27 feb. 2018

El primer documento


que escribimos con Maristella Svampa, Ruben Lo Vuolo ( y que recibió la ayuda y las firmas de colegas y amigxs como B. Sarlo, P. Alabarces, H. Tarcus, E. Viale, entre otros), en los medios

https://www.clarin.com/politica/derechos-humanos-criticas-intelectuales-gobierno_0_S1uyTbfuG.html

http://www.elcohetealaluna.com/agrandar-la-grieta-tiros/

http://www.laizquierdadiario.com/Intelectuales-critican-al-gobierno

Y en nuestro sitio original
http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com.ar/2018/02/hacia-una-caracterizacion-del-gobierno.html

Murió Hugo Santiago

Autor de la que fue, tal vez, la mejor película argentina /Invasión, co/escrita con JLBorges y ABCasares

26 feb. 2018

Murió Leopoldo Schiffrin!

Nuestras condolencias a la familia del querido jurista

25 feb. 2018

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS. La ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos



Febrero de 2018

A más de dos años de gestión, es necesario hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente coartada acerca de la “herencia recibida”. Importa analizar el actual gobierno en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es, como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.

Eso no significa que haya que dejar de lado el pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior. Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983; también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia de autocrítica de parte de diferentes sectores –políticos, económicos e intelectuales- respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.

Sin embargo, y no sólo por un problema de extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la gestión actual ha venido haciendo de la “herencia recibida” en muchos casos no buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del carácter represivo del accionar de las fuerzas de seguridad.

Nuestro propósito en este documento es hacer eje en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país. Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.

En términos de violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario, contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.

Así, la violencia institucional se agravó y en los últimos meses se abrió a una nueva época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se desconocen las causas de su muerte por ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro, por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de “enemigo interno” buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.

La agresiva campaña política y mediática que apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas, de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina.

Causa alarma la insistencia del gobierno, muy propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la ligereza y la irresponsabilidad, propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el gobierno habla hoy de una “nueva doctrina” en la materia, con lo cual busca justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un “plan sistemático” (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el tema y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental, pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca sostenidamente justificar el “endurecimiento” de la acción represiva del Estado en un vasto campo que se extiende desde el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.

En relación con el accionar policial, desde los lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo.

Otro elemento de la nueva doctrina en la materia se observa a nivel probatorio, cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de “cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad”. Esta afirmación no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.

El gobierno y sus defensores también proponen dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas “garantistas” –esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas aún por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado. Lo cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.

En el ámbito penal, y desde las más altas esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte –que nuestro derecho decide en línea con las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica. Todas estas cuestiones siguen siendo elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo explícito que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde mucho antes que la Constitución de 1853.

El discurso constitucional del gobierno también aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento del sistema económico.

Todo lo anterior aparece como un resultado lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar como “facciosos” (propios de una determinada facción política) y aún “nocivos” para el accionar público.

En suma, en materia de derechos humanos, como también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional. Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente.

Primeras Firmas

Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro, Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces, Patricia Pintos

Aborto o golpear al gobierno? Golpear al gobierno

(El de hoy es un día histórico en la Argentina: todos los diarios y todos los editoriales se dedican, por primera vez, a hablar del aborto. Salvo en Página 12, el único que se declaraba abortista).

El, actual es un gobierno pendiente de las encuestas, y acaba de lanzar un globo de ensayo de peso -el debate sobre el aborto- no por principios, sino para detectar si de este modo puede fragmentar un poco a sus opositores, y ganar algo de la "transversalidad" que necesita. Finalmente, de esto se trata el (horrible) sistema político que tenemos: la clase política toma decisiones, no por cuestiones ideológicas o por principios, sino porque calcula que democráticamente le conviene. Pero por eso -reconociendo el valor que guardan esas reglas de juego- muchos apoyamos enfáticamente, en su momento, la reapertura de los juicios, o la Asignación Universal, aunque estábamos en contra del kirchnerismo (y así seguimos hasta hoy: decimos "yo fui antikirchnerista, pero..."). Con la reapertura de los juicios o con la AUH lo tuvimos en claro: la causa era mucho más importante que nuestras críticas al gobierno de turno.

Pero ahora no. Diarios como Página 12, políticos y periodistas estrella que dedicaron su vida a hablar y escribir sobre el aborto, muestran ahora que la causa no les importaba realmente. En estos días han dejado en claro que les resulta mucho más importante evitar que el gobierno recoja algún apoyo eventual (trabajan para que caiga, o al menos para que le vaya muy mal), que lograr que triunfe de una vez la causa por la que dijeron pelear toda la vida.

Y lamentablemente, como éste es un gobierno de encuestas, tal vez manana mismo abandone el debate, si ve que el tema no concita apoyo alguno entre sus opositores (por qué va a perder a parte de su electorado conservador, si ademas no gana apoyo alguno desde fuera). Por eso resulta crucial que hoy, y no manana, quienes defienden el derecho al aborto dejen en claro que, aunque están en contra del gobierno, van a apoyar esta iniciativa. Todas las energías deberían ponerse allí, ahora. 

Pero no. Resulta penoso que en este momento, cuando el gobierno acaba de abrir la puerta del debate sobre el aborto, los diarios mayoritarios, aún los más conservadores, dediquen sus tapas y principales contenidos dominicales a la cuestión, y que otros, como Página 12, que deberían liderar la batalla por el "ahora sí", minimicen el tema, escondiéndolo bajo cualquier otro ataque oportunista. En el caso de Página, su nota principal sobre la cuestión se dedica a mostrar que dentro del gobierno hay posiciones "En contra y a favor" -así se titula su nota. 

En un día que entiendo único en la historia argentina -el día en que la discusión pública, acompanada por los diarios má vendidos, se dedicó casi enteramente al tema del aborto...Página12 dedicó su portada y notas principales...a una entrevista con un profesor que en Espana incomodó al Ministro de Economía!!!! Parece que el aborto ahora no paga.

Ley de aborto o golpear al gobierno? Si nos importa la causa, el momento de apoyar la ley es ahora. Aborto legal.

23 feb. 2018

Democracias restringidas/ La disonancia democrática


En toda América, el sistema institucional definió sus rasgos esenciales entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX. Notablemente, la mayoría de las Constituciones adoptadas en tales años se mantienen básicamente intocadas, hasta hoy, sobre todo en lo relativo a los modos en que ellas organizan el poder.

Como es obvio, tales Constituciones se crearon en momentos en que la elite gobernante suscribía una visión muy estrecha sobre la vida política. Por lo tanto, ellas resultaron moldeadas a partir de criterios, objetivos y presupuestos indudablemente elitistas en torno a la democracia, la imparcialidad o la racionalidad colectiva (la democracia como amenaza; la irracionalidad y las pasiones como rasgos definitorios del comportamiento de las mayorías).

El sistema institucional con el que hoy todavía convivimos guarda una fuerte impronta proveniente de aquellos tiempos, que se advierte en cada uno de sus pilares centrales. Así, el sistema representativo privilegia la independencia y separación de los representantes, y dificulta. en lugar de facilitar, los controles populares sobre aquellos.

El sistema de “frenos y equilibrios” aparece mejor preparado para contener y canalizar la guerra civil, que para favorecer el diálogo democrático. El Poder Judicial sigue basado en la idea de que la justicia resulta de la reflexión de unos pocos sujetos, bien preparados y aislados de la mayoría.

El Senado nació teniendo, entre uno de sus principales objetivos, el de que los grandes propietarios pudieran contener los “excesos” provenientes de los pequeños propietarios, asentados en la Cámara Baja. El Poder Ejecutivo, unipersonal, fue diseñado para resistir las presiones sociales, y por tanto fue institucionalmente capacitado para imponer el orden frente a las recurrentes amenazas de la anarquía.

Desde entonces a hoy, por supuesto, mucha agua ha pasado bajo los puentes, y el entramado institucional terminó resignificándose, en buena medida, aun cuando la estructura de base de mantuviera intocada. En la actualidad, los medios de comunicación ayudan a que las demandas ciudadanas circulen de formas diversas, antes impensadas; el esquema de “frenos y equilibrios” tomó vida propia, alejándose de las razones, hoy algo extrañas, que le dieron inicial sentido; el fin de las elecciones indirectas para los cargos políticos hizo que instituciones como el Senado, o el mismo Poder Ejecutivo, tomaran impulsos no imaginados originariamente. Nada de lo anterior, sin embargo, niega al menos dos hechos fundamentales dentro de toda esta historia.

En primer lugar, los cambios institucionales devenidos no fueron capaces de borrar la marca de “democracia limitada” que dio sentido inicial a nuestro entramado político. Todas las modificaciones sobrevinientes en estas largas décadas no han suprimido ni cambiado de raíz el carácter fundamental de nuestras instituciones: los ciudadanos seguimos careciendo de poderes significativos de decisión y control sobre nuestros representantes; el aparato judicial sigue conformando un poder elitista en su esencia, y cada vez más burocratizado en sus formas; el verticalismo propio del sistema presidencialista sigue contradiciendo las posibilidades de una horizontalidad democrática; etc.

En segundo lugar, y lo que es más importante, aquel sistema institucional diseñado en tiempos de voto censitario, limitado y excluyente, debe hacer frente, desde comienzos del siglo XX, a una explosión democrática imparable –una explosión que se manifestó primero en la universalización del voto, y que se expandió enseguida en una lluvia infinita de demandas sociales, que sobrecargan a un sistema incapacitado para satisfacerlas.

La “fisura” o “disonancia democrática” abierta desde entonces, entre reclamos sociales cada vez más acentuados y vastos, e instituciones crecientemente insensibles y toscas en su accionar, da cuenta de la insatisfacción con la democracia que hoy prevalece, y que se manifiesta en la erosión de la legitimidad de nuestros procesos de toma de decisiones.

En los malos tiempos, se pretendió solucionar dicha “disonancia democrática” apagando o reprimiendo los reclamos crecientes. La idea de que la democracia es asunto de profesionales –una idea que en su momento buscaron asentar políticos y teóricos de todo tipo- también resultó arrasada por una autoconciencia democrática cada vez más extendida.

Es a las instituciones a las que les toca ceder esta vez, con cambios que den cabida a las exigencias democráticas propias de los nuevos tiempos. De allí que, frente a tales profundos problemas estructurales, los cambios cosméticos, el voluntarismo, o los gestos declamativos -ampulosos o en apariencia modestos, del tipo “queremos un país normal”- sirven de muy poco.

Ese tipo de proclamaciones resultan hipócritas, por lo demás, si se realizan mientras se mantiene intocado un marco institucional que concede a los gobernantes máximos poderes, y reserva para la ciudadanía mínimos márgenes de decisión y control. Inmersos en esas condiciones institucionales, que autorizan excesos y abusos de poder, y favorecen la “guerra” entre ramas de gobierno, seguiremos dependiendo de la buena voluntad de la elite política de turno. Y, para colmo, con el riesgo cierto de que se nos siga diciendo –como ayer u hoy- “esto es porque así lo quiso la gente”.

Roberto Gargarella es abogado, jurista y sociólogo. Profesor de la UBA y la UTDT.

18 feb. 2018

Apocalípticos y destituyentes

Luego de varios posts, entre los últimos, dedicados a denostar al gobierno y su penosísimo, imperdonable tratamiento del caso Chocobar (en lo importante: su vergonzosa gestión de los derechos, a los que se acerca conforme al dictado de las encuestas del día), vayan dos palabras, literalmente, sobre la oposición. Apocalípticos y destituyentes. 

Los amigos del gobierno anterior pasaron casi una década con la bobada de que los opositores eran apocalípticos (Carrió y cía.) y destituyentes (TN y cía.). Encontrarlos hoy en ese mismo lugar que burlaban y aborrecían, despierta piadosas sonrisas: el gobierno, según ellos, caerá en los próximos días, rodeado de muertos (causados por el gobierno). Pobre oposición!

Premio Seminario al actor, y a la obra de teatro: Osqui Guzmán y El Bululú

Ya hablamos de él en el blog, y aprovechamos una nota que le hacen hoy (acá), para volver a reivindicar -y premiar- al actor, hijo de bolivianos y costurero (y subrayo ambas cosas, que no son anécdotas en su vida). Osqui es desde siempre un tremendo actor, inteligente y humilde, que viene interpretando y seguirá interpretando por un tiempo, la genial obra de José María Vilches: El Bululú. Aplauso, maestro!

16 feb. 2018

Confirman el procesamiento de Chocobar

https://www.clarin.com/policiales/imputaron-policia-luis-chocobar-homicidio-agravado-confirmaron-procesamiento_0_r1jSXP4vz.html

La Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del policía que disparó y mató al presunto delincuente, e imputó al  agente por  "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber"​. A la luz de la decisión de la Cámara, uno se pregunta quién asesora al Presidente cuando toma decisiones como la que tomó, y quién no lo detiene, cuando se propone llevar a cabo una acción tan irracional, injusta e innecesaria como la del caso -el Presidente convocó al policía a su despacho, para felicitarlo por su conducta, apenas supo que el policía recibió su primer procesamiento desde el ámbito judicial. Si el Presidente no tenía buena información de lo ocurrido, es imperdonable lo que hizo, y si la tenía, mucho más. No se puede tomar a la ligera la vida de nadie. Nadie puede, y menos nuestros máximos representantes, salir a celebrar un muerto, y felicitar a quien ha matado (cualquiera sea la circunstancia de la muerte, y mucho más en situaciones oscuras, como la del caso).

Posiblemente, el Presidente sabía los detalles de lo ocurrido, y a conciencia hizo lo que hizo para ayudar a "cambiar una cultura" (de hostilidad hacia las fuerzas de seguridad) y una "doctrina" supuestamente imperante (la garantista), empujado por asesores de imagen que lo informan de que sus votantes aprecian las políticas de "mano dura." Ello torna a todo el episodio mucho más triste: triste que se le de entidad a los reclamos más pasionales de la comunidad, cuando hablamos de derechos; triste que la política promueva, desde hace años, irresponsablemente, políticas de endurecimiento penal (bajo la excusa de la "puerta giratoria," como durante el gobierno anterior; o bajo la idea de "ponerse del lado de las fuerzas de seguridad", propia de este gobierno); triste que haya que salir a defender el valor de las garantías penales, como si se tratara de excesos. No defendemos los derechos de los victimarios porque son delincuentes, sino que lo hacemos porque son personas.

15 feb. 2018

Informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela

Excelente, en una perfecta muestra del tipo de tareas que le corresponden a la Comisión, y en donde más se la necesita

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

14 feb. 2018

Zaffaroni y la "apología del delito"

Las declaraciones de Zaffaroni sobre su deseo de que el gobierno actual se vaya lo antes posible, son impresentables a la luz de una historia larga argentina, plagada de golpes de estado; y una historia corta llena de muertes producidas en circunstancias de "salida anticipada." También se encuentran en tensión con la "independencia, imparcialidad, dignidad y prestigio" que le exige el ejercicio de su cargo en la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos (art. 18 inc. c del Estatuto de la Corte).

De todos modos, no representan un caso de apología del delito. Como ciudadano común (que él no lo es) puede no sólo criticarse al gobierno, sino incluso hacerse campaña para la remoción del Presidente u otras autoridades de gobierno, a través del juicio político.

Dos libros recientes, de dos de los mejores constitucionalistas del mundo -Cass Sunstein (acá) y Laurence Tribe (acá)- abonan el camino para la promoción del juicio político del presidente norteamericano, y no hay absolutamente nada malo en ello (aunque en democracias frágiles el asunto merezca pensarse con especial cuidado).

12 feb. 2018

Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos

Publicado hoy en LN, acá
http://www.lanacion.com.ar/2108469-derechos-incondicionales-que-estan-por-encima-de-los-planes-economicos?utm_source=n_os_nota1&utm_medium=opinionS&utm_campaign=opinion


Son las políticas públicas las que deben orbitar en torno al sistema de garantías constitucionales y no a la inversa
     

Los economistas tienen serios problemas para reconocer el significado de contar con derechos consagrados constitucionalmente, con carácter incondicional, universal e inviolable. Desde hace décadas sabemos que los derechos -todos los derechos- cuestan y que, por lo tanto, su grado de satisfacción depende de la fortaleza de la situación económica de un país. Sin embargo, en un sentido todavía más relevante, tales derechos son incondicionales, porque frente a la obligación de respetarlos la respuesta estatal que dice "vuelva mañana porque hoy no tenemos recursos", simplemente, no resulta admisible.

Gobiernos como la mayoría de los latinoamericanos, que han afirmado en sus constituciones fuertes listas de derechos, deben reconocer que tales derechos no son "poesía" ni representan meras aspiraciones del tipo "ojalá que se cumplan un día". Todo lo contrario: un gobierno jamás puede dejar de celebrar una elección alegando que "cuesta mucho llevarla a cabo". Ni puede cerrar una rama del Legislativo para "abaratar costos". Ni puede negarse a contratar a un traductor para que el extranjero entienda el juicio que se celebra en su contra porque "no tenemos dinero para todo". Ni puede negarse a construir una rampa para que los discapacitados accedan hasta las oficinas públicas porque "a fin de cuentas son sólo unos pocos". Ni puede clausurar los tribunales alegando que "mantenerlos abiertos nos resulta muy caro."

Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa. La admisibilidad o no de un cierto plan económico depende de su capacidad para asegurar el respeto de los derechos constitucionalmente consagrados y para garantizar progresivamente la satisfacción más plena de estos. De lo contrario, lo que corresponde es retirar a esos derechos básicos de la Constitución. Curiosamente, y por suerte, la realidad de todos los países civilizados (incluyendo, en primer lugar, a los países latinoamericanos) suele ser la opuesta. Esto es, cada vez que se ha reformado una Constitución, se ha tendido a afirmar y en todo caso a expandir, nunca a reducir, la lista de los derechos existente. Sea cual sea la razón última (virtuosa o no) que explica este hecho, lo cierto es que tenemos toda la razón del mundo para tomarnos en serio los derechos incorporados en el único contrato que nos une a todos -la Constitución- y reclamar el cumplimento de aquellos, mientras allí sigan residiendo.

Lo dicho resulta más complicado aún de lo que parece y, por lo tanto -tal vez-, todavía más difícil de aceptar para los economistas. Y es que, frente a las obligaciones constitucionales que tienen, los gobiernos no pueden decir, por ejemplo, "elijo este plan económico que, seguramente, en unos años permitirá que todos gocen de sus derechos de un modo más firme", si la aplicación de dicho plan implica, en la actualidad, que los derechos de una mayoría queden insatisfechos de un modo grave. Los derechos son inviolables e incompensables entre las personas o grupos (los derechos plenos de unos no pueden compensarse con la privación o reducción de los derechos de otros). La libertad infinita de que gozaba Idi Amin en Uganda, en su momento, no compensaba la falta de libertades que oprimía a todo el resto.

El buen vivir o la mayor seguridad de una mayoría ocasional tampoco justifican la tortura del "peor de todos" ni la expulsión de los "indeseables" de turno porque la mayoría no quiere convivir con ellos. Del mismo modo, el mayor bienestar de muchos no justifica que "por unos años los de abajo se ajusten el cinturón", si ese "ajuste del cinturón" implica la pérdida o no afirmación de sus derechos básicos: la salud, vivienda, educación, seguridad, etc., deben asegurárseles a todos. Por ello decimos que los derechos son universales: porque les corresponden a todos, blancos y negros, mujeres y varones, ricos y pobres, siempre y sin distinciones.

Las consideraciones anteriores no implican negar que vivimos en países con capacidades económicas limitadas. Todos los tribunales de derechos humanos reconocen, por ello, lo que denominan el "principio de progresividad", que determina que los Estados deben "procurar todos los medios posibles" para la satisfacción de los derechos de todos y cada uno, en cada momento histórico. Por supuesto, en ningún caso el "contenido esencial" de tales derechos puede afectarse. De allí que las constituciones modernas sean compatibles con modelos económicos muy diferentes, y de orientación opuesta, pero siempre que ellos aseguren el piso mínimo de derechos que les corresponden a todos.

Cierto modelo económico puede determinar que los bienes básicos sean dispensados solamente a través de la prestación estatal, y otros, abrir más la puerta a iniciativas privadas o a formas económicas mixtas. Ciertos programas pueden privilegiar el ingreso a determinadas facultades, conforme al mérito; otros pueden vincular el acceso inmediato a los hospitales de acuerdo con las necesidades o urgencias de los pacientes. Pero ningún programa puede considerarse autorizado si, en los hechos, determina que algún sector de la sociedad quede marginado del acceso a los derechos fundamentales.

Lo dicho hasta aquí tampoco importa negar la posibilidad de que, en momentos de crisis, encaremos sacrificios conjuntos, ni rechazar que los privilegiados hagan mayores esfuerzos que los más débiles, en los momentos difíciles, para salir de una situación de apremio. Pero, otra vez, esos sacrificios no deben implicar nunca que algunos -pocos o muchos- dejen de contar con sus derechos básicos asegurados. Puede resultar comprensible, frente a una crisis, que no construyamos un nuevo autódromo, dejemos de comprar el armamento más sofisticado, fomentemos el uso de fuentes de energía alternativas o recortemos las jubilaciones de privilegio. Pero, por supuesto, dicho momento de angustia económica no debe servir como excusa para cerrar las bibliotecas u hospitales públicos, y tampoco para impedir que algunos accedan a tales beneficios.

Finalmente, debemos reconocer que el esquema de derechos fundamentales consagrado en nuestras constituciones es el que debe organizar nuestras políticas públicas y no al revés. Son ellas -las políticas públicas- las que deben orbitar en torno al sistema de derechos, y por lo tanto son ellas las que deben ser escogidas, evaluadas y eventualmente dejadas de lado, conforme a su capacidad para asegurar a todos, hoy, sus derechos básicos. Las políticas son las que deben esperar, y no los derechos. El argumento según el cual la libertad de expresión, el sistema de justicia, el acceso a los hospitales, la educación para todos, el medio ambiente limpio, la no discriminación, el respeto a la diversidad cultural o las elecciones periódicas van a garantizarse o no, dependiendo del éxito que vaya a obtener el programa económico, no se encuentra disponible para ningún gobierno.

6 feb. 2018

"La inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte"

El sociólogo del gobierno, JDB ha vuelto a hacer lo que le gusta, esto es, provocar con frases polémicas, y en este caso además, particularmente irritantes. El reportaje y su síntesis pueden verse aquí abajo:

Al reportaje puede anexársele otro similar, y hecho por el mismo periodista, a la Ministra de Seguridad, que vuelve a mostrar su peor rostro -el otro aún no lo he visto- diciendo que, desde el gobierno (ay), quieren cambiar la "doctrina" conforme a la cual el policía es siempre culpable: https://www.clarin.com/politica/fuerte-cruce-periodista-ernesto-tenembaum-patricia-bullrich-caso-chocobar_0_HyNc5fPLG.html .

La afirmación que más me choca de las que hace JDB es aquella en la que dice: "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

En tanto encuestólogo, él puede defender la frase como meramente descriptiva (más allá de que esas encuestas no me consten, aunque puedan existir y con esos resultados). Sin embargo, es claro que -y éste es siempre el problema de los sociólogos/encuestadores- dicho juicio descriptivo se desliza habitualmente hacia otro lado, con la pretensión de convertirse, como en este caso, veladamente, en un juicio "normativo", acerca de lo que "debe" hacerse. 

Sobre la cuestión, marcaría algunos puntos:

1) En términos normativos, no aceptamos nunca (en la Argentina y en cualquier democracia constitucional), y está bien que no aceptemos nunca, regular derechos a través de encuestas.

2) Una encuesta es algo completamente diferente a una decisión democrática. Muchas veces, como en este caso, se nos presenta el resultado de una encuesta para decirnos: "esto es lo que democráticamente quiere la gente, así que usted que tanto habla de la democracia, tiene que resignarse a aceptar ese resultado." Y lo cierto es que en absoluto: el mercado es una cosa, y la democracia otra, y merecen regularse por criterios diferentes. 

3) Las diferencias son más notorias todavía (aunque aquí no voy a insistir en el punto) para el caso de quienes entendemos democracia no de cualquier modo (como una mera cuestión estadística o de números), sino como decisión colectiva que se toma luego de un debate que incluye a todos los afectados. Por eso, por ejemplo, muchos no nos conmovimos por los plebiscitos convocados por Fujimori o Pinochet: una consulta popular sin discusión, sin debate y críticas, sin que se escuchen equitativamente todas las voces, o con decenas de voces censuradas o ausentes, no es la expresión de la democracia, sino una trampa.

4) Puede tener sentido, a nivel de mercado, la encuesta acerca de cuál tipo de jabón prefiere la gente. La decisión sobre cuestiones vinculadas con la justicia - por ejemplo, cómo responder frente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad - son algo completamente diferente, e independiente también de lo que diga cualquier encuesta. Ello, entre otras razones, porque las cuestiones de justicia, para resolverse bien, deben dar cuenta de matices (qué hacer con los arrepentidos; qué hacer frente a los que llevan años de prisión; qué hacer frente a los ya ancianos; qué frente a los que han radicalizado sus posiciones) que pueden resultar irrelevantes en una encuesta sobre jabones, pero simplemente cruciales en nuestras reflexiones sobre cómo tratarnos mutuamente, y como a cada uno. 

5)  Por lo demás, y esto es crucial, frente a un hecho conmovedor, y preguntadas a bocajarro, las personas pueden decir cosas espantosas (no sólo, pero mucho más, si su respuesta se mantiene en el anonimato, como ocurre típicamente en los comentarios que aparecen luego de las notas, en los diarios digitales). Sin embargo, esas mismas personas, puestas a considerar argumentos de un lado y otro, luego de escuchar a las diferentes partes, y con tiempo para deliberar (esas mismas personas, repito), tienden a tomar posiciones diferentes a las que tomaban a las apuradas, puestas contra la pared, en el primer instante

(digo algo más sobre la cuestión democracia-mercado-jurados en el último post que incluyera en el blog, acá:

6) Eso es exactamente lo que pasa con los jurados penales, compuestos por "no profesionales". Tenemos evidencia empírica, aún en nuestro país, que en el marco del juicio por jurados (esto es, luego de tomarse un tiempo, escuchar a las partes, escrutar la evidencia) los ciudadanos comunes tienden a tomar decisiones más bénevolas o menos punitivistas que las que son habituales entre los jueces profesionales.

7) Es decir, la idea de que "la gran mayoría de la gente quiere la pena de muerte" es falsa, o limitada a conceptos de "mayoría," "gente" y "quiere" que la tornan totalmente irrelevante. Ello, porque es dable esperar que, esa misma gente, con más tranquilidad, frente a argumentos en contra, teniendo la oportunidad de evaluar la evidencia del caso, y frente a situaciones concretas, diga lo contrario a lo que se le quiere atribuir en una encuesta como la que cita JDB con carácter fijo o definitivo.

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