22 feb. 2021
El debate con Ferrajoli
19 feb. 2021
La objeción democrática al poder judicial (y cómo no resolverla)
18 feb. 2021
Cómo poner en vigor sólo la porción de la ley que conviene
16 feb. 2021
Yo no los perdoné
9 feb. 2021
Yaku Perez y otra izquierda posible
1 feb. 2021
Trilogía ranquel 3 (con coda)
30 ene. 2021
Trilogía ranquel 2
28 ene. 2021
Trilogía ranquel 1
17 ene. 2021
10 ene. 2021
Nuevo año, el mismo cuento
15 dic. 2020
Por qué el Lawfare es un cuento
13 dic. 2020
Debate con Graciana P., sobre Lawfare; la justicia desigual; y los abogadxs que defienden al poder
2 dic. 2020
Sobre el caso del racismo/xenofobia en Los Pumas
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/claribel-medina-revelo-mensaje-le-mando-rugbier-nid2527977
Qué bueno esto! Todo lo que pienso sobre el reproche penal reproducido en un caso actual. Es posible pedir disculpas, tomarlas, encarar juntos la solución hablar con compromiso, despedirse con afecto.
Tras el escándalo, que terminó con la sanción del jugador por parte de la Unión Argentina de Rugby, Claribel reveló durante una entrevista con el programa Hay que ver, que el deportista se contactó con ella para pedirle perdón personalmente y explicarle que estaba arrepentido por lo sucedido.
Quién es Matilda De Angelis, la enigmática actriz de The Undoing
"Me escribió un mensaje bastante importante y largo. Como no tenía mi teléfono me escribió por Instagram, porque no tengo cuenta de Twitter", explicó la participante de Cantando 2020. "Fue algo que pasó anoche y me sorprendió. Le comenté que quería compartirlo y él me dijo que sí, que quería terminar con esta historia por su familia, por la mía y por todos. Me parece que aunque lo que pasó fue fuerte, nadie tiene la verdad de nada y a veces hay que permitir ver qué le pasó al otro".
Seguido de esto, Claribel se dispuso a leer ante las cámaras el texto que le envió Socino. "Buenas noches, Claribel. Dudé en mandarte este mensaje en el día de ayer porque no sabía cómo podía llegar a repercutir. Intenté conseguir tu teléfono para pedirte disculpas personalmente y no pude", comienza diciendo en el mensaje. Copio la nota
"En los últimos días, unos antiguos tuits publicados por algunos jugadores de Los Pumas generaron polémica y revuelo. Entre ellos estaban unos de Santiago Socino, quien envió a través de su cuenta mensajes con mucha carga violenta contra la actriz y cantante puertorriqueña Claribel Medina. Estas frases, en donde aseguraba que él mismo le quitaría la vida a la artista, entre otras cosas, databan del año 2011, 2012 y 2013.
"Te quería pedir disculpas honestamente, desde lo más adentro mío. No me alcanzan las palabras para disculparme y decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy de lo que hice. No tengo nada en contra tuyo ni de nadie, no soy así y tampoco encuentro explicación a lo que escribí en ese momento. No te lo merecés, nadie se merece eso", continúa.
"De nuevo te pido un millón de disculpas, nunca quise generar lo que generé, ni en vos ni en nadie. Obviamente entiendo que estarás mal, igual que yo. Destrozada vos y tu familia, pasando un momento horrible como estoy yo también, y te pido perdón. Espero entiendas el sentido del mensaje, no sé si vas a tomártelo bien, pero te juro que esto es sincero de mi parte. Me avergüenza muchísimo lo que hice en ese momento. Perdón de vuelta", culmina Santiago.
Medina también leyó lo que respondió ella. "Hola Santi, hay que tratar de cerrar esta historia, sería bueno cerrarla juntos, si te parece", le dijo al deportista, que le dijo que tenía intenciones de darle un punto final a lo que estaba pasando, ya que sus padres estaban sintiéndose mal al respecto. "Hola, de nuevo reitero lo apenado y avergonzado que estoy. Yo también estoy dispuesto a cerrarla, más que nada por vos, tu familia y mi familia"
La actriz y conductora reflexionó sobre lo importante que es saber disculparse en el momento adecuado, asegurando que pudo perdonarlo. "Esto habla muy bien de él. Yo lo tomé bien y le acepté las disculpas. Entiendo que nos equivocamos y yo no soy quien para crucificar a alguien", expresó Claribel. "Si él necesita que su familia esté en paz, y yo que la mía también, ¿por qué no cerrar esta historia? Pasaron ocho años y el hombre está arrepentido", finalizó.
25 nov. 2020
Las Cortes Carrió y Caballero
- Magdalena Álvarez (UNC): “El caso Rivademar” [Corte José Severo Caballero]
Comenta: Margarita Maxit (UBA)
En el segundo bloque exponen:
- Leonardo Filippini (UP, UBA): "Justicia militar, justicia federal" [Corte Genaro Carrió]
- Claudio Orozs y Lyllan Luque (HIJOS Córdoba): “El caso ‘Camps’ o la consagración de la impunidad” [Corte José Severo Caballero]
Comenta: Brenda Dvoskin (Harvard)
24 nov. 2020
CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO.
CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO. (acá)
. Señora Cristina Fernández de Kirchner
Expresidenta de Argentina
Señora Dilma Rousseff
Expresidenta de Brasil
Señor José Mujica Cordano
Expresidente de Uruguay
Señor Evo Morales Ayma
Expresidente de Bolivia
Señor Leonel Fernández Reyna
Expresidente de República Dominicana
Señor Fernando Lugo Méndez
Expresidente de Paraguay
Señor Ernesto Samper Pizano
Expresidente de Colombia
Señor Luiz Inácio Lula da Silva
Expresidente de Brasil
Señor Tabaré Vázquez Rosas
Expresidente de Uruguay
Señor Manuel Zelaya Rosales
Expresidente de Honduras
Señor Martín Torrijos Espino
Expresidente de Panamá
Señor Salvador Sánchez Cerén
Expresidente de El Salvador
CC: Jürgen Stock, Secretario General INTERPOL.
Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el Ecuador, testigos de los dos períodos de gobierno de Alianza PAIS, hemos leído con indignación, pero sin sorpresa, su carta, donde solicitan a INTERPOL suspender las acciones demandadas por la justicia de nuestro país por los casos de corrupción que involucran al expresidente Rafael Correa.
Desde hace años hemos visto cómo los denominados progresismos (con regímenes y partidos populistas de América Latina) han guardado un vergonzoso silencio a propósito de las permanentes violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por gobiernos afines. No dijeron nada respecto de la persecución a cientos de dirigentes sociales e indígenas durante el anterior gobierno: Javier Ramírez, encarcelado e ilegalmente procesado por defender la naturaleza en la zona de Íntag, y cuyo caso fue presentado en la Federación Internacional por los Derechos Humanos; dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como Pepe Acacho, Luisa Lozano y compañeros y compañeras de Saraguro, injustamente encarcelados y procesados por protestar pacíficamente; adolescentes encarceladas por abortar; el asesinato del general Gabela, sospechosamente ocultado por el régimen porque denunciaba casos de corrupción; los asesinatos de Bosco Wisum y José Tendetza, líderes amazónicos que se opusieron a la penetración de las transnacionales mineras acordadas con el gobierno.
Con tristeza contemplamos cómo la vieja izquierda del continente plegó a la tímida indiferencia que se manifestó en la autodenominada Cumbre de los Pueblos realizada en Lima, en abril 2018. En la resolución final no existió ni una sola frase de solidaridad con el pueblo ecuatoriano por el asesinato de tres periodistas de diario El Comercio. Al contrario, hicieron pública una extraña defensa del expresidente Correa pese que ya existían claros indicios de responsabilidad penal en su contra por casos de corrupción y por la permisibilidad de altos funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, asuntos que hoy se siguen ventilando en el ámbito judicial del Ecuador.
¿No se supone que, para las organizaciones de izquierda, “la lucha con el pueblo es lo más importante” y que debemos actuar “codo a codo con las luchas de abajo”? Tal parece que la solidaridad en cierta izquierda se la otorga a los caudillos y no a los pueblos. Cabe preguntarse, entonces, cuál es el concepto de pueblo que manejan los expresidentes y las expresidentas que suscriben la carta a INTERPOL. ¿Se refieren únicamente a los grupos y movimiento afines a una tendencia política que ha oficializado un discurso tecnoburocrático? ¿Nunca pensaron en un pueblo –el ecuatoriano– dolido por una década de latrocinio y autoritarismo?
Según cifras de la Comisión Nacional Anticorrupción –organización de la sociedad que fue varias veces amenazada por Rafael Correa y por sus ministros y que ha mantenido una postura intransigente frente a los actos de corrupción del actual gobierno–, durante el gobierno de Correa se desviaron entre 35.000 y 40.000 millones de dólares por sobreprecios y coimas en la obra pública. Durante el anterior gobierno, la CNA presentó a la Fiscalía 17 delitos emblemáticos de megacorrupción perpetrados por altos funcionarios de ese régimen.
Señoras Expresidentas y señores Expresidentes: toda vez que nunca hemos contado con su solidaridad ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte del primer gobierno de Alianza PAIS, desde las organizaciones de izquierda ecuatorianas les exigimos respeto por la autonomía del sistema judicial, postura que no implica la defensa de Lenín Moreno –quien, si la memoria no nos falla, llegó al gobierno con el respaldo incondicional de ustedes– sino la defensa de un pueblo que exige la devolución de lo robado durante 14 años de gobiernos de Alianza PAIS. Resulta por demás incoherente que ahora ustedes apelen a una supuesta manipulación de la justicia cuando durante diez años denunciamos precisamente esa práctica por parte del gobierno de Correa para perseguir a dirigentes indígenas, activistas sociales, defensores de la Naturaleza, mujeres, periodistas, militantes de izquierda…
Nosotras y nosotros exigimos que los y las responsables de los actos de corrupción retornen a suelo ecuatoriano para responder a la justicia. El latrocinio cometido durante 14 años es la causa principal de la profunda crisis en la que está sumido nuestro país. No les vamos a permitir interferir en nuestro derecho soberano a esclarecer y juzgar los actos de corrupción cometidos desde el poder político.
Firmas:
Adhesiones Organizaciones:
ALAMES Ecuador
Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente- Clara Merino.
Ecuador Decide Mejor Sin TLC
Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur- Graciela Calle
Colectivo Yasunidxs Cuenca
Colectivo de Antropólogas del Ecuador
Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros Agrícolas y Campesinos (ASTAC).
Frente Nacional por la Salud de los Pueblos- Ecuador - Ricardo Ramírez
Comuna Rebelión
Federación de Organizaciones Sociales de la Provincia del Guayas- César Cárdenas.
Escuela de Capacitación Política Popular Agustín Cueva Dávila- Edmundo Lombeyda
Foro Salud Pública
Colectivo KANAKA
Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)- Jhon Plaza
Rossana Palacios.- Secretaria Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
Iván Bastidas- Presidente- Confederación de Servidores Públicos (CONASEP)
Luis Cherres- Presidente- Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales (FENOGOPRE)
Roberto Rodríguez- Presidente- Federación de Trabajadores de las Universidades (FENATUPE)
Wilson Álvarez- Presidente- Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP)
Adhesiones personales:
Nina Pacari Vega
Sylvia Bonilla – Abogada DDHH
Erika Arteaga Cruz
José Cueva – Intag.
Alberto Acosta
Napoleón Saltos
Carlos Rojas
Xavier Maldonado – Docente Universidad Central Ecuador.
Marisol Rodríguez Pérez
Marcelo Román
Carlos Zorrilla- DECOIN- Intag.
Fabrizio Moreno Salas
Patricia Sánchez Gallegos
Cristina Burneo Salazar
Edgar Isch López
Alejandra Santillana Ortiz
Christian Quiñonez
Cristina Avila
Néstor Quimbita
Ing. Wilman Belalcazar
Ana Maria Nuñez
Cecilia Cherrez
Wilson Oswaldo Pucha Ronquillo
Jorge Raza Vargas
Antonio López Cobeña
Hugo Noboa Cruz- salubrista
Javier Ríos.
Ileana Almeida, Investigadora de la cultura, lengua e historia de los Pueblos Indígenas de Ecuador
Lenin Oña Viteri, Arquitecto y crítico de arte.
Luis Montaluisa
Rosa María Torres del Castillo
Cecile Durán Rendón
Manuela Gallegos Anda
Juan Carlos Miranda Ponce
Tarquino Cajarmarca- Morona Santiago.
Carlos Castro Riera- Exdecano Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Cuenca.
Jorge Acosta- Coordinador ASTAC
Diego Cano Molestina- Ex presidente FETRAPEC
Belén Cárdenas Landázuri
Susana Castillo
Lía Pesantez Palacios
Daniela Gallegos Anda
Fernando Carvajal
Pocho Álvarez- cineasta.
Carlos Pàstor Pazmiño
Salomón Osorio- NINA Radio FM, Puyo.
Carlos Arcos Cabrera – escritor.
José Molina Reyes
María Daquilema Miranda
María Victoria Proaño Chiriboga
Luis Túpac-Yupanqui
Loretta de Janon
Dimitri Defranc Cevallos- Biólogo e Historia de la Ciencia y Comunicador Científico
Miguel Ángel Berrú Jiménez- Representante Estudiantil de la Facultad de Filosofía
Gabriela Bernal Carrera
Gladys Eskola Torres-miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca - APUC
Vicente Villacrés
Francisco Muñoz
Tito Villacrés
Mencha Barrera
23 nov. 2020
20 nov. 2020
Las Audiencias Legislativas como burla a la deliberación
https://www.lanacion.com.ar/politica/senado-nid2515737
La casi totalidad de los que expusimos en las Audiencias (aún buena parte de la "propia tropa" del gobierno), nos manifestamos en contra de la reforma promovida por el kirchnerismo en la designación del Procurador. Ahora se trata de que "algunos estaban a favor, otros en contra"...entonces hacemos lo que teníamos ganas de hacer. Cuando las Audiencias Legislativas se convierten en burla y falta de respeto. No porque no sigan lo que uno dice, sino porque simplemente invitan a los críticos para encubrir y buscar legitimar lo que ya tenían decidido hacer de antemano. Actúan como si no lo supieran, pero tronará el escarmiento, y volveremos a perder todos. Viva Perú!
Cómo no modificar el Ministerio Público (y algunos principios con los que sí hacerlo)
El lunes pasado, invitado por el Senado, estuve presentando algunas críticas sobre los proyectos de reforma en la Procuración (MPF). Acá va una síntesis de lo que expuse.
I. Con el objeto de analizar los proyectos de reforma que me fueran enviados, quisiera comenzar por el principio. Y digo comenzar por el principio, porque entiendo que los proyectos bajo estudio tienden a comenzar por el final, esto es decir, ellos señalan qué es lo que pretenden reformar de la organización del Ministerio Público, pero sin aclarar, primero, cuáles son los fines que persiguen, y las razones públicas que los justifican. Lamentablemente, si no sabemos por qué emprendemos una cierta búsqueda, lo más probable es que terminemos perdidos, sin razones para ir hacia ningún lado. Por lo demás, distintos fines requieren y definen distintos medios. Por ejemplo, si la razón que motiva la reforma fuera dar estabilidad a ciertas políticas criminales, podrían justificarse los cargos vitalicios; si lo que nos interesara fuera la rotación permanente en las posiciones públicas, podríamos pensar en la renovación anual del cargo de Procurador. En definitiva, nuestra discusión no puede comenzar por el final, esto es decir, por la discusión de reformas particulares, sin tener claridad sobre qué es lo que pretendemos con ellas. Mi primera sugerencia, en tal sentido, sería la siguiente: los proyectos deben ser replanteados, luego de que sus abogados dejen en claro, ante sus representados y mandatarios, es decir, ante el pueblo de la Nación Argentina, los principios que los guían y las justificaciones que sostienen a sus propuestas, de modo tal de aventar dudas y sospechas y asegurar que tales iniciativas aparezcan debidamente fundadas en razones públicas y no en motivos privados. Y -demás está decirlo- en respeto a ese mismo pueblo al que se debe enteramente la tarea legislativa, toda reforma que afecte las reglas básicas que organizan nuestra vida en común, debe tener como origen el reclamo popular (y no se si éste el caso), y basarse en el más profundo acuerdo, en particular con quienes piensen diferente. El paciente tejido de la compleja trama social -ahí reside el valor, según entiendo, de la tarea legislativa.
II. Aclarado lo anterior, mi segundo punto sería el siguiente: no se trata de escoger, como si fuera una excusa o una formalidad a cumplir velozmente, cualquier razón general, destinada simplemente a habilitar el proyecto que uno ya tenía definido de antemano. Los márgenes de acción de que se dispone, en estos delicados asuntos de procedimientos legales, son más bien estrechos, porque se encuentran definidos ya, de modo bastante estricto, por la Constitución. Nuestro punto de partida y guía debe ser siempre, entonces, la Constitución. Comenzando desde allí podríamos preguntarnos, entonces: de qué manera honramos mejor los principios jurídicos que rigen en la materia, expresados, de modo particular, por el artículo 120 de nuestra Constitución? O, de forma más directa: cuál es el mejor modo de asegurar que el Ministerio Público defienda, en materia penal, “la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”? Como afirmara, en su momento, el convencional Juan Carlos Maqueda (aclararía, en consonancia con lo que sostiene, en buena medida, el derecho comparado), de lo que se trata es de garantizar la independencia política, la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, asegurando que el mismo quede -sigo citando a Maqueda- fuera de la esfera del Poder Ejecutivo y fuera de la esfera del Poder Judicial. En lo personal, coincido plenamente con esta aproximación, aunque -como diré más adelante- yo lea -a la Constitución en general, y al art. 120 en particular- desde un cierto entendimiento dialógico de la democracia, que me lleva a vincular íntimamente la tarea del Procurador con un debate público, que debe tener su centro en el pueblo de la Nación, que -en el marco de un país federal- no debe quedar centrado en la Capital Federal ni mucho menos concentrarse en un solo órgano, y que debe orientarse a definir colectivamente, y a partir de la conversación común, las pautas de la política criminal.
III. Dejo por ahora de lado mi propia interpretación de la Constitución, para quedarme con una lectura muy básica y austera de dicho texto (como, por ejemplo, la que expresara Maqueda), y presentar desde ahí mi tercera observación. Lo que diría es que aún una interpretación modesta o poco exigente de la Constitución no resulta vacía de sentido, en la materia que nos ocupa. Dicho de modo más directo, la Constitución no es compatible con cualquier cosa -con proyectos legislativos de cualquier tipo. La Constitución puede admitir varias alternativas posibles de organización del Ministerio Público pero -sin dudas- ella también fulmina o repudia otras posibilidades de reforma. En tal sentido, creo que algunos de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, más que en tensión con nuestro texto madre, llamativa, provocativa o exageradamente opuestos a la Constitución. Algunos de tales proyectos -según parece- innovan directamente en la historia del constitucionalismo comparado, sugiriéndonos que las casi universalmente proclamadas finalidades de independencia política, autonomía funcional y autarquía financiera, son compatibles con la posibilidad de que el gobierno de turno controle, en los hechos, la designación y a la vez -subrayo, a la vez- la remoción del Procurador y los fiscales. Tal tipo de iniciativas resultan verdaderamente notables para la historia del derecho. Más todavía, agregaría que, desde los orígenes del constitucionalismo moderno -allá por el siglo xviii- y para preservar el compromiso con la independencia de ciertos funcionarios -típicamente, los jueces- James Madison sugirió que la intervención, de las ramas políticas en la designación de los jueces fuera acompañada y compensada con la estabilidad de por vida de los funcionarios así designados. Es decir: si la política interviene en el nombramiento (aunque fuera, como se pensó entonces, de un modo muy limitado), luego conviene desapegar a esos funcionarios, tal vez de por vida, de la influencia de la política. Es decir, cada pieza se encuentra vinculada con las restantes. En definitiva, a la luz de nuestra Constitución, algunos de los proyectos presentados resultan inconcebibles. Por lo dicho, a quienes han presentado proyectos que vienen a caricaturizar la idea de independencia pública, les pediría (de rodillas, si pudiera) que nos ahorren la angustia de otra batalla constitucional que terminará por perderse en los tribunales. En este tiempo de pandemia y tristeza, necesitamos concentrar nuestras energías intelectuales y emocionales en otros problemas y, en todo caso, en otro tipo de reformas procedimentales, que busquen honrar en lugar de horadar los principios de la Constitución.
V. Para quienes, como yo, leen al derecho como una “conversación entre iguales” -una conversación que debe apuntar a integrar a las voces de los propios ciudadanos de todo el país- los proyectos presentados ofrecen otra peculiaridad. Ellos tienden a concentrarse en las formas de designación y remoción del Procurador o de los fiscales, descuidando de ese modo lo que es más importante, que no está ni en la entrada ni en la salida del problema, sino en el medio. En efecto, como ocurre con todas las instituciones de la democracia representativa, mucho más importante que la forma de designación y remoción de los funcionarios (que es muy importante), son las formas de ejercicio de la función y, en particular, los modos en que el pueblo de la Nación preserva, durante todo ese tiempo, su soberana capacidad de decisión y control sobre lo que hacen los funcionarios públicos designados. En el caso del Ministerio Público, lo que más nos debe interesar, entonces, es determinar de qué forma es que la ciudadanía va a controlar al Procurador, día tras día; de qué manera es que el Ministerio va a articular sus políticas, en diálogo con la sociedad; cómo es que, colectivamente, se van a definir los criterios generales de la función; etc.
VI. Recién cuando tenemos en claro los objetivos constitucionales que buscamos, en relación con el Ministerio Púbico -básicamente, independencia y defensa de los intereses generales de la sociedad- podemos definir cuál puede ser la mejor forma de diseñar la institución. Comenzaría insistiendo, al respecto, con la idea de que hay formas diversas de designación que parecen compatibles con las exigencias establecidas por una Constitución como la nuestra. En América Latina, por ejemplo, hay países, como Bolivia, que exigen mayorías de dos tercios; otros, como Colombia que diseñaron un mecanismo muy complejo que requiere la intervención del Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; otros países, como Chile, le otorgan la elección al Senado, por dos tercios, a partir de una propuesta formulada por la Corte Suprema. Lo que es claro es que, en la enorme mayoría de los casos, se hace un gran esfuerzo por desligar al nombramiento del Procurador de la influencia directa del partido político dominante en la coyuntura. Para nuestro país, subrayo, esta última posibilidad no sólo es indeseable -tanto como es ajena al derecho comparado- sino que es además inconstitucional.
Llegados a este punto, permítanme llamar la atención sobre un problema particularmente serio, vinculado con la posibilidad de facilitar la influencia del gobierno de turno en el funcionamiento del Ministerio Público. Se trata de un problema derivado de los dos principales poderes que posee cualquier gobierno, de cualquier signo: uno, el manejo del presupuesto; y dos, el monopolio de la coerción. Estas cruciales facultades importan enormes riesgos que requieren controles exigentes, y esos controles no pueden de ningún modo depender del propio poder político que hace uso de la coerción y del dinero. Para ilustrar lo que digo con un ejemplo claro: un gobierno, como el actual gobierno de los Estados Unidos, que ha promovido la violencia policial contra la comunidad afroamericana, no debe tener la posibilidad de librarse de esos controles a través de las decisiones del Ministerio Público (un Ministerio que, por ejemplo, desista de la posibilidad de perseguir prioritariamente abusos imperdonables como los citados). Una posibilidad semejante sólo agregaría fuego sobre lo que ya es trágico.
VII. Hasta aquí, me interesó defender ciertos principios constitucionales, a partir de los cuales pensar críticamente sobre los criterios con los que podría re-organizarse el Ministerio Público. En lo que sigue, y de modo muy sumario, voy a sugerir algunas proposiciones de cambio concreto que podrían derivarse de mi exposición. Haré estas sugerencias, de todos modos, sin ninguna pretensión de considerar a mi propuesta como la propuesta óptima -se trata sólo de un esbozo- o como la única que podría derivarse del esquema de principios arriba expuesto. Hechas estas aclaraciones, sugeriría que, por un lado, el ideal de la “conversación entre iguales” no es compatible con funcionarios vitalicios, o que gocen de una estabilidad muy prolongada: la política debe resultar, por el contrario, de una reflexión continua, que requiere también de actores protagónicos renovados. En cuanto a la duración del Procurador en su puesto, y repitiendo que lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio de su mandato, diría que el mismo podría tener un plazo de 5 o 6 años. Asimismo, no sería descabellado, a mi entender, pensar en formas de elección ciudadana del Procurador, tal vez a partir de candidatos propuestos por algunos órganos establecidos -quizás la Corte Suprema y el Senado. Lo mismo para la remoción del Procurador. Entiendo, de todos modos, que, para un mandato de 6 años de un Procurador en permanente diálogo con la ciudadanía, el problema de la remoción no sería tan dramático, y que en todo caso podría pensarse en formas de remoción excepcionales -tal vez, vía revocatoria de mandato- y/o otras vías a partir de fórmulas políticas exigentes: otra vez, lo que importa es la preservación de la voluntad ciudadana, expresada por ella misma. Finalmente, considero que el centro de la reflexión debería estar en los modos de ejercicio de la función del Procurador, y sobre todo en las formas posibles de asegurar un diálogo constante entre el mismo y la ciudadanía -un diálogo que, repito, debe reproducirse en todos los puntos del país. Tal vez, instaurar un sistema de periódicas consultas públicas, abiertas a la ciudadanía, como las que realiza el Crown Prosecution Service de Inglaterra, pudiera ser, en tal sentido, una opción sensata. Insisto, de todos modos, que presento estas propuestas más detalladas de modo muy exploratorio, porque es escogido fijar mi atención en otro plano, relacionado con los principios constitucionales y fines democráticos de la función, que entiendo aparecen indebidamente descuidados en los proyectos a los que tuve acceso, afectando dicha omisión, de modo serio, el valor de los mismos.