10 ago. 2020

Hermano Robert


Se fue un hermano, Robert Barros 

Binder, sobre la reforma judicial

Tremendo Binder

 https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469

Una pequeña bocanada de aire puro

Este fin de semana, volvió a ser posible el uso del vial costero de Vicente López -sólo por el fin de semana, y en horario limitado. Aunque el día era poco amigable, cantidad de familias, padres e hijos, viejos, parejas y solitarios, fueron tomando de a poco la extensión verde, con alegría y ansiedad. Qué satisfacción ver a tanta gente -en particular, a niños y a abuelos- extasiados frente al espacio abierto, y la posibilidad de caminar, correr o andar en bicicleta al aire libre. Cuántas tonterías tuvimos que escuchar, de gente apresurada por justificar toda restricción, cualquiera, porque venía ordenada "desde arriba" (y, por tanto, cualquier queja o réplica debía ser descalificada como irracional y enemiga)! Todo el mundo respetando perfectamente las distancias, usando barbijo, respetando a los otros (otra vez: cuántas tonterías tuvimos que escuchar, sobre que era posible "abrir", pero sólo en países culturalmente avanzados, nunca en la Argentina, porque nos apelotonaríamos, desobedeceríamos, lo haríamos todo mal!). Todo lo cual nos vuelve a hablar de la irracionalidad con la que se ha estado manejando hasta aquí la cuarentena infinita. Cómo no advertir la posibilidad de administrarla de una manera más sensata, más humana? (me duele el solo recuerdo de mi padre -más de 90 años- días atrás, dando vueltas solo alrededor de un auto, en el garage de su casa, necesitado de caminar un poco, pero impedido de hacerlo, en un barrio en donde no suele cruzarse con nadie). Cómo no reconocer que es posible -y lo fue desde el primer instante, hace 5 meses ya- asegurar el distanciamiento, los cuidados, la protección de los otros, junto con las salidas al aire libre, el cuidado de la salud física, mental y emocional? (por qué, hoy mismo, limitar esas salidas al fin de semana, y no extenderlas a cada día? Por qué acumular a toda la gente en los fines de semana?). Cinco meses van, y no ha habido esfuerzos genuinos por acomodar los esfuerzos colectivos con el respeto a los derechos de cada uno. Cinco meses tratando a las disidencias como enemigas; combatiendo las críticas como se pelea en la guerra. 

6 ago. 2020

Razones para la reforma judicial.

Cuáles son los mejores argumentos para la reforma? Los hay?

Razones para la reforma judicial

Para muchas personas, interesadas en el tema, la reforma judicial promovida por el gobierno se muestra, desde un comienzo, mal encaminada: es inoportuna; aparece apoyada en procedimientos poco democráticos; se orienta a fines inatractivos; escoge medios inadecuados en relación con los fines que invoca; y omite referencias a todo lo importante. Señalo tales problemas de la reforma, sin considerar su aspecto más vistoso -la Comisión de Expertos, y su peculiar composición- ni mencionar siquiera lo que se alega como su “talón de Aquiles”: asegurar la impunidad de quienes hoy están en el poder. A pesar de lo dicho, o por ello mismo, me interesará evaluar qué es lo que podría decirse a favor de dicha reforma. Para tal fin, he tomado nota de los mejores argumentos que he encontrado, ya sea en apoyo de la iniciativa, o en “crítica a sus críticos.” A continuación, haré una primera evaluación de esos argumentos pro-reforma.

“Todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial funciona muy mal, y ahora se quejan porque el Presidente busca cumplir con su promesa de campaña, y reformarlo.” Estas afirmaciones han estado en boca de todos los defensores de la reforma. Se trata, en su esencia, de una premisa inicial plausible por su generalidad, pero, tal vez, plausible sólo por eso: porque no entra en detalles. Para advertir el problema de lo que allí se afirma, piénsese en un caso paralelo: la reforma policial. Imaginemos que, frente a una sociedad harta de la “maldita policía,” el “gatillo fácil,” y la corrupción policial, el Presidente prometiera una reforma, proponiendo, para ello, otorgarle más poder a la fuerza, y darle licencia a los agentes para que disparen frente a cualquier sospechoso. El ejemplo nos ayuda a ver lo que debiera ser obvio: el hecho de que estemos, todos, totalmente de acuerdo con la reforma policial, no justifica en absoluto cualquier reforma, sino sólo aquellas dirigidas a atender nuestras preocupaciones compartidas. Con la reforma judicial pasa lo mismo: no se puede alegar, frente a los críticos de la reforma, que “ahora se quejan, cuando todos sabemos que la justicia debe ser reformada”. Exigimos la reforma pero, de ningún modo, “cualquier” reforma.

“Ni saben de qué se trata la reforma, y ya se oponen”. En relación con la respuesta anterior, alguien podría decirnos que de la reforma en ciernes no se conocen los detalles: por qué resistirla, entonces, haciendo un “oposicionismo ciego”? Esta pregunta merece al menos dos réplicas importantes. Primero, la crítica no es “ciega” porque ya conocemos parte de la reforma, y lo que conocemos de ella no es bueno (volveré más tarde sobre esto); y, segundo, dicha respuesta desconoce un argumento siempre central para los defensores del gobierno, y es que ninguna reforma debe analizarse “en abstracto”, sino “en concreto, en su contexto, y con atención a la historia”. Al respecto, debe reconocerse que, hasta hoy no se registran movimientos del gobierno, en materia judicial, que no se hayan dirigido directamente a “ganar impunidad”. Piénsese, al respecto, en cada una de las medidas adoptadas por la Oficina Anticorrupción, o por la Procuración del Tesoro; o en las iniciativas tomadas en relación con la designación o remoción o traslado de jueces; o en el desmantelamiento del programa de Protección de Testigos. Todas estas medidas representan, directamente, “movimientos hacia la impunidad,” con resultados ya muy concretos (la “liberación” de muchos de los principales acusados por la corrupción estatal). En definitiva, una crítica no es “ciega,” cuando está informada por la historia y el contexto: más que “prejuicios” contra la reforma, tenemos “juicios” fundados en la historia. Por lo demás, el gobierno podría habernos ayudado a salir de la situación de desconfianza y escepticismo que tenemos, ofreciéndonos señales destinadas a dejar en claro que de ningún modo se propone favorecer la impunidad. Sin embargo, todas las señales que nos ha dado hasta hoy se orientan en la dirección contraria a la esperada (empezando por la incorporación, en la Comisión de Expertos, de los principales abogados que trabajan por la impunidad de los allegados al gobierno).

“El Presidente propuso para la reforma fines muy concretos, vinculados con históricas demandas sociales.” Contra lo sugerido al final de la reflexión anterior -que la propuesta de cambio aparece mal orientada- se podría responder que el Presidente dejó muy en claro los objetivos de la reforma, en su presentación del proyecto: él quiere (así lo declaró) “celeridad,” “transparencia,” “independencia”, “fin de la concentración de poder” en un poder “aristocrático”, es decir, fines nobles, que además parecen encontrar un fuerte arraigo social. Lo dicho, sin embargo, enfrenta al menos dos problemas muy serios. En primer lugar, si los fines son los declarados, los medios escogidos hasta ahora, son completamente inaptos para alcanzarlos. Ejemplo (dentro de la parte “conocida” de la reforma): si el problema es que “Comodoro Py” actúa bajo arreglos y presiones políticas, de modo oscuro y lento, pero -para atacar dicho problema- se mantiene idéntica la estructura de los juzgados, pero ahora multiplicada por 4 (pasando de 12 a 46 jueces), el problema estructural, obviamente, también se mantiene, aunque ahora multiplicado por 4 (ello, sin mencionar que el aumento de jueces resulta inexplicable, cuando lo que el sistema acusatorio creado requiere es de más fiscales, y no de más jueces). En segundo lugar, y también en relación con lo anterior, los “fines” concretos invocados por el Presidente pecan por “omisión”: omiten decir lo más importante. En efecto, si hay dos “tragedias” que definen los problemas del Poder Judicial, en las últimas décadas, ellas son i) la desigualdad y falta de acceso de los más pobres a la justicia; y ii) el modo en que la justicia viene sirviendo a la impunidad del poder (el peor “cáncer” de la política argentina). Se trata de dos caras de la misma moneda, en donde una (la desigualdad) alimenta a la otra (la impunidad del poder). Lo peor de todo es que países “cercanos” (Colombia, Costa Rica, India o Sudáfrica) impulsaron sencillas y muy exitosas reformas a favor de una mayor igualdad (vía la “tutela”; las “acciones populares”; facilidades para el litigio colectivo y estructural; etc.), que la reforma ni siquiera se dignó mencionar, dejando en claro que ni se le ocurrió pensar en la suerte de los más postergados. Otra vez: nos enfrentamos a reformas hechas por el poder, para el poder, por el poder.

“Nunca es momento”. Los defensores de la reforma se han quejado de sus críticos, alegando que, para algunos, “nunca es momento de hacer una reforma, sobre todo si la hace el peronismo”. No me detengo en esta defensa, porque además de mala, resulta falsa: apenas salidos de la profundísima crisis del 2001, muchos apoyamos enfáticamente el juicio político a la Corte; el decreto 222 de Kirchner; y sus nuevas designaciones en el más alto tribunal. Ello, porque estamos bien dispuestos a apoyar todo lo que sirva a los propósitos compartidos (no así, por caso, la brutal y olvidable “democratización de la justicia”; o el intento de ganar control sobre el Consejo de la Magistratura).

“La reforma tiene que pasar por el Congreso”. Contra quienes critican al gobierno por no haberla discutido con la oposición, sus defensores recuerdan que la reforma no puede salir sin acuerdo parlamentario. Mala respuesta: no pretendemos ninguna “generosidad” oficialista; ni pensamos que el paso por el legislativo le resulte “opcional” al gobierno (la verdad es que el “apuro” del gobierno fue tal que siquiera alcanzó un acuerdo con las dos principales personas encargadas de la redacción de su propio proyecto!).  Por supuesto que, mientras vivamos en democracia, una reforma semejante debe surgir del Congreso. Lo que uno se pregunta es cómo puede ser, dada la seriedad de lo que está en juego, que no se haya optado por el camino de legitimar la reforma, desde su inicio, a partir del acuerdo democrático más extendido, y con agenda abierta. Los temas que más nos importan y más nos dividen exigen que construyamos decisiones no de modo “elitista”, y “desde arriba”, sino “desde abajo”, y a través del diálogo democrático.

 

 

 


1 ago. 2020

10 primeras críticas al proyecto de reforma judicial

En Infobae, acá: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/01/reforma-judicial-diez-primeras-criticas-al-proyecto-que-presento-el-gobierno/




La Reforma Judicial impulsada por el gobierno: Diez primeras críticas

En este escrito, quisiera presentar diez primeros comentarios críticos a la Reforma Judicial anunciada por el Gobierno el día miércoles 29 de Julio. Me detendré, por el momento, sólo en algunas objeciones iniciales, relacionadas con la oportunidad de la Reforma; los procedimientos ideados para la misma; los fines alegados; los medios escogidos para satisfacer tales fines; y las omisiones en que incurrió la propuesta.

OPORTUNIDAD (Reforma en el contexto de una emergencia sanitaria y económica)
i) Existen problemas obvios de oportunidad, dado que -conforme a lo que sostiene el propio Poder Ejecutivo- nos encontramos en una situación de emergencia extrema, que es la que justificaría los poderes delegados al Presidente (y prorrogados inconstitucionalmente por él mismo -cfr. art.76 CN), o el hecho de que se gobierne a través de decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto, no existe el “momento óptimo” para llevar adelante una reforma, pero sí hay momentos peores, y resulta simplemente inimaginable un momento peor que éste para pensar una reforma de este tipo.

ii) La reforma propuesta resulta particularmente cuestionable en el contexto de la emergencia sanitaria y económica. En un momento de crisis de salud extrema, en donde cotidianamente nos preguntamos acerca de si contamos con las camas suficientes para atender los enfermos; y en el marco de la peor crisis económica del siglo -una crisis económica que aparece sorprendentemente desatendida (el gobierno se jacta de no tener plan al respecto), no resulta atinado concentrar las pocas energías y recursos disponibles en la reforma judicial (mucho menos proponer la multiplicación del número de jueces, juzgados y secretarías, tal como lo hace el proyecto de Reforma en su eje central).

PROCEDIMIENTOS (Elitismo vs. democracia)

iii) Una reforma orientada a modificar uno de los “nervios más sensibles” de la Constitución -el Poder Judicial- requiere de un acuerdo democrático extraordinario: abrir un proceso horizontal de discusión pública; convocar formalmente a la oposición; y sentarse frente a una agenda de reforma abierta. Contra eso, se optó por un nuevo procedimiento de creación institucional elitista,desde arriba;” y concentrado en una comisión tecnocrática (con una lógica similar a la que se advierte en el manejo de la pandemia: ausencia de discusión pública, desaliento de la discusión democrática, y “gobierno de los expertos”).

iv) Aparece un problema adicional cuando se presenta una Reforma Judicial ya cerrada, y al mismo tiempo se crea una Comisión orientada…al estudio de la reforma judicial. Se dirá que tales reformas (la que debe estudiar la Comisión de expertos; y la del proyecto de reforma) refieren a áreas o cuestiones diferentes, pero eso no resulta por completo cierto (por ejemplo, se le pide a la Comisión que estudie la puesta en marcha de la institución del Jurado, pero dicha institución bien podría reclamar intervención en cuestiones de las que hoy se ocupan los juzgados ya impactados por el proyecto presentado de Reforma Judicial -en los casos de corrupción del poder).

FINES (El problema de la impunidad)

v) La buena reforma es aquella que es capaz de responder a las necesidades o “tragedias” del propio tiempo, como decía Juan Bautista Alberdi. Si hubiera que mencionar, en la actualidad, cuáles son esas cruciales necesidades de nuestra era, propondría dos de ellas: una más general, la desigualdad; y otra más específica, la impunidad del poder. Nada de lo que la reforma propone aparece dirigido a enfrentar algunos de los que aparecen como grandes “dramas” judiciales de nuestra época.

vi) Mucho peor aún, podría decirse que no ha habido paso, de todos los que ha dado el gobierno desde su asunción hasta hoy, en el área de la justicia, que no se haya orientado en dirección directamente contraria a las sugeridas -los pasos del gobierno se han orientado, en particular, a construir o asegurar la impunidad, y a “golpear” sobre los partidos de oposición. Basta examinar cada una de las decisiones tomadas hasta hoy por la Oficina Anticorrupción (convertida en una de las oficinas públicas más indignas en la historia reciente del país); o por la Procuración del Tesoro; o las medidas tomadas para el desmantelamiento del Programa de Protección de Testigos; etc. Por lo demás, y para el caso de la Comisión de Reforma aquí bajo examen, el gobierno ha optado por darnos señales muy fuertes sobre su preocupación por “construir impunidad”. Ello así, por caso, al incorporar en la Comisión, de modo por completo innecesario, a abogados del poder que hoy trabajan para la impunidad de algunas de las figuras más prominentes del gobierno (incluyendo a la Vicepresidencia), lo cual constituye una provocación difícil de tolerar para una ciudadanía agobiada por una historia de recurrente impunidad.

MEDIOS-FINES (Multiplicar el problema sin atacarlo)

vii) Al presentar la reforma, el Presidente hizo referencia a las finalidades de la misma, mencionando objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo. En particular, aludió a los fines de la “independencia” judicial; la “celeridad” en el tratamiento de las causas”; y la “transparencia” de los procesos. Notablemente, sin embargo, ninguna de las reformas propuestas aparece, de ningún modo, como un medio idóneo, para atender a los fines proclamados.

viii) Peor todavía, frente a dificultades judiciales relacionadas con problemas estructurales graves -problemas estructurales relacionados, muy en particular, con el funcionamiento del fuero federal penal- lo que se propuso es pasar de 12 juzgados federales a 46. Con lo cual, al no modificar una estructura corroída y corrupta, pero multiplicarla por 4, lo esperable es que el problema en cuestión no se disuelva, sino que se multiplique: esperablemente, esos nuevos juzgados reproducirán entonces los problemas de falta de independencia; lentitud y opacidad hoy distintivos de la estructura de “Comodoro Py.” No tenemos una sola razón estructural para pensar lo contrario.

ix) El Presidente aludió en su presentación a la necesidad de terminar con la concentración de poder en materia judicial (aunque más valdría preocuparse primero por la concentración del poder en el Ejecutivo). Para servir a tal fin (desconcentrar el poder de los jueces), propuso luego un aumento en el número de juzgados (y, eventualmente, la ampliación del número de miembros de la Corte). Pero en esa afirmación (repetida por algunos de los doctrinarios miembros de la Comisión) hay un error conceptual, ya que la anti-democrática concentración de poder que criticamos en el Poder Judicial, no se debe a que hay pocos jueces, sino al hecho estructural de que unas pocas personas, no elegidas directamente por el pueblo ni controladas por él, pueden decidir, más o menos discrecionalmente, cuestiones de fundamental importancia pública, que muchos pensamos que deberían quedar bajo el control y decisión ciudadanos. Por lo tanto, el problema de concentración de poder que atacamos, no se disuelve sino que se multiplica cuando pasamos a tener ahora 46 (en lugar de 12) personas que no elegimos ni controlamos, pero que sin embargo deciden, de formas más o menos discrecional, sobre muchas de las cuestiones que más nos importan.

OMISIONES (El problema de la desigualdad y la falta de acceso a la justicia de los sectores populares)

x) Es un problema que ni la reforma propuesta, ni la convocatoria de reformas realizada con la creación de la Comisión de expertos, incluya referencias a la lucha contra la impunidad y -agregaría de un modo particular- referencias a la democratización (real y no ficticia o retórica) del Poder Judicial; o a favorecer el acceso de los pobres y marginados a los servicios de justicia. Todos los países latinoamericanos que quisieron resolver el problema del acceso popular a los tribunales (por ejemplo, Colombia y Costa Rica), lo hicieron con reformas sencillas, posibles y asequibles, en materia de legitimidad o “standing; instituciones tales como la tutela y la acción popular; o la regulación del litigio colectivo. Que tales reformas aparezcan completamente ausentes -siquiera mencionadas- en los proyectos de reforma, da cuenta del elitismo de la propuesta, y el modo en que ella se desentiende de las necesidades de los sectores populares.


El país de la impunidad

28 jul. 2020

Reforma judicial: la nueva impunidad?


Publicado hoy acá: https://www.clarin.com/opinion/reforma-judicial-nueva-impunidad-_0_5nA7ZNa1T.html O sino, el texto directo, acá:

El hecho fundante de la Argentina democrática es, seguramente, el Juicio a las Juntas -un acto histórico y de una dignidad insuperable, del que podremos estar orgullosos el resto de nuestras vidas. A través de dicho proceso, la Argentina se afirmó en la búsqueda de justicia frente a los peores crímenes cometidos en su historia, y contra la impunidad que habían intentado asegurarse los propios perpetradores de aquellos crímenes. Es difícil no reconocer la relevancia histórica de aquel evento, cuando se consideran datos adicionales como los que a continuación enumero (datos que presento como forma de respaldar lo afirmado, antes que como medio para convencer a los escépticos): no había, por entonces, casi antecedentes de un juicio semejante (salvo en situaciones excepcionalísimas, como las que se habían dado en Alemania y Japón, contra los jerarcas nazis; o los juicios hechos en Grecia contra “los coroneles” derrotados por Turquía, en la guerra de Chipre); en toda América Latina, la Argentina quedó sola en su iniciativa de llevar ante la justicia a los principales responsables de los crímenes cometidos por las dictaduras que dominaron la región en los años 70 (toda América Latina optó, desde un principio, por una de dos estrategias principales: el perdón y el olvido); el país desarrolló todo el Juicio a las Juntas bajo la amenaza verosímil de un nuevo “golpe de estado” (contábamos, por lo demás, con el tétrico antecedente de medio siglo sin que un gobierno democrático cumpliera con su mandato); y, para colmo, la dictadura se había auto-amnistiado antes de dejar el poder, lo cual imponía un obstáculo jurídico adicional para el desarrollo del Juicio -obstáculo que la principal alternativa política del momento aceptaba, por considerarlo insalvable.


Esa digna búsqueda de justicia recorrió, desde entonces, toda nuestra vida política. La sociedad argentina, para muchos claudicante y cómplice, fue en los hechos capaz de ponerse de pie, una y mil veces, para sostener aquellos juicios e impedir los múltiples intentos que aparecieron, desde mediados de los 80, con el objeto de reinstaurar la impunidad en alguna de sus formas: desde las “instrucciones a los fiscales”, o las leyes de “punto final” y “obediencia debida” (que impulsó el alfonsinismo, desde su debilidad); a las distintas variantes del perdón y el “indulto” (que impulsó el menemismo, desde su fortaleza).

La primera pregunta que me planteo frente al escenario descripto, es la siguiente: ¿cómo leer ese extraordinario acuerdo que nos une (ese consenso de “nunca más” frente a la impunidad)? Al respecto, tengo una sospecha y -aún para el caso de que mi sospecha sea cierta- una esperanza. Mi sospecha es que lo que nos une es algo muy importante pero también muy estrecho: lo que reclamamos en común es -nada más y nada menos que- el “juicio y castigo” a quienes participaron del Proceso de Reorganización Nacional. Mi expectativa es, sin embargo, mayor, y tiene que ver con una búsqueda más ambiciosa: confío en que estemos embarcados en una lucha común frente a los habituales excesos del poder, y movilizados contra la impunidad que el poder busca siempre para sí mismo (por eso, todos reconocimos, con indignación y horror, aquello que el empresario Alfredo Yabrán afirmara sin margen alguno de dudas: “¿Qué es el poder?: Poder es tener impunidad”). Mi esperanza es que haya un hilo de acero, indestructible, que vincule a la lucha contra la impunidad que llevó adelante mi generación, con el hastío y enojo que siguieron generando -en nuestro país, como en tantos- décadas de abusos e impunidad del poder, desde entonces a hoy. Este país no quiere más la impunidad del poder, y hace décadas que pelea contra semejante atropello.

Señalo lo anterior, sin embargo, con una preocupación renovada. Ocurre que, amparados en la quiebra irreparable del sistema representativo, y el deterioro que se fue extendiendo sobre el esquema de controles (los dos grandes síntomas de la denominada “erosión democrática”), los poderosos de turno han seguido en su búsqueda irrefrenable de más poder, y por tanto, de más impunidad. De hecho, podría decirse que el principal motor de todas las reformas de la justicia que ha impulsado el poder, en los últimos 30 años (ampliaciones de la Corte; reformas penales; “democratización de la justicia”) se han dirigido siempre a esos mismos objetivos: más poder, más impunidad. Resulta doloroso admitirlo, pero la exigencia colectiva de una reforma profunda al Poder Judicial (Poder al que la sociedad considera, con razón, desprestigiado, poderoso, corrupto, millonario, poco democrático) fue utilizada, una y otra vez, como excusa para insistir sobre lo mismo: impunidad para los amigos, venganza para los enemigos. En vísperas de una nueva reforma judicial, tenemos todas las razones para temer una nueva repetición de la vieja historia. Que quede claro, entonces, desde temprano: sabemos que la justicia está en crisis, exigimos la reforma judicial, necesitamos democratizar al Poder Judicial, pero por eso mismo -y porque aprendemos de la historia- seguiremos oponiéndonos a todo nuevo regalo de los Aqueos, en forma de Caballo de Troya.




24 jul. 2020

El derecho a la protesta, según el Tribunal Constitucional peruano




Introducción

El día 6 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional de Perú tomó una decisión de extraordinaria importancia, para el país y para la región, reconociendo al derecho de protesta como derecho constitucional. Ello ocurrió en el expediente N.° 00009-2018-AI/TC, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de extorsión. La sentencia puede encontrarse aquí: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00009-2018-AI.pdf?fbclid=IwAR2f6Bc0ZjUdqhjuxvwvXe7SGpPYRkFDcSg98ts1N514CvJUwgyeWVANupc

Sobre la decisión, que merece un análisis mucho más detallado del que puedo presentar en esta ocasión, quisiera hacer algunas brevísimas consideraciones, que paso a exponer a continuación.

El valor de la decisión. Lo primero que quisiera hacer es subrayar la importancia de la decisión del Tribunal, al reconocer al derecho de protesta como un derecho constitucional. En particular, destaco que el Tribunal haya hecho tal reconocimiento en el contexto y tiempo en que lo ha realizado. Asimismo, señalaría el acuerdo que me merecen la mayoría de los fundamentos que el Tribunal expone en la sentencia, que considero en general bien orientados.

Protesta, democracia, y soberanía popular. Me parece muy importante, además, que -como se establece en los considerandos 68 a 71- el Tribunal vincule al derecho a la protesta con el principio democrático y el de la soberanía popular, y que -para el caso peruano- se vincule a ambos, como debe ser, con la Constitución -es decir, en este caso, con el artículo 43 de la Constitución (sobre el Perú como Estado social y democrático) y el 45 (referido a la soberanía popular).

Protesta, crisis del sistema representativo, y protección de minorías. Me resulta más controvertible la idea de asociar el sostenimiento del derecho a la protesta con la idea de crisis de la democracia representativa (considerando 72) y la protección de minorías (considerando 73), y también el modo en que se lo hace.

Protesta y crisis de la representación. En cuanto a la relación entre protesta y crisis del sistema representativo, el Tribunal sostiene que la protesta se torna más justificable en esta época dado que “la democracia representativa puede atravesar por crisis donde se ponga en cuestionamiento la capacidad de los representantes para expresar la voluntad real y auténtica de los representados.” Lo cierto es, sin embargo, que aunque la afirmación resulte apropiadamente calificada (no se toma a la crisis de representación como única fuente del problema, y se reconoce que sólo hace más necesario el cuidado de la protesta), en los hechos, la justificación del derecho a la protesta a la que se recurre parece descansar ampliamente en la existencia de dicha crisis, lo cual representa un problema. El problema es que ello no permite advertir que la protesta se torna, en principio, justificable a partir del funcionamiento “normal y esperable” de la Constitución, y no sólo ante las “fallas”, “crisis” o “patologías” sobrevinientes en el sistema representativo. Vivimos, en efecto, dentro de estructuras institucionales basadas en una opción preferida, por controles “endógenos” (“frenos y contrapesos”) antes que “exógenos” o “populares,” que quedaron restringidos fundamentalmente al voto periódico. En otros términos, la sociedad ha quedado, desde un comienzo, con muy escasas y limitadas herramientas para intervenir en los asuntos públicos. Ello, en razón de supuestos que podríamos llamar de desconfianza democrática, como los que predominaron en los tiempos de construcción de las bases constitucionales de nuestros países -supuestos que siguen apareciendo enquistados en nuestros esquemas constitucionales, más allá de las reiteradas reformas que nuestras Constituciones han sufrido (se trata, éste último, de un problema que, en escritos previos, he caracterizado como el de la falta de modificación sobre la sala de máquinas de la Constitución). En ese contexto institucional, caracterizado por la presencia de pocos y frágiles mecanismos para la decisión y control de políticas públicas en manos de la ciudadanía, es que la protesta adquiere una relevancia adicional extraordinaria. Ocurre que la protesta se ha convertido en canal extra-institucional privilegiado para que la ciudadanía haga conocer sus puntos de vista, quejas y demandas, frente al poder político. Ello así, por el funcionamiento “natural”, antes que “anómalo” o “patológico” del sistema institucional. El matiz señalado puede parecer menor, pero considero que tiene mucha relevancia para evitar errores posteriores en el análisis.

Protesta y protección de minorías. Encuentro problemas de naturaleza similar, en la consideración que hace el Tribunal en torno al nexo existente entre protesta y protección de minorías, y el análisis que presenta al respecto. En el considerando 73, el Tribunal señala que “la protesta se erige también como un auténtico mecanismo de expresión y eventual reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales a los que solo acceden legítima y legalmente las mayorías.” En tal sentido, existen varios problemas que quisiera señalar: i) En primer lugar, no es nada obvio que sean las mayorías las que, en nuestros países, y en estos tiempos, tengan acceso, más o menos pleno, a los “ámbitos institucionales” relevantes. Entiendo, conforme a lo ya señalado, que -ya sea por las dificultades que han puesto nuestros sistemas constitucionales a la intervención ciudadana en la decisión y control de sus propios asuntos; ya sea por la crisis que se ha ido radicalizando en el funcionamiento de las instituciones- las “mayorías” encuentran serias dificultades para asumir un papel protagónico, en nuestros países, en los principales “ámbitos institucionales” creados por la Constitución. ii) En segundo lugar, y como contracara de lo anterior, sugeriría que buena parte de nuestro entramado institucional aparece bajo el control de “minorías” o “grupos de interés”, lo cual también problematiza lo señalado por el fallo en relación con la protección especial que merecen las minorías. iii) En tercer lugar, señalaría que el constitucionalismo sí tiende a reconocer que ciertas minorías, ya sea por su impopularidad, o por los prejuicios que cargan de parte de quienes toman las principales decisiones públicas, o en razón de la discriminación y/o desventajas que han sufrido históricamente, se hacen acreedoras de una protección muy especial por parte del Estado (es lo que la doctrina ha llamado minorías discrete and insular). Ahora bien, esa dificultad especial que enfrentan algunas minorías, vuelve a referirnos a la existencia de ciertos problemas que resultan “connaturales” al sistema institucional, antes que producto de su funcionamiento “patológico.”

Protesta y derecho penal. Me parece muy pertinente mucho de lo que sostiene el fallo en su análisis de las eventuales derivaciones “penales” de los casos de protesta. Entre las afirmaciones que destacaría se encuentran i) la de ratificar al derecho penal como última ratio; ii) de modo especial, la de subrayar la importancia de los mecanismos de diálogo para enfrentar los conflictos que puedan aparecer en la materia; y iii) las referencias especiales que el Tribunal realiza acerca de cómo tratar las expresiones de violencia que puedan aparecer en una manifestación (dando atención por separada a quienes cometan tales actos, en lugar de considerar “contaminado” todo el valor de la protesta -hasta desautorizarla- en razón de tales actos). Parte de dicha argumentación aparece en los considerandos 84 y 85 (sobre la violencia), y en particular (sobre la ultima ratio y el valor del diálogo), en el considerando 15, en donde se sostiene lo siguiente: “el Estado debe recurrir como última ratio al ejercicio del ius puniendi, y debe procurar, dentro de lo razonablemente posible, de acuerdo con el orden público constitucional, hacer uso de todos los mecanismos institucionales de diálogo existentes a fin de evitar y, en todo caso, hacer frente a los conflictos que puedan generarse, teniendo presente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de la Constitución).”

Protesta y derechos sociales y económicos. Dicho lo anterior, agregaría sin embargo que, si algún problema encuentro en el análisis del vínculo entre protesta y derechos constitucionales, el mismo tiene que ver menos con lo que el Tribunal sostiene, que con lo que el Tribunal omite decir o no subraya debidamente. Al respecto, sostendría que el Tribunal no afirma todo lo que debiera, tanto en las referencias que hace -apropiadamente- sobre el derecho penal, como en las vinculaciones que establece entre el derecho de protesta y otros derechos “conexos.” En particular, y sobre lo último, el Tribunal sostiene que el derecho de protesta se encuentra “conexo” (cito) con el “ejercicio de otras libertades iusfundamentales, como es el caso de las libertades de opinión, expresión, y difusión del pensamiento, el derecho a huelga, la libertad de tránsito y el derecho de reunión” (considerando 89). Estas referencias y conexiones son “clásicas”, en algún sentido, y muy extendidas ya (yo mismo ayudé a difundirlas), pero también resultan demasiado limitadas. Entiendo que debemos reconocer, sobre todo, la conexión que existe en nuestros países entre el derecho de protesta y los derechos sociales y económicos. Ocurre que, en una mayoría de casos, los manifestantes y protestantes recurren a tales medios extra-institucionales (de “expresión”, digamos), como medio para demandar por lo que consideran son violaciones graves de sus derechos constitucionales en materia social y económica. Por ello, puede verse como un error serio el énfasis que suele ponerse en el componente expresivo, o la conexión “expresiva” del derecho de protesta, en descuido de su íntimo vínculo con otros derechos constitucionales -sociales y económicos. En el contexto desigual propio de América Latina, en particular, la protesta debe ser vista como una forma habitual y privilegiada de reclamar por derechos sociales y económicos. De allí que merezca establecerse una relación entre el castigo/represión y desaliento de la protesta social, que puedan hacer las autoridades del Estado, con la pérdida o puesta en riesgo de derechos sociales y económicos reconocidos por la Constitución. Reconocer esto nos permite advertir la importancia especial de la protección de la protesta, aquí y ahora, en nuestros países, como forma de asegurar el mejor resguardo de la Constitución, habitualmente ofendida tanto por acción como por omisión (típicamente, en el no reconocimiento de derechos sociales y económicos). Asimismo, lo dicho nos permite advertir la necesidad de apelar a mecanismos de diálogo como los arriba referidos (y por el propio Tribunal) como forma de asegurar la provisión -política, subrayo ahora- de los derechos sociales y económicos habitualmente violados o sub-reconocidos por las autoridades de gobierno.

La regulación de la protesta. El Tribunal hace varias consideraciones, también, acerca de las posibilidades de regular la protesta. Nuevamente, la mayoría de sus consideraciones son pertinentes y razonables (ellas aparecen, sobre todo, en la sección 4.2.3 del fallo). Considero aceptables sus referencias a la necesidad de prestar atención a las obligaciones convencionales y constitucionales del país (en particular, sus compromisos asumidos en materia de respeto de los derechos humanos); sus alusiones a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; sus dichos acerca de las regulaciones de “tiempo, lugar y modo” (y los límites que deben marcarse al respecto); o el criterio que afirma, según el cual las regulaciones eventuales que se hagan sobre el derecho de protesta resulten de legales, en un sentido fuerte del término. Dicho esto, sin embargo, llamaría simplemente la atención sobre el carácter en parte obvio, en parte riesgoso, de tales consideraciones. Y ello así porque muchas de las “clásicas” referencias que hace el Tribunal (a los principios a tomar en cuenta en una eventual regulación) se han mostrado susceptibles, en la práctica, de casi cualquier lectura -es decir, han aparecido como compatibles con todo tipo de regulación indebidamente restrictiva. Los llamados “test de razonabilidad” y “proporcionalidad”, en particular, se han mostrado vulnerables a consideraciones de cualquier contenido: es muy poco lo que parecen con capacidad de “excluir”, efectivamente: como si cualquier alegación jurídica pudiera ser transformada en, o re-descripta como, una regulación “razonable” y “proporcionada.” De algún modo, lo que ocurre en el propio fallo, en el análisis de la regulación del derecho de extorsión que se realiza, ofrece una evidencia más de lo señalado. Una regulación como la que la ley hace sobre la “extorsión” -regulación que es objeto del fallo bajo análisis- parece “irrazonable” y “desproporcionada”, en su ambigüedad y carácter potencialmente sobre-abarcativo. Y sin embargo, y a pesar de ello, el Tribunal no considera a la reforma legal del caso como un problema. Sin querer polemizar al respecto, ya que se trata de una cuestión que merecería un análisis más detallado, señalo el punto como ilustración del problema al que me refiero: la “vulnerabilidad” y “permeabilidad” de los “tests” jurídicos a los que tendemos a apelar para evaluar si una ley es indebidamente restrictiva o no. Ello nos sitúa, según entiendo, en una posición de “riesgo” como la que anunciara: el riesgo se deriva de que quedamos así sujetos a la discrecionalidad final del intérprete. Un Tribunal consciente del valor de la protesta, como el actual, nos da razones generales para confiar en sus interpretaciones futuras en la materia. Sin embargo, y por lo dicho, no quedamos con buenas razones para confiar en la interpretación que pueda hacer un Tribunal futuro, dadas las herramientas interpretativas disponibles. Corremos el riesgo, entonces, de quedar en manos de la discrecionalidad ocasional de futuros funcionarios públicos, tal vez “enemigos” de la protesta o de ciertos derechos que consideramos hoy como indispensables. Nuestros derechos constitucionales -que nos pertenecen, como ciudadanos, en carácter incondicional- no pueden terminar sujetos a la voluntad discrecional de los funcionarios públicos.


Hoy/Protesta/Perù


20 jul. 2020

Víctor Procurador GN?

El reputado amigo Víctor A., puede ser Procurador GN o mucho más. De lo mejor de mi generación
https://www.lanacion.com.ar/politica/quien-es-victor-abramovich-plan-b-del-nid2400737

14 jul. 2020

Adiós Julio Maier!


Falleció ayer, un gran jurista, amigo y amigo de la cátedra, con cabeza abierta y gran maestro de las jóvenes generaciones, que supieron venerar y agradecer ese legado. Danzarín y folklórico, polémico y calentón, tuvimos muchas aventuras juntos. Un recuerdo cariñoso para el amigo, más allá de cualquier diferencia política!

13 jul. 2020

Cuidar la vida y la Constitución. La limitación de derechos durante la emergencia

Una contribución que hicimos a la conversación colectiva, sobre el tratamiento de la emergencia, desde el punto de vista de la Constitución: Elaborado desde el Instituto Gioja por un gran grupo de investigadores

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/pdf/2020_pandemia-y-constitucion-lunes-13-de-julio.pdf

Hoy en el Curso Solidario Internacional organizado por el Tribunal Constitucional de Bolivia

Hoy en el Curso Solidario Internacional organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia


10 jul. 2020

De la serie "cuentos de la pandemia." El desertor



Huir, huir, huir, tengo que huir. Tu patria no es la mía. Tus enemigos no son los míos. Tus batallas, tus victorias, me son ajenas. Pero es tu voz la que manda. Yo no encuentro más cómo ocultarme. Sólo me queda escapar, seguir partiendo. Pero, dónde, cómo? Qué significa escapar, en esta prisión inmensa, esta prisión en que al país lo han convertido? Sólo me puedo ir, seguir buscando refugio por unos días, de una punta a la otra, pero siempre adentro. Corro de un lado al otro, pero nunca me he ido. Nunca he podido salir: la cárcel es una sola e inmensa.

Donde llego es igual. Me apeo y ya nos miramos, el uno al otro, con sospecha, con recelo. Por eso han ganado. Ése era el objetivo, eso demuestra el éxito. Tengo las papeletas de conchavo, irregulares pero las tengo. Las presento, las toman por buenas, me contratan por un tiempo, trabajo. Y enseguida lo de siempre: llegan ellos, me escabullo, me oculto, otra vez me escapo. Hace tres años vivo escapando. Nos consideran la escoria de la República, una infamia para la Nación. Pero qué República, cuál, cuando sólo uno ordena? Qué Nación, si sólo quedaron fragmentos? Desmembrados, sin nada en común: enfrentados. Es que no hay perdón para nosotros. Para Rosas no hay delito más grave que la deserción. No hay agravio más grave? No hay ofensa peor? Si somos héroes! Héroes somos! Los que renunciamos, los que resistimos, los que decimos que no a este infierno: abismo de violencia y de olvido. Todo el poder armado, contra unos pobres perros. Somos héroes! Nosotros! Héroes somos!

Cada vez que escapé, cargaron sobre todos, sobre cada uno de los que me “abrigaron” –“abrigadores” los llaman, los blasfemos. Fueron sobre cada pariente o amigo que me apañó. No han tenido piedad, ni con uno solo de ellos. Les han hecho saber, por la fuerza, a golpes, la vergüenza que somos nosotros, según ellos. Lo que enseñaron fue en verdad otra cosa: el terror que habitamos, que es un terror sin salida. Lo sé, ya llegan, están sobre mí. Ya me han cercado. Todo lo saben: es un país de espías! Se ciñen sobre mí, los tengo encima.

Ayer supe lo de Manuel, la muerte de Manuel, lo que se animaron. Rosas ordenó lo fusilaran. Y luego, luego de muerto fue lo peor: su brazo derecho, se lo arrancaron. Su brazo derecho! El Juez de Paz de Arrecifes lo ordenó. En la plaza del pueblo: el gran espectáculo, tomó el brazo derecho y lo colgó. Se animaron a eso! Es que no hay salida. Lo mismo un mes atrás, con Navarro. Primero, lo tomaron prisionero. Luego, a Santos Lugares, donde arrastran a todos. Lo liquidaron días después, en Dolores. Todo el pueblo miró en silencio la ceremonia, no sé si con satisfacción o con miedo.

Aquí estoy yo ahora, en la encrucijada otra vez. Llevo las alforjas de mi caballo repletas. La carga de mi cartuchera va llena también. Ésta es la patria que nos legaron, aquí frente a mí. La patria abierta en cuatro. Son cuatro los caminos que enfrentamos: huir, callar, matar o morir. Cuatro son entonces los destinos: ser cobarde, cómplice, mártir, o asesino.


8 jul. 2020

El país de la impunidad

Un sistema institucional preparado para esto. No tiene sentido servirlo a él

Películas de cuarentena



Como tantos, he visto decenas de películas en estos días -una por noche en promedio. De las que más me interesaron, las que siguen 

VIEJISIMAS

Vi Los olvidados (1950!) de Luis Buñuel, pero me pareció que no había envejecido bien
Me pasó lo mismo con otra que había visto, El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman, que es grandiosa pero también una película que hoy no pude disfrutar, pero sí me pareció extraordinaria Sonata Otoñal (1978), también de él
Vi una de las de Fellini que no había visto, Las noches de Cabiria (1957) y me encontré con el mejor Fellini, haciendo un cine realista, profundamente social, bajo la macchietta del grotesco, y una prostituta desclasada, buscando desesperadamente amor

TEMPRANAS

The only sun, de las primeras deYasujiro Ozu (1936): Qué transparencia!
La primera de Bela Tarr (¡), Family Nest (1977), muy interesante, impresionante como primer película
Vi también la primera película de Aki Kaurismaki, Crimen y Castigo (1983), y junto a ella Juha (1999), que no había visto. Las dos me parecieron excelentes
Alicia en las ciudades (1974), extraordinaria peli de Wim Wenders que, vaya a saber por qué razón, pensé que había visto pero no. Origen de las “road movies,” liviana, amable y libre: gran película para ver en estos días

MUY VIEJAS

Dos viejas y grandísimas películas francesas sobre la ocupación y el nazismo, ambas desde la perspectiva de niños, ambas notablemente autobiográficas -una de Louis Malle, la otra de Claude Berri: Au revoir les enfants (1987) (que volvía a ver) y Le vieil homme et l'enfant (1967). Extraordinarias ambas.
Trenes rigurosamente vigilados (1966), de Jiri Menzel, una película con checos muy argentinos
Domingo a las 6 (1968), de Lucian Pintilie, una “nouvelle vague” rumana, muy bien

LATINOAMERICANAS/ARGENTINAS

Memorias del Subdesarrollo (1968), de Tomás Gutiérrez Alea, también una especie de “nouvelle vague” cubana. Notable para su época. Pensé que era demasiado “política,” resultó ser muy “personal”, lo cual me gustó mucho
Ratas, Rateros, Ratones (1999), de Sebastián Cordero, la famosa peli ecuatoriana. No es mi taza de té, pero tiene una gran actuación de Carlos Valencia
Miragem (2019), brasileña, de Eryk Rocha, pero muy bien!
La vendedora de fósforos (2017), Alejo Moguillansky (muy buena, no así otras suyas, como El loro y el cisne, del 2013); Ostende (2011), Laura Citarella
La chancha (2020), argentina, de Franco Verdoia, aguante Córdoba

ISLANDESAS

Algunas pelis de Islandia: Cold Fever (1995), excelente (Jim Jarmush en Islandia), de Friðrik Þór Friðriksson; y Noi el Albino (2003), de Dagur Kári, peor de lo que pensaba.

RECIENTES

La extraordinaria I cento passi, de Marco Tulio Giordana (2000).
The Darjeeling Limited (2007), de Wes Anderson, ligera y amable
Poetry (2010), de Chang dong Lee, extraordinaria
La reciente Tomboy (2011), de  Céline Sciamma, autora de la más conocida Retrato de una mujer en llamas, bien
De Leos Carax, Holy Motors (2012), bué, ok, tiene lo suyo
Certain Women (2016), de Kelly Reichardt, muy bien
Godard Mon Amour (2017), de Michel Hazanavicius, del autor de El Artista, y con Louis Garrel como protagonista. Me divertió mucho
Nosotros y ellos (2018), de René Liu, china y amorosa, por fin!
Ordinary Love (2019), irlandesa, de Glenn Leyburn y con Liam Neeson, no me interesó
Otra irlandesa en cambio, God’s Own Country (2017), de Francis Lee, sobre una pareja entre un campesino irlandés y un inmigrante ilegal rumano, me pareció buena
Los miserables (2019), de Ladj Ly, otra vez sobre los barrios bajos en Francia, ok
The Wild Goose Lake (2019) del chino Diao Yi Nan, interesante y gran fotografía
A Russian Youth (2019) de Alexander Zolotukhin, prometedor debut sokuroviano

ULTIMAS DE DIRECTORES QUE ME INTERESAN

La última de Terrence Malick, A Hidden Life (2017), sobre EL objetor de conciencia austríaco, durante el nazismo, me pareció muy larga y algo mística, pero buena (un gran tema!)
La última de Ken Loach, Sorry we missed you (2019), muy bien pero, tan dura!
La última del chileno Pablo Larraín, el cineasta de la crueldad, no me gustó (Ema, 2019).
La última de Matteo Garrone (el de Gomorra), Pinocchio (2019), tiene al menos algunos personajes memorables.
La última de Roman Polanski, J Accuse (2019), falta de emoción pero interesante, sobre el affaire Dreyfus
La delicada Driveways (2019) de Andrew Ahn
De Michael Samuels, The Windermere Children (2020), semi-documental sobre tema interesante
La última de Michael Winterbottom, A Trip to Greece (2020), bueno, la mejor de su serie “viajes,” aunque no es decir mucho

6 jul. 2020

Oh!

Un sistema institucional para la impunidad



La Argentina vuelve a padecer, en estos días, el ofensivo drama de la impunidad del poder. El capítulo de hoy pertenece a una serie que lleva décadas, con protagonistas que rotan y se repiten, pero en donde los ciudadanos quedan siempre meros espectadores, sentados frente a una obra que es ya grotesca y cruel. En lo que sigue, quisiera reflexionar sobre el carácter estructural del problema en juego, que tiene que ver con personas concretas -hoy, aquí- pero que encuentra su origen en una organización institucional preparada desde hace decenas de años para hacer posible la impunidad de la elite que gobierno.

Voy a mencionar a continuación, en particular, dos de las causas “estructurales” o “institucionales” de los males que padecemos, y su principal consecuencia, que es la generadora de los males políticos hoy más visibles en todo el mundo. Una primera causa tiene que ver, según diré, con la irreversible crisis que hoy afecta al sistema representativo. La segunda causa, que se refuerza mutuamente con la primera, tiene que ver con el profundo deterioro de los mecanismos de control “internos” (los “frenos y contrapesos”) establecidos originariamente por nuestro sistema institucional. La consecuencia principal de estas “dos rupturas” (en el sistema de representación, y en el sistema de controles) es la paulatina “autonomización” de la elite dirigente político-económica. Dicha elite, desde hace tiempo advierte que es capaz de actuar libremente en su propio beneficio, sin necesidad de hacerse responsable por las graves faltas que comete. Frente a tal elite, la ciudadanía comienza a sentir -con razón también- que “nadie la representa” o que “gobierna una casta”. Como resultado de todo ello, tres grandes males públicos -abusos de autoridad, corrupción e impunidad- pasan a convertirse en el tridente distintivo de la degradada vida política de nuestro tiempo.

Sobre la primera causa de la crisis -la irreparable caída del sistema representativo- merece agregarse lo siguiente. Entre las razones que explican la crisis se encuentra un supuesto que pudo tener sentido hace 200 años, pero ya no más: el supuesto de una sociedad pequeña, dividida en pocos grupos, básicamente homogénea, y -por lo tanto- susceptible de ser representada “plenamente.” Por partir de donde partían, nuestros antepasados pudieron creer que toda la sociedad era susceptible de ser “incorporada” en el sistema institucional (como en el sistema antiguo de la Constitución Mixta, que se popularizara desde Inglaterra: cada sector de la sociedad iba a tener un lugar en el gobierno: reyes, lores y “comunes”). Así fue que nació la principal promesa del sistema representativo: cada uno tendría su voz dentro del proceso de gobierno. Esa promesa, sin embargo, en nuestra era murió, y no va a poder recuperarse nunca más. En las sociedades multiculturales y ultra-heterogéneas de la actualidad (en donde la propia identidad de cada uno es múltiple, ya que ninguno es “sólo” “obrero”, “mujer” “empresario” o “ecologista”), el sueño de la “representación plena” perdió base y sentido. No sorprende entonces que, en nuestro tiempo, la “vida política” aparezca situada fundamentalmente por “fuera” de un marco institucional incapaz de dar cuenta de la diversidad social.

Lo mismo pasa con la segunda causa de la crisis -el socavamiento del sistema de controles. Hay razones estructurales para entenderla. Entre ellas: desde un comienzo se optó por privilegiar, por sobre los controles populares o “externos,” a los controles “internos” (los “frenos y contrapesos”, de cada rama de gobierno -Ejecutivo, Legislativo, Judicial- sobre las restantes). Frente a dicha opción por los controles “internos”, sólo el voto periódico sobrevivió como herramienta de control popular. Todos los demás puentes entre ciudadanos y gobernantes fueron “volados”, con lo cual, al voto también se le hizo cada vez más difícil constituirse en vía eficiente de contralor. Mucho más, cuando se le exigió al sufragio la responsabilidad de evaluar períodos largos de mandato, y a listas amplias de candidatos. La única herramienta de control popular tenía que servir, entonces, para determinar cómo es que el votante valoraba años enteros de desempeño de todo un amplio elenco de gobierno. Es decir, una imposibilidad completa que dejaba a los votantes enfrentados a opciones extorsivas: la obligación de votar por candidatos o políticas que repudiaba (i.e., la presencia de funcionarios corruptos), para obtener a cambio alguna figura o medida que prometía beneficiarlo (i.e., el control de la híper-inflación).

En suma, el fin de la vieja promesa de la representación, que vino de la mano del deterioro del esquema de controles, generó consecuencias funestas, siendo la principal de entre ellas la ya enunciada: la paulatina autonomización de la clase dirigente. Separados de sus electores, dotados de oportunidades y recursos económicos extraordinarios, con enorme poder político, y libres de todo mecanismo relevante de control sobre ellos, la clase dirigente (que incluye a políticos y empresarios que pactan entre sí) se convirtió en una elite destinada a servirse a sí misma, y en manejo de los mecanismos necesarios para la mutua protección.

No es por azar, entonces, que la tríada de los males mencionados -abusos de poder, corrupción, impunidad- aparezca, recurrentemente, en contextos y países diversos, reunidos básicamente por una similar estructura institucional. Reconocer lo anterior nos ayuda, al menos, a aventar ideas e ilusiones vanas. Ante todo, ello nos permite entender que, para cambiar las cosas, no basta con una nueva elección (i.e., sacar a Juan, poner a María), ni con el diseño de una nueva oficina de contralor (i.e., un nuevo tribunal fiscal), ni con nombrar más o menos jueces, aquí o allá (i.e., aumentar los miembros de la Corte Suprema): más de lo mismo. Tampoco sirve ensañarse con el elector (“el ciudadano no sabe votar”, “elige siempre lo peor”) luego de que se lo ha privado de “voz” institucional, y de toda herramienta genuina de contralor.

Para quienes defendemos un ideal diferente -el de la “conversación entre iguales”- la dirección de las alternativas, al menos, resulta clara: debemos terminar con el poder concentrado en una elite política-económica que prevalece desde hace décadas, para devolverle a la ciudadanía su poder de decisión, deliberación y control. La opción es clara: trabajamos por reforzar el poder de “los de adentro y arriba”, o -en cambio- hacemos política “desde afuera y abajo,” buscando poner fin a décadas de injusticia social. En tal sentido, nosotros, los abogados, quedamos enfrentados a una elección todavía más precisa y crucial. Nosotros debemos decidir si orientamos nuestras capacidades en defensa de quienes (“desde afuera”) padecen abusos de todo tipo, o si -apelando a las mejores excusas- trabajamos para la elite que gobierna, transformando al derecho en lo que hoy fundamentalmente es: la principal herramienta técnica al servicio de la impunidad del poder.