18 jul. 2019

Con don Atienza

Servicio Cívico Voluntario: Pourquoi?

Bien la Asociación de Pensamiento Penal en la resistencia al "servicio cívico" a cargo de gendarmería. Si no se tratara de otro invento bobo, improvisado, mal fundado, y electoralista, habría que tomar más tiempo para criticarlo. Pero no es el caso.
http://www.pensamientopenal.org/app-expresa-su-rechazo-a-la-creacion-del-servicio-civico-voluntario-en-valores-a-cargo-de-la-gendarmeria-nacional/

16 jul. 2019

Socialismo

Estupenda "entrada" al tema "socialismo", vía Pablo Gilabert y Martin O'Neill, para la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Aplauso y gracias a ambos, que le han puesto un enorme trabajo!!

https://plato.stanford.edu/entries/socialism/?fbclid=IwAR3PrQWbR-N3N8lgNysVLFW_CfsYt90x-NAFIRjcANUd5ZFARhkHl6oepis

11 jul. 2019

Elecciones: Con el FIT y con peros

https://www.laizquierdadiario.com/Mas-de-cien-intelectuales-docentes-y-artistas-impulsan-declaracion-en-apoyo-al-FIT-Unidad?utm_content=buffer081d3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2pbRTVRWJHzC4ZlLJv6qNjUXNW84ejhPNkryIFmJcdkGAQ9XzXPfaNIS8

Incómodo frente al modo de funcionamiento interno, y con peros frente a algunos temas cruciales (i.e., Venezuela), vuelvo a apoyar al FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores), como opción de crítica y protesta frente a las dos principales alternativas hoy en juego, y persuadido siempre de que la salida es por izquierda. Esa salida requiere más democracia económica y más democracia política (como demanda, hoy, un claro sí en el tema del aborto, y una política diferente en materia de recursos naturales). Adherir, entonces, con convicción, sin ocultar reservas, y sin abdicar de la propia capacidad crítica.

10 jul. 2019

Atención este libro/ Gratis todavía

"Entendiendo la debilidad institucional"
De la colección de brevísimos de Cambridge, tres grandes jóvenes autores (los más grandes?) de la joven ciencia política: Vicky Murillo, Steve Levitsky y Dan Brinks (dos argentinos y un argentinólogo)
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Impresentables

1 jul. 2019

Discurso en el Honoris Causa






El derecho como conversación entre iguales

Quisiera tomar esta oportunidad que me otorgan, para abogar por un particular ideal regulativo en torno al derecho. Pienso en un ideal en donde el derecho aparece como la expresión y el resultado de una conversación entre iguales. Esta visión del derecho puede ayudarnos a pensar críticamente sobre nuestra disciplina; y contribuir también a que definamos cómo y en qué sentido modificar la práctica jurídica con la que estamos involucrados. Ante todo, concibo al ideal de la conversación entre iguales como un anhelo: el anhelo de dejar atrás la desesperanza en la que habitualmente nos sume la práctica efectiva del derecho.

Frente a esa desilusión a la que nos arroja, con mucha frecuencia, el derecho, me he encontrado muchas veces repitiendo, inconscientemente y para mis adentros, los versos del poeta Rafael Alberti. Desde el exilio en Francia, Alberti mostraba la impotencia que sentía en relación con la única arma que sabía manejar –el lenguaje- diciendo: “las palabras entonces no existen, son palabras.” Esta línea pertenece a su poema “Nocturno”, en donde el poeta escribió:

“Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas,
¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua…
Las palabras entonces no existen, son palabras…
Siento esta noche, heridas de muerte las palabras”

A pesar de todo: a pesar de las tristezas de tinta con que nos deja el derecho; a pesar de los libros que escribimos y que ha de borrar el agua; quisiera dedicar esta oportunidad a insistir otra vez. Quisiera volver a insistir por el derecho, una vez más, como si tuviéramos las fuerzas y las ilusiones todavía intactas. Propongo aquí, entonces, pensar en el derecho como una conversación entre iguales, y abogar por ello.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales,  porque todos tenemos la misma dignidad moral; porque compartimos dudas semejantes sobre lo que está bien y lo que está mal; porque nos equivocamos frecuentemente; porque con el diálogo podemos ayudarnos mutuamente a reconocer y adoptar las difíciles decisiones acerca de cómo seguir viviendo juntos, de un modo respetuoso hacia los demás. Junto con mi maestro, Carlos Nino, diría que la conversación puede ayudarnos, sobre todo, en la tarea de educarnos cívicamente: educarnos en la obligación de atender y prestarle atención al otro; de escuchar y dejar hablar a nuestros pares; de pensar dos veces lo que vamos a decir antes de responderles; de reconocer que aún o sobre todo aquel a quien, por prejuicios, no escuchamos, puede tener algo de interés para contarnos.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales, y en los términos en que lo enunciaba el filósofo Jurgen Habermas, debe esforzarse por incluir a “todos los potencialmente afectados” porque, sólo de ese modo –a través de ese esfuerzo inclusivo- es que se pueden construir decisiones efectivamente imparciales. El origen de esa conexión que Nino, Habermas, o tantos otros han establecido entre discusión, inclusión e imparcialidad se encontraba ya en Aristóteles, quien en la Política hablaba sobre la “sabiduría de la multitud.” Aristóteles apoyaba su idea al respecto en el hecho de que –según sus palabras- “cada individuo dentro del todo posee una parte de la excelencia y la sabiduría práctica,” por lo cual –agregaba- cuando todos se reúnen para decidir, ese actuar común impacta también en el carácter y en el pensamiento del conjunto: se agrega así diversidad y se expande de esta manera el conocimiento.

Más acá en el tiempo, el filósofo John Stuart Mill formuló de modo todavía más claro ese mismo punto, al afirmar que cada individuo debía ser tomado como el “último juez” en lo relacionado con sus intereses.  Mill postulaba una idea de sentido común, conforme a la cual la imparcialidad necesitaba alimentarse del punto de vista de cada individuo, por considerar que cada una de esas perspectivas resultaba irreemplazable: por más empatía que sintieran los demás en relación con uno, nadie podía comprender las propias necesidades y las propias búsquedas, mejor que uno mismo.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales. En su forma ideal, esa conversación nos ayuda a definir no sólo qué es lo que deberíamos considerar derecho, sino también aquello que deberíamos considerar, en todo caso, derecho no justificado. En tren de tornar visible aquello a lo que me refiero, en lo que sigue voy a examinar tres anomalías o imperfecciones, y tres patologías o defectos graves que, de modos distintos, socavan el ideal de la conversación entre iguales. Me referiré primero a anomalías que afectan a alguno de los tres pilares sobre los que –a mi entender- se funda la conversación entre iguales. Pienso en los pilares de la igualdad, la inclusividad, y la deliberación. Luego, haré referencia a las situaciones en que esas anomalías se conviertan en patologías, esto es decir, me referiré a lo que ocurre cuando imperfecciones como las citadas sobrepasan el umbral de lo circunstancial o marginal, para convertirse en defectos graves, extendidos y estables.

La primera anomalía a la que voy a referirme es la que se produce cuando la conversación se lleva a cabo en comunidades insuficientemente igualitarias. Sostengo entonces que el derecho debiera resultar de una conversación entre iguales, pero enseguida también, que dicho diálogo se ve amenazado cuando el mismo se crea y despliega en contextos que desafían nuestra común igualdad. Piénsese, por ejemplo, en la concepción política que era compartida por muchos de los juristas y “padres fundadores” del constitucionalismo latinoamericano, a mediados del siglo xix. Juan Bautista Alberdi, en la Argentina, tanto como Andrés Bello en Chile, o José María Samper en Colombia, defendieron con ardor la conformación de sociedades capaces de igualar a sus miembros en relación con sus derechos civiles, pero sin embargo, al mismo tiempo, aceptaron la desigualdad política de su época como una anomalía a ser remediada sólo muy gradualmente. Alberdi sostuvo entonces que no participaba del “fanatismo inexperimentado, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que sólo saben emplearlas en crear sus propios tiranos”. En cambio, agregó, resultaba imprescindible asegurar libertades civiles “ilimitadas y abundantísimas para nuestros pueblos” (Alberdi 1920, tomo xiv, 64-65). Lo mismo expresaba desde Chile Andrés Bello, cuando escribía que  “los pueblos son menos celosos de la conservación de su libertad política, que de sus derechos civiles.” Y agregaba: “Raro es el hombre que se sienta más herido cuando arbitrariamente se le priva, por ejemplo, del derecho del sufragio, que cuando se le despoja violentamente de sus bienes” (Jaksic 2001, 212). Quiero decir, Alberdi, tanto como Bello y muchas figuras públicas de la época, defendieron la construcción de sociedades progresivamente igualitarias, asumiendo que, por el momento, era necesario concentrar la preocupación igualitaria en la igualdad civil –la que permitía negociar, contratar, comerciar- antes que en la igualdad política. Alberdi, tanto como Bello y otros, defendieron de este modo anomalías circunstanciales a las que hoy no podemos ya resignarnos. Y ello así, no sólo porque ya ha llegado el tiempo de las libertades políticas que pre-anunciaba Alberdi, sino también porque en ningún caso podemos pensar adecuadamente sobre las libertades civiles o económicas, en ausencia de las voces de quienes, en nombre de esas libertades que tal vez padezcan, encuentran sus más básicos derechos políticos postergados.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales. Sin embargo, ese ideal resulta desafiado, también –y ésta es la segunda anomalía a la que quiero referirme- cuando se afecta la condición de inclusividad que, en una sociedad democrática, debiera distinguir siempre al debate público. Piénsese, por caso, en las dificultades que son propias de una conversación sobre asuntos públicos que se limita tan solo a expertos o técnicos; o piénsese, sino, en los casos en que el diálogo se encapsula en representantes que actúan con plena independencia de los criterios de sus representados. Estas formas de deliberación que hoy podemos considerar tan imperfectas eran, precisamente, las que propiciaba uno de los más grandes pensadores políticos del conservadurismo de todos los tiempos, Edmund Burke. En su famoso discurso de Bristol, en 1774, y frente a la propuesta de sus adversarios más radicales, que concebían a los representantes como meros delegados de sus electores, Burke presentó una célebre defensa del valor de la deliberación. Fundó entonces su presentación en la importancia de que los representantes pudieran cambiar de opinión frente a los mejores argumentos que encontrasen en el debate, y más allá de las demandas particulares o ambiciones locales de sus electores. La de Burke resultó una defensa fuertemente elitista de la deliberación, que desde entonces distingue a una parte importante de la teoría política. Sostuvo Burke entonces:

“Su representante le debe a usted su juicio; y él le traiciona, en lugar de servirle, si sacrifica ese juicio por la opinión de quienes lo han elegido... el gobierno y la legislación son cuestiones de razón y juicio, y no de meras inclinaciones.” (Burke 1774).

Desde el punto de vista que aquí propongo, la postura de Burke resulta muy controvertida. Primero, porque la política difiere de la ciencia, en cuanto a que ella se desarrolla en un marco dominado por el pluralismo y los desacuerdos razonables, y no en un ámbito en donde la verdad puede ser develada a través de la investigación empírica. Segundo, porque para un representante siempre debe ser posible acomodar o matizar los criterios generales sostenidos por sus electores, con los mejores argumentos que encuentre en el foro político. Tercero –y esto es lo que más me importa señalar- la postura de Burke resulta poco aceptable, cuando tomamos en cuenta criterios como los ofrecidos por John Stuart Mill o Robert Dahl, relacionados con el supuesto de que cada quien es el mejor conocedor de sus propios intereses. Esta última postura contrasta radicalmente con la concepción epistémica elitista sostenida por Burke, y que concibe a la política como ciencia, y a la ciudadanía como incapaz de reflexionar críticamente sobre los asuntos públicos. Contra dicha visión, sostengo aquí que si en la deliberación no se escuchan las voces de todos los afectados, ella va a convertirse, previsiblemente, en vehículo de decisiones parciales, y así, irrazonables.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales. Sin embargo, ese ideal se frustra –y ésta es la tercera anomalía a la que quiero referirme- no sólo cuando la conversación queda bajo el exclusivo control de una elite, sino también cuando la gran mayoría de los afectados participa dentro de un marco institucional que dificulta o impide el debate. Pensemos, por caso, en el ideal participativo avanzado por Jacques Rousseau. Según el cientista político Bernard Manin, quien ofreciera, contemporáneamente, uno de los estudios más iluminadores sobre la concepción Rousseauneana, el ginebrino favorecía las decisiones que reflejaban la "voluntad general", y que requerían la participación de todos los afectados; pero, al mismo tiempo, condenaba de modo firme todo “intercambio de argumentos” entre las partes. Para Rousseau, tales intercambios producían confusión y parcialidad, y por lo tanto hacían imposible la formación de la voluntad general. Por ese motivo –agregaba- la comunicación entre las partes debía evitarse (Manin 1987, 345). Desde la posición que aquí sostengo, el diálogo limitado a una elite resulta tan condenable como la participación masiva sin diálogo. Piénsese, sino, en plebiscitos como el implementado por la dictadura chilena, en 1988 –un plebiscito celebrado en un contexto de restricciones a la libertad de expresión; limitaciones severas sobre el libre funcionamiento de los partidos políticos y sindicatos; y un uso fundamentalmente discrecional de los poderes coercitivos del Estado. Lo que el ejemplo nos recuerda –más allá de sus resultados- es que la participación masiva tiene poco sentido, si no se aseguran al mismo tiempo las precondiciones elementales de la libre expresión, la crítica y el diálogo. Todavía más: el ideal de la deliberación entre iguales no requiere solamente la posibilidad de que discutamos sobre las decisiones públicas que van a recaer luego sobre nosotros; sino que podamos reflexionar y decidir también sobre los matices de lo votado. Por ejemplo, si se nos convoca a tomar una decisión sobre un Acuerdo de Paz o sobre un texto constitucional, necesitamos tener también la posibilidad de discernir entre un artículo y otro; la de escoger un derecho pero no los siguientes; la de matizar o reforzar cada uno de esos derechos que se nos presentan como ofrendas. Necesitamos impedir lo que Rosalind Dixon denominara el uso de “derechos como sobornos” que se produce cuando, por ejemplo, la ciudadanía es llamada a votar por la adopción de nuevos derechos sociales, que sólo puede obtener si vota, al mismo tiempo, en favor de la reelección presidencial o la mayor concentración del poder.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales, pero a veces, como anticipara, queda afectado por patologías que frustran completamente dicha posibilidad.  Dentro de estas patologías me ocuparé, en primer lugar, del caso de la desigualdad que se enquista hasta convertirse en elemento constitutivo de una institución o práctica. Pensemos, por tomar un ejemplo, en el caso de una conversación que se da al interior de una familia dominada por un padre autoritario. Pudiera ocurrir que, dentro de ese marco, el padre convoque a los integrantes de su familia para conversar sobre algunos de los muchos asuntos comunes: el trato de unos a otros; los aportes de cada uno a la vida en común; la mayor o menor liberalidad de costumbres reclamada por algunos de los miembros de la familia; etc. En un contexto semejante, no resultaría sorprendente que en algún momento, y cansado de encontrarse con argumentos con los que disiente, o posturas que no está acostumbrado a escuchar, el padre ponga abrupto fin al diálogo por él mismo convocado, levantado la voz, o dando un golpe sobre la mesa: “Ya está, se terminó, me tienen cansado” –podría decir el padre. Por supuesto, no pretendo predecir la ocurrencia de tales reacciones, sino criticar las estructuras que permiten su recurrencia. Se trata de estructuras muy poco hospitalarias para la conversación –estructuras mal preparadas para el desarrollo de una conversación entre iguales, que en los hechos autorizan a una de las partes a pronunciar siempre la “última palabra”, desentendiéndose de las razones y de los reclamos de todos los demás. En sociedades multiculturales, marcadas por el “pluralismo razonable” (al decir de John Rawls), o por el “hecho del desacuerdo” (al decir de Jeremy Waldron), la presencia de autoridades a las que nos cuesta desafiar como ciudadanos; o de políticos con los que no podemos conversar institucionalmente; o de magistrados que guardan el poder de imponer sus decisiones sin ofrecernos derecho a réplica, ilustran las formas indebidas del diálogo entre desiguales.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales, pero dicha conversación tampoco se obtiene cuando aparecen otras dos patologías, que suelen funcionar en espejo: la patología de la política capturada por grupos de interés; y la de la vida pública afectada por la exclusión sistemática de algunas voces. Cuando el proceso de creación legal queda, efectivamente, en las manos de una parcialidad, el derecho comienza a sesgarse, en línea con las pretensiones de la minoría que lo escribe, aplica o interpreta. Ello así, no por la acción conspirativa de esos pocos; ni necesariamente en razón de la mala fe de algunos sino, sobre todo, por la dificultades que mostramos los humanos para ponernos en los zapatos de los demás –la dificultad que cualquiera de nosotros muestra para reconocer o procesar debidamente los reclamos de aquellos a quienes no ha escuchado, o de aquellos con quienes no ha hablado. Se producen entonces hechos tan obvios como inesperados; tan previsibles como sorprendentes: Parlamentos compuestos exclusiva o casi exclusivamente por hombres, que muestran dificultades extraordinarias para lidiar con cuestiones relacionadas con la violencia marital o la salud reproductiva; sociedades multiculturales, plurales, heterogéneas, con poblaciones carcelarias por completo homogéneas; órganos políticos vacíos de representación indígena, que ignoran durante siglos las demandas históricas de una minoría aborigen. Se trata, en todos los casos, de resultados tan injustos como previsibles desde el primer instante -resultados que contemplamos con extrañeza, sin reconocernos en ellos; y sin advertir que, en buena medida, somos nosotros mismos los responsables o autores de semejantes agravios. Somos nosotros –en tales casos- quienes cargamos los dados institucionales de modo indebido, y los que finalmente construimos los injustos resultados que luego nos dejan perplejos.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales. Sin embargo, de forma habitual, el derecho es creado bajo condiciones que excluyen, sistemáticamente a una parte significativa de la población, cuyas voces comienzan a resultar inaudibles para el resto, y cuyos puntos de vista resultan así, poco a poco, invisibilizados. El sistema institucional, de ese modo, no nos permite reconocer cuáles son los reclamos de aquellos que se sienten, por todos los demás, maltratados. Se expande, de tal forma, el riesgo de que decidamos inapropiadamente; de que no sepamos balancear de modo justo el peso de las demandas de los más desaventajados. De allí la importancia única que adquiere la protesta en democracia: necesitamos escuchar por qué es que se queja quien se queja; necesitamos saber qué tienen para decirnos quienes se muestran disconformes con lo que hacemos. Por ello, también, es que resulta tan desafortunado que una mayoría de nuestros jueces obre, comúnmente, en el sentido contrario al sugerido, y opte ligeramente por perseguir o procesar a quienes protestan. Nuestros magistrados debieran entender que no hay voz más importante, en una democracia que no es justa, que la voz de quien nos manifiesta su queja. Debemos proteger esa voz, como si fuera la propia, pero no por meras razones de compasión, solidaridad o altruismo, sino por la necesidad que tenemos todos de que no se tomen, en nuestro nombre, decisiones que nos benefician perjudicando indebidamente al resto.

El derecho debiera resultar de una conversación entre iguales, y la buena noticia es que la práctica constitucional contemporánea demuestra que el ideal por el que abogamos es un ideal asequible, y no meramente imaginario. En tal sentido, quienes consideren que la conversación entre iguales nos refiere a un objetivo fundamentalmente alejado de nuestra vida real, harán bien en recordar de qué modo, recientemente, ciudadanos del común mostraron capacidad y disposición a intervenir activamente en complejos debates constitucionales. Ello es lo que ocurrió, por tomar un caso reciente, en un país como Islandia, en el 2010. Quienes se apresuren a objetar ejemplos como el citado por considerarlo propio de tierras exóticas, despobladas, y de composición homogénea, harán bien en llamarse a la prudencia, para informarse acerca del modo en que actuaron las Asambleas Ciudadanas en otros ámbitos –ahora multiculturales y heterogéneos- como los propios de British Columbia y Ontario, en Canadá, abocadas al rediseño de los sistemas electorales. Quienes desmerezcan estos nuevos ejemplos, alegando que refieren a temas poco divisivos o demasiado técnicos, deberán revisar con detenimiento de qué forma, en un país tan religioso como Irlanda, la discusión ciudadana logró resolver, en tiempos recientes, asuntos tan polémicos, concretos y disputados como los relacionados con la salud reproductiva o el matrimonio igualitario. Quienes todavía se obstinen en dejar de lado ejemplos como los anteriores, aduciendo que ellos se vinculan a casos propios de países con poblaciones muy educadas, o culturas sofisticadas, deberán recordar de qué modo, en la Argentina de hoy, jóvenes en apariencia apáticos o políticamente desinteresados, nos dieron lecciones de compromiso público y conocimiento informado, en los extraordinarios debates sobre el aborto que se llevaron a cabo en los meses pasados. Y quienes se empeñen aún en descartar tales casos, aludiendo a la historia de movilización popular propia de países como la Argentina –una historia de movilizaciones que explicaría por qué allí pudo darse lo que no podría darse en otros casos- les convendrá volver a tomarse un tiempo, para rememorar de qué modo los “pingüinos” y los estudiantes secundarios, en Chile, permitieron oxigenar y llenar de vida discusiones públicas tan olvidadas, mal atendidas, y estancadas en el tiempo, como las referidas al derecho a la educación. Ejemplos tan maravillosos como los anteriores, contemporáneos, y provenientes de los confines más disímiles del planeta, nos ayudan a ver lo que ya deberíamos haber reconocido hace tiempo: i) primero, que los derechos fundamentales son creaciones humanas, sobre cuyo contenido y alcance debemos poder discutir; ii) segundo, que las personas se motivan para participar en los asuntos que les interesan, cuando advierten que sus demandas pueden ser tomadas en serio; iii) tercero, que no es cierto que las personas del común carezcan de la capacidad para comprender y decidir sobre temas complejos; iv) cuarto, que tiene sentido seguir apostando al diálogo, aún o sobre todo en contextos de polarización política; y v) quinto, que aún frente a cuestiones fundamentales, relacionadas con la identidad, la tradición o la fe, las personas se muestran abiertas y dispuestas a debatir, matizando o cambiando directamente sus posiciones iniciales. Tal vez haya llegado la hora de dejar de lado muchos de los infundados prejuicios que ayudaron a que no viéramos o a que negáramos aquello de lo que no queríamos hacernos cargo.

Comencé esta presentación recordando a un gran poeta; y quisiera concluirla citando a otro gran escritor. Empecé rememorando a Rafael Alberti, en el exilio, y remembrando su dolor frente a la impotencia de las palabras, en un mundo obstinado en hablar sólo el lenguaje de la violencia. Quisiera terminar esta presentación, entonces, como la he seguido, esto es decir, apostando  por el valor del diálogo, aún o sobre todo en el marco de comunidades más cerradas o endurecidas, empeñadas en hablar sólo con quienes están de acuerdo, y dispuestas a marginar a quienes consideran molestos. Por lo dicho, quisiera concluir homenajeando a un escritor chileno, Pedro Lemebel. Tuve la fortuna de escuchar a Lemebel, en Buenos Aires, en los días previos a su muerte. Decir que pude escucharlo, de todos modos, es exagerado, porque –aunque Lemebel estaba allí para leernos sus crudos textos- él se encontraba ya demasiado débil. Afectado por un cáncer de laringe, mostraba sólo jirones, apenas audibles, de su voz. La metáfora que se nos representó entonces no pudo ser más elocuente: al final de una vida en la que había recibido, una y otra vez, los más humillantes azotes del destrato, el escritor se ponía de pie, nuevamente, para usar la palabra como modo de expresar su disconformidad, dispuesto a enunciar nuevamente su dolorosa e imprescindible queja. Con la garganta desgarrada y una vocecita fina, final, ya casi muerta, Lemebel pedía una vez más lo más básico, esto es, afirmando su derecho a ser diferente, pedía se tratado como un igual. Casi imposibilitado de hablar, mostraba su fe obstinada en el valor de la palabra. Quisiera finalizar entonces, con él, reivindicando la capacidad crítica y transformadora de las palabras, aún o sobre todo cuando nos sentimos sin fuerza o sin mayor esperanza. A pesar de todo, quisiera reivindicar el valor de estas tristezas de tinta que tal vez, una vez más, barra el viento y borre el agua. Insisto entonces con lo que empezara: el derecho debiera resultar de una conversación entre iguales.

BIBLIOGRAFIA

Alberdi, J. B. (1920),  Obras Selectas, Ed. Joaquín V. González, Buenos Aires: La Facultad.
Bello, A. (1997), Selected Writings, ed. por I. Jaksic, Oxford: Oxford University Press.
Dahl, R. (1989), Democracy and its critics, New Haven: Yale University Press.
Everson, S. (1996), ed., Aristotle: The Politics and the Constitution of Athens, Cambridge: Cambridge University Press.
Manin, B. (1987), “On Legitimacy and Political Deliberation,” Political Theory, 13, 338-368.
Mill, J. [1859] 2003, On Liberty, London: Dover Publications Inc.
Nino, C. (1989), Ética y derechos humanos, Buenos Aires: Astrea.
Rawls, J. (1991), Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Waldron, J. (1999), Law and Disagreement, Oxford: Oxford University Press.

27 jun. 2019

Matrimonio igualitario/Corte de Ecuador/Pronunciamiento

Peronismo para todos los gustos

De Gustavo Sala, en Revista Barcelona


Alexy en Bolivia















Aquí en Santa Cruz, Bolivia, en el Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, referido al "Constitucionalismo Democrático". El Congreso, multitudinario, concluirá con la entrega de un Honoris Causa a Robert Alexy ("Alexis" -escucho le dicen), quien además da el discurso inaugural de la Conferencia. La ceremonia, y su discurso en particular, me resultan muy llamativos -chocante diría. Para explicar por qué eso que siento -una combinación de decepción y molestia; de tristeza y enojo- agrego algunas notas previas, contextuales, y luego me refiero al discurso del homenajeado.

En primer lugar, leo y estudio a Alexy, desde hace más de 30 años (con Nino, en los 80, estudiábamos los "presupuestos del discurso" a través de la obra de Alexy). Admiro, además, la influencia que ha tenido en el mundo, y en nuestra región en particular, desde hace décadas. Me queda claro que la obra de cualquiera de nosotros está a años luz de la suya, en rigor e impacto, siendo simplemente incomparable con la del profesor alemán.

En segundo lugar, la academia jurídica boliviana, en lo que conozco, está tanto o más golpeada que muchas de las academias jurídicas regionales, por razones finalmente objetivas: falta de inversión en educación superior; pocos profesores de tiempo completo; escasas becas y apoyos a la investigación; una tradición dogmática de larga data. Son hechos que ocurren, de modo similar, en muchos otros países, y que cuando aparecen combinados, como aquí, afectan mucho al desarrollo de la reflexión crítica.

Finalmente, menciono el problema político-constitucional que aquí domina la escena. El problema en cuestión incluye a un tribunal superior (el Tribunal Plurinacional) que consideró que la consulta popular convocada por el mismo Evo Morales (!!), para extender su mandato a un nuevo período, y que terminó con la derrota del Presidente (!!), violaba sus derechos humanos (!!). Dos de los tres presentadores que antecedieron a Alexy, aludieron a ese problema jurídico gravísimo que, sin dudas, es el gran elefante dentro del cuarto que habita el derecho boliviano.

Dentro de ese contexto político y legal angustiante, Alexy hace su presentación coronado por tres fórmulas matemáticas sucesivas, de complejidad creciente (el público rió por lo bajo, entre sorprendido y molesto, cuando aparecieron las fórmulas -único soporte del orador- en la pantalla). Como última estación de un curso extenso, podrían haber servido. Como primer paso en una presentación de dos horas, frente a un auditorio no-experto que, posiblemente, escuche su teoría por primera vez, resultaron fuera de lugar por completo. Finalmente, las fórmulas no referían a nada demasiado nuevo (y nada que no pudiera explicarse con palabras): está hablando sobre su "fórmula del peso", y de cómo aplicar un análisis de proporcionalidad en relación con los principios del derecho. Por supuesto que no está mal que Alexy insista con sus temas habituales, pero uno se pregunta, por qué ir a su formulación más abstracta y compleja, en un contexto como éste. Ello generó una tensión que pocas veces he visto, entre un auditorio con formación jurídica especialmente frágil (por razones como las antedichas), y una presentación especialmente abstracta y compleja.

Difícilmente lo siguiera de cerca alguno de los casi 500 oyentes-no especialistas presentes: porque era demasiado complejo; porque no tenía el menor vínculo con la realidad local; porque nadie tenía la obligación de estar informado sobre los detalles de una teoría compleja; porque el discurso se hizo exageradamente largo. Algunos se sonreían; otros hacían algún comentario irónico por lo bajo; quien estaba a mi lado se preguntaba "quién puede animarse a preguntarle algo"; los de enfrente se miraban haciendo burlas sobre la exposición; la mayoría estaba en lo suyo, desenganchada ya. Alexy -y esto va a su favor- aparece muy comprometido con lo que dice, pero -y esto va en contra- por completo ajeno a su audiencia: A quién le habla? Y por qué así, por qué de este modo?

En cuando a la forma: el buen trato y el respeto hacia la audiencia requieren que uno asuma la inteligencia y disposición a entender de quienes escuchan, pero no que presuponga que todos son especialistas del área en la que uno es especialista. Éso no es buen trato. La presentación hubiera tenido sentido, tal vez, en un contexto por completo distinto -pongamos, en un seminario de especialistas en la Universidad de Frankfurt (aunque la hubiera objetado por su autorreferencialidad y falta de novedad)- pero ninguno aquí. 

En cuando al contenido: quien presenta en un encuentro como éste tiene derecho a exponer sobre lo que uno viene trabajando, que suele ser lo que más le interesa a uno. Pero cuando es invitado (homenajeado) por una comunidad completamente diferente a la propia, hace bien si muestra esfuerzos por entender lo que le interesa a los demás: hablo de empatía. Empatía para tratar de reconocer por qué a esos demás tan distantes les importa lo que uno hace. No digo, para nada, que uno deba "traducir" lo propio para adaptarlo a los gustos o necesidades de la audiencia; ni que uno deba ponerse a estudiar la "realidad" del otro, para hablar de ella, con el riesgo de equivocarse en todo. No. Pido mucho menos: reclamo que el expositor deje en claro que tiene frente a sí a seres humanos que no son los que lo rodean a uno en seminarios de especialistas. Reclamo el reconocimiento del otro: el reconocimiento de que los otros están allí (en buena medida, por uno).

Para peor, ocurre esto: luego de que escuchamos, de parte de los primeros oradores locales, acerca de la catástrofe que vive el derecho constitucional boliviano, a partir de los abusos del poder dominante, Alexy ilustra su morosa exposición, exclusivamente, con casos del tribunal constitucional alemán, empezando por una aparentemente crucial decisión que se diera en el caso (literal) de los "conejitos de chocolate, papá noel y el arroz inflado" (!!!) (el tribunal consideró que era desproporcionada la prohibición total de la venta de los conejitos de arroz inflado -conejitos de arroz que habían dejado "devastado" a un niño que pensaba que iba a comer conejitos de chocolate). El otro ejemplo central es el de los cazadores de halcones en Alemania.

Luego, Alexy nos recuerda el modo en que distintos tribunales citan su trabajo, y la seria advertencia que él debió hacerles a varios miembros de esos tribunales: que utilicen su fórmula como criterio analítico, pero que no la transcriban en sus sentencias, como ya lo han hecho! (lo dice con el índice levantado, enojado). Nos cuenta de "la única palabra en inglés" que él creó ("argumeter", que combina argumentos y métrica); avanza sin mostrar una mínima consideración hacia el público, sin hacer el mínimo esfuerzo por conectar sus preocupaciones con las de cualquiera de los presentes; y finalmente se excusa por la notable extensión del discurso, señalando a la traductora (consecutiva) y alegando que el tiempo que necesitó, por ello (por ella) se terminó duplicando.

Me alegra ver a Alexy, a esta altura, tan comprometido con su trabajo. Me disturba verlo tan ajeno al público que ha venido a escucharlo: no es aceptable hacer aquí la misma presentación que podía haber hecho en un seminario de especialistas en Alemania, China u Oxford. No está bien.

20 jun. 2019

Honoris

Para los amigues en Chile, si pasan por ahí


18 jun. 2019

Mañana, ante última sesión del seminario: Constitucionalismo Abusivo!


Y otro libro que llega!

"Authoritarian Constitutionalism: Comparative Analysis and Critique" (Edward Elgar) edited by H Alviar García and G Frankenberg with contributions by R Gargarella, D Kennedy, H Yamamoto, N Sultany, among others http://bit.ly/2FgLG1C 

10 jun. 2019

Moro, Lava Jato, Cuadernos


https://elpais.com/internacional/2019/06/10/actualidad/1560128085_319045.html

Según una investigación del periodista estadounidense Glenn Greenwald, para el diario The Intercept Brasil, el ahora Ministro Moro, y entonces Juez instructor de la causa del Lava Jato, mantuvo conversaciones privadas con el fiscal, destinadas a asegurar la prisión para Lula.

Las revelaciones, de ser ciertas, terminan de manchar la ya opaca trayectoria del ex Juez, y aconsejan su retiro de la vida pública (y, por supuesto, sería mucho peor que fuera al STF con estos antecedentes).

Tales datos tiñen de oscuro, también, la prisión de Lula, cuya condena debería ser revisada. Si lo que se revela es cierto, tal como parece, él no debería estar en la cárcel.

Sin embargo, de ningún modo, como sugieren algunos -sólo porque lo desean- lo dicho significaría que los datos del caso sean falsos; o que parecían culpables sean inocentes; o que los condenados no deban serlo, por ésta y otras causas. En Brasil, por lo menos desde el "mensalao", y por el mismo, buena parte de la dirigencia más importante del PT debía ser penalmente sancionada. Lo que la revelación hace es socavar el proceso llevado a cabo contra Lula, y lo que cae duramente, además, es la ya alicaída imagen del Ministro ex Juez.

Lo mismo para la Argentina: Contra los deseos de los fanáticos, las dudas que genera el dúo Bonadío-Stornelli (fiscal que no se explica cómo no declara en la causa para la que se lo ha citado) no vienen a afirmar que la causa de los Cuadernos sea falsa, ni que los procesados no deban ser procesados, ni que los encontrados culpables no lo sean. Mi impresión es que la causa es esencialmente verdadera, y que los presuntos culpables son efectivamente culpables.

La mafia no deja de existir, ni sus crímenes desaparecen, si la condena a Al Capone se demuestra injusta (evasión de impuestos), o procesalmente mal llevada. Al Capone, en ese caso, debería ser liberado, por supuesto, pero de ningún modo, por ello, lo verdadero se convierte en falso, y el demonio en ángel.


6 jun. 2019

Jurado en un concurso de helados: Breves sobre la sociología del helado, y apuntes sobre el gelato



(Tal vez por mi carácter de hijo de heladeros itálicos, fui invitado como jurado a un Concurso de Helados, así que cuento sintéticamente algunas impresiones)

Breves sobre el Campeonato Latinoamericano de Helado Artesanal, del que fui parcial jurado, gracias a la generosa invitación de Damián A. Digo que fui parcial jurado (que no es lo mismo que jurado parcial), porque –mi malentendido- había aceptado la invitación pensando que el evento se hacía el miércoles anterior, en que no tenía Seminario, pero el Campeonato era hoy, así que tuve que abandonar mi silla en algún momento, para correr hacia la Universidad. Lo siento!!

De lo breve que diría: probé sólo buen helado, lo que es decir mucho, ya que el helado que circula en el país es, en la actualidad, predominantemente malo, en parte porque algunos “maestros heladeros” quedaron durmiendo en los laureles (“el helado argentino es el mejor del mundo”); y otros aprovechan la fama construida en el pasado (por ellos o por otros), para vender cualquier cosa, y sacar los amplísimos márgenes de ganancia que el helado permite sacar.

El helado que probé fue argentino, aunque de base abiertamente italiana -así se auto-presentaban (aclaro esto porque es independiente de la “Copa Latinoamericana” en la que participé parcialmente como jurado). El heladero artesanal argentino sigue teniendo al italiano como modelo casi excluyente (aunque ahora alguno ensaye una que otra versión extraña, tipo helado tailandés o japonés o chino). Pero, otra vez, el helado artesanal, que pretende ser de calidad (artesanal y de calidad no son sinónimos), no se presenta como exótico, sino –todavía- como italiano. El helado argentino de calidad pretende ser entonces gelato. Sin embargo, como diré, helado y gelato son dos productos diferentes, y los nuestros volvieron a hacer helado.

Tres más sobre la sociología del helado artesanal argento, pretendidamente gelato: El mundo del helado artesanal está siguiendo hoy el camino del vino, el café, el chocolate o el aceite. Por lo que se vio, vamos a una nueva segmentación “gourmet”, con expertos y maestros; modernos y divertidos; jóvenes y cancheros –pero lo que necesitamos es retomar la calidad perdida. Bienvenido, entonces, ese nuevo desembarco, aunque –como en los demás casos- esos orígenes sociales y esa socialización de los “nuevos dueños” conlleva riesgos peligrosísimos, como en los demás casos (el peor: arrogantes presentado un mal producto con ínfulas de primer mundo). Ya le pasó a la primera oleada de nuestros maestros heladeros: los heladeros que bajaron de los barcos –en el primer desembarco (como mi padre, que se hizo heladero al poco llegar de Italia)- sentaron estándares de calidad altísimos, que prontamente fueron fagocitados por los que vieron allí una gran fuente de ganancias rápidas.

Sobre la socialización, debería mencionar también -pero lo haré sólo al pasar- el carácter machista, misógino, rudo, poco sofisticado pero a la vez pretensioso, propio del empresario medio argentino (al empresario alto lo conozco menos, pero en lo que lo conozco, es igual o peor, y sobre todo más peligroso, por su capacidad de presión sobre el poder político).

Finalmente: por lo que escuché de los “maestros artesanos” que nos dieron “clase” –los "maestros" dieron las “instrucciones al jurado”- todavía habitan en ellos los mitos auto-sostenidos del estilo: “tenemos el mejor helado del mundo”; “mejoramos al original”; “por lejos, y gracias a nuestras raíces italianas, superamos al helado que se hace en el resto de América Latina”. Poco de eso es cierto, aunque haya sido cierto en algún momento que nuestra base itálica nos permitía sacarle larga ventaja a los demás países de la región. Hoy, por nuestro “dormirnos en los laureles” y también por la híper-especialización que ya llegó a algunos países vecinos (en parte como consecuencia de la desigualdad creciente que lleva a la existencia de “pretensiones de consumo top” -Brasil es el caso principal, no diría el único) se encuentra excelente helado de calidad –genuino gelato- en países vecinos, y muy poco en la Argentina –cuando pudo ser la regla.

Termino con algunas claves para distinguir el helado que prefiero –el gelato- del helado que consumimos habitualmente.

i)                    La grasa: el gelato se hace en base a leche, el helado en base a crema. El gelato tiene entre un 3 y un 10 por ciento de grasa; el helado puede tener tranquilamente un 20, 25% de grasa. Por eso, el actual helado de calidad argentino es pesadísimo (y no como el gelato, ligero y suave). En la misma línea: así como importa evitar el helado grasoso, hay que escapar del helado que nos bombardea a azúcar para ganar en inmediatez: esto no
ii)                  El aire: El aire es una parte importante del helado, pero también una vía al abuso, porque así se puede aumentar fácilmente el volumen (i.e., grasas hidrogenadas). La Argentina oscila hoy entre el helado grasoso-pesado-tipo “Freddo” nueva ola-“de calidad”, y el helado tipo “Grido”, aireado en lugar de pesado, realmente malo (más allá de la deshonestidad de la marca citada –bandada de evasores conspicuos)
iii)                El color: Si el pistacho tiene color verde; y la crema del cielo azul, huir. El buen helado no está pintado, sino que tiene colores suaves, que se mueven en una paleta limitada de colores cercanos al ocre. El “pintado” es el primer gran indicio para no detenerse o no en una heladería
iv)                La vainilla o americana: como sabemos, el helado test, porque “revela” cómo es la base de la heladería de turno. En la Argentina es, también, el mínimo común denominador, dado que todo es americana, con colores o agregados (i.e., pistacho: no tiene pistacho en absoluto, sino que es americana pintada de verde; crema del cielo: americana pintada de azul)
v)                  Los cristales: ya sea porque el helado no es sedoso; ya sea porque no está bien cuidado en su temperatura, es señal de que cabalgamos mal, y estamos frente a un mal producto final (entonces cae agua-hielo dentro del helado, con los cambios de temperatura, por ejemplo cuando se abre y cierra la “tapa” que lo cubre, en los viejos stands de helados –hoy los “modernos” exhiben desnuda y sin tapa su mercadería, lo que en todo caso, en principio, está bien)
vi)                Los productos naturales, o no. En general, distinguimos al helado artesanal del que no lo es, no sólo por la cadena industrial en que está metido el último, sino por la ausencia de los productos naturales que son los que caracterizan al buen helado. El gelato monta buena parte de su fama en esta base –el chocolate viene del chocolate, el pistacho del pistacho, la frutilla de la frutilla; y no de productos químicos, colorantes, etc. Un buen dato adicional: si la heladería rota, o no, sus ofertas de helados, conforme la temporada de que se trate (i.e., no tiene frambuesa porque no es temporada: buen dato, no malo)
vii)              Cucurucho: otro “proxy” importante del buen helado. Si tenemos al barquillo auténtico, empezamos bien; si van a servirnos en el cono tipo-plástico-anti-humedad, o pedimos que nos sirvan en envase de plástico directamente o, mejor, nos vamos

Y eso ha sido todo por hoy. Viva el helado!




5 jun. 2019

Aguanta el Seminario!

Impresionante el seminario de este año, con tanta concurrencia. No es condición necesaria para que funcione, pero alegra ver tanta gente tan interesada en temas de relevancia pública, pero también abstractos, y que nos permiten respirar de la pelea política cotidiana. Se agradece! Y gracias al Instituto Gioja, que debe tener poderes mágicos!

3 jun. 2019

Debe presentarse

Si algo no puede alegar, es falta de garantías, cuando lidera él un procedimiento señalado por idénticas falencias. Es imperioso que se presente

25 may. 2019

El derecho constitucional es cosa de hombres



Acaba de finalizar el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. En su organización estuvieron involucrados algunos colegas a quienes aprecio y respeto, y a quienes felicito por tamaño emprendimiento: organizar eventos de semejante dimensión siempre conlleva enormes dificultades y dolores de cabeza. Los aplaudo de pie por ello.

Ahora bien, de parte de todos los colegas extranjeros con quienes hablé, recibí los mismos, unánimes comentarios, referidos a los contenidos y formas del Congreso. Ellos me hablaron, con idéntica perplejidad, sobre varios temas, relacionados con la actualización doctrinaria de los expositores; el nivel de preparación de los ponentes; la riqueza de las discusiones; la apertura al público. No me interesa revelar si esos comentarios fueron positivos o negativos; ni referirme al tenor de los mismos. Ello así, entre otras razones, porque no estuve presente en tales debates. Por ello, no quisiera hablar de lo que no vi ni escuché por mis propios medios.

Si no estuve presente en el Congreso, ello se debe a que no fui invitado ni informado de tamaño acontecimiento, pero entiendo perfectamente las razones de tal decisión. No soy miembro de la Asociación de Derecho Constitucional; y muchos de los pocos colegas que han leído mis trabajos entienden que mis escritos están equivocados; o son irrelevantes; o –a diferencia de los de ellos- no tienen ningún peso en la discusión regional o internacional. Acepto de corazón tales razones: son las reglas del juego, y me allano a ellas.

Sí quisiera llamar la atención, sin embargo, sobre uno de los temas que me mencionaron muchos colegas, porque el mismo aparece expuesto de modo explícito y manifiesto en el Programa del Evento (https://www.iberoamericanodc2019.com.ar/PROGRAMA.pdf): cualquiera de nosotros puede así conocerlo. Me refiero a la descomunal ausencia de mujeres, de entre los expositores principales. Si tomamos las sesiones plenarias (cada uno podrá hacer su propia cuenta) advierto la presencia de dos mujeres como ponentes principales, de entre 46 expositores, esto es decir –en mi cálculo- que el 95 por ciento de los expositores fueron hombres. Este solo dato dice mucho acerca del actual estado de situación en el derecho (constitucional) argentino, y el modo en que se distribuye el poder dentro del mismo. Sobre esto sí me animo a revelar lo que sostuvieron, unánimemente, los colegas extranjeros con los que hablé: una vergüenza. De mi parte, agregaría que, a esta altura de los tiempos, se trata de un rezago imperdonable, y que no puede repetirse: nunca más. Nos avergüenza a todxs.



24 may. 2019

Nino

Pocas fotos, o testimonios fílmicos o grabaciones de Carlos Nino (salvo las gloriosas "grabaciones encontradas" de su seminario de discusión en SADAF, que publicamos como "ocho lecciones sobre ética y derecho", en siglo xxi). Ésta foto, que recibí esta semana, es de las más bonitas, con Nino de pelo largo y pinta de galán.

20 may. 2019

Russell: Pensamiento crítico contra la autoridad

Cuando te encuentres con oposición, siempre trata de superarla a través de los argumentos, y no a través de la autoridad, porque una victoria dependiente de la autoridad siempre será irreal e ilusoria.

Y no tengas respeto por la autoridad de otros, que siempre se pueden encontrar autoridades contrarias.


18 may. 2019

A la izquierda, siempre

En días de anuncios electorales, dos puntos pequeños
1) La democracia se juega cada día, y es bueno hacer todo lo posible para no reducirla, como diría algunx, a meros "actos eleccionarios." Sostendría más bien lo contrario: democracia es, sobre todo, lo que pasa entre elección y elección, en esos "momentos largos".
2) Siempre, en los momentos largos como en los momentos eleccionarios, la alternativa debe ser de izquierda. Y si en el momento corto no está (porque no siempre la izquierda actualmente existente, es la izquierda) será ninguna para el momento corto, y de izquierda para el momento largo.

15 may. 2019

El riesgo de un nuevo pacto de impunidad

Publicado hoy en LN, y co-escrito con Rubén Lo Vuolo y Maristella Svampa
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-riesgo-pacto-impunidad-nid2247852

el horror, el horror, el horror

El riesgo de un pacto de impunidad
Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo y MaristellaSvampa
Mayo de 2019

La historia de la Argentina ha alternado siempre entre grandes expectativasy grandes frustraciones. Sus abundantes bienes naturales y la calidad de sus recursos humanos siempre fueron presentados como elementos capaces de facilitar la construcción de una sociedad con potencia para combinar prosperidad y buen vivir. Sin embargo, la reiterada sucesión de fracasos colectivos y crisis recurrentes la transforma en una sociedad que se aleja cada vez más de su potencial histórico. Así, hoy estamos inmersos en otro episodio de frustración colectiva y crisis, en el contexto de un nuevo período electoral.

Frente a este escenario, aquí buscamos reflexionar sobre uno de los elementos que explican estas frustraciones y crisis recurrentes y que se vuelve particularmente relevante en este período electoral: la reiteración de pactos de impunidad entre los miembros de las elites que controlan las distintas instancias de poder en el país. Estos pactos reiterados y no siempre formalizados en la práctica política argentina, explican no sólo las decepciones económicas reiteradas, sino también la persistencia de una matriz de desigualdad que alimenta la riqueza y el poder de un grupo minoritario.

Hay múltiples ejemplos de estos pactos, que habitualmente no se producen a la luz del día, no se expresan en un solo acto, ni se limitan a la clase política. El que mantiene en libertad al ex Presidente Menem bajo el amparo de sus fueros legislativos es uno de los más notables, aunque sólo ilustre de modo visible la impunidad de funcionarios y empresarios que lucraron con privatizaciones y otras políticas de su gobierno, y que nunca fueron siquiera citados por la justicia. El propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha reconocido la participación de su padre en “actos delictivos”, que lo muestran como protagonista activo de esos pactos (en particular, a través de la“patria contratista,” que definió los destinos económicos del país durante décadas). Los ejemplos se multiplican a nivel de provincias y municipios, como así en el engorroso entramado normativo que otorga beneficios especiales y normas de excepción en diversos rubros de la relación entre el sector público y el privado (incluyendo los cuantiosos negocios vinculados a la deuda pública). 

La llamada “causa de los cuadernos” puede ser el ejemplo más notorio del acuerdo por la impunidad al que nos referimos. La causa en cuestión ha dejado a la luz las cloacas de una entente político-económica estratégica que, con distintos nombres y distintas retóricas, ha controlado y esquilmado a la Argentina en las últimas décadas. En una ofensiva que busca limitar o poner término a las gravísimas derivaciones de esta causa, se observa que gran parte de la elite dirigente del país denuncia que “todo el proceso está lleno de irregularidades y mentiras”, mientras opera para contaminarlo y ponerle precio a la impunidad de empresarios y políticos que hoy se encuentran en estado de pánico. Buena parte de nuestro personal judicial, también protagonista de pactos de impunidad pasados y presentes, parece dispuesta a trabajar al servicio de ello. Por ejemplo, la insólita decisión de la Corte, de requerir al Tribunal n. 2 el expediente del juicio que se iniciaba contra la ex Presidenta, no define ni constituye ese pacto, pero sin dudas tampoco hace nada para desmentirlo.
Así, detrás de nuevos “pactos de gobernabilidad” la sociedad argentina enfrenta hoy el riesgo de nuevos “pactos de impunidad”. Con el argumento de la innegable necesidad de lograr paz social junto con estabilidad política y económica, sectores del poder político, sindical, empresarial y eclesiástico -y más allá de las controversias, odios y escándalos del momento-, auspician un nuevo compromiso de impunidad para los culpables de desfalcos públicos y enriquecimientos privados.

Esto no quiere decir que estemos rechazando la necesidad de generar nuevos consensos para mejorar la economía, cambiar las condiciones institucionales en el país, o dotar de mayor justicia a prácticas carentes de ella. Por el contrario,coincidimosen buscar puntos de acuerdo entre diversas fuerzas políticas. Pero lo que nos interesa recordar es que la historia argentina ofrece buenos ejemplos de lo contrario, donde la búsqueda de pactos de gobernabilidad ha abierto la puerta a la consolidación de pactos de impunidad. Como consecuencia de estos acuerdos de cúpula, el país no sólo sigue inmerso en una matriz de corrupción público-privada, sino que también sufre las consecuencias de una matriz económica rentista, improductiva e insustentable, incapaz de ofrecer empleo, bienestar a la población y garantizar la protección de la vida y de los territorios. No debe extrañar que, pese a los cambios de gobierno, las actividades económicas más rentables en el país continúen siendo las vinculadas a la extracción y depredación de los bienes naturales; a mercados cautivos; a la especulación financiera, cambiaria e inmobiliaria; a los contratos privilegiados con el Estado.

Así, la persistente matriz de desigualdad económica y social en el país es el resultado directo de estos pactos de impunidad de las elites que pueden incluir mayor o menor cantidad de programas asistenciales, más o menos deuda pública, incremento o disminución de la obra pública, pero que siempre favorecen el enriquecimiento y la concentración del poder en unos pocos. Los habituales protagonistas de estos pactos de enriquecimiento personal y ejercicio de poder concentrado se encuentran tanto entre los ocupantes circunstanciales de los tres poderes del Estado, como en los medios de comunicación afines y las agrupaciones intermedias al servicio de intereses particulares (incluyendo asociaciones civiles y los llamados thinkthanks que operan como apéndices de estos poderes).

Nos interesa subrayar entonces que los problemas del país no pueden ni merecen resolverse con consensos que, apelando a la “política real” o “pragmática” concluyan en un nuevo pacto de impunidad entre las élites, suprimiendo todo proceso de justicia y esclarecimiento de lo ocurrido en estos años. Proponemos resistir esos acuerdos, tanto en sus contenidos, como en sus formas. Pues, para poder convertirse en acuerdos democráticos, ellos deben incluir a ciudadanos y movimientos sociales, y no sólo a las cúpulas de los tradicionales factores de poder locales. Necesitamos evitar que se repitan políticas que en la coyuntura aparentan mejorar la situación económica y social pero que, por los modos en que se construyen, y por los objetivos a los que apuntan, prometen reforzar la matriz de desigualdad, exclusiones y privilegios persistentes.

Sabemos que no resulta fácil construir alternativas políticas sólidas en la coyuntura actual y entendemos la desesperación de muchos ante la escalada de la crisis presente. Pero pensar la sociedad y la política del país desde un horizonte de igualdad, de mayor democracia, de justicia social y ambiental, exige desmantelar el vínculo estructural que hoy todavía se advierte, entre corrupción, injusticia y desigualdad. La autocrítica política; la justicia que garantice el fin de la impunidad; y el cambio drástico en la orientación de la política económica y social, deben ir necesariamente de la mano. 


14 may. 2019

Un pacto de impunidad

No es de un día; no se agota en un acto; no se reduce a un solo grupo de actores; no se limita a la clase política; no se expresa sólo en una decisión (como la de la Corte de hoy). El poder en la Argentina no tolera el riesgo cotidiano de ser investigados. Necesitan terminar con todo esto. Que lo recuerden todxs quienes han colaborado con esto.

12 may. 2019

Reforma constitucional: sí, pero no así ni de este modo




En estos días volvió a hablarse en el país, una vez más, de la reforma constitucional. Desafortunadamente, el tema se recuperó a partir de  las malas razones, como tantas otras veces. En los peores casos, la reforma se propuso a partir de consideraciones oportunistas y de corto plazo; y en los mejores casos, se lo hizo asumiendo que, a través de cambios en la letra del derecho, se podían lograr cambios que los reformistas no estaban dispuestos a respaldar política y económicamente. En consideración de tales iniciativas de reforma, la respuesta debe ser: necesitamos, sí, la reforma constitucional, pero no así ni de este modo.

Juan Bautista Alberdi, en su momento, propuso pensar las reformas constitucionales como reformas atadas a su época, y más en particular como modo de reaccionar frente a los males mayores planteados por cada época. En otros términos, Alberdi no concibió a la Constitución como una Carta destinada a regir los destinos del país para siempre –como sí pudo pensarla James Madison. Más bien, consideró que la Constitución debía escribirse para servir al tiempo en que era dictada. La pregunta que los reformistas debían hacerse, entonces, era una como la siguiente: cuál es la “tragedia” que enfrentamos, el “mal” a superar, en esta época? Por ejemplo, para él, en el momento de la crisis de la independencia, podía tener sentido una Constitución que concentrara el poder; mientras que en otra instancia –como en la era en que le tocó a él mismo ser protagonista, luego de la caída de Rosas- podía ser conveniente optar una Constitución diferente, preparada para controlar al poder, antes que para concentrarlo. A mediados de 1800, la historia ya había enseñado los riegos inaceptables que se derivaban del poder concentrado. La Constitución no debía convertirse entonces en un instrumento al servicio del gobernante de turno: se trataba más bien de lo contrario. Lo que se procuraba, en todo caso, era utilizar la oportunidad constitucional (finalmente, las “energías políticas” de la época) como un modo de responder a las dificultades planteadas por ese tiempo, que necesariamente debían trascender a los gobiernos particulares del período (en su momento, Alberdi –con quien podemos disentir ideológicamente, pero coincidir con su mirada como teórico la Constitución- propuso combatir problemas del “atraso” y el “desierto”).

Contra tales criterios, en América Latina, en tiempos recientes, las tendencias reformistas han venido a servir a los peores impulsos. De modo habitual, las Constituciones no han sido escritas para un tiempo, sino a partir de las demandas propias de un partido o grupo en el gobierno. Tampoco han sido pensadas “a contramano” del poder, sino como modo de servirlo. Esto es decir, las Constituciones no han venido a reaccionar frente a los riesgos planteados por la política y la economía de la época, sino como forma de subordinar el derecho a ellas: la Constitución como traje a la medida de las demandas de quienes nos gobiernan. En este sentido, y al menos desde los años 90, las Constituciones latinoamericanas nuevas o reformadas dirigieron sus esfuerzos, de modo primario, a favorecer los deseos específicos de los presidentes de turno, típicamente concentrados en la autorización de la reelección presidencial. Así ocurrió, en esos años, con Constituciones como las de Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Más todavía, en algunos casos, los cambios se orientaron a tornar posible la reelección más allá de lo ya permitido a través de reformas anteriores (así, en casos como los de Perú con Fujimori; Venezuela con Chávez; o Nicaragua con Ortega).

En la Argentina, las reformas jurídicas más ambiciosas planteadas en los últimos tiempos pueden reconstruirse como ofrendas hacia los poderosos de turno. Así, la llamada “democratización” de la justicia vino a reparar los “enojos” que le generaban al poder los insistentes juicios jubilatorios. La misma reforma vino a acabar con los “amparos” judiciales (herramientas indispensables para los débiles, frente a los abusos del poder), porque “el abuso” de los mismos había servido para frenar las pretensiones del poder de turno contra sus enemigos (expropiación del Predio de la Rural; reforma de la Ley de Medios). Como castigo, entonces, guerra al amparo.

Siguiendo estrictamente esa misma lógica, quienes han empezado a hablar de la reforma constitucional en estos días lo han hecho, otra vez, con la ansiedad de hacer sonreír al líder propio. Por ello, en momentos en que –históricamente, y por primera vez- la justicia señala o detiene a políticos y empresarios poderosos, ellos proponen dirigir la reforma a descabezar a la justicia: no para “limpiar” la lucha contra la corrupción, sino para acabar con ella. En todo caso, lo que aquí se propone no es salvaguardar a un Poder Judicial que es parte protagónica de nuestros problemas institucionales. Proponemos, ante todo, terminar con la abominable lógica reformista de los últimos años. Ella consiste en denunciar un problema real, generado por algunos grupos poderosos (“democratizar la palabra” contra los “medios hegemónicos”; “democratizar la justicia” contra la “justicia corrupta”); para justificar reformas serviles a otros poderosos “amigos” (el gobierno; los empresarios o líderes de turno).

En otros casos, la reivindicación que algunos han hecho de las viejas reformas “sociales” -como la que trajera, por caso, la pionera Reforma Peronista de 1949- se presenta sin un beneficio de inventario debido o, más precisamente, sin el castigo que merece lo que fuera su estructura por completo sometida al dominio del líder (una autocrítica que sí fue capaz de hacer, en 1973, Arturo Sampay, el ideólogo de aquella reforma). Ello así, como si todavía hubiera dudas sobre el tipo de problemas que genera la concentración del poder. Como si el problema de la desigualdad (desigualdad económica al servicio de la desigualdad política; desigualdad política al servicio de la desigualdad económica) fuera todavía una cuestión a testear (los reformistas se preguntan: “por qué no pensar que la desigualdad en la distribución del poder político, puede ser funcional a la aplicación o enforcement de los derechos sociales?”). Como si el carácter anti-democrático de la desigual distribución del poder no fuera un problema en sí mismo, de carácter inaceptable.

Siguiendo la lógica alberdiana, entiendo que deberíamos plantearnos objetivos opuestos a los sugeridos por muchos de los reformistas de hoy. En lugar de “terminar con esta justicia,” podríamos preguntarnos cómo fortalecerla en sus capacidades investigativas. O también: cómo asegurar que la ciudadanía tome control sobre las causas de la corrupción, que el poder (éste gobierno, estos empresarios, estos emisarios del gobierno anterior) quiere direccionar a su modo, o llevar definitivamente a término? De modo más general y ambicioso, deberíamos plantearnos cómo democratizar el poder que los “nuevos reformistas” quieren todavía concentrado. Cuestionarnos: cómo distribuir socialmente el poder que los reformistas de hoy desesperan por reencauzar hacia el líder propio, o mantener alineado? Ocurre, finalmente, que el problema o “tragedia” a enfrentar, en nuestra época, tiene que ver con el “drama” de la desigualdad (política, económica), y que la Constitución debe ayudarnos a encauzar nuestras energías políticas en esa dirección.

Lo mismo que aplicamos a la “sustancia” de las reformas (en los párrafos anteriores) necesitamos aplicarlo al “procedimiento” de las mismas. La “democratización” e “igualdad” que necesitamos para la “sustancia” o contenido de la Constitución, es la misma que reivindicamos para el “proceso” de la reforma. Contra lo que reclaman algunos de los reformistas de hoy, pedimos entonces lo que reclamamos siempre: asegurar un debate público entre iguales, orientado a afirmar, desde el procedimiento mismo, los ideales igualitarios que tomamos como objetivo.

Por lo mismo, tiene sentido oponerse a lo que muchos de lo que esos reformistas proponen, en nombre de lo que denominan intereses populares o democráticos. Por tomar un caso: algunos de entre ellos sugieren, como modo de “democratizar” el proceso de reforma, acompañar a la misma con una “consulta popular.” Ello, cuando ese tipo de consultas suelen presentarse más como una ofensa o insulto a nuestras aspiraciones democráticas, que como un modo de realizarlas. El punto es: por qué un demócrata debería verse obligado a votar, por sí o por no, a cientos (o decenas) de artículos aprobados por una minoría en una reforma? Por qué perder el poder de discriminar entre reformas buenas, regulares, malas e inaceptables? Por qué quedarse fuera de la posibilidad de establecer matices? Por qué perder la oportunidad de votar, por caso, “sí a los derechos sociales, pero no a la re-reelección?” Diseñadas de esa manera, las consultas ratificatorias representan una “trampa”, más que una ayuda para el elector, que tiene todo el derecho de intervenir activamente todo a lo largo del proceso reformista.

Lo mismo podríamos decir contra otros reformistas, todavía embelesados por los procesos constituyentes “andinos”, aparentemente vinculados a momentos de “amplia participación popular”. Y lo cierto es que los procesos más conocidos (en Bolivia, Ecuador o Venezuela) comenzaron todos invocando la participación del pueblo, para terminar, desafortunadamente, sometidos bajo el control de sus “comisarios”: el “participativo” proceso constituyente boliviano, terminó custodiado por las armas, dentro de un cuartel militar; el ecuatoriano de Montecristi, terminó con la renuncia y retiro de su presidente, líder del grupo ambientalista y pro-indígena que había encabezado la Convención...Nuevamente: necesitamos resistir los “cantos de sirena” que hoy invocan al “pueblo”, para atarlo o alinearlo luego –otra vez, una vez más- detrás de los deseos del “jefe.” Necesitamos un constitucionalismo que ponga en práctica la democracia –en la sustancia y sus formas- y no uno que la invoque para luego someterla. Necesitamos un constitucionalismo igualitario, que será siempre, sin especulaciones ni cálculos, un constitucionalismo contrario a la concentración del poder.

Algunos de los reformistas de hoy –finalmente, defensores del poder de una minoría (“su” propia minoría)- podrán objetar lo dicho. Podrían decirnos que alegamos un imposible, para quedarnos finalmente con nada. Debemos decirles que tienen malas noticias: hoy sabemos que es posible llevar adelante reformas sustantivas; constitucionales; reformas sobre los temas públicamente más difíciles o importantes (sistemas electorales, aborto, matrimonio igualitario), a través de procesos participativos y horizontales. Tenemos a mano los extraordinarios ejemplos de Australia en 1998; la Columbia Británica y Ontario (ambos estados de Canadá), en el 2005; Holanda en el 2006; Islandia en el 2009; Irlanda en el 2012 y 2016 (de los que ya me he ocupado en otros espacios). Sabemos, además, de una nota distintiva y notable de muchos de esos procesos: las reformas del caso quedaron en manos de ciudadanos del común; seleccionados al azar; con prohibición de la participación de representantes de grupos partidarios. Se trata, por tanto, de organizar bien los procesos de reforma, de forma tal de hacerlos horizontales, plurales, diversos, populares. Se trata de impedir que ellos sean “secuestrados” por el poder de antaño.

Algunos de los reformistas de hoy podrán volver a objetarnos, decirnos que lo que pudo ocurrir en el exterior, se dio en contextos excepcionales, completamente desvinculados de las “realidades nuestras.” Otra vez: tienen malas noticias. Discusiones como las que se llevaron adelante en el país, en casos como el del matrimonio igualitario; la ley de medios; o el aborto; nos ratificaron varias veces, en un tiempo breve y reciente, que la ciudadanía podía y quería involucrarse en la discusión y decisión de temas difíciles y complejos. Y si algo terminó mal en algunos de esos procesos –lo sabemos también- ello tuvo que ver con la irrupción de los viejos poderes (oligarquías provinciales; empresarios “amigos”; “socios” del poder de turno); y no con la incapacidad o indisposición de las bases ciudadanas o populares. Hoy sabemos todo esto, y sabemos por tanto que una reforma constitucional democrática e igualitaria es posible y deseable. Por ello es importante decirles, a los reformistas de hoy, que no es así como queremos la reforma, ni con los objetivos, ni con la sustancia, ni con los procedimientos que la proponen.