16 jun 2025

Sobre la relación Poder Judicial-voluntad popular, sobre HV, y sobre la reciente condena

 


Ayer domingo, en su sitio "El Cohete a la Luna", HV se refirió, obviamente, y de manera central, a la decisión a través de la cual, la Corte Argentina confirmó la condena e inhabilitación de CFK. En su escrito, volvió a dedicar un párrafo a un viejo trabajo mío ("La justicia contra el gobierno") con el que sigo plenamente de acuerdo :) para hablar de (para criticar) la idea de independencia judicial, y señalar una aparente contradicción entre mi "viejo yo" y mi "yo actual": "aquel", que vinculaba al diseño original de la rama judicial con la protección de las minorías propietarias, y que pedía un vínculo más fuerte entre justicia y pueblo, y el "actual" que, según escribe, goza del "privilegio de pocos", de ser columnista de los dos diarios más vendidos (LN y Clarín) y defiende los actuales "atropellos" judiciales, como la condena a CFK. Él cita, por ejemplo, un viejo párrafo mío (con el que, obviamente, también, sigo acordando) en donde afirmaba que "los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular". Querría decir algunas pocas cosas sobre el tema, pero anuncio, para los interesados, que debajo de estos comentarios que haré, dejaré el link al sitio de HV; el artículo que escribí para Clarín sobre el tema de las inhabilitaciones judiciales (defendiéndolas) y la transcripción del párrafo en donde él me cita.

De las pocas cosas que aclararía:

1) Durante un tiempo fui columnista más o menos habitual, no sólo de Clarín y LN, sino también de Página 12, en donde escribí muchos artículos, sobre protesta, derecho penal y derechos sociales, temas sobre los cuales también sigo pensando lo mismo. Ocurrió, sin embargo que, desde Página, interrumpieron secamente la práctica que habíamos establecido (yo enviaba un texto, y lo publicaban al día siguiente, o enseguida) para silenciarme (a mí y a varios amigos) de un día para el otro, por asumir que éramos críticos del kirchnerismo. Esto era cierto, aunque no una razón para la censura, mucho menos cuando los textos que escribía y les enviaba no eran para criticar al gobierno, sino para defender principios y derechos de los trabajadores y desempleados (típicamente, argumentos jurídicos en respaldo de la protesta social).

2) Como anticipaba, obviamente sigo pensando lo mismo, esencialmente, sobre la rama judicial y la voluntad popular. Y digo "esencialmente" no para esconder cambios importantes, tramposamente, sino para aclarar que, obviamente, fui refinando algunas ideas, pero sin abandonar nunca el núcleo de principios que sostenía y sostengo: el Poder Judicial nació para proteger a las minorías propietarias; hay una escisión entre Poder Judicial y voluntad popular; el pueblo (aunque tengamos que precisar la idea) tiene que tener una injerencia mucho mayor, y decisiva, en la determinación de sus propios asuntos -en última instancia, pero también en el mientras tanto. 

Por esto mismo, porque creo que "los propios afectados" son los que deben tener la definición principal -y "todo a lo largo" - en el tratamiento de sus propios asuntos, es que critiqué y rechacé en su momento el proyecto k de "democratización de la justicia" (por ejemplo, desde las comisiones del Congreso en donde se me invitó a discutir el tema), que de democratización no tenía nada, y que, bajo ese manto, hería de muerte herramientas como las "cautelares" (con la que los pobres se defienden, por caso, en los desalojos), o les ponía nuevas trabas legales a los jubilados, para complicarles todavía más el cobro de sus haberes. Por eso mismo, critico ahora la reforma judicial en México, que -también con la excusa de la democratización- le permite al ciudadano que hable en el día 1, para elegir a cientos de jueces que no conoce en absoluto (peor, porque las campañas de los partidos al respecto estaban prohibidas, y las publicidades de las candidaturas muy limitadas), para luego dejar a los jueces electos con total libertad para hacer y deshacer, durante 8 o 12 años, lo que quieran, en todos los asuntos relevantes, y sin controles. Ahora, influidos -como siempre- por el poder político (o narco) o cualquier otro, los jueces pueden seguir obrando a discreción, pero en este caso con la medalla de la elección popular colgada en su pecho, y así acallando a los críticos, a quienes (ahora, no antes) les pueden decir que ellos jueces "son representantes del pueblo". Como dije repetidamente en estos días: para los demócratas consecuentes, maniobras de este tipo resultan insultantes. Democracia es, sobre todo, "lo que está en el medio" (entre elección y elección). Por lo cual, si lo que "el pueblo" puede hacer en ese "mientras tanto" (es decir, durante el tiempo que verdaderamente importa, que es el del "ejercicio" real de la función judicial) es "nada", entonces, la democracia queda reducida a esa "nada," en el momento en que realmente interesaba que fuera "algo" -y algo de sustancia popular. En conclusión, creo que lo que se intentó en la Argentina, en su momento, bajo el cartel luminoso de la "democratización", y lo que se concretó ahora en México, bajo "cartelería" gigante, debe leerse como lo que realmente es: intentos de colonizar al Poder Judicial, desde el poder (tal como se ve hoy en México, en donde el gobierno quedó -insólita, inéditamente- en control TOTAL de los tres poderes de gobierno, con una escena pública militarizada como nunca antes, y con la posibilidad, a su alcance, de decidir discrecionalmente la prisión preventiva de los opositores, por faltas menores; o la de sancionar a los jueces que interpreten la Constitución "indebidamente" (el nuevo órgano de supervisión del Poder Judicial, que puede hasta remover jueces, quedó también bajo completo control del gobierno). Y todo ello, sin contar que, como ocurre también en Bolivia, la elección de los jueces por parte de la ciudadanía resultó un fracaso, porque el pueblo advirtió que se trataba de maniobras electorales -en México sólo participó -poco más que- el 10% de la población habilitada a votar, y la mayoría que votó lo hizo con "acordeones" pre-preparados por el gobierno -cuando a la vez, insisto, se prohibía a los demás partidos políticos intervenir en esas elecciones).

3) Finalmente, y sobre los "atropellos" de hoy, con centro en la condena a CFK. Aquí también comienzo diciendo que lo que afirmaba entonces, en relación con el control de los jueces sobre la política, es lo mismo que afirmo hoy. Pero con algunos "plus". Ante todo, el libro que escribí y al que se refiere HV es, como comenté, "La justicia frente al gobierno". Se trata de un libro que, en buena medida, podría describir como "hijo de" mi crítica al menemismo, y de su colonización de la justicia (ie., el modo en que cooptó la Corte). Entonces, y como ahora, criticaba esa colonización y abogaba por una justicia que, en alguna de sus partes al menos, fuera capaz de "dar la vuelta" y perseguir y condenar a los poderosos, castigando así la corrupción política del gobierno. No debe extrañar a nadie si digo que, esto por lo que yo abogaba, encontraba excepcional apoyo en investigaciones y trabajos como los de HV (empezando por "Hacer la Corte", publicado en esos años). Él también, entonces, denunciaba -como nadie- la corrupción del gobierno, y abogaba por la persecución judicial de los crímenes del gobierno (entonces no hablaba, por supuesto, de "lawfare" como ataque de los jueces a gobiernos con amplio respaldo popular).

Desde entonces a hoy, en mis intervenciones públicas (que no es decir el centro de mi actividad académica), problematicé muchas veces la relación justicia-política; alenté persecuciones judiciales al poder; y defendí los derechos de los "protestantes" en toda América Latina (esto último, con relativo éxito: se cuentan en decenas los manifestantes "liberados" o no procesados, por jueces que toman sus decisiones con cita a mis trabajos). En el camino, trabajé con Carlos Nino en el tiempo del Juicio a las Juntas; pedí la responsabilización y destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ibarra (que no me caía mal), luego de Cromañón; milité la condena a Pedraza, por el asesinato de Mariano Ferreyra (pero también pedí la condena a los responsables del gobierno k en ese crimen, lo que me costó una pelea agria y desagradabilísima en el CELS, con el propio HV y una actual comisionada ante la CIDH, quien levantó su voz para pedir mi expulsión de la institución, ante el rechazo de la mayoría); co-fundé una agrupación de izquierda (Plataforma) desde donde impugnamos al gobierno k, desde la masacre de Once; critiqué las designaciones judiciales por decreto impulsadas por Macri; me movilicé para pedirle al gobierno de Macri que diera cuenta sobre la situación de Santiago Maldonado; critiqué desde el primer minuto al gobierno de Alberto F, por su manejo de la pandemia; me convertí en opositor radical (y, lamento decirlo, sin matices) frente al actual gobierno (y sus crueldades y corrupciones Libras), entre decenas de etcs.

Señalo lo anterior, menos para exhibir un CV militante, que para responderle a HV, y dejarle en claro que no veo ninguna contradicción en mi comportamiento, en estos años, de denuncia frente al poder. Que hoy avale la condena a CFK es consistente con toda una historia de críticas en el mismo sentido: a Menem, a De la Rúa, a Macri, a Alberto F, y ni qué decir hoy contra el desquiciado en el poder.

Finalmente, que hoy suscriba la condena a CFK no quiere decir que no considere que el Poder Judicial argentino se encuentra afectado por sesgos de todo tipo (incluyendo clase y género, sobre todo); que no crea que existen alianzas cruzadas que abarcan a toda la elite en el poder (incluyendo empresas-sindicatos-partidos políticos-justicia, fundamentalmente); que no crea que existe desde siempre una gravísima "dependencia política" de la justicia, en toda América Latina (un problema que nos refiere a los vínculos estrechos y promiscuos del Poder Judicial con el poder establecido). Esto último, por supuesto, es distinto de lo que la doctrina local del "lawfare" sostiene, porque no se trata de "persecución judicial a los gobiernos de izquierda" (sic)", sino de uso de los tribunales, desde el poder establecido (que incluye a la derecha, a la izquierda, al centro, al arriba y a los costados) para beneficio de esa propia elite en el poder (que, otra vez, puede tener, coyunturalmente, cualquier color político). A la vez, este "no confiar" en la justicia no me lleva a suscribir "cualquier" reforma sobre el Poder Judicial, y mucho menos, las esperables medidas destinadas a cooptar a a justicia, desde el gobierno, en nombre de la "democracia" ausente. Y esto va de la mano de afirmar que considero urgente la adopción de reformas radicales en materia judicial -que las hay al alcance, muchas e interesantes. Estas reformas posibles incluyen la extensión de los jurados populares (pero en todas las materias, sobre todo las relacionadas con el control al poder, y con voz y pensamiento propio, para los miembros del jurado); formas amplísimas de legitimación o "standing" para litigar y abrir casos ante los tribunales superiores (es el tipo de reformas que defendí, ante los k, en el Congreso, para mostrarles que si estaban interesados en vincular "voluntad popular" con justicia, había mucho -fácil- por hacer, y que no hacían); foros de diálogo de la ciudadanía con la rama judicial (audiencias públicas reguladas); mayores controles populares (accountability) de los jueces (otra vez, previniendo lo obvio: excusas del poder para controlar a la rama judicial), etc.

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El sitio de HV: https://www.elcohetealaluna.com/author/horacio-verbitsky/

Mi texto: https://www.clarin.com/opinion/condenas-judiciales-inhabilitaciones_0_YAGwNb4vqx.html

El párrafo en donde me critica: 

"¿Independencia, pero de quién?

La denominada "independencia del Poder Judicial", es uno de los productos de importación que llegaron desde Estados Unidos. El constitucionalista Roberto Gargarella sostuvo en uno de sus primeros libros que se asumía que las mayorías actuaban con desmesura e imprudencia y que “existían minorías que debían ser especialmente protegidas”. Efectivamente los grandes propietarios eran una minoría, pero formaban el núcleo de los más favorecidos de la sociedad. En la Convención Constituyente se afirmó que los miembros del Poder Judicial debían formar parte “de un grupo selecto y fiable”, para que pudieran contradecir al Poder Legislativo con sus fallos, “completamente independientes de las decisiones a las que pudiese llegarse a través del debate público”. El comentarista constitucional Alexander Bickel cuestionó ese “carácter contramayoritario” del poder judicial y sostuvo que se invoca al pueblo para justificar la revisión judicial cuando, en realidad, se practica así la frustración de esa voluntad. Concluía aquel Gargarella: “Los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular”. Vengo repitiendo desde hace años estos párrafos, pese a que no le agrade a quien tres décadas después se ha convertido en un defensor de esos atropellos, como la condena a CFK. Ahora es columnista tanto de Clarín como de La Nación, un privilegio para pocos."

10 jun 2025

Sobre condenas judiciales e inhabilitaciones







Publicado hoy en Cl, acá: https://www.clarin.com/opinion/condenas-judiciales-inhabilitaciones_0_YAGwNb4vqx.html

 La intervención de los tribunales inhabilitando la participación política de algún candidato, resulta un hecho cada vez más frecuente, en América Latina.


Dicha práctica, que se ha repetido mucho en Perú (con la inhabilitación de Fujimori, Vizcarra, Castillo, etc.); es la que, en Brasil, impide que Jair Bolsonaro participe de las próximas elecciones presidenciales. Asimismo, en Bolivia, Jeanine Áñez resultó condenada e inhabilitada, en el 2021, por comportamientos sediciosos; en El Salvador, el ex presidente Elías Saca fue inhabilitado por 10 años, en 2018, por lavado de dinero; y, de modo similar, el ex presidente Ricardo Martinelli, en Panamá, fue inhabilitado y multado en 2023, por lavado de dinero.


Desde ya, la intervención de los tribunales, como la interferencia de cualquier órgano de control, entraña riesgos, en razón de la posible comisión de errores o abusos.


En tal sentido destaca, notablemente, el caso de Lula, en Brasil, a quien se le impidió competir en las elecciones del 2018. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente enmendada y anulada por el propio tribunal superior que lo había condenado, lo que le permitió ganar las elecciones de 2022.


También pueden mencionarse casos de abusos impermisibles como los cometidos por gobiernos autoritarios en Venezuela y Guatemala, contra opositores y líderes indígenas. Por ello mismo es que queremos que cualquier condena de inhabilitación se produzca en democracia; quede sujeta a instancias de revisión imparciales; y que el partido o coalición dominante no se encuentre en control de los tribunales relevantes.


En todo caso, y en lo que resta de este texto, quisiera señalar por qué es que, en democracia, puede considerarse justificada la práctica de los tribunales de inhabilitar a candidatos que han incurrido en faltas graves.


Me concentro sobre todo en una línea argumental, que implicará confrontar una idea tan repetida como ya vacía de contenido, según la cual la intervención de la justicia en asuntos tales, implicaría la “politización de la justicia, y la judicialización de la política”. Según entiendo, intervenciones judiciales como las que defiendo pueden inscribirse dentro de una reflexión destinada, justamente, a deslindar los territorios diferentes que tribunales y órganos políticos están llamados a ocupar.


En la visión que algunos proponemos, desde hace décadas, la sugerencia es que, por un lado, los tribunales se retiren, tanto como sea posible, del control de las cuestiones políticas cotidianas (es decir, sean deferentes frente a ellas). Esto significa que los tribunales, en principio, no deben inmiscuirse -como lo hacen hoy- en decisiones controvertidas de política pública, que pueden variar -democráticamente- de un gobierno al siguiente.


En tal sentido, los tribunales deberían ser respetuosos frente a las preferencias cambiantes de un electorado que puede querer hoy más o menos regulación económica; más o menos impuestos; más o menos severidad en la distribución de penas, etc. (con algún límite importante, impuesto por una Constitución como la nuestra que -contra lo que piensan el Presidente y sus asesores económicos, ignorantes o irrespetuosos en materia jurídica- resulta muy demandante en términos de “justicia social” y derechos sociales).


Por otro lado, y como contracara de lo anterior (jueces que deben ser fundamentalmente pasivos o deferentes frente a una mayoría de decisiones políticas), la justicia debería ser híper intervencionista y activa en la custodia de las “reglas de juego” democráticas. Hablamos, de este modo, de una función muy parecida a la intervención del réferi en un partido de fútbol: el réferi no debe inmiscuirse (y tratar de cambiar el resultado) si el partido termina con un marcador que no le gusta o no le parece “justo” (i.e., gana por goleada el equipo que jugó peor). El réferi debe dejar que el resultado del partido sea el producto de lo que los jugadores han hecho y dejado de hacer en la cancha.


Sin embargo, y por ello mismo, debe ser super estricto en la custodia de las reglas de juego. Dicha tarea incluye anular los goles hechos con la mano o en fuera de juego; o amonestar, y eventualmente expulsar a quienes cometen faltas graves.


Ese deber primordial de cuidar, ante todo, que el juego (democrático) pueda seguir jugándose, debió haber llevado, en México, a impedir lo que acaba de ocurrir, esto es, la colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo; debería implicar, en la Argentina, la inmediata invalidación de la ley 26122, que invita al Ejecutivo a gobernar por decreto; o debió haber llevado, en los Estados Unidos, a que la justicia excluyera a Trump de la política, luego de haber provocado, en el 2021, el asalto al Capitolio.


La alternativa, frente al jugador que (no importa si se apellida Trump, Bolsonaro, Kirchner o Milei) comete una falta muy grave, no es la de decir “dejen que el jugador (que agrede) siga, dejen que el resultado se defina en la cancha”.


El respeto de los resultados del proceso democrático tiene como precondición el resguardo de las reglas que lo hacen posible, y ellas incluyen la separación de aquellos que cometen faltas gravísimas durante el juego.