26 ene. 2018

Brevisimas sobre Lula y su procesamiento

& La idea que veo reiterada estos dias, en algunos ambitos (ayer y hoy en P12, por ejemplo) sobre la justicia brasilera como "corrupta y venal" es por completo falsa, y se basa en prejuicios y falta de informacion. La justicia brasilera es en general independiente, conservadora aunque con muchos focos progresistas en las instancias inferiores, y los jueces que condenaron a Lula (primero Moro, ahora el Tribunal Federal de Porto Alegre) no son ni venales, ni corruptos, ni de derecha. Querer asimilar todo a los peores casos de la Argentina (donde la situacion de la justicia, su forma de nombramiento, etc.) es muy diferente, es un error grave, motivado por la desesperacion politica (este comentario no incluye a los tribunales superiores de Brasil u otros paises de la region, en donde los nombramientos se dan por otra via, mas politica y mas riesgosa para su independencia política).

& Que en la derecha y sus extremos no podemos confiar, o que esos extremos no están interesados en la democracia, son datos que pueden constituir nuestros puntos de partida. Por eso, como diría Boaventura, lo que tenemos que hacer es pensar en la izquierda y sus deberes pendientes.

& Aqui otra vez, como dice Boaventura en su carta a los brasileros, la "politica del cheque en blanco" a los gobiernos de los ultimos 10 anios en la region, es parte del problema.

& La idea de que la justicia propone "romper el legado" de los gobiernos progresistas, hace agua por todos lados. No solo porque los referidos no eran gobiernos progresistas (pero este es un asunto que dejo de lado), sino porque fueron jueces casi en todos los casos nombrados por esos mismos "gobiernos progresistas". No hacerse cargo de eso es otra gran parte del problema.

& El tema de las pruebas judiciales: el punto de partida es el que sabemos y hacemos como que no sabemos. Probar cualquier delito es muy difícil sino imposible si no tenemos una filmación del hecho avalada previamente, o sea algo que no sucederá nunca. Por eso muchas veces los jueces terminan sopesando lo poquito que tienen frente a sí conforme a su "íntima convicción". Por suerte, para mi en estos casos la cuestión es de responsabilidad política y no judicial, por lo que no me preocuparía si Lula es responsabilizado políticamente. El caso es análogo al del proceso que condujo Julio Maier y que término con la destitución de A. Ibarra como jefe de gobierno, y análogo al que debió destituir a CFK luego de Once: si armas un sistema de ultrapresidencialismo y te aprovechas de el, luego SOS el  primer responsable si existe, como existió, el memsalao, y salta el lava jato. Pediría lo mismo que pidió Maier para Ibarra.

& Los llamados "gobiernos progresistas" o no modificaron la justicia, porque no se interesaron mayormente en las cuestiones institucionales y su reforzamiento, o eligieron el camino errado porque procuraron sobre todo su  sometimiento, o porque promovieron reformas conservadoras o reaccionarias (pensemos en la reforma del Consejo de la Magistratura o la de la Democratizacion de la Justicia, en la Argentina, o pensemos en los nombramientos de militantes a las ordenes en los puestos mas altos de la justicia, como en Ecuador o Venezuela, donde la presidenta de la Corte decia que la justicia debia estar sometida a las ordenes del presidente). Como puede ser que gobiernos pretendidamente de izquierda no encaren reformas radicales y democráticas sobre el sistema judicial? Cómo puede ser!? Luego, que sorpresa cabe, el horrendo sistema judicial que avalaron y prohijaron no actúa (depende el caso) del modo independiente, democrático o progresista que hubiéramos querido. Cual es la sorpresa si se nombra a jueces corruptos o mercenarios, no se democratiza el PJ o no se hacen reformas radicales?

& Explicaciones como las que refiero al comienzo tienen dificultades para dar cuenta de lo ocurrido en Chile o en Uruguay, donde tambien gobernaron, supuestamente, progresistas, que en casos como el de Bachelet llevaron a cabo reformas profundisimas, o en el caso de Mujica desafiaron hasta el hartazgo al sistema capitalista: por que ellos no fueron acorralados por la justicia? Porque fueron gobiernos reaccionarios o porque no traficaron corrupción como los K o Lula? Hay que hacerse cargo.  Tales explicaciones también tienen problemas para dar cuenta del juicio politico en Peru, o para hacernos entender las dificultades que la justicia le puso a Santos. En resumen: su capacidad explicativa es casi nula

& Si esos gobiernos progresistas -Brasil, Argentina, Venezuela- no hubieran tenido los problemas de hiper corrupcion que tuvieron, seguramente estarian hoy en una situacion mas "normal" institucionalmente. Debe llegar el momento de tomar responsabilidad por la hiper corrupcion en que se incurrió, por completo innecesaria para llevar adelante reformas de relevancia, como Bolivia, Uruguay o Chile lo demuestran. Se puede legislar la educación gratuita (resistida por las elites) como en Chile, optar por políticas más liberales en materia de estupefacientes, como en Uruguay, o impulsar la integración y el empoderamiento de las mayorías indígenas marginadas, como en Bolivia, sin necesidad de rapiñar desde el Estado y repartir millonadas entre los aliados, como hicieron Lula o los K.

& El otro punto repetido, sobre todo en los medios, es...el de los medios. Se explica: los periodistas desesperan por adjudicarse un poder de influencia y un protagonismo que no tienen, además de que acostumbran a pensar el mundo con el centro en ellos. Y la verdad es que no. Cada vez menos gente lee esos medios, los que lo leen sólo en una porción menor se interesan por la política (deportes, espectáculos y policiales ranquean habitualmente arriba), y los interesados en política (el famoso círculo rojo) por un lado se informan, como todos y más, por fuentes diversas, y por otro tienden a nutriese de aquellas fuentes que reafirman su pensamiento. Por una vez, quienes piensan desde los medios, en lugar de asumir como siempre una postura elitista y despreciativa hacia las masas, debería pensar sobre las condiciones de recepción de cualquier mensaje: por que el que recibe una cierta noticia la va a receptar, cuando y bajo que condiciones. Un poco de humildad alguna vez: si vivimos en democracia es porque las personas pueden distinguir y discriminar, y no van a suicidarse en masa porque algún loco se los pida. Resumidamente: el desprestigio de muchos de los ex presidentes no se debe a que lo pidió Clarín o lo dijo O Globo, sino a que una mayoría de personas dijo "si es así no estoy más de acuerdo" (nada de lo anterior niega que cualquier empresa, incluso las de medios, tengan intereses y presionen lícita e ilícitamente por ellos, mas alla de que tengan una gran limitación: necesitan ser consumidos-comprados por muchísima gente, para garantizar su poder).


24 ene. 2018

La politica de derechos segun AG



En el link de arriba, Alejandro Grimson vuelve a escribir sobre la necesidad de una politica de unidad frente al macrismo. Me alegra el escrito, y coincido con la iniciativa, aunque no con buena parte del contenido. El tema da para largo pero aqui, lejos del pais, desde una biblioteca publica perdida en medio de la nada, apenas me da el tiempo para unos primeros comentarios.

Creo que AG infravalora o subestima la magnitud de los desacuerdos presentes entre quienes criticamos al macrismo, o marchamos contra el; asi como sobre-valora o sobre-estima el peso de los acuerdos que podrían aunarnos. Me concentro sobre todo en este ultimo punto, aunque digo algo breve sobre lo primero.

AG subestima los desacuerdos porque -para decirlo de forma brevísima- no es correcto unirse a la derecha institucional para combatir a la derecha económica. Para clarificar lo dicho, llamo derecha institucional a la representada por las oligarquías provinciales, tanto como a las fuerzas (normalmente aliadas) que trabajan para la concentración del poder político-institucional. La derecha económica es, mientras tanto, la que en los hechos favorece la concentración del poder económico. Habitualmente, los vasos comunicantes entre tales grupos son intensos y profundos pero, en todo caso, insistiría con el punto: es un error, para la izquierda, aliarse con la derecha institucional, para desplazar a la derecha económica. Se trata de una opción que debe rechazarse, como siempre, por principios y por tácticas, muchísimo más cuando la derecha aliada tiene poder. Las chances de estar trabajando para la llegada de la "otra derecha" (siempre vinculada a la que esta en el poder) resultan entonces altísimas. [Como nota al pie, agregaría que, en su "periodo largo," esto es, cuando el kirchnerismo supero su primer minuto (muy interesante) de transversalidad y liberalismo (liberalismo en su institucionalismo, reforma de la Corte, primeras politicas de salud reproductiva), mas precisamente, en la "etapa solida" del kirchnerismo, el mismo represento, sobre todo una alianza estructural con el poder constituido, las oligarquias provinciales, los barones del conurbano y algunos grandes empresarios tradicionales, a todos los cuales habia denunciado en su "primer minuto" o "periodo corto" inicial. Con esa derecha institucional, no corresponde ni conviene aliarse: es la que luego traiciona y fagocita al aliado].

Pero voy a lo que mas me importa, a lo que AG sobre/estima, que es la profundidad de los acuerdos entre opositores. AG, como tantos, aparece obstinada, obsesiva, y equivocadamente entusiasmado con lo que denomina la "politica de derechos", una politica esencialmente liberal/institucionalista/progresista, que AG fundamentalmente asocia con el gobierno anterior (pero esto ultimo no importa ahora). Quisiera clarificar algunos muy gruesos malentendidos relacionados con el tema (al modo en que el y muchos se aproximan al tema) de los derechos -malentendidos que emergen, supongo, de la poca familiaridad con el derecho, pero que en cualquier caso, y cualesquiera sus causas, son ahora muy relevantes.

Para empezar: quue yo sepa, derechos como los de propiedad, contratos, libre comercio, se encuentran en la Constitucion, y valen tanto como todos los demas derechos. Para quienes nos situamos a la izquierda del espectro politico, estos derechos son menos importantes, o tal vez ni siquiera derechos (Rawls, por ejemplo, desplaza por completo la importancia del derecho de propiedad, en su estudio sobre las teorias de la justicia). Pero desde todo punto de vista -legal constitucional, positivo- tales derechos son derechos, y un macrista podria jactarse de ello, y reclamar que el suyo es un gobierno que procura ante todo la defensa de los derechos (esta defensa de los derechos podria ser considerada sesgada, tramposa e incompleta, como otras defensas como las que enseguida menciono, pero es una defensa de los derechos con pleno respaldo en el constitucionalismo regional).

A partir de lo dicho hasta aqui, simplemente, el defensor de la idea de la "politica de derechos" deberia corregir su aproximacion, o refirnarla. Podria decir ahora: "en realidad no me refiero a los derechos liberales clasicos, sino a los derechos sociales, economicos, etc." Bueno, si la idea fuera esta, seguiriamos en problemas. Pongamos que en verdad, cuando hablamos de politicas de derechos, solo queremos referirnos a los derechos sociales o de segunda generacion, o mas estrictamente a los que la Constitucion argentina concentra en el art. 14 bis. En que sentido podriamos decir que lo que tuvimos se parecio en algo al gobierno de los derechos (entendido ahora en este modo mas estricto y algo extranio)?

Es dificil pensar en el tiempo pasado como vinculado con la realizacion de (cito al 14 bis) la "participacion en las ganancias de las empresas, con control de la produccion y colaboracion en la direccion," o con la "organizacion sindical libre y democratica", como es dificil asociar al gobierno anterior con la lista estricta de derechos del 14bis, que incluye tambien a la idea de "jubilaciones y pensiones moviles" (es dificil hablar de politicas de derechos en este sentido estrecho, en relacion con el gobierno que rechazo Badaro, obligo a los jubilados a litigar por sus aumentos, e intento crear una tercera instancia para imposibilitarles el cobro, apostando a su fallecimiento antes que al pago de lo que les correspondia a los jubilados). 

AG nos urge a prestar atencion al cambio "cualitativo" que ha habido en materia de politica de derechos. Pero: es esto así, aún si nos limitamos a hablar, ya no de los derechos sociales en general, sino a alguno de esos derechos sociales en particular? Si cuando hablabamos de derechos hablabamos fundamentalmente de cosas como la AUH (que habria que repensar en terminos de derechos), nos encontramos con que este gobierno paga tantas o mas AUH que el gobierno anterior: Podriamos afirmar que este gobierno es mas protector de derechos que el anterior? Diríamos eso?

Pensemos, entonces, que no hablamos de los derechos de primera generacion, ni de los de segunda -de los derechos sociales- ni de los derechos sociales en sentido estrechisimo (la AUH) sino de los derechos de tercera generacion, es decir, los "ultimos" o "mas modernos" (odio esta clasificacion, pero la uso para facilitar la discusion). Podriamos pensar entonces que el gobierno anterior, o el actual, se destacan por la politica de respaldo a la cuestion ambiental (el centro de los derechos de tercera generacion)? O deberiamos decir que todo lo contrario? Cual es el vinculo entre las politicas de fracking y el medio ambiente? Una contradiccion absoluta, por supuesto. 

Sera que entonces, cuando nos hablan de "politicas de derechos" nos hablan del otro "cuerno fundamental" de los derechos de tercera generacion, esto es, de los derechos indigenas? Bueno, parece clarisimo que esto no puede ser asi. El gobierno anterior resulto pesimo en materia de politicas indigenas: fue tan represivo y expropiador como la mayoria de los anteriores (aunque menos que el actual? Supongo que asi sera, aunque en los numeros, por una cuestion de tiempo, todavia no lo sea).

Sera, finalmente, que cuando hablamos de "politicas de derechos", no hablamos, sobre todo, de derechos liberales clasicos, ni de los derechos sociales en sentido amplio ni estricto, ni de los derechos ambientales e indigenas -de tercera generacion- sino que hablamos fundamentalmente de derechos humanos? Tampoco, ya que tales derechos implican derechos que el gobierno anterior no descuido sino que combatio de modo muy regresivo (solo para empezar, piensese en las politicas de salud reproductiva, piensese en el derecho a no ser torturado y los records negativos en materia de tortura en la carcel, numero de encarcelados, etc.).

Entonces: de que se nos habla cuando se nos habla de abordar una actitud defensiva en materia de "politica de derechos"? Creo que quienes nos hablan del tema, habitualmente, se equivocan gruesamente, por partir de malentendidos graves en la materia. Ellos parecen estar pensando, entonces, en unos pocos derechos -los que prefieren o han recibido mayor propaganda -algunos derechos, seleccionados como las cerezas, muy poquitos, en apariencia protegidos en los ultimos anios (pongamos, los que podemos asociar con el matrimonio igualitario, o el juzgamiento de los crimenes de lesa humanidad). Si fuera este el sentido de la idea de derechos, entonces, estariamos ignorando los muchos derechos que fueron descuidados (muchos de los derechos sociales incluidos en el 14 bis), los muchos derechos que fueron combatidos (salud reproductiva, derechos de los presos), los muchos derechos que fueron retomados selectivamente (afirmando algunos y destruyendo otros, como en politicas de libertad de prensa -donde los avances de la ley de medios fueron aplastados por los retrocesos generados en la aplicacion de esa ley de medios, en particular en contra de "el tercio olvidado"), o los muchos derechos que este gobierno podria decir que resguarda mejor que el gobierno anterior (los derechos liberales clasicos, en algunos casos). 

Frente a autores como AG, entonces, pediria dos cosas. Primero, pediria clarificar que es lo queremos decir por politica de derechos, y cuales de tales derechos nos interesan, y de que modo. De lo contrario, la idea de proteger los derechos conquistados y luchar por los otros pierde sentido (supongo que no se nos pide luchar por el derecho de propiedad, y no se en que sentido se nos pide luchar por la libertad de prensa, por ejemplo). Ello, para no asumir que caminamos sobre un territorio comun cuando hablamos de derechos: disentimos profundamente sobre cuales son esos derechos, cual es su contenido, cuales sus limites, cuales nos interesan, cuales privilegiamos en casos de conflictos, etc. Segundo, pediria recordar que, junto y por encima de la politica de derechos, necesitamos reafirmar una politica democratica que incluye la democratizacion de la politica y de la economia (puntos en relacion con los cuales autores como AG flaquean, en su simpatia por los liderazgos fuertes y su resignacion capitalista). Todo ello, para salir de la confusión en que se nos mete, y poder pensar entonces, si, en una política de alianzas que tenga sentido y valga la pena.

21 ene. 2018

Cuando el clima destituyente importaba


Del documento fundacional de Carta Abierta, cuando los comentarios destituyentes eran considerados escandalosos:
"(En los últimos tiempos han aparecido) cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno... para efectivizar sus programas de acción, a...meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental."

Zaffaroni 6 a 1


Del muy notable reportaje al juez de la Corte IDH, Zaffaroni, llaman la atención muchas cosas, y con razón ya se ha dicho mucho sobre sus afirmaciones destituyentes (es increíble que Carta Abierta naciera en torno a dicho concepto, y hoy se conviva felizmente con este tipo de declaraciones diarias, provenientes de aquellas mismas fuentes). El reportaje, acá
http://radiocaput.com/2018/01/18/cuidado-con-el-colapso-final-los-muertos-siempre-los-ponemos-nosotros/
En lo personal, me sorprendió esta declaración, sobre el por que de su renuncia a la Corte Suprema argentina, a sus 75 años:
"Yo estaba muy cansado de perder seis a uno. A nadie le gusta. Una goleada está bien, pero todos los días, no."
Me sorprende ese testimonio, sobre todo, a la luz del hecho de que Zaffaroni fuera el juez que más votó con Lorenzetti, y muy pocas veces aisladamente. Mas importante todavía, es el juez que más votó con la mayoría, en el 92,55 por ciento de los casos. Quiero decir, la idea de su habitual derrota por goleada 6 a 1 es insólita. Por qué mentir de este modo? Qué necesidad?

Sudáfrica, Colombia, Argentina

Las declaraciones de Massot son desafortunadas, al tomar el digno ejemplo de Sudáfrica -país que, como Colombia, explorara alternativas menos punitivistas frente a los crímenes atroces y masivos- vaciándolo de sentido. Sudáfrica no fue reconciliación como sí nada hubiera pasado, o como si simplemente hubiera llegado la hora del olvido. Tragedias semejantes pueden ser procesadas de modo diferente (y de modo diferente que en la Argentina) pero no merecen ser transitadas bajo el paradigma de la impunidad y el desconocimiento de la gravedad de lo ocurrido. 

20 ene. 2018

En pie de igualdad. Corte IDH y LGBT

https://www.pagina12.com.ar/89812-en-pie-de-igualdad
En el suplemento SOY de P12, brevisimo comentario sobre el reciente fallo de la CorteIDH sobre 
diversidad sexual y de género


Por Roberto Gargarella

La opinión de la Corte IDH es muy importante, sobre todo si la sabemos tomar ciertos recaudos. 
Digo importante a la luz de décadas de gobiernos en la región que, a veces con retóricas desafiantes, a
veces con prácticas decididamente machistas y homofóbicas, no han sabido dar debido lugar a las 
minorías sexuales, ni han sabido desarrollar políticas de salud reproductivas decentes. El fallo muestra 
un contenido inclusivo, afirma una mirada igualitaria más interesante que la habitual en nuestros 
tribunales, se compromete con derechos que afirma con pretensión de estabilidad. Lo hace con un 
buen respaldo en la jurisprudencia regional, diálogo permanente con el Tribunal Europeo de DD HH, y 
on un reconocimiento del debido margen de discrecionalidad que merece dejarse a los Estados miembros, en 
estos asuntos. Hablo de debidos recaudos dado que los derechos fundamentales de las personas no 
deben considerarse dependientes del reconocimiento de las autoridades políticas o judiciales de algún país 
o región. Los derechos fundamentales nos corresponden con independencia de las opiniones coyunturales de 
tal o cual autoridad. Solemos reaccionar frente a decisiones de este tipo, como si ellas implicaran la 
emergencia de derechos antes inexistentes. Más todavía, diría que, así como los tribunales nacionales 
no deben ser considerados la última, ni la primera, ni la exclusiva fuente de autoridad respecto de los 
derechos que nos debemos, o las políticas que corresponde seguir, mucho menos los tribunales
 internacionales deben ser considerados la fuente máxima o última de la interpretación de nuestros
 acuerdos básicos. Nuestros acuerdos básicos deben estar sujetos a una interpretación colectiva, que nos 
involucra cotidianamente a todos, y es importante insistir sobre ese punto, en lugar de tornar a nuestros 
derechos dependientes de lo que alguna autoridad eventual diga al respecto. La opinión de los tribunales, 
y en particular de los tribunales internacionales, resulta crucial, en tanto participación en la conversación 
colectiva sobre nuestros pactos fundamentales. 
Pero esa crucial intervención no debe ser consideradas la única, la última o la decisiva. En el diálogo permanente
sobre el alcance y contenido de nuestros derechos, debemos seguir interviniendo todos, desde lugares 
diferentes, y en pie de igualdad.

11 ene. 2018

La protesta contra el gobierno, 2

Algunos economistas replican el texto anteriormente posteado, diciendo que uno no comprende que los derechos se satisfacen con dinero, y por tanto son dependientes de la economia. Por supuesto, el punto lo comprendo (publicamos en nuestra coleccion de S21 un libro de Sunstein/Holmes sobre el tema /El costo de los derechos). Claro que todos los derechos cuestan. Pero, a diferencia de lo que piensan los economistas, ellos deben asegurarse prioritaria e incondicionalmente. La libertad de expresion no puede restringirse alegando falta de recursos, el respeto a la integridad corporal no debe depender del dinero, pero lo mismo el acceso a los tribunales o a la politica. Mal que les pese a algunos economistas, una eleccion no puede dejar de celebrarse alegando falta de dinero, ni cerrarse una de las dos camaras, como algunos economistas han propuesto, por razones presupuestarias. Mas todavia, y tal vez lo mas importante: los planes economicos deben organizarse en torno a la satisfaccion plena /la maxima posible/ de los derechos. Hoy, es al reves: mejoramos la economia y luego vemos que pasa con los derechos. Como si el orden economico tuviera prioridad, y pudiera ser pensado con independencia de los derechos comprometidos. El rumbo economico debe escogerse conforme a cual es la manera de garantizar plena ciudadania para todos, hoy, no en anios, ni despues de que los mas favorecidos esten conformes y derramando sobras. Insisto: los derechos basicos /saludos, educacion, seguridad, alimentacion/ deben garantizarse ya para todos, prioritaria e incondicionalmente.

La protesta contra el gobierno

Resultado de imagen de helecho nueva zelandia

Publicado en LN, aca

Lo que ocurrió cuando el Congreso buscaba aprobar la reforma a la ley previsional, reafirma que nuestra reflexión sobre la protesta social sigue siendo deficitaria. Conviene subrayar el valor especial que tiene, para el constitucionalismo, la protesta en las calles. En un contexto donde la organización sindical perdía fuerzas, crecía el desempleo sin reaseguros para los que caían en él, y se desconocían derechos sociales básicos, la protesta comenzó a presentarse como una ayuda indispensable, que merecía ser resguardada antes que impedida. En situaciones de deterioro social grave, el derecho a protestar contribuye a mantener firme toda la estructura de derechos, por lo que puede ser considerado "el primer derecho", el "derecho de los derechos".

El valor que tiene la protesta para el constitucionalismo se refuerza cuando advertimos la conexión que existe entre ella y la democracia. Para el profesor Owen Fiss, la protesta en las calles aparece como un "suplemento electoral" indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que caracteriza a nuestros países. Cuando la mayoría de los canales institucionales existentes aparecen obturados y se torna difícil criticar y sancionar a los representantes, tanto como reorientar sus acciones, la protesta pasa a cumplir un papel democrático crucial.

La protesta puede ser ejercida en desafío al derecho (cortando calles), y puede venir acompañada de actos graves (un uso indebido de la violencia). En tales casos, resulta un error tanto pensar a la protesta con independencia de su valor constitucional y democrático como hacerlo asumiendo que la misma es inmune a toda queja o reproche por parte del Estado.

Hay violaciones de derecho que el derecho tolera por las condiciones de padecimiento extremo de quienes las cometen (el hurto famélico); hay agravios jurídicos que pueden justificarse o excusarse (responder a una agresión en legítima defensa); hay faltas que pueden ser reprochadas de modo más débil que lo habitual, en razón de las circunstancias en que se han producido (agresión en situación de emoción violenta); hay "excesos" en el ejercicio de un derecho que la jurisprudencia recepta, en pos del mayor resguardo de otros derechos (críticas que ofenden el honor de un funcionario público). A muchos nos interesó hacer consistentes tales criterios en nuestras referencias a la protesta. Ello, frente a quienes leían la protesta en términos de "violación de derechos"; describían aun los "escraches" más moderados como "actos nazis", y concebían el debate democrático como una conversación elegante entre caballeros.

A muchos nos interesó dejar en claro el aporte que la protesta puede hacer al constitucionalismo y a la democracia, en vista de otro "detalle" central referido a la responsabilidad del Estado en los agravios que la protesta comúnmente denuncia. En efecto, el Estado puede y suele ser responsable de la violación de derechos que él mismo se ha comprometido a asegurar, en la primera y más importante promesa que nos hace a todos en tanto ciudadanos -la Constitución-. Del mismo modo, el Estado puede y suele ser responsable por el cierre de los canales institucionales a través de los cuales los ciudadanos pueden decidir sobre los asuntos que más les importan, y/o responsabilizar a sus representantes en los comunes casos en que ellos no reaccionen frente a sus justos reclamos. Tales faltas estatales en materia constitucional y democrática se hacen presente en este asunto de modos múltiples. Por un lado, los fallos graves del Estado socavan su autoridad para reprochar a los ciudadanos que también incumplen con sus deberes. En efecto, ¿cómo puede levantar el dedo acusador contra los agitadores que violan derechos, quien es el primer responsable de violar los derechos que esos agitadores reclaman? Por otro lado, la jurisprudencia ha sabido atenuar las cargas contra aquellos que violan ciertos derechos (pongamos, generan ruidos molestos, ensucian las calles, interrumpen el tránsito, bloquean el acceso a los tribunales, etcétera), al reconocer que ciertos recursos anti o extrainstitucionales (bloquear la entrada de los tribunales) pueden representar un medio extremo, pero necesario para impugnar al Estado, cuando el mismo obstruye la atención y remedio de tales quejas (por los altos costos -de todo tipo- que impone para el acceso de los más débiles a los tribunales, etcétera). Finalmente -y lo que también resulta fundamental, a la luz de los sucesos políticos recientes- debe anotarse que las faltas del Estado en la protección de derechos nunca son equiparables a faltas en apariencia simétricas cometidas por la ciudadanía (la violencia desbordada del Estado frente a la de los ciudadanos). El poder extraordinario (económico, coercitivo) con que cuenta el Estado requiere de controles y cuidados extraordinarios, y -por ello también- exige la asunción de responsabilidades también extraordinarias por parte de las autoridades que se extralimitaron en el uso de los medios bajo su custodia.

Todo lo anterior puede y suele ser cierto, pero nada de ello implica que quienes, en repudio o crítica al Estado, violan derechos de un modo grave, tengan "carta blanca" para hacerlo o no merezcan ser responsabilizados porque actúan "en situación de protesta". En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser tratados como si no fueran compartidos -y por tanto susceptibles de ser arrasados sin más-, y los opositores o críticos -periodistas, políticos o agentes de seguridad, da lo mismo- no pueden ser privados de humanidad y, por tanto, agredidos, apedreados o heridos como si no les correspondiera el mismo respeto que, por serlo, todo ser humano merece.

Me temo, de todos modos, que la misma lógica de "la guerra" que recorre toda la historia argentina, y que el "Nunca Más" parecía haber disuelto, se encuentra presente hoy. Buena parte de esa misma comunidad que pudo protestar exitosamente, todos los días, con convicción y en paz frente a los responsables de los peores crímenes, hace años que se siente autorizada a humillar, moler a golpes o escupir en público junto a sus hijos a los que no piensan como ellos -siempre, por supuesto, en nombre de la justicia-. Que quienes lo provocan con violencia deban asumir su responsabilidad no debería darle confort al Gobierno. El Gobierno debe asegurar los derechos de todos, incondicionalmente, pero cree que puede tornarlos dependientes del crecimiento económico; él debe afirmar su autoridad siendo y pareciendo justo, pero en cambio -imperdonablemente- sobreactúa su autoridad a los tiros, como si se tratara de un juego; él debe dar señales indudables de que su prioridad son los más débiles, pero sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos. La democracia y la Constitución, desde hace décadas, están pidiendo otra cosa.


5 ene. 2018

Sagues sobre la protesta


Este artículo de Sagues, http://www.lanacion.com.ar/2097049-no-legitimar-el-derecho-a-la-agresion, es  un compendio de todo lo que siempre tratamos de desafiar, desde el constitucionalismo, en torno a cómo pensar  el derecho a la protesta. Argumentando de un modo muy común en el derecho más tradicional  (que no el más interesante) de la región, el artículo la emprende con la peor versión imaginable  de la postura contraria, ridiculiza  a sus adversarios, describe a la militancia política en términos innecesariamente ofensivos, y descalifica a los "juristas" (entrecomilla el término) como uno (supongo se refiere a mii o a quienes piensan como yo), que entienden que hay valores a resguardar en protestas como las que se han venido dando en nuestro país. Para él, esos juristas entre comillas corrompen, trituran y destrozan al derecho, nada menos (así lo dice). La versión que da Sagues de la protesta es paupérrima. La asimila con la violencia y el piquete, asume que es connatural  a ese tipo de protestas el "destruir el vehículo" de quien quiere pasar, "moler a golpes" al que pasa, "frenar la ambulancia" que avanza con el moribundo...una mirada reiterada, vieja, pobre, desinformada, cargada de prejuicios, equivocada. Para colmo, entiende que la defensa de la protesta -violenta- consiste en asimilarla a la expresión (obviando que la protesta suele combinar una diversidad de derechos, incluyendo el de manifestarse, peticionar frente al gobierno, responsabilizar a las autoridades, etc). Sagues obvia también que la expresión es importante no solamente en sí misma, sino, sobre todo, como vehículo de denuncia acerca de la violación de otros derechos constitucionales (derechos sociales y económicos, típicamente). Sagues olvida, sobre todo, que muchos de nosotros no hicimos nunca una defensa ciega y cerrada de la protesta, sino que tratamos de mostrar que en ocasiones se justificaba, en otras generaba faltas excusables, en otras incorporaba inconductas que podían responderse de modo menos severo. Es decir, la defensa nunca fue por el "todo vale", sino un esfuerzo por dejar en claro que el tema no merecía ser trivializado, como ocurre en el caso bajo examen. Sagúes descuida, también el papel principal que tiene el Estado en la afectación de derechos constitucionales y que implica, otra vez, no la justificación de cualquier acción en contra del Estado, por las graves faltas cometidas, sino una asignación primera de responsabilidades y deberes sobre los funcionarios estatales. Pero en fin, nada importa, todo da lo mismo, cualquier cosa vale. Curioso: las mismas razones que lo llevan a descalificar livianamente a la protesta -ese cualunquismo- es el que se aplica sobre el artículo.