¿Bajar la inflación o respetar derechos constitucionales?

(Publicado hoy en LN Ideas)

¿Respetar derechos o bajar la inflación?

Roberto Gargarella

Las comunidades modernas, aquí y allá, enfrentan un problema gravísimo: desde posiciones prominentes, muchos funcionarios públicos parecen abocados a la tarea de desmontar nuestros derechos democráticos. Los derechos fundamentales que, como tales, deben garantizarse siempre y de manera incondicional, resultan degradados, entonces, para pasar a depender de la voluntad coyuntural y arbitraria de un pequeño grupo de administrativos con poder. Subrayo la noción de “arbitrariedad”: nuestros derechos constitucionales más básicos aparecen hoy sujetos al capricho de funcionarios estatales de cualquier rango, antes que sujetos a la ley y la razón. Todo lo cual resulta legalmente impermisible: esos funcionarios están violando seriamente a la Constitución. Ellos no tienen nuestra autorización democrática para operar en el área en la que lo están haciendo, y mucho menos del modo en que lo están haciendo. Ofrezco dos ejemplos recientes, sobre aquello en lo que estoy pensando. En nuestro país, y en nombre de una política de ajuste fiscal, personal del Ejecutivo elimina derechos básicos de niños y discapacitados, como si se tratara de privilegios (sin mencionar el hecho de que aprovechen la oportunidad para hacer negocios con las necesidades de los más débiles). Mientras tanto, en los Estados Unidos, y en nombre de una política de control migratorio más estricta, personal armado y encapuchado, dependiente del Ejecutivo, ejerce violencia brutal sobre las personas, sin atención alguna a la Constitución y al debido proceso. Hay personas que sufren y mueren por esas decisiones (y es que los derechos se violan tanto por acción como por omisión).

En lo que sigue, quiero detenerme a fundamentar lo anticipado: nuestros funcionarios no están autorizados para desmantelar o afectar seriamente, como lo hacen, nuestra estructura de derechos constitucionales. De todos modos, y antes de seguir, incluyo alguna aclaración para los apresurados de mala conciencia: pertenezco, como tantos, al amplio grupo de personas que supimos criticar sin miramientos, a estos como a aquellos, a los de antes como a los de ahora. Igualmente, y aunque en estos tiempos valga la aclaración, debe agregarse también que la defensa y reivindicación de los derechos constitucionales no depende del prontuario de nadie ni del documento de identidad de cada uno: hablamos de lo que nos corresponde siempre e incondicionalmente, como simples miembros de la raza humana, y sin necesidad de exhibir primero el carnet de consistencia pragmática.

Comienzo entonces con algunas precisiones sobre el origen y la naturaleza de nuestros derechos básicos. En primer lugar, y tal como nos enseñara Ronald Dworkin (tal vez la mayor autoridad de nuestro tiempo, en materia de derechos), voy a distinguir entre objetivos políticos y derechos fundamentales. Los primeros, es decir, en definitiva, las políticas públicas, dependen de las coyunturas, y merecen estar sujetas a consideraciones políticas contextuales. Esperablemente, vamos a disentir respecto de cuáles son las mejores políticas, y vamos a vernos obligados a negociar y a buscar acuerdos en torno de ellas. Resulta perfectamente entendible y razonable, en este respecto, que un gobierno de izquierda quiera incrementar la inversión social, o que un gobierno de derecha proponga reducir los gastos que considere innecesarios (“achicar al Estado”).

Mientras tanto, los derechos fundamentales nos plantean un caso muy diferente del de los objetivos o políticas públicas. Los derechos refieren a intereses fundamentales que nuestra civilización ha ido definiendo, históricamente, como tales. Ellos no dependen de coyunturas puntuales ni de cuestiones contextuales: no dejamos de tener un derecho a la libre expresión porque tuvimos una mala cosecha; ni perdemos el derecho al debido proceso porque subió el precio de la nafta; ni se interrumpe la educación pública gratuita porque la inflación está demasiado alta. En tal sentido es que hablamos de los derechos fundamentales como derechos incondicionales, inviolables y universales: ellos no están sujetos al regateo, ni pueden ser tomados como bienes de cambio. Agrego un par de notas adicionales. 

Ante todo, desde hace siglos que en todo el mundo se reflexiona sobre cuáles son esos derechos que merecen ser reconocidos como fundamentales (desde la Magna Carta inglesa, en 1215; a la Declaración de Derechos francesa, de 1789; o la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), lo cual nos permite entender por qué hay comunidades que reivindican más derechos que otras. Aunque existe un núcleo de derechos que ha sido siempre considerado como tal, en todo tiempo y lugar (i.e., libre expresión, libre asociación, derecho de petición), también es cierto que algunas sociedades han decidido expandir ese núcleo básico, normalmente porque reconocen que en ellas existen mayores necesidades básicas desatendidas. Esto nos sugiere algo que no siempre aceptan quienes estudian sobre los derechos: los derechos no son algo así como “planetas” que descubrimos a través de un sofisticado instrumental o personal especializado (ie., jueces como “astrónomos”), sino intereses que -democráticamente- acordamos proteger de modo muy especial, por la importancia excepcional que les asignamos.  Esto me lleva al segundo punto que quería mencionar, referido a la importancia de lo que ocurre cuando -como suele ocurrir- las sociedades deciden dar un paso más, para dotar a esos derechos que valoran o reivindican, de un estatus constitucional. Entonces, al incluirlos en su Constitución, lo que tales sociedades hacen es decir algo como lo siguiente: “identificamos un interés que merece nuestra máxima protección, y de este modo (dándole rango constitucional) declaramos, frente a las generaciones presentes y futuras, nuestro compromiso de garantizarlos siempre y hasta el máximo de nuestras posibilidades.”

Lo dicho deja en claro la gravedad de lo que ocurre cuando un funcionario o economista, con sorna o saña, recorta alguno de esos derechos incondicionales, alegando consideraciones coyunturales o cuestiones temporarias (“estamos en período de restricción de gastos”, “vamos al déficit cero”). Al actuar de ese modo, la persona en cuestión confunde derechos fundamentales con objetivos políticos, y -además- no advierte que al hacerlo pasa a actuar sobre un área que tiene vedada. Para ponerlo de un modo todavía más fuerte: ese funcionario debe entender que la protección constitucional que una comunidad democrática le otorga a un derecho significa que todo cambio sustantivo que se quiera imponer en relación con ese derecho requiere, también, de una autorización democrática extraordinaria. Los compromisos de rango constitucional resultan sólo modificables a través de otros acuerdos de rango semejante. Por ello, la “autorización democrática” que funcionarios del momento pretendan alegar, luego de una elección ganada (“el pueblo nos lo ha demandado”) resulta simplemente insignificante. Ninguna elección presidencial o legislativa otorga licencia alguna para socavar derechos constitucionales. Los funcionarios públicos sólo están autorizados a navegar por el mar de los objetivos coyunturales: no pueden ingresar sobre el territorio de los derechos.

La buena noticia es que el compromiso incondicional con los derechos no resulta en absoluto incompatible con objetivos tales como la “lucha contra la inflación” o las “políticas inmigratorias más estrictas.” Cualquier comunidad que se proponga reducir el déficit fiscal debe reconocer que existen infinidad de gastos susceptibles de ser recortados (servicios de inteligencia, aviones de combate, etc.) que no afectan en absoluto el resguardo de los derechos fundamentales. Lo que esa comunidad debe hacer, entonces, es no optar por recortes indebidos, en áreas constitucionalmente blindadas. Asimismo, debe resultar claro que un gobierno puede llevar adelante una política migratoria más estricta, sin afectar derechos básicos como el debido proceso. Entonces, si para el logro de objetivos políticos permisibles (bajar la inflación; rigidizar los procesos inmigratorios) un gobierno entra en guerra con los niños autistas, o le dispara en la cara a quien considera sospechoso, resulta claro que lo que allí está en juego es otra cosa. El gobierno en cuestión intenta llevar adelante una provocación, violando la ley a sabiendas. Lo que nos toca, entonces es sobrepasar este momento: a ellos no les asiste la razón ni el derecho. La Constitución está de nuestro lado.

Walter Benjamin, y la vuelta de El Ángel de la Historia

Walter Benjamin escribió, en su huida, lo que representa su “última voluntad” intelectual: sus Tesis de Filosofía de la Historia. Benjamin se encontraba en París, a principios de 1940 (poco antes de que las tropas de Hitler invadieran Francia), e intentaba escapar de la Gestapo, huyendo hacia España. En esas condiciones, él sigue pensando: hace un último esfuerzo para tratar de entender cómo podía ser que, a esa altura del tiempo, ocurriera lo que estaba ocurriendo. Y lanza su botella hacia el mar del futuro (hacia nosotros, por tanto), con un llamado de alerta.

En su texto, ofrece una lectura melancólica acerca del curso de la historia, a la que presenta como no lineal, ni progresiva, ni emancipatoria (como proponía el materialismo histórico que él siempre había sostenido). En la Tesis IX de su escrito, Benjamin va a tratar de explicar el dramático ascenso del nazismo, apelando a una pintura que le había adquirido a su amigo Paul Klee, el Angelus Novus. Hablará entonces de “el Ángel de la Historia”, y de lo que ve como una regla inexorable, antes que como una anomalía: la violencia y privación de derechos hacia los oprimidos (en su momento, los judíos perseguidos, como él). La Tesis IX se lee así:

Un cuadro de Klee titulado Angelus Novus muestra a un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo que contempla fijamente. Sus ojos miran fijamente, su boca está abierta, sus alas están desplegadas. Así es como se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe que amontona escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. El ángel quisiera quedarse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero una tormenta sopla desde el Paraíso; se ha enredado en sus alas con tal violencia que el ángel ya no puede cerrarlas. La tormenta lo impulsa irresistiblemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el montón de escombros ante él crece hacia el cielo. Esta tormenta es lo que llamamos progreso.

Pd. Benjamin había llevado la pintura consigo, al exilio. Cuando los nazis invadieron Francia, Benjamin cedió el dibujo de Klee a Georges Bataille, quien lo ocultó en la Biblioteca Nacional de París, donde trabajaba, y luego entregó a Theodor Adorno en Frankfurt. En su Tesis VII, escribió que, para los perseguidos de la historia, esa situación representaba la normalidad: “el estado de excepción” como práctica persistente. En su Tesis VI Benjamin había escrito, también, que si el fascismo triunfaba, "ni siquiera los muertos estarán seguros", porque el vencedor reescribiría la historia hasta borrar el sufrimiento de las víctimas.

Diez textos que marcaron mis estudios de sociología

 

Hay decenas de textos a los que querría hacer referencia, pero esta selección es bastante representativa de los que más me interesaron y, de algún modo, definieron mi pensamiento en el área. Los hay argentinos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos, de este tiempo y del pasado también.

Norbert Lechner y La crisis del Estado en América Latina

Durante la carrera de sociología, ningún artículo me impresionó más que éste (luego devenido en libro), ni ningún autor me impactó más que él: el casi chileno Norbert Lechner. Acá, Lechner estudia la crisis del Estado en la región, y el papel del mismo en el contexto capitalista. Recuerdo que el artículo era larguísimo, y no pude dejar de subrayar una línea: lo dejé completamente ilegible, pintarrajeado de negro, lleno de círculos y flechas.

José Aricó y La cola del diablo

Pancho Aricó fue fundamental en la renovación de los estudios marxistas en América Latina, gracias a sus estudios en torno a Gramsci. Fue él, de hecho, quien introdujo al italiano en la región, vía su revista —espectacular— “Pasado y Presente.” Cordobés genial, tomé un curso con él, fumando habanos, en el subsuelo de la librería Gandhi, cuando el local estaba en Montevideo, a metros de Corrientes. Emocionante.

Juan Carlos Portantiero y La producción de un orden

A Portantiero no lo conocí tanto en “los años de Alfonsín”, como en la revista “La ciudad futura,” donde colaboraba con varios jóvenes hoy activos en la discusión pública. En textos como “La producción de un orden”, Portantiero empieza a desarrollar una intuición que se convertiría en su clásico, y en una idea fundamentalísima (para mí, como para tantos) a la hora de entender el ciclo dictaduras-democracias en la Argentina. La peculiaridad nacional: el “empate hegemónico”. Texto crucial, nunca realmente refutado, aunque la realidad de la desigualdad creciente, desde la última dictadura, haya terminado por romper el mentado empate.

José Nun y La rebelión del coro

Me impactó muchísimo este artículo breve, de don Pepe, en donde él se suma, desde estas pampas, a una línea de investigaciones sobre los movimientos sociales emergentes (feministas, movimientos estudiantiles). Estos eran los “nuevos sujetos” que “despertaban”: como el coro griego que, por fin, se ponía de pie y se rebelaba, cuestionando así, también, el rol exclusivo de la clase obrera como único actor revolucionario. Lo discutimos con él en la nunca bien ponderada maestría que regenteaba en el Banco Patricios.

Juan Villarreal y Los hilos sociales del poder en la Argentina

Gran artículo de este sociólogo argentino, en donde analiza la estructura social argentina post-dictadura. Todos los estudiantes de la carrera, y todos los que luego seguimos por FLACSO, recitábamos por entonces como un mantra la fórmula-diagnóstico del texto: “homogeneización por arriba” (concentración del poder económico) y “heterogeneización y fragmentación por abajo” (sectores subalternos). Tremendo.

Karl Marx y los Manuscritos de 1844

El primer libro que compré, cuando empecé mis estudios de Sociología, fue Manuscritos de 1844, escrito por Karl Marx, y publicado entre nosotros por la Editorial Cartago, la del PC. Éste era el Marx más sociólogo, describiendo de modo que todavía conmociona a “la cloaca de la civilización”. Escribe Marx,

“…hasta la necesidad de aire puro deja de ser una necesidad para el obrero; el hombre regresa a su cubil, pero ahora éste está contaminado por el aliento pestilente y mefítico de la civilización… La luminosa morada que Prometeo señala, según Esquilo, como uno de los grandes regalos con los que convierte a las fieras en hombres, deja de existir para el obrero. La luz, el aire, etcétera, la más simple limpieza animal, deja de ser una necesidad para el hombre. La basura, esta corrupción y podredumbre del hombre, la cloaca de la civilización (esto hay que entenderlo literalmente) se convierte en su elemento de vida.”

Genio y artista.

Friedrich Engels y La situación de la clase obrera en Inglaterra

Engels publica este texto en 1845, un año después de que Marx escribiera el suyo. Hijo de un empresario textil, Engels se traslada a Inglaterra y reside en Manchester —por entonces centro de la Revolución Industrial— desde donde, entre 1842 y 1844, escribe sobre las penosas condiciones de vida de los trabajadores industriales. Con un agudo ojo sociológico, Engels describe en su libro los bajos salarios que gana la mayoría, y las dificultades en que viven los obreros, rodeados de un entorno insalubre y desagradable:

“Las viviendas de los trabajadores se encuentran mal planeadas, mal construidas, mantenidas en las peores condiciones, mal ventiladas, húmedas, insalubres. Sus habitantes están confinados a los espacios más pequeños posibles. Usualmente duerme una familia por cuarto. En su interior, las viviendas muestran su pobreza en grados variados, con la ausencia de los muebles más elementales.”

Flora Tristán y Peregrinaciones de una paria

Qué fuerza la de la franco-peruana Flore Celestine! En “Peregrinaciones”, ella da cuenta de sus desventuras viajeras entre Arequipa, Lima y más allá. Flora decía que “el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres". Cercana a los utopistas de su tiempo, e inspirada por los falansterios de Fourier, propuso una “Unión Obrera”, que incluía la construcción de “palacios obreros” donde los trabajadores podrían vivir dignamente, recibiendo educación y cuidados. Marx y Engels, en “La sagrada familia,” se refieren a ella de un modo muy elogioso. Escriben, entonces, sobre una mujer “feminista y comunista”: “Flore Celestine”.

Richard Sennet y La corrosión del carácter

En 1998, el sociólogo Richard Sennett publicó un libro muy hermoso, basado en las voces de sus entrevistados, sobre “La corrosión del carácter” en el capitalismo tardío. En el libro, él habla del modo en que los valores de la lealtad y el compromiso, prevalecientes hasta hacce no tanto, fueron dejados de lado por otros, inspirados o promovidos por el capitalismo tardío: valores más vinculados con la flexibilidad, la espontaneidad, la individualidad, propias de la economía del libre mercado.

Hannah Arendt y Nosotros, los refugiados

No pertenezco al club de fans de Hannah, pero me maravillan la contundencia de su palabra, y la potencia de sus intuiciones. Me golpeó mucho, en particular, un texto suyo, muy breve, “Nosotros, los refugiados”. Allí, doña Hannah da cuenta la situación de los judíos en Austria. Cuenta que ellos, pasaban sus días, optimistas y confiados en su suerte: cómodos en las certezas dentro de las cuales vivían. Así, hasta la invasión de 1938, cuando empezaron a ver de qué forma, sus amables, respetuosos vecinos, de un día al otro, aparecieron “tomando partido contra ellos, causando disturbios frente a sus casas.” Concluye Hannah, entonces: “cuando sus gentiles vecinos empezaron a causar disturbios en las casas judías, los judíos austríacos empezaron a suicidarse.” Lo pienso siempre para la Argentina, mirando a quienes me rodean en las redes.

Entrevista a Samuel Moyn, sobre Venezuela (versión inglesa)

(Spanish version: https://lacritica.ar/post/samuel-moyn/)

(by S. Guidi, for lacritica.ar)

1) Intellectual historian Quentin Skinner wrote that “what it is possible to do in politics is generally limited by what it is possible to legitimise. . . under existing normative principles.”

At least for foreign observers, one of the most striking features of Venezuela’s operation was precisely the almost non-existent attempt to legitimize the intervention under any legal or normative principle, at least any normative principle that could be shared outside the US. There were some mentions of the future of Venezuelans, but the focus was clearly set at US Americans’ interests. This is especially impressive when we see that there was a lot he could say about the illegitimacy of Maduro's regime, and yet he chose not to say anything. What do you see in this disregard for justification? Is this a display of raw power, showing that the US does not need any outside support, or is it an attempt at a new way of legitimizing state action? 

ANSWER: I think there were normative principles, but they are noxious ones. They are broader than American self-interest, which is why many have found the events so troublesome. They look compatible with Donald Trump’s sense that great powers have their domain of control, something like Carl Schmitt’s Großraum (great spaces) theory; and no wonder that people have worried about the implications for the settlement in Ukraine or Chinese policy toward Taiwan. And it is a certainty that lawyers in the executive branch of the U.S. government were consulted, and that they continued their permissive history of affirming the lawfulness of the abduction (in a criminal law enforcement paradigm). Finally, perhaps the “realism” of the rhetoric coming out of the U.S. government at least dispenses with the neoconservative penchant to dress up and justify neo-imperial policies in the mode of high principle. Obviously if we have to choose between “raw power” and some sort of ethical and legal rationalization for it, the latter is better. But not much. And the brutal honesty of the articulated reasons do remind us of what may have generally been the case in American and other great power foreign policy, so that we can face it without confusion or misdirection.

2)  If we assume Trump is asserting some form of right to act with no justification towards the international community, the immediate fear is that the universalization of this principle would lead to anarchy. This assumes that international law was not only rhetoric, but had also some effect in actually restraining states’ conduct. If this is so, is the world Trump seems to be proposing sustainable? Wouldn’t such a world actually harm US interests, by making the world more unpredictable?

ANSWER: Well, if you buy that Trump is a Großraum thinker of a kind, then it bars most states from following suit. It remains hotly debated whether constraints on the use of force ever had purchase. I believe there is a case they did, but they were always weak. And so I’m of the school that refuses to concede the novelty of such current events, as if the past did not involve much worse ones both from the perspective of good and evil (how many died, to begin with) and from the perspective of whether law was followed. And indeed, the law in these domains is permissive enough that the trouble has more regularly been how easy it is to claim to follow it. So we should repudiate all nostalgia for a “rules-based international order” (a term coined in 2015!) without, at the same time, giving up the aspiration for the constraints on power that have been achieved in the past, and decrying their erosion.

3) In June last year, commenting on the origins of the Russian war in Ukraine, you wrote that “no more can anyone believe in the credibility of American power to advance [emancipatory values], or in its capacity to do so”. Indeed, in US history, there was a lot of intellectual production regarding the justification of foreign intervention by appealing to universal values: from the white man’s burden to emphatic support for R2P. These ideas, however, were part of grander ideological narratives concerning the United States’ self-understanding as a “beacon of hope” for the world. There have been versions of this both in conservative thought and liberal thought, under Republican and Democratic governments. Apart from changing how the US acts with respect to the rest of the world, could the Venezuela affair change how the US (or different factions within the US) sees itself?

ANSWER: I think Americans are much readier — in part because Trump forces them — to see their country as less principled than was once believed. That doesn’t mean it can make no difference for the better. But, as countries of the global south have long argued, it could do so more credibly if it shared power and wealth, and confessed to its crimes and mistakes. One trouble many of us have had with the response to the rise of Donald Trump is that a small subset of American elites have responded to him both by relying on him to wash away their own sins, while represented him as some kind of unprecedented transgressor. He isn’t, which doesn’t mean he isn’t worse than came before. But I firmly believe American elites still have a lot to learn about the complicity in his rise (and many other crimes and mistakes before it), and I worry that Americans are never far from demanding a return to to the illusion of their own beneficence and innocence.

4) In your book Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, you argue that in the last few decades the United States have managed to render war, and expectations about war, more “humane”, with the consequence of making more tolerable at least to audiences in the US. At the same time, I quote, these “increased expectations of humanity in warfare. . .  came with a cost: the moral improvement of belligerency could risk merely prettifying it.”

What happened on Saturday can dispassionately be described as an act of armed conflict. Not only that: President Trump has since stated that the US would “run” Venezuela, in ways that resemble what an occupying force would do after an invasion. Trump even openly threatened acting president Delcy Rodriguez with what could happen to her should she not abide by US desires. And yet, probably because of the precision of the operation, it seems to lack the moral condemnation normally associated with wars. The US government even defined it as an act of “law enforcement”. So I’m curious about how much rupture and how much continuity do you see. Does this fit the pattern you describe in Humane? Is war so “humanized” now that it can be conducted without even being recognized as such? 

ANSWER: There’s more discontinuity than continuity. If the abduction of Maduro was similar to the policies of prior presidents, it was so in its concern for the near absolute immunity of American forces from harm, which the public won’t tolerate. Trump knows this, and it has been observed that, uniting all his aggressive foreign policy choices, the commonality is avoiding exposure of American troops to much harm. The operation was “precise” mainly in sparing American troops, since we still don’t how many Venezuelans died, and whether any were civilians.  It is probably how he squares his acts with his earlier reputation as a critic of the Iraq war and U.S. warmongering in general. As for the representation of the events as policing, that allowed the president to avoid Congressional approval, and it allowed him to treat one criminal mastermind as the problem he was solving, leaving the rest of the regime in place in spite of its own relationship to the drug trade. I think the syndrome I wrote about of excusing belligerency if it is humane to potential foreign victims is something American liberals (such as Barack Obama) are more apt to care about - and Trump’s Secretary of State, Pete Hegseth, has actively criticized the rise of legal constraints on the conduct of hostilities. What I think is happening in Venezuela is an extension of Trump’s mafioso or “racket man” approach to politics to war - it is useful to decapitate a rival if it allows creating a client who will owe permanent debt. Trump is hoping Delcy Rodríguez and her cronies are willing to play this role, and if not he will replace them. 

5) In all this process, it is hard to ignore the personality of President Trump. It looks silly, but commentators have speculated (this is just an example) with the possibility that Trump’s personal desire of winning the Nobel Peace Prize conditioned his attitude towards Venezuela. This, despite the fact that Trump ran on an “America First” platform, and that there are important wings in his government that are decidedly anti-interventionist. To what extent do you think developments in Venezuela were shaped by Trump’s idiosyncratic features? Or, to put it in other terms, to what extent do you think this represents a consistent new approach to international relations and international law and, if so, which parts of it will outlive Trump’s second presidency?

ANSWER: The events are decisively shaped by Trump’s idiosyncrasies, but I’m not sure his desire for a Nobel (his own, since he has accepted Maria Corina Machado’s gift of hers) played a big role. It has done so in his “peacemaking” in Israel and, perhaps above all, in his cross-pressuring of the leaders of Russia and Ukraine to reach an accommodation. That doesn’t sit well with Trump’s other obsession, which is showy uses of force to establish or reestablish my country's hemispheric supremacy. Of course, it is only fair to note that many Nobel peace prize winners have been warmongers, credited for taking a break from their usual approach, so Trump is probably not wrong to sense that he doesn’t need absolute consistency in this regard. I do think Trump illustrates American exhaustion with neoconservative warmongering, and its cousin “liberal internationalism” that prettified American empire. But his acts suggests a lack of ability or desire to break from them entirely, except in the direction of a more brazen and lawless and unpredictable resort to violent tools when he feels like it.

6) Although this is not the first time an attack is not authorized by Congress, the opposition has emphasized the unconstitutionality of the attack for that reason. To cite another example, close to home, Democrats heavily criticized Trump’s 20 billion-dollar bailout of Argentina in October, because it was considered more of a personal project than a national one. If this is true, foreign relations in the US are suffering from the same ills as other areas: an increasing disregard for constitutional law and concentration of powers in the Executive. What do you see in this transformation of the presidency? And what can we expect from international relations that are managed in this way?

ANSWER: Yes, and it is fascinating that Republican politicians have also voted in comparatively high numbers for reclaiming their responsibilities over war and peace in the face of Trump’s adventuring. The sad fact is, however, that both the American and global trend has been presidentialism — empowerment of the executive in relation to the legislature — for at least a century. And it is almost interrupted, with the counterexample in this country of the horrified response to Richard Nixon’s crimes and excesses. The situation is so dire now, with no comparable attempt to constrain president’s after Trump’s first term, that it has to be a multigenerational project to return to a democratic project rooted in parliamentary initiative and responsibility. Until then, even if “normalcy” is restored after Trump, we can expect an imperial president indefinitely, with choices for war made on a whim and lawyers in government signing off.

El constitucionalismo como “traje chico”

 https://www.clarin.com/opinion/constitucionalismo-traje-chico_0_4pzud3Ho2s.html

En nuestro país, como en tantos, vivimos una debacle del constitucionalismo democrático. Este hecho se verifica casi cada día: un caprichoso incumplimiento de las leyes, por parte del Presidente (ie., financiamiento universitario, discapacidad); designaciones que se hacen en el Congreso, violando todos los reglamentos establecidos (ie., Auditoría General de la Nación); decisiones judiciales urgentes, que se demoran, sin razón alguna que lo justifique, durante más de una década (ie., regulación de los DNU). Este goteo cotidiano de miserias termina por generar, también, resultados de espanto. Entre ellos, destacaría la desafección o hastío que embarga a una ciudadanía que reconoce, sensatamente, que las autoridades públicas harán o dejarán de hacer exactamente lo que les venga en gana. Y es que, en los hechos -lo sabemos- la voz ciudadana -la nuestra- no cuenta. Como si nos dijeran: “ya han votado, ahora háganse a un lado.”

Por supuesto, debe señalarse que, frente a la crisis, todas las alternativas que se nos proponen, orientadas finalmente a suprimir al constitucionalismo democrático, prometen empeorar aún más lo malo que tenemos. Esto es decir: menos poder ciudadano, más discrecionalidad para el Presidente -la consolidación de lo que Bruce Ackerman denominara “presidencias imperiales”. La pregunta es, entonces ¿podemos hacer algo para mejorar lo que tenemos, en lugar de socavarlo? La respuesta es, sin dudas, positiva, pero para ello resulta imprescindible precisar, antes que nada, nuestro diagnóstico: ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Por qué razones? ¿Hacia dónde? Señalo esto porque, de manera demasiado habitual, los latinoamericanos nos embarcamos en reformas mayores -ie., constitucionales- que terminaron resultando auto-frustrantes, por su ambición enorme, con rumbo equivocado. Ello así, por ejemplo, a través de la incorporación de decenas de nuevos derechos constitucionales, que se acompañaron de (o vinieron a cambio de) un reforzamiento de los rasgos presidencialistas, o menos democráticos, de nuestra organización del poder (ie., reelección, decretos de necesidad y urgencia, etc.).

Un diagnóstico apropiado, según entiendo, debería conducirnos en la dirección opuesta a la transitada en estas décadas. Nuestro problema (constitucional) no es la falta de derechos, sino el mantenimiento de una estructura de poder poco democrática. Los nuevos derechos enumerados (que -vale aclararlo- bien incorporados están, en su gran mayoría) sirven de poco si, como ciudadanos, quedamos condenados a peregrinar pacientemente hacia los tribunales, o a pedirle de rodillas al Presidente, por derechos que, finalmente, los funcionarios nos otorgarán o no, conforme a su estado de ánimo. Las prácticas en las que se ha degrado el constitucionalismo, en estos tiempos, llevan entonces a que derechos que son “nuestros” e incondicionales, terminen convirtiéndose en “concesiones” a cargo del poder de turno, y así convertidos en “privilegios” que sólo sirven para reforzar el poder (y el poder de extorsión) de las autoridades constituidas.

Mi impresión es que, en el último siglo, el constitucionalismo se fue transformando en un “traje chico” para nuestras crecientes (y razonables) demandas democráticas. Como un “traje” diseñado para un niño o niño, en sus primeras celebraciones, y que insistimos con volver a colocarle hoy, cuando ya nos encontramos frente a un adulto, corpulento y desarrollado. Podemos suponer que el “traje” del constitucionalismo estuvo muy bien diseñado, y que sirvió perfectamente para albergar a un cuerpo social que era muy distinto del que hoy tenemos. En la actualidad, las necesidades y fines son otras, y el cuerpo ha cambiado de modo extremo, por lo cual no basta con agregarle botones al traje, o alargarle las mangas, o subirle el talle. Las viejas sociedades no sólo eran más pequeñas sino, fundamentalmente, otras: sociedades divididas en pocos grupos internamente homogéneos (ie., entre “capital” y “trabajo”), en donde una porción significativa o mayoritaria se encontraba excluida, en los hechos, de la participación democrática. Hoy, nos encontramos no sólo con sociedades compuestas por millones de personas (esto es lo obvio), multiculturales y heterogéneas, formadas por personas con identidades multifacéticas (nadie es hoy, “simplemente”, obrero o empresario) sino, además, con sociedades democráticamente “empoderadas”, compuestas por ciudadanos que se asumen, con razón, “dueños” de un poder que “otros” (la clase dirigente, “la casta”) le arrebatan. El “traje” del constitucionalismo democrático, entonces, debe cambiar (y no “obligadamente,” a través de una reforma constitucional). Podemos empezar a discutir, ahora, sobre los detalles de ese cambio, pero la razón y la dirección deben ser claras. No necesitamos “más concentración del poder” -es decir, no necesitamos un traje todavía más chico. Debemos ir hacia arreglos institucionales que vuelvan a dotar de contenido democrático a nuestra vida compartida. Y el “traje” del constitucionalismo debe hacer posible (en lugar de asfixiar o imposibilitar) a esa ambición democrática.

 

 

 

 

La filosofía del gobierno es contraria a la de la Constitución

 

Nota que publicamos hoy, en LN, con Marcelo Alegre

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-filosofia-de-la-constitucion-es-contraria-a-la-del-gobierno-nid02012026/

La filosofía de la Constitución es contraria a la del gobierno

Roberto Gargarella y Marcelo Alegre

En este artículo, nos interesa señalar que la filosofía que subyace a la Constitución argentina expresa una combinación de tradiciones -presentes a lo largo de la historia del país- que permite albergar políticas públicas muy diversas, pero no, simplemente, cualquier política. La Constitución no es compatible con iniciativas racistas o de discriminación sexual; como no es compatible con el comunismo (entendido como abolición de la propiedad privada) o el libertarianismo (entendido como abolición del Estado). Decir esto es consistente con sostener que la Constitución obviamente protege los ideales personales más diversos (religiosos, filosóficos), y permite llevar a la práctica programas económicos absolutamente diferentes (regulaciones económicas más o menos fuertes; políticas favorables a la exportación o a la importación; etc.). Sin embargo, lo que aquí queremos subrayar es que la filosofía de la Constitución resiste o repudia, más que tolera, a la filosofía pública de este gobierno, basada en ideales de “destrucción del Estado, desde adentro”, y en el desdén hacia los principios más básicos de la justicia social (“la justicia social es una aberración”). Según diremos, la filosofía de la Constitución exige la presencia de un Estado activo en materia de derechos sociales básicos, y sostiene a la igualdad y a la justicia social como algunos de sus principios fundantes. Como forma de fundamentar estos dichos, permítasenos comenzar estas notas haciendo un poco de historia, destinadas a reconocer “qué tenemos”, en materia constitucional. 

La Constitución argentina nació, como la mayoría de las Constituciones de América Latina, a partir de una amalgama de tradiciones, históricamente relevantes en la región. La Constitución original, la de 1853 combinó, de manera trabajosa, el ideario de dos de los idearios más influyentes en el país, luego de la Independencia: una corriente liberal, hija de la Revolución norteamericana de 1776 y la Constitución de 1787; y una corriente conservadora, legado de la centenaria dominación Hispánica en la región. A lo lejos, mientras tanto, resonaban todavía los ecos de una tercera tradición, republicana, derivada de la otra gran Revolución de aquellos años, la Revolución francesa (y su legado constitucional, reflejado sobre todo en las Constituciones de 1791, 1793, y 1795, con su impronta jacobina a cuestas).

Bebiendo de esas distintas fuentes, la Constitución de 1853 terminó por establecer una Declaración de Derechos que combinó compromisos muy liberales (ie., el “principio del daño” del artículo 19, que protege las acciones “privadas”; o la libertad de expresión; o la tolerancia religiosa, o  los “frenos y contrapesos”, que incluían el veto presidencial; el control judicial sobre la Constitución), junto con otros compromisos más conservadores (un Poder Ejecutivo reforzado; el estado de sitio; la intervención federal; etc.)

El producto de esa combinación fue, seguramente, imperfecto, pero la práctica desarrollada desde entonces ayudó a “suavizar” y “pulir” algunos de aquellos desajustes, y a consolidar otros rasgos que no habían quedado claramente definidos en aquella redacción inicial de 1853. Por ejemplo, el artículo 19, sobre la protección de las acciones privadas, tendió a ser interpretado en línea con su contenido liberal (más que en relación con sus rasgos conservadores), y fue decantando, así, hacia un artículo básicamente protectivo de la moral personal. Mientras tanto, otros aspectos radicalmente conservadores de la Constitución de 1853, como la evangelización obligatoria de los pueblos originarios, terminaron cayendo en desuso, hasta ser finalmente eliminados del documento.

Nuestro actual texto constitucional ya no es la de 1853, aunque aparece muy claramente “montado” sobre aquel escrito originario.  De entonces a hoy, la Constitución tuvo algunas modificaciones importantes que contribuyeron a darle su perfil actual. En primer lugar, la Constitución tuvo una modificación significativa en 1957, destinada a retomar parte del “contenido social” de la derogada Constitución peronista de 1949.  De modo más general, podría decirse que, desde ese momento, y a través del artículo 14 bis, la Constitución argentina recuperó los aspectos sociales que eran propios de la vieja tradición republicana, que a mediados del siglo xix había quedado desplazada de la mesa de negociación constitucional. Reactualizada al lenguaje y necesidades del siglo xx, nuestro republicanismo social se expresó en compromisos que hemos decidido mantener, a pesar de su exigente carácter: “condiciones dignas y equitativas de labor”; “participación en las ganancias”; “seguridad social”; “acceso a una vivienda digna”; etc. Se trata, sin duda, de ideales demandantes, y difíciles de alcanzar. Sin embargo, lo que ya no puede hacerse es considerar a tales exigencias como si no estuvieran escritas, o interpretar a la Constitución como si fuera “muda” o indiferente, en materia de programas económicos. Por el contrario, y frente a cualquier reforma laboral o de la seguridad social, la primera pregunta deberá ser siempre: “contribuye la misma a alcanzar o a socavar los ideales constitucionales?” Si lo segundo, entonces, deberá considerarse a la misma como una política constitucionalmente impermisible.

Finalmente, en 1994 nuestra Constitución fue objeto de una nueva reforma, que terminó de definir su identidad presente. Desde entonces, nuestra Constitución, que expresaba una “mezcla” de las tres grandes tradiciones de la modernidad -el liberalismo, el conservadurismo y el republicanismo- se puso en línea con algunas de las principales demandas de su tiempo, y reparó algunas de sus más objetables omisiones. Seguramente, el principal compromiso asumido por nuestra Constitución, desde el fin de la última dictadura, fue el de dotar de nivel constitucional a tratados ya firmados por nuestro país, en materia de Derechos Humanos. Asimismo, y por ejemplo, la Constitución de 1994 le otorgó -por fin- reconocimiento a los postergados derechos de las comunidades indígenas; y se comprometió abiertamente con políticas de igualdad de género, insistiendo en dos oportunidades en la consagración del principio de “igualdad real de oportunidades”. Hablamos, una vez más, de cláusulas constitucionales de carácter exigible, y no de “poesía,” o de “expresiones de deseos”, ni -mucho menos- de “ideología woke”. 

En términos contemporáneos, la filosofía de nuestra Constitución puede entenderse como la confluencia de un liberalismo igualitario, una vertiente social cristiana y una mirada socialdemocrátrica. Sin embargo, inequívocamente, y de manera sistemática, tanto el Presidente como sus principales referentes en materia económica, se obstinan en expresar una filosofía institucional que se enfrenta, de manera muy directa, con los ideales más importantes de la Constitución. Ello así, y por ejemplo, al considerar a la “justicia social” como “aberrante”; a los derechos sociales como “una bazofia”; a los derechos humanos como un “curro”; o al Estado como un monstruo a socavar desde adentro (“como un topo”). Más aún, cuando miramos cada una de las políticas públicas adoptadas o propuestas por el gobierno (en materia de reforma laboral, previsional, penal, etc.) advertimos, en aquellos insultos, algo más que provocaciones. Se trata de la expresión práctica de una filosofía pública que, en los hechos, toma como enemigo a la Constitución. Así, y sólo por citar algunos ejemplos, al ignorar el lugar privilegiado que la Constitución reserva para los niños, los ancianos, y las personas discapacitadas (arts. 14 bis y 75 inc. 23); al promover el desfinanciamiento de la ciencia y la Universidad, en una Constitución que toma a la educación como derecho fundamental, y exige la promoción de “la investigación” y el “desarrollo científico y tecnológico” (arts. 14 y75 inc. 19); al menospreciar como extravagantes o políticas “woke” a las contundentes exigencias constitucionales sobre igualdad real y acciones positivas en materia de género (arts. 37 y 75 inc. 23); al alentar reformas punitivistas en el marco de una Constitución notablemente garantista (art. 18); al buscar una contrarreforma en el derecho laboral, pieza esencial de la justicia social (férreamente sostenida por el art. 14bis). En definitiva, mientras rija la Constitución actual, existen claros límites a la acción de gobierno, que requieren un rechazo frontal a toda propuesta dirigida a vulnerarla. En otros términos, sostener, como sostenemos, la filosofía de la Constitución de 1994, nos fuerza a oponernos a un gobierno que, en las palabras y en los hechos, la repudia. 

Roberto Gargarella es Doctor en Derecho, e Investigador Superior del CONICET

Marcelo Alegre es Catedrático de Filosofía del Derecho en la UBA