante de todos (por un centenar de cabezas), que siempre escribió a favor (Carlos Nino); confundo prestigio con "fama" o con "escribe en La Nación"; me ocupo de los nombres "famosos" y me olvido de los argumentos.

En este texto que publicara hace poco en Anfibia, me interesó hacer el ejercicio exactamente contrario, esto es, examinar la pésima ARGUMENTACION de los constitucionalistas "famosos," sin regodearme en sus NOMBRES, acá: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/votar-favor-del-aborto-legal/


5 ago. 2018

Garland


(publicado hoy en la revista Ñ, a partir de la re-edición de su libro "Castigar y asistir")

David Garland es un criminólogo escocés, graduado en derecho por la Universidad de Edimburgo, y con una Maestría en Criminología en la Universidad de Sheffield. Entre 1979 y 1992, fue profesor en la misma Universidad de Edimburgo, y desde entonces enseña, principalmente, en la Universidad de Nueva York, donde imparte cursos de sociología, teoría social y criminología. Profesor visitante en numerosas universidades de Europa y los Estados Unidos, obtuvo varios de los principales premios que se otorgan en su especialidad, y que incluyen una distinción de la Sociedad Americana de Criminología, el Sutherland Award por su contribución a la teoría criminológica, y la beca Guggenheim por sus más recientes estudios en torno a la pena de muerte. Varios de sus libros –algunos de ellos ya traducidos al español- han sido premiados también: Punishment and Modern Society y Peculiar Institution (su trabajo sobre la pena de muerte) fueron distinguidos por la Sociedad Americana de Sociología; y Punishment and Welfare obtuvo una distinción de la Sociedad Criminológica, como el mejor estudio en el área producido en último lustro.

En sus trabajos, Garland combina el conocimiento de la criminología, con el interés por la historia, y la sensibilidad sociológica, lo que le permite contextualizar y pensar críticamente una práctica compleja, como la del castigo. A través de sus escritos, ha explorado la relación entre castigo y política, poniendo el acento en la evolución histórico-social de las instituciones y prácticas punitivas, y mostrando de qué modo las iniciativas y reformas penales resultan un reflejo de proyectos políticos más amplios, y de más amplio anclaje social. En particular, en trabajos como Punishment and Welfare,  Punishment and Modern Society, o La cultura del control, Garland estudió las políticas (bienestaristas) de rehabilitación y asistencia social propias de los años 60 y comienzos de los 70 –políticas que vinieron de la mano del Estado de Bienestar, y asimismo de una doctrina penal que ponía el acento en los derechos de los prisioneros- y la posterior caída y reemplazo de tales iniciativas. En particular, el criminólogo escocés mostró las pendulaciones que se produjeron en el área, en los años 70 y 80 (con el reaganismo y el thatcherismo) hacia políticas de “ley y orden” y “mano dura” (ejemplificadas en la criminalización de mayores conductas, el endurecimiento de las penas, y la mayor extensión de las mismas). De modo adicional, Garland exploró la correlación existente entre la caída en las tasas de criminalidad, la reducción de las libertades civiles, y la estigmatización de las minorías (en particular, las minorías afroamericanas).

En Una institución particular, su libro más reciente sobre la pena de muerte, Garland muestra el modo en que la pena capital sigue siendo aplicada conforme a parámetros raciales, y estudia, más específicamente, los cambios sociales, legales, prácticos y discursivos producidos en torno a la misma. La pena de muerte se ha separado, en la actualidad, de los criterios de “linchamiento” y de la espectacularidad que era propia de esa práctica en siglos anteriores, para adquirir formas en apariencia más “civilizadas” y “profesionales”, respaldadas por la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. En dicho país –concluye Garland- la pena de muerte ha pasado a operar como “símbolo de una nueva cultura del control” que viene acompañada de sentencias penales más duras, un retribucionismo de un nuevo tipo, y encarcelamientos masivos.

El trabajo que ahora edita siglo XXI, en castellano -Castigar y asistir una historia de las estrategias penales y sociales del siglo xx- es considerado, con razón, como un “clásico” que, no por azar, se edita ahora en conjunto con otros dos estudios imprescindibles en el área, como lo son Vigilar y castigar de Michael Foucault, y Cárcel y fábrica de Darío Melossi y Massimo Pavarini. Interesado de manera especial en el “ascenso y caída” de políticas penales “welfaristas” –políticas atentas a las “condiciones sociales” de producción del delito (el origen social del criminal, sus posibilidades de reinserción, etc.), el libro resulta absolutamente actual. El mismo nos interroga, finalmente, acerca de cómo recuperar un enfoque penal más “social,” alejado del paradigma hoy dominante, distinguido por las marcas del orden autoritario y el “populismo penal”.


Bielsa o genio


El club es más grande de lo que merezco...mi objetivo es mostrar que puedo merecer esta oportunidad, pero también que no soy un demagogo
Trato de no mentir y también de decir la verdad
No podés convencer a nadie, a menos que creás realmente en lo que estás diciendo
Luego de 30 minutos (de conferencia) la atención decrece, así que por favor no se aburran
Mi filosofía está enraizada en el respeto a las reglas, y considero a las reglas como una protección del fútbol creativo (Jon Elster no lo pudo decir mejor)



3 ago. 2018

Alexy, la proporcionalidad, y el derecho al aborto (Clérico/Ronconi)


Cerca del cierre de los debates sobre el aborto, en el Senado, se escucharon algunas posiciones que propusieron pensar sobre el derecho al aborto, desde el "principio de proporicionalidad" y la teoría de Alexy ("la máxima autoridad mundial en la materia," según se dijo, sobre el tema). Un buen ejemplo sobre cómo pensar la cuestión, es el que ofreció la colega Mercedes C., en su exposición del último día. 

Mucho más problemática, en cambio, fue la extensa presentación de otro apreciado colega, Fernando T., quien dedicó un buen tiempo a la proporcionalidad y a Alexy, para fundamentar su posición anti-abortista. De un modo que me sorprendió, debo decir, don F.T. utilizó esas herramientas de modo inapropiado. Mientras exponía su postura, y se apoyaba en Alexy, y en su vínculo personal con Alexy, y en la aprobación que Alexy le había dado a su punto de vista, dejó entrever que, a través del uso de la herramienta de proporcionalidad, se llegaba a una postura anti-abortista, lo que -sugirió- era certificado por "la máxima autoridad mundial," Alexy (merecen verse las caras de satisfacción de lxs legisladores anti-abortistas, al enterarse de semejante apoyo hacia su postura). F.T. olvidó decir, sin embargo, que la postura de Alexy sobre la cuestión es exactamente la contraria a la que él sugiriera! (A raíz de esa postura sobre el aborto, en Colombia, una Universidad decidió dar marcha atrás al honoris causa que había preparado para Alexy). En fin, al estimado F.T.: creo que fue un error (y algo más) grave, haber presentado la cuestión de ese modo, poniendo el peso que puso su exposición, sobre el aval que daba "la máxima autoridad mundial" a su propia postura (anti-abortista).

Bueno, todo lo anterior para decir que dos estimadas amigas, Laura C. y Liliana R., alexyanísimas ellas, han escrito un texto especial para el blog, para ayudarnos a clarificar la cuestión, y el vínculo entre principio de proporcionalidad y una eventual ley de aborto. Un millón de gracias a ellas! Va el texto:


Tomando la proporcionalidad y la despenalización del aborto en serio.
Dra. Laura Clérico (UBA/CONICET) y Dra. Liliana Ronconi (UBA/CONICET/UNPAZ)

La presentación del proyecto sobre legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha posibilitado el debate en diversas arenas de la opinión pública. Ha visibilizado aún más a los colectivos que desde hace décadas vienen trabajando en favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y ha empoderado nuevos espacios para que las voces diversas de las mujeres sean tomadas en serio. Por supuesto, estos espacios aún no son suficientes. Aún hay voces de mujeres que siguen luchando para ser escuchadas. 

A pesar de todas estas marchas, hay que sostener una actitud de total alerta interpretativa. Al respecto basta como muestra un botón. Sobre el final de las exposiciones en el Senado de la Nación, fueron escuchados expertos que sostuvieron la proporcionalidad de la penalización del aborto. Para sostener su postura, se refirieron a un reconocido autor de la Teoría de los Derechos Fundamentales. Apelaron a un momento de confianza compartido con el afamado autor como parte de su exposición y como argumento fuerte en el acierto de su postura. La apelación a este supuesto hecho es irrelevante. No tiene relación alguna con el foco del debate. El conocimiento personal no dice nada sobre el valor o peso del argumento en discusión. Agregaron que sus textos fueron comentados por el afamado autor y que ellos mismos comentaron los textos del autor. La referencia a esta práctica es, también, irrelevante. Constituye la rutina del mundo académico. 

Lo que importa es el eje de la cuestión. Esto es, qué indica el examen de proporcionalidad en el caso bajo discusión. El examen de proporcionalidad estructura la argumentación para sostener en forma clara y convincente que (en especial, nos focalizaremos en el segundo punto): 1) la legalización de la IVE surge de un mandato constitucional y el Estado debe garantizarla a través de sus subsistemas de salud (Arts. 19 y 75 ins. 22 y 23 Const. Nacional); 2) continuar con la penalización del aborto es inconstitucional por desproporcionada.  

Estos puntos surgen de la solución a la colisión de un conflicto entre derechos. El conflicto está dado entre el derecho a la existencia intrauterina y el derecho a la salud, a la vida, a la autonomía y a ser tratadas con igual consideración y respeto de las mujeres.  Ya la Corte argentina (casos F.A.L. y T.S.) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Artavia Murillo),  plantearon la posibilidad del conflicto y una estructura argumentativa: la proporcionalidad (con sus sub-exámenes de adecuación técnica, de medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto que incluye ponderación). 

Desde el punto de vista de la adecuación técnica de la penalización para lograr la protección de la vida gestacional, los debates y estudios empíricos demostraron que no es claro que la penalización disminuya el número de abortos. Hay datos que demuestran (por ejemplo, los presentados por el Ministro de Salud en el mismo debate del Senado, entre otros), que a pesar de la prohibición que implica la penalización, se sigue abortando. Además, la penalización no es necesaria. Hemos escuchado ampliamente la paleta de medios alternativos que buscan, por ejemplo, prevenir embarazos no queridos y que, a su vez, protegen la vida, integridad física y psíquica de las mujeres. Por caso, “mejores políticas sociales, educación para la sexualidad, acceso a un menú   amplio   de   opciones   y   consejerías   anticonceptivas,   servicios   de   aborto   legal   y   un sistema integral de cuidados para que las personas vivan sus experiencias parentales en un contexto de igualdad.”  Y la lista continúa. Por último, ya debilitados los argumentos que presentan quienes siguen sosteniendo la penalización, es claro que el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las mujeres tiene mayor peso, que la protección de la continuación de la existencia intrauterina o vida gestacional, que como sabemos no es absoluta.   

Además, y como argumento de peso que inclina la balanza hacia la legalizacion de la IVE, se encuentra el argumento de igualdad. Es claro que quienes deciden abortar en forma segura pueden hacerlo si tienen acceso a bienes económicos y sociales y a las redes de establecimientos privados. Por el contrario, quienes deciden interrumpir un embarazo y no están en igualdad de condiciones en claves de acceso al derecho a la salud por no contar con los fondos necesarios, pueden hacerlo pero en forma insegura con grave riesgo para su vida e integridad.

Podemos continuar reestructurando las argumentaciones que hemos escuchado y leído desde hace tiempo y durante todo este debate bajo el examen de proporcionalidad. El resultado es claro: la penalización del aborto no es un mandato constitucional/ convencional pero si lo es el trato con dignidad y respeto a las mujeres y otras personas gestantes. Que la hoja del árbol no tape la mirada para ver el bosque de argumentos a favor de la legalización de la IVE en Argentina. 
QueSeaLey!


Los cuadernos asesinos no aparecen

Es curioso que algunxs se alegren con la no-aparición de los cuadernos, o vean en el hecho una herramienta de salvación de parte de la clase político-empresarial, frente al escándalo.

Algunos piensan que así se falsea la información del caso, y otros se alegran porque entonces "los cuadernos no pueden servir como prueba." Lamento comunicarles que están en un error. i) los testimonios que inculpan no necesitan estar escritos o grabados, en fotocopia o en original: mientras que la prueba no se haya obtenido de modo ilegal (y no es el caso) lo importante es el contenido de la información, no el medio a través del cual la información se transmite; ii) quien escribió ratifica su autoría, o sea que ya no importa que estén en fotocopias, en papel maché o en su recuerdo. Importa la veracidad del contenido, y no el medio que lo contiene; iii) en lo personal, el castigo-cárcel de los partícipes me tiene sin cuidado, ya que lo que me interesa es el reconocimiento de la trama miserable que, desde temprano, y como nunca antes, se montó entonces (trama que hoy se extiende hasta alcanzar a personas relacionadas con el actual gobierno). Sin embargo, y más allá de mi desinterés en el caso, la noticia sigue siendo desafortunada para los protagonistas, en términos penales, dado el modo en que contribuye a completar un cuadro de vínculos y responsabilidades hasta hoy con muchos blancos. La mafia político-empresarial que se entrevé, es parte importante de la desgracia argentina, y es muy bueno que hoy podamos reconocerla con mayor claridad, a pesar de los esfuerzos que se hacen en contrario (la labor de P12 en la materia, duele en el alma: cómo puede ser posible tanto!). Qué pena todo.


1 ago. 2018

No fue magia

Objeción institucional: raro animal

Publicado hoy en LN
https://www.lanacion.com.ar/2158046-la-objecion-de-conciencia-es-individual-no-institucional


La discusión sobre la “objeción de conciencia institucional” es importante y compleja, y aquí quisiera detenerme sólo en un aspecto del problema: por qué las instituciones médicas “privadas” están obligadas a asegurar la prestación de ciertos servicios básicos, definidos de antemano por el Estado (por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos determinados por la ley). Discutir este punto complejo implicará que deje de lado otras cuestiones, que me resultan más obvias, pero sobre las que aquí no argumentaré. Asumo como obvio, por ejemplo, que la objeción de conciencia es un derecho que les reconocemos a las personas, por respeto a sus convicciones más profundas, aún frente a exigencias estatales muy fuertes (i.e., ir a la guerra); pero también un derecho que no le reconocemos a un edificio, una pared, o un monumento.

La argumentación que voy a desarrollar se asienta sobre ciertos puntos hoy relativamente “pacíficos” dentro de la doctrina. En primer lugar, todos los derechos cuestan, lo que significa decir que no hay derechos gratis: garantizar los derechos sociales implica obvias erogaciones estatales, pero asegurar los derechos más tradicionales o "clásicos", como la libertad de expresión, el derecho al voto, o el derecho de propiedad, también implica incurrir en costos económicos altos, aun cuando durante mucho tiempo se asumió que se trataba de derechos “gratuitos”. Hoy sabemos que, asegurar la celebración de elecciones implica cuantiosas erogaciones públicas; como también implica gastos enormes el mantener a los tribunales funcionando; o impedir potenciales violaciones de los contratos que firmamos. Como sostuvieran Cass Sunstein y Stephen Holmes en sus trabajos sobre El costo de los derechos, “nuestras libertades dependen de los impuestos que cobra el Estado,” nos guste admitirlo o no.

En segundo lugar, no existe algo así como una situación de "no-intervención estatal": todo el universo institucional que nos rodea es producto de la intervención estatal. En otros términos, no hay algo así como un mundo “pre-político,” de “mercados libres”, individuos que contratan, y un Estado ausente. Vivimos en sociedades que son fundamentalmente el resultado de intervenciones estatales. La pregunta que debemos hacernos siempre es dónde y cómo debe intervenir el Estado, y no si debe intervenir o no.

Podemos expresar lo anterior a través de algunos ejemplos. Por caso, no cualquiera puede trabajar como médico o como abogado: el que quiera hacerlo necesita estar habilitado por el Estado para ejercer su profesión. Nos indignamos, por tanto, cuando sabemos de un médico o un abogado que ejerció su tarea sin gozar de la autorización estatal. De modo similar, operar un servicio de transporte escolar requiere que el conductor haya aprobado exámenes de manejo y aptitud; o que su camioneta de transporte se encuentre debidamente habilitada por el Estado. Asimismo, vender productos alimenticios exige de la previa supervisión estatal, para obligar al vendedor a garantizar condiciones de higiene y salubridad elementales: sería un escándalo si el Estado permitiera la circulación y venta de alimentos en mal estado. De manera idéntica, quien quiera tener una discoteca o abrir un espacio para la realización de recitales de rock, deberá cumplir con estrictas medidas de seguridad, destinadas a resguardar al público concurrente. Cualquier fracaso al respecto nos llevaría, razonablemente, a levantar impiadosas quejas contra el Estado.

La presencia estatal, por tanto, se manifiesta a través de formas muy diversas: otorgando licencias; dando títulos habilitantes; ejerciendo controles sanitarios; supervisando el cumplimiento de contratos; vigilando que podamos desarrollar sin interferencias indebidas las actividades que hemos elegido. Exigimos que existan tales controles por parte del Estado, y está bien que sea así. Este reconocimiento nos permite entonces llegar al nudo del problema que nos interesa: no hay actividades “puramente” privadas, o por completo exentas de la intervención estatal; menos todavía cuando la actividad en cuestión implica la prestación de servicios hacia terceros; y mucho menos cuando dicha actividad puede afectar o poner en riesgo los derechos básicos de otras personas. Pensemos en estos casos, que se hallan entre los más importantes de todos: construir una escuela, o abrir un hospital, por ejemplo.

Por el tipo de actividad de que se trata; los sujetos a los que involucra; y los derechos que afecta, la “escuela privada” debe cumplir con una enorme cantidad de exigencias que el Estado, con toda razón, le impone: las clases deben impartirse en lugares apropiados; los baños del establecimiento deben estar higienizados; los maestros deben estar habilitados para su función; el trato hacia los niños debe ser siempre respetuoso; las discriminaciones (de género, raza, etc.) resultan por completo impermisibles. Mucho más que eso, la escuela “privada” debe cumplir, para poder funcionar, con exigencias relacionadas con el dictado de ciertos programas de estudio, definidos por el Estado. El establecimiento educativo no puede enseñarles a los niños lo que se les ocurra a las autoridades del caso (i.e., el culto al líder de una secta); ni dejar de lado temas o enfoques requeridos por el Estado (i.e., educación democrática; historia argentina).

Finalmente, llegamos al ejemplo que nos interesa, cual es el de los hospitales "privados." En los hospitales, como en las escuelas “privadas”, el Estado puede, razonablemente, imponer exigencias múltiples y muy diversas. Para comenzar por lo obvio, un  centro asistencial no puede negarse a atender a determinadas personas, en razón de su género o color de piel. Ese centro está obligado, también, a garantizar condiciones de higiene y salubridad elementales; debe contratar a profesionales habilitados; debe utilizar materiales de calidad comprobada; y asegurar que los materiales que emplea se encuentren siempre en óptimas condiciones (i.e., jeringas esterilizadas). Del mismo modo, así como el Estado puede exigirle a una escuela la enseñanza de ciertos contenidos mínimos, el Estado puede requerir del hospital que garantice siempre la provisión de ciertos servicios de salud elementales: que provea ciertas vacunas obligatorias, o que preste servicios básicos, como los relacionados con la interrupción del embarazo. Ello, por supuesto, no implica que el aborto deba ser realizado por un médico en particular, sino que la institución sea capaz de proveer ese servicio asistencial. Muchísimo más, por supuesto, si la institución se sitúa en un contexto marcado por la escasez –si no hay otros hospitales cercanos. En definitiva, en las sociedades democráticas modernas, una institución no puede involucrarse en la prestación de servicios a terceros, ajena a la supervisión y los controles estatales, y librada a sus propias iniciativas y criterios. Si la empresa de transportes, la escuela o el hospital “privados” quieren recibir la habilitación que necesitan para funcionar y obtener ganancias, tales prestadores deberán asegurar, primero, que van a cumplir con las razonables exigencias que el Estado –aquí o en cualquier lugar del mundo-  decida imponerles, para asegurar la provisión de ciertos servicios indispensables, de calidad apropiada, y en condiciones dignas.



30 jul. 2018

Dos preguntas para los críticos del aborto

Publicado hoy en Clarín

Existen al menos dos preguntas muy importantes que corresponde formular a todos aquellos que se oponen a la sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y en particular a los legisladores nacionales involucrados en esta discusión. Tales preguntas sugieren la presencia de graves, llamativos problemas en la argumentación de los opositores al aborto, por lo que –en el marco de los debates hoy en curso- necesitamos urgentemente saber qué explica la persistencia de tales errores. Las preguntas que quisiera formular tienen su asidero en acuerdos muy extendidos dentro de la sociedad, y en particular dentro del Congreso de la Nación, que paso a detallar. 

La primera pregunta tiene que ver con el siguiente acuerdo: legisladores favorables y no favorables al aborto parecen coincidir en la idea de que, castigar con prisión a la mujer que ha realizado un aborto, no sólo es injusto sino que, en la práctica, no sirve a nada. Por citar un caso muy relevante: en un reportaje publicado días atrás, hecho a la actual vicepresidenta de la Nación -una activa militante anti-abortista- se le preguntó si la mujer que practica un aborto debería ir presa. La vicepresidenta respondió entonces, categóricamente: “No, para nada. Hay que despenalizar a la mujer.” La misma actitud pudo advertirse, hace unos días, entre Senadores y Senadoras opuestos al aborto. Lo cierto es que, si de veras creyeran que lo que está en juego en el caso del aborto es “el asesinato de un niño indefenso,” entonces, la mujer no sólo debería ser penalizada, no sólo debería ir a la cárcel, sino que además debería recibir la pena más severa de todas: la prisión perpetua. Ello, porque lo que está en juego es un homicidio pensado y planificado de antemano, agravado por el vínculo: lo que le corresponde a la madre es ni más ni menos que la prisión perpetua, como la que recibiera, días atrás, la joven Nahir Galarza.  Por lo dicho, la pregunta hacia los legisladores es: ¿Cómo pueden sostener que el feto es un “niño indefenso” y, al mismo tiempo afirmar que la mujer que aborta (por ejemplo, luego de una violación) no debe ser condenada? ¿Qué explica que no militen, como debieran, por la pena de prisión perpetua para la mujer que aborta, si ella –supuestamente- mata, de modo cruento y premeditado, “a su propio hijo indefenso”?  

El segundo grupo de preguntas que quisiera formular tiene que ver con otro acuerdo que también aparece extendido dentro de la sociedad, y que se vincula con el siguiente hecho: el 5 de junio de 2013, el Congreso aprobó, casi por unanimidad, la ley de fertilización asistida (votaron sólo dos senadores y un diputado en contra de dicha iniciativa). La sanción de la ley fue seguida por un emocionado festejo de parte de todos los legisladores, conscientes del paso tan crucial que estaban dando. Desde la aprobación de la ley, hace 5 años, la misma funcionó exitosamente: se duplicó, por ejemplo, el acceso a los tratamientos asistenciales (el número de los mismos pasó de 10000 a 21000). Este maravilloso paso adelante fue socialmente recibido como una celebración de la vida, y con razón: hoy, en efecto, miles de familias recuperaron la esperanza de convertirse en padres gracias a dicha norma. La duda aparece, sin embargo, cuando advertimos que los festejados procesos de fertilización asistida implican, normalmente, el descarte o congelamiento –por tiempo indefinido-  de embriones –un resultado similar al que puede involucrar un aborto. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo puede ser que algunos de los mismos legisladores que defendieron eufóricos aquella ley, hablando del valor de la vida, se opongan hoy al aborto usando la retórica de la muerte? ¿Cómo pueden aceptar la ley de fertilización, si es que tiene tan significativos paralelismos con la práctica del aborto? ¿Y cómo es que los legisladores que no participaron de aquellos debates, pero hoy se posicionan contra el aborto, no militen día y noche por la derogación de la misma? ¿Es que avalan la “matanza indiscriminada” de embriones? ¿Y cómo no denuncian criminalmente a sus pares legisladores, en lugar de convivir alegremente con quienes “alientan el asesinato en masa”? 

Todo lo dicho hasta aquí sólo puede explicarse porque –contra lo que sostienen, de modo ingenuo, equivocado, o hipócrita, los que rechazan una ley de aborto- ninguno de nosotros –y ellos tampoco- considera igual a un embrión en sus etapas más tempranas, que a un feto que ha desarrollado su sistema nervioso, o que a un niño a punto de nacer. Son esas diferentes valoraciones las que explican por qué todos festejamos, en su momento, la aprobación de la ley de fertilización asistida; por qué vemos a prácticas como la de la fecundación in vitro como una celebración de la vida; o por qué todos consideraríamos una aberración inimaginable, sancionar (con prisión perpetua!) a la mujer que ha practicado, con todo el dolor que ello implica, un aborto. 


Latin American Constitutionalism al chino

Oxford UP va a traducir al chino mi libro sobre constitucionalismo latinoamericano. Me alegraría con que me den las regalías de una venta modesta, 1 millón o 2 millones de ejemplares: apenas eso y me conformo.

29 jul. 2018

Mabel Bianco

Más allá de la interesante anécdota de cuando se levantó de la sala para no escuchar más a A.A., Mabel Bianco (a quien nos referimos ya en el blog, en otros casos) es una militante histórica por los derechos de las mujeres, con una ética y una dignidad que pocos otros.
https://www.lanacion.com.ar/2156228-una-medica-dejo-la-sala-durante-el-discurso-de-abel-albino-es-una-verguenza-tener-que-escuchar-esto
Homenaje a ella!

Asignaciones familiares/ Pesadilla

De I. Bermúdez, acá, sobre la reducción en asignaciones familiares, y otras reducciones por venir. Se confirme o no, no es el modo de pensar la austeridad/los recortes en una sociedad desigual.
Gobierno pesadillesco. Que se vayan todos.

25 jul. 2018

Sobre la objeción de conciencia institucional y las instituciones "privadas"

Sólo unos primeros apuntes sobre un tema que da para más largo, pero en donde mucho se ha dicho ya (por ejemplo, don Marcelo A., en sus intervenciones en el Congreso, sobre el tema aborto). Tomo por buenas las razones que se han dado para defender la objeción de conciencia en general, y los modos en que se la ha defendido (como "escudo" de la conciencia y modo de proteger derechos, y no como "espada" para atacar las decisiones y derechos de otro). Del mismo modo, tomo por buena la defensa que se ha hecho ya de la objeción de conciencia individual, y no institucional (las instituciones no tienen conciencia; necesitamos un enfoque metodológicamente individualista; las instituciones deben poder reducirse a las personas que la componen; lo que nos interesa es resguardar la autonomía personal de cada uno; etc.).

Me interesa comenzar a argumentar a favor un punto más polémico, según el cual no sólo las instituciones públicas, sino las privadas, se encuentran obligadas a garantizar prestaciones de salud básicas -las que determine el Estado- que pueden incluir, en caso de aprobarse la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, el aborto.

En general, la estructura de mi argumento es similar a la que pueden dar Sunstein-Holmes en sus trabajos sobre "El costo de los derechos." Por un lado lo que ya sabemos: todos los derechos cuestan; no hay derechos gratis (los derechos "clásicos", como la libertad de expresión o asociación) frente a otros que son -ellos sí- onerosos (los derechos "sociales"). Que el Estado garantice derechos requiere que haga uso de enorme cantidad de recursos (i.e., financiar una elección es carísimo; lo es también financiar un sistema judicial o "debido proceso", para hablar de dos derechos "clásicos" muy caros), lo que a la vez nos exige pensar en el establecimiento de prioridades, y la fijación de obligaciones, más allá del ámbito del Estado (vuelvo sobre esto último).

Por otro lado, está la idea (también propia del mundo Sunsteineano) de que no existe algo así como una situación de "no-intervención estatal", esto es, el universo legal/institucional que nos rodea es producto de la intervención estatal. Producto de las regulaciones vigentes en materia de propiedad; de los contratos que se permiten y no permiten; de las organizaciones que se autorizan y no se autorizan; de los derechos que se buscan proteger; etc. Aún el supuesto "mercado libre" sería no sólo una creación estatal, sino un producto que, para mantenerse, requeriría de intervenciones públicas permanentes (i.e., policías custodiando la propiedad; tribunales dando respaldo a los contratos que se firman; ejércitos custodiando las fronteras; etc.).

En ese mundo, que es el nuestro -pleno producto de la intervención estatal- no hay "instituciones cien por ciento privadas", y está bien que sea así, y reconocer que es así. Si alguien va a ejercer como abogado, es porque recibe una autorización estatal para hacerlo; si otro va a abrir un bar, el mismo va a tener que sujetarse a cierta normativa existente (higiene; baños; etc.); si uno de más allá va a conducir un remis, deberá dar un examen de manejo primero, y asegurar luego ciertas condiciones mínimas para su transporte, y pasar regularmente por controles vehiculares. Es así, y está bien que sea así.

Llegamos entonces al punto: siempre, pero muy en particular cuando la actividad del caso es una que involucra directamente la atención de derechos básicos de las personas (como en el caso de los servicios públicos prestados por organizaciones "privadas"), dicha actividad debe quedar sujeta a autorizaciones y controles estatales estrictos. Ello, muy en particular, para el cuidado de los derechos de las personas que pueden ser afectadas-beneficiadas por la actividad del caso. Pensemos en un primer ejemplo: el transporte escolar. Por supuesto que el micro escolar del caso deberá cumplir con ciertas condiciones de funcionamiento e higiene, revisiones periódicas, exámenes de manejo y de condiciones apropiadas para el chofer de la máquina, etc. Mucho más que eso: resultará impermisible que el micro no lleve a las niñas, sino sólo a los niños; o que lleve sólo a los blancos; o sólo a los más ricos. Pensemos en otro ejemplo, todavía más relevante: la escuela "privada". Resultaría impensable, otra vez, que en la escuela del caso no se sigan ciertos lineamientos básicos definidos desde el Estado, o que se presente al mundo, simplemente, como "creación divina," dejando de lado la enseñaza de la teoría de la evolución darwineana, conforme a los requerimientos curriculares que fija el Ministerio de Educación del caso.

Finalmente, nos encontramos con el ejemplo que nos interesa, cual es el de los hospitales "privados." Aquí, nuevamente, debemos considerar por completo inaceptable que el centro del caso se niegue a atender a determinadas personas por su género o color de piel. Del mismo modo, el Estado está en todo su derecho de exigir de ese hospital que preste determinados servicios mínimos, para todos los casos, o de ciertos modos. En esa misma línea de exigencias elementales, el Estado puede requerirle que garantiza la provisión de ciertos servicios que considera básicos, y que pueden incluir al aborto. Ello, por supuesto, no implica que el aborto deberá realizarlo el médico X, sino que la institución de turno deberá garantizar que el mismo pueda ser realizado dentro de la institución. Muchísimo más, por supuesto, si nos encontramos en un marco de escasez de provisión (del mismo modo que las exigencias a los medios de comunicación "privados" deben ser mucho mayores en provincias o localidades en donde circulan pocos medios y voces alternativos/as al oficial; o las exigencias sobre las escuelas "privadas" deben ser mayores en localidades en donde existan pocas alternativas para la escolaridad). En definitiva: las exigencias sobre la eventual ley del IVE deben llegar a las instituciones públicas Y también privadas.

24 jul. 2018

Peligroso paso hacia la militarización de la seguridad interior

El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FFAA en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley.

En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales.

El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se le otorgan más funciones a las FFAA. La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FFAA a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de "apoyo logístico" de las FFAA a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad. Por último, da a las FFAA la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FFAA en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FFAA así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad.

Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas.

Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante.

El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista.

Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FFAA en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder.


Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Ileana Arduino, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Gastón Chillier, Enrique del Percio, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Jaime Garreta, Manuel Garrido, Juan Carlos Herrera, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo F. Palmieri, José Paradiso, Hernán Patiño Mayer, Sidonie Porterie, Marcelo Sain, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Tokatlian, Manuel Tufró, José M. Vásquez Ocampo, Horacio Verbitsky.

Grupo Convergencia XXI
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED
Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS

Recordando a efedrina


A raíz del inaceptable-repudiable-esperable "affaire" del financiamiento ilegal en la Provincia de Buenos Aires, me puse a revisar posts viejos, de cuando, desde el blog, hice campaña (tan pobre y débil como puede ser una campaña desde un blog como éste) para llamar la atención sobre el -judicialmente comprobado- financiamiento de la campaña de CFK con dinero ilegal vinculado con la comercialización de efedrina. El resultado fue obvio: la "denuncia" no afectó en lo mínimo a quien tenía una posición favorable al gobierno anterior. La impermeabilidad fue total. Interesante hacer un recorrido por las respuestas que recibí entonces -sin dudas, de parte de muchos de los que hoy están en "modo escándalo", denunciando el horror de la ilegalidad actual ("ahhh, ohhh"). Los comentarios resumen bien lo que eran los argumentos de la época, en defensa del gobierno de turno: si uno critica es porque es de derecha; uno es un apocalíptico como Carrió; uno se horroriza por tonterías; uno es republicano; no hay alternativa genuina; todo se construye con barro y estiércol; el camino del cambio incluye estas cosas. Interesantísimo para alentar una autocrítica que nunca llegará, por supuesto: Por qué estas respuestas ayer, y el horror de hoy? Qué se puede esperar hoy, entonces, del destino de acusaciones que antes fueron objeto de risas y ridiculizaciones? Va un compilado/selección de los comentarios publicados en ese momento (muchísimos otros ni fueron publicados, o sea que el tono general de las respuestas era mucho peor).


"Es una acusación muy grave" uhhhh que solemnes y a la vez berretas que son. realmente uds no asustan a nadie
¿Acá tampoco se dan cuenta que corriendo por derecha siempre se unieron a los que corren por izquierda y siempre terminamos todos mal? 
Los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana. los gobiernos son el reflejo de la sociedad que tenemos, nos guste o no nos guste, los hayamos votado o no los hayamos votado. el cambio ahora es que dentro de éste gobierno, al que se les están sumando voces independientes aliadas, habría gente embarrándose y esperando que vayan llegando los demás, y que cada uno desde su lugar sume algo. 
Vos estas proponiendo la revolucion popular? Llamando a un juicio politico? 
¿No se puede leer como una señal de cambio? ¿acaso la denuncia no comienza con una ex-ministro del gobierno actual? ¿acaso no fue investigado por funcionarios aún en funciones? ¿porqué no dejan hacer, y mientras siguen viendo qué sigue pasando? ¿porqué cuesta tanto creer un poco en que hay personas que están tratando de hacer las cosas bien? ¿porqué siempre es a todo o nada? ¿la razón no será quizá que los cambios tan profundos y estructurales que se demandan tienen que necesariamente ser dados de a pasos y no de a zancones, haciéndonos a la vez cargo que todo ésto es error de un colectivo, es decir compartido?
No se si "hay cosas peores", hay cosas "igual de horribles" (matar pibes que van a recitales, por ejemplo). Pero hay una pregunta que me hace ruido: "No será un precio un poquito alto el que hay que pagar para seguir sosteniendo a este gobierno? No se, yo quiero que CFK termine su mandato el 10 de diciembre de 2011, excepto que se vaya por un juicio politico. Eso me convierte en una "sostenedora del gobierno"? Yo me puse muy mal cuando se fue DLR, no porque me cayera muy bien DLR (es mas, habia votado a GFM en la interna), sino porque me parecia una tragedia que se fuera el presidente antes de terminar su mandato, mas alla de los errores que habia cometido.
Lo que hizo Zanola es terrible, pero es una accion de parte de una corporacion que no pertenece al estado (un sindicato). mucho peor seria que el estado estuviera torturando, o entregando drogas vencidas en los hospitales estatales, etc. Y todo eso podria suceder en democracia.
Ojalá el país no esté nunca bajo el liderazgo de anacrónicos como los que se ven acá. 



Saliendo!