Acuerdos ideológicos, desacuerdos fácticos

(publicado en clarín, acá)

Durante muchos años, la discusión política en nuestro país fue ideológica y se dio entre grupos políticamente enfrentados. En los 60, por ejemplo, la Argentina se enfrentó a una grave ruptura entre campos rivales, que creciera al calor de la Revolución Cubana, Mayo del 68, y el activismo de grupos políticos y sindicales de izquierda. En los 70, dicha disputa estalló duramente dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, alcanzando a cuestiones tales como la de la legitimidad o necesidad del uso de la violencia en política. En los años 90, se desató un fuerte debate (especialmente entre economistas) en torno al rol del Estado, su intervención en la economía, y el valor y sentido de las privatizaciones. Curiosamente, en la actualidad, y contra lo que ha sido la regla en todo el mundo (y también en nuestro país), hoy nos reúnen llamativos acuerdos ideológicos pero, a la vez, un inconcebible nivel de desacuerdos sobre cuestiones de hecho. Permítanme ilustrar ambos puntos.

En primer lugar, registramos hoy fuertes niveles de coincidencia ideológica –pese a las apariencias- sobre temas centrales. Por caso, tendemos a coincidir en el valor de la Asignación Universal por Hijo; o en la importancia del juicio a las juntas; o en la necesidad de la intervención del Estado en materia de regulación económica; o en la exigencia de contar con una justicia o una estructura de medios más democrática. Quiero decir, en los temas públicos más relevantes de la actualidad (y más allá de diferencias en detalles, no siempre relevantes), registramos notables niveles de acuerdo.

Sin embargo, y en segundo lugar, nos encontramos con que el acuerdo ideológico extendido se acompaña de un igualmente notable desacuerdo sobre los hechos. Por distintas, razones, tendemos a disentir sobre el modo en que leer una mayoría de hechos fundamentales. Por ejemplo, algunos se refieren a la década kirchnerista como la década de la “vuelta de la política” –el tiempo de la recuperación de la participación popular. Para muchos de nosotros, en cambio, ésta es la época en la que más se concentró el poder -y la verticalización del poder niega, simplemente, la idea de que el pueblo participa de modo decisivo en la resolución de sus propios asuntos. De modo similar, para algunos, ésta es la época de “los derechos ganados.” Para muchos de nosotros, en cambio, éste es un tiempo en donde se han arrasado derechos de todo tipo (piénsese, por caso, en la persecución de pueblos originarios; el desplazamiento de poblaciones en nombre de los agronegocios o los negocios mineros; o los niveles alarmantes de desnutrición infantil existentes en el Norte del país). Del mismo modo, para algunos, ésta es la época de la “recuperación del Estado;” mientras que para muchos otros es el momento en que se terminó de colonizar al Estado para favorecer cierto tipo de negocios -sobre todo, en materia de minería, petróleo o comunicaciones). Disentimos también sobre los hechos cuando hablamos de la deuda pública (¿se trata de “la época del desendeudamiento,” o de la etapa en que se expandió la deuda pública?); o sobre la marcha de la economía (¿empleo recuperado, precios cuidados y más igualdad, o desempleo creciente, inflación y desigualdad como en los 90?). En definitiva: disentimos radicalmente en torno a los hechos más básicos de la vida pública.

Lamentablemente, el desacuerdo citado se expande hasta llegar al corazón mismo –al núcleo duro- de la investigación y los estudios científicos en el país: el desacuerdo sobre los hechos alcanza y divide a académicos dedicados puramente a la investigación, a miembros del CONICET, a los más selectos integrantes de la comunidad científica nacional, dedicados a pensar cotidianamente sobre el derecho, la política o la economía. La pregunta que aparece  entonces es la siguiente: Qué explica este llamativo acuerdo ideológico general, que se acompaña de este extraordinario nivel de desacuerdo sobre los hechos? Las respuestas posibles son muchas (estadísticas destruidas; una prensa partidizada; una justicia muy cooptada por el poder; la utilización de la TV pública como TV partidaria; el empleo de las pautas publicitarias oficiales con fines directamente violatorios de la ley; la abierta utilización de los servicios de inteligencia para la compra de periodistas y jueces; el uso desvergonzado del dinero oficial con fines de propaganda; etc.). En todo caso, lo cierto es que la persistencia de tales injustificados desacuerdos, socavan las mismas bases de nuestra vida en común, alimentando tan cotidianos como innecesarios enfrentamientos.