5 jul. 2020

De la serie cuentos de la pandemia. El Odio


Pienso. Pienso en una persona, llamémosle Jan. Pienso en Jan, el 28 febrero de1986. Pienso en Jan, el 28 de febrero de 1986, cerca de las 11 de la noche. Pienso en Jan en febrero, en esa noche de invierno, apostado junto al cine. Pienso en Jan maldiciendo, a la salida del cine, con el frío del invierno. Pienso en Jan, una noche precisa de febrero, dándose ánimos, pensando, diciéndose así: “nos odia, nos guarda rencor, cómo alguien puede tenernos tanto odio.” Pienso en Jan, una noche fría de invierno, junto al cine, por vigésima vez palpándose la cintura. Pienso en Jan, una noche precisa de febrero, nervioso, asegurándose, por vigésima vez, que el arma todavía está ahí, con él, a la salida del cine. Pienso en Jan, un 28 de febrero, deteniendo su mano sobre su Mockjärd, asegurándose que está ahí, que el arma sigue ahí. Pienso en Jan, precisamente un 28 de febrero, cerca de las 11 de la noche, junto al cine, respirando agitado, una noche de invierno. Pienso en Jan, esa noche, mirando su reloj, diciéndose por dentro “ya es hora”. Pienso en Jan en febrero, en una noche precisa, a mitad del invierno, recordando a quien será su víctima. Pienso en Jan dándose fuerzas, parado cerca de la salida del cine (hacía frío). Pienso en Jan, esa precisa noche de febrero, cerca de las 11 de la noche, pensando sobre quien será su víctima, diciéndose “cómo puede estar tan lleno de rencor,” “cómo una persona puede tener tanto odio”. Pienso en Jan, una fría noche de invierno, precisamente el 28 de febrero de 1986, recordando a quien será su víctima: Olof. Pienso en Jan, cerca de un cine ubicado entre las calles Sveavägen y Tunnelgata, en una noche de invierno, pensando en Olof, y diciendo “ya es hora”, temblando. Pienso en Jan, palpando su arma (una Mockjärd) sobresaltado, en una fecha precisa (el 28 de febrero de 1986), porque advierte que la gente comienza a abandonar la sala de cine (respira nervioso). Pienso en Jan, transpirado, porque quien será su víctima, Olof, todavía no sale (hacía frío, es invierno). Pienso en Jan, transpirando nervioso, porque ahora sí lo ve, temblando porque allí lo ve, a Olof, quien será su víctima. Pienso en Jan, tembloroso, nervioso, transpirado, buscando la certeza de su pistola Mockjärd, una noche precisa de invierno. Pienso en Jan, un 28 de febrero de 1986, empuñando su Mockjärd, junto a un cine ubicado entre las calles Sveavägen y Tunnelgata, luego de las 11 de la noche (era invierno). Pienso en Jan, una noche de invierno, que ahora sí ve salir a Olof del cine, junto a su mujer: van ellos dos solos, sin custodia, caminando de regreso a su casa. Pienso en Jan, en una fecha y hora precisas -el 28 de febrero de 1986, a las 11 y 20 de la noche- desenfundando disimuladamente su Mockjärd, tembloroso. Pienso en Jan, en una fría noche de invierno, a la salida del cine, acercándose a Olof, nervioso, transpirando, con su Mockjärd desenfundada, ya en mano (tenía frío, respiraba inquieto). Pienso en Jan, un viernes 28 de febrero de 1986, con su pistola Mockjärd en mano, acercándose lentamente a Olof, hasta situarse detrás de él, muy cerca de él, casi sobre su espalda (está nervioso, hacía frío). Pienso en Jan, cerrando los ojos, ese viernes de invierno -una fecha y una hora precisas, cada vez más precisas- asombrado por cuánto odia Olof (Jan se pregunta a sí mismo, por última vez, para darse ánimos: “cuánto rencor puede guardar una persona,” “cuánto odio puede acumular”). Pienso en Jan, transpirado, en una noche fría, el arma en la mano, junto al cine, detrás de la espalda de quien será su víctima. Pienso en Jan, en una fecha y hora muy precisas -el viernes 28 de febrero de 1986, a las 11 y 21 de la noche- junto a un cine ubicado entre las calles Sveavägen y Tunnelgata, cuando dispara a quemarropa su Mockjärd, contra la espalda de Olof, quien camina, sin custodia, junto a su mujer, de vuelta a casa. Era invierno, y hacía mucho frío.

1 jul. 2020

La emergencia requiere de acuerdos democráticos (y no de la discrecionalidad de una elite)


A continuación, quisiera explicar muy brevemente por qué la Argentina transita hoy la emergencia del COVID-19 desde una situación constitucionalmente insostenible, y por qué debiera salir de ese marco de ilegalidad. Ante todo, para la Constitución existen sólo tres maneras a través de las cuales el Poder Ejecutivo puede actuar en una emergencia, y por medio de las cuales podría aspirar, al menos, a limitar legalmente derechos: i) la delegación legislativa; ii) la declaración de un estado de sitio; y iii) los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Tales vías no han sido exploradas, o lo han sido de modo llamativamente deficiente. De allí nuestra actual situación de fragilidad constitucional. 

En primer lugar, la delegación legislativa. En los hechos, todo el amplio accionar del Ejecutivo en la emergencia comenzó por esta vía, y a partir de un acto de inconstitucionalidad extrema: un DNU del 12 de marzo (el 260/2020), por el cual el Presidente extendió por un año la “delegación legislativa” que le había hecho el Congreso a comienzos de enero (ley 27541). Es decir, el Ejecutivo beneficiado por una ley de delegación de poderes extendió, por sí mismo y para sí mismo (!!), los poderes que le habían delegado. Ello, en el marco de una Constitución que rechaza duramente las delegaciones legislativas (el art. 76 afirma: “se prohíbe la delegación legislativa”, una institución que luego autoriza de modo limitadísimo, y bajo el “plazo” y las “bases” que “el Congreso establezca” -condiciones que, por supuesto, el propio Ejecutivo no puede modificar!).

En segundo lugar, el estado de sitio. El Presidente hizo muy bien en dejar de lado el camino del estado de sitio, como base para actuar durante la emergencia. Ello, por el trauma social que los argentinos tenemos con dicha figura, a la que asociamos con golpes de estado, o con el trágico final del gobierno de De La Rúa (aunque, tal vez, el PE haya querido así, simplemente, eludir los estrictos controles que el estado de sitio conlleva). En todo caso, al rechazar -muy sensatamente- la vía del estado de sitio, el Presidente perdió también algo que le importaba ganar, esto es, la posibilidad de limitar, de un modo legalmente permisible, derechos constitucionales a través de decretos.
En tercer lugar, la vía más importante: los DNUs. Con los DNUs, la Constitución es directamente fulminante: reserva para ellos los términos más duros que incluye en todo su texto. En su art. 99, sostiene que los DNUs son “nulos de nulidad absoluta e insanable”. Luego, sin embargo, vuelve a autorizarlos para circunstancias excepcionalísimas y bajo límites estrictos. Sobre todo, la Constitución exige -para admitirlos- la imposibilidad fáctica de que el Congreso funcione; y establece la prohibición total de utilizar DNUs en ciertas materias (i.e., penales). Es decir, la Constitución encierra a los DNUs bajo férreos candados, y ofrece una sola llave para utilizarlos, bajo condiciones muy estrictas. Los DNUs cumplieron esas condiciones? No, en ningún sentido (además de violar, en algunos casos, la prohibición expresa de tratar sobre materia penal). Veamos brevemente por qué:

La pregunta clave es: nos encontrábamos frente al peculiar tipo de situación extrema que exige la Constitución para autorizar los DNUs (“circunstancias excepcionales” que tornan “imposible” el funcionamiento del Congreso)? Por supuesto que no. Alguno podrá exclamar: “si ésta no se considera una emergencia, entonces nunca estaríamos en emergencia!” Error. La emergencia es condición necesaria, pero no suficiente para la Constitución. Hoy estamos –“sí”- en una emergencia, pero claramente “no” en el tipo de emergencia que le interesa a la Constitución (la que haga “imposible” el accionar legislativo). Un terremoto, un tsunami, un ataque súbito o invasión militar serían, sin dudas, situaciones verosímiles de emergencia, que podrían ameritar el dictado de DNUs (ya que sería imposible, de otro modo, movilizar las tropas o recursos necesarios, en cuestión de horas). Pero el de la pandemia no califica para el caso. Primero, porque hoy sabemos que el Congreso puede funcionar durante la pandemia (es decir, no hay “imposibilidad”); segundo, porque vimos en todo el mundo (i.e., España), que el Congreso podía funcionar para autorizar el accionar del Presidente aún durante el pico de la pandemia; y tercero, porque la Argentina encaró la crisis con dos meses de anticipación. Esto es decir: no hubo sorpresa ni emergencia súbita; ni el Congreso está o estuvo imposibilitado de funcionar.

En definitiva: para salir de la actual situación de la crisis de legalidad, no necesitamos de excusas o de atajos rápidos (una comisión parlamentaria que avale todo a las corridas, de espaldas al pueblo). Si la Constitución es demandante en cuanto a los procedimientos que exige frente a la emergencia, ello no es por capricho o por meros formalismos leguleyos, sino porque rechaza el poder concentrado, y resiste toda forma de discrecionalidad presidencial. La Constitución busca que siempre, pero sobre todo en situaciones de emergencia, las políticas resulten de acuerdos colectivos formales y conforme a la ley. Las medidas graves que exigen las crisis no pueden basarse en la opinión de un puñado de expertos, aliados al Presidente; ni en unos cuantos llamados por teléfono hechos a gobernadores cercanos. Tales medidas de crisis requieren de legalidad y legitimidad democrática, para evitar sesgos; para minimizar errores; y para alejar los riesgos propios que -según nos enseñó una y otra vez nuestra historia política- han derivado del poder en manos de pocos. La Argentina debiera asentar sus políticas de emergencia, entonces, no en el poder concentrado ni en las decisiones discrecionales, sino en amplios e inclusivos acuerdos democráticos.

Sólo un poco de sentido común

Discutamos, enojémonos, insultémonos si es necesario, pero sin meter al derecho penal en el medio!
El fiscal Delgado, sobre la denuncia contra la "infectadura". Sólo un poco de sentido común cada tanto, por favor
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-desestiman-denuncia-judicial-marcha-la-nid2388855

29 jun. 2020

NO ES BUENO VER UNA VIDA DE ESE TIPO!!!

Hace un tiempo me preguntaba si había algo más que un impulso fascista en prohibir cierta actividad física controlada. Después de mucha bobada dicha y escrita sobre el tema, el Ministro admitió abiertamente sus razones. Dijo (yo no daba crédito a lo que escuchaba"): "el riesgo es muy bajo, lo que pasa es que NO ES BUENO VER UNA VIDA DE ESE TIPO". Lo escuchaba y no daba crédito, pero el seguía "es que ponemos mucha atención en lo gestual". Como decir: "no es buen ejemplo ver a dos gays besándose." No es que sea una decisión inconstitucional: es una decisión brutalmente inconstitucional prohibir algo porque "no nos gusta verlo". Una nueva muestra de lo que pasa cuando "los médicos" toman el lugar que debería ocupar el acuerdo democrático: el derecho no existe, las demás razones -desde las de salud mental a las de libertades personalísimas- no cuentan.
(por si fuera necesario aclararlo: no vivo en capital, ni hago actividad física en los parques)

https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-en-la-argentina-gines-gonzalez-garcia-explico-los-motivos-por-los-que-limitaron-a-los-runners-nid2387543

23 jun. 2020

De la serie "cuentos de la mañana" (o "cuentos de la pandemia")




De pie sobre una austera roca, con el rostro ajado por la muerte, las manos todavía temblorosas, el profeta buscó elevar su voz (y apenas pudo) para decirnos: “una vez que atraviesen el Tenebroso Desierto, pero sólo entonces, allá verán, luminosa y eterna, la espléndida tierra.” Respiramos hondo, nos tomamos de los brazos, miramos al cielo, y durante un tiempo largo nos dedicamos a nuestras oraciones, cada uno en silencio. Luego, iniciamos el camino: el camino de El Éxodo. Comenzamos la marcha, con la esperanza puesta en la Tierra Prometida. Allá íbamos, jurándonos no cejar hasta hacernos de ella. Nos adentramos así, con pesadumbre pero con el ánimo alto, en los arenosos suelos. Dimos, muy pronto, con “tierras de hoyo y sombra profunda” (Jeremías 2:6), que mezclaban arena, guijarro y rocas. Eran tierras deshabitadas en su mayor parte, ocasionalmente ocupadas por gentes que albergaban en tiendas, y grupos nómades que deambulaban por ellas (Jeremías 3:2). Los hombres de ciencia que nos acompañaban habían calculado una travesía de no más de 11 días. Pero fueron 40 años. 40 años! 40 años que nos depararon peligros de toda especie. 40 años que estuvimos andando, enfrentados a un “desierto grande e inspirador de temor, con serpientes venenosas y escorpiones y con suelo sediento que no tiene agua” (Deuteronomio 1:19; 8:15). Resistimos -los pocos que pudimos hacerlo, y el Señor lo sabe- esa “tierra de fiebres” altas (Oseas 13:5), llenas de “zarzales, abrojos, lotos espinosos y matorrales de acacias espinosas.” (Génesis 21:14, 15; Éxodo 3:1, 2). Temimos por las noches, cada noche, “el aullido de los chacales y los lobos…el ululato de los búhos o al grito ruidoso de los chotacabras, lo que aumentaba aún más la sensación de soledad y desamparo” (Isa 34:11-15; Jeremías 5:6.). Hasta que llegamos -40 años tardamos, 40 años por 11 días!- a lo que parecía un oasis. Un pequeño oasis, rodeado de verde y vida: cabras, ovejas, vides, olivos. Nos arrodillamos todos juntos -los pocos que pudimos hacerlo, y el Señor lo sabe- con los ojos bañados en lágrimas. Con un canto compartido, casi susurrando, agradecimos al cielo. Toda la noche, abrazados juntos, lloramos. Luego, ya con la primera luz de la mañana, y desde la cima de un árbol, vimos lo que parecía ser la sombra del profeta. El profeta nos esperaba. Desde lo alto del árbol, con un hilo de voz que se escuchaba apenas, cuando todos callamos (así estábamos todos: mudos, asombrados, tiesos) el profeta habló. Dirigiéndose a nosotros, el profeta habló y nos dijo: “Ustedes, los que llegaron, cruzando El Arenal, han podido lo extraordinario.” Nos miramos unos a otros, nuestros semblantes cansados, serios. Luego, levantó el brazo, y con el dedo índice apuntó a lo lejos. Señaló a continuación una luz, que se veía a la distancia, junto al horizonte. El profeta volvió a hablar y nos dijo entonces: “allí, a lo lejos, esa luz que se divisa, única.” Y siguió diciendo: “Allí, allí es donde comienza el Tenebroso Desierto.”




17 jun. 2020

La "sala de máquinas" durante la emergencia


Desde "Agenda-Estado de Derecho", me preguntaron sobre cómo pensar la emergencia desde la preocupación por "la sala de máquinas" de la Constitución. Van algunas reflexiones:

La sala de máquinas

Comencé a escribir sobre el concepto de “sala de máquinas” años atrás, en diversos trabajos relacionados con el constitucionalismo latinoamericano. En términos descriptivos y estrictos, simplemente, el concepto designa a la “organización de poderes” que cualquiera de nuestras constituciones diseña (aunque, en términos más ambiciosos, el concepto quiera referirse a la organización social del poder). En términos valorativos, el concepto nació para criticar lo que en mis estudios detectaba como un problema habitual del constitucionalismo latinoamericano.

Me refiero al modo en que, en nuestras Constituciones, y a pesar de reiteradas reformas, hemos insistido con una organización del poder tradicional, en línea con la que era propia del “momento elitista” del constitucionalismo, a mediados del siglo xix. De ese modo, desde el comienzo del siglo xx, los latinoamericanos tendimos a generar Constituciones enormemente ricas, generosas, y de avanzada, en materia de derechos (los latinoamericanos fuimos pioneros en el mundo en la introducción de derechos sociales, económicos y culturales en los textos constitucionales), a la vez que regresivas, verticalistas, elitistas, en lo relativo a la organización del poder. Procedimos a crear, de este modo, Constituciones “con dos almas”: una de ellas de vanguardia, cada vez más avanzada, propia del siglo xxi (la declaración de derechos), y otra de ellas más bien retrógrada, propia de lo que era el constitucionalismo en el siglo xix (la organización del poder). Dicha opción ha sido muy negativa: esas “constituciones en tensión interna” no son inocuas. Quiero decir, el hecho de tener una parte de la Constitución en conflicto con la otra tiene graves consecuencias, ya que tales partes no se ayudan -una a la otra- a funcionar, sino que tienden a obstaculizarse mutuamente. Más específicamente, la organización del poder constitucional tiene una especial capacidad para bloquear el funcionamiento y puesta en práctica (el enforcement) de la declaración de derechos. De tal modo, suele ocurrir que la organización del poder regresiva, o concentrada en pocas manos, comienza a trabajar en contra de la implementación de la ambiciosa lista de derechos incorporados por nuestras Constituciones. En el caso habitual, la implementación de esos derechos pasa a depender de la voluntad discrecional del líder de turno. Si él o ella lo quieren, es probable que tengamos algunos de esos derechos puestos en práctica, y sólo hasta dónde y en el modo en que tales líderes lo prefieran. Desafortunadamente, los latinoamericanos desperdiciamos hasta hoy todas las muchas oportunidades que tuvimos para reformar nuestras Constituciones de modo tal de ajustar la lógica de la organización del poder, a la lógica que pretendimos incorporar en el área de los derechos -esto es, perdimos la oportunidad para modificar a la organización del poder, poniéndola en línea con los compromisos sociales, igualitarios y de avanzada, que enunciamos en nuestras declaraciones de derechos. En este sentido, tendimos a “mantener cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución.” En otros términos, “abrimos” la Constitución, primero a los trabajadores, luego a las mujeres, luego a los grupos indígenas, etc., pero siempre utilizando la vía de los derechos. Nos negamos sistemáticamente, en cambio, a permitir que tales grupos que sucesivamente fuimos reconociendo e incorporando en nuestras declaraciones de derechos, pasaran a ocupar un papel más decisivo, en el proceso de toma de decisiones y en el control del poder.

La “sala de máquinas” en tiempos de pandemia: Instituciones y concentración del poder

¿Es que el concepto de “sala de máquinas” puede ayudarnos, de algún modo, en la reflexión sobre este difícil tiempo que nos toca vivir? Entiendo que sí, aunque quisiera aclarar desde el comienzo que no creo que dicho concepto sea omni-explicativo, ni el único o el más importante a utilizar, en la reflexión pública sobre este momento de pandemia. Pero si respondo afirmativamente, ello es porque entiendo que la grave crisis que atravesamos se manifiesta en distintas esferas de nuestra vida en común -la esfera económica, la esfera sanitaria, la esfera social- y también, por supuesto, y de modo muy especial, en la esfera de las instituciones, en donde la “sala de máquinas” juega un papel principal.

¿Y qué es lo que tiende a ocurrir en dicha esfera institucional? Pues bien, ni más ni menos que lo que cualquiera de nosotros puede advertir, en América Latina (y más allá), cuando mira a su alrededor y presta atención a la forma que ha ido tomando el devenir institucional. Nos encontramos con que la emergencia ha aparecido, una vez más, como “excusa perfecta” para volver a concentrar el poder -todavía más. Esto es decir: teníamos una organización del poder concentrada en las manos del Ejecutivo, y la pandemia no ha hecho más que fortalecer y acentuar esa concentración del poder. De allí que la protección de derechos vuelva a quedar dependiente, y cada vez más, de la voluntad discrecional de unos pocos. Como ciudadanos, no nos queda más que rogar por la buena fortuna: “ojalá que el líder que haya quedado al frente del gobierno de nuestro país no sea tan irracional como lo son algunos;” “ojalá que esté bien asesorado;” “ojalá que sepa proteger bien los derechos de todos, y en particular los de los más vulnerables.” Este es, precisamente, el tipo de status institucional que el concepto de “sala de máquinas” predecía y denunciaba: es lo que los demócratas no queremos y rechazamos.

Si los demócratas tenemos razones para resistir esa concentración del poder -siempre, pero en particular, agregaría, en tiempos de crisis y emergencia- ello se debe a varias razones. Enumero, breve y rápidamente, algunas de ellas:

i) Minimizar errores. En la emergencia, como señalaba el Profesor Stephen Holmes, es cuando más necesitamos “atarnos las manos” a rigurosos procedimientos pre-establecidos. ¿Por qué? Porque queremos minimizar los riesgos obvios, esperables, de equivocarnos, como suele ocurrirnos cuando queremos decidir de manera rápida, frente a una situación grave.

iii) Maximizar nuestro conocimiento (razones epistémicas). Siempre, pero en particular cuando nos enfrentamos a una crisis seria, necesitamos escuchar las voces de todos, y en particular las voces de los más débiles. ¿Por qué? Por varias razones, pero sobre todo porque cuando no escuchamos esas voces, tendemos a perder de vista información esencial sobre las necesidades, demandas y urgencias de aquellos a quienes no consultamos. Un ejemplo central de lo que señalo puede verse en toda la región, en relación con el “consejo científico” más importante surgido en estos meses de pandemia: “lávese las manos, y quédese confinado en su domicilio.” Dicho consejo, surgido razonablemente en los países centrales, hace poco sentido en América Latina, y particularmente frente al hecho de que buena parte de los latinoamericanos viven en zonas carentes de agua potable, y en condiciones de hacinamiento. Esto es decir, para Latinoamérica, consejos como el citado aparecen como insensatos, sino de imposible cumplimiento.

iii) Historia política y “erosión democrática”. En tercer lugar, nuestra historia política es consistente en relación con los riesgos propios que se derivan de situaciones como las que distinguen hoy a nuestra vida pública. Me refiero a tres rasgos en particular: a) concentración acentuada del poder; b) derechos constitucionales (como los de protesta, reunión, movilización) fuertemente cercenados; y c) un espacio público con una sobre-presencia de las fuerzas coercitivas. A lo largo de nuestra historia, los resultados derivados de tales hechos han sido siempre idénticos: negativos en materia de fortaleza democrática y en términos de derechos humanos. Enfrentamos en estos tiempos -dicen los doctrinarios extranjeros- un nuevo fenómeno de “erosión democrática” o “muerte lenta de las democracias” (democracias que “mueren a resultas de mil cortes”). En América Latina -agregaría de mi parte- este “nuevo” fenómeno lleva más de doscientos años de vida, y se traduce en entramados institucionales muy desgastados, que necesitan ser definitivamente recompuestos. Pero no se trata, simplemente, de “reponer” o “reparar” algunos “engranajes” hoy “erosionados desde adentro.” Se trata, más radicalmente, de reconstituir de una vez por todas la maquinaria democrática de nuestras constituciones.

¿Qué hacer? El derecho como “conversación”

Sin la pretensión de ofrecer “fórmulas” y soluciones milagrosas frente a problemas que llevan, finalmente, cientos de años, dedicaré las últimas líneas de este escrito para señalar algunos horizontes hacia los que podríamos -al menos- hacer el intento de acercarnos. Pienso, en particular, en el ideal de “democratizar” esa “sala de máquinas”, de forma tal que el proceso de toma de decisiones comience a reflejar, cada vez más, la voluntad deliberada de la ciudadanía. Al respecto, dos preguntas: Primero, ¿qué podría implicar, en los hechos, dicho ideal? Segundo: ¿resulta éste un ideal demasiado ambicioso, utópico, en tiempos de crisis como el que vivimos?

El ideal señalado, según entiendo, nos refiere a prácticas sociales concretas y, por lo demás, bien conocidas en la región y en el mundo; opciones en todo caso asequibles. Pienso en prácticas asociadas a lo que se llama el “constitucionalismo dialógico” o a la “conversación jurídica” o constitucional. En tal sentido, respondería negativamente a la segunda de las preguntas formuladas: sabemos hoy que muchas de las propuestas que son propias del constitucionalismo dialógico no forman más parte de la utopía, sino que tienen que ver con experiencias que se han llevado adelante en los más diversos países, en las circunstancias más disímiles -inclusive hoy.

Pienso, específicamente, en respuestas institucionales orientadas al diálogo colectivo, inclusivo, y en tal sentido en respuestas destinadas a reafirmar nuestra común igualdad. Pienso, por tanto, en un diálogo entre iguales (algo que es muy importante enfatizar, dado que los “diálogos institucionales” que se nos “ofrecen” son, en muchos casos, “diálogos entre desiguales”, en donde más personas hablan, pero en donde “deciden los de siempre”). ¿Qué ejemplos, concretamente, podrían citarse como referencias? Muchos: desde las asambleas inclusivas; a las mesas de diálogo; y a los procesos de tipo “crowdsourcing” -de interpretación constitucional hecha de modo inclusivo, con la intervención de ciudadanos del común. Y pienso en este tipo de “salidas” dado que asumo que el sistema representativo en el que vivimos se halla herido de un modo fatal, e irrecuperable.

En América Latina hemos conocido muchas de esas experiencias, desarrolladas hasta hoy de modo siempre limitado, pero también promisorio. Hemos tenido en la región muchos ejemplos de “audiencias públicas” convocadas por nuestros tribunales superiores y por nuestras legislaturas (i.e, las convocadas por nuestras Cortes superiores, en materia ambiental, o frente al hacinamiento carcelario); procesos de “consulta previa e informada” en asuntos concernientes a las comunidades indígenas (en el marco del Convenio 169 de la OIT); debates sociales abiertos y horizontales (como los realizados en la Argentina en torno al aborto); procesos de control y decisión “crowdsourced” como los implementados en este mismo tiempo, por la Corte Constitucional Colombiana, para la supervisión de los decretos ejecutivos; etc. (no incluiría, sin embargo, dentro de este listado, a muchos de los plebiscitos y consultas populares convocados por nuestros países, que han sido en general muy hostiles a la deliberación colectiva, y han quedado muy habitualmente sujetos a la manipulación de los poderes ejecutivos). Tales experimentos necesitan todavía de una radicalización y de reajustes: en muchos casos siguen dependiendo, finalmente, de la voluntad discrecional de quienes los ponen en marcha. Sin embargo, ya a esta altura, ellos nos permiten corroborar algunas cuestiones cruciales. Fundamentalmente: contra lo que muchos doctrinarios se han empeñado en enseñarnos, hoy sabemos que el debate colectivo sobre asuntos públicos de primera importancia (incluyendo, de modo particular, el debate colectivo en torno al contenido y alcance de nuestros derechos constitucionales), es deseable, es valioso, y además es posible.

15 jun. 2020

11 jun. 2020

Vicentín

Si el gobierno da un paso atrás, habla con los afectados, acuerda con el juez, anuncia que va al congreso, va a poder concretar la parte virtuosa de su propuesta, sin mayor objeción: desde acá lo aplaudiremos. Me preocupa la otra parte, que es lo que explicaba su atolondramiento anterior.

9 jun. 2020

A las trompadas. Por una pedagogía democrática

Expropiar lo que haya que expropiar, pero de un modo que legitime y torne posible la expropiación (como vimos en esta época, en todo el mundo, aceptamos las máximas limitaciones de derechos, si esas limitaciones se justifican en público, se buscan acuerdos, se consulta a especialistas, se tienden puentes con quienes piensan diferente)

Sobre la expropiación de la cerealera V., no tengo ningún prejuicio ideológico: la expropiación puede ser perfectamente justificada y necesaria. Pero me asombran, primero, los procedimientos (intervenir una empresa bajo control judicial), que por estar en tensión con el derecho ponen en riego a la misma iniciativa que se quiere concretar (o es que se trata de eso?); y segundo, la forma "a las trompadas" por la que se opta. Digo "a las trompadas" porque, si está en juego la "soberanía alimentaria," como se alega (y tal vez sea así) sería entonces una extraordinaria oportunidad para -otra vez- explicarlo en público, persuadir a la ciudadanía, sentarse con la oposición, acordar, fijar posiciones comunes, actuar en conjunto. Es lo que requiere, siempre, la democracia, y en particular en situaciones como éstas: una pedagogía democrática. Y hoy hay ánimo para eso (como lo evidencia el modo en que la ciudadanía acepta las mayores restricciones a sus derechos, si se les explica bien). Hacer lo contrario, otra vez, no es sólo poner en riesgo la misma iniciativa que se defiende sino, mucho peor, generar enojos, sospechas, divisiones, innecesarias -cuando, repito, hoy se advierte un gran ánimo de acuerdo y disposición a la colaboración, en buena parte de la sociedad. Entonces, qué explica esos procedimientos y esas formas que atentan, en lugar de servir, a los fines que se proclaman? (o, insisto con la pregunta, sin ánimo de buscar conspiraciones, sino ante la evidencia: es que se busca de ese modo que la iniciativa no salga; o se pretende que se generen litigios judiciales que cobrarán otros -no la ciudadanía?). 

7 jun. 2020

Otro cuento: El juicio


La Sala entera murmuró, como si fuera un cuerpo, cuando escuchó la frase. “La Persona Acusada se negó a firmar, incumplió su sacra misión en el funcionariado de Estado”. Así dijo la fiscalía, elevando el tono. Había satisfacción allí adentro. Tatiana Popova, la Defensora del caso, no pudo resistir la réplica en voz alta: “No firmó porque no correspondía hacerlo!” -alcanzó a protestar. Pero ya era tarde, tarde para casi todo. No habría lugar, desde entonces, para sostener su defensa.

Apareció primero el testimonio de Vorobiov, reivindicando el valor de cumplir con el deber delegado (“pero si era un monto inventado!”, “no debía firmarlo!”- tronaba Popova desde su esquina, tomándose la cabeza). Vorobiov siguió con su provocativa proclama, primero sobre la obligatoriedad de consumar las tareas asignadas; luego sobre el carácter especial de la labor del funcionariado; y finalmente, sobre el papel soberano del Estado, en el servicio a su pueblo. Le siguió Yuri Petrov, retomando la misma línea de relato, pero enlazándolo ahora con el mundo familiar, de hecho con su propia historia de familia. Petrov habló de su padre, también un alto empleado estatal, y del orgullo con que lo veía retornar a la casa, cada noche, luego de haber completado su cometido del día. Petrov se quebró, en ese momento, recordando esas noches heladas, y la abnegación con la que el alto empleado cumplía su función. “Él nos veía a nosotros, alrededor de la mesa, durante la cena, y sus ojos brillaban, turbados. Mi padre pensaba entonces, sin vanagloriarse de ello, que tanto esfuerzo valía, que ese plato de comida humeante que nos llegaba era el resultado vivo y tangible de su labor.” Concluyó Petrov, y comenzó a llorar angustiosamente. Cuatro personas del público, que no parecían tener parentesco alguno con el del testimonio, le rodearon enseguida, para asistirlo: Petrov parecía deshecho en su llanto. Popova, en tanto, no daba crédito al espectáculo que contemplaba.

Luego fue el turno de Natalia Smirnova. Smirnova, sin que nadie lo esperase, decidió ahondar en esa veta emotiva y pasó a hablar del “amor”, el “amor al otro”. Ella debía dar testimonio sobre el accionar de la Persona Acusada, pero no. Smirnova optó por el discurso amoroso. “El amor” -repitió- era lo que ofrecían tantos funcionarios, “silenciosamente,” cuando se entregaban al Estado, “sin desafiarlo, sin rebelarse, sin actuar por impulsos, como caprichosos adolescentes.” “Cumplir, cumplir siempre, por amor a los suyos” -sentenció Smirnova, excitada también. “Basta de odios, basta de rencores, basta de enojos: amor por los otros de una vez!” -concluyó, como si estuviera haciendo un discurso en las barracas de Kiev. Ella lagrimeó entonces, como lo había hecho Petrov hacía instantes. Remendando a aquel, buscó compostura y se repuso de inmediato. “Más amor, menos odios!” sentenció contundente, antes de bajarse del estrado, mientras dirigía su mirada hacia la Persona Acusada, con furia, tal vez con el mismo odio que había denunciado indignada segundos atrás. Popova no podía creer a la montada: qué tenían que ver todos estos testimonios, presentados ahora, en este juicio, frente a la acusación que se imponía? Qué era todo este inesperado teatro?

Las cosas se caldearían aún más, sin embargo, con la intervención de Ivanov. Aquel decidió llevar las declaraciones hacia otro plano, más elevado y explícito, como describiría él mismo, más tarde. Ivanonv ensalzó, directamente, la gestión del Premier, como si aquí se la hubiera puesto en juicio. “El Premier” -largó Ivanov- “también fue, durante más de diez años, alto funcionario del Estado: Nunca faltó a su tarea, no se ausentó nunca, nunca agredió”. Y otra vez, el hilo de la emoción volvió a unir al auditorio todo. “El Premier no pensaba en él, sino en nosotros,” dijo, ya consternado. “No buscaba llamar la atención del resto, no pretendía enjuiciar a los otros, señalar a los demás, para él destacarse. No. Desde ese momento temprano, al Premier sólo le preocupaba la solidez de nuestra Nación” -bramó Ivanov. Bramó Ivanov, y La Sala estalló en un aplauso, cerrado, contundente, inesperado.

Popova no lo resistió, entonces, y volvió a tronar, de modo repentino. “Termine con ese cuento y díganos cuál es la acusación!” Alcanzó a decir Popova, generando la indignación colectiva en el auditorio. “Sinvergüenza!” “Guarde las formas!” “Espere su turno!” “Irrespetuosa!” -la impugnaron. “Está ofendiendo al Premier, no se da cuenta?” -la desautorizaron. Una pareja que aparecía en la segunda fila se abrazó, conmovida e incrédula, como si no pudiera dar cuenta de la indocilidad de la Parte Acusada. El Procurador General, que presenciaba el juicio, movía la cabeza negando, atónito ante lo que consideraba soberbia e irreverencia entre los que aparecían condenados: cómo es que no pedían disculpas, no mostraban arrepentimiento? Cómo es que se animaban a tanto? El Jefe de los Servicios de Inteligencia, de pie y bien rodeado, al final de la Sala, echó una mirada fría, eléctrica, mortal, sobre Popova: debía quedarle en claro a la harpía que pagaría por sus desacatos. Junto a él, un hombre abrazaba a su hijo, y le cubría las orejas para que no escuchara los despropósitos de la Defensa. Sin poder contenerse más, el hombre con hijo, levantando la voz y señalando a Popova, le espetó: “Por qué grita, desequilibrada, no ve que están hablando del Premier? Ud. lo que quiere es destruir al Estado, destruir toda solidaridad!” “Peor” -se envalentonó enseguida- “Lo que Ud. en el fondo quiere es destruir al mismísimo Premier!!” Una mujer, a su lado, lo siguió: “Quiere matar al Premier, lo único que quiere es matarlo!” -dijo, y cayó descompensada al suelo. Varios la rodearon de inmediato, tratando de atajarla primero, y de recuperarla después. “Asesina, asesina!” -empezó a escucharse en La Sala, como si fuera un domesticado, unánime coro. El niño junto al padre, que finalmente todo lo había escuchado, se desgañitaba desesperado: “No quiero que muera el Premier!” “Ella” -señalaba a Popova- “ella sólo quiere matarlo”.

La Justicia, advirtiendo un descontrol semejante, dio por concluida la sesión, y ordenó de inmediato pasar a un cuarto intermedio. La irrupción de la Defensora había ido tan lejos, según los participantes, que La Justicia entendió que ya no estaban dadas las condiciones para seguir con el juicio. En La Sala, la Totalidad no podía entender que la Parte Acusada mostrara tanto odio acumulado: era demasiado rencor, tanta tirria, insoportable una furia así. Los funcionarios del Estado buscaron la salida atravesando la puerta estrecha, uno detrás de uno, compungidos, despacio, desconsolados, afuera abrazándose entre ellos. Cuánta insolencia, cuánta rabia encerraban los del otro bando! Querían destruir al Estado! No toleraban las protecciones sociales que aseguraba el gobierno. Mucho más grave que eso: deseaban la muerte misma del Premier! Palmeándose los unos a los otros, entristecidos pero firmes, todavía de pie a pesar de las ofensas, fueron abandonando El Tribunal. Afuera nevaba, el clima era helado, y todos buscaron pronto refugio en sus distinguidos autos. Les dolía, en lo profundo del alma, tal irrespeto, tanta animadversión, esa absoluta ausencia de solidaridad que habían conocido recién, en el estrado.



6 jun. 2020

Las "dos cartas" sobre la pandemia, y la peor versión del que piensa distinto

Publicado hoy en Revista Ñ (por ahora, por acá: https://www.pressreader.com/argentina/revista-n/20200606/281608127662314 )

Quisiera reflexionar sobre las dos posturas que han ido consolidándose en estos días, desde círculos de intelectuales, académicos, y científicos, en torno a las políticas que viene llevando adelante el gobierno frente a la actual emergencia sanitaria. Aunque voy a concentrarme en ciertos desacuerdos que guardo en torno a las dos visiones, quisiera comenzar señalando mi parcial coincidencia con ambas, sobre todo (pero no sólo) a partir de las dos “cartas” (en tensión entre sí) que se han publicado sobre el tema. Ocurre que desde ambos lados se hacen afirmaciones con las que hoy es difícil estar en desacuerdo. Por un lado, parece claro que el gobierno ha venido haciendo esfuerzos genuinos para controlar la pandemia; ha reaccionado muy tempranamente frente a la misma; ha buscado consenso político; ha tomado en serio a la ciencia; y ha hecho un enorme esfuerzo por atender la suerte de los más vulnerables, en un contexto de dificultad económica extraordinaria. Por otro lado, también resulta innegable que, institucionalmente, el gobierno ha quedado básicamente reducido al accionar del Ejecutivo; que en estas largas semanas, desde el poder, se cometieron faltas y errores importantísimos (desde compras con sobre-precios, a intentos ilegales de controlar a la población, como en el caso del “cyber-patrullaje”); o que su política se muestra “estancada” en la inercia de una estrategia de cuarentena que dilata y no resuelve el problema sanitario de fondo, mientras no ensaya caminos alternativos (Uruguay?), y genera, a través de sus acciones y omisiones, problemas sicológicos, sociales y económicos.

Dado lo anterior (hay “buenas razones en ambos lados”), resulta absurdo e injusto que se diga que “los del otro bando” están “del lado de la muerte;” o que forman parte de “la derecha más rancia”; o que “son los que se entregaron al gobierno”; o que “dicen lo que dicen porque están cobrando bien.” Según creo (y me lo repito a mí mismo), tenemos que presentar los argumentos del otro en la versión que más nos desafía -la que los deje en una posición más difícil, y no la que nos refuerce en el lugar en que estamos. Necesitamos poner “en su mejor luz” los argumentos que nos da el otro, sobre todo en la medida en que -como es el caso- el otro nos ofrece argumentos.

Tal vez en ese punto, referido al “tomar la mejor versión del otro” es donde encuentro anclados mis desacuerdos con ambas posturas. Por un lado, debiera resultar claro que es un grave error referirse a “los otros” dando lugar a entender que ellos defienden un sucedáneo de la dictadura (la “infectaura,” término infeliz si los hay); como lo es asociar a los “contrarios” con la “Doctrina de la Seguridad Nacional” (sino con “el comunismo” u otras aseveraciones igual de viejas e improductivas). De modo similar, encuentro un problema en la ansiedad de tantos “científicos” por salir a “blindar al gobierno” frente a las primeras críticas que con razón recibe. Lo cierto es que siempre, el gobierno, todo gobierno, merece ser sometido a crítica: la crítica que nos molesta, no la que nos gusta o la que auspiciamos. La preferencia que muestran tantos intelectuales por “proteger” al poder resulta entonces asombrosa, sobre todo tomando en cuenta el supuesto que parece mover a muchos de los defensores del gobierno: las críticas crecientes servirían para “fortalecer a la derecha” y no, en cambio, para “mejorar al gobierno,” ayudarlo a pensar, y contribuir a que decida mejor la próxima vez. Pensar en los firmantes de la “primera carta” como “la derecha más rancia, la que odia a los pobres” resulta no sólo engañoso, sino también demasiado tranquilizador y autocomplaciente. (Tengo una mala noticia para los firmantes de ambos documentos: más allá de que cada uno debe hacerse responsable de las propias faltas, lo cierto es que somos todos demasiado parecidos).

Expresados algunos vínculos y diferencias con ambas posiciones, quisiera cerrar este escrito dando cuenta de una línea de reflexión desatendida desde los dos lados, y también desde ambas “cartas” publicadas. Me refiero a la perspectiva jurídica relacionada con el tratamiento de la pandemia.

Diría brevemente, y en primer lugar, que la Constitución sólo admite dos vías para limitar derechos: una ley, o un decreto, pero -en este último caso- sólo luego de declarado el estado de sitio. Dado que esto último es algo que no se quiso hacer (por traumas, por miedo al control público, y también por buenas razones), entonces sólo quedaba la posibilidad de limitar derechos por ley. Sin embargo, durante estos meses, se restringieron los derechos más importantes y del modo más grave posible (empezando por la libertad de movimiento), por decreto, es decir de un modo contrario a derecho. Decir esto es compatible con defender el confinamiento, y aún la prolongación del confinamiento. Pero hay razones importantes para recordar por qué es que, desde hace dos siglos, la Constitución no permite que se limiten derechos sino a través de la ley: necesitamos que esas medidas, las más extremas, se apoyen en el mayor consenso, y gocen de una amplia legitimidad democrática. Dicha legitimidad democrática no queda satisfecha proclamando, simplemente, “muchísima gente apoya” (al gobierno, al confinamiento): proclamas de tal tipo son propias de gobiernos autoritarios que temen, y por tanto resisten, el control democrático. Alguien podrá decir: “durante la pandemia, el Congreso no se podía reunir sin poner en riesgo la vida de sus miembros”. Falso: buena parte de las democracias que conocemos (desde España a Uruguay), extremaron recaudos y permitieron que, aún en el peor momento de la pandemia, sus legisladores siguieran reuniéndose y tomando las decisiones relevantes.

En segundo lugar, llegamos hoy a una concentración de poderes mucho mayor de la que ya teníamos. Al drama del híper-presidencialismo argentino lo llevamos ahora al extremo (y éste es sólo un ejemplo) de autorizar al Jefe de Gabinete -alguien no elegido por el pueblo- a tomar control total sobre el presupuesto (lo requería la pandemia?). Esta situación está en tensión con los requerimientos de la Constitución, pero también con las exigencias de la democracia: la democracia se expande cuando decidimos entre todos, y se contrae cuando decide uno, o unos pocos, en nombre de todos.

Para apoyar lo anterior, menciono brevemente tres puntos. El primero: necesitamos atarnos a procedimientos pre-establecidos -en lugar de decidir rápido y entre pocos- para minimizar los errores que, previsiblemente, tienden a aparecer en las situaciones de crisis. Ejemplo: el “viernes negro” para el pago de jubilados. El segundo punto es sobre el conocimiento. Necesitamos volver sobre procedimientos democráticos horizontales e inclusivos, particularmente en situaciones de crisis, por una cuestión “epistémica”: si no consultamos con los propios afectados (“pero consultamos a los expertos”), tendemos a ignorar o malinterpretar las necesidades de aquellos en cuyo nombre queremos decidir. Ejemplos: el más reciente es el de Villa Azul; el más importante, el sacrosanto consejo de “lavarse las manos y confinarse” ofrecido a poblaciones que viven hacinadas y sin agua. El tercer punto nos refiere a la historia latinoamericana. Los latinoamericanos tenemos una trágica historia, que nos ha enseñado lo que significa que se restrinjan derechos; se concentre el poder político-económico; y se nos rodee de controles policiales. Se nos dirá otra vez: “Pero ahora es diferente: gobiernan pensando en todos nosotros.” Agradecemos los esfuerzos, y no dudamos de la buena fe del gobierno. Pero la historia regional nos enseñó que siempre, pero sobre todo en épocas de crisis, necesitamos de la discusión democrática, de procedimientos constitucionales, de la crítica política y de la protesta social.





1 jun. 2020

Impuesto a las grandes fortunas


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UeHS8H2vqjjSHko3Dt796mke5WFo3QFWLx0LMu73Plo/edit?usp=sharing

Integrantes del sistema científico, universitario e intelectuales en apoyo a un impuesto a las grandes fortunas
A la Presidenta y al Presidente de las Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso Nacional,

Las siguientes personas, integrantes del mundo de la ciencia, la universidad y la academia en general, expresamos nuestro apoyo al debate en el Congreso Nacional y en la sociedad sobre un impuesto a las grandes fortunas. En el marco de la pandemia de COVID-19 se vuelve necesario discutir cómo se van a distribuir los costos de la salida de esta crisis sanitaria, económica y social, para que estos no recaigan sobre los hombros de los sectores históricamente más vulnerados.

La concentración de la riqueza es un problema estructural en Argentina. Las últimas estadísticas del INDEC muestran que el 10% más rico de la población obtiene ingresos 2.215% más elevados que el 10% más pobre. A su vez, el quintil más rico de la población obtuvo la mitad de los ingresos del país. En términos de riqueza, según la revista Forbes, las 50 personas más ricas de la Argentina poseen fortunas valuadas en unos US$ 57.340 millones. Según la UCA, a diciembre del 2019 el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza es del 40,8 y el de personas indigentes del 8,9.

Para 2020, la CEPAL proyecta una caída del PBI del 5,3% en América Latina y el Caribe, y del 6,5% para la Argentina. Paralelamente, el Estado argentino llevó adelante una serie de medidas económicas que buscan sostener los ingresos de loss y las trabajadoras y evitar el cierre de las empresas, una inversión que equivale a casi el 3% del PBI. Esto se suma a los refuerzos presupuestarios en el área de salud, tanto de infraestructura como de personal para aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Esta caída proyectada del PBI y la necesaria expansión de la inversión pública hacen imprescindible que el Estado deba buscar nuevas fuentes de financiamiento para recomponer la economía y el tejido social.

La Universidad Pública y las instituciones de Ciencia y Tecnología, pilares fundamentales de la producción de conocimiento, han vuelto a demostrar, en este contexto de pandemia, el enorme aporte que pueden hacer a la hora de encontrar soluciones a las necesidades de todas las personas que habitan el suelo argentino. Docentes, investigadores, especialistas y demás trabajadores y trabajadoras del sector están cumpliendo roles indispensables en el manejo de esta emergencia, y deberán cumplirlos aún más en el futuro para la reconstrucción de una Argentina que no volverá a ser igual. Estas actividades se  sostienen mediante la inversión pública y hoy necesitan más que nunca de un financiamiento y un apoyo prolongado en el tiempo como política de Estado.

El impacto socio-económico de esta pandemia nos lleva a pensar en la importancia de recuperar un valor imprescindible como sociedad, la solidaridad. Para salir de esta situación, el mundo y nuestro país deberán discutir y abordar sus problemáticas más urgentes sobre la base de un modelo que no excluya y que se preocupe de todas las personas que hoy están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Por ello, creemos que ha llegado la hora de que la sociedad argentina, y quienes nos representan en el congreso, asumamos la responsabilidad de discutir este tema de manera honesta y transparente. Necesitamos sentar las bases de una Argentina sostenible y socio-ambientalmente justa para afrontar los desafíos del futuro.

31 may. 2020

HABEMUS CANAL DE YOUTUBE

EL SEMINARIO INAUGURA CANAL DE YOUTUBE!
(gracias Vladimir por enorme ayuda!)
https://www.youtube.com/channel/UCytpairtEH8asvyYRt6LQBg?view_as=subscriber

Cuarentena administrada por palermitanos

Para tramitar el permiso de circulación para llevar alimento a mis padres, tengo la obligación de declarar mi número de celular, cuando no uso

29 may. 2020

No puedo respirar/ Protesta y violencia

Qué pedazo de salvajismo.


Y la respuesta de Trump sobre cómo responder a la protesta: empieza el levantamiento, empieza el tiroteo



28 may. 2020

El derecho a la protesta durante la emergencia

Publicado hoy  https://www.clarin.com/opinion/necesitamos-resguardar-derechos-fundamentales_0_gnG3oRkL5.html



Siempre, pero sobre todo en época de emergencia, necesitamos resguardar nuestros derechos básicos. Finalmente, de eso se tratan los derechos: intereses que reconocemos como fundamentales y que decidimos resguardar especialmente frente a situaciones de crisis. Por ello mismo es que, a la luz de nuestra peculiar historia, los incorporamos en la Constitución. Constitucionalizamos esos derechos porque pudimos reconocer, mirando hacia atrás, nuestra repetida tendencia a violentar esos intereses cruciales (i.e., la libre expresión; el debido proceso; la libertad de conciencia; etc.) cuando más los necesitábamos.

Con el paso del tiempo, aprendimos también que algunos de esos derechos requieren de una protección todavía más especial. Pienso, en particular, en derechos como los relacionados con la expresión, la crítica y la protesta. Ello así, porque los mismos nos permiten “mantener a salvo todos los demás derechos”. De allí que pueda verse al derecho a criticar a quienes están en el poder como el “derecho de los derechos”. Y es que, si el ramillete de derechos vinculados con la crítica política cae, todo el resto de nuestra estructura de derechos entra en crisis.

Por lo dicho es que resulta tan preocupante, en épocas de emergencia como la actual, que se evalúe al derecho a la protesta política como “un derecho más” o, lo que es mucho peor, como un derecho de rango inferior, fácilmente desplazable en nombre de la crisis sanitaria. Ésa es, sin embargo, la actitud que han ido tomando representantes de la política, el periodismo y, lo que es peor, de la comunidad jurídica.

Con el objeto de autorizar, hoy, el cercenamiento del derecho de la protesta, juristas de nuestro país han tomado muchos caminos, ninguno de ellos aceptable. Ante todo, la mera invocación de la emergencia (o “el bienestar general”, como hiciera recientemente la Ministra de Seguridad) no sirve para limitar derechos: los derechos constitucionales sólo pueden limitarse por ley (y no por decretos del Ejecutivo), mucho menos cuando se pretende imponer un cercenamiento grave y extenso de esos derechos (lo dicho nos alerta sobre otro error propio de quienes han avalado la restricción de derechos citando en su apoyo planteos como los realizados por la Comisión Interamericana, para quien es posible restringir derechos en la emergencia. Tales juristas omiten la insistencia de la Comisión -que nuestra Constitución hace explícita- acerca de que cualquier restricción de derechos debe respetar, en primer lugar, el principio de legalidad -no pueden hacerse por cualquier medio). En segundo lugar, la idea de que el derecho a la protesta puede limitarse en nombre de otro derecho fundamental (“la salud pública”) tampoco es suficiente. Como hemos dicho ya, ciertos derechos, como el derecho a la crítica política, merecen una ultra-protección: la expresión, la protesta y la crítica política deben ser los “últimos” derechos en retirarse, en caso de conflicto con otros derechos. En tercer lugar, la idea según la cual “la protesta podría ejercerse de otras maneras” (menos riesgosas para la salud pública, por ejemplo), debe ser balanceada con su contracara. Sin dudas, el derecho a la salud también puede protegerse de diversas maneras, y no es en absoluto claro que hoy se lo esté protegiendo del modo menos dañoso para otros derechos. Por otro lado (y éste ha sido un punto clásico en la discusión del derecho de la protesta) la protesta no puede limitarse sólo a las formas que convengan o resulten aceptables para quien es objeto de la protesta: necesitamos que la protesta sea realizada de una forma tal que todos los demás ciudadanos podamos enterarnos de ella. En tal sentido, la clásica idea de “no perjudicar a otros” suena a mera excusa. Si se refieren a los “modos” de las protestas, lo cierto es que, en todos los países, en estos tiempos, ellas se han realizado sin poner de ningún modo en riesgo la vida de otros. Y si se refieren al “contenido” de las protestas (para decir, por ejemplo, que no son aceptables las protestas que exigen una “liberalización” de la cuarentena), debe recordarse que, para el derecho, hace décadas que resulta claro que las expresiones no pueden limitarse en razón de su contenido. El hecho es que nos encontramos en un momento grave, marcado como pocas veces por la incertidumbre: resulta obvio que ni los grandes especialistas (pensemos en la Org. Mundial de la Salud) tienen mayor claridad sobre cómo actuar en la emergencia. Frente a las graves decisiones que se toman, y ante los desacuerdos graves que nos separan (por ejemplo, muchos consideramos inconstitucional e inhumano convertir a las villas en guetos), la protesta debe ser otra vez, sobre-protegida, antes que minimizada o socavada a través de formalismos y argucias leguleyas. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar las voces de quienes cuestionan las decisiones que toman los gobiernos, especialmente -pero no únicamente- si se trata de las voces, siempre ausentes, siempre desplazadas, de los grupos más vulnerables de la sociedad.












26 may. 2020

23 may. 2020

Debate sobre el fallo CFK

Con D.Rondina, G. Peñafort, A.Gil Domínguez


17 may. 2020

Trabajo. Democratizar. Desmercantilizar. Descontaminar




Este documento fue elaborado por Isabelle Ferreras (University of Louvain-Harvard), Dominique Méda (University of Paris-Dauphine), Julie Battilana (Harvard University), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (University of Groningen), Pavlina Tcherneva (Bard College), Hélène Landemore (Yale University) y Sara Lafuente Hernandez (University of Brussels). Más de 3.100 académicos de todo el mundo han adherido con sus firmas. De Argentina firmaron Pablo Fernández y Alberto Willi (IAE Business School, Universidad Austral), Roberto Gargarella, Julián Ortega y Cynthia Srnec (Universidad de Buenos Aires). Para consultar el listado completo de nombres visite: https://democratizingwork.org/

“Los nacionalistas de derecha y sus aliados corporativos han sido los primeros en construir una infraestructura internacional para avanzar en una agenda de exclusión y explotación. Las fuerzas progresistas se alzan contra ellos, sostiene la Internacional Progresista.
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Dos argentinas se sumaron al lanzamiento global de la Internacional Progresista
¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este periodo de confinamiento son la viva muestra de ello.

Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas.

¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no solo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar. Mientras quienes podemos, permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: y es que, sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son SU parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse ésta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse a través de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “Cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas “Cámaras” han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo, mientras destruye el planeta. Estas “Cámaras” de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.

En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al Director (o, mejor aún, a la directora) General, decidir sobre la estrategia empresarial, o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud, y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar. Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Una forma de alcanzar ese objetivo es a través de una Garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la Garantía de empleo permitiría no solo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una Garantía de empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas.

La Unión Europea debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que éste pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.

Descontaminar. No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia.

El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas.

Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta.

Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Environmental, Science & Technology, 2011 (45), pág. 1711–1718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse un 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que ésta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

Este artículo que se publicó en Ámbito, se publica junto a otros cientos de medios de todo el mundo, entre los cuales se destacan Le Monde, Die Zeit, Boston Globe, Le Soir, De Morgen y The Guardian.

Entrevista en La Gaceta de Tucumán: Emergencia y estado de sitio

15 may. 2020

Un Cuento. Sobre la crisis de la justicia en Argentina o, en verdad...sobre el Huracán Katrina o cualquier otra cosa que se le parezca




Estamos en el 2055, a 50 años justos de los desastres causados por el huracán, lejos allá atrás, ya olvidados en el pasado. 53 quiebres fueron la otra vez, 53 rupturas en los diques de contención. Y la altura: con un nivel de agua de hasta 6 metros, los diques se mostraron bajos, muy bajos, incapaces de hacer frente al desborde. El Mississippi se desmadró, pero sobre todo el lago, el lago, se salió de su sitio, y todo quedó sepultado bajo el agua. Pero hoy? No se dan cuenta? Con lo que ha llovido? No advierten que hace casi dos meses que la lluvia no para, y volvemos a estar al acecho? Cómo repararon aquellos diques? Cuánto más los elevaron? Cómo reforzaron las compuertas? Nada, nada serio han hecho. Pero es que no lo advierten? El lago Pontchartrain ha vuelto a desbordarse! Lo denuncié esta semana, en el diario para el que escribo. Lo puse claro: la inundación llega otra vez; la mayoría de los diques vuelven a fallarnos; se advierten rajaduras en la mayoría de ellos; en algunos el nivel de agua ya los trasvasó. Me llamaron prestos del Canal de Telecomunicaciones local. Me preguntaron: “Y cómo es esto de los desbordes, Sr. Atkinson?” Respiré profundo y lo comenté. A los dos minutos, sin embargo, me cortaron, me agradecieron, y se concentraron en un reporte sobre nuestro equipo de fútbol americano. “Gracias,” me dijeron. “Es muy importante lo que Ud. está haciendo, Dr.”; “qué suerte que contamos con profesionales como Ud.” Y siguió igual! Todo igual! Primero deportes, luego la receta del pavo! Ayer volví a reunirme con el grupo: un grupo de gente, profesionales, expertos, vecinos, algunos que habitan junto al Twin Span. Hemos hecho alguna actividad de conjunto, pero me da miedo: es como si formáramos parte ya de una secta. Una secta que anuncia la llegada inminente del Apocalipsis. Ya causamos menos atención que simpatía o risa. Más curiosidad que interés. “Ah, aquí ellos nuevamente.” Pero, es que no lo advierten? Pero cómo es que no se dan cuenta? El Lower 9th Ward, por supuesto, ya ni siquiera existe. Y todas las parroquias que se inundaron entonces, vuelven a inundarse otra vez. Se entiende? Todas ellas! Hoy pasé junto a la de St. Tammany y la de St. Bernard. Las dos inundadas! Y la gente caminando, conversando, como si nada: el agua! El agua les llegaba hasta las rodillas! Uno de los que pasaba por allí iba avanzando, más que tranquilo, mientras leía el diario y el agua alcanzaba hasta su cintura! Otros dos adolescentes conversando, riendo, como si nada, mientras esforzadamente luchaban contra el agua, que les llegaba hasta el pecho: reían! Lo tomaban como un cotidiano desafío! Es natural! Sacamos fotos, lo registramos: “Miren, aquí está, aquí están las pruebas!” “El agua, los desbordes, las rupturas, las capillas, la ciudad que se vuelve a inundar!” Y era como si denunciáramos las masacres chinas de Nanking o de Tiananmen. “Sí, claro, esto es terrible!” “Es realmente imperdonable.” “Sus denuncias, Dr., son verdaderamente importantes, gracias!” “Qué grave lo que ocurre en este mundo! “Cómo nos puede estar sucediendo algo así, con todo lo que ya ha pasado!” Y vuelta a la normalidad, y todo lo mismo otra vez.



La Oficina Anticorrupción: Cuando F.Crous participaba en cámaras ocultas

14 may. 2020

Estado de excepción y pandemia, con Isabel Cristina Jaramillo

Gracias Marcelo Alegre, Leticia V. y participantes. Un gusto estar con Isabel Cristina!



11 may. 2020

Por una justicia dialógica en tiempos de emergencia


https://www.clarin.com/opinion/frente-pandemia-respuestas-viejas-emergencias-nuevas_0_3gtQ1KYcs.html

Dos episodios judiciales recientes, de absoluta actualidad, ayudan a revelar las graves falencias con que seguimos aproximándonos a nuestra estructura de poderes, y en particular a las relaciones entre las ramas políticas de gobierno y la rama judicial. Los episodios son conocidos: el primero tiene que ver con el modo en que la Corte respondió a la “acción declarativa de certeza” presentada por la actual Presidenta del Senado, frente al máximo tribunal argentino (tratando de ganar certidumbre sobre la validez de las sesiones legislativas “remotas” en el actual contexto de pandemia). El segundo ejemplo tiene que ver con el desprolijo, apresurado, y en buena medida irresponsable tratamiento que políticos y jueces le dieron a la “crisis carcelaria,” en tiempos de coronavirus.

Estas dos ilustraciones dan cuenta de grandes oportunidades perdidas: perdimos la posibilidad de utilizar la emergencia para reafirmar la presencia de un sistema de “frenos y contrapesos” cooperativo, basado en la “conversación” entre las ramas de gobierno, y orientado a la mutua ayuda entre todos los poderes. Insistimos, en cambio, con el viejo modelo de la “división de poderes” entendida como “compartimientos separados y estancos” (lo que se llamó hace doscientos años “separación estricta de poderes”); y en donde cualquier injerencia de un poder con el poder vecino es descripta como “violación de la separación de poderes”.

Lo cierto es que, en términos históricos, la “separación estricta” entre poderes quedó definitivamente enterrada cuando, desde la primera Constitución Argentina, se prefirió establecer un modelo de “mutua interferencia” o “parcial superposición” entre los distintos poderes (i.e., el Poder Ejecutivo mantiene facultades de “veto”; el Legislativo guarda poderes de “insistencia”; el Poder Judicial puede invalidar lo que los otros hacen; etc.). En términos estrictamente “textuales,” nuestra Constitución aparece comprometida con una concepción “republicana” del gobierno, desde su mismísimo artículo 1; más allá de haberse democratizado cada vez más, y de manera explícita, luego de cada reforma.

Y es allí, en términos democráticos, donde la conclusión aparece más obvia. Si en el “momento elitista” del constitucionalismo podía tener sentido, para los miembros de la clase dirigente, pensar en un proceso de decisiones excluyente, reservado para pocos; hoy ello resulta completamente impensable: injustificable. El pluralismo, la diversidad, la multiculturalidad de nuestras sociedades, hacen que frente a cada decisión pública, incurramos en el serio riesgo de equivocarnos; de no entender a los otros; de afirmar un curso de acción en ignorancia de las demandas y necesidades de una mayoría. Quedamos urgidos, por tanto, de la ayuda mutua, de la cooperación social e institucional en pos de mejores decisiones. Ello debe ser siempre así, agregaría, pero en particular en tiempos de crisis, en donde los costos de decidir mal -costos, por ejemplo, en términos de vidas humanas, libertades públicas, derechos constitucionales- son mucho mayores.

Volvamos ahora, así pertrechados, a los dos episodios invocados al comienzo. En el primer caso: preguntada (de buena fe o no, no importa ahora) sobre la constitucionalidad de las reuniones virtuales, la Corte prefirió “sacar el cuerpo” a la cuestión, y responder apresurada que no había “caso”, que no le correspondía intervenir. Para ello, en lugar de explorar un “principio de colaboración entre los poderes del estado” (principio que, acertadamente, el Juez Rosatti receptó en su voto), y proclamar “por supuesto, aquí estoy, en qué puedo ayudar para clarificar las obligaciones que mutuamente tenemos,” la Corte optó por invocar la “división de poderes” y la absurda y desgastada doctrina de las “cuestiones políticas”. Citando la peor versión de tales doctrinas, ella terminó diciendo algo así como “lo siento, sobre los asuntos internos de cada uno de los poderes, no puedo meterme” (cuando, en verdad, y como el árbitro en un partido de fútbol, el material principal del trabajo de los jueces debieran ser las reglas de juego, y no los resultados del partido).

Algo tanto o más inatractivo es lo que sucedió en torno a la concesión de prisiones domiciliarias, en el contexto de la pandemia. Desde un principio quedó en claro que políticos y jueces estaban jugando su propio juego, y que lo hacían a partir de razones privadas, antes que públicas (excarcelar a “presos amigos”; cobrar favores; reforzar líneas de poder; etc.). Por ello, apenas la opinión pública hizo su llamado de alerta sobre lo que ocurría (justificado en parte, y en parte no), esos mismos poderes del estado, desinteresados de la emergencia, la salud pública, o los derechos humanos de los presos, sólo se apresuraron a clamar la inocencia propia, echando la “culpa” en el otro: “le corresponde a los jueces!”; “es que fueron los políticos!”. Otra enorme oportunidad perdida para tender puentes entre ellos; para establecer mesas de diálogo; para buscar juntos una forma de dar remedio público a una tragedia que nos incumbe a todos, y hacerlo a la luz de la Constitución. Debieran saberlo, el diálogo constitucional es posible, legal, legítimo, necesario, y sobre todo plenamente democrático.