30 mar. 2018

La Ciambra


Tremenda película, imperfecta, mal final, pero retrato extraordinario de los gitanos en Calabria. La única vez que habla, el abuelo le dice al nieto: "No lo olvides nunca. Somos nosotros contra el mundo"

24 mar. 2018

Discutiendo a Nun

Qué bueno que las nuevas-viejas generaciones nos animemos a homenajear a, y discutir con, nuestros maestros! Se vienen las jornadas Nun, acá el programa, donde participo junto con Claudia Danani, Gabriel Kessler, José Emilio Burucúa, J.Carlos Chiaramonte, Carlos Altamirano, Alejandro Grimson, Sebastian Pereyra, Mariana Heredia, Agustin Salvia, Carlos Strasser, Maristella Svampa, Pablo Alabarces, Pablo Seman, Gerardo Aboy y Eduardo Rinesi



22 mar. 2018

Red universitaria y ciudadana por la Democracia, en México

Junto con extraordinarios colegas, formamos parte fundacional de esta iniciativa, destinada a impedir un posible fraude electoral en las futuras elecciones mexicanas.
http://derechoshumanos.org.mx.convey.pro/l/JBggorg


Preocupados por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y ante la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales en el país, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural, en México y en el extranjero, hemos acordado conformar una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD).

La experiencia con las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, así como con las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, entre otros casos recientes, demuestran que hay muchos actores (políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales) que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático.

En general, la grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales.

Ante los peligros que acechan a la vida democrática en México, hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, a estar alerta y a tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018.

Específicamente, convocamos a tomar las siguientes acciones:

Movilizar una vasta red de observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio.
Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral.
Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio.
Como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) nos proponemos ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México.

Convocamos a todos los mexicanos, y a todos los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano, a que se registren desde ahora como observadores electorales y que articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa.

El presente y el futuro de la democracia mexicana no debe quedar solamente en manos de las instituciones electorales o los partidos políticos. Los ciudadanos y la sociedad civil también tienen una responsabilidad histórica. De nuestra participación dependerá que se respete el derecho constitucional del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes en las urnas este próximo 1 de julio.

Para información sobre como registrarse como observador electoral acreditado por el Instituto Nacional Electoral se recomienda consultar la siguiente página:

 http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/

Invitamos a todos los individuos y agrupaciones, en México y el extranjero, que quisieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo: Democracia2018MX@gmail.com

21 mar. 2018

Muere el gran Jorge Dotti

Literalmente, maestro de maestros. Dignidad, disciplina, conocimientos, gran profesor, investigador de tiempo completo, amigo. Un lujo para la filosofía política argentina. Tremenda pérdida

19 mar. 2018

Los derechos humanos no se plebiscitan?


Éste es el tipo de ideas que me incomodan -un poco dogmáticas, un poco elitistas, un poco judicialistas. No por decir lo contrario -que hay que plebiscitar los derechos humanos- sino por afirmar algo más básico y más importante: que tenemos el derecho de discutir sobre los derechos (plebiscitar es otra cosa, como vengo diciendo, pero por los abusos que suelen ser práctica habitual en los plebiscitos, no porque no podamos o no nos corresponda discutir sobre los derechos). La idea de que de los derechos sólo pueden ocuparse los jueces y doctrinarios es una rémora aristocrática que tenemos que sacarnos de encima. Los derechos son resultado de una creación colectiva, sobre ellos discutimos cotidianamente, y tenemos que seguir haciéndolo, justamente porque versan sobre aquello que más nos importa.

16 mar. 2018

Consulta popular sobre el aborto? 2




La saludable discusión sobre el aborto que se ha abierto en el país, nos invita a responder preguntas centrales sobre la siempre conflictiva relación entre democracia y derechos. Me refiero a cuestiones como las siguientes: Puede plebiscitarse la legalización del aborto? Es justo decidir democráticamente sobre temas que tienen que ver con derechos constitucionales básicos? No es que los derechos deben estar a salvo de la opinión de mayorías circunstanciales? Se trata de algunos de los interrogantes más importantes que debe responder el constitucionalismo, y que nos refieren a asuntos de extraordinaria vigencia y relevancia pública.

A pesar de la gravedad de las preguntas del caso, son muchos los avances que podemos hacer en la materia. En primer lugar, debe quedar en claro que –a pesar de todo lo que distinguidos juristas han escrito al respecto- no solemos concebir a las cuestiones de derechos como cuestiones que deben quedar por completo al margen del debate democrático. Por el contrario, muchas de las más relevantes y profundas discusiones colectivas que hemos tenido en las últimas décadas, han sido sobre cuestiones básicas de derechos. Así, hemos debatido ampliamente sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión (ley de medios); sobre el derecho de privacidad (matrimonio igualitario); sobre el daño a terceros (consumo de estupefacientes); sobre el derecho a la paz (acuerdo con Chile); etc. Nadie ha pensado nunca, sensatamente, que dada la importancia de tales temas, la decisión sobre los mismos debía ser dejada exclusivamente en manos de expertos (como los jueces, o comisiones de “notables”), o en todo caso lejos de las manos de las ciudadanía. Por el contrario, asumimos que, justamente en razón de la relevancia de los temas en juego, tenemos el derecho a participar de la solución de los mismos: lo que nos afecta a todos, debe quedar en manos de todos. Por ello, recordamos a debates como los referidos, con satisfacción y alegría, antes que con  temor o vergüenza.

Ahora bien, decir que las cuestiones que más nos importan refieren a decisiones sobre las que merecemos ser consultados, no es lo mismo que decir que todas esas cuestiones deben resolverse a través de encuestas de opinión o consultas populares. Las encuestas pueden tener sentido para saber cuáles son las preferencias de distintos individuos en el mercado (por ejemplo, una empresa de automóviles o de jabones puede hacer encuestas para saber qué productos prefieren consumir los argentinos). Sin embargo, las cuestiones que involucran temas de justicia, sobre las que desacordamos y a la vez queremos ponernos de acuerdo, requieren de procesos diferentes, en donde podamos conversar, corregirnos mutuamente, y acercarnos a un acuerdo.

Para los casos en donde la conversación colectiva sí tiene sentido (cuando discutimos sobre qué decisión sería la más justa para todos), los plebiscitos y consultas populares pueden ayudarnos, pero dependiendo, de modo excluyente, de cómo se organicen: la consulta puede ser el punto final de una larga conversación colectiva, o un método para reemplazar o vaciar de sentido a esa discusión. Por eso mismo, en la Argentina, recordamos con cierto orgullo el plebiscito por el Beagle, que fue precedido por un proceso institucionalizado y estructurado de debate entre visiones opuestas. Y por eso también, miramos con espanto consultas como las que impulsaran en su tiempo Pinochet o Fujimori (maniatando a la oposición); o nos acercamos con fundada sospecha a referéndums como el del Acuerdo de Paz en Colombia (que implicó someter 297 páginas de un Acuerdo complejísimo, a un “sí” o un “no” ciudadano, en donde nadie pudo poner ni un matiz en relación con muchos de los polémicos artículos que eran votados). En condiciones semejantes, los demócratas haríamos bien en rechazar toda invitación a ser consultados. En otros términos, y depende de cómo se organicen, las consultas populares pueden servir para coronar un debate democrático, o convertirse en caviar o manjar exquisito de dictadores y gobernantes oportunistas. Nuestra democracia está más que madura para plantear la discusión sobre el aborto, asumiendo que no se trata de una guerra, ni una disputa entre facciones enemigas. Pocos derechos importan más que el derecho a conversar y decidir sobre el contenido de los derechos que más nos importan.


13 mar. 2018

Consulta popular sobre el aborto?



En un breve artículo publicado en su blog, el estimado colega don Andrés GD despacha la posibilidad de abrir una consulta popular en materia de aborto (acá). En otro breve texto aparecido en Pensamiento Penal, Andrés S. desafía al texto de AGD (acá). (Gracias AS por las referencias)

Quisiera terciar en la discusión, desde una postura alineada con las ideas que defiendo siempre, y que parten de una posición mayoritarista, que es "conversacional" o "dialógica" en materia constitucional, y que por eso mismo no es ingenua respecto a los riesgos y abusos que suelen rodear a las consultas populares. Señalo sintéticamente algunos puntos que me interesa subrayar:

* Para comenzar por lo más liviano, me resulta cuanto menos curiosa la interpretación constitucional conforme a la cual los constituyentes escribieron en el art. 39 las materias que quedaban excepcionadas de la iniciativa popular (cuestiones presupuestarias, cuestiones penales), pero en el art. 40 se olvidaron de incluir esas excepciones, al hablar de la consulta popular. Pasaríamos así del (discutible, pero asentado) supuesto del "legislador racional", al supuesto del "legislador apurado" o "legislador despistado". (Como el olvido del "legislador apurado" habría alcanzado a la ley 25.432, que regula la consulta, nos encontraríamos ya frente al caso del "legislador apuradísimo").

* AGD sostiene la continuidad entre el art. 39 (iniciativa) y el 40 (consulta), haciendo uso de otro argumento muy común dentro de la doctrina local, al que podríamos llamar (sin querer incomodar al buen amigo AGD) "argumento BC". El argumento, básicamente, sostiene: "Bidart Campos lo dijo" (cito a AGD: "Germán Bidart Campos sostenía que era lógico suponer que las cinco materias que no podían ser objeto de iniciativa popular tampoco podían serlo de consulta popular"). Fuera de toda broma, la referencia autoritativa hacia BC no puede alcanzar para sostener una interpretación tan arriesgada y a contrapelo con la letra de la Constitución, como la sugerida. Dejemos de lado a los argumentos de autoridad, al menos por un par de años (decir esto no es lo mismo que decir que no se pueda citar a un autor, en respaldo de un argumento).

* El otro argumento que usa en su apoyo AGD refiere a otra cita (en este caso de Hugo Prieto), conforme a la cual la asimilación entre los arts. 39 y 40, en cuanto a sus exigencias, deriva del hecho de que (cito a AGD, pero podría haber citado a otro distinguido jurista, como Luigi Ferrajoli) "[se justifica excluir de la consulta popular a ciertos temas] especialmente en lo atinente a la materia penal a efectos de evitar que influyan excesivamente los intereses inmediatos en desmedro de políticas a mayor plazo y que razones emocionales o de coyuntura influyan en la legislación donde se establecen los límites de la atribución punitiva estatal." Lo digo fuerte, en respuesta, porque el punto es importante: si la idea es dejar fuera del ámbito democrático a cuestiones que puedan resultar influidas por intereses inmediatos o coyunturales; y temas impactados por las emociones de los votantes, entonces cerremos la democracia y vayamos a descansar al reino de jueces y juristas. Mi posición al respecto se encuentra en las antípodas de la referida: en democracia, descontamos que las decisiones colectivas van a verse afectadas por interferencias de todo tipo; y que los votos de todos (aún los nuestros, los de los juristas) van a encontrarse razonablemente impactados por cuestiones emocionales y coyunturales. Esa es la materia con la cual trabajamos -de eso vive la democracia. Lamentablemente, no contamos con oráculos (jueces o sacerdotes) en quienes confiar, para que nos digan, lejos de toda emoción, qué solución exige el futuro, el largo plazo, ajena a los espurios intereses coyunturales que nos mueven a todos los demás mortales.

* El hilo de fondo que recorre a toda mi argumentación, dice que en relación con todas las cuestiones de interés público -aún, y especialmente, las más importantes- sobre las que desacordamos, no tenemos otra vía de escape y solución (en sociedades de iguales, como las nuestras) que discutir y tratar de ponernos de acuerdo, desde dicha posición de común igualdad. Para decirlo contra Ferrajoli, no hay algo así como dos esferas diferentes, la de la "democracia" y la de los "derechos," nítidamente separadas entre sí, y reservadas, la primera a la política, y la segunda (la, para mí inexplicable, "esfera de lo indecidible") a jueces y juristas. Lamentablemente, en la realidad, las cosas vienen mezcladas (o, como dice una amiga, "la vida no llama a la puerta"), y no nos queda otra que ponerle el pecho, democráticamente, a los problemas y conflictos que se nos aparecen día a día, y que nosa fectan a todos.

* Ahora bien (y aquí, también en diálogo con el texto de AS), decir que las cuestiones de derechos no son, no han sido, ni pueden ser cuestiones a dejar a un lado de nuestra conversación democrática, no quiere decir que todas ellas, en lo posible, deban ser plebiscitadas o sujetas a consulta popular. Atención! Es que (en razón de la concepción democrática de la que siempre partimos) hemos dicho, con insistencia, y desde el comienzo, "conversación democrática", "diálogo público"! Y las consultas, como lo sabemos, pueden incluir oportunidades para la información y el diálogo...o todo lo contrario (como las que impulsaran en su momento los peores dictadores latinoamericanos -de allí, justamente, el gusto que estos tuvieran por las consultas: sin posibilidad de información y debate previo, las consultas se presentan como "bocato di cardinale" para los autoritarios del caso). Por ello: consulta popular sobre el aborto? Depende!

* Finalmente, un pedido para todos los buenos amigos, juristas y especialistas en derecho: tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos, y muy austeros, en la descalificación de las posiciones que no nos gustan, en nombre de la "interpretación correcta" de la Constitución y los tratados internacionales (interpretación que es la que nosotros, como oráculos del derecho, sabríamos reconocer). La interpretación constitucional requiere de un ejercicio argumentativo que no se salda con citas de autoridad, ni con la apropiación del término "razonable" para nuestro propio campo. La razonabilidad también debe ser fundada! 

p.d.: Y un abrazo a AGD, a AS, y a don Luigi, ya que estamos.

Sobre el Contrato del Nunca Más

Amable polémica con don J. Montero (aquí su crítica)
https://www.lanacion.com.ar/2116380-el-contrato-del-nunca-mas-nunca-existio

8 mar. 2018

7 mar. 2018

4 mar. 2018

Invisible


Más oportuno imposible el estreno de Invisible, película sobre adolescencia y aborto, con guión de...María Laura Gargarella, y direc. de P. Giorgelli Realmente muy buena!
(nota con el director, acá: https://www.pagina12.com.ar/99290-no-es-una-pelicula-militante-pero-si-politica

Moreso: El soberanismo crea una realidad alternativa, como Matrix

3 mar. 2018

Por qué pierde el peronismo? El peronismo y el problema narco


Interesante reportaje a CP, personaje ideológicamente muy inatractivo, pero siempre bien informado.

El reportaje, aca


Y este párrafo en particular:


LA CRISIS DEL PERONISMO Y EL PROBLEMA DE LA DROGA



"Muchas interpretaciones creen que al peronismo le está yendo mal porque Cristina robó demasiado o porque trataba mal a la gente y es un problema de mucho más arrastre que incluye un factor que para mí es central en los últimos 15 años: la droga. La droga en el mundo de los pobres. Descompuso el mundo de los sectores populares. Lo volvió inseguro, algo que no era. La mamá que tiene un chico fisurado por la droga, esa señora por ser pobre, ¿vos creés que no se enoja con la política? Y ella sabe cuál es el dealer y el político que lo protege. (…) Acá apareció un grupo que dice 'Venimos a cambiar eso', y eso rige una política".

Alberto Acosta / J. Cajas: Una década desperdiciada. Las sombras del Correísmo

Nuevo LIBRO, del gran ambientalista Alberto Acosta
Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo
Autores: Alberto Acosta - John Cajas-Guijarro


Centro Andino de Acción Popular - CAAP. Libro disponible a través del CAAP


A modo de conclusión: 
un país incierto que no cambió


Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro

Ecuador no cambió… Ni los discursos pronunciados sobre “transformación”, ni toda la propaganda oficial pueden ocultar la realidad de que toda una década se desperdició. Millonarios recursos, enorme apoyo popular, propuestas, elecciones ganadas, todo se perdió. Nunca dejamos de ser lo que siempre fuimos: una sociedad vulnerable, dependiente, incierta.
Así, la década correísta no tuvo nada de “revolucionaria”; más bien fue una etapa de restauración conservadora. En vez de identificar y derrumbar las estructuras sociales (económicas, políticas, culturales, etc.), que limitan la vida de nuestro pueblo, el correísmo las mantuvo intactas. Al contrario, intentó usar esas estructuras para modernizar al capitalismo ecuatoriano, mediante un proceso de acumulación de poder y de reconstrucción hegemónica.
A partir de la figura del caudillo Rafael Correa, el correísmo intentó inducir a que la población acepte, vea como normal y -a ratos- hasta apoye, el ascenso del autoritarismo en nombre de una supuesta “transformación” (ahí está el carácter hegemónico). Sin embargo, en los hechos, no se dio ningún cambio estructural, tal como indicarían las propias palabras de Correa en enero de 2012: “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”.
En el intento de “hacer mejor las cosas con el mismo modelo”, el correísmo no dudó en vaciar de contenido y transformar en dispositivos de poder -o simples herramientas de propaganda- a varios conceptos transformadores y utopías (p.ej. izquierda, Buen Vivir, revolución). Una vez vaciados, dichos conceptos y utopías se volvieron meras “ollas encantadas” que, siendo llamativas por fuera, por dentro terminaron conteniendo una visión de sociedad acorde a las necesidades de modernización capitalista, y que el correísmo intentó imponer como “normales”. Es más, cualquier visión que se saliera de los cánones correístas terminó siendo ridiculizada, atacada y hasta criminalizada. Un ejemplo claro es la connotación “infantil” que Correa y su séquito quiso darle a la izquierda -y al ecologismo e incluso  a los indígenas, que no se alinearon, oponiéndose a su proyecto “modernizador”.
Como resultado de ese vaciamiento y degradación política, la década se llenó de discursos que intentaron pasar por “revolucionarios”, pero solo formaron parte de una estéril parafernalia tecnocrática. Es ahí en donde encontramos a la rimbombante “transformación de la matriz productiva”, cuya mera definición en términos de “sectores estratégicos”, provocó el desperdició de años importantes -por las mismas razones expuestas- para, al final, proponer actividades bajo condiciones técnica, económica y hasta ambientalmente inviables. Tal desperdicio de años implicó la pérdida de una oportunidad histórica, para aprovechar los enormes recursos económicos existentes en un momento único en la vida nacional (alrededor de 247 mil millones de dólares en manos del Estado –sin contabilizar los recursos de la seguridad social– entre 2007-2016).
Pero; no solo se desperdiciaron años y recursos, sino que la “transformación de la matriz productiva” -incluso en los términos correístas- se quedó en el papel, en los discursos y en la propaganda. Un ejemplo dramático es el incumplimiento de 10 de las 13 metas propuestas en el objetivo 10 del llamado Plan Nacional del Buen Vivir, precisamente dedicado a la “matriz productiva”. Al revisar dicho incumplimiento vemos que la década desperdiciada dejó como herencia:
-          Una desindustrialización relativa de la economía;
-          Un comercio exterior reprimarizado, reflejado en una dependencia creciente tanto de las exportaciones como de las importaciones en productos primarios;
-          Un empleo inadecuado y desempleo que siempre han afectado a más de la mitad de las personas que ofrecen su fuerza de trabajo;
-          Una “productividad” y capacitación laboral estancadas;
-          Una distribución en extremo desigual e intacta de la tierra y del agua;
-          Una persistente dificultad en el fomento a la creación de empresas y, una persistente carga de la intermediación, especialmente sobre pequeños y medianos productores;
A más del incumplimiento del objetivo 10, hay muchos otros indicios de que en la década no hubo cambios estructurales en la economía ecuatoriana, destacándose:
-          La composición del empleo y la producción entre ramas de actividad, que prácticamente no ha cambiado;
-          La existencia de una tecnificación estancada reflejada, por ejemplo, en la baja inversión en maquinaria, la cual no creció al mismo ritmo que la demás inversión;
-          La elevada y persistente dependencia a importar medios de producción, provocando un déficit permanente en el balance comercial no petrolero, y una salida de dólares estructural que solo es evitable con una verdadera sustitución de importaciones (que tampoco se dio);
También, la ausencia de transformaciones se hace visible en la falsa promesa correísta de profundizar el extractivismo con el objetivo de “superarlo”. En vez de superarse, el extractivismo exacerbado, condena al país cada vez más a una modalidad de acumulación primario-exportadora, dependiente de los vaivenes del mercado mundial. Y, es precisamente ese el rumbo que el correísmo trazó para la economía y la sociedad ecuatorianas: los extractivismos, como bien hemos aprendido de la historia –dentro y fuera de nuestro país–, y como bien se ha ratificado en esta década desperdiciada, se caracterizan por tener economías rentistas, sociedades plagadas de prácticas clientelares y, por cierto, regímenes autoritarios.
Un ejemplo del camino extractivista trazado por el correísmo es el sector petrolero, el cual registra tendencias graves como la ampliación de la frontera petrolera -incluyendo la explotación del ITT (cuya “rentabilidad” podría reemplazarse con una mayor carga tributaria a los grandes grupos económicos del país)-, así como la entrega de los “campos maduros” al capital transnacional. Otro ejemplo es la imposición a “sangre y fuego” del extractivismo minero, provocando no solo degradación ambiental, sino también graves costos sociales. Otros extractivismos se han exacerbado, por ejemplo, en el sector agrícola a través de los agronegocios (peor con el ingreso de semillas transgénicas al país, en contra del mandato constitucional). Y todo esto, de nuevo, en favor de grandes capitales sobre todo transnacionales.
            A la par que el capitalismo extractivista se ha exacerbado, también lo han hecho varias de sus “patologías”, particularmente la corrupción, un mal recurrente en nuestra sociedad y que se enquistó en la década desperdiciada. Basta mencionar el fracaso en la supuesta “repotenciación” de la Refinería de Esmeraldas, la no-construcción de la Refinería del Pacífico, e incluso casos de corrupción protagonizados por Petrobras, así como por las llamadas “preventas petroleras” negociadas especialmente con China.
Pero la corrupción no se quedó en los extractivismos, sino que se extendió a la tan promocionada inversión en infraestructura pública: obras incumplidas, retrasos y/o sobrecostos se volvieron parte de las obras correístas. Aquí, podemos mencionar el caso de los “proyectos hidroeléctricos emblemáticos”, muchos de los cuales quedaron inconclusos al terminar el gobierno de Correa, suscitando millonarios incrementos de precio, generando una importante presión en términos de endeudamiento externo y hasta -a pesar de no haber concluidos todos- ya han provocado una sobre oferta de electricidad. Todo esto refleja la ausencia de una planificación estratégica para el sector eléctrico. Situación similar se dio en la construcción de carreteras, aeropuertos, edificios públicos, etc. En muchos de estos casos el papel de empresas “corruptas y corruptoras” -como Odebrecht- ha sido protagónico.
A más del extractivismo y la rampante corrupción (que nunca dejó de carcomer las frágiles instituciones democráticas del país), la sombra de la no-transformación también oscurece a los supuestos grandes triunfos de la “revolución ciudadana”, en educación, salud y seguridad social, los cuales no resisten un análisis serio.
Sobre educación, a pesar del incremento del gasto público en el sector, no se cumplió el mínimo constitucional. Pero eso es lo de menos comparado con la reforma educativa correísta, la cual intentó imponer un esquema colonizador, golpeando especialmente a la educación intercultural bilingüe. Dicha reforma se hizo en el marco de un disciplinamiento social acorde a una restauración conservadora, que no tuvo recelo en ahogar protestas estudiantiles con violencia y castigos desmedidos. También la reforma replicó mezquinas lógicas de competencia mercantiles, por ejemplo, en el ingreso universitario (que terminó reduciendo la tasa de matriculación); además de fomentar la elitización y el despilfarro reflejados -emblemáticamente- en “nuevas universidades” como Yachay (que no se salvó de la corrupción). En definitiva, la educación no mejoró, aun cuando existían los recursos para transformar al sistema educativo ya existente.
Si la educación no se transformó, en la salud y la seguridad social la cuestión no es mejor. El gasto público en salud tampoco cumplió el mínimo constitucional, además que en los últimos años de la década se verificó un grave estancamiento en ambientes físicos como salas de operaciones y de cuidados intensivos, camas hospitalarias, etc., así como problemas en el abastecimiento de medicinas. Eso sí, los grandes grupos farmacéuticos y hospitalarios privados, terminaron siendo grandes ganadores de la inversión y gasto público. Por su parte, la seguridad social -en particular, los fondos de salud y pensiones- estaría quebrada, incluso luego de haber beneficiado millonariamente a clínicas privadas; y, lo que es más grave, el Estado se negó a aceptar la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A esta grave situación se suma la persistencia de problemas de salud pública como la desnutrición infantil, la cual tuvo una ínfima reducción de 25,8% a 23,9% entre 2006-2014.
Ni siquiera la tan promocionada “recuperación del Estado” como rector, ejecutor, y hasta motor de la economía, puede tomarse como ejemplo de transformación. Un caso dramático son las empresas públicas, las cuales presentan muchas costuras rotas como la quiebra luego de décadas de funcionamiento (p.ej. TAME) o el cierre a pesar de tener un gran potencial (p.ej. ENFARMA, que pudo ayudar a sustituir la importación de medicamentos, sirviendo como base potente para una política de salud más soberana). De hecho, al final del correísmo, volvió la vieja práctica neoliberal del festín privatizador: ventas de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados; entrega de los cuatro puertos más grandes del país al capital transnacional; propuestas de ventas agresivas de otras muchas empresas públicas incluyendo algunos proyectos hidroeléctricos construidos en el correísmo.
A pesar del retorno de varias prácticas neoliberales, cabe indicar que también hay algunos matices respecto a la “recuperación del Estado”. Por ejemplo, en la década se instrumentaron múltiples reformas en términos tributarios, supuestamente alegando la búsqueda de una mayor “justicia tributaria”. En dichas reformas, diferentes a la práctica neoliberal, el Estado adquirió más fuerza en la obtención de recursos vía impuestos. Sin embargo, incluso dicha práctica -que terminó siendo una de las bases de financiamiento de un Estado más grande y autoritario- no contribuyó a una redistribución de la riqueza. Es más, varias reformas terminaron siendo inofensivas y hasta beneficiosas para varios grandes grupos económicos (como la reducción del impuesto a la renta de 25 a 22%). Tales acciones -matizadas con enfrentamientos entre el gobierno y grupos económicos particulares- han terminado siendo meras formas de aumentar los ingresos estatales sin afectar los intereses de los principales dueños del poder económico del país. Estas, y otras acciones, hacen pensar que en muchos casos el correísmo instituyó un Estado útil a los intereses de capitales privados, sin siquiera afectar la reproducción del capitalismo rentista nacional.
El saldo de toda esta no-transformación, preocupante en extremo, aparece bajo la forma de un despilfarro brutal que sumaría -al menos- 12 mil millones de dólares, equivalentes al 44,7% de toda la deuda externa pública adquirida por el correísmo hasta diciembre de 2016. Pero la década desperdicia del correísmo dejó otro saldo igualmente grave: la no-transformación, ha creado las condiciones para que el país viva una de las crisis económicas más graves de sus últimos años, una crisis estructural en donde hasta el endeudamiento ha crecido agresivamente (tal como en épocas anteriores).
Los resultados económicos saltan a la vista, pues la crisis ha adquirido una innegable multidimensionalidad: estancamiento-caída del ingreso presente (PIB) y futuro (inversión); deterioro laboral, con el estancamiento-caída del empleo adecuado, de los ingresos salariales y hasta de las horas de trabajo, sobre todo en empresas pequeñas donde los trabajadores “autónomos”, jornaleros y peones -comúnmente informales- son los más afectados; un fuerte déficit fiscal a pesar de que el correísmo contó con los mayores ingresos de la historia republicana, déficit que no fomentó crecimiento; endeudamiento público externo agresivo, repitiendo las viejas taras del pasado: contratación de deuda para pagar deuda en procesos carentes de transparencia, por ejemplo, junto con el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional; una deuda pública interna que también se acelera, sacrificando el futuro de la seguridad social de las clases trabajadoras; una “deuda oculta” entre preventas petroleras, “facilidades de liquidez”, crédito a la banca pública y demás, que incluso habría debilitado la capacidad de las reservas internacionales de cubrir las reservas de la banca privada. A estas dimensiones se agregan los inicios de un posible proceso deflacionario, así como de una potencial enfermedad holandesa (con los matices propios de una economía dolarizada).
Todo este contexto de crisis, reiteremos, ha sido causado por la falta de transformaciones estructurales y el desperdicio de toda una década. Shocks externos como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar o el encarecimiento del crédito externo, solo develaron la no-transformación. Apenas fueron susurros recordándonos que nuestra sociedad no alcanzó ningún “milagro”, sino que sigue siendo lo que siempre fue, una sociedad incierta y en crisis, con una lógica de acumulación primario-exportadora típica del capitalismo periférico y dependiente.
Ante semejante realidad, una pregunta parece inevitable: ¿por qué no se dio la tan ansiada e indispensable “transformación”? Esto nos remite necesariamente al tema del poder. Al cabo de diez años de correísmo, siguen vigentes grandes grupos económicos capaces de impedir cualquier “transformación” y que, en la década correísta, lucraron millonariamente a la par que se beneficiaron de una mínima carga tributaria. Tales grupos mantuvieron -y mantienen- una influencia y hasta una representación directa en el poder político; mantienen un excesivo poder en las diferentes actividades económicas, sobre todo en la manufactura: poder sustentado en la elevada -e intacta- concentración que mantienen tanto en el control de los mercados como del capital (con casos que superan el 70% de participación), así con elevados márgenes de utilidad (con casos de utilidades que llegan a bordear el 90% en relación al patrimonio); algunos grupos consolidaron su poder al aumentar su influencia tanto en el ámbito del capital productivo, como del comercial y del bancario (p.ej. grupo Eljuri). Y quizá lo más cuestionable: han sido capaces de lucrar incluso en años de crisis, gracias a la permisividad y hasta complicidad del gobierno.
Junto con el poder, la incertidumbre propia de la economía ecuatoriana, también asoma como otra posible razón para explicar la no-transformación, frente a lo cual, al parecer, el correísmo  careció de propuestas estrategias reales, que se plasmen en políticas y propuestas de “transformación”, por una ignorancia de la real dinámica estructural de la economía del país, ignorancia que muy posiblemente se combinó con una enorme prepotencia de ciertas tecnocracias que -embriagadas de poder- desconocían y no hicieron esfuerzos por comprender las ricas experiencias regionales en este campo. Así, es obvio que no hubo condiciones para desarrollar propuestas y acciones orientadas a superar la modalidad de acumulación primario-exportadora, a desmontar la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana, a reducir -al menos- las estructuras y los controles oligopólicos en los mercados, a superar la fuerte informalidad existente en nuestro país, fortaleciendo efectivamente la economía popular y solidaria.
Dentro de esa incertidumbre, un aspecto clave es la dolarización. Tal esquema monetario se mantuvo por inercia, mientras el correísmo fortalecía sus rasgos caudillescos, desperdiciando un tiempo valioso para introducir cambios y herramientas que nos habrían permitido recuperar espacios de soberanía monetaria y cambiaria, como el dinero electrónico. Espacios que habrían sido en extremo útiles para aplicar políticas contra-cíclicas frente a la crisis, aunque también vulnerables más aún con el manejo económico irresponsable, propio del correísmo (vulnerabilidad inherente a toda sociedad con soberanía monetaria, y que se resuelve no desde la tecnocracia sino desde la política y la distribución del poder monetario).
De hecho, el mantenimiento de la dolarización, a toda costa y más aún en medio de un contexto de crisis, de una potencial deflación y de una posible enfermedad holandesa, puede tener un gravísimo costo social. En definitiva, la incertidumbre -incluso monetaria-, junto con la no-transformación, son grandes -y graves- herencias económicas de la década desperdiciada…
Es triste mirarnos en el espejo del tiempo, luego de toda una década, y casi reconocer al viejo país de siempre, o incluso a un país más incierto. Mientras el correísmo cantaba y festejaba a la “revolución”, lo que realmente hizo fue usar su nombre como pretexto para saciar su hambre de dinero y poder, siempre subalterno y dependiente del poder de grandes grupos que prácticamente son dueños de la vida económica -y política- del país, subalterno también de las demandas de los grandes capitales transnacionales a través de una inserción sumisa en el mercado mundial. No solo se perdieron millones de dólares entre el derroche, la corrupción y la falsa “transformación”, se perdió un tiempo valioso y único, en el que el pueblo ecuatoriano soñó con el cambio.
Pero quizá más penoso que la nostalgia e indignación por el pasado, es el futuro inmediato que deja como herencia la década desperdiciada. Por si la crisis, la incertidumbre y la no-transformación no fueran suficientes, nuestro país podría sufrir el resultante ciclo político de la economía, el cual: el “efecto monumento”, que impulsó el correísmo con su derroche, podría terminar siendo “funerario” para su sucesor, tal como en otras etapas de nuestra historia.
Semejante situación crea el escenario perfecto para que tecnócratas, como aquellos del Fondo Monetario Internacional, regresen al país con sus recetas y programas de “ajuste estructural”. Se han creado las condiciones para que el neoliberalismo emerja de entre los muertos, siempre recordando que fue el propio correísmo el que le dejó las puertas abiertas y dio los primeros pasos en ese camino de retorno. Se ha traicionado la confianza de un pueblo, traición que deja un espacio político enorme para que economistas -o más bien oportunistas, como diría Carlos Portela- convenzan, a ese mismo pueblo, de la necesidad de aplicar “programas anticrisis”, en contra de sí mismo. Es una situación en donde una vieja derecha resucita, mientras que la izquierda, capaz de enfrentar los embates neoliberales, ha quedado terriblemente golpeada y hasta deslegitimada. Todo resultado de una década desperdiciada en donde la política falló, y los “monstruos” ya han dado sus primeras pisadas.
Aunque el escenario no es alentador, recodemos que la historia la escribimos los propios seres humanos, siempre limitados, pero jamás condenados por el pasado. Como dijo Marcel Proust, es hora de ir en busca del tiempo perdido. No podemos tolerar más que un grupo de farsantes, sumidos en la falsedad y la falta de un análisis profundo, se roben la esperanza. No podemos aceptar más que nuestra sociedad viva en la incertidumbre, lo cual para muchos implica el desconocer si mañana o después, tendrán un pan en su boca o en la boca de sus seres queridos.
Por ello, una vez que hemos comprendido que el correísmo desperdició una década, nos surge una tarea urgente e histórica: reconstruir nuestro propio destino, un destino que ya no dependa de los vaivenes de la acumulación capitalista. Es hora de develar todas aquellas estructuras que nos limitan, y que debemos derrumbar si queremos ser verdaderamente libres en lo político, en lo económico y en todas las demás dimensiones humanas. Dicha libertad no es la libertad del mercado, no es la libertad de los dueños del poder, es la libertad de una vida en plenitud para todos y todas.
Es crucial una reflexión estructural de nuestro país, una reflexión que reconozca la degradación política que nos dejó la década desperdiciada, que acepte que la crisis en estas condiciones la pagan los más débiles, que devele la podredumbre en la que se cimienta la deuda externa, que se atreva a cuestionar los extractivismos, que no le tenga miedo a confrontar la corrupción tanto del poder político como del capital, que devele los nombres de los dueños de ese poder y los cuestione. Una reflexión estructural que aporte luz, a las sombras que nos dejó la década correísta.
Pero esa es, apenas, una tarea auxiliar hacia el verdadero objetivo: la gran transformación. Una transformación que, en épocas de crisis, es aún más urgente. Una transformación hacia una nueva sociedad realmente democrática, realmente equitativa, realmente justa. Una transformación en donde no sean las clases populares -y la Naturaleza- las que sacien la sed del capital en crisis, sino que sea el capital el sacrificado por el bienestar popular. Esa gran transformación necesita iluminarse de una reflexión profunda, desde la cual podamos volver a dar sentido a la palabra revolución.-






2 mar. 2018

La mezquindad (con addenda)

Si el aborto es una de las causas centrales de tu vida -una por la cual decís luchar sin descanso- no podés, cuando se abre la discusión del tema, dar un paso atrás y decir que es mero oportunismo, cortina de humo, maquillaje. Esas son las reglas de juego del sistema político horrendo que en tantos países tenemos: los políticos no están motivados a actuar por convicciones o principios, sino por intereses, conveniencia, cálculo. De allí que tantos opositores al kirchnerismo apoyásemos en su momento la reapertura de los juicios (aunque los Kirchner se enriquecieron durante la dictadura), militáramos desde el primer minuto por el matrimonio igualitario, o favoreciéramos (desde antes de que se convirtiera en ley) la AUH, que los K habían repudiado. Apoyamos entonces, dejando en claro nuestra oposición al gobierno.

MW, acá, da un buen ejemplo de qué puede hacer un opositor al gobierno en el tema aborto. Dice W:

"Quizás el oficialismo quiera usar el tema como “cortina de humo”. Es secundario porque se trata de una demanda justa, demasiado demorada. Y porque jamás frenará la (co)existencia de otros conflictos o reclamos. En una sociedad compleja siempre es tiempo de todo. "

Exacto. Es cortina de humo? Bienvenido! El tema es importantísimo, la causa es justa, hay tiempo para todo!

Por eso esta nota, de alguien que toda la vida se dijo comprometida con la causa del aborto, aterra: la mezquindad política desplaza a la causa, que finalmente no importa tanto como que el gobierno pierda o se vaya pronto. (En uno de sus párrafos más vergonzosos, la nota dice: "¿Qué sentido tiene impulsar la discusión en el Congreso para que nada cambie? Esa parece ser la clave: los anuncios en los cuatro temas de la agenda del movimiento de mujeres, a una semana del 8M, no van al hueso, no son más que un “como si”, para que nada, o bien poco, cambie.") La nota entera, acá.


Se trata de un momento único! Puede ser la primera vez que se discuta en serio sobre el tema, en la historia del Congreso argentino! Y, para un gobierno que se mueve conforme a encuestas, la resistencia al tema puede ser una razón para desalentar la discusión misma del tema. O sea: podría perderse una oportunidad histórica, por el propio interés, el afán de lucro o protagonismo, o la peor mezquindad política. Tristísimo y revelador.



p.d.: en el diario del domingo, en un buen editorial, MW vuelve a responderle bien al argumento de MC. El editorial, aca, y la parte pertinente dice

"En el archipiélago opositor se denuncia que Macri instala esta cuestión como cortina de humo para ocultar otras facetas de la realidad. Hay quien propugna “bajarse” de la iniciativa para no hacerle el juego. El razonamiento agrega que se divide el frente opositor, debilitándolo. Muy endeble sería la oposición si no soporta comprometerse en un reclamo de derechos y libertades de tamaña importancia. La metáfora de “la contradicción principal” es válida en política, a condición de dosificar su uso. Y no confundir “principal” con única.

La “cortina de humo” jamás obturará reclamos sociales o gremiales que ahora mismo se expresan con vitalidad cotidiana. La resistencia al programa de derecha no cesa. Bien mirada, la reivindicación que contiene el proyecto de ley es parte de esa pugna.  El apodado “campo popular” es muy otra cosa que un bloque uniforme, sin matices ni controversias."

1 mar. 2018