19 ene. 2019

Carta de un científico del CONICET al Consulado Argentino en NY

https://www.pagina12.com.ar/169338-un-fisico-del-conicet-tiene-consultas-para-ludovica-squirru

Desde el Balseiro, un investigador superior del CONICET (afiliado al FIT)

Sr. Consul Argentino en Nueva York,

Soy Investigador principal del Conicet y profesor en el Instituto Balseiro. He dedicado 30 años de profesión a la investigación científica, a formar nuevos doctores y alumnos de grado en ciencia.

Por favor, quisiera que le pregunte a la Sra. Ludovica Squirru para este 2019, "año del chancho de tierra":

1) si recibiremos los fondos de Conicet para hacer reuniones científicas que periódicamente hacemos para intercambiar opiniones o generar colaboraciones, ya que lamentablemente los fondos para estas han sido suprimidos en el presupuesto 2019.

2) si recibiremos finalmente el dinero de los subsidios de investigación que hemos concursado y ganado en la Agencia Nacional de Promoción Cientifica. Con mi grupo de investigación ganamos uno en 2017 y aún hoy no hemos recibido el dinero, aunque con la devaluación que sufrió el dólar, difícilmente podamos adquirir lo que propusimos en el mismo.

3) si el Ministerio de Economía enviará las partidas a nuestra institución de Ciencia y Tecnología, porque a pesar de que se nos dió un magro presupuesto, este tampoco es remitido y tenemos expedientes desde hace 3 años que no podemos ejecutar.

4) si el microscopio electrónico, que tenemos parado hace dos años, porque no podemos comprar el repuesto, tendremos fondos para repararlo este año.

5) si nuestros salarios, aunque más no sea, acompañarán la inflación, porque hace más de tres años que estamos por debajo.

6) y más personal, yo soy Tigre, y como comprenderá siento que estos 30 años estuve perdiendo el tiempo entre cálculos, experimentos y escribiendo artículos científicos, si conviene que cambie de profesión. Ya que tengo experiencia en dar charlas, escribir (inclusive en inglés) si no conviene que me dedique a explotar esa faceta. Estuve pensando en abrir una línea nueva sobre el "Horóscopo Cuántico" y los signos serían: electrón, protón, fotón, muón, neutrino, porque en definitiva todos somos ondas y energía.

Sin otro particular,

Lo saluda atentamente

Rodolfo Sánchez

DNI 16.077.931

11 ene. 2019

Bolsonaro, y el MST como organización terrorista

https://elpais.com/internacional/2018/12/13/actualidad/1544736443_496134.html

No nos alcanzarán los días para darle gracias al Movimiento Sin Tierra, por todo lo que hizo a favor de la dignidad de los que no tienen nada.

7 ene. 2019

Inseguridad, pistolas Taser, delitos cometidos por menores...

Entrevista que me hace hoy Luciana V. (gracias LV), para LN+, sobre todos los temas complicados.


5 ene. 2019

Reformas necesarias para la igualdad


En este texto, quiero analizar la “evolución” del ideal de igualdad dentro del constitucionalismo latinoamericano de las últimas décadas. Me interesa, en particular, mostrar los límites que ha exhibido ese desarrollo del ideal de la igualdad, sobre todo, a la luz (y en razón) de las reformas que no se han hecho, en materia de organización del poder.

Tres oleadas

Si miramos al constitucionalismo latinoamericano del siglo XX, nos encontramos con tres oleadas importantes de expansión del ideal de la igualdad: i) la primera oleada implicó el reconocimiento legal de los derechos de la clase obrera; ii) en la segunda fase se puso un énfasis especial en los derechos de las mujeres; mientras que iii) en el tercer y más reciente período, el constitucionalismo de la igualdad buscó alcanzar los derechos de los “excluidos entre los excluidos”, es decir, los grupos aborígenes. Permítanme ahora explorar estas tres oleadas con más detalle.

I) La primera fase de incorporación social y jurídica se inició con la Revolución Mexicana de 1910, que alcanzó una expresión constitucional extraordinaria a través de la Constitución mexicana de 1917. Esta extensa Constitución, se mostró especialmente robusta en su declaración de derechos, y allí fuertemente comprometida con los derechos sociales, lo cual resultaba una absoluta novedad, para la época. De hecho, la Constitución mexicana se convirtió en pionera en el mundo entero en el desarrollo del constitucionalismo social. Luego de su dictado, de hecho, es que aparecieron la Constitución de la República de Weimar, en 1919; la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1919); y el desarrollo del Estado de Bienestar y del modelo económico keynesiano.

La Constitución mexicana de 1917 cambió decisivamente la historia del constitucionalismo latinoamericano y, finalmente, la historia del constitucionalismo mundial. Desde su adopción, la mayoría de los países de la región comenzaron a cambiar su estructura constitucional básica. De hecho, y siguiendo el ejemplo temprano de México, la mayoría de los países comenzaron a incluir una larga lista de derechos sociales en sus Constituciones: Brasil modificó su Constitución en 1937; Bolivia en 1938; Cuba en 1940; Uruguay 1942; Ecuador y Guatemala en 1945; la Argentina y Costa Rica en 1949. De esta manera, las Constituciones latinoamericanas expresaron, a través del uso del lenguaje jurídico, el principal cambio social que tuvo lugar en la región durante la primera mitad del siglo XX, a saber, la incorporación de la clase obrera como un actor político y económico decisivo.

A través de esta gradual incorporación de la clase obrera, los países latinoamericanos se hicieron más iguales, por lo menos durante algún tiempo: los beneficios económicos producidos se dividieron más equitativamente; los sectores de trabajo ganaron autoridad política; y también encontraron la oportunidad de litigar con éxito por sus derechos constitucionales ante los tribunales. Sin embargo, estos cambios igualitarios terminarían erosionados con el paso del tiempo, y los derechos sociales constitucionales serían más un instrumento para luchar contra las consecuencias de la pobreza extrema y la injusticia que los medios para lograr una audaz igualdad social.

II) La segunda fase de incorporación social y jurídica se refiere a los derechos de la mujer: se trata de una fase que ha ido evolucionando lentamente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Inicialmente, el “nuevo constitucionalismo social” de América Latina hizo algunas alusiones a los derechos de las mujeres, pero sólo a través de cláusulas caracterizadas por sus preocupaciones religiosas o perfeccionistas. En consecuencia, las Constituciones regionales incluyeron referencias relativas a la familia, la maternidad, el matrimonio y los derechos de las mujeres embarazadas, en línea con las demandas de la Iglesia Católica (que ejercía una enorme influencia en la región, al menos desde la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, publicada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891). Poco a poco, sin embargo, el constitucionalismo regional se hizo más consciente de la importancia de garantizar la igualdad material a las mujeres: era evidente que los movimientos iniciales en favor de la igualdad de género no habían contribuido decisivamente a la igualdad a las mujeres. A partir de esta nueva conciencia sobre los derechos de las mujeres, casi todos los países latinoamericanos modificaron sus Constituciones para hacer referencias explícitas a la prohibición de la discriminación de género. Además, muchas de las más recientes Constituciones regionales (incluidas las de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay) incorporaron cláusulas específicas consagrando la igualdad política de las mujeres (Bergallo 2013). Se trata de avances muy significativos, que contrastan sin embargo con el “techo de cristal” que la vida pública y privada pone al ascenso de las mujeres en los ámbitos de decisión relevantes; los niveles de violencia de género que distinguen a la región; o las muy pobres políticas de nuestros países en materia de salud reproductiva.

III) La tercera y más reciente oleada igualitaria trajo consigo la inclusión de referencias explícitas a los derechos de los grupos indígenas en la mayoría de las Constituciones regionales. La primera iniciativa importante en este sentido apareció en Nicaragua, después del conflicto que enfrentó el gobierno sandinista con el grupo indígena de los Miskitos, en 1987. La Constitución de Brasil de 1988 también mostró cierta apertura hacia la “cuestión indígena”, e incluyó, en particular, protecciones especiales reservadas a los grupos indígenas, en el Capítulo VIII del texto. Estos casos pioneros fueron seguidos por el Convenio 169, promulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El advenimiento de este convenio, que se convirtió en el principal instrumento internacional de apoyo a las demandas de los grupos indígenas, cambió sustancialmente el debate jurídico sobre el tema. La mayoría de las Constituciones surgidas después de la promulgación del Convenio 169 tomaron más en serio la “cuestión indígena”. Los nuevos documentos incluyeron listas completas de derechos indígenas en sus textos y adoptaron puntos de vista favorables al pluralismo jurídico. Entre estas nuevas Constituciones podemos mencionar las de Colombia, 1991; México y Paraguay, 1992; Argentina y Bolivia, 1994; Ecuador 1996 (y 1998); y Venezuela, 1999. Estos documentos desafiaron el modelo monocultural heredado, que predominaba en la región desde el siglo XIX (Yrigoyen Fajardo 2011, 132). Otra vez, sin embargo, y según veremos, estos importantes avances legales encontraron límites en las políticas actuales desarrolladas por los gobiernos de la región. Es importante reflexionar acerca del porqué de todos estos límites.

Igualdad sustantiva

A fines del siglo XX, y probablemente a resultas de la gravedad y profundidad de las desigualdades remanentes, comenzaron a tomar fuerza, en la región, los enfoques jurídicos favorables a una idea sustantiva o estructural de la igualdad. La idea de la igualdad sustantiva viene a cuestionar los enfoques tradicionales de la materia, que suponen que las personas son desiguales por naturaleza; y también otras nociones “formales” -o enfoques “débiles”- relativos al ideal de igualdad. Estos enfoques parecían ignorar la importancia de las circunstancias externas en la creación de desigualdades injustificadas. Como afirmara John Rawls, las circunstancias en las que nacemos y desarrollamos -nuestra raza y etnicidad, la clase social a la que pertenecemos, el entorno cultural, etc.- no son justas o injustas en sí, sino el producto de una “lotería natural”, es decir –y como tales- el producto de hechos ajenos a nuestra responsabilidad. El problema es cómo nuestras instituciones reaccionan ante ellos, cómo los procesan, qué hacen con ellos: resulta injusta una sociedad que asigna más cargas o menos derechos a algunos, por cuestiones meramente circunstanciales, o razones de las que esos sujetos no son responsables. Por esta razón, Rawls consideró a la justicia es la “primera virtud” de las instituciones sociales. Las concepciones sustantivas de la igualdad reconocen que la desigualdad está enraizada en las circunstancias políticas, sociales y económicas, y proponen organizar nuestras instituciones básicas de manera que elimine la carga de esas circunstancias.

A pesar de sus fuertes declaraciones a favor de la incorporación de nuevos y más robustos derechos constitucionales, América Latina es la región más desigual del mundo

El constitucionalismo latinoamericano contemporáneo se muestra consciente de la importancia de introducir cambios legales a favor de la igualdad sustantiva. Muy lentamente, ha abierto sus puertas a reclamaciones que pueden inscribirse bajo el título de igualdad sustantiva. Algunas de estas nuevas reformas sociales pueden explicarse como una reacción al período de los (llamados) programas de ajuste estructural que se aplicaron en la región durante los años ochenta. Éstas eran políticas monetaristas y antiestatales, que generalmente implicaban una drástica reducción del gasto público y la eliminación de los programas sociales.

Las protestas sociales y los levantamientos contra-institucionales que siguieron a aquellas políticas económicas explotaron en toda la región. Incluyeron, por ejemplo, la insurrección de los zapatistas del EZLN en México (que comenzó en enero de 1994, un año después de la firma por México de sus acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos); las “guerras” de “agua” (2000) y “gas” (2003) en Bolivia, dirigidas contra la privatización de secciones básicas de la economía nacional; las ocupaciones de tierra promovidas por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil; la toma de tierras en Santiago de Chile; Las “invasiones” de la propiedad en Lima, Perú; el surgimiento del movimiento piqueteros en Argentina; así como numerosos actos de violencia contra la explotación de los recursos minerales en diferentes partes de la región (Rodríguez-Garavito 2011, Rodríguez-Garavito y Sousa Santos 2005, Svampa & Antonelli 2009).

De manera diferente, la aparición de estas protestas contribuyó a la producción de cambios sociales, políticos, económicos y jurídicos que, ocasionalmente, favorecían la igualdad sustantiva. Uno de los ámbitos más importantes en que se dieron estas iniciativas de igualdad sustantiva fue el relacionado con los derechos de los grupos indígenas y, en particular, con los derechos de los indígenas sobre el medio ambiente en el que viven y los recursos naturales a los que tienen acceso. Las políticas de reforma que se aplicaron entonces incluyeron, también, programas de acción afirmativa, que fueron dirigidos principalmente a favorecer los derechos de los afrodescendientes; grupos aborígenes; y mujeres (Bergallo 2013, 19).

Desigualdad, derechos de aspiración y “Sala de Máquinas” de la Constitución

A pesar de sus fuertes declaraciones a favor de la incorporación de nuevos y más robustos derechos constitucionales, América Latina es la región más desigual del mundo. Por supuesto, uno no debe apresurarse a sacar conclusiones de ese hecho. Para algunos, en efecto, estas largas declaraciones de derechos muestran la hipocresía de los Estados (latinoamericanos); degradar el valor de los derechos; o transformar las Constituciones en mera “poesía”. Para otros, tal situación demuestra que ciertos Estados no toman en serio sus Constituciones; o que las Constituciones latinoamericanas se encuentran, simplemente, desconectadas de la realidad.

Según entiendo, las cosas pueden y merecen leerse de otro modo. Nadie podía esperar, finalmente, que la realidad cambiara después de incluir un cierto derecho en la Constitución. Sin embargo –podemos agregar- es razonable incluir un derecho en la Constitución, aun cuando (o debido a que) un Estado tiene recursos muy limitados, para dejar en claro frente a la ciudadanía lo que el Estado considera un orden jurídico justo; o simplemente para expresar que existe un compromiso público de garantizar ciertos derechos, a pesar de las dificultades existentes. La opción por la incorporación de largas listas de derechos sociales puede ser, también, una manera razonable de modificar las preferencias y prioridades públicas existentes -una “apuesta al futuro” que viene a decir: “sabemos que actualmente no podemos cumplir perfectamente con todos nuestros deberes, pero es por estos objetivos por lo que estamos trabajando.” Dar carácter constitucional a ciertos derechos puede ser, además, un modo de definir ciertos objetivos colectivos que la comunidad está decidida democráticamente a alcanzar –se habla así, en ocasiones, de “derechos aspiracionales “.

Dar carácter constitucional a ciertos derechos puede ser un modo de definir ciertos objetivos

Así pues, la decisión de incluir (cada vez más) derechos en la Constitución puede ser razonable, incluso en el contexto de dificultades extremas. Sin embargo, y habiendo dicho esto, no se puede dejar de notar una grave deficiencia que caracteriza el constitucionalismo contemporáneo, en América Latina y en otros lugares: el problema es que las reformas legales han concentrado sus energías en cambiar la parte “dogmática” de la Constitución, a la vez que han descuidado la importancia de cambiar, de modo acorde con tales ideales, la sección “orgánica” de ese documento – esto es, la parte de la Constitución que define la organización de poderes. Existe un problema evidente, por ejemplo, si intentamos “democratizar” la Constitución incorporando nuevos derechos “participativos”, al mismo tiempo que preservamos una organización de poderes que concentra la autoridad política en manos del Ejecutivo –un problema que resulta particularmente importante en los regímenes híper-presidencialistas, como los nuestros. Del mismo modo, hay un problema cuando incluimos nuevos derechos sociales en la Constitución, sin tener en cuenta que la rama judicial, es decir, la rama menos democrática del gobierno, será la principal rama involucrada en la tarea de implementar los derechos sociales. De hecho, esta negligencia puede explicar la dificultad real que encontraron los latinoamericanos para poner en práctica las cláusulas participativas de las nuevas Constituciones; o las dificultades tradicionales que encontraron para transformar los derechos sociales en derechos jurídicamente implementados.

En definitiva, lo que me interesa decir es que el constitucionalismo contemporáneo no parece reconocer el lugar peculiar que ocupa la parte “orgánica” de la Constitución, cuando se trata de llevar adelante reformas igualitarias como las examinadas más arriba. En otros términos, las reformas legales han descuidado la necesidad de acompañar las reformas implementadas en el área de los “derechos” con reformas acordes en la “Sala de Máquinas de la Constitución” -la organización tradicional de poderes. Ignorando la cuestión referida a cómo va a reaccionar la “Sala de Máquinas” constitucional frente a los cambios constitucionales introducidos (“más derechos”), los reformistas constitucionales han descuidado la cuestión más importante de todas. Ocurre que en la “Sala de Máquinas” -y en ninguna otra parte- se encuentra el corazón de la Constitución: no podemos operar sobre la Constitución descuidando toda reflexión seria acerca de cómo reaccionará la estructura de poder frente a los cambios que introducimos. El “descuido” que ha caracterizado a todas las reformas de derechos que hemos llevado adelante en nuestras Constituciones, en el siglo xx, es un descuido que ha puesto en riesgo –si es que no ha herido de muerte, directamente- los mejores propósitos del reformismo jurídico igualitario que hemos conocido en la región.



Aguilar, G.; LaFosse, S.; Rojas, H.; Steward, R. 2010. “Análisis Comparado del Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas en América Latina,” SSRC, Conflict Prevention and Peace Forum.

Bergallo, P. 2013. “El género en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. Tendencias y desafíos desde una perspectiva feminista,” Buenos Aires: ILADD, mimeo.

Dworkin, R. 2000. Sovereign Virtue. Cambridge: Harvard University Press.

Fowler, W. 1966. Mexico in the Age of Proposals, 1821-1853. Connecticut: Greenwood Press.

Gargarella, R. 2010. The Legal Foundations of Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

Gargarella, R. 2014. Latin American Constitutionalism, 1810-2010, Oxford: Oxford University Press.

Halperín Donghi, T. 2007. Historia Contemporánea de América Latina. Alianza: Buenos Aires.

Holmes, S. and Sunstein, C. 1999. The Cost of Rights, New York: W.W. Norton.

Mora, J.M. 1963. Obras sueltas, México: Porrúa.

Palti, E. 2007. El tiempo de la política. El siglo xix reconsiderado. Buenos Aires: Siglo XXI.

Rodríguez-Garavito, C. 2011. “Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America”, Texas Law Review, 89 (7): 1669-1698.

Rodríguez-Garavito, C.; Sousa Santos, B. 2005. Law and Globalization from Below. Cambridge: Cambridge University Press.

Rodríguez-Garavito, C. & Arenas, L. 2005. “The Struggle of the U’wa People in Colombia, in C. Rodríguez Garavito & B. Sousa Santos, B., Law and Globalization from Below. Cambridge: Cambridge University Press.

Sábato, H. & Lettieri, A. 2003. comps., La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Svampa, M., & Antonelli, M. 2009. Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos.

Ternavasio, M. 2002. La revolución del voto. Política y elecciones en Buennos Aires, 1810-1852. Buenos Aires: Siglo XXI.

4 ene. 2019

Pistolas Taser, una vez más

Lo dijimos la última vez, lo volvemos a repetir esta vez: pistolas taser no, de este modo nunca. El problema de la inseguridad no merece este tipo de respuestas. No a la represión oficial, ni terciarizada, ni por las fuerzas de seguridad, ni por patotas sindicales o futboleras, ni por la "mejor policía," ni por la peor, ni...

2 ene. 2019

Bolsonaro: el mal ya está hecho


Por sus insultos a las minorías raciales; por sus comentarios plagados de violencia machista; por su descalificación a los que piensan diferente, el mal ya sucedió en Brasil. Todo lo que venga podrá empeorar o no lo ocurrido, pero la crueldad de su discurso de campaña, y de sus primeras iniciativas como presidente electo, ya le hizo daño a Brasil y al mundo.

29 dic. 2018

TOP 19 DE LAS PELICULAS VISTAS EN EL 2018




Lazzaro Felice (Italia 2018 Alice Rohrwacher)
Call me by your name (Italia 2017 Luca Guadagnino)
Zama (Argentina 2017 Lucrecia Martel)
Terra Franca (Portugal 2018 Leonor Teles)
Western (Alemania 2017 Valeska Grisebach)
1945 (Hungría 2017 Ferenc Török)
A Ciambra (Italia 2017 Jonas Carpignano)
Burning (Corea del Sur 2018 Chang-dong Lee)
El repostero de Berlín (Israel 2017 Ofir Raul Graizer)
La noche de 12 años (Uruguay 2018 Álvaro Brechner)
La muerte de Stalin (Escocia 2017 Armando Iannucci)
Roma (México 2018 Alfonso Cuarón)
Las herederas (Paraguay 2018 Marcelo Martinessi)
Ladybird (Estados Unidos 2017 Greta Gerwig)
Dogman (Italia 2018 Matteo Garrone)
Figlia Mia (Italia 2018 Laura Bispuri)
Teatro de guerra (Argentina 2018 Lola Arias)
Invisible (Argentina 2017 Pablo Giorgelli, con guión co-escrito por mi hermana)
Cold War (Polonia 2018 Pawel Pawlikowski)

También podrían entrar en el ranking El hilo fantasma, de  Paul Thomas Anderson (con Daniel Day Lewis); Loveless, de Andrey Zvyagintsev; El Ángel, de Luis Ortega; y La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato. Y estuvo mejor que las últimas que hicieron, La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Cohen. Argentinas también me gustaron Temporada de caza, de Natalia Garagiola; Una especie de familia, de Diego Lerman; Alanis, de Anahí Berneri; Rojo, de Benjamín Naishtat; Familia sumergida, de María Alché; Viva el palíndromo, de Tomás Lipgot; Esto no es un golpe, de Sergio Wolf; y -como todas las de él- La migración, de Ezequiel Acuña. 

Y no vi La Flor, de Mariano Llinás; ni You Were Never Really Here, de la escocesa Lynne Ramsay; ni Shoplifters, del japonés Koreeda Hirokazu, que seguro hubieran entrado en el ranking.

Este año también conocí a un muy querible director neocelandés, Taika Waititi, autor de la hermosa película Boy, y de Hunt for the Wilderpeople, pero no califican porque están fuera de temporada.

Y vi, pero no me gustó nada, 3 anuncios por un crimen; como tampoco me gustó BlacKkKlansman, de Spike Lee; y me decepcionó un poco Visages Villages, de Agnes Varda; y mucho otra vez Claire Denis, con Un bello sol interior; y no me enganchó la francesa 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo (con gran actuación de Nahuel Pérez Biscayart); ni tampoco Transit de Christian Petzold; y me pareció buena pero hasta ahí Isla de Perros, de Wes Anderson.

.....

Las mejores 20 para Film Comment, https://www.filmcomment.com/best-films-of-2018/

Las mejores 40 para el BFI, https://www.filmcomment.com/best-films-of-2018/

Las mejores 13 para IndieWire, https://www.indiewire.com/2018/12/top-13-best-movies-of-2018-indiewire-staff-picks-1202029915/3/

Las mejores 10 para Cahiers, https://www.cahiersducinema.com/produit/top-10-2018/

26 dic. 2018

Ley de lemas: el peor fallo del año?



Publicado hoy en Clarín
https://www.clarin.com/opinion/ley-lemas-fallo-controvertido-corte_0_TjJTVOFzc.html


En estos últimos meses, la Corte Suprema tomó su decisión más polémica de este 2018 –el fallo “Batalla”, sobre el “2 x 1”; la que más afectó al gobierno –el fallo “Blanco,” sobre haberes jubilatorios; y la peor de todas –el fallo “UCR v. Santa Cruz,” sobre la ley de lemas. Quisiera detenerme aquí en el examen de este último fallo, al que considero jurídicamente mal decidido, y políticamente muy peligroso.

Como era esperable, una de las razones en que se apoya el voto de los 5 jueces para sostener la vigencia de la ley de lemas–a pesar de reconocer a la misma como de “baja calidad institucional”- es un argumento federalista: el gobierno nacional debe respetar que las provincias se den “sus propias instituciones” (art. 122 C.N.). Primer problema serio: el federalismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para favorecer la autonomía individual y el autogobierno colectivo a nivel local. Si el federalismo se usa como excusa para avanzar contra tales valores –por ejemplo, como en el caso “Montserrat” de Córdoba; o como en el caso de la enseñanza religiosa en las escuelas de Salta- el federalismo, y no los derechos individuales, debe ser desplazado. Lo mismo si un gobernador, en nombre del federalismo y el “derecho a darse las propias instituciones”, decidiera no celebrar elecciones por los próximos 10 años; o diseñara los distritos electorales de modo abusivo (i.e., maniobras de gerrymandering). En tales casos, es esa perversión del federalismo la que queda en problemas: el federalismo debe ser un medio para tornar posible la vida democrática, y no para dificultarla.

Los jueces de la Corte insistieron también en la necesidad de distinguir entre “normas inconvenientes” y “normas inconstitucionales”: el sistema de lemas puede ser un mal sistema –dijeron- pero ello no lo convierte en inconstitucional. Como agregara Rosatti en su voto por separado: “la conveniencia de adoptar un determinado sistema electoral escapa al control judicial”; y los jueces “no deben menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes”. Segundo problema serio: la Corte apela a una noción extrañísima de la división de poderes. Ocurre que, desde 1853, no contamos con un sistema de “separación estricta” de poderes (uno en donde cada poder debe frenarse ante las puertas del otro), sino con esquema de “frenos y balances” que se basa en la “mutua interferencia” de un poder sobre otro. El problema no es entonces si el Poder Judicial “interfiere” sobre otros –eso va a ocurrir siempre- sino cómo, cuándo, por qué y hasta dónde puede hacerlo.

Lo dicho nos lleva a otra discusión, sobre el control judicial, y los modos de ejercerlo. Y ello nos coloca frente a un tercer problema serio: según entiendo, la principal tarea de la Corte es la de salvaguardar las reglas procedimentales de la democracia, para que luego la política tome las decisiones sustantivas que considere apropiadas. Esto significa, entre otras cosas, que si hay UN AREA sobre la que el Poder Judicial NO debe ser deferente sobre el poder político es la relacionada con las reglas electorales. Allí, el Poder Judicial debe mirar con la máxima sospecha de inconstitucionalidad a toda norma política que impacte sobre el sistema electoral, mucho más cuando ella resulta favorable al poder de turno. En principio, tales normas deben resultar fulminadas por la justicia (de allí que la cita a Pedro Frías diciendo que no hay sistema electoral “inocente” resulte absurda). La Corte actuó aquí del modo exactamente contrario al aconsejado, como si su deber fuera el de ser especialmente deferente, antes que especialmente implacable, frente al poder político que modifica a su favor las reglas de juego. Se trató de otra falla seria en el razonamiento de la Corte (Rosatti agrega al mismo una consideración especialmente preocupante, sobre la que no voy a detenerme: presenta al control de constitucional como una tarea “técnica,” “confinada a especialistas”, cuando se trata en verdad de una tarea colectiva, en la que todos, desde nuestro distinto lugar y poder, estamos llamados a participar).

Finalmente, las normas y decisiones democráticas no deben analizarse en abstracto: ellas deben construirse y leerse en diálogo directo con nuestros “peores traumas” –con lo que aprendemos acerca de los males y riesgos de nuestra historia. Así como se justificó, luego del 45, hacer frente a la explotación laboral; o, luego de la dictadura, constitucionalizar los derechos humanos; se justifica hoy reaccionar frente a las prácticas de opresión y explotación política que pasaron a ser dominantes en muchas de nuestras provincias, en donde caciques feudales y líderes autoritarios “colonizaron” a los poderes locales, no para imponer políticas federales, sino para tornar posibles prácticas de abuso (hará falta recordarle a la Corte acerca del “record” de Santa Cruz en materia de división de poderes, a la luz de casos como “Costa,” sobre la remoción del Procurador Provincial?). En definitiva, en el tipo de casos que más requerían del “escrutinio estricto” por parte de la justicia, la Corte escogió comportarse del modo más deferente. De esta forma, la Corte vino a legitimar y tornar posibles a los peores modos de la política, cuando más necesitábamos que nos ayudara a dejarlos definitivamente de lado.










22 dic. 2018

Breve balance del año jurídico-político

Publicado hoy en Revista Ñ
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/vuelcos-nuevas-formulas-justicia_0_tUR_hOBUz.html


Examinaré a continuación, brevemente, algunos de los muchos hechos jurídicos notables sucedidos durante el último año. Al hacerlo, tendré que dejar de lado temas de extraordinaria importancia –como la discusión sobre el aborto- que merecen un tratamiento separado; u otros -como el de los cambios recién operados al interior del Consejo de la Magistratura- tan relevantes como expresivos de algunos de los rasgos más degradados de nuestra vida política.

La causa de los cuadernos. La llamada “causa de los cuadernos” representó un “tsunami”, desatado al interior de la ya turbulenta esfera pública nacional. Como sus experiencias “hermanas” –el mani pulite italiano, el Lava Jato en Brasil- la “causa de los cuadernos” vino a definir un antes y un después en la historia jurídica nacional. Por primera vez, en décadas, vimos los pasillos de los tribunales transitados por personajes del poder que no solían frecuentar esos corredores en calidad de imputados.

Figuras como la de la “delación premiada” hicieron su sorprendente trabajo. Del mismo modo que, en los años 60 –y a partir de una iniciativa del gobierno de Arturo Illia- se creara la herramienta del “enriquecimiento ilícito”; ahora, la herramienta de la “delación premiada” vino a tornar posible la respuesta penal que los poderosos de la política y de la economía se habían ocupado de obturar, ocluyendo así las posibilidades de toda persecución judicial exitosa. Desde ya, necesitamos discutir acerca de los pormenores de tales iniciativas, y asegurar que en ningún caso dichas herramientas den lugar a indeseables abusos sobre las garantías que nos corresponden a todos. Sin embargo, también se trata de no ser ingenuos: una y otra vez los grandes empresarios y los principales protagonistas de nuestra vida pública, se las ingeniaron para domesticar al derecho. Convendría estar atentos, por ello, frente a quienes hoy gritan “garantías, garantías”, recubiertos de piel de cordero.

Protocolos de seguridad. Cómo tratar jurídicamente a los casos derivados de la “inseguridad ciudadana”? Esta perenne discusión nacional volvió a actualizarse a partir del “episodio Chocobar”  -es decir, a partir del procesamiento del agente de la policía Luis Chocobar, en razón del “homicidio agravado” del que se lo acusara por la muerte de un joven involucrado en el asalto a un turista, en La Boca. Días atrás, y con el fin de la reunión del “G20”, se reavivó aquel debate a través de la promoción de un “protocolo de seguridad” impulsado desde el Ministerio respectivo.

Otra vez, se trata de cuestiones complicadas, sin soluciones obvias. Por eso mismo, sin embargo, resultan particularmente reprochables las respuestas –entre atolondradas y bobas- con que el gobierno fue jalonando sus iniciativas en la materia: el Presidente no podía recibir como héroe a un policía acusado –en el mejor de los casos- por la muerte impiadosa de un delincuente; el Ministerio de Seguridad no debía reemplazar el acuerdo político necesario en la materia, por la imposición de un “protocolo de seguridad” –en el mejor de los casos- desprolijo; la Ministra de Seguridad no podía trivializar la discusión debida, con declaraciones –en el mejor de los casos- desafortunadas, acerca de la “zaffaronización” de nuestras conversaciones sobre seguridad. Todas las preguntas importantes –sobre la justificación del “gatillo fácil” en el marco de una policía nacional pésimamente entrenada y formada; sobre la efectividad real de las políticas de “mano dura” en la reducción de los índices de criminalidad; etc.- siguen sin siquiera atisbos de una respuesta sensata.

La Corte y el “2 x 1”. Este año fue también uno de eventos trascendentes en torno a la Corte Suprema. Por un lado, se produjo recién un estridente cambio de autoridades al interior del tribunal, y Carlos Rosenkrantz fue nombrado Presidente de la Corte, en reemplazo de Ricardo Lorenzetti. El cambio parece acompañar un nuevo vaivén en la agenda y las posiciones dominantes dentro de un tribunal que, históricamente, ha tendido a orbitar en las cercanías del poder político.  Por el momento, la renovada Corte todavía no muestra un perfil definido aunque tenemos, sí, algunas primeras señales al respecto: cierta vocación “nacionalista”, en los casos que involucran al Sistema Internacional de Derechos Humanos; un impulso social-conservador o social-cristiano (“peronista,” dirían algunos) en materia social; cierta deferencia hacia los intereses del empresariado o las “fuerzas productivas” (también “peronista”). Todo esto, de todos modos, resulta incierto todavía: no se trata de tendencias firmes o confirmadas. En todo caso, el reciente fallo “Batalla” –una nueva vuelta de tuerca sobre la cuestión del “2 x 1”- nos muestra, otra vez, a una mayoría cambiante al interior del tribunal, y junto a ella la reafirmación de uno de los viejos rasgos del tribunal: la defensa una lectura posible, no desdeñable, en torno a los significados del pacto del “Nunca Más.”



21 dic. 2018

Adiós a Toto Schmucler


1931-2018
Adiós a uno de los pocos que siempre -y a diferencia de muchos de sus discípulos- antepuso la reflexión, la duda, la crítica y la auto-crítica, al dogma

20 dic. 2018

Género y derecho. Edición especial de La Ley

https://tmsnrt.rs/2PQ2Sxw
o
http://engage.es-pt.thomsonreuters.com/diario-laley-genero-y-derecho?utm_source1=portal


Paridad de género en el acceso a los cargos electivos y partidarios. María Gabriela Ábalos
Derecho a la identidad de género en la niñez y adolescencia. Marisol B. Burgués
• Ideología de género. Nuevas prácticas para viejos discursos. Soledad Deza
• Autonomía relacional, derechos fundamentales y cuestiones de “género”. Roberto Gargarella
• Género, derecho a la educación sexual integral (ESI) y responsabilidad internacional. Andrés Gil Domínguez.
• ¿Hay que poner la lupa en la Ley de Cupo Sindical?. Tali Goldman
• La responsabilidad estatal frente a la violencia de género. Ignacio González Magaña
• Género y desafios jurisdiccionales. Viviana K. Kalafattich
• Enfoque de género en el ámbito corporativo. María Cecilia Lanús Ocampo
• El siglo XXI frente al derecho a trabajar de las mujeres. Claudia A. Priore
• Un recorrido por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género. Luciana B. Scotti
• El lenguaje inclusivo y la Real Academia Española: ¿quién tendrá la última palabra?. Karina S. Turdó
• Género, estereotipos y violencia en las TIC. Problemática y desafíos. Hugo A. Vaninetti
• Educación Sexual Integral (ESI) y perspectiva de género. Gabriela Yuba

Llamado a concurso


 “REQUERIMIENTO PARA LLAMADO A CONCURSO ACADÉMICO"

Plazo Postulación: 10-1-2019   Disponibilidad: 1-03-2019
Responsable de Difusión en la Facultad: José Ángel Fernández Cruz
Campus Isla Teja, Fono: 56 63 2221269 Valdivia – Chile
Email: concursos@uach.cl www.uach.cl

CONCURSO (CÓDIGO)
CARGO ACADÉMICO, ESCUELA DE DERECHO SEDE PUERTO MONTT
Propósito del cargo: El cargo a jornada completa implica incorporarse a un equipo académico multidisciplinario a fin de desarrollar docencia de pregrado en la especialidad, docencia de postgrado, realizar actividades de investigación científica y de vinculación con el medio, y tener disponibilidad para cargos de administración universitaria.
Renta aproximada (según categoría académica a la que resulte adscrito/a): Entre $.2.900.000 y 3.500.000 mensuales líquidos.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:
1.           Desarrolla actividades de docencia de pregrado y posgrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular de la UACh.

2.           Dirección de trabajos finales de posgrado.


2. Investigación y Vinculación con el Medio
Criterios de desempeño:
1. Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, permitiéndole desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la Facultad.
2.           Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento nacional o internacional.
3.           Desarrolla proyectos de extensión, asociados a la Dirección de Vinculación con el Medio UACh.

REQUISITOS ACADÉMICOS

(Indicar nivel de estudios, habilidades y conocimientos específicos)
Ø GradodeLicenciado/a enDerecho
Ø Doctor/aenDerecho
Ø Deseable Título de Abogado/a
Ø Deseable productividad científica
Ø Deseable experiencia en docencia universitaria

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
   Ø Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc
   Ø Copia simple de grado de Doctor/a o PhD (se admitirá certificado oficial de depósito de tesis doctoral)
   Ø Listado de publicaciones y proyectos de investigación
   Ø Carta señalando las razones que motivan la postulación
   Ø Referencias comprobables en su área de investigación
   Ø Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte
REQUISITOS PSICOLABORALES
 
Predisposición y competencia para asumir cargos académicos. Trabajo en equipo.
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
 
Proceso de Selección:
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias psicolaborales.

Consultas específicas: José Ángel Fernández Cruz, Director del Instituto de Derecho público, josefernandez@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a josefernandez@uach.cl, indicando en el asunto del correo “Postulación Derecho Puerto Montt”.
La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.