El debate con Ferrajoli

Para quien no lo pudo ver, y a través de nuestro canal de youtube (gracias Vlad!)

HOY DEBATIMOS/CONVERSAMOS CON LUIGI FERRAJOLI

La objeción democrática al poder judicial (y cómo no resolverla)

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-problema-de-la-objecion-democratica-al-poder-judicial-nid19022021/ Desde hace más de 200 años, en derecho se estudia el problema de la “objeción democrática” al Poder Judicial (“la dificultad contramayoritaria”, según la proposición original de Alexander Bickel). En la Argentina, somos varios los que nos interesamos sobre el tema, desde hace décadas, movidos tanto por la curiosidad teórica, como por las implicaciones de dicho problema sobre nuestra vida política cotidiana. De manera resumida y torpe, la “objeción” vendría a decirnos que, en democracia, existe un problema cuando los asuntos constitucionales más importantes son decididos, finalmente, por una minoría (i.e., de jueces), y no por la mayoría. Se trata de un problema que se advierte cuando, por ejemplo, la mayoría de la población se pronuncia a favor de un tema de relevancia constitucional -pongamos, a favor del aborto, o la eutanasia, o el retorno a clases- y un juez o unos pocos jueces -por caso, 3 jueces de la Corte, como en nuestro país- impide que se ponga en práctica la voluntad de la mayoría. En la Argentina, recientemente, dicho problema ha vuelto a tomar estado público ante situaciones de extraordinaria relevancia pública. La decisión del caso Muiña (el del “2 x 1”) nos ofreció uno de los ejemplos más notables en donde se hizo visible la “objeción democrática” contra la justicia (“cómo puede la Corte consagrar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad que toda la sociedad condena?!”), y tal vez la disputa sobre el retorno a clases nos ofrezca otro. A continuación, quisiera señalar por qué es que muchos consideramos equivocados y superficiales (sino, directamente, manipulativos o tramposos) los usos que se hacen hoy del argumento democrático. Estaré pensando, en particular, en casos como los vinculados la corrupción y la impunidad políticas, en donde se condena o no se favorece a un cierto acusado, y el partido político que se siente afectado vocifera contra la “justicia elitista”. Según entiendo, la incomodidad que nos generan a muchos ciertos debates locales, recientes, sobre la materia, se originan en el hecho de que tomamos como punto de partida una posición, si se quiere, radicalmente democrática: reivindicamos la “objeción democrática” asumiendo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de intervenir protagónicamente en la discusión y decisión de los asuntos (constitucionales) que más nos interesan (asuntos que no pueden quedar exclusivamente en manos de jueces y políticos, como hoy quedan). Consideramos que no se nos puede tratar como “meros espectadores”, cuando se toman decisiones sobre aborto, juicios de lesa humanidad, corrupción, economía o pandemia. Para expresarlo de un modo aún más sencillo de entender: cuando decimos que tales asuntos (aborto, corrupción, restricciones de derechos durante la pandemia, etc.) deben ser objeto de una decisión democrática, no estamos afirmando “quien debe decidir es el gobierno” (o “Alberto Fernández” o “los Kirchner” o “Macri”) y no la justicia, sino que decimos, más bien, que “los ciudadanos debemos poder discutir y decidir (también) sobre esos asuntos”. La formulación recién presentada puede parecer demasiado abstracta o demasiado ambiciosa pero, según entiendo, ella resulta fructífera para evaluar y entender muchos de nuestros actuales desacuerdos en la materia. Permítanme ilustrar lo dicho con algunos ejemplos actuales. Ampliar la Corte Suprema? Escuchamos muchas veces, en estos días, críticas “anti-elitistas” frente a la justicia, como la siguiente: "No hay ninguna República en que la estabilidad institucional quede en manos de tres personas. Eso solo pasa aquí…De cualquier manera, hay que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia" (esta cita es del 3 de enero, y pertenece al ex Juez de la Corte Raúl Zaffaroni). Contra este reclamo, quienes enarbolamos la “objeción democrática” arriba expuesta entendemos que ampliar la Corte de 5 a 25, 55 o 105 jueces, es más o menos lo mismo (o peor), porque el problema del “elitismo” no se resuelve así -nombrando más jueces- sino que se expande, mientras que la ciudadanía sigue quedando excluida de esas decisiones. Tribunal intermedio? Una crítica similar merece la propuesta de crear un “Tribunal intermedio de control de motivación de sentencias”, como la presentada días atrás por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial creado por el gobierno. Otra vez, si lo que nos interesa es terminar con el “elitismo judicial” y promover el debate público, el “tribunal intermedio” agrava, en lugar de minimizar, el problema (si el Poder Judicial es, por naturaleza, “elitista”, más tribunales implican, entonces, “más elitismo”). Jueces elegidos popularmente? Esta otra “propuesta de solución” al problema del “elitismo” es particularmente absurda porque, frente a jueces con estabilidad por décadas, lo que importaría realmente, en términos democráticos, es el control inmediatamente posterior el día siguiente de su elección. Si la ciudadanía no controla nada desde entonces, el problema queda peor que al comienzo: el juez hace lo que quiere, pero ahora en nombre de la voluntad popular. Plebiscitos? Alguien podría replicarnos, a esta altura, que si lo que queremos es “más participación ciudadana,” entonces que “plebiscitemos todo” (la pena de muerte, las vacunaciones, etc.). Esta réplica, sin embargo, es tan común como torpe: en la medida en que los plebiscitos se desarrollen como se han desarrollado estos años (i.e., en el Brexit inglés, o en el Acuerdo de Paz en Colombia), los mismos resultan muy poco atractivos para el demócrata arriba descripto, que valora tanto la “inclusión social” como el “debate público.” Ello así porque los plebiscitos de hoy tienden tanto a favorecer lo primero -la inclusión social- como a negar o hacerse a expensas de lo segundo -el debate público. Todo el poder al Congreso? La respuesta más fácil frente a la “objeción democrática” diría: “si tanto quiere democracia, entonces que decida el Congreso, que representa la voluntad del pueblo.” Se trata de una mala respuesta por varias razones (cito sólo dos): i) al Congreso le corresponde decidir conforme a reglas (i.e., requisitos de mayorías fijados por la Constitución) que no debe controlar por sí mismo; y sobre todo, porque ii) en el marco de la actual “erosión democrática” y la “crisis de representación”, de ningún modo puede decirse que la “voluntad del Congreso” equivale a la “voluntad del pueblo.” Alguien podrá concluir, entonces, que a los demócratas “nada nos viene bien” o que “pedimos lo imposible” cuando invocamos la “objeción democrática”. Pero no es así: pedimos lo que, en democracia, es posible y exigible pero el poder establecido sistemáticamente nos niega. Es fácil ilustrar con ejemplos concretos qué es lo que podríamos valorar. En nuestro anti-elistimo podemos requerir, por ejemplo, que las decisiones sobre la pandemia no dependan de lo que diga “un grupo de expertos amigos del Presidente;” que los ciudadanos tengamos un papel central en la discusión acerca de la vuelta a clases o en los debates acerca de cómo procesar las peores tragedias que atravesamos (i.e., qué políticas adoptar en materia de crímenes de lesa humanidad); que, frente a los temas más divisivos (como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario) se promueva y tome en serio la labor de las asambleas ciudadanas (como se concretó, notablemente, en un país de tradición conservadora y católica como Irlanda, desde el 2015); etc. Lo cierto es que hoy, en la Argentina, la “objeción democrática” contra la justicia es invocada por las malas razones y para los fines equivocados: se habla de justicia “elitista” cuando un fallo no garantiza la impunidad del poder (y se hace silencio cuando la favorece); se pide una “justicia popular” para encubrir la “liberación” de los empresarios afines al poder de turno; se amontona el nombramiento de jueces y fiscales “amigos” bajo la excusa de que la justicia está “tomada por una corporación anti-democrática”. Es importante, frente a ello, que los demócratas no nos dejemos engañar, nunca más, ni aceptemos el vulgar reemplazo de una elite (la elite judicial) por otra (la elite política). Aunque esa misma elite nos diga que estamos pidiendo demasiado.

Cómo poner en vigor sólo la porción de la ley que conviene

Sobre la "activación parcial" de leyes -en este caso, del Código Procesal Penal, a través de una Bicameral unicolor, y sin autorización Con Sebastián Guidi Acá https://www.clarin.com/opinion/atajos-juridicos-autoritarios-ineficaces_0_rc83alG3Y.html ************************************************************************************************************************************************* Causó perplejidad, en estos días, una decisión tomada por un reducido grupo de legisladores oficialistas que forman la mayoría de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la puesta en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal. Subrepticiamente, esos (sólo 9) legisladores se interesaron por poner en vigor sólo 6 artículos del nuevo Código, referidos a la posibilidad de revisar condenas, aun cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. Dejando de lado las razones (que consideramos evidentes) que explican esta u otras recientes iniciativas del gobierno en materia judicial, en lo que sigue nos concentraremos en esa “puesta en vigencia parcial” de la ley, para reflexionar sobre su viabilidad democrática y constitucional. Ante todo, en democracias “plurales”, “multiculturales”, políticamente divididas, como la nuestra, es esperable que el Congreso se componga de un modo que refleje, aproximadamente, tales divisiones. Esperablemente, las leyes que ese Congreso divido genere van a expresar también la fragmentación social y política existente. Ello explica la “forma” imperfecta, eventualmente contradictoria, que muchas veces adquiere la ley, en tanto producto de acuerdos entre quienes piensan muy diferente. Las fuerzas opuestas resignan, así, parte de sus pretensiones, y a cambio de ello piden que se incluyan algunas de sus demandas en el producto final. Finalmente, y en un ejercicio de liberal tolerancia, cada facción acepta convivir con partes de la ley que le gustan menos, a cambio de las concesiones que obtiene en esa trabajada negociación. Nada que reprochar hasta allí: las imperfecciones resultantes son una manifestación propia de la política del conflicto y el acuerdo democráticos. Ahora bien, por todo lo dicho, resultaría contrario a los requerimientos de una democracia constitucional que, a la hora de “aplicar” esa ley moldeada entre fuerzas diversas, la facción a cargo de la implementación “elija” una porción pequeña de la ley, con la que está de acuerdo, para dejar de lado las partes que le interesan menos. De ese modo, todo el objeto del “trabajoso acuerdo democrático” perdería sentido. Imaginemos que en un país pluri-lingüístico como Canadá, la facción dominante, angloparlante, “activara” sólo la parte de la ley que prefiere, dejando inaplicadas las porciones de la ley referidas a los derechos de los francoparlantes. Por razones como las señaladas, el jurista Carlos Nino, en su momento, criticó en duros términos la posibilidad del “veto parcial” del Ejecutivo, que le permitía reforzar aún más su poder y “componer la ley de su agrado con retazos del texto votado originariamente por el Congreso”. Pues bien, en el caso que nos ocupa encontramos un problema en esencia idéntico: una Comisión Bicameral no puede actuar como si fuera el Congreso, para poner en vigencia sólo una porción de la ley aprobada, que ahora re-arma a su agrado “con retazos del texto votado” (por lo demás, con ese criterio, la Bicameral podría dar marcha atrás, mañana, en alguna implementación que ya no juzgue conveniente). Algunos puntos adicionales refuerzan la gravedad de lo que representan, en términos democráticos, este tipo de delegaciones (de poderes) y recortes (sobre la ley). Primero, la Constitución no favorece la delegación de competencias del Congreso a las comisiones; regula esas delegaciones de modo estricto (art. 79); y lo hace refiriéndose sólo a las Comisiones Permanentes de cada Cámara, y nunca a algo así como una Comisión Bicameral Transitoria. Segundo, estamos hablando de los modos de implementación de una normativa que, por el ámbito delicadísimo del que trata -las garantías del derecho penal- exige un tratamiento con las mismas formalidades que la sanción de la ley implementada (en este caso, estudio por parte de comisiones parlamentarias, obtención de mayorías en ambas Cámaras y promulgación presidencial). Finalmente, cabe subrayar que, en el caso particular aquí bajo estudio, no hubo instrucción alguna del Congreso a la Comisión acerca del modo de implementación de la ley, ni debate alguno en el seno de la Bicameral que explique por qué los integrantes del oficialismo decidieron súbitamente dar vigencia a estos artículos y no otros, o por qué la oposición no los acompañó: fue otra bochornosa instancia de decisión sobre derechos con “debate cero”. En definitiva, la desafortunada situación desatada por la implementación parcial del Código Procesal, en un contexto plagado de suspicacias relacionadas con el tratamiento que el gobierno da a las cuestiones judiciales, nos recuerda lo imprescindible de seguir los procedimientos constitucionales, maximizando la deliberación pública y el control ciudadano. Los atajos fundados en la celeridad, la conveniencia o supuestas ventajas prácticas terminan resultando, como el antagonista de Borges en El Aleph, autoritarios, pero también ineficaces.

Yo no los perdoné

Ahora que falleció Carlos Saúl M., me recuerdan que éste fue nuestro pequeño gran gesto militante, contra los indultos: diseñamos, pagamos de nuestros bolsillos e hicimos imprimir miles de estas calcomanías, que luego salimos a repartir y pegar caminando por toda la ciudad y alrededores (algunas de las calcomanías llegaron a lugares ilustres, y se preservan ahí, como la que reside en la cabeza de la estatua de la libertad). Un pequeño gran momento de la juventud, con Marcelo Alegre, Robertino de Michelle, Marcela Rodríguez, Miguel A. de Dios, mi hermano, Aníbal G., y toda una banda de amigues

Yaku Perez y otra izquierda posible

De Maristella Svampa https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html?fbclid=IwAR3qqaDFFXw2rVVZyK-zh4y2h59xzkLqSNfB039IN_dpU9ZU11_QmFVdSoM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: En un escenario latinoamericano cada vez más polarizado y más lánguido (a excepción de Chile) en términos de propuestas políticas innovadoras, las elecciones en Ecuador abren una interesante caja de sorpresas. Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor de los derechos de la Naturaleza. Mientras Arauz se afirma en el primer puesto con un 32,22% de los votos, estamos ante el virtual empate técnico entre Pérez (19,80%) y Lasso (19,60%), con lo cual habrá que esperar unos días, con el recuento definitivo, para ver quien pasará finalmente a la segunda vuelta. Es notable también la elección que hizo otro joven candidato, el empresario socialdemocráta Xavier Hervás, de Izquierda Democrática, con el 16,01% de los votos. Estos resultados provisorios permiten un primer análisis. En primer lugar, en una región marcada políticamente por una polarización tóxica entre el viejo progresismo y la derecha más reaccionaria, aparecen nuevas opciones, que buscan ofrecer una alternativa democrática a la población. Lo notorio es, además, que luego de la desastrosa gestión del presidente Lenin Moreno –un candidato puesto a dedo por Rafael Correa, que luego se distanció del mismo y se alineó económicamente con los sectores más conservadores-, la sociedad ecuatoriana, pese a las profundas e históricas divisiones regionales, vuelve a apostar mayoritariamente por candidatos que promueven diferentes visiones de las izquierdas. Así, lo que algunos consideran como una peligrosa “fragmentación” o fruto del puro “anticorreísmo”, en realidad debe ser leído como un incipiente proceso de despolarización política, que pone de relieve la existencia de esas izquierdas, invisibilizadas, entrampadas y/o fagocitadas por la virulencia de las políticas maniqueas de los últimos años. En segundo lugar, ciertamente no es lo mismo que pase a segunda vuelta Pérez que Lasso. Si Lasso pasara a segunda vuelta, la polarización tóxica volvería a estar en el primer plano y el peor escenario sería que éste venciera. Si en cambio pasara al ballotage Yaku Pérez, se abriría a un escenario político novedoso e inesperado. Estaríamos frente a la disputa entre las dos izquierdas que tensaron el ciclo progresista latinoamericano, entre 2000 y 2015. Esto es, por un lado, el progresismo realmente existente, que estuvo diez años en el poder (2007-2017) con Alianza País, bajo el férreo liderazgo de Rafael Correa, que persiste en la victimización y da cuenta de una nula voluntad de autocrítica; por otro lado, la izquierda indigenista y ambientalista, que hoy aparece renovada, potenciada por el levantamiento de octubre de 2019, en alianza con nuevos sectores juveniles urbanos (y también con sectores feministas). No es casual que esto ocurra en Ecuador, país que junto con Bolivia, al inicio del ciclo progresista, pergeñaron las constituciones políticas más innovadoras, con gran participación popular, cuyo corolario fue la ampliación de las fronteras de derechos. Categorías tales como “Estado Plurinacional”, “Autonomías Indígenas”, “Buen Vivir”, “Bienes Comunes” y “Derechos de la Naturaleza”, pasaron a formar parte de la gramática política latinoamericana, impulsadas por diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas y alentadas por los gobiernos emergentes. Sin embargo, ya desde el inicio, era evidente la existencia de un campo de tensión en el cual coexistían matrices políticas y narrativas descolonizadoras diferentes. Con el correr de la década, los progresismos irían consolidándose, de la mano de una política extractivista y de la personalización del poder, desplazando otras narrativas de corte descolonizador, indianistas y ecologistas, que promueven el Estado Plurinacional, la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la salida del extractivismo. Así, pese a que en 2008 la Constitución de Montecristi sancionó los Derechos de la Naturaleza y apuntaba a trazar la ruta de la transición hacia el posextractivismo, al calor del boom de los commodities, todo esto pasó rápidamente a un segundo plano. Por un lado, el correísmo profundizó la expansión de la frontera petrolera (cancelando el proyecto Yasuní, que en 2007 se había propuesto dejar parte del petróleo bajo tierra) e imponiendo a “sangre y fuego” la megaminería, una de las actividades extractivas más resistidas en Ecuador. Asimismo, se valió de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso a través de la recopilación de firmas el movimiento ciudadano “Yasunidos”, luego de que el gobierno decidió unilateralmente terminar con la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera. Por otro lado, la respuesta a la conflictividad socio-ambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de juicios penales a los voceros de organizaciones indígenas, así como al retiro de personería jurídica y la expulsión de ONGs (Fundación Pachamama, 2013; amenaza de la disolución de Acción Ecológica, una de las principales ONGs ambientalistas con fuerte conexión con movimientos sociales e indígenas (en 2009 y en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas (en 2014 y 2015). Pocos recuerdan hoy que a fines de 2016, Correa declaró el Estado de excepción cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonía. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y con militarización de los territorios. En pleno boom de los commodities, el correísmo consolidó un liderazgo popular y una base electoral a nivel nacional, impulsado por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, tal como sucedió en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, se fue perfilando no sólo como un gobierno extractivista sino también anti-índigena y de dimensiones autoritarias, con inocultables rasgos y prácticas patriarcales. Recordemos que desarmó el plan de prevención planificación familiar y de prevención del embarazo adolescente con criterios de salud pública, pasándolo al control de personas cercanas al Opus Dei. Y que incluso prohibió que se discutiera el tema del aborto por violación en la Asamblea Nacional sancionando a cuatro de sus compañeras que se atrevieron a plantearlo. El daño realizado y la deriva ideológica que esto significó para el otrora movimiento indígena Pachacutik fue tal que, en 2017, en ocasión de la segunda vuelta que enfrentaría a Lenin Moreno y Guillermo Lasso, varios de sus dirigentes llamaron a votar por Lasso. Lo lamentable fue que el anticorreísmo terminó siendo tan definitorio, que este rechazo forzó posicionamientos extremos e indefendibles. Tengamos en cuenta que las heridas políticas fueron y son tan grandes que para una parte importante del movimiento indígena, Correa no es considerado un político progresista, ni de izquierda ni mucho menos socialista. Más allá del carácter heterogéneo del movimiento indígena, hoy la situación parece ser otra. Todo parece indicar no sólo la existencia de nuevos liderazgos sino también de alianzas con sectores urbanos ecologistas e incluso feministas. Un detalle no menor fue el llamado en las redes sociales de sectores feministas a no votar por el candidato de Correa, frente a las recientes declaraciones de éste en relación al aborto. Si bien sus posiciones arcaizantes cuentan con una larga historia, las recientes declaraciones de Correa asociando el aborto legal con una “actividad sexual frenética” dejan a cualquier persona que se considere mínimamente progresista o de izquierda sin palabras… En tercer lugar, otro dato a tener en cuenta es que es que el 7 de febrero, junto con las elecciones presidenciales se llevó a cabo en Cuenca, la tercera ciudad del país, una Consulta Popular vinculante, preguntando a la población si está de acuerdo en prohibir la minería a grande y mediana escala, para proteger a cinco ríos. Las organizaciones indígenas y ambientalistas hicieron una fuerte campaña nacional e internacional, que colocó a los páramos y los ríos en centro del discurso, en defensa del Agua. El NO rotundo a la megamineria superó el 80% de los votos, fortaleciendo así una lucha histórica en Ecuador contra una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Una votación que además abre el camino a la consolidación de los dispositivos institucionales existentes que apuestan a la participación popular desde abajo, para detener y colocar límites a un extractivisimo depredador. Un extractivismo que no solo no puede ser “motor de desarrollo”, que no sólo pone en peligro los territorios generando zonas de sacrificio, que no solo empeora el contexto de crisis climática, sino que además busca avanzar sin consenso de las poblaciones, violentando procesos ciudadanos. Sin ir tan lejos, veamos lo que ocurre en la provincia de Chubut, acá en nuestro país, donde la ciudadanía viene diciendo claramente que la minería no cuenta con licencia social. Así, las razones del rechazo al extractivismo no son solo ambientales sino también tocan el corazón mismo de la democracia, reafirmando con ello la extendida premisa “A más Extractivismo, Menos Democracia”. En fin, volviendo a la lucha antiminera en Cuenca, esta lleva más de dos décadas y expresa una creciente alianza popular campo-ciudad. Uno de los líderes principales de este proceso es el propio Yaku Pérez, pues desde su prefectura intentó tres veces realizar una consulta popular, que fue bloqueada por la Corte Constitucional. La diferencia de votos entre Pérez y Lasso es muy pequeña. Que Yaku Pérez pasara a segunda vuelta sería una excelente noticia, pero no hay dudas de que enfrentaría numerosos desafíos. No sólo deberá lidiar con la creciente demonización procedente del campo del progresismo hegemónico, que hará todo lo posible por mostrar que él no representa a la izquierda. También deberá probar con propuestas y hechos hasta qué punto representa a una izquierda ecológica e indianista que piensa en clave de justicia social, y hasta qué punto puede trenzar alianzas –urbanas y rurales, feminismos y otras izquierdas sociales- si es que quiere convertirse en una nueva alternativa de gobierno de izquierda.

Trilogía ranquel 3 (con coda)

Baigorria No se quién soy, ni de dónde vengo. No se quién fui, ni en qué me he convertido. Llevo el alma, como mi rostro, partida entre dos desencuentros. Conozco, al menos, quién no quise ser y quién no he sido (le recordé a Paz, cuando me instó a que volviera: “en la Capilla de Cosme, al ceñirme la espada de Alférez, yo cuidé de preguntar qué programa iba a defender con la espada que se me entregaba.” La causa era la de la Patria, y no la de cualquiera). Prisionero de Facundo, escapé y debí errar a solas por un año, escondido en el monte, desesperado, al poco de la batalla en Oncativo. 20 años pasé luego con los ranqueles: más de 20 años refugiado y al resguardo con ellos. Por todos esos años de tolderías, me dijeron, impiadosamente, vendido, perdedor, ambiguo, traicionero. De ningún modo, en nada de eso pienso. Pienso que, por primera vez, pude sonreír orgulloso durante todo ese tiempo: afecto y respeto me dieron. Me llamaron cacique Lautramaiñ -el cóndor petiso- y trato de doctorcito me dispensaron. No hubo malón que no terminara con alguno de ellos golpeando la puerta de mi cuarto, para obsequiarme papeles, libros o lapiceros. Los secuestraban pensando en mí, y sólo para dejarme contento. Me acuerdo de aquellos años, subido al árbol más alto en Guejeda: de un lado, llegaba a reconocer mi pasado: los restos olvidados, deshechos, muertos, de mi rancherío puntano; del otro lado, mi presente ranquel: vital, bello, bullicioso y profano. Me acuerdo también, recostado contra la pared de mi cama, a las cuatro o cinco de la mañana, releyéndolo a Sarmiento o fumando. Me reía y lloraba solo, esperando el día que llegaba: ganas de que diera comienzo, de que por fin empezara! Cuántos amores dulces acariciaron mi cuerpo, en esos años! Cuántas noches de alcohol y tabaco disfrutamos en grupo, mirando el fuego! Unitario! -me dijeron, como insulto. Enemigo de la patria! -también, me gritaron. Qué sabrán ustedes de patria? Patriotas se dicen? Federales se reclaman? Si ya mañana no saben por qué, a quién y para quién es que hoy han disparado! Nacionales se llaman? Nacionales después de joder al exilio al contrario! Nacionales al precio de degradar al indio como extranjero! Ustedes: estancieros son, no más que eso! No sé quién soy, pero sé que no uno de ustedes. Tampoco sé quién he sido, pero no el que confundió los destinos de la patria con la codicia propia o los vicios de su partido. Mucho es lo que recuerdo y muy poco es lo que sé, a esta altura de mi vagar argentino. Algunas cosas, sin embargo, llevo por ciertas: blanca tengo la piel, indígena es mi dolor, y ranquel será por siempre mi destino. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Nacido en San Luis, mestizo y de origen humilde, Manuel Baigorria participó desde muy joven en el ejército provincial. A las órdenes del general unitario José María Paz, derrotó a Facundo Quiroga en Oncativo pero, un año después fue vencido por éste, y quedó refugiado en los montes, hasta encontrar refugio con los indios ranqueles, junto con los que vivió más de 20 años. Con ellos, enfrentó la Campaña del Desierto (en donde recibió una herida de sable que le cruzó todo el rostro, dejándole una cicatriz que lo marcó de por vida), y participó en varios malones contra Córdoba y Buenos Aires. Hacia el final de su vida, y después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el general Urquiza lo invitó a unirse a su ejército como comandante. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CODA

Corcel mío Corre, corre, mi corcel, corre que ya llegamos. Corre caballo mío, que a la frontera nos vamos. Corre, corre, un poco más, hazlo que yo no puedo. Yo ya no tengo fuerzas, pa’ que me encierren de nuevo. Ay caballito, esta noche (lo sabes?), el murmullo de la muerte fue el que escuchamos! Las heridas abiertas tengo, sangre caliente en las manos. Familia, tierra y comida, todito nos lo han quitado. La vida toda completa, nomás para castigarnos. Y a mi mujer y a mis hijos, al sol que devora la zafra los ofrendaron. Corre hacia el destierro caballo, corre que tengo frío (arriba, la luna es clara, y es la que indica el camino; abajo, la piedra es dura, y es la que evoca nuestro destino). El viento nos aja el rostro, el hielo muerde los huesos. Mañana, cuando acampemos, podremos llorar en silencio. Corre, corre, mi corcel, que ayudarte hoy yo no puedo. Sálvame como otras veces, sácame que aquí me pierdo. No te ofendas, mi caballo, por los harapos que llevo. Jirones surcan mi alma, andrajos dentro del pecho. Galopa, galopa sin pausa, que a la frontera la huelo. Pero no! Qué es lo que veo? Allá en el cielo, un reflejo! No es de estrellas, no es del fuego, son los fusiles de ellos! Corcel mío, caballo hermano, bien me conoces, yo no me entrego. Déjame aquí y tu te escapas! Corre presto y vete lejos! Y cuando escuches mañana, mi pena convertida en grito, no te vuelvas, te lo ruego, sálvate, mi compañero. Corre, corre, mi corcel. (Pronto, te lo prometo, verás montañas y dulces ríos: escondida en el eco estará mi voz, oculto en las aguas, mi reflejo. Recién ahí, cuando me encuentres, lo sabrás: será señal de que hemos vencido!). **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** El Cacique Baigorrita fue el último de los grandes Caciques ranqueles, con fama de ser uno de los más aguerridos. Era hijo adoptivo del Coronel unitario Manuel Baigorria (Baigorria había encontrado refugio entre los ranqueles, durante 20 años, escapando del avance de Facundo Quiroga). Baigorrita, que se criara con aquel, promovió y celebró reiterados acuerdos de paz con las autoridades militares -el más importante, el que firmó en 1865, con el entonces Presidente Bartolomé Mitre. Luego de sobrevivir a la persecución de su grupo, fue finalmente encontrado y muerto el 18 de julio de 1879, a orillas del río Neuquén, mientras -muy malherido- buscaba llegar a la cordillera y cruzar a Chile. Fue el único de los Cacique principales que no pactó ni se dejó tomar prisionero por el ejército argentino.