El debate con Ferrajoli

Para quien no lo pudo ver, y a través de nuestro canal de youtube (gracias Vlad!)

HOY DEBATIMOS/CONVERSAMOS CON LUIGI FERRAJOLI

La objeción democrática al poder judicial (y cómo no resolverla)

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-problema-de-la-objecion-democratica-al-poder-judicial-nid19022021/ Desde hace más de 200 años, en derecho se estudia el problema de la “objeción democrática” al Poder Judicial (“la dificultad contramayoritaria”, según la proposición original de Alexander Bickel). En la Argentina, somos varios los que nos interesamos sobre el tema, desde hace décadas, movidos tanto por la curiosidad teórica, como por las implicaciones de dicho problema sobre nuestra vida política cotidiana. De manera resumida y torpe, la “objeción” vendría a decirnos que, en democracia, existe un problema cuando los asuntos constitucionales más importantes son decididos, finalmente, por una minoría (i.e., de jueces), y no por la mayoría. Se trata de un problema que se advierte cuando, por ejemplo, la mayoría de la población se pronuncia a favor de un tema de relevancia constitucional -pongamos, a favor del aborto, o la eutanasia, o el retorno a clases- y un juez o unos pocos jueces -por caso, 3 jueces de la Corte, como en nuestro país- impide que se ponga en práctica la voluntad de la mayoría. En la Argentina, recientemente, dicho problema ha vuelto a tomar estado público ante situaciones de extraordinaria relevancia pública. La decisión del caso Muiña (el del “2 x 1”) nos ofreció uno de los ejemplos más notables en donde se hizo visible la “objeción democrática” contra la justicia (“cómo puede la Corte consagrar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad que toda la sociedad condena?!”), y tal vez la disputa sobre el retorno a clases nos ofrezca otro. A continuación, quisiera señalar por qué es que muchos consideramos equivocados y superficiales (sino, directamente, manipulativos o tramposos) los usos que se hacen hoy del argumento democrático. Estaré pensando, en particular, en casos como los vinculados la corrupción y la impunidad políticas, en donde se condena o no se favorece a un cierto acusado, y el partido político que se siente afectado vocifera contra la “justicia elitista”. Según entiendo, la incomodidad que nos generan a muchos ciertos debates locales, recientes, sobre la materia, se originan en el hecho de que tomamos como punto de partida una posición, si se quiere, radicalmente democrática: reivindicamos la “objeción democrática” asumiendo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de intervenir protagónicamente en la discusión y decisión de los asuntos (constitucionales) que más nos interesan (asuntos que no pueden quedar exclusivamente en manos de jueces y políticos, como hoy quedan). Consideramos que no se nos puede tratar como “meros espectadores”, cuando se toman decisiones sobre aborto, juicios de lesa humanidad, corrupción, economía o pandemia. Para expresarlo de un modo aún más sencillo de entender: cuando decimos que tales asuntos (aborto, corrupción, restricciones de derechos durante la pandemia, etc.) deben ser objeto de una decisión democrática, no estamos afirmando “quien debe decidir es el gobierno” (o “Alberto Fernández” o “los Kirchner” o “Macri”) y no la justicia, sino que decimos, más bien, que “los ciudadanos debemos poder discutir y decidir (también) sobre esos asuntos”. La formulación recién presentada puede parecer demasiado abstracta o demasiado ambiciosa pero, según entiendo, ella resulta fructífera para evaluar y entender muchos de nuestros actuales desacuerdos en la materia. Permítanme ilustrar lo dicho con algunos ejemplos actuales. Ampliar la Corte Suprema? Escuchamos muchas veces, en estos días, críticas “anti-elitistas” frente a la justicia, como la siguiente: "No hay ninguna República en que la estabilidad institucional quede en manos de tres personas. Eso solo pasa aquí…De cualquier manera, hay que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia" (esta cita es del 3 de enero, y pertenece al ex Juez de la Corte Raúl Zaffaroni). Contra este reclamo, quienes enarbolamos la “objeción democrática” arriba expuesta entendemos que ampliar la Corte de 5 a 25, 55 o 105 jueces, es más o menos lo mismo (o peor), porque el problema del “elitismo” no se resuelve así -nombrando más jueces- sino que se expande, mientras que la ciudadanía sigue quedando excluida de esas decisiones. Tribunal intermedio? Una crítica similar merece la propuesta de crear un “Tribunal intermedio de control de motivación de sentencias”, como la presentada días atrás por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial creado por el gobierno. Otra vez, si lo que nos interesa es terminar con el “elitismo judicial” y promover el debate público, el “tribunal intermedio” agrava, en lugar de minimizar, el problema (si el Poder Judicial es, por naturaleza, “elitista”, más tribunales implican, entonces, “más elitismo”). Jueces elegidos popularmente? Esta otra “propuesta de solución” al problema del “elitismo” es particularmente absurda porque, frente a jueces con estabilidad por décadas, lo que importaría realmente, en términos democráticos, es el control inmediatamente posterior el día siguiente de su elección. Si la ciudadanía no controla nada desde entonces, el problema queda peor que al comienzo: el juez hace lo que quiere, pero ahora en nombre de la voluntad popular. Plebiscitos? Alguien podría replicarnos, a esta altura, que si lo que queremos es “más participación ciudadana,” entonces que “plebiscitemos todo” (la pena de muerte, las vacunaciones, etc.). Esta réplica, sin embargo, es tan común como torpe: en la medida en que los plebiscitos se desarrollen como se han desarrollado estos años (i.e., en el Brexit inglés, o en el Acuerdo de Paz en Colombia), los mismos resultan muy poco atractivos para el demócrata arriba descripto, que valora tanto la “inclusión social” como el “debate público.” Ello así porque los plebiscitos de hoy tienden tanto a favorecer lo primero -la inclusión social- como a negar o hacerse a expensas de lo segundo -el debate público. Todo el poder al Congreso? La respuesta más fácil frente a la “objeción democrática” diría: “si tanto quiere democracia, entonces que decida el Congreso, que representa la voluntad del pueblo.” Se trata de una mala respuesta por varias razones (cito sólo dos): i) al Congreso le corresponde decidir conforme a reglas (i.e., requisitos de mayorías fijados por la Constitución) que no debe controlar por sí mismo; y sobre todo, porque ii) en el marco de la actual “erosión democrática” y la “crisis de representación”, de ningún modo puede decirse que la “voluntad del Congreso” equivale a la “voluntad del pueblo.” Alguien podrá concluir, entonces, que a los demócratas “nada nos viene bien” o que “pedimos lo imposible” cuando invocamos la “objeción democrática”. Pero no es así: pedimos lo que, en democracia, es posible y exigible pero el poder establecido sistemáticamente nos niega. Es fácil ilustrar con ejemplos concretos qué es lo que podríamos valorar. En nuestro anti-elistimo podemos requerir, por ejemplo, que las decisiones sobre la pandemia no dependan de lo que diga “un grupo de expertos amigos del Presidente;” que los ciudadanos tengamos un papel central en la discusión acerca de la vuelta a clases o en los debates acerca de cómo procesar las peores tragedias que atravesamos (i.e., qué políticas adoptar en materia de crímenes de lesa humanidad); que, frente a los temas más divisivos (como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario) se promueva y tome en serio la labor de las asambleas ciudadanas (como se concretó, notablemente, en un país de tradición conservadora y católica como Irlanda, desde el 2015); etc. Lo cierto es que hoy, en la Argentina, la “objeción democrática” contra la justicia es invocada por las malas razones y para los fines equivocados: se habla de justicia “elitista” cuando un fallo no garantiza la impunidad del poder (y se hace silencio cuando la favorece); se pide una “justicia popular” para encubrir la “liberación” de los empresarios afines al poder de turno; se amontona el nombramiento de jueces y fiscales “amigos” bajo la excusa de que la justicia está “tomada por una corporación anti-democrática”. Es importante, frente a ello, que los demócratas no nos dejemos engañar, nunca más, ni aceptemos el vulgar reemplazo de una elite (la elite judicial) por otra (la elite política). Aunque esa misma elite nos diga que estamos pidiendo demasiado.

Cómo poner en vigor sólo la porción de la ley que conviene

Sobre la "activación parcial" de leyes -en este caso, del Código Procesal Penal, a través de una Bicameral unicolor, y sin autorización Con Sebastián Guidi Acá https://www.clarin.com/opinion/atajos-juridicos-autoritarios-ineficaces_0_rc83alG3Y.html ************************************************************************************************************************************************* Causó perplejidad, en estos días, una decisión tomada por un reducido grupo de legisladores oficialistas que forman la mayoría de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la puesta en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal. Subrepticiamente, esos (sólo 9) legisladores se interesaron por poner en vigor sólo 6 artículos del nuevo Código, referidos a la posibilidad de revisar condenas, aun cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. Dejando de lado las razones (que consideramos evidentes) que explican esta u otras recientes iniciativas del gobierno en materia judicial, en lo que sigue nos concentraremos en esa “puesta en vigencia parcial” de la ley, para reflexionar sobre su viabilidad democrática y constitucional. Ante todo, en democracias “plurales”, “multiculturales”, políticamente divididas, como la nuestra, es esperable que el Congreso se componga de un modo que refleje, aproximadamente, tales divisiones. Esperablemente, las leyes que ese Congreso divido genere van a expresar también la fragmentación social y política existente. Ello explica la “forma” imperfecta, eventualmente contradictoria, que muchas veces adquiere la ley, en tanto producto de acuerdos entre quienes piensan muy diferente. Las fuerzas opuestas resignan, así, parte de sus pretensiones, y a cambio de ello piden que se incluyan algunas de sus demandas en el producto final. Finalmente, y en un ejercicio de liberal tolerancia, cada facción acepta convivir con partes de la ley que le gustan menos, a cambio de las concesiones que obtiene en esa trabajada negociación. Nada que reprochar hasta allí: las imperfecciones resultantes son una manifestación propia de la política del conflicto y el acuerdo democráticos. Ahora bien, por todo lo dicho, resultaría contrario a los requerimientos de una democracia constitucional que, a la hora de “aplicar” esa ley moldeada entre fuerzas diversas, la facción a cargo de la implementación “elija” una porción pequeña de la ley, con la que está de acuerdo, para dejar de lado las partes que le interesan menos. De ese modo, todo el objeto del “trabajoso acuerdo democrático” perdería sentido. Imaginemos que en un país pluri-lingüístico como Canadá, la facción dominante, angloparlante, “activara” sólo la parte de la ley que prefiere, dejando inaplicadas las porciones de la ley referidas a los derechos de los francoparlantes. Por razones como las señaladas, el jurista Carlos Nino, en su momento, criticó en duros términos la posibilidad del “veto parcial” del Ejecutivo, que le permitía reforzar aún más su poder y “componer la ley de su agrado con retazos del texto votado originariamente por el Congreso”. Pues bien, en el caso que nos ocupa encontramos un problema en esencia idéntico: una Comisión Bicameral no puede actuar como si fuera el Congreso, para poner en vigencia sólo una porción de la ley aprobada, que ahora re-arma a su agrado “con retazos del texto votado” (por lo demás, con ese criterio, la Bicameral podría dar marcha atrás, mañana, en alguna implementación que ya no juzgue conveniente). Algunos puntos adicionales refuerzan la gravedad de lo que representan, en términos democráticos, este tipo de delegaciones (de poderes) y recortes (sobre la ley). Primero, la Constitución no favorece la delegación de competencias del Congreso a las comisiones; regula esas delegaciones de modo estricto (art. 79); y lo hace refiriéndose sólo a las Comisiones Permanentes de cada Cámara, y nunca a algo así como una Comisión Bicameral Transitoria. Segundo, estamos hablando de los modos de implementación de una normativa que, por el ámbito delicadísimo del que trata -las garantías del derecho penal- exige un tratamiento con las mismas formalidades que la sanción de la ley implementada (en este caso, estudio por parte de comisiones parlamentarias, obtención de mayorías en ambas Cámaras y promulgación presidencial). Finalmente, cabe subrayar que, en el caso particular aquí bajo estudio, no hubo instrucción alguna del Congreso a la Comisión acerca del modo de implementación de la ley, ni debate alguno en el seno de la Bicameral que explique por qué los integrantes del oficialismo decidieron súbitamente dar vigencia a estos artículos y no otros, o por qué la oposición no los acompañó: fue otra bochornosa instancia de decisión sobre derechos con “debate cero”. En definitiva, la desafortunada situación desatada por la implementación parcial del Código Procesal, en un contexto plagado de suspicacias relacionadas con el tratamiento que el gobierno da a las cuestiones judiciales, nos recuerda lo imprescindible de seguir los procedimientos constitucionales, maximizando la deliberación pública y el control ciudadano. Los atajos fundados en la celeridad, la conveniencia o supuestas ventajas prácticas terminan resultando, como el antagonista de Borges en El Aleph, autoritarios, pero también ineficaces.

Yo no los perdoné

Ahora que falleció Carlos Saúl M., me recuerdan que éste fue nuestro pequeño gran gesto militante, contra los indultos: diseñamos, pagamos de nuestros bolsillos e hicimos imprimir miles de estas calcomanías, que luego salimos a repartir y pegar caminando por toda la ciudad y alrededores (algunas de las calcomanías llegaron a lugares ilustres, y se preservan ahí, como la que reside en la cabeza de la estatua de la libertad). Un pequeño gran momento de la juventud, con Marcelo Alegre, Robertino de Michelle, Marcela Rodríguez, Miguel A. de Dios, mi hermano, Aníbal G., y toda una banda de amigues

Yaku Perez y otra izquierda posible

De Maristella Svampa https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html?fbclid=IwAR3qqaDFFXw2rVVZyK-zh4y2h59xzkLqSNfB039IN_dpU9ZU11_QmFVdSoM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: En un escenario latinoamericano cada vez más polarizado y más lánguido (a excepción de Chile) en términos de propuestas políticas innovadoras, las elecciones en Ecuador abren una interesante caja de sorpresas. Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor de los derechos de la Naturaleza. Mientras Arauz se afirma en el primer puesto con un 32,22% de los votos, estamos ante el virtual empate técnico entre Pérez (19,80%) y Lasso (19,60%), con lo cual habrá que esperar unos días, con el recuento definitivo, para ver quien pasará finalmente a la segunda vuelta. Es notable también la elección que hizo otro joven candidato, el empresario socialdemocráta Xavier Hervás, de Izquierda Democrática, con el 16,01% de los votos. Estos resultados provisorios permiten un primer análisis. En primer lugar, en una región marcada políticamente por una polarización tóxica entre el viejo progresismo y la derecha más reaccionaria, aparecen nuevas opciones, que buscan ofrecer una alternativa democrática a la población. Lo notorio es, además, que luego de la desastrosa gestión del presidente Lenin Moreno –un candidato puesto a dedo por Rafael Correa, que luego se distanció del mismo y se alineó económicamente con los sectores más conservadores-, la sociedad ecuatoriana, pese a las profundas e históricas divisiones regionales, vuelve a apostar mayoritariamente por candidatos que promueven diferentes visiones de las izquierdas. Así, lo que algunos consideran como una peligrosa “fragmentación” o fruto del puro “anticorreísmo”, en realidad debe ser leído como un incipiente proceso de despolarización política, que pone de relieve la existencia de esas izquierdas, invisibilizadas, entrampadas y/o fagocitadas por la virulencia de las políticas maniqueas de los últimos años. En segundo lugar, ciertamente no es lo mismo que pase a segunda vuelta Pérez que Lasso. Si Lasso pasara a segunda vuelta, la polarización tóxica volvería a estar en el primer plano y el peor escenario sería que éste venciera. Si en cambio pasara al ballotage Yaku Pérez, se abriría a un escenario político novedoso e inesperado. Estaríamos frente a la disputa entre las dos izquierdas que tensaron el ciclo progresista latinoamericano, entre 2000 y 2015. Esto es, por un lado, el progresismo realmente existente, que estuvo diez años en el poder (2007-2017) con Alianza País, bajo el férreo liderazgo de Rafael Correa, que persiste en la victimización y da cuenta de una nula voluntad de autocrítica; por otro lado, la izquierda indigenista y ambientalista, que hoy aparece renovada, potenciada por el levantamiento de octubre de 2019, en alianza con nuevos sectores juveniles urbanos (y también con sectores feministas). No es casual que esto ocurra en Ecuador, país que junto con Bolivia, al inicio del ciclo progresista, pergeñaron las constituciones políticas más innovadoras, con gran participación popular, cuyo corolario fue la ampliación de las fronteras de derechos. Categorías tales como “Estado Plurinacional”, “Autonomías Indígenas”, “Buen Vivir”, “Bienes Comunes” y “Derechos de la Naturaleza”, pasaron a formar parte de la gramática política latinoamericana, impulsadas por diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas y alentadas por los gobiernos emergentes. Sin embargo, ya desde el inicio, era evidente la existencia de un campo de tensión en el cual coexistían matrices políticas y narrativas descolonizadoras diferentes. Con el correr de la década, los progresismos irían consolidándose, de la mano de una política extractivista y de la personalización del poder, desplazando otras narrativas de corte descolonizador, indianistas y ecologistas, que promueven el Estado Plurinacional, la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la salida del extractivismo. Así, pese a que en 2008 la Constitución de Montecristi sancionó los Derechos de la Naturaleza y apuntaba a trazar la ruta de la transición hacia el posextractivismo, al calor del boom de los commodities, todo esto pasó rápidamente a un segundo plano. Por un lado, el correísmo profundizó la expansión de la frontera petrolera (cancelando el proyecto Yasuní, que en 2007 se había propuesto dejar parte del petróleo bajo tierra) e imponiendo a “sangre y fuego” la megaminería, una de las actividades extractivas más resistidas en Ecuador. Asimismo, se valió de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso a través de la recopilación de firmas el movimiento ciudadano “Yasunidos”, luego de que el gobierno decidió unilateralmente terminar con la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera. Por otro lado, la respuesta a la conflictividad socio-ambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de juicios penales a los voceros de organizaciones indígenas, así como al retiro de personería jurídica y la expulsión de ONGs (Fundación Pachamama, 2013; amenaza de la disolución de Acción Ecológica, una de las principales ONGs ambientalistas con fuerte conexión con movimientos sociales e indígenas (en 2009 y en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas (en 2014 y 2015). Pocos recuerdan hoy que a fines de 2016, Correa declaró el Estado de excepción cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonía. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y con militarización de los territorios. En pleno boom de los commodities, el correísmo consolidó un liderazgo popular y una base electoral a nivel nacional, impulsado por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, tal como sucedió en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, se fue perfilando no sólo como un gobierno extractivista sino también anti-índigena y de dimensiones autoritarias, con inocultables rasgos y prácticas patriarcales. Recordemos que desarmó el plan de prevención planificación familiar y de prevención del embarazo adolescente con criterios de salud pública, pasándolo al control de personas cercanas al Opus Dei. Y que incluso prohibió que se discutiera el tema del aborto por violación en la Asamblea Nacional sancionando a cuatro de sus compañeras que se atrevieron a plantearlo. El daño realizado y la deriva ideológica que esto significó para el otrora movimiento indígena Pachacutik fue tal que, en 2017, en ocasión de la segunda vuelta que enfrentaría a Lenin Moreno y Guillermo Lasso, varios de sus dirigentes llamaron a votar por Lasso. Lo lamentable fue que el anticorreísmo terminó siendo tan definitorio, que este rechazo forzó posicionamientos extremos e indefendibles. Tengamos en cuenta que las heridas políticas fueron y son tan grandes que para una parte importante del movimiento indígena, Correa no es considerado un político progresista, ni de izquierda ni mucho menos socialista. Más allá del carácter heterogéneo del movimiento indígena, hoy la situación parece ser otra. Todo parece indicar no sólo la existencia de nuevos liderazgos sino también de alianzas con sectores urbanos ecologistas e incluso feministas. Un detalle no menor fue el llamado en las redes sociales de sectores feministas a no votar por el candidato de Correa, frente a las recientes declaraciones de éste en relación al aborto. Si bien sus posiciones arcaizantes cuentan con una larga historia, las recientes declaraciones de Correa asociando el aborto legal con una “actividad sexual frenética” dejan a cualquier persona que se considere mínimamente progresista o de izquierda sin palabras… En tercer lugar, otro dato a tener en cuenta es que es que el 7 de febrero, junto con las elecciones presidenciales se llevó a cabo en Cuenca, la tercera ciudad del país, una Consulta Popular vinculante, preguntando a la población si está de acuerdo en prohibir la minería a grande y mediana escala, para proteger a cinco ríos. Las organizaciones indígenas y ambientalistas hicieron una fuerte campaña nacional e internacional, que colocó a los páramos y los ríos en centro del discurso, en defensa del Agua. El NO rotundo a la megamineria superó el 80% de los votos, fortaleciendo así una lucha histórica en Ecuador contra una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Una votación que además abre el camino a la consolidación de los dispositivos institucionales existentes que apuestan a la participación popular desde abajo, para detener y colocar límites a un extractivisimo depredador. Un extractivismo que no solo no puede ser “motor de desarrollo”, que no sólo pone en peligro los territorios generando zonas de sacrificio, que no solo empeora el contexto de crisis climática, sino que además busca avanzar sin consenso de las poblaciones, violentando procesos ciudadanos. Sin ir tan lejos, veamos lo que ocurre en la provincia de Chubut, acá en nuestro país, donde la ciudadanía viene diciendo claramente que la minería no cuenta con licencia social. Así, las razones del rechazo al extractivismo no son solo ambientales sino también tocan el corazón mismo de la democracia, reafirmando con ello la extendida premisa “A más Extractivismo, Menos Democracia”. En fin, volviendo a la lucha antiminera en Cuenca, esta lleva más de dos décadas y expresa una creciente alianza popular campo-ciudad. Uno de los líderes principales de este proceso es el propio Yaku Pérez, pues desde su prefectura intentó tres veces realizar una consulta popular, que fue bloqueada por la Corte Constitucional. La diferencia de votos entre Pérez y Lasso es muy pequeña. Que Yaku Pérez pasara a segunda vuelta sería una excelente noticia, pero no hay dudas de que enfrentaría numerosos desafíos. No sólo deberá lidiar con la creciente demonización procedente del campo del progresismo hegemónico, que hará todo lo posible por mostrar que él no representa a la izquierda. También deberá probar con propuestas y hechos hasta qué punto representa a una izquierda ecológica e indianista que piensa en clave de justicia social, y hasta qué punto puede trenzar alianzas –urbanas y rurales, feminismos y otras izquierdas sociales- si es que quiere convertirse en una nueva alternativa de gobierno de izquierda.

Trilogía ranquel 3 (con coda)

Baigorria No se quién soy, ni de dónde vengo. No se quién fui, ni en qué me he convertido. Llevo el alma, como mi rostro, partida entre dos desencuentros. Conozco, al menos, quién no quise ser y quién no he sido (le recordé a Paz, cuando me instó a que volviera: “en la Capilla de Cosme, al ceñirme la espada de Alférez, yo cuidé de preguntar qué programa iba a defender con la espada que se me entregaba.” La causa era la de la Patria, y no la de cualquiera). Prisionero de Facundo, escapé y debí errar a solas por un año, escondido en el monte, desesperado, al poco de la batalla en Oncativo. 20 años pasé luego con los ranqueles: más de 20 años refugiado y al resguardo con ellos. Por todos esos años de tolderías, me dijeron, impiadosamente, vendido, perdedor, ambiguo, traicionero. De ningún modo, en nada de eso pienso. Pienso que, por primera vez, pude sonreír orgulloso durante todo ese tiempo: afecto y respeto me dieron. Me llamaron cacique Lautramaiñ -el cóndor petiso- y trato de doctorcito me dispensaron. No hubo malón que no terminara con alguno de ellos golpeando la puerta de mi cuarto, para obsequiarme papeles, libros o lapiceros. Los secuestraban pensando en mí, y sólo para dejarme contento. Me acuerdo de aquellos años, subido al árbol más alto en Guejeda: de un lado, llegaba a reconocer mi pasado: los restos olvidados, deshechos, muertos, de mi rancherío puntano; del otro lado, mi presente ranquel: vital, bello, bullicioso y profano. Me acuerdo también, recostado contra la pared de mi cama, a las cuatro o cinco de la mañana, releyéndolo a Sarmiento o fumando. Me reía y lloraba solo, esperando el día que llegaba: ganas de que diera comienzo, de que por fin empezara! Cuántos amores dulces acariciaron mi cuerpo, en esos años! Cuántas noches de alcohol y tabaco disfrutamos en grupo, mirando el fuego! Unitario! -me dijeron, como insulto. Enemigo de la patria! -también, me gritaron. Qué sabrán ustedes de patria? Patriotas se dicen? Federales se reclaman? Si ya mañana no saben por qué, a quién y para quién es que hoy han disparado! Nacionales se llaman? Nacionales después de joder al exilio al contrario! Nacionales al precio de degradar al indio como extranjero! Ustedes: estancieros son, no más que eso! No sé quién soy, pero sé que no uno de ustedes. Tampoco sé quién he sido, pero no el que confundió los destinos de la patria con la codicia propia o los vicios de su partido. Mucho es lo que recuerdo y muy poco es lo que sé, a esta altura de mi vagar argentino. Algunas cosas, sin embargo, llevo por ciertas: blanca tengo la piel, indígena es mi dolor, y ranquel será por siempre mi destino. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Nacido en San Luis, mestizo y de origen humilde, Manuel Baigorria participó desde muy joven en el ejército provincial. A las órdenes del general unitario José María Paz, derrotó a Facundo Quiroga en Oncativo pero, un año después fue vencido por éste, y quedó refugiado en los montes, hasta encontrar refugio con los indios ranqueles, junto con los que vivió más de 20 años. Con ellos, enfrentó la Campaña del Desierto (en donde recibió una herida de sable que le cruzó todo el rostro, dejándole una cicatriz que lo marcó de por vida), y participó en varios malones contra Córdoba y Buenos Aires. Hacia el final de su vida, y después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el general Urquiza lo invitó a unirse a su ejército como comandante. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CODA

Corcel mío Corre, corre, mi corcel, corre que ya llegamos. Corre caballo mío, que a la frontera nos vamos. Corre, corre, un poco más, hazlo que yo no puedo. Yo ya no tengo fuerzas, pa’ que me encierren de nuevo. Ay caballito, esta noche (lo sabes?), el murmullo de la muerte fue el que escuchamos! Las heridas abiertas tengo, sangre caliente en las manos. Familia, tierra y comida, todito nos lo han quitado. La vida toda completa, nomás para castigarnos. Y a mi mujer y a mis hijos, al sol que devora la zafra los ofrendaron. Corre hacia el destierro caballo, corre que tengo frío (arriba, la luna es clara, y es la que indica el camino; abajo, la piedra es dura, y es la que evoca nuestro destino). El viento nos aja el rostro, el hielo muerde los huesos. Mañana, cuando acampemos, podremos llorar en silencio. Corre, corre, mi corcel, que ayudarte hoy yo no puedo. Sálvame como otras veces, sácame que aquí me pierdo. No te ofendas, mi caballo, por los harapos que llevo. Jirones surcan mi alma, andrajos dentro del pecho. Galopa, galopa sin pausa, que a la frontera la huelo. Pero no! Qué es lo que veo? Allá en el cielo, un reflejo! No es de estrellas, no es del fuego, son los fusiles de ellos! Corcel mío, caballo hermano, bien me conoces, yo no me entrego. Déjame aquí y tu te escapas! Corre presto y vete lejos! Y cuando escuches mañana, mi pena convertida en grito, no te vuelvas, te lo ruego, sálvate, mi compañero. Corre, corre, mi corcel. (Pronto, te lo prometo, verás montañas y dulces ríos: escondida en el eco estará mi voz, oculto en las aguas, mi reflejo. Recién ahí, cuando me encuentres, lo sabrás: será señal de que hemos vencido!). **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** El Cacique Baigorrita fue el último de los grandes Caciques ranqueles, con fama de ser uno de los más aguerridos. Era hijo adoptivo del Coronel unitario Manuel Baigorria (Baigorria había encontrado refugio entre los ranqueles, durante 20 años, escapando del avance de Facundo Quiroga). Baigorrita, que se criara con aquel, promovió y celebró reiterados acuerdos de paz con las autoridades militares -el más importante, el que firmó en 1865, con el entonces Presidente Bartolomé Mitre. Luego de sobrevivir a la persecución de su grupo, fue finalmente encontrado y muerto el 18 de julio de 1879, a orillas del río Neuquén, mientras -muy malherido- buscaba llegar a la cordillera y cruzar a Chile. Fue el único de los Cacique principales que no pactó ni se dejó tomar prisionero por el ejército argentino.

Trilogía ranquel 2

Rudecindo Que ahí llegan ellos, que ahí llegan ellos! Cuánto se sorprendieron cuando los vieron! Dios guarde a los que llegaron! Con mujeres e hijos se vinieron: más de 50 de ellos. En son de paz marcharon, como lo hacían hace un tiempo, cuando se acercaban para el comercio. Como 50 de ellos. Dicen que se los veía entusiastas, tan confiados, por el acuerdo de paz recién firmado. Por eso, cuando escuchamos el grito de anuncio, tuvimos el ímpetu del festejo: por fin se termina todo esto! En busca del pan y del vino nos fuimos. Pero, ay! Enseguida supimos la dimensión del desencuentro. El ansia del miedo y el desgarro del dolor se confundieron. Ya en los alrededores de Villa Mercedes, nos contarían luego, algo ocurrió: los rodeó el silencio. Quedaron como incrédulos ellos. Ahora qué hicimos? Ahora qué quieren? Es que no tienen respeto? Hacía rato que habían dejado el papel de guerreros. Si el lonko que los guiaba, Yangkamil, se había casado como cristiano! Y cuánto hacía que no se metía en maloneras! Acuerdos de amistad? Él fue el primero que hizo todos los intentos: firmó todos los papeles que le pusieron. Nada sirvió! Como si gesto alguno tuviera sentido! Al llegar a Pozo del Cuadril, a una legua de su destino, los atajaron. Voluntad de Rudecindo Roca, el hermano de Julio, el que era el Ministro. Rudecindo, el de la delegación de Mercedes, ni verlos de cerca quiso. Pero si por la paz se vinieron! Como 50 ranqueles! Con los niñitos bien chicos, y con sus mujeres, contentos! Y qué pasó? Los detuvieron! Los hicieron prisioneros! Como a 50 de ellos! Apresados quedaron ellos, y eso fue solo el comienzo. La tragedia se desató pronta como aguacero. Todito lo seguí de cerca. Vi las Remington y las Mauser, que las cargaban. Vi a los indios, cuando los arrastraban a la fuerza, a los corrales. Vi a las mujeres descalzas, desgreñadas y rotas, cuando comenzaron el traslado (se las llevaban al norte, para el servicio). Vi a una soldadesca de nada, con el pecho henchido, la pose exagerada, por la inmensidad de lo que se tramaba. Perdidos, mareados por el temor de lo que presentíamos, varios nos juntamos en el galpón del fondo, en donde está al altar viejo. Ahí, todos juntos, amontonados, rogamos a la Virgen que no lo hicieran. Rezamos a todos los santos, cada uno al suyo, en un silencio cada vez más denso. Que no sea cierto lo que pensamos, que no sea cierto! Prisioneros desarmados son ellos! En son de paz se vinieron! Como 50 lo hicieron! Llegaron con las mujeres, con los chicos, sin armamento! Era el mes de noviembre, y los tiradores del Ejército, sin opción o sin pudor -lo mismo da- las inmisericordes órdenes del comandante Rudecindo cumplieron. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** En noviembre de 1878, y por órdenes del comandante de frontera Rudecindo Roca, en Villa Mercedes, el ejército nacional detuvo y encerró a un grupo de ranqueles que se dirigía a comerciar en Río Cuarto, al amparo de los acuerdos de paz celebrados con el gobierno. Unos 60 de ellos fueron fusilados, y el resto enviados como mano de obra esclava a los ingenios tucumanos. Años después, desde el Congreso, el senador Aristóbulo del Valle denunciaría: “Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos los derechos parecen que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte; en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”.

Trilogía ranquel 1

La excursión y la muerte Hoy. Cuando lo vi así, desafiando al bruto, torpemente empuñando el cuchillo con el brazo izquierdo, con esa abertura fatal (de un púrpura tan intenso, tan luminoso) en el derecho; cuando lo vi así, medio embriagado, quiero decir, cuando advertí que, en verdad, seguía estando en parte sobrio, até los lazos. Entendí que ésta era la última escena de una obra transcurrida en años. Se trataba del cierre del largo recorrido que le había conocido: del escepticismo a la euforia, de la euforia al desencanto, del desencanto al desatino. Días. Su escepticismo se hizo visible con los preparativos del viaje: un emprendimiento lleno de ambición, sospechoso y con final incierto; el ingreso a un territorio, material y moral, desconocido y temible. Jordán, llamémosle así, fue uno de los 11 soldados que, junto con 4 oficiales y 2 franciscanos, acompañaron en su expedición a Mansilla. Fue él uno de los protagonistas discretos de lo que muchos consideraron una histórica hazaña. Adentrarse así nomás, confiados, cargados de promesas y papeles, en tierra de los bravos ranqueles: cómo podía ser posible eso? Aventurarse así, entre las filas enemigas, con las espaldas cargadas de sospechas y las manos vacías de armas: cómo podía terminar bien el intento, con semejante comienzo? Llegar así, clamando paz y amistad, entre quienes se habían sabido ya traicionados. Cómo no tener recelos? Cómo, con un gobierno lleno de gritones, ladrones, adulones y señoritos? Y sus superiores, los que con él emprendían la odisea? Jordán apenas guardaba, secretamente, alguna módica fe en Mansilla. Todos los demás le parecían rústicos y pendencieros. Semanas. La euforia se la reconocí semanas después, pasados recién sus 15 días en las tolderías (Quién no, que lo hubiera vuelto a mirar? Quién no, que en él se interesara un poquito?). Quiero decir que así lo encontré después, cuando estuvieron de vuelta: los ojos de Jordán eran otros, brillantes, alborozados como nunca, por fin dichosos. Jordán, que era recatado y modesto, no paraba de hablar con quien se le arrimase, lleno como estaba de historias y de secretos. Jordán volvió de la excursión admirando a Mansilla -más ahora, con aquel sancionado- describiendo cada vez que podía la finura del jefe (esas “cartas zurcidas”), su poder de observación, sus cualidades para la palabra, sus escondidos excesos. Volvió fascinado, también, con el lonko (Mariano Rosas, a quien el Brigadier había secuestrado primero y después nominado), con su carácter firme y de candores pulido (“Hermano, cuando los cristianos han podido nos han muerto”). Volvió deslumbrado, sobre todo, con la vida que había aprendido junto a la indiada: la disciplina y la juerga, la organización estricta y el caos completo. Deslumbrado frente a esa hospitalidad sin límites de los ranqueles: para el desconocido y para cualquiera, fuese cristiano o renegado, fugitivo de la justicia o impío. Lo mismo daba, nada de eso importaba, sólo la buena fe y la disposición a colaborar con el resto. Además (o habré de decir, sobre todo) Jordán parecía habérsele arrimado a una china que, según me sugiriera cada vez que le fuera posible, había buscado y sonreído a su mirada, irrefrenablemente, desde el primer día. Ella estaba tan presente en él, tan en su cuerpo, que todavía no la extrañaba. Aún no era ausencia y ni siquiera recuerdos. Vivía él como si conviviese con ella. La dicha propia resultaba también, finalmente, de aquello en lo que se había convertido la travesía: una epopeya. La épica nacional como trasfondo que hacía posible la humilde felicidad de uno. Años. Por eso la decepción, por eso el desengaño que terminaría por resquebrajarse años después, hacia los 80, cuando supo lo que llegaba. Todos los acuerdos de paz, los que él había visto cerrar y celebrado, como si no existiesen. Todas las frases dichas, las manos apretadas, las miradas finalmente relajadas, confiadas, se convertían en nada. La palabra dada! Las promesas francas! Jordán creyó enteramente en todo lo que habían ofrecido! Años de obstinados intentos por mantener o revivir tales acuerdos! Por qué este vandalismo de arrasarlos? Como si se hubieran adentrado allí -semejante bravura- sólo para la repartija de cigarros, de vino, de azúcar y de botas duras. Como si fuera eso lo que los ranqueles buscaban. Como si los dejáramos reducidos a eso: unos miserables llenos de carencias pero sin pensamiento. Pero, qué podía esperarse de Roca? Por los rumores que corrían, Jordán lo entrevió así desde un comienzo: se trataba de un bravucón, un arrogante, un pillo. Alguien menos interesado en los destinos de la patria, que en dejar en claro la inquebrantable autoridad de sus designios. Ahí estaban, para probarlo, los resultados: la expropiación de las tierras de otros, la deportación a reservas que daban miedo, la mano de obra forzada, y ay! la violación salvaje de las apresadas. Cómo? Cómo, de aquel comienzo esperanzado, había podido llegarse a este infierno? Hoy, otra vez. Fue ayer que Jordán se enteró de la nueva. Él también era convocado. Él también habría de emprender la conquista, el camino hasta convertirse en otro, en un fratricida, en un nuevo huinca, homicida de sus hermanos. Cómo iba a transformarse él de ese modo, con lo que orgullosamente había visto y contado? Cómo él, con las amistades que para siempre -así lo creía- había forjado? Cómo él, frente a la única mujer que habitaba en sus recuerdos (la única a quien se animaba a invocar, cuando la noche se dobla y se encoge hasta quedar pequeña, en la antesala del sueño)? Por eso -ahora lo sé- hoy se había mostrado así, tan extraño, desde la mañana: enajenado y confuso, perdido. Iba y venía de una punta a la otra del cuarto. Como tigre viejo que sabe que se le vienen encima, y no puede huir ni enfrentar al enemigo. Recién ahora entendí el alcohol, la desusada daga que se colgara en la cintura, su inusitada provocación al bruto. Recién ahora comprendí todo, cuando vi avanzar a Jordán, como amenazante, como delirado de alcohol, como extraviándose en un grito, mientras abría descuidado el brazo, invitando así, ya gentil, ya sin fe, una última puñalada contra su pecho.

Entrevista en Infobae sobre "La Conversación entre Iguales"

https://www.infobae.com/politica/2021/01/17/roberto-gargarella-no-hay-lawfare-sino-una-burda-y-patetica-historia-de-dominio-del-poder-sobre-la-justicia/

Nuevo año, el mismo cuento

Cuando acá en la Argentina hablamos de grieta, yo pienso en esto (circunstancias como las que la solicitada a favor del ex vice presidente, y que agrego abajo, evidencia). Dos minorías intensas, que refieren a los "mismos hechos" de modo radicalmente opuesto, y que se miran unas a otras con perplejidad, sin comprender cómo quien está enfrente puede decir semejante disparate. En este caso: convertir a un bandolero de cuarta (un pillo habitual, que estafaba sin problemas a su mujer o a sus amigos, el ladrón de la fábrica de hacer billetes, que actuó a orden de su superior), en un perseguido por la justicia y los medios, en razón de su lucha incansable a favor de los derechos del pueblo. Leo algunos de los nombres que firman la solicitada -amigues, gente que respeto- y me dan ganas de llorar. Pero asumo es lo mismo que ellxs piensan de uno. Tremenda pena, verguenza ajena, síntoma de un tiempo que ojalá el viento del olvido arrase pronto. p.d.: https://www.eldestapeweb.com/politica/amado-boudou/libertad-a-amado-boudou-20211922310 foto: trapitos al sol

Por qué el Lawfare es un cuento

https://www.clarin.com/opinion/lawfare-cuento_0_mrNkXtBup8.html

En los últimos días, los dirigentes más encumbrados del oficialismo volvieron a alinearse indignados, vociferando contra la idea del “lawfare.” Aunque el concepto es susceptible de sentidos diferentes, en términos generales pareciera referir a una articulación internacional que unificaría a poderosos medios de comunicación, a grandes empresarios, y a jueces y políticos influyentes, decididos a actuar contra los más salientes líderes populares del continente, y en favor de la reinstauración del neoliberalismo. Me siento tentado a decir que se trata de una idea más peligrosa que ridícula, como todas las grandes “teorías conspirativas” que atravesaron la historia de nuestro país (la más parecida, la que propusieron los “gobiernos populares” de los años 40/50 para hablar de la “conspiración judía” y la “sinarquía internacional” que supuestamente buscaban debilitarlos). Siento, también, el impulso de señalar de qué modo, el Presidente Donald Trump, repite exactamente el discurso del “lawfare”, para sostener lo inverosímil: que el establishment económico, junto con los grandes medios (CNN, el NYTimes), y ahora la Corte Suprema, se congregaron primero para boicotear a su gobierno y, ahora, para negarle (con una resolución judicial de dos párrafos) la reelección: tonterías en zancos. Prefiero, en todo caso, dejar tales reacciones de lado, para hacer un nuevo intento por demostrar en qué sentido el del “lawfare” es un cuento burdo, falso y peligroso. Comienzo con algunas preguntas y afirmaciones más bien dogmáticas, que críticos y defensores del “lawfare” podríamos compartir. Existen decisiones del Poder Judicial injustas y políticamente motivadas? Claro que sí! Es cierto que, muchas veces, los sectores políticamente dominantes presionan a los jueces para que los protejan a ellos, y embistan contra sus opositores? Seguro! Predomina en el Poder Judicial una ideología de tipo conservador? Parece claro! Es verdad que los gobiernos que llegaron a América Latina con el nuevo siglo, luego de una década de “planes de ajuste” (“neoliberales”) generaron reacciones y resistencias de parte de la elite económica? Obvio! Entonces -podría concluirse- estamos todos de acuerdo que lo que sostiene la “teoría” del “lawfare” es cierto! No -agregaría- por el contrario: tales acuerdos sugieren más bien la falsedad del “lawfare”. Por qué? Porque la “teoría” del “lawfare” pretende negar y ocultar, precisamente, aquello que debiera ayudarnos a entender y tornar evidente -un hecho vulgar, penoso y patético, que distingue a la vida institucional latinoamericana desde hace 200 años. Me refiero a la “dependencia política de la justicia”, y pienso, en particular, en una vieja teoría que sugiere que ningún poder está en mejores condiciones para presionar al Poder Judicial que el que gobierna. Esa línea de análisis (que hoy debe ser enriquecida y actualizada, pero no negada) constituye una obviedad en los estudios de historia judicial en América Latina: desde hace siglos que el poder concentrado y desigual permite que los actores dominantes presionen a la justicia para que actúe a su favor. Los mecanismos y medios de presión son múltiples: los hay formales (pedidos de juicio político; amenazas de reforma -ampliación o reducción de miembros en la Corte; etc.) e informales; los hay negativos (las presiones a través de los servicios de inteligencia; etc.), y positivos (las ofertas de ascensos y cargos futuros, etc.). La “vieja teoría de la dependencia” da cuenta, sencillamente y sin vueltas, de todo aquello que la “teoría” del “lawfare” no puede explicar, explica mal o se desespera por ocultar. A nivel local: la “vieja teoría” nos dice que, lejos de una “conspiración mundial” contra los “gobiernos populares”, los distintos gobiernos menemistas, kirchneristas o macristas -lo mismo da- han aprovechado, cada uno a su manera, y esperablemente, su “posición dominante”, para presionar sobre la justicia. Esto le permite afirmar también, con voz alta y clara, lo que el “lawfare” se muestra ansioso por negar y esconder, esto es, que en las últimas décadas, el kirchnerismo fue menos víctima que verdugo del Poder Judicial. A nivel internacional se repite la misma diferencia abrumadora entre ambos cuerpos explicativos. La “vieja teoría” de la dependencia judicial explica, tranquilamente, por qué en América Latina, en los últimos años, hubo una avanzada judicial contra líderes de todo tipo. La explicación es simplísima, y refiere a niveles de corrupción extraordinarios (generados gracias a la combinación “boom de las commodities” y amplias mayorías parlamentarias), junto con presiones de los gobiernos entrantes destinadas a castigar a los dirigentes de los gobiernos salientes. La “teoría” del “lawfare”, en cambio, se queda tartamudeando ante la urgencia por ocultar lo que no quiere que veamos. El “lawfare” no puede decirnos por qué, entre los “perseguidos” internacionalmente, se amontonan, junto con los ex presidentes “progresistas”, políticos de “derecha” y empresarios “conservadores” que -se suponía- debían haber sido protegidos por el poder neoliberal (Uribe, Kuczynski, Alan García, Odebrecht). Mucho peor, la teoría del “lawfare” no puede decirnos por qué Dilma Rousseff promueve la “ley de delación premiada”; o por qué prominentes líderes del progresismo regional -como Tabaré Vázquez o “Pepe” Mujica- no sólo no concluyeron sus mandatos humillados y perseguidos penalmente -como predecía la “teoría”- sino homenajeados unánimemente por sus políticas de avanzada. Terraplanistas jurídicos, los cultores de la secta del “lawfare” se empeñan en hacernos creer lo imposible, pero tal vez -es la esperanza al menos- ya sea tarde para seguir intentándolo. Cualquiera distingue entre bienes mal habidos y ofrendas al convento; cualquiera puede discernir entre bandidos de poca monta y héroes de la democracia. Ojalá así sea.

Debate con Graciana P., sobre Lawfare; la justicia desigual; y los abogadxs que defienden al poder

https://www.eldiarioar.com/politica/graciana-penafort-roberto-gargarella-debate-justicia-argentina_1_6500519.html (entrevista de Natalí Schejtman) En la frenética agenda de este año, hubo un tema que se mantuvo como prioridad: la reforma judicial y el funcionamiento de la Justicia. Hace dos semanas, el Comité de expertos designado por el Presidente le entregó un informe en el que se discute, entre otras cosas, alternativas para crear un tribunal intermedio que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte Suprema, sacar la oficina de escuchas de la órbita del máximo tribunal y cambiar la forma de designación del Procurador General de la Nación. En tanto, el miércoles último Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta con un balance de la gestión y criticó especialmente el funcionamiento de la Corte Suprema, a quien acusó de encabezar y dirigir el lawfare. El Doctor en Derecho, sociólogo y experto en Derecho Constitucional, Roberto Gargarella, autor y editor de una veintena de libros -entre ellos, el recién salido La derrota del derecho en América Latina-, y la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, son voces influyentes y analistas habituales en el intenso debate público en la materia, desde el traslado de los jueces hasta las ideas sobre la Corte de la flamante carta de la Vicepresidenta. En un encuentro virtual, debatieron, acordaron y desacordaron -en el marco de mutuo reconocimiento intelectual- sobre élites judiciales y políticas, garantías procesales y prioridades para una reforma judicial y una democracia más robusta. ¿Argentina tiene las instituciones que necesita? G: No, ni Argentina ni América. Es un rasgo estructural. Nuestras constituciones y nuestra organización legal da muchos de los incentivos inadecuados. Nacieron para frenar la guerra civil o canalizarla institucionalmente. Pero eso fue perdiendo sentido. Luego hay problemas que son latinoamericanos y argentinos. En América Latina los sistemas son hijos de la desigualdad, entonces la estructura de poder que organizaron también es expresión de la desigualdad y refuerzo de la desigualdad. P: No sé si la Argentina tiene las instituciones que necesita. Podría asegurar que las que tiene no funcionan como deberían y que el no funcionamiento genera unos pozos de profunda ainstitucionalidad. Comparto que el eje de Latinoamérica ha sido discursivamente -y bien intencionadamente- la lucha contra la desigualdad, pero que en su fase institucional de organización solo ha consolidado y cristalizado gobiernos de élites. Este es un país sin nobleza por vías de sangre pero con nobleza por vía de pertenencia a determinados grupos. Un claro ejemplo es el Poder Judicial. Cuando uno analiza cómo han evolucionado los cargos descubre una situación endogámica. G: Agrego un matiz: hay un problema especial en el Poder Judicial, que de algún modo es la rama del poder que más refleja ese sesgo aristocrático. Ahora, eso se termina extendiendo a la clase política. Hay un problema general, que resumo en dos ideas: la ruptura del vínculo representativo y la degradación de los controles del ciudadano hacia la política. Hoy el único vínculo y el único control institucional es el voto periódico y también ha perdido mucho de su sentido originario. Eso ha permitido que en la Argentina y en todo el mundo la clase política fuera ganando autonomía. -En base a un diagnóstico de algún modo compartido, ¿creen que este es el momento para encarar una reforma judicial? P: Cuando no llevo adelante actividades como militante política, trabajo de abogada. Como abogada creo que es imperioso y urgente hacer una reforma judicial. Tengo una posición sobre esta reforma judicial: es moderada en términos de lo que a mí me gustaría que se cambiara. Sólo he leído las conclusiones del comité asesor, no el informe completo. Pero tengo la sensación de que es una reforma de organigrama que tiende a corregir problemas muy puntuales. Creo que debe ser mucho más amplia y no ser tan poco ambiciosa. G: Coincido en que es importantísimo. Ahora, la urgencia de la mano de hacer qué. Porque si en la urgencia hay cosas como las que uno advierte, no la quiero en absoluto. En un momento en que se ponía en marcha un modo de proceso diferente, pasar a realizar la reforma judicial como se empezó a discutir en el Congreso es muy enojoso. Eso para no entrar en otros detalles enojosos... -¿Cuáles son esos detalles “enojosos”? G: Arranca de algo que trata de ser consistente con lo que acabo de decir y es que la autonomización de las élites, que hace que la ciudadanía mire para arriba y diga ¿y esto qué es? En la Argentina se ha traducido en privilegios para las élites políticas, económicas, judiciales, que están en el poder y que se van intercambiando favores para preservar esos privilegios en una sociedad desigual. La impunidad se ha convertido en el gran problema que hoy enfrentamos en términos políticos y judiciales. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. Si uno le pone apellidos, ahí ya nos peleamos, pero es lo que decíamos antes: una clase dirigente muy aislada y una búsqueda de la impunidad, que es de hoy, ayer y anteayer. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. (Roberto Gargarella) -¿Coincidís Graciana en que la reforma busca impunidad y preservación de privilegios? P: No, creo que lo que busca la preservación de privilegios es la preservación de los titulares de estos privilegios. Cuando me hablan de impunidad, yo pregunto qué impunidad tenía Héctor Timerman, que se murió acusado de una pena infamante, no pudiendo acceder a un tratamiento médico por una pelea de la política. Impunidad es lo que me llevó un 31 de diciembre a estar enterrando a un amigo. Siento que es la impunidad de esa élite. Hoy me entero por los diarios que podrían estar confirmando una sentencia para Amado Boudou. Nunca pedí su absolución, lo que he pedido desde el día uno es que nos dejen hacer un juicio justo. Nosotros dijimos que no podíamos tener acceso a las condiciones en las que estaba declarando un testigo. Un año y medio después quedó acreditado que el Estado le pagó a ese testigo para que declarara. Y el detalle que lo hace particularmente irritante es que mientras nosotros hacíamos esa defensa, nos espiaba el Estado. Es muy complejo no entender la urgencia de la reforma judicial cuando te van pasando cosas. Hay que pelear para que el sistema cambie, porque si no, es una tragedia que se repite: privilegios, consolidación de injusticias y algún cambio, como fue -tal vez no todo lo necesario- el Juicio a las Juntas. Me parece que no es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. No es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. (Graciana Peñafort) G: Quiero agregar algo. Y como voy a tocar una fibra sensible quiero aclarar que me parece totalmente aceptable defender a quien uno considere que merece ser defendido y que todos requieren un defensor. Aparte, ratifico mi admiración por cómo trabaja Graciana, de un modo honesto y comprometido. Dicho eso, voy a profundizar en algunas diferencias. Creo que en lo que señaló hay ese no reconocimiento de que el elefante está en la pieza. Y eso no es de este gobierno sino que hace tiempo la defensa de los privilegios, que es la defensa de la desigualdad, requiere la defensa de la impunidad. Hay un problema de élites que se enriquecen. En los últimos años, por el “boom de las commodities”, la combinación entre mucho dinero y gran margen de maniobra, porque políticamente se podía hacer casi cualquier cosa, dio lugar a lo que yo resumiría en “Odebrecht”. La idea de “acá tenemos la posibilidad de hacer el negocio de la vida: hay un montón de dinero y tenemos mayorías políticas para hacer lo que se nos antoje”. Eso ha generado un plus de corrupción, que hubiera pasado igual si estaba Juan Pérez o Pirulo. En ese sentido, para mi es negar el elefante. Si te están persiguiendo por un montón de cosas que es difícil negar... o sea, Lázaro Báez, por ejemplo: ese problema está y es obvio que va a generar la búsqueda de impunidad. Por otro lado, y acá la fibra sensible que quería tocar, es totalmente legítimo que un abogado se dedique a la causa que quiera porque busca un juicio justo. Pero creo que las grandes inteligencias de la Facultad de Derecho -y esta es una opinión personal no un principio kantiano- deberían dedicar su fuerza a la lucha contra la impunidad del poder. Y cuando yo veo que los mejores abogados han estado dedicados a defender a Menem, a Yabrán, yo digo pucha, qué pena. No le puedo reprochar nada. Es simplemente una pena interior. Podría escribir un poema sobre esto pero lo digo acá… P: Yo no me creo con la capacidad de decir que alguien es inocente o es culpable y es un ejercicio de humildad que hago todo el tiempo. Yo no soy juez, no puedo decir si Lázaro es inocente o culpable. Lo que pasa es que yo analizo esa causa -en la que no soy abogada-, y veo que al momento del juicio los testigos cuentan cómo los apretaron, encuentran cómo los informes no decía lo que dijeron que decían... G: Pero la premisa es un problema. No es un tema de creer que Lázaro es culpable entonces vamos contra él. Uno elige defender a Lázaro Baez o a la víctima de Lázaro Baez, a Menem o a los que murieron en la explosión de… P: ¡De la AMIA! Nosotros hemos sido abogados de Memoria Activa durante muchos años porque indudablemente veíamos un problema grave en lo que pasaba en esa causa. Y con esa misma lógica entendimos con toda claridad la situación de persecución en la que estaba Héctor Timerman. Por eso tomamos su defensa. Comparto el diagnóstico de que se generaron una serie de situaciones absolutamente anómalas e ilegales. En mi defensa yo no puedo solucionar los temas macroeconómicos. Soy abogada y mi tarea es que las garantías que la Constitución nos consagra a todos se respeten. G: Hiciste referencia al Juicio a las Juntas, que para mí es el ejemplo de lo más digno de la historia argentina. Eso fue un ponerse de pie contra el poder. Yo creo que miramos lo que hoy ocurre no como una reproducción sino como una contracara: aquello fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder. El Juicio a las Juntas fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder (Roberto Gargarella) P: Yo siento que en este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. Yo celebré mucho cuando se empezaron a juzgar los delitos de lesa humanidad porque era una deuda pendiente. Y vi que estas personas acusadas de crímenes aberrantes tenían un respeto de garantías que varios años más adelante, no se le daba a personas que no estaban acusadas de delitos de lesa humanidad. En este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. (Graciana Peñafort) G: Sí, pero creo que el paralelo que funciona es, salvando las distancias, el fin del gobierno de Menem, porque también uno pudo decir “ahora van contra María Julia”, “la prioridad son las garantías”. Quienes asumieron en ese momento la defensa de Menem me decían que ahora no estaba en el poder, que era débil. Qué débil… P: Entiendo desde qué lugar hablás. Te quiero dar un ejemplo: en el caso de Ciccone, la defensa pidió la pericia económica sobre el dinero que tenía Boudou. No nos la permitieron. Hubo una vulneración de cosas básicas que los abogados aprendemos en la universidad y enseñamos en la universidad. G: Está bien, pero no tengo dudas de que, por ejemplo, el hecho de que Maria Julia haya sido la única funcionaria presa fue porque algunos jueces bajo demanda pública lo querían. Si alguien me dijera que no hubo garantías suficientes en ese juicio le creería. Ahora, ¿esa es la prioridad? No creo. ¿Eso quiere decir que no necesita defensa? Necesita defensa, importantísima. Pero creo que la prioridad es otra y que María Julia era parte del problema. -¿Es el lawfare una categoría productiva para pensar la relación entre ambos? G: Para mi el lawfare tiene mucho de cuento porque hay un problema que es mucho más burdo: en contextos de privilegio y desigualdad la justicia queda partidizada por las peores razones y muy vinculada con el poder de turno. Eso que para mí es claro y obvio hace 100 años ahora es “una campaña mundial contra los líderes progresistas”. Es un modo de querer darle un revestimiento ideológico atractivo a una historia vulgar y penosa y patética, muy propia de nuestro país... P: Yo no hablo desde la teoría del lawfare, sino desde haber sido parte de muchas causas que caratulo como lawfare. Lo que vimos en la región en los últimos 10 años fue una exacerbación de la persecución a determinados sectores no necesariamente progresistas y no necesariamente populistas que se convirtieron para una élite en el enemigo. Y eso arrasó con algunas buenas prácticas que medianamente habían aceptado los poderes judiciales unívocamente. Dentro de eso, hubo una participación importante en términos de discurso legitimador de los medios de comunicación que instalaban como culpables a los culpables elegidos por animadversiones previas por conflictos de interés. A eso le llamo lawfare, y me consta que existió. Creo haberlo vivido en carne propia. -Así como la Justicia puede reforzar la desigualdad, ¿podría tener un rol en revertirla? P: Yo no me olvido de que la justicia, en la enorme mayoría de los casos, decide a título individual. Dicho esto, dos cosas. Primero, potenciar las acciones o de clase. Una justicia que en todo el mundo está avanzando en legitimar la participación de colectivos y en Argentina las restringe. Otro tema importante es que el Poder Judicial tenga criterios de razonabilidad para priorizar demandas que demuestran insatisfacción o conflictos reiterados. Los tiempos del Poder Judicial van en perjuicio de esas demandas. Todo ese tiempo en que no se resuelve en el sentido de atender la necesidad que está planteada es tiempo de desigualdad que, por cierto, no se repara con dinero. G: Estamos de acuerdo, agregaría un par de cosas. Una es que tenemos en toda América Latina constituciones muy robustas en materia de derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos. Los jueces tienen una enorme responsabilidad de ayudar a que tomemos la Constitución en serio. Y ni la política ni la justicia han estado ayudando. Nuestra Constitución habla de control en las ganancias de las empresas, vivienda digna... En otra área en donde se actuó en modo contrario al que debía es en la protesta social, que es una precondición para poner en marcha esos derechos. La ciudadanía, cuando se ve violentada en lo que la Constitución explícitamente le reconoce, protesta. Lo de Guernica fue un ejemplo. O el Indoamericano. Había tres caminos posibles: “esto no es tuyo, es ilegal, vas preso o procesado”; lo que llamo el “garantismo bobo” -el guiño de ojo “dale adelante, luz verde”-, o la resolución intermedia de sentarse a discutir porque hay derechos en juego. Esto implica tomarse en serio el texto de la Constitución. P: Ahora como nunca ha quedado desnuda la desigualdad. Es tiempo de que el Poder Judicial y los operadores judiciales nos pongamos de acuerdo en que no puede haber resolución de conflictos de derechos constitucionales que impliquen la vulneración absoluta de una de las partes. Si estamos discutiendo una vivienda digna, no podemos resguardar solamente el derecho de propiedad por encima de los derechos constitucionales a una vivienda digna. Ahí, el Poder Judicial puede trabajar en pos de la igualdad.

Sobre el caso del racismo/xenofobia en Los Pumas

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/claribel-medina-revelo-mensaje-le-mando-rugbier-nid2527977

Qué bueno esto! Todo lo que pienso sobre el reproche penal reproducido en un caso actual. Es posible pedir disculpas, tomarlas, encarar juntos la solución hablar con compromiso, despedirse con afecto.

Tras el escándalo, que terminó con la sanción del jugador por parte de la Unión Argentina de Rugby, Claribel reveló durante una entrevista con el programa Hay que ver, que el deportista se contactó con ella para pedirle perdón personalmente y explicarle que estaba arrepentido por lo sucedido.

Quién es Matilda De Angelis, la enigmática actriz de The Undoing

"Me escribió un mensaje bastante importante y largo. Como no tenía mi teléfono me escribió por Instagram, porque no tengo cuenta de Twitter", explicó la participante de Cantando 2020. "Fue algo que pasó anoche y me sorprendió. Le comenté que quería compartirlo y él me dijo que sí, que quería terminar con esta historia por su familia, por la mía y por todos. Me parece que aunque lo que pasó fue fuerte, nadie tiene la verdad de nada y a veces hay que permitir ver qué le pasó al otro".

Seguido de esto, Claribel se dispuso a leer ante las cámaras el texto que le envió Socino. "Buenas noches, Claribel. Dudé en mandarte este mensaje en el día de ayer porque no sabía cómo podía llegar a repercutir. Intenté conseguir tu teléfono para pedirte disculpas personalmente y no pude", comienza diciendo en el mensaje. Copio la nota

"En los últimos días, unos antiguos tuits publicados por algunos jugadores de Los Pumas generaron polémica y revuelo. Entre ellos estaban unos de Santiago Socino, quien envió a través de su cuenta mensajes con mucha carga violenta contra la actriz y cantante puertorriqueña Claribel Medina. Estas frases, en donde aseguraba que él mismo le quitaría la vida a la artista, entre otras cosas, databan del año 2011, 2012 y 2013.

"Te quería pedir disculpas honestamente, desde lo más adentro mío. No me alcanzan las palabras para disculparme y decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy de lo que hice. No tengo nada en contra tuyo ni de nadie, no soy así y tampoco encuentro explicación a lo que escribí en ese momento. No te lo merecés, nadie se merece eso", continúa.

"De nuevo te pido un millón de disculpas, nunca quise generar lo que generé, ni en vos ni en nadie. Obviamente entiendo que estarás mal, igual que yo. Destrozada vos y tu familia, pasando un momento horrible como estoy yo también, y te pido perdón. Espero entiendas el sentido del mensaje, no sé si vas a tomártelo bien, pero te juro que esto es sincero de mi parte. Me avergüenza muchísimo lo que hice en ese momento. Perdón de vuelta", culmina Santiago.

Medina también leyó lo que respondió ella. "Hola Santi, hay que tratar de cerrar esta historia, sería bueno cerrarla juntos, si te parece", le dijo al deportista, que le dijo que tenía intenciones de darle un punto final a lo que estaba pasando, ya que sus padres estaban sintiéndose mal al respecto. "Hola, de nuevo reitero lo apenado y avergonzado que estoy. Yo también estoy dispuesto a cerrarla, más que nada por vos, tu familia y mi familia"

La actriz y conductora reflexionó sobre lo importante que es saber disculparse en el momento adecuado, asegurando que pudo perdonarlo. "Esto habla muy bien de él. Yo lo tomé bien y le acepté las disculpas. Entiendo que nos equivocamos y yo no soy quien para crucificar a alguien", expresó Claribel. "Si él necesita que su familia esté en paz, y yo que la mía también, ¿por qué no cerrar esta historia? Pasaron ocho años y el hombre está arrepentido", finalizó.

Las Cortes Carrió y Caballero

 

La Corte y sus presidencias: la Corte Genaro Carrió (AdHoc, 2019) y la Corte José Severo Caballero (AdHoc, 2020), sede virtual CIJS-UNC. 

El CIJS de la UNC estará recibiendo las inscripciones a través de un formulario Google. A lxs inscriptxs le envían el link de la sala de GoogleMeet donde nos encontraremos.

Link de las inscripciones:

https://tinyurl.com/inscripcioncortes

En el primer bloque exponen:

 

- Camila Petrone, Gustavo Beade y María de los Ángeles Ramallo (UBA): "Normas de facto/Normas de iure: La influencia filosófica en la Corte de (Genaro) Carrió”

- Magdalena Álvarez (UNC): “El caso Rivademar” [Corte José Severo Caballero]

Comenta: Margarita Maxit (UBA)

En el segundo bloque exponen:

- Leonardo Filippini (UP, UBA): "Justicia militar, justicia federal" [Corte Genaro Carrió]

- Claudio Orozs y Lyllan Luque (HIJOS Córdoba): “El caso ‘Camps’ o la consagración de la impunidad” [Corte José Severo Caballero]

Comenta: Brenda Dvoskin (Harvard)

Va flyer en archivo adjunto.

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO.

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO. (acá)

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Expresidenta de Argentina

Señora Dilma Rousseff

Expresidenta de Brasil

 Señor José Mujica Cordano

Expresidente de Uruguay

 Señor Evo Morales Ayma

Expresidente de Bolivia

 Señor Leonel Fernández Reyna

Expresidente de República Dominicana

 Señor Fernando Lugo Méndez

Expresidente de Paraguay

Señor Ernesto Samper Pizano

Expresidente de Colombia

Señor Luiz Inácio Lula da Silva

Expresidente de Brasil

Señor Tabaré Vázquez Rosas

Expresidente de Uruguay

 Señor Manuel Zelaya Rosales

Expresidente de Honduras

Señor Martín Torrijos Espino

Expresidente de Panamá

Señor Salvador Sánchez Cerén

Expresidente de El Salvador

CC:  Jürgen Stock, Secretario General INTERPOL.

Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el Ecuador, testigos de los dos períodos de gobierno de Alianza PAIS, hemos leído con indignación, pero sin sorpresa, su carta, donde solicitan a INTERPOL suspender las acciones demandadas por la justicia de nuestro país por los casos de corrupción que involucran al expresidente Rafael Correa.

 

Desde hace años hemos visto cómo los denominados progresismos (con regímenes y partidos populistas de América Latina) han guardado un vergonzoso silencio a propósito de las permanentes violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por gobiernos afines. No dijeron nada respecto de la persecución a cientos de dirigentes sociales e indígenas durante el anterior gobierno: Javier Ramírez, encarcelado e ilegalmente procesado por defender la naturaleza en la zona de Íntag, y cuyo caso fue presentado en la Federación Internacional por los Derechos Humanos; dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como Pepe Acacho, Luisa Lozano y  compañeros y compañeras de Saraguro, injustamente encarcelados y procesados por protestar pacíficamente; adolescentes encarceladas por abortar; el asesinato del general Gabela, sospechosamente ocultado por el régimen porque denunciaba casos de corrupción; los asesinatos de Bosco Wisum y José Tendetza, líderes amazónicos que se opusieron a la penetración de las transnacionales mineras acordadas con el gobierno.   

 

Con tristeza contemplamos cómo la vieja izquierda del continente plegó a la tímida indiferencia que se manifestó en la autodenominada Cumbre de los Pueblos realizada en Lima, en abril 2018. En la resolución final no existió ni una sola frase de solidaridad con el pueblo ecuatoriano por el asesinato de tres periodistas de diario El Comercio. Al contrario, hicieron pública una extraña defensa del expresidente Correa pese que ya existían claros indicios de responsabilidad penal en su contra por casos de corrupción y por la permisibilidad de altos funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, asuntos que hoy se siguen ventilando en el ámbito judicial del Ecuador.

 

¿No se supone que, para las organizaciones de izquierda, “la lucha con el pueblo es lo más importante” y que debemos actuar “codo a codo con las luchas de abajo”? Tal parece que la solidaridad en cierta izquierda se la otorga a los caudillos y no a los pueblos. Cabe preguntarse, entonces, cuál es el concepto de pueblo que manejan los expresidentes y las expresidentas que suscriben la carta a INTERPOL. ¿Se refieren únicamente a los grupos y movimiento afines a una tendencia política que ha oficializado un discurso tecnoburocrático? ¿Nunca pensaron en un pueblo –el ecuatoriano– dolido por una década de latrocinio y autoritarismo?

 

Según cifras de la Comisión Nacional Anticorrupción –organización de la sociedad que fue varias veces amenazada por Rafael Correa y por sus ministros y que ha mantenido una postura intransigente frente a los actos de corrupción del actual gobierno–, durante el gobierno de Correa se desviaron entre 35.000 y 40.000 millones de dólares por sobreprecios y coimas en la obra pública. Durante el anterior gobierno, la CNA presentó a la Fiscalía 17 delitos emblemáticos de megacorrupción perpetrados por altos funcionarios de ese régimen.

 

Señoras Expresidentas y señores Expresidentes: toda vez que nunca hemos contado con su solidaridad ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte del primer gobierno de Alianza PAIS, desde las organizaciones de izquierda ecuatorianas les exigimos respeto por la autonomía del sistema judicial, postura que no implica la defensa de Lenín Moreno –quien, si la memoria no nos falla, llegó al gobierno con el respaldo incondicional de ustedes– sino la defensa de un pueblo que exige la devolución de lo robado durante 14 años de gobiernos de Alianza PAIS. Resulta por demás incoherente que ahora ustedes apelen a una supuesta manipulación de la justicia cuando durante diez años denunciamos precisamente esa práctica por parte del gobierno de Correa para perseguir a dirigentes indígenas, activistas sociales, defensores de la Naturaleza, mujeres, periodistas, militantes de izquierda…

 

Nosotras y nosotros exigimos que los y las responsables de los actos de corrupción retornen a suelo ecuatoriano para responder a la justicia. El latrocinio cometido durante 14 años es la causa principal de la profunda crisis en la que está sumido nuestro país.  No les vamos a permitir interferir en nuestro derecho soberano a esclarecer y juzgar los actos de corrupción cometidos desde el poder político.

 

Firmas:

Adhesiones Organizaciones:

ALAMES Ecuador

Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente- Clara Merino.

Ecuador Decide Mejor Sin TLC

Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur- Graciela Calle

Colectivo Yasunidxs Cuenca

Colectivo de Antropólogas del Ecuador

Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros Agrícolas y Campesinos (ASTAC).

Frente Nacional por la Salud de los Pueblos- Ecuador  - Ricardo Ramírez

Comuna Rebelión

Federación de Organizaciones Sociales de la Provincia del Guayas- César Cárdenas.

Escuela de Capacitación Política Popular Agustín Cueva Dávila- Edmundo Lombeyda

Foro Salud Pública

Colectivo KANAKA

Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)- Jhon Plaza

 

Rossana Palacios.- Secretaria Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 

Iván Bastidas- Presidente- Confederación de Servidores Públicos (CONASEP)

Luis Cherres- Presidente- Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales (FENOGOPRE)

Roberto Rodríguez- Presidente- Federación de Trabajadores de las Universidades (FENATUPE)

Wilson Álvarez- Presidente- Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP)

 

Adhesiones personales:

Nina Pacari Vega

Sylvia Bonilla – Abogada DDHH

Erika Arteaga Cruz

José Cueva – Intag.

Alberto Acosta

Napoleón Saltos

Carlos Rojas

Xavier Maldonado – Docente Universidad Central Ecuador.

Marisol Rodríguez Pérez

Marcelo Román

Carlos Zorrilla- DECOIN- Intag.

Fabrizio Moreno Salas

Patricia Sánchez Gallegos

Cristina Burneo Salazar

Edgar Isch López

Alejandra Santillana Ortiz

Christian Quiñonez

Cristina Avila  

Néstor Quimbita  

Ing. Wilman Belalcazar

Ana Maria Nuñez

Cecilia Cherrez

Wilson Oswaldo Pucha Ronquillo                             

Jorge Raza Vargas

Antonio López Cobeña

Hugo Noboa Cruz-  salubrista

Javier Ríos.

Ileana Almeida, Investigadora de la cultura, lengua e historia de los Pueblos Indígenas de Ecuador

Lenin Oña Viteri, Arquitecto y crítico de arte.

Luis Montaluisa

Rosa María Torres del Castillo

Cecile Durán Rendón

Manuela Gallegos Anda

Juan Carlos Miranda Ponce

Tarquino Cajarmarca-  Morona Santiago. 

Carlos Castro Riera- Exdecano Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Cuenca.

Jorge Acosta- Coordinador ASTAC

Diego Cano Molestina- Ex presidente FETRAPEC

Belén Cárdenas Landázuri

Susana Castillo

Lía Pesantez Palacios

Daniela Gallegos Anda

Fernando Carvajal

Pocho Álvarez- cineasta.

Carlos Pàstor Pazmiño

Salomón Osorio- NINA Radio FM, Puyo.

Carlos Arcos Cabrera – escritor.

José Molina Reyes

María Daquilema Miranda

María Victoria Proaño Chiriboga

Luis Túpac-Yupanqui

Loretta de Janon

Dimitri Defranc Cevallos- Biólogo e Historia de la Ciencia y Comunicador Científico

Miguel Ángel Berrú Jiménez- Representante Estudiantil de la Facultad de Filosofía

Gabriela Bernal Carrera

Gladys Eskola Torres-miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca - APUC

Vicente Villacrés

Francisco Muñoz

Tito Villacrés

Mencha Barrera

Ya

 

Las Audiencias Legislativas como burla a la deliberación

https://www.lanacion.com.ar/politica/senado-nid2515737

La casi totalidad de los que expusimos en las Audiencias (aún buena parte de la "propia tropa" del gobierno), nos manifestamos en contra de la reforma promovida por el kirchnerismo en la designación del Procurador. Ahora se trata de que "algunos estaban a favor, otros en contra"...entonces hacemos lo que teníamos ganas de hacer. Cuando las Audiencias Legislativas se convierten en burla y falta de respeto. No porque no sigan lo que uno dice, sino porque simplemente invitan a los críticos para encubrir y buscar legitimar lo que ya tenían decidido hacer de antemano. Actúan como si no lo supieran, pero tronará el escarmiento, y volveremos a perder todos. Viva Perú!

Cómo no modificar el Ministerio Público (y algunos principios con los que sí hacerlo)

El lunes pasado, invitado por el Senado, estuve presentando algunas críticas sobre los proyectos de reforma en la Procuración (MPF). Acá va una síntesis de lo que  expuse.

I. Con el objeto de analizar los proyectos de reforma que me fueran enviados, quisiera comenzar por el principio. Y digo comenzar por el principio, porque entiendo que los proyectos bajo estudio tienden a comenzar por el final, esto es decir, ellos señalan qué es lo que pretenden reformar de la organización del Ministerio Público, pero sin aclarar, primero, cuáles son los fines que persiguen, y las razones públicas que los justifican. Lamentablemente, si no sabemos por qué emprendemos una cierta búsqueda, lo más probable es que terminemos perdidos, sin razones para ir hacia ningún lado. Por lo demás, distintos fines requieren y definen distintos medios. Por ejemplo, si la razón que motiva la reforma fuera dar estabilidad a ciertas políticas criminales, podrían justificarse los cargos vitalicios; si lo que nos interesara fuera la rotación permanente en las posiciones públicas, podríamos pensar en la renovación anual del cargo de Procurador. En definitiva, nuestra discusión no puede comenzar por el final, esto es decir, por la discusión de reformas particulares, sin tener claridad sobre qué es lo que pretendemos con ellas. Mi primera sugerencia, en tal sentido, sería la siguiente: los proyectos deben ser replanteados, luego de que sus abogados dejen en claro, ante sus representados y mandatarios, es decir, ante el pueblo de la Nación Argentina, los principios que los guían y las justificaciones que sostienen a sus propuestas, de modo tal de aventar dudas y sospechas y asegurar que tales iniciativas aparezcan debidamente fundadas en razones públicas y no en motivos privados. Y -demás está decirlo- en respeto a ese mismo pueblo al que se debe enteramente la tarea legislativa, toda reforma que afecte las reglas básicas que organizan nuestra vida en común, debe tener como origen el reclamo popular (y no se si éste el caso), y basarse en el más profundo acuerdo, en particular con quienes piensen diferente. El paciente tejido de la compleja trama social -ahí reside el valor, según entiendo, de la tarea legislativa. 

II. Aclarado lo anterior, mi segundo punto sería el siguiente: no se trata de escoger, como si fuera una excusa o una formalidad a cumplir velozmente, cualquier razón general, destinada simplemente a habilitar el proyecto que uno ya tenía definido de antemano. Los márgenes de acción de que se dispone, en estos delicados asuntos de procedimientos legales, son más bien estrechos, porque se encuentran definidos ya, de modo bastante estricto, por la Constitución. Nuestro punto de partida y guía debe ser siempre, entonces, la Constitución. Comenzando desde allí podríamos preguntarnos, entonces: de qué manera honramos mejor los principios jurídicos que rigen en la materia, expresados, de modo particular, por el artículo 120 de nuestra Constitución? O, de forma más directa: cuál es el mejor modo de asegurar que el Ministerio Público defienda, en materia penal, “la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”? Como afirmara, en su momento, el convencional Juan Carlos Maqueda (aclararía, en consonancia con lo que sostiene, en buena medida, el derecho comparado), de lo que se trata es de garantizar la independencia política, la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, asegurando que el mismo quede -sigo citando a Maqueda- fuera de la esfera del Poder Ejecutivo y fuera de la esfera del Poder Judicial. En lo personal, coincido plenamente con esta aproximación, aunque -como diré más adelante- yo lea -a la Constitución en general, y al art. 120 en particular- desde un cierto entendimiento dialógico de la democracia, que me lleva a vincular íntimamente la tarea del Procurador con un debate público, que debe tener su centro en el pueblo de la Nación, que -en el marco de un país federal- no debe quedar centrado en la Capital Federal ni mucho menos concentrarse en un solo órgano, y que debe orientarse a definir colectivamente, y a partir de la conversación común, las pautas de la política criminal.

III. Dejo por ahora de lado mi propia interpretación de la Constitución, para quedarme con una lectura muy básica y austera de dicho texto (como, por ejemplo, la que expresara Maqueda), y presentar desde ahí mi tercera observación. Lo que diría es que aún una interpretación modesta o poco exigente de la Constitución no resulta vacía de sentido, en la materia que nos ocupa. Dicho de modo más directo, la Constitución no es compatible con cualquier cosa -con proyectos legislativos de cualquier tipo. La Constitución puede admitir varias alternativas posibles de organización del Ministerio Público pero -sin dudas- ella también fulmina o repudia otras posibilidades de reforma. En tal sentido, creo que algunos de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, más que en tensión con nuestro texto madre, llamativa, provocativa o exageradamente opuestos a la Constitución. Algunos de tales proyectos -según parece- innovan directamente en la historia del constitucionalismo comparado, sugiriéndonos que las casi universalmente proclamadas finalidades de independencia política, autonomía funcional y autarquía financiera, son compatibles con la posibilidad de que el gobierno de turno controle, en los hechos, la designación y a la vez -subrayo, a la vez- la remoción del Procurador y los fiscales. Tal tipo de iniciativas resultan verdaderamente notables para la historia del derecho. Más todavía, agregaría que, desde los orígenes del constitucionalismo moderno -allá por el siglo xviii- y para preservar el compromiso con la independencia de ciertos funcionarios -típicamente, los jueces- James Madison sugirió que la intervención, de las ramas políticas en la designación de los jueces fuera acompañada y compensada con la estabilidad de por vida de los funcionarios así designados. Es decir: si la política interviene en el nombramiento (aunque fuera, como se pensó entonces, de un modo muy limitado), luego conviene desapegar a esos funcionarios, tal vez de por vida, de la influencia de la política. Es decir, cada pieza se encuentra vinculada con las restantes. En definitiva, a la luz de nuestra Constitución, algunos de los proyectos presentados resultan inconcebibles. Por lo dicho, a quienes han presentado proyectos que vienen a caricaturizar la idea de independencia pública, les pediría (de rodillas, si pudiera) que nos ahorren la angustia de otra batalla constitucional que terminará por perderse en los tribunales. En este tiempo de pandemia y tristeza, necesitamos concentrar nuestras energías intelectuales y emocionales en otros problemas y, en todo caso, en otro tipo de reformas procedimentales, que busquen honrar en lugar de horadar los principios de la Constitución.

V. Para quienes, como yo, leen al derecho como una “conversación entre iguales” -una conversación que debe apuntar a integrar a las voces de los propios ciudadanos de todo el país- los proyectos presentados ofrecen otra peculiaridad. Ellos tienden a concentrarse en las formas de designación y remoción del Procurador o de los fiscales, descuidando de ese modo lo que es más importante, que no está ni en la entrada ni en la salida del problema, sino en el medio. En efecto, como ocurre con todas las instituciones de la democracia representativa, mucho más importante que la forma de designación y remoción de los funcionarios (que es muy importante), son las formas de ejercicio de la función y, en particular, los modos en que el pueblo de la Nación preserva, durante todo ese tiempo, su soberana capacidad de decisión y control sobre lo que hacen los funcionarios públicos designados. En el caso del Ministerio Público, lo que más nos debe interesar, entonces, es determinar de qué forma es que la ciudadanía va a controlar al Procurador, día tras día; de qué manera es que el Ministerio va a articular sus políticas, en diálogo con la sociedad; cómo es que, colectivamente, se van a definir los criterios generales de la función; etc.

VI. Recién cuando tenemos en claro los objetivos constitucionales que buscamos, en relación con el Ministerio Púbico -básicamente, independencia y defensa de los intereses generales de la sociedad- podemos definir cuál puede ser la mejor forma de diseñar la institución. Comenzaría insistiendo, al respecto, con la idea de que hay formas diversas de designación que parecen compatibles con las exigencias establecidas por una Constitución como la nuestra. En América Latina, por ejemplo, hay países, como Bolivia, que exigen mayorías de dos tercios; otros, como Colombia que diseñaron un mecanismo muy complejo que requiere la intervención del Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; otros países, como Chile, le otorgan la elección al Senado, por dos tercios, a partir de una propuesta formulada por la Corte Suprema. Lo que es claro es que, en la enorme mayoría de los casos, se hace un gran esfuerzo por desligar al nombramiento del Procurador de la influencia directa del partido político dominante en la coyuntura. Para nuestro país, subrayo, esta última posibilidad no sólo es indeseable -tanto como es ajena al derecho comparado- sino que es además inconstitucional.

Llegados a este punto, permítanme llamar la atención sobre un problema particularmente serio, vinculado con la posibilidad de facilitar la influencia del gobierno de turno en el funcionamiento del Ministerio Público. Se trata de un problema derivado de los dos principales poderes que posee cualquier gobierno, de cualquier signo: uno, el manejo del presupuesto; y dos, el monopolio de la coerción. Estas cruciales facultades importan enormes riesgos que requieren controles exigentes, y esos controles no pueden de ningún modo depender del propio poder político que hace uso de la coerción y del dinero. Para ilustrar lo que digo con un ejemplo claro: un gobierno, como el actual gobierno de los Estados Unidos, que ha promovido la violencia policial contra la comunidad afroamericana, no debe tener la posibilidad de librarse de esos controles a través de las decisiones del Ministerio Público (un Ministerio que, por ejemplo, desista de la posibilidad de perseguir prioritariamente abusos imperdonables como los citados).  Una posibilidad semejante sólo agregaría fuego sobre lo que ya es trágico.

VII. Hasta aquí, me interesó defender ciertos principios constitucionales, a partir de los cuales pensar críticamente sobre los criterios con los que podría re-organizarse el Ministerio Público. En lo que sigue, y de modo muy sumario, voy a sugerir algunas proposiciones de cambio concreto que podrían derivarse de mi exposición. Haré estas sugerencias, de todos modos, sin ninguna pretensión de considerar a mi propuesta como la propuesta óptima -se trata sólo de un esbozo- o como la única que podría derivarse del esquema de principios arriba expuesto. Hechas estas aclaraciones, sugeriría que, por un lado, el ideal de la “conversación entre iguales” no es compatible con funcionarios vitalicios, o que gocen de una estabilidad muy prolongada: la política debe resultar, por el contrario, de una reflexión continua, que requiere también de actores protagónicos renovados. En cuanto a la duración del Procurador en su puesto, y repitiendo que lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio de su mandato, diría que el mismo podría tener un plazo de 5 o 6 años. Asimismo, no sería descabellado, a mi entender, pensar en formas de elección ciudadana del Procurador, tal vez a partir de candidatos propuestos por algunos órganos establecidos -quizás la Corte Suprema y el Senado. Lo mismo para la remoción del Procurador. Entiendo, de todos modos, que, para un mandato de 6 años de un Procurador en permanente diálogo con la ciudadanía, el problema de la remoción no sería tan dramático, y que en todo caso podría pensarse en formas de remoción excepcionales -tal vez, vía revocatoria de mandato- y/o otras vías a partir de fórmulas políticas exigentes: otra vez, lo que importa es la preservación de la voluntad ciudadana, expresada por ella misma. Finalmente, considero que el centro de la reflexión debería estar en los modos de ejercicio de la función del Procurador, y sobre todo en las formas posibles de asegurar un diálogo constante entre el mismo y la ciudadanía -un diálogo que, repito, debe reproducirse en todos los puntos del país. Tal vez, instaurar un sistema de periódicas consultas públicas, abiertas a la ciudadanía, como las que realiza el Crown Prosecution Service de Inglaterra, pudiera ser, en tal sentido, una opción sensata. Insisto, de todos modos, que presento estas propuestas más detalladas de modo muy exploratorio, porque es escogido fijar mi atención en otro plano, relacionado con los principios constitucionales y fines democráticos de la función, que entiendo aparecen indebidamente descuidados en los proyectos a los que tuve acceso, afectando dicha omisión, de modo serio, el valor de los mismos.