30/10/2014

Otro agujerito en la pared

Argumentando a favor de una norma, que viene a permitir lo que la Ley de Medios expresamente impedía -el ingreso de las compañías telefónicas en el negocio de la televisión por cable- M.Sanatella(1) sostuvo:

"Es razonable que por ese mismo cable te llegue todo y no te rompan la pared de tu casa, un agujerito por cada servicio que necesites",

Por este medio le pedimos que mejore el argumento, y nos diga por qué él antes aprobaba lo que ahora rechaza. Cambia de convicciones muy rápido, o simplemente dice cualquier cosa.

pd: esta semana bajaron el cuadro del respeto a los derechos de los extranjeros, el cuadro de la soberanía energética, el cuadro del patriotismo petrolero. Ahora también bajan el cuadro de la democracia de medios contra los grandes grupos.

(1) Nunca lo olvidaremos: el principal encargado de argumentar a favor de la Ley Antiterrorista con argumentos "de izquierda."


Entregas para la historia: neoliberalismo versión k

En la "locura propia de los últimos días," el gobierno ha realizado "entregas" para la historia: contaminó de modo irreparable el discurso público con agravadas dosis de xenofobia, fogoneadas desde la propia Presidencia; ahora "entrega" Telefé a Telefónica, bajo la complicidad del Sanatellismo; y ahora la peor de todas: hidrocarburos para los grandes grupos aliados, por medio siglo. El menemismo neoliberal quedó como la versión moderada, tibia, del neoliberalismo kirchnerista. Eso sí, pedimos que, para siempre, bajen el cuadro de la soberanía energética, la lucha contra los monopolios, y el petróleo en manos argentinas. Nunca más lo repitan, por favor, cuando hacen la listita de "Kirchner lo hizo"

7 Cajas Paraguay/ Pelo Malo Venezuela


Se estrena este jueves la gran película venezolana Pelo Malo. A diferencia de 7 Cajas, de Paraguay, en donde era difícil no salir del cine con cierto regocijo, aquí la salida es con sabor amargo. Sin embargo, ambas tienen el mérito de hablar de cuestiones muy propias de sus respectivos países, para hablar del mundo. Cuando habla de Paraguay, 7 Cajas nos muestra la chapucería, las miserias derivadas de la extorsión que facilita la pobreza, la perversidad de quienes se aprovechan de ello, las solidaridades cruzadas, la simpatía generalizada. Pelo Malo, la del gusto amargo, muestra una sociedad militarizada, homofóbica, preparada para que los niños sigan el modelo-comandante y la niñas el modelo-reina de la belleza. (En Página 12 hay una buena nota de HB sobre la pelo, y un lamentable reportaje a la directora, de parte de Oscar R. quien, sin saber cómo elogiar a Venezuela, frente a una directora muy crítica, le dice que el hecho de que haya podido filmarla "habla bien de la libertad de expresión en Venezuela." Genial¡¡ Y la censura y el cierre de diarios seguramente también hablan bien de la libertad existente, porque si los diarios fueron perseguidos, ello fue porque primero "pudieron decir". Sos un grande Oscar¡).



29/10/2014

Momento Blumberg

Estamos hoy en el seminario "10 años de las reformas Blumberg," presentando todas visiones críticas sobre las reformas, y viene y se sienta entre el público J.C.Blumberg. Qué momento¡ (Aclaro: nadie se retractó de sus dichos). Felicitaciones a Diego Z. por haberlo organizado.

El problema no es Berni (con pd) / Cortina de humo

Es increíble que nos enredemos hablando de Berni: Sí, es la persona que maneja la seguridad en la Argentina, despejando manifestaciones con balas de goma y dejando gente herida en cada una de ellas; es quien promueve un discurso xenófobo y represivo. Pero -claramente- no podría dar un paso si no fuera alentado y protegido desde el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo le interesa mostrar, frente a la posibilidad de crecimiento de sus rivales, que el gobierno puede aplicar "mano dura." Al Ejecutivo le interesa que se promueva el discurso xenófobo, porque entiende que políticamente le rinde. Quienes defienden al gobierno quieren hacernos creer que se trata de un loco suelto, un funcionario cualquiera, un mal marginal entre tantos bienes. Y no, está en el centro del poder, es quien maneja la política de Seguridad en la Argentina, y sólo se mueve -como cualquier funcionario de alto rango- a partir de las órdenes que recibe. Obviamente, Berni no es el problema, sino quien le da las órdenes.

pd: Ayer, el "hombre fuerte" de la bancada oficialista, en nombre de la amplia mayoría de su bloque, defendió la peor versión de los "extranjeros como delincuentes". El Sciolismo -hablamos del candidato presidencial que nos deja el kirchnerismo- hoy, hizo lo propio, manifestando su "total acuerdo" con la medida. Aníbal Fernández ya lo había hecho. Pero claro, el problema es Berni¡ Eso es lo que quisieran¡¡¡ Qué risa dan los que quieren que nos enredemos ahí, o los que quieren ilusionarse con que el problema es de "un loco suelto." Disuelven así la estructura detrás de la figura de un árbol cualquiera. Porque lo cierto es que en este gobierno nadie levanta el perfil o lo baja, sino por orden de arriba, y un llamado de O.P. o C.Z. desde Presidencia: Se trata de una medida propiciada por la Presidenta, a los solos fines de morderle unos votitos a Massa. No importa qué derechos quedan en el camino.

(En tal sentido, el daño que propició la Presidenta ya está hecho: en cualquier lado la gente hablando de "inmigrantes de países vecinos, o sea delincuentes")

28/10/2014

Argumedo y Lozano sobre la Ley de Hidrocarburos

Sobre la ley que deja a Menem como la izquierda maoísta
Argumedo, acá (sobre "el círculo k de la entrega")
Lozano, acá

Blumberg: Inflación penal en la Argentina




Ciudadanía, inflación penal y punitivismo. A 10 años de las reformas "Blumberg"

Jornada de discusión

Miércoles 29 de octubre de 2014, de 17 a 20 hs. en el SUM del Instituto Gioja, Facultad de Derecho (UBA)
Organiza: Proyecto DeCyT DCT1440 "Castigo y Democracia" (Director: Diego Zysman Quirós, Profesor Adjunto Interino, Departamento Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, UBA)
Expositores:
  • Roberto Gargarella (Facultad de Derecho, UBA)
  • Gabriel Ignacio Anitua (Facultad de Derecho, UBA)
  • Mercedes Calzado (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
  • Gonzalo Penna (CBC, UBA)
  • Mariano Gutiérrez (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Modera:
  • Diego Zysman (Facultad de Derecho, UBA)

Contra los extranjeros: discurso y práctica

Luego de un período en donde el gobierno prefería jugar a dos puntas (torturador bueno-torturador malo), ahora comienzan a unificarse la práctica y el discurso. El hecho de que la propia Presidenta haya querido adelantar esa lectura tan insólitamente sesgada sobre el Código Procesal, es un dato duro, que los amigos del gobierno silencian u ocultan: no advierten que lo único que le importa ahora al gobierno es hacer circular este discurso de mano dura y de persecución de extranjeros, porque es redituable políticamente: no importa quién cae en el medio, y qué consecuencias genera que desde la Presidencia se encienda el motor anti-inmigrante. No les importa. En ese contexto, las barrabasadas de Berni son una anécdota, relevante porque muestra la tendencia, pero anécdota al fin: lo que importa es el modo en que el gobierno está dispuesto a alinearse en un discurso de odio hacia el extranjero, sólo para morderle unos votos a Massa. Y allí van los monigotes del discurso oficial diciendo: "no, pero en verdad, si uno mira bien, va a costar expulsar a los extranjeros", "no, en realidad, esa parte va a entrar en vigencia dentro de mucho tiempo." No se dan cuenta, o simplemente nos mienten?


Plataforma 2012, sobre la Ley de Hidrocarburos


Excelente documento de Plataforma 2012 sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos, a punto de aprobarse: una de las máximas expresiones de la corrupción estructural k (la norma lo explica casi todo sobre este período)


PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012
LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LA REFLEXION A LOS/LAS LEGISLADORES/AS ARGENTINO/AS:
FRENTE A LA INMINENTE APROBACION DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ENTREGA DEL PATRIMONIO NACIONAL

27 de Octubre de 2014

Ante la inminente aprobación por parte del Parlamento Nacional de la Ley de Hidrocarburos, desde Plataforma 2012 queremos expresar nuestro rechazo a dicha ley, la cual consolida la entrega de nuestros bienes naturales, por la vía del despojo y el saqueo económico. Invocamos el derecho a la información y a la participación de la sociedad en el debate de una ley tan importante, que condiciona nuestro futuro como nación, rechazando de plano el trámite antidemocrático que impulsa el oficialismo. Llamamos a la reflexión a los y las diputada/os nacionales, quienes tienen este miércoles 29 de octubre una oportunidad histórica de rechazar esta ley y exigir que se abra un amplio debate democrático sobre el tema, para así evitar ser cómplices del despojo a los bienes públicos que esta ley representa.
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la denominada ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno publicitaba que su objetivo era el autoabastecimiento  que se obtendría, entre otras medidas, con la explotación masiva de yacimientos no convencionales.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento crítico sobre el tema. [1] Entre otras cuestiones, allí sostenemos que esa ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni avanzaba hacia la nacionalización de los hidrocarburos; que no se trataba de una verdadera estatización de la empresa y que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa ley el problema energético continúa reduciéndose al abastecimiento de hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras posibilidades con respecto a las energías limpias y renovables como así también dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
También señalamos que en esa ley no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus socios. Y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio a pagar por la expropiación de las acciones de la multinacional, los daños terminarían siendo trasladados colectivamente a la sociedad. Asimismo, cuestionamos que el gobierno apostara a la vía de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o fracking, en tanto se trata de una metodología muy controversial por sus impactos ambientales, socio-sanitarios y territoriales.
Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de 2013 nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y Chevron,[2] denunciando la falta de conocimiento público de sus contenidos y el preocupante escenario creado para la destrucción del ambiente y el sacrificio de nuestros territorios a partir de lo poco que trascendió del mismo. Realizamos incluso un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio firmado entre YPF y Chevron.
Dos años después de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los hechos reconfirman que el déficit energético sigue sin resolverse mientras avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios. En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el Estado y corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de recursos colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.
El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones, que pasamos a enumerar:
1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevron: este decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandarán una inversión de 1000 millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de 250 millones de dólares, esto es, la cuarta parte de lo exigido por el controvertido decreto. Estas exenciones son inadmisibles cuando el país se encuentra en emergencia energética.
2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.[3] Asimismo, se eliminan trabas a la concentración oligopólica y, en lo que representa una inédita entrega del patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se otorgarán concesiones a las empresas por décadas. Incluso, se habilitan mecanismos en la explotación de hidrocarburos no convencionales a perpetuidad pues las concesiones de áreas a 30 o 35 años pueden prorrogarse por otros diez años, lo que en realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida. También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.
3.- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio colectivo que implica este proyecto, se prohíbe expresamente el establecimiento de  nuevas áreas de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y el estado Nacional tengan participación, cualquiera sea su figura jurídica. Es decir,  el Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.
4- YPF continúa siendo sociedad anónima sin control, donde el Estado no posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para el Estado argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que las irregularidades cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados en territorio argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización. Las cláusulas de  “desistimiento, renuncia e indemnidad”  establecidas en el convenio entre YPF-Repsol, no sólo eximieron de responsabilidad a ésta última empresa, sino que terminaron socializando los pasivos ambientales que son y serán pagados por el conjunto de la ciudadanía.
5- La ley pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales, respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking seguro” ha sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. El déficit energético generado durante este gobierno así como la intensa campaña comunicacional que busca asociar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, han tergiversado la gravedad del problema en cuestión, cerrando los caminos a un debate democrático sobre el mismo. Lo cierto es que a nivel internacional, sólo hay malos antecedentes y una gran incertidumbre en estos temas,[4] algo que el gobierno argentino y las corporaciones asociadas al mismo buscan denegar y obturar a través de una publicidad tramposa y emotiva que apela tanto al nacionalismo como a una visión cientificista unilateral.
6- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca Muerta, por ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las autoridades provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que seguramente serán afectadas por el avance de  la explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los derechos ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido tratados en Neuquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río Negro; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale gas en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.
7.- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental  a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del art. 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto explica que, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero al igual que sucede en otros ámbitos,  la lucha es local y muy asimétrica, por lo que las grandes ciudades y gran parte de la población viven ajenas y desconectadas de esta problemática nacional y global. Esto explica en gran medida la escasa movilización de la sociedad argentina en las grandes urbes, ante una ley tan importante y de consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos, cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros países proyectos de esta naturaleza han abierto hondos conflictos y movilizaciones en la sociedad, propiciando un verdadero debate democrático.
Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión de aprobar este nuevo avance en una política energética, que consolida la entrega de nuestros bienes naturales, no resuelve el déficit y las deficiencias de la matriz energética, profundiza la concentración económica y abre espacios para negociados de todo tipo a costa de nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia de desarrollo energético al servicio de los intereses del país, de la salud y el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para lograr un desarrollo económico verdaderamente sustentable.[5]
Por lo expuesto, instamos a los diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno pretende aprobar de forma antidemocrática, que compromete nuestra soberanía y  condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de un debate amplio y plural, que asegure la representación de todos los sectores sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la vida, el ambiente y el territorio en nuestro país.
Plataforma 2012, Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek,  Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.



[3] 12% es el tope establecido para las regalías, a lo cual se adicionará un 3% por cada período de prórroga de 10 años, lo que implica que en la primera prórroga las regalías subirían hasta 15 % y en la segunda prórroga hasta 18 %, como límite máximo.
[4] Tal como lo prueba la reciente moratoria aprobada en Alemania (8 años de suspensión del fracking).
[5] Véanse la parte VI de nuestro documento inicial sobre el tema, “Lineamientos para una estrategia de desarrollo energético para la Argentina”. http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos

26/10/2014

Consulta popular en Uruguay: Ganó el "no a la baja," o "lo siento Ferrajoli, democracia no es igual a punitivismo"


Ganamos la consulta popular en Uruguay¡¡ No a la baja de la edad de imputabilidad. Así que, lo siento por los que se asustan con la posibilidad de que la democracia se haga cargo de los asuntos penales: la democracia los ha derrotado otra vez. A inventar argumentos ahora ("ocurre que Uruguay es especial," "son realidades que no se pueden comparar").

Algunos brevísimos apuntes por el momento, mientras festejamos:

1) Quienes defendemos la re-conexión entre democracia y derecho penal, no pensamos ni necesitamos decir que "la democracia nunca se equivoca".

2) Lo más importante: no llamamos democracia a cualquier cosa. Una encuesta no es democracia, es mercado. Mucha gente en la calle no es democracia, es una manifestación de ella.

3) Nos alegramos especialmente por el modo en que el Ferrajolismo penal hispanoamericano volvió a ser derrotado. Nos alegramos porque se demostró una vez más que es falso su supuesto básico, acerca de que la democracia es sinónimo de maximalismo penal. Nos alegramos porque se demostró otra vez que el supuesto sobre el que erigen su teoría (y así, el "coto vedado," o la "esfera de lo indecidible," o una idea de derechos intocables) tiene un sustento empírico paupérrimo. No sólo que democracia no es igual a hiper-punitivismo, sino que más bien tiende a ocurrir lo contrario: la decisión democrática, si es precedida de discusión, de debate inclusivo, tiende a ser (lo que no significa "necesariamente es") protectiva de derechos, no enemiga de ellos.

4) Por lo demás, no lo olviden nunca: el horror penal (argentino, hispanoamericano, o anglosajón) hoy vigente (llámese Blumberg o comisiones de expertos, recurrentes en la historia nacional), no se vincula con decisiones populares de ningún tipo, sino con imposiciones de la elite penal, que a veces actúa en nombre de los intereses de la gente, sin consultarla; y a veces actúa en nombre de la voluntad del pueblo, al que nunca le consulta nada. A cantarle a Gardel.

5) La consulta popular no es mi forma preferida para impulsar una discusión inclusiva. Prefiero, por ejemplo, la convocatoria directa a los grupos afectados; las audiencias públicas; los foros deliberativos (a la Fishkin). Pero los uruguayos no la han hecho tan mal: tuvieron discusiones previas; se escucharon voces distintas, etc. Pero es importante insistir con esto otra vez: democracia no es equivalente a encuestas; no es lo mismo que voto; ni tiene nada que ver con una consulta popular sin tiempo para el debate previo (a esto último le llamamos abuso y manipulación en nombre del pueblo).

6) No lo olvidamos tampoco: esta semana misma, la Presidenta argentina volvió a insistir con las peores versiones del populismo penal. Revivió el derecho penal del enemigo (el peligro está en los extranjeros); puso el foco de la persecución del delito en los perejiles de siempre (hoy, los motochorros), y no en los criminales de los que eligió rodearse; y volvió a agitar las banderas más ofensivas del punitivismo (la "puerta giratoria"), como ella y su marido lo hicieron consistentemente, en su década de gobierno. A no olvidarlo: contra este tipo de elitismo penal es que peleamos.

p.d.: Vamos Uruguay¡ Arriba la celeste¡

Inseguridad: derechos de víctimas y victimarios


Nota que publico hoy en Clarín (aparece en polémica o contrapunto con nota de Diana C.A.)

Muchos de nuestros compatriotas han sufrido de modo trágico las consecuencias de la inseguridad. Frente a ellos, lo primero que necesitamos hacer es un acto de recogimiento, que nos ayude a acompañarlos en su infinita angustia. Y para acompañarlos, también, necesitamos seguir pensando.

Lamentablemente, sin embargo, la reflexión y el diálogo sobre estos temas no parece fácil. A las víctimas, muchas veces, el dolor las silencia, y en otras, las lleva a actuar con ánimo de venganza o revancha; a la clase política, el aburrido discurso de la “mano dura” le resulta demasiado redituable como para abandonarlo; a algunos jueces, una versión boba del discurso de las garantías los lleva a creer que garantizar derechos implica no hacer nada, mientras que a otros magistrados, el discurso de la seguridad los obnubila y arrastra en un camino de irresponsabilidad punitivista; a parte de la dirigencia empresaria, el discurso de la indignación frente al delito le sienta muy bien, pero a cambio de una gran complacencia ante las propias faltas, que raramente son sancionadas. En definitiva, todos, de un modo u otro, tenemos nuestros juicios sesgados en la materia, y a todos nos cuesta sentarnos a pensar con los demás. Pero otra vez: no podemos resignarnos a no discutir con los otros sobre estos temas. En este espíritu –tentativo y provisional- quisiera aportar algunos comentarios sobre las víctimas, los victimarios, la sociedad y el Estado.

Sobre las víctimas, es muy importante que reconozcamos que el absoluto respeto, respaldo y cuidado que merecen, no significa que las políticas de seguridad deban ser decididas sólo por ellas. Las víctimas tienen una voz que debe ser escuchada siempre en estas discusiones, pero su voz no es la única a la que debe prestarse atención en el debate, ni una que deba considerarse más valiosa o digna que la de los demás. En el mismo sentido, es importante que no confundamos a la voz de “muchas víctimas” con “la voz del pueblo,” o “la voz de la democracia”: la democracia es otra cosa, que puede coincidir o no con las opiniones vertidas por las víctimas o sus allegados, luego de cometido un crimen.

En segundo lugar, necesitamos reconocer que los derechos de las víctimas y los de los victimarios no guardan entre sí una relación de “suma cero”. Esto es decir, una actitud de respeto hacia las víctimas no nos debe llevar a pensar que los imputados no tienen derechos, ni a creer que respetar los derechos de los acusados representa una falta de respeto o un insulto hacia las víctimas. Simplemente, necesitamos aceptar (y exigir) cosas tan básicas como que nadie debe ser torturado, que todos merecen un juicio justo, que aún las peores personas siguen siendo -y merecen ser tratadas como- personas capaces de reconocer sus errores, o de arrepentirse de sus peores actos.

Sobre la sociedad en general, diría que no es aceptable que se nos reconozca el derecho al voto, a la vez que se restringe nuestra participación en la creación, aplicación e interpretación de las normas penales. Pero lo cierto es que la Constitución limita nuestra intervención en tales cuestiones, como lo ha hecho el actual gobierno durante todo este tiempo: primero arruinó el Código Penal imponiendo, sin debate, las “reformas Blumberg”, y ahora dejó la reforma integral de ese Código exclusivamente en manos de expertos. Nuestra participación no es una amenaza –como lo piensa la elite en el poder- sino un derecho.

En relación con el Estado, tenemos que dejar de pensar que la única respuesta posible frente a una falta grave es la cárcel –la privación de la libertad. El derecho penal nació asegurándonos que la violencia estatal iba a aplicarse sólo en casos extremos, y como ultima ratio. Sin embargo, hemos naturalizado su presencia. Peor aún, frente a la infinita cantidad de faltas imaginables, tendemos a asumir que la única respuesta posible es siempre el castigo penal –la imposición de dolor- y que la única forma posible del castigo es la privación de la libertad. Necesitamos reconocer que, frente al crimen, hay mejores respuestas que la violencia –del mismo modo en que cualquier padre reconoce, aún frente a las más graves faltas de sus hijos, que hay otras respuestas diferentes y más apropiadas que la del recurso a la violencia.

Finalmente, siempre, pero especialmente en una sociedad tan injusta y desigual como la nuestra (pocas veces, como en esta época, tan desigual e injusta) el Estado tiene que ganarse la autoridad para ejercer reproches o imponer castigos. Piénsese en el padre de familia que abusa de su hijo y no le brinda cuidado, y luego se manifiesta indignado cuando su hijo que comete una falta. Frente a tal situación podemos decir: “este joven cometió una falta, es responsable por haberla cometido, y debe rendir cuentas por ella,” y al mismo tiempo reconocer que su padre no tiene autoridad para levantar el dedo acusador contra aquel a quien sistemáticamente ha maltratado. Lo mismo el Estado: nuestro Estado injusto y arbitrario debe aprender a respetarnos cada día –a todos y a cada uno, como hoy no lo hace- para luego ganarse la autoridad de pedirnos cuentas, que hoy simplemente se arroga.





La ficción de debate afecta la validez de la norma

Reportaje conjunto que nos hacen a don Roberto S. y a mí, acá

24/10/2014

Uruguay: Consulta popular por la baja de la de imputabilidad

Este domingo, en Uruguay, se vota por cuestiones tan importantes como la elección de un presidente: hay una consulta popular sobre la cuestión de la baja en la edad de imputabilidad. Aparentemente, la consulta va a dar un resultado negativo (no se llegaría a los votos necesarios para consagrar la baja). Si ello fuera así (rogamos que sea así), tendríamos frente a nosotros algunas noticias importantes:

Una nueva muestra de que participación ciudadana no es igual a punitivismo salvaje (una reafirmación más, de las tantas: préstese atención a los resultados del funcionamiento del -pobre- sistema de jurados, vigente en la Argentina. La tendencia lleva consistentemente a decisiones más, y no menos, garantistas).

Una nueva muestra del error -la desconfianza en el pueblo- que muestra nuestra Constitución, cuando excluye las cuestiones penales de los temas susceptibles de consulta popular.

Pero no me anticipo más a lo que pueda ocurrir, porque lo que me interesa señalar es otra cosa:

1) Mi punto no es colocar a la participación popular como sinónimo de garantismo. Lo que me interesa es negar el Ferrajoliano punto que la doctrina penal dominante (habitualmente muy elitista) sostiene, cuando afirma, sin discusión ni apoyo empírico alguno, que participación popular en temas penales es sinónimo de más penas y penas más altas.

2) Mi defensa de la participación popular en temas penales es dependiente de la existencia de ciertos procesos de inclusión y discusión ecuánime/informada previa. Confío en lo que pueda decidir la ciudadanía, en tales situaciones (aunque nada garantiza que todas las decisiones que se tomen sean las que uno preferiría que se tomen); y considero que en democracia ése es el modo en que deben tomarse las decisiones: todas las decisiones, y especialmente las más importantes, esto es, las relacionadas con temas penales, o la distribución de recursos (temas vinculados a lo que podríamos llamar "cuestiones de moral pública" -no privada).

El gobierno de la ampliación de derechos. Saldo de la represión en Lear

(de Izquierda Diario)

Hospitalizados: Germán Gassibe, trabajador de la ex Donnelley, con balazos en el brazo, internado para ser intervenido quirurgicamente (bala desgarró la piel y los músculos). René Córdoba, delegado de la ex Donnelley, varios balazos en espalda y brazo, internado e intervenido quirúrgicamente. José Montes, dirigente del PTS con importantes heridas de balas de goma en el abdomen, pecho e ingle. Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-FIT, herido de siete balas de goma. Leonardo Carracedo, abogado del CeProDH, con varios balazos en espalda y brazo. Nathalia González Seligra, secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA Matanza, palazo en la cabeza, cuatro puntos de sutura. Kevin Crinigan, estudiante, incrustaciones de bala de goma. Juan Acosta, trabajador estatal de CABA con 8 balas de goma en el pecho y las piernas. Martín Brat, delegado aeronaútico de CABA, balazos en pierna. Facundo Valenzuela, trabajador estatal de Campana, golpeado en la cabeza y heridas de bala de goma. Carina Cardillo, estudiante de la UNGS, heridas de bala de goma. Virginia Rom, equipo parlamentario de Nicolás del Caño, gaseada por la Gendarmería.
Heridos balas de goma (no hospitalizados): Damián Peralta, Damián González, Luis Bravo, trabajadores de Lear; Marcelo Almada, trabajador de la ex Donnelley; Martín Di Rocco, trabajador de la ex Donnelley. Cristian Brito, trabajador de la ex Donnelley. Claudio González, trabajador de la ex Donnelley; Victor Robles, trabajador de la ex Donnelley; Victor Ottoboni, delegado de Fate; Tomás Nieto, trabajador despedido de Volkswagen; Camilo Mones, delegado de Pepsico; Maxi Torres, despedido de Kromberg; Magdalena Pedernera, periodista de IzquierdaDiario; Gabriel Fernández, Congresal del Sindicato de la Alimentación de Kraft Victoria; Guillermo Bentancourt, trabajador de Siderca; Malvina Vila, trabajadora del Hospital Posadas; Gabriela Serrano, delegada docente del SUTEBA Tigre; Leonardo Ibañez, estudiante de la UNLu; Omir Vogado, del “Ojo Colectivo”; Julio Maiorana, estudiante UNGS.
Contusiones, golpes y gases: Marcelo González, trabajador ferroviario; Abel Silva, trabajador de la ex Donnelley; Mario Rodriguez, trabajador de la ex Donnelley; María Chavez, docente de la UBA y dirigente de la agrupación Pan y Rosas; Laura Pigliapoco, Presidenta del ISDFyT N 15 de Campana; Juan Gonzalez, delegado de Printpack; José Bravo, docente.

23/10/2014

Lear: represiòn y amicus

Hoy presentamos, con Osvaldo Bayer, sendos amicus curiae, en favor de los trabajadores de Lear. Gracias a Myriam B. y a otros amigos que han venido trabajando tan intensamente sobre el tema
Hoy el gobierno volviò a reprimir salvajemente, con balas de goma, a los trabajadores de Lear
Lo bueno de estas situaciones desgraciadas es que ayudan a dejar en claro quièn se sitùa dònde


Hidrocarburos: Una ley a la medida de las corporaciones


Maristella Svampa[1] y Hernán Scandizzo[2]
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno se propuso alcanzar el autoabastecimiento a partir de la explotación masiva de yacimientos no convencionales. El contexto de déficit energético, así como la intensa campaña comunicacional asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, facilitaron su instalación y fueron cerrando los caminos a un debate democrático. Con esta decisión no sólo se redujo el problema energético al abastecimiento de hidrocarburos, sino que se desestimaron otras posibilidades, incluso dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
 No obstante, la imposibilidad de resolver el problema por esta vía ha quedado de manifiesto dos años más tarde. El fracking avanzó en las provincias de Neuquén y Río Negro, impulsado principalmente por YPF, no se concretó el anunciado aluvión de inversores ni los niveles de producción resultaron tan promisorios. El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo suma otras vías: la recuperación terciaria y los yacimientos de la plataforma continental y propone transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar Vaca Muerta asociada con Chevron. Incluso reduce los requisitos: recordemos que el decreto 929 otorga la posibilidad de exportar en 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandaran una inversión de mil millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de doscientos cincuenta millones de dólares, esto es, la cuarta parte. Además, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto. También se eliminan trabas a la concentración oligopólica, que existen y no se aplican… y lo más preocupante: habilita mecanismos para que la concesión de áreas sea a perpetuidad.
El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios, tal como establece el convenio 169 de la OIT. Vaca Muerta está lejos de ser un territorio vacío, como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales, pues en ese territorio se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas.
En consecuencia, resulta muy difícil encontrarle aspectos positivos a esta reforma tan importante, que consolida nuevas vías del despojo y el saqueo económico. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Asimismo, la estigmatización de los sectores ambientalistas, el encapsulamiento en lo local y el silenciamiento de los accidentes (en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta), hace que las voces disidentes tengan cada vez menos espacios dónde expresar sus posturas.
Es imposible alcanzar la Soberanía Energética si no se apuesta a una política de Estado, es decir, sostenida en el tiempo y destinando recursos para la diversificación de la matriz energética, que depende en un 90% de combustibles fósiles. Por otra parte, hablar de Soberanía Energética no implica solamente apostar al desarrollo de fuentes alternativas (solar, eólica, mareomotriz, hidráulica), sino también evaluar las escalas de los proyectos, garantizando la participación social en el diseño de los proyectos y de las políticas. En suma, implica un nivel de debate y participación, de consideración de abordajes múltiples, que evidentemente esta nueva ley no sólo no habilita, sino que además, pretende clausurar.



[1] Investigadora del Conicet
[2] Periodista, Observatorio Petrolero Sur