NO HAY DERECHO!!

La gran revista No Hay Derecho en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas https://ahira.com.ar/revistas/no-hay-derecho/

Mi homenaje a Rawlsito

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Discutiendo con/a Helene Landemore, sobre su libro Open Democracy, vía ICON

Aniversario de John Rawls (100) Y de la Teoría de la Justicia (50)

https://sites.google.com/view/rawlsinternationalsymposium-es/?authuser=0&fbclid=IwAR345E9xe88Z4iL4EfUyFgSzuorANtvuGEbYto5BbPFgY6frZZdWGulJ0YQ El Simposio Internacional John Rawls quiere conmemorar el centenario del nacimiento de John Rawls (02/21/1921) y el 50 aniversario de la publicación de A Theory of Justice. John Rawls es uno de los filósofos políticos más importantes de la época contemporánea. Según la opinión de muchos, la publicación de A Theory of Justice, su opus magnum, lo convirtió en todo un clásico del pensamiento político moderno. A mediados de los años 70, Robert Nozick afirmó que "Hoy en día, los que hacen filosofía política tienen que trabajar según la teoría de Rawls o bien explicar por qué no lo hacen". A finales del primer decenio del siglo XXI, Gerald A. Cohen escribió que "at most two books in the history of Western political philosophy have a claim to be regarded as greater than A Theory of Justice: Plato's Republic and Hobbes's Leviathan". La influencia de esta obra en el pensamiento político actual, especialmente en el ámbito académico, es un hecho indubitable. Durante este año 2021 coinciden dos efemérides: en primer lugar, el 100 aniversario del nacimiento de John Rawls (nació el 21 de febrero de 1921) y, en segundo lugar, el 50 aniversario de la publicación de A Theory of Justice. El año en curso, por lo tanto, supone una oportunidad inmejorable para analizar con espíritu crítico las aportaciones y la vigencia del pensamiento rawlsiano.

Una reforma judicial para Noruega (o: por qué la reforma judicial debería dirigirse, prioritariamente, a enfrentar la desigualdad?)

Publicado en Anfibia, acá http://revistaanfibia.com/ensayo/una-reforma-judicial-noruega/

Por una reforma “contextualmente situada” En su discurso inaugural del 1º de Mayo, el actual Presidente dedicó sus últimas y más sustantivas consideraciones a la controvertida cuestión judicial. Muchos -no sólo nosotros, los del gremio jurídico- estábamos esperando sus palabras en la materia con relativa ansiedad. El discurso nos sorprendió por su contenido y su tono. En lo que sigue, quisiera tomar como excusa el análisis de las propuestas y promesas jurídicas hechas entonces por el Presidente, para reflexionar más generalmente sobre la cuestión de las reformas estructurales en la justicia: qué se nos promete y qué necesitaríamos. Comienzo, en todo caso, resumiendo las notas de “contenido y tono” que caracterizaron al discurso presidencial, en el área de la reforma judicial. Sobre el “contenido” del discurso, recordaría que el Presidente enumeró, desprolijamente, una serie de propuestas de reforma. Ellas incluyeron, en primer lugar, la creación de un “Tribunal (intermedio) de Garantías” (situado por debajo de la Corte Suprema, y por encima de las Supremas Cortes provinciales); una reforma en el recurso extraordinario; cambios en el “280” (artículo del Código Procesal en el que se amparan los jueces superiores para desestimar sin fundamento, y en base a su falta de trascendencia o agravio, un recurso extraordinario); un impulso al juicio por jurados; una “despolitización” del Consejo de la Magistratura; y una propuesta destinada a contar con mayores “controles cruzados” (de dirección unívoca): desde el Poder Legislativo, y hacia el Poder Judicial. Sobre el “tono” del discurso, señalaría que al Presidente no le faltó crítica por mencionar, en su demoledor embate contra el Poder Judicial. El Presidente habló de falta de republicanismo; de demoras en las sentencias; de la inacción judicial ante los femicidios; del no pago de ganancias; de la permanencia de sus miembros más allá de la edad; de la judicialización de la política; de las fallas en la fundamentación de los fallos (artículo 280); de la dificultad en el acceso a sus declaraciones juradas de los jueces; de los pactos que celebran los jueces con periodistas y con los grandes medios; de las visitas de los jueces (Camaristas) al poder; de la existencia de entramados con espías; de las malas decisiones; de los privilegios de sus miembros; de la nueva doctrina (Irurzun) sobre prisiones preventivas; etc. La principal fuente de “alimentación” de las propuestas judiciales presentadas por el Presidente pareció ser el manojo de “Propuestas y Recomendaciones” ofrecidas por el Comité de Expertos (o Consejo Consultivo) que lo asesoró en el área de la Reforma Judicial. La principal “inspiración” de las reformas, en cambio, pareció provenir de la Vicepresidencia y su círculo de aliados (de todos modos, por el momento dejaré este tipo de especulaciones de lado). El Comité de Expertos, como sabemos, presentó un ramillete de propuestas de reforma demasiado amplio (propuestas, en ocasiones, en tensión entre sí), de las cuales el primer mandatario pudo luego escoger (según su necesidad y conveniencia) las que prefería. El resultado de lo que quedó está a la vista: un menú de propuestas de reformas en serios problemas. Cuáles son esos serios problemas? Creo que es posible resumirlos a todos en una sola idea. Se trata de reformas atractivas en algunos casos, promisorias en otros, bien animadas en otras ocasiones, pero que adolecen de un gran problema común: el “aquí y ahora.” Es decir, se trata de reformas vacías de contexto, reformas desvinculadas de la historia política argentina, reformas desentendidas de las “tragedias y dramas” del país. O, para ponerlo en otros términos: nos encontramos con un proyecto de reforma judicial que podría tener algún sentido en Noruega (un país que, como el nuestro, enraíza su esquema judicial en el de los Estados Unidos, aunque aparece, a la vez, como un país rico e igualitario), pero que carece de sintonía con las necesidades y urgencias de la justicia en la Argentina. Peor que eso. Dada la amplia diversidad de proposiciones recibidas, el Presidente ha podido seleccionar como las “elegidas” a reformas a veces en tensión entre sí y que, en algunos casos, caminan en dirección directamente opuestas a las que podría exigir la Argentina actual. De ese modo, las “descontextualizadas” reformas propuestas contrastan, también, con una tradicional retórica política (distintiva, sobre todo, en el campo oficialista) que reivindica los análisis bien situados en materia de “tiempo y lugar.” Como todo lo dicho hasta aquí descansa en cantidad de supuestos controvertidos, en lo que sigue, voy a procurar clarificar y fundar algunos de los presupuestos de los que parto. De la desigualdad a la impunidad: los “dramas” de nuestro sistema judicial Desde ya: nadie tiene la fórmula cierta acerca de cuáles son los “grandes problemas nacionales” ni, mucho menos, cuáles son las “grandes soluciones” (de haberlas) capaces de resolverlos. Aún así, creo que tiene sentido vincular las reformas institucionales, en particular, con los “dramas, tragedias y principales aspiraciones” de nuestro tiempo, como lo hiciera, por ejemplo, uno de nuestros grandes “reformadores institucionales”, Juan Bautista Alberdi. Lúcidamente, y desde temprano, Alberdi pensó con tanta empatía como espíritu crítico sobre los cambios constitucionales que se habían operado en América Latina, desde la independencia. Y sostuvo entonces (en una de los primeros grandes estudios comparativos escritos en la región, esto es, en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina) que -contra las radicales críticas que recibían esos primeros textos constitucionales- ellos habían estado bien orientados. Ellos-sostuvo Alberdi- representaban buenos intentos de responder a las “necesidades dominantes del tiempo” -las generadas por la crisis de la independencia- y ofrecían, además, respuestas en general sensatas, frente a tales “dramas.” En sus términos: Todas las constituciones dadas en Sudamérica durante la guerra de la independencia, fueron expresión completa de la necesidad dominante de ese tiempo. Esa necesidad consistía en acabar con el poder político que la Europa había ejercido en este continente, empezando por la conquista y siguiendo por el coloniaje: y como medio de garantir su completa extinción, se iba hasta arrebatarle cualquier clase de ascendiente en estos países. La independencia y la libertad exterior eran los vitales intereses que preocupaban a los legisladores de ese tiempo. Tenían razón: comprendían su época y sabían servirla (Alberdi 1981, 26). “Tenían razón” -sostuvo Alberdi de tales proyectos- porque “comprendían su época y sabían servirla”. Con el mismo tono alberdiano, mi primera pregunta frente a las propuesta oficiales sería: han tenido razón, el Presidente, y los miembros del Comité de Expertos, en el manojo de propuestas que nos han ofrecido? “No” -respondería enfáticamente, y en términos también alberdianos: no porque no demuestran “comprender a su época,” ni parecen saber, por tanto, “cómo servirla.” Paso entonces a una segunda pregunta, la más relevante aquí, y la más difícil de contestar. La pregunta es: cuáles son, entonces, las “verdaderas necesidades y dramas” de nuestro tiempo, en materia de justicia? Otra vez: nadie puede arrogarse el conocimiento de esa respuesta. Desacordamos, muchas veces de manera razonable, sobre casi todos los temas públicos de importancia, y también acerca del diagnóstico preciso, relativo a esos temas. De lo que se trata, entonces (y ésta es, según pienso, “la única alternativa” que nos queda por delante), es de conversar, discutir, y tratar de ponernos de acuerdo al respecto. Como modo de participar en esa conversación abierta y en curso, sobre cómo reorganizarnos institucionalmente, voy a proponer aquí una posible respuesta, que espero sea lo suficientemente amplia e inclusiva para concitar acuerdos (y sino, lo obvio: lo que nos queda es recibir críticas y seguir pensando colectivamente). Una vez más, con ánimo alberdiano, propondría la siguiente respuesta a la pregunta formulada: el principal “drama” que enfrenta el sistema judicial argentino, aquí y ahora (y desde hace mucho tiempo -agregaría) no es el de la “inseguridad”, ni el del “republicanismo”, ni el de la “democracia”, ni el de su propia “lentitud”, ni el de los “privilegios” de sus miembros (siendo todos estos -sí- problemas que el sistema judicial debería enfrentar). El principal “drama” que debe atender nuestro aparato judicial es el de la “desigualdad” -un problema que es, a la vez, generador de muchos otros (entre ellos, varios de los ya mencionados). Según entiendo, la desigualdad es la que lleva a que una enorme mayoría de la población no acceda a los tribunales (no sepa cómo hacerlo, o tenga miedo de hacerlo, o simplemente no quiera hacerlo). La desigualdad es, además, la principal causa de las injusticias legales que sufre una parte significativa de esa población -injusticias gravísimas, muchas veces relacionadas con la violación de derechos constitucionales básicos, como la educación, la seguridad, la salud, etc. Además, por la desigualdad existente, el Poder Judicial (como los otros poderes, y más que los otros) tiende a contar con una composición sesgada, en términos de género, clase y raza. Y por todas esas desigualdades juntas, entre otras razones, es que los más postergados son los que también reciben una peor atención judicial, y peores respuestas por parte de los organismos decisorios judiciales. De allí, por ejemplo, que, en el contexto de un país heterogéneo, diverso y plural, como el nuestro, las cárceles muestren una composición fundamentalmente homogénea, en términos de género, clase y raza (un problema profundísimo, que comparten casi todos los países de nuestra región). Esto es, los “crímenes” de que se ocupa nuestro sistema legal pueden tener distintas fuentes, pero quienes los pagan -los únicos que lo hacen- son siempre los mismos: los más pobres. Así, por fin, llegamos a la contracara de los males expuestos, que nos habla de la última injusticia radical que quería mencionar -un mal derivado también, directa y estrechamente, del contexto de desigualdad en el que habitamos. La contracara de los problemas de desigualdad que afectan a los más pobres, es la tremenda impunidad de la que gozan los principales integrantes de nuestra “elite en el poder”, esto es decir, la clase económica dirigente; los propios funcionarios judiciales; y la “clase política” en general. Es la desigualdad -de recursos económicos, de poder político, de capacidad de influencia- la causa principal que explica los pactos que se dan al interior de nuestra elite dirigente (aún entre miembros de facciones en apariencia enfrentadas), y que les permite a sus miembros mantener, expandir, y reproducir sus privilegios, con la conciencia de la extraordinaria impunidad de la que gozan. Es lo que, del modo más crudo y terrible, confesara el empresario Alfredo Yabrán -involucrado en graves crímenes- poco antes de su suicidio: “Qué es el poder? El poder es tener impunidad”. Por qué las propuestas del oficialismo quedan situadas “fuera de tiempo y lugar”? Qué hacer? Quisiera dedicar estos últimos párrafos a explicar por qué, en mi opinión, las propuestas de reforma judicial presentadas por el gobierno, contradicen las aspiraciones igualitarias que, en mi opinión, debieran haberlas guiado. En conjunto con algunas de tales explicaciones, dejaré asentadas algunas posibles alternativas al discurso y propuestas oficiales. Para hablar de las graves falencias del discurso presidencial mencionaría, en primer lugar, sus notables omisiones. Ante todo, subrayaría la absoluta ausencia, en su discurso, de toda alusión a la primera manifestación de la desigualdad aquí reinante: la falta de acceso de los más pobres a la justicia. Esta grave omisión propositiva (omisión compartida por aquella olvidable, embustera iniciativa de “Democratización de la Justicia”) contrasta con un hecho extraordinario, y es que aún en América Latina, se han puesto en marcha simples y sencillas reformas para el “acceso de los pobres a la justicia”, que han sido tremendamente exitosas: Costa Rica y Colombia son nuestros mejores ejemplos, en dicho respecto (i.e., a través de cambios en la legitimidad o standing; reducción de costos y formalidades; etc.). Quiero decir: si a alguien le interesara realmente la desigualdad jurídica en que viven los más pobres, habría mucho y fácil por hacer, para terminar con esa situación. Por tanto, que el poder no haga ni proponga NADA, al respecto, es un gran indicio de la distancia entre discursos (“poder anti-republicano”, “jueces llenos de privilegios”) y actos; entre las palabras que se usan, y la voluntad efectiva de cambio que mueve a nuestros funcionarios públicos. La contracara de lo anterior -la otra omisión extraordinaria presente en el discurso presidencial- tiene que ver con las medidas destinadas a evitar la impunidad de los poderosos -esa impunidad de la que se enorgullecía a Yabrán. Que el Presidente haya promovido, desde su discurso, una “querella criminal” contra el expresidente saliente, no desmiente sino que expone y ratifica la peor versión de esa falta. Una vez más, nos encontramos allí con la triste y desoladora historia de siempre: desde el poder en ejercicio se trabaja para perseguir al poder saliente, mientras se asegura protección a los poderosos entrantes. (Ello, más allá de la curiosa contradicción que implica querellar al expresidente por el “endeudamiento externo”, mientras que al mismo tiempo se denuncia la querella que existe contra la expresidenta -dólar futuro- alegando que -ahora sí- se trataba de una “cuestión política no justiciable”). Peor todavía: el discurso presidencial optó, en materia judicial, por caminar decididamente en dirección contraria a la aquí sugerida, al proponer, ante todo, reformas que favorecen la impunidad del poder en ejercicio (reformas que además tienen toda la apariencia de hacerlo), alimentando de ese modo las desigualdades presentes (que son económicas, sociales, políticas, constitucionales) -desigualdades reales y simbólicas. Me concentro ahora en el examen crítico de las dos principales reformas principales que propuso el Presidente -reformas que, por lo demás, fueron las que más inmediata y enfática adhesión concitaron, desde las filas oficialistas (y muy en particular, desde círculos cercanos a la Vicepresidencia, que buscaron presentar a tales propuestas en su forma más radicalizada). Ante todo, y según entiendo, la idea de los “controles cruzados” desde el Congreso hacia la Justicia es implausible por alguna de las siguientes razones: o ella es brutalmente inconstitucional (i.e., como lo sería una Comisión Bicameral que supervise y sancione a los jueces que deciden de un cierto modo), o -si constitucional- es innecesaria e inocua (así, conforme a los dichos de la saliente Ministra de Justicia, quien sostuvo que una Comisión Legislativa al respecto no podría contar con ningún poder sancionatorio). El Tribunal “intermedio”, por su parte, padece de dificultades similares: o es inconstitucional (si pretende reemplazar a la Corte Suprema Nacional o diluir a las Provinciales), o es inocuo (porque todo caso judicial seguiría llegando la Corte Suprema), o es completamente indeseable (porque, por su sola presencia, agravaría en mucho el problema de la “morosidad judicial” denunciado en el discurso presidencial). Por razones como las señaladas es que puede señalarse que las reformas judiciales propuestas por el Presidente muestran, de su parte, o improvisación (porque se propone crear lo que no se puede crear) o mala fe (porque se proponen reformas que en verdad niegan los propósitos que se alegan para justificar su creación) o desidia y falta de comprensión del “drama” de la desigualdad realmente existente. Mucho peor: la inutilidad o falta de oportunidad de estas propuestas (ni que hablar, en tiempos de pandemia, cuando el país sufre una crisis económica única en su historia) alimentan razonablemente la sospecha de que el único motor efectivo de tales propuestas fue la de garantizar la impunidad de funcionarios cercanos al Presidente (de la familia de la Vicepresidenta, en particular). El “Tribunal intermedio” se explicaría entonces como un intento de evitar que una Corte Suprema adversa decida en ciertas causas “calientes”; y los “controles cruzados” y unidireccionales vendrían a favorecer la sanción o amenaza a los jueces díscolos. (No me ocupo aquí de la propuesta de “juicio por jurados”, que aparece siempre como la “princesa triste” de nuestras reformas judiciales, es decir, la que todos invocan como su “joya”, y a la que todos abandonan antes de llegar al altar. Ello, más allá de que -siendo una propuesta defendible, constitucional y deseable- es una iniciativa demasiado “antigua”, incapaz de devolverle “voz” efectiva al pueblo, en la discusión y decisión de asuntos penales, pero sobre todo constitucionales). Concluyo con un ejemplo que puede servir para ilustrar el sentido de mis críticas y propuestas. En su editorial del 7 de marzo de este año, el abogado y periodista oficialista, Mario Wainfeld -experto en cuestiones jurídicas, y observador lúcido de la política- defendió las iniciativas recién descriptas de modo erudito y a través de términos singularmente elogiosos al Presidente. Del “Tribunal Federal de Garantías” dijo que serviría para “aliviar a la Corte”, dejando atrás una ley que “data del siglo xix” (la ley 48), a través de medios que demostrarían -por parte del Presidente- “apego al federalismo, cero urgencias, nula bulimia de poder.” Del “control cruzado de poderes”, mientras tanto, Wainfeld sostuvo que se trata de una noción “clave en la Constitución”, que “abreva en las clásicas enseñanzas del barón de Montesquieu; la división de poderes, caramba”. Disiento profundamente con lo expresado por Wainfeld en su editorial. Se trata de una nueva expresión de lo que aquí llamé “defender una reforma judicial para Noruega.” Ocurre que (por lo dicho más arriba) las reformas citadas, tal como aparecen planteadas, son inconstitucionales o inútiles, además de extemporáneas. Y es que: para qué promover una reforma elefantiásica (el “Tribunal intermedio”), que no podría evitar la “última instancia” en la Corte, en este tiempo particular (de pandemia), para hacerlo con “cero urgencias”, cuando atravesamos un momento histórico que parece exigir exactamente lo opuesto (esto es decir, que aseguremos que los responsables de crímenes cometidos desde el poder se hagan responsables de sus actos, para que ellos, por lo demás, no vuelvan a repetirse)? Quiere decir que, en lugar de usar nuestras energías cívicas -desgastadas y escasas- para favorecer la igualdad y el acceso de los más pobres al poder, tiene sentido ponernos a jugar con una reforma en principio inútil y planteada de modo “cero urgencias” (“para el día que quiera llegar”)? Qué tipo de irresponsabilidad es ésta? Lo mismo podría decir sobre su defensa de los “controles cruzados”: qué “control cruzado” de la política a la justicia pretendemos, más allá de los que ya existen y están autorizados por la Constitución, esto es decir, el Consejo de la Magistratura y el juicio político? Es que puede impulsarse, con sentido de justicia y de oportunidad, en este momento, un “nuevo tipo de control desde el Congreso a la Justicia? Uno puede exclamar -con Wainfeld- que se trata, simplemente, de “la división de poderes, caramba”. Pero lo cierto es que una exclamación semejante agrega poco a la discusión que hoy y aquí importa. Lo que nos tenemos que preguntar es: Y la desigualdad, dónde queda? Qué hacemos con ella, y para terminar con ella? Cualquiera de las medidas de “control del Congreso sobre la justicia” en que se piense -en la Argentina, a partir de la historia que tenemos, de la política con la que contamos, de las tragedias que padecemos, de lo que sabemos de sicología humana- va a dirigirse -lo sabemos- a la “auto-protección” de la clase dirigente. De ese modo, entonces, sólo podríamos alcanzar aquello que, justamente, debemos tratar de combatir y evitar. Es decir: más impunidad. Es decir: más desigualdad. Necesitamos “otra” reforma, muy diferente de la sugerida, y orientada en dirección más bien opuesta. Necesitamos una reforma pensada para la Argentina actual, y diseñada con conciencia de la tragedia de la desigualdad que hoy nos agobia -no una reforma “cero urgencias”, que podría tener algún sentido, quizás, en Noruega.

Concurso 450 para Juez Federal

Segunda pregunta: Explique el lawfare No salimos más

Discurso presidencial y derecho

Publicado en LN, acá: https://www.lanacion.com.ar/politica/apertura-sesiones-alegato-con

tradictorio-justicia-nid2617016/ Desde su discurso de asunción, en diciembre del 2019, muchos mantenemos con los dichos del Presidente un “pacto de lectura” que es el siguiente. Cuando él pasa a explicar las reformas que propone en materia de justicia, comenzamos a prestar atención a las entrelíneas de su discurso, tratando de reconocer los modos en que él le habla a los poderes que colaboraron para su llegada al gobierno: líderes políticos (muy en particular, su Vicepresidenta) y dirigentes empresarios (muy en particular, empresarios del juego y de medios, para quienes él trabajó en estos años, como abogado). En su discurso de asunción del 2019, el primer mandatario se había dedicado a entronizar el hoy estropeado relato del lawfare. El Presidente pidió entonces un “nunca más” para las “detenciones arbitrarias” y los “linchamientos mediáticos”; y otro “nunca más” para la política que “judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”. En el discurso de hoy, el Presidente radicalizó (en lugar de profundizar) aquellas críticas, y las extendió tan a lo largo como pudo. No hubo objeción imaginable a la justicia y los jueces que no quedara mencionada en su alocución: falta de republicanismo; demoras en sus sentencias; inacción ante los femicidios; no pago de ganancias; permanencia más allá de la edad (Highton de Nolasco); judicialización de la política; fallas en la fundamentación de los fallos (280); dificultad en el acceso a sus declaraciones juradas; pacto con periodistas y con los grandes medios; visitas al poder (Hornos); entramados con espías (Stornelli); malas decisiones (traslado de jueces); privilegios; prisiones preventivas (doctrina Irurzun); etc. Semejante sobre-actuación -esto es decir, la decisión de arrojar sobre el Poder Judicial toda objeción contundente que le pusieran a mano- dejó en claro la fragilidad y delgadez del discurso presidencial sobre la justicia. Allí pudo reconocerse, también, la pobreza de contenidos de su perorata. El Presidente consideró necesario, según parece, contentar a quienes lo rodeaban mostrándose muy enojado con los jueces, pero al hacerlo así -al decir todo y a la vez nada- dejó en claro su impotencia: poco es lo que hasta ahora se ha hecho, y poco concreto es lo que promete. Peor que eso: a los fines de mostrarse irritado y enérgico, el Presidente quiso “denunciarlo todo” y terminó -inevitablemente- suscribiendo un alegato, en lo esencial, contradictorio. Permítanme ejemplificar lo dicho con la objeción más importante articulada por el Presidente en su parlamento, que fue la relacionada con el carácter anti-republicano de la Corte. La crítica al tribunal superior como poder “anti-republicano” se ha repetido bastante, en estos días (supongo que el primer mandatario la toma de Raúl Zaffaroni quien recientemente, y en repetidas ocasiones, acusó de ese modo a la Corte que él integró durante más de una década). El problema republicano emerge del hecho de que causas de primera importancia nacional quedan bajo la responsabilidad exclusiva de un puñado de (entre 3 y 5) jueces. Pues bien, si -como forma de reparar dicho mal- creamos por debajo de la Corte un “tribunal intermedio” -según la propuesta del Presidente- entonces terminamos quedándonos con dos -a falta de uno- poderes anti-republicanos. La duplicación de instancias (herramienta favorita dentro de lo que fuera aquella infeliz propuesta de la “Democratización de la Justicia”) tampoco promete remedio a los problemas denunciados: pactos secretos, vínculos con el poder; y falta de transparencia. Si el diagnóstico del Presidente es certero (en cuanto a los problemas estructurales de la justicia) entonces, lo que es dable esperar es una reproducción y agravamiento de los males atribuidos a los niveles más altos de la justicia, y nunca, jamás, la disolución de los mismos. Por qué habríamos de esperar lo contrario? En concreto, luego del discurso, sólo nos queda en claro la puesta en escena de la cólera presidencial contra la justicia (que nos invita a preguntarnos qué impotencia encubren sus gritos); la falta de orientación en las respuestas (más democracia a través de más tribunales?); y la completa ausencia de consideración a los dramas judiciales de nuestro tiempo, esto es decir, la impunidad que se garantizan a sí mismos los más poderosos, y la desigualdad que condena al encierro a miserables y desventurados.

El debate con Ferrajoli

Para quien no lo pudo ver, y a través de nuestro canal de youtube (gracias Vlad!)

HOY DEBATIMOS/CONVERSAMOS CON LUIGI FERRAJOLI

La objeción democrática al poder judicial (y cómo no resolverla)

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-problema-de-la-objecion-democratica-al-poder-judicial-nid19022021/ Desde hace más de 200 años, en derecho se estudia el problema de la “objeción democrática” al Poder Judicial (“la dificultad contramayoritaria”, según la proposición original de Alexander Bickel). En la Argentina, somos varios los que nos interesamos sobre el tema, desde hace décadas, movidos tanto por la curiosidad teórica, como por las implicaciones de dicho problema sobre nuestra vida política cotidiana. De manera resumida y torpe, la “objeción” vendría a decirnos que, en democracia, existe un problema cuando los asuntos constitucionales más importantes son decididos, finalmente, por una minoría (i.e., de jueces), y no por la mayoría. Se trata de un problema que se advierte cuando, por ejemplo, la mayoría de la población se pronuncia a favor de un tema de relevancia constitucional -pongamos, a favor del aborto, o la eutanasia, o el retorno a clases- y un juez o unos pocos jueces -por caso, 3 jueces de la Corte, como en nuestro país- impide que se ponga en práctica la voluntad de la mayoría. En la Argentina, recientemente, dicho problema ha vuelto a tomar estado público ante situaciones de extraordinaria relevancia pública. La decisión del caso Muiña (el del “2 x 1”) nos ofreció uno de los ejemplos más notables en donde se hizo visible la “objeción democrática” contra la justicia (“cómo puede la Corte consagrar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad que toda la sociedad condena?!”), y tal vez la disputa sobre el retorno a clases nos ofrezca otro. A continuación, quisiera señalar por qué es que muchos consideramos equivocados y superficiales (sino, directamente, manipulativos o tramposos) los usos que se hacen hoy del argumento democrático. Estaré pensando, en particular, en casos como los vinculados la corrupción y la impunidad políticas, en donde se condena o no se favorece a un cierto acusado, y el partido político que se siente afectado vocifera contra la “justicia elitista”. Según entiendo, la incomodidad que nos generan a muchos ciertos debates locales, recientes, sobre la materia, se originan en el hecho de que tomamos como punto de partida una posición, si se quiere, radicalmente democrática: reivindicamos la “objeción democrática” asumiendo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de intervenir protagónicamente en la discusión y decisión de los asuntos (constitucionales) que más nos interesan (asuntos que no pueden quedar exclusivamente en manos de jueces y políticos, como hoy quedan). Consideramos que no se nos puede tratar como “meros espectadores”, cuando se toman decisiones sobre aborto, juicios de lesa humanidad, corrupción, economía o pandemia. Para expresarlo de un modo aún más sencillo de entender: cuando decimos que tales asuntos (aborto, corrupción, restricciones de derechos durante la pandemia, etc.) deben ser objeto de una decisión democrática, no estamos afirmando “quien debe decidir es el gobierno” (o “Alberto Fernández” o “los Kirchner” o “Macri”) y no la justicia, sino que decimos, más bien, que “los ciudadanos debemos poder discutir y decidir (también) sobre esos asuntos”. La formulación recién presentada puede parecer demasiado abstracta o demasiado ambiciosa pero, según entiendo, ella resulta fructífera para evaluar y entender muchos de nuestros actuales desacuerdos en la materia. Permítanme ilustrar lo dicho con algunos ejemplos actuales. Ampliar la Corte Suprema? Escuchamos muchas veces, en estos días, críticas “anti-elitistas” frente a la justicia, como la siguiente: "No hay ninguna República en que la estabilidad institucional quede en manos de tres personas. Eso solo pasa aquí…De cualquier manera, hay que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia" (esta cita es del 3 de enero, y pertenece al ex Juez de la Corte Raúl Zaffaroni). Contra este reclamo, quienes enarbolamos la “objeción democrática” arriba expuesta entendemos que ampliar la Corte de 5 a 25, 55 o 105 jueces, es más o menos lo mismo (o peor), porque el problema del “elitismo” no se resuelve así -nombrando más jueces- sino que se expande, mientras que la ciudadanía sigue quedando excluida de esas decisiones. Tribunal intermedio? Una crítica similar merece la propuesta de crear un “Tribunal intermedio de control de motivación de sentencias”, como la presentada días atrás por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial creado por el gobierno. Otra vez, si lo que nos interesa es terminar con el “elitismo judicial” y promover el debate público, el “tribunal intermedio” agrava, en lugar de minimizar, el problema (si el Poder Judicial es, por naturaleza, “elitista”, más tribunales implican, entonces, “más elitismo”). Jueces elegidos popularmente? Esta otra “propuesta de solución” al problema del “elitismo” es particularmente absurda porque, frente a jueces con estabilidad por décadas, lo que importaría realmente, en términos democráticos, es el control inmediatamente posterior el día siguiente de su elección. Si la ciudadanía no controla nada desde entonces, el problema queda peor que al comienzo: el juez hace lo que quiere, pero ahora en nombre de la voluntad popular. Plebiscitos? Alguien podría replicarnos, a esta altura, que si lo que queremos es “más participación ciudadana,” entonces que “plebiscitemos todo” (la pena de muerte, las vacunaciones, etc.). Esta réplica, sin embargo, es tan común como torpe: en la medida en que los plebiscitos se desarrollen como se han desarrollado estos años (i.e., en el Brexit inglés, o en el Acuerdo de Paz en Colombia), los mismos resultan muy poco atractivos para el demócrata arriba descripto, que valora tanto la “inclusión social” como el “debate público.” Ello así porque los plebiscitos de hoy tienden tanto a favorecer lo primero -la inclusión social- como a negar o hacerse a expensas de lo segundo -el debate público. Todo el poder al Congreso? La respuesta más fácil frente a la “objeción democrática” diría: “si tanto quiere democracia, entonces que decida el Congreso, que representa la voluntad del pueblo.” Se trata de una mala respuesta por varias razones (cito sólo dos): i) al Congreso le corresponde decidir conforme a reglas (i.e., requisitos de mayorías fijados por la Constitución) que no debe controlar por sí mismo; y sobre todo, porque ii) en el marco de la actual “erosión democrática” y la “crisis de representación”, de ningún modo puede decirse que la “voluntad del Congreso” equivale a la “voluntad del pueblo.” Alguien podrá concluir, entonces, que a los demócratas “nada nos viene bien” o que “pedimos lo imposible” cuando invocamos la “objeción democrática”. Pero no es así: pedimos lo que, en democracia, es posible y exigible pero el poder establecido sistemáticamente nos niega. Es fácil ilustrar con ejemplos concretos qué es lo que podríamos valorar. En nuestro anti-elistimo podemos requerir, por ejemplo, que las decisiones sobre la pandemia no dependan de lo que diga “un grupo de expertos amigos del Presidente;” que los ciudadanos tengamos un papel central en la discusión acerca de la vuelta a clases o en los debates acerca de cómo procesar las peores tragedias que atravesamos (i.e., qué políticas adoptar en materia de crímenes de lesa humanidad); que, frente a los temas más divisivos (como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario) se promueva y tome en serio la labor de las asambleas ciudadanas (como se concretó, notablemente, en un país de tradición conservadora y católica como Irlanda, desde el 2015); etc. Lo cierto es que hoy, en la Argentina, la “objeción democrática” contra la justicia es invocada por las malas razones y para los fines equivocados: se habla de justicia “elitista” cuando un fallo no garantiza la impunidad del poder (y se hace silencio cuando la favorece); se pide una “justicia popular” para encubrir la “liberación” de los empresarios afines al poder de turno; se amontona el nombramiento de jueces y fiscales “amigos” bajo la excusa de que la justicia está “tomada por una corporación anti-democrática”. Es importante, frente a ello, que los demócratas no nos dejemos engañar, nunca más, ni aceptemos el vulgar reemplazo de una elite (la elite judicial) por otra (la elite política). Aunque esa misma elite nos diga que estamos pidiendo demasiado.

Cómo poner en vigor sólo la porción de la ley que conviene

Sobre la "activación parcial" de leyes -en este caso, del Código Procesal Penal, a través de una Bicameral unicolor, y sin autorización Con Sebastián Guidi Acá https://www.clarin.com/opinion/atajos-juridicos-autoritarios-ineficaces_0_rc83alG3Y.html ************************************************************************************************************************************************* Causó perplejidad, en estos días, una decisión tomada por un reducido grupo de legisladores oficialistas que forman la mayoría de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la puesta en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal. Subrepticiamente, esos (sólo 9) legisladores se interesaron por poner en vigor sólo 6 artículos del nuevo Código, referidos a la posibilidad de revisar condenas, aun cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. Dejando de lado las razones (que consideramos evidentes) que explican esta u otras recientes iniciativas del gobierno en materia judicial, en lo que sigue nos concentraremos en esa “puesta en vigencia parcial” de la ley, para reflexionar sobre su viabilidad democrática y constitucional. Ante todo, en democracias “plurales”, “multiculturales”, políticamente divididas, como la nuestra, es esperable que el Congreso se componga de un modo que refleje, aproximadamente, tales divisiones. Esperablemente, las leyes que ese Congreso divido genere van a expresar también la fragmentación social y política existente. Ello explica la “forma” imperfecta, eventualmente contradictoria, que muchas veces adquiere la ley, en tanto producto de acuerdos entre quienes piensan muy diferente. Las fuerzas opuestas resignan, así, parte de sus pretensiones, y a cambio de ello piden que se incluyan algunas de sus demandas en el producto final. Finalmente, y en un ejercicio de liberal tolerancia, cada facción acepta convivir con partes de la ley que le gustan menos, a cambio de las concesiones que obtiene en esa trabajada negociación. Nada que reprochar hasta allí: las imperfecciones resultantes son una manifestación propia de la política del conflicto y el acuerdo democráticos. Ahora bien, por todo lo dicho, resultaría contrario a los requerimientos de una democracia constitucional que, a la hora de “aplicar” esa ley moldeada entre fuerzas diversas, la facción a cargo de la implementación “elija” una porción pequeña de la ley, con la que está de acuerdo, para dejar de lado las partes que le interesan menos. De ese modo, todo el objeto del “trabajoso acuerdo democrático” perdería sentido. Imaginemos que en un país pluri-lingüístico como Canadá, la facción dominante, angloparlante, “activara” sólo la parte de la ley que prefiere, dejando inaplicadas las porciones de la ley referidas a los derechos de los francoparlantes. Por razones como las señaladas, el jurista Carlos Nino, en su momento, criticó en duros términos la posibilidad del “veto parcial” del Ejecutivo, que le permitía reforzar aún más su poder y “componer la ley de su agrado con retazos del texto votado originariamente por el Congreso”. Pues bien, en el caso que nos ocupa encontramos un problema en esencia idéntico: una Comisión Bicameral no puede actuar como si fuera el Congreso, para poner en vigencia sólo una porción de la ley aprobada, que ahora re-arma a su agrado “con retazos del texto votado” (por lo demás, con ese criterio, la Bicameral podría dar marcha atrás, mañana, en alguna implementación que ya no juzgue conveniente). Algunos puntos adicionales refuerzan la gravedad de lo que representan, en términos democráticos, este tipo de delegaciones (de poderes) y recortes (sobre la ley). Primero, la Constitución no favorece la delegación de competencias del Congreso a las comisiones; regula esas delegaciones de modo estricto (art. 79); y lo hace refiriéndose sólo a las Comisiones Permanentes de cada Cámara, y nunca a algo así como una Comisión Bicameral Transitoria. Segundo, estamos hablando de los modos de implementación de una normativa que, por el ámbito delicadísimo del que trata -las garantías del derecho penal- exige un tratamiento con las mismas formalidades que la sanción de la ley implementada (en este caso, estudio por parte de comisiones parlamentarias, obtención de mayorías en ambas Cámaras y promulgación presidencial). Finalmente, cabe subrayar que, en el caso particular aquí bajo estudio, no hubo instrucción alguna del Congreso a la Comisión acerca del modo de implementación de la ley, ni debate alguno en el seno de la Bicameral que explique por qué los integrantes del oficialismo decidieron súbitamente dar vigencia a estos artículos y no otros, o por qué la oposición no los acompañó: fue otra bochornosa instancia de decisión sobre derechos con “debate cero”. En definitiva, la desafortunada situación desatada por la implementación parcial del Código Procesal, en un contexto plagado de suspicacias relacionadas con el tratamiento que el gobierno da a las cuestiones judiciales, nos recuerda lo imprescindible de seguir los procedimientos constitucionales, maximizando la deliberación pública y el control ciudadano. Los atajos fundados en la celeridad, la conveniencia o supuestas ventajas prácticas terminan resultando, como el antagonista de Borges en El Aleph, autoritarios, pero también ineficaces.

Yo no los perdoné

Ahora que falleció Carlos Saúl M., me recuerdan que éste fue nuestro pequeño gran gesto militante, contra los indultos: diseñamos, pagamos de nuestros bolsillos e hicimos imprimir miles de estas calcomanías, que luego salimos a repartir y pegar caminando por toda la ciudad y alrededores (algunas de las calcomanías llegaron a lugares ilustres, y se preservan ahí, como la que reside en la cabeza de la estatua de la libertad). Un pequeño gran momento de la juventud, con Marcelo Alegre, Robertino de Michelle, Marcela Rodríguez, Miguel A. de Dios, mi hermano, Aníbal G., y toda una banda de amigues

Yaku Perez y otra izquierda posible

De Maristella Svampa https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html?fbclid=IwAR3qqaDFFXw2rVVZyK-zh4y2h59xzkLqSNfB039IN_dpU9ZU11_QmFVdSoM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: En un escenario latinoamericano cada vez más polarizado y más lánguido (a excepción de Chile) en términos de propuestas políticas innovadoras, las elecciones en Ecuador abren una interesante caja de sorpresas. Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor de los derechos de la Naturaleza. Mientras Arauz se afirma en el primer puesto con un 32,22% de los votos, estamos ante el virtual empate técnico entre Pérez (19,80%) y Lasso (19,60%), con lo cual habrá que esperar unos días, con el recuento definitivo, para ver quien pasará finalmente a la segunda vuelta. Es notable también la elección que hizo otro joven candidato, el empresario socialdemocráta Xavier Hervás, de Izquierda Democrática, con el 16,01% de los votos. Estos resultados provisorios permiten un primer análisis. En primer lugar, en una región marcada políticamente por una polarización tóxica entre el viejo progresismo y la derecha más reaccionaria, aparecen nuevas opciones, que buscan ofrecer una alternativa democrática a la población. Lo notorio es, además, que luego de la desastrosa gestión del presidente Lenin Moreno –un candidato puesto a dedo por Rafael Correa, que luego se distanció del mismo y se alineó económicamente con los sectores más conservadores-, la sociedad ecuatoriana, pese a las profundas e históricas divisiones regionales, vuelve a apostar mayoritariamente por candidatos que promueven diferentes visiones de las izquierdas. Así, lo que algunos consideran como una peligrosa “fragmentación” o fruto del puro “anticorreísmo”, en realidad debe ser leído como un incipiente proceso de despolarización política, que pone de relieve la existencia de esas izquierdas, invisibilizadas, entrampadas y/o fagocitadas por la virulencia de las políticas maniqueas de los últimos años. En segundo lugar, ciertamente no es lo mismo que pase a segunda vuelta Pérez que Lasso. Si Lasso pasara a segunda vuelta, la polarización tóxica volvería a estar en el primer plano y el peor escenario sería que éste venciera. Si en cambio pasara al ballotage Yaku Pérez, se abriría a un escenario político novedoso e inesperado. Estaríamos frente a la disputa entre las dos izquierdas que tensaron el ciclo progresista latinoamericano, entre 2000 y 2015. Esto es, por un lado, el progresismo realmente existente, que estuvo diez años en el poder (2007-2017) con Alianza País, bajo el férreo liderazgo de Rafael Correa, que persiste en la victimización y da cuenta de una nula voluntad de autocrítica; por otro lado, la izquierda indigenista y ambientalista, que hoy aparece renovada, potenciada por el levantamiento de octubre de 2019, en alianza con nuevos sectores juveniles urbanos (y también con sectores feministas). No es casual que esto ocurra en Ecuador, país que junto con Bolivia, al inicio del ciclo progresista, pergeñaron las constituciones políticas más innovadoras, con gran participación popular, cuyo corolario fue la ampliación de las fronteras de derechos. Categorías tales como “Estado Plurinacional”, “Autonomías Indígenas”, “Buen Vivir”, “Bienes Comunes” y “Derechos de la Naturaleza”, pasaron a formar parte de la gramática política latinoamericana, impulsadas por diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas y alentadas por los gobiernos emergentes. Sin embargo, ya desde el inicio, era evidente la existencia de un campo de tensión en el cual coexistían matrices políticas y narrativas descolonizadoras diferentes. Con el correr de la década, los progresismos irían consolidándose, de la mano de una política extractivista y de la personalización del poder, desplazando otras narrativas de corte descolonizador, indianistas y ecologistas, que promueven el Estado Plurinacional, la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la salida del extractivismo. Así, pese a que en 2008 la Constitución de Montecristi sancionó los Derechos de la Naturaleza y apuntaba a trazar la ruta de la transición hacia el posextractivismo, al calor del boom de los commodities, todo esto pasó rápidamente a un segundo plano. Por un lado, el correísmo profundizó la expansión de la frontera petrolera (cancelando el proyecto Yasuní, que en 2007 se había propuesto dejar parte del petróleo bajo tierra) e imponiendo a “sangre y fuego” la megaminería, una de las actividades extractivas más resistidas en Ecuador. Asimismo, se valió de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso a través de la recopilación de firmas el movimiento ciudadano “Yasunidos”, luego de que el gobierno decidió unilateralmente terminar con la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera. Por otro lado, la respuesta a la conflictividad socio-ambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de juicios penales a los voceros de organizaciones indígenas, así como al retiro de personería jurídica y la expulsión de ONGs (Fundación Pachamama, 2013; amenaza de la disolución de Acción Ecológica, una de las principales ONGs ambientalistas con fuerte conexión con movimientos sociales e indígenas (en 2009 y en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas (en 2014 y 2015). Pocos recuerdan hoy que a fines de 2016, Correa declaró el Estado de excepción cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonía. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y con militarización de los territorios. En pleno boom de los commodities, el correísmo consolidó un liderazgo popular y una base electoral a nivel nacional, impulsado por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, tal como sucedió en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, se fue perfilando no sólo como un gobierno extractivista sino también anti-índigena y de dimensiones autoritarias, con inocultables rasgos y prácticas patriarcales. Recordemos que desarmó el plan de prevención planificación familiar y de prevención del embarazo adolescente con criterios de salud pública, pasándolo al control de personas cercanas al Opus Dei. Y que incluso prohibió que se discutiera el tema del aborto por violación en la Asamblea Nacional sancionando a cuatro de sus compañeras que se atrevieron a plantearlo. El daño realizado y la deriva ideológica que esto significó para el otrora movimiento indígena Pachacutik fue tal que, en 2017, en ocasión de la segunda vuelta que enfrentaría a Lenin Moreno y Guillermo Lasso, varios de sus dirigentes llamaron a votar por Lasso. Lo lamentable fue que el anticorreísmo terminó siendo tan definitorio, que este rechazo forzó posicionamientos extremos e indefendibles. Tengamos en cuenta que las heridas políticas fueron y son tan grandes que para una parte importante del movimiento indígena, Correa no es considerado un político progresista, ni de izquierda ni mucho menos socialista. Más allá del carácter heterogéneo del movimiento indígena, hoy la situación parece ser otra. Todo parece indicar no sólo la existencia de nuevos liderazgos sino también de alianzas con sectores urbanos ecologistas e incluso feministas. Un detalle no menor fue el llamado en las redes sociales de sectores feministas a no votar por el candidato de Correa, frente a las recientes declaraciones de éste en relación al aborto. Si bien sus posiciones arcaizantes cuentan con una larga historia, las recientes declaraciones de Correa asociando el aborto legal con una “actividad sexual frenética” dejan a cualquier persona que se considere mínimamente progresista o de izquierda sin palabras… En tercer lugar, otro dato a tener en cuenta es que es que el 7 de febrero, junto con las elecciones presidenciales se llevó a cabo en Cuenca, la tercera ciudad del país, una Consulta Popular vinculante, preguntando a la población si está de acuerdo en prohibir la minería a grande y mediana escala, para proteger a cinco ríos. Las organizaciones indígenas y ambientalistas hicieron una fuerte campaña nacional e internacional, que colocó a los páramos y los ríos en centro del discurso, en defensa del Agua. El NO rotundo a la megamineria superó el 80% de los votos, fortaleciendo así una lucha histórica en Ecuador contra una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Una votación que además abre el camino a la consolidación de los dispositivos institucionales existentes que apuestan a la participación popular desde abajo, para detener y colocar límites a un extractivisimo depredador. Un extractivismo que no solo no puede ser “motor de desarrollo”, que no sólo pone en peligro los territorios generando zonas de sacrificio, que no solo empeora el contexto de crisis climática, sino que además busca avanzar sin consenso de las poblaciones, violentando procesos ciudadanos. Sin ir tan lejos, veamos lo que ocurre en la provincia de Chubut, acá en nuestro país, donde la ciudadanía viene diciendo claramente que la minería no cuenta con licencia social. Así, las razones del rechazo al extractivismo no son solo ambientales sino también tocan el corazón mismo de la democracia, reafirmando con ello la extendida premisa “A más Extractivismo, Menos Democracia”. En fin, volviendo a la lucha antiminera en Cuenca, esta lleva más de dos décadas y expresa una creciente alianza popular campo-ciudad. Uno de los líderes principales de este proceso es el propio Yaku Pérez, pues desde su prefectura intentó tres veces realizar una consulta popular, que fue bloqueada por la Corte Constitucional. La diferencia de votos entre Pérez y Lasso es muy pequeña. Que Yaku Pérez pasara a segunda vuelta sería una excelente noticia, pero no hay dudas de que enfrentaría numerosos desafíos. No sólo deberá lidiar con la creciente demonización procedente del campo del progresismo hegemónico, que hará todo lo posible por mostrar que él no representa a la izquierda. También deberá probar con propuestas y hechos hasta qué punto representa a una izquierda ecológica e indianista que piensa en clave de justicia social, y hasta qué punto puede trenzar alianzas –urbanas y rurales, feminismos y otras izquierdas sociales- si es que quiere convertirse en una nueva alternativa de gobierno de izquierda.

Trilogía ranquel 3 (con coda)

Baigorria No se quién soy, ni de dónde vengo. No se quién fui, ni en qué me he convertido. Llevo el alma, como mi rostro, partida entre dos desencuentros. Conozco, al menos, quién no quise ser y quién no he sido (le recordé a Paz, cuando me instó a que volviera: “en la Capilla de Cosme, al ceñirme la espada de Alférez, yo cuidé de preguntar qué programa iba a defender con la espada que se me entregaba.” La causa era la de la Patria, y no la de cualquiera). Prisionero de Facundo, escapé y debí errar a solas por un año, escondido en el monte, desesperado, al poco de la batalla en Oncativo. 20 años pasé luego con los ranqueles: más de 20 años refugiado y al resguardo con ellos. Por todos esos años de tolderías, me dijeron, impiadosamente, vendido, perdedor, ambiguo, traicionero. De ningún modo, en nada de eso pienso. Pienso que, por primera vez, pude sonreír orgulloso durante todo ese tiempo: afecto y respeto me dieron. Me llamaron cacique Lautramaiñ -el cóndor petiso- y trato de doctorcito me dispensaron. No hubo malón que no terminara con alguno de ellos golpeando la puerta de mi cuarto, para obsequiarme papeles, libros o lapiceros. Los secuestraban pensando en mí, y sólo para dejarme contento. Me acuerdo de aquellos años, subido al árbol más alto en Guejeda: de un lado, llegaba a reconocer mi pasado: los restos olvidados, deshechos, muertos, de mi rancherío puntano; del otro lado, mi presente ranquel: vital, bello, bullicioso y profano. Me acuerdo también, recostado contra la pared de mi cama, a las cuatro o cinco de la mañana, releyéndolo a Sarmiento o fumando. Me reía y lloraba solo, esperando el día que llegaba: ganas de que diera comienzo, de que por fin empezara! Cuántos amores dulces acariciaron mi cuerpo, en esos años! Cuántas noches de alcohol y tabaco disfrutamos en grupo, mirando el fuego! Unitario! -me dijeron, como insulto. Enemigo de la patria! -también, me gritaron. Qué sabrán ustedes de patria? Patriotas se dicen? Federales se reclaman? Si ya mañana no saben por qué, a quién y para quién es que hoy han disparado! Nacionales se llaman? Nacionales después de joder al exilio al contrario! Nacionales al precio de degradar al indio como extranjero! Ustedes: estancieros son, no más que eso! No sé quién soy, pero sé que no uno de ustedes. Tampoco sé quién he sido, pero no el que confundió los destinos de la patria con la codicia propia o los vicios de su partido. Mucho es lo que recuerdo y muy poco es lo que sé, a esta altura de mi vagar argentino. Algunas cosas, sin embargo, llevo por ciertas: blanca tengo la piel, indígena es mi dolor, y ranquel será por siempre mi destino. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Nacido en San Luis, mestizo y de origen humilde, Manuel Baigorria participó desde muy joven en el ejército provincial. A las órdenes del general unitario José María Paz, derrotó a Facundo Quiroga en Oncativo pero, un año después fue vencido por éste, y quedó refugiado en los montes, hasta encontrar refugio con los indios ranqueles, junto con los que vivió más de 20 años. Con ellos, enfrentó la Campaña del Desierto (en donde recibió una herida de sable que le cruzó todo el rostro, dejándole una cicatriz que lo marcó de por vida), y participó en varios malones contra Córdoba y Buenos Aires. Hacia el final de su vida, y después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el general Urquiza lo invitó a unirse a su ejército como comandante. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CODA

Corcel mío Corre, corre, mi corcel, corre que ya llegamos. Corre caballo mío, que a la frontera nos vamos. Corre, corre, un poco más, hazlo que yo no puedo. Yo ya no tengo fuerzas, pa’ que me encierren de nuevo. Ay caballito, esta noche (lo sabes?), el murmullo de la muerte fue el que escuchamos! Las heridas abiertas tengo, sangre caliente en las manos. Familia, tierra y comida, todito nos lo han quitado. La vida toda completa, nomás para castigarnos. Y a mi mujer y a mis hijos, al sol que devora la zafra los ofrendaron. Corre hacia el destierro caballo, corre que tengo frío (arriba, la luna es clara, y es la que indica el camino; abajo, la piedra es dura, y es la que evoca nuestro destino). El viento nos aja el rostro, el hielo muerde los huesos. Mañana, cuando acampemos, podremos llorar en silencio. Corre, corre, mi corcel, que ayudarte hoy yo no puedo. Sálvame como otras veces, sácame que aquí me pierdo. No te ofendas, mi caballo, por los harapos que llevo. Jirones surcan mi alma, andrajos dentro del pecho. Galopa, galopa sin pausa, que a la frontera la huelo. Pero no! Qué es lo que veo? Allá en el cielo, un reflejo! No es de estrellas, no es del fuego, son los fusiles de ellos! Corcel mío, caballo hermano, bien me conoces, yo no me entrego. Déjame aquí y tu te escapas! Corre presto y vete lejos! Y cuando escuches mañana, mi pena convertida en grito, no te vuelvas, te lo ruego, sálvate, mi compañero. Corre, corre, mi corcel. (Pronto, te lo prometo, verás montañas y dulces ríos: escondida en el eco estará mi voz, oculto en las aguas, mi reflejo. Recién ahí, cuando me encuentres, lo sabrás: será señal de que hemos vencido!). **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** El Cacique Baigorrita fue el último de los grandes Caciques ranqueles, con fama de ser uno de los más aguerridos. Era hijo adoptivo del Coronel unitario Manuel Baigorria (Baigorria había encontrado refugio entre los ranqueles, durante 20 años, escapando del avance de Facundo Quiroga). Baigorrita, que se criara con aquel, promovió y celebró reiterados acuerdos de paz con las autoridades militares -el más importante, el que firmó en 1865, con el entonces Presidente Bartolomé Mitre. Luego de sobrevivir a la persecución de su grupo, fue finalmente encontrado y muerto el 18 de julio de 1879, a orillas del río Neuquén, mientras -muy malherido- buscaba llegar a la cordillera y cruzar a Chile. Fue el único de los Cacique principales que no pactó ni se dejó tomar prisionero por el ejército argentino.

Trilogía ranquel 2

Rudecindo Que ahí llegan ellos, que ahí llegan ellos! Cuánto se sorprendieron cuando los vieron! Dios guarde a los que llegaron! Con mujeres e hijos se vinieron: más de 50 de ellos. En son de paz marcharon, como lo hacían hace un tiempo, cuando se acercaban para el comercio. Como 50 de ellos. Dicen que se los veía entusiastas, tan confiados, por el acuerdo de paz recién firmado. Por eso, cuando escuchamos el grito de anuncio, tuvimos el ímpetu del festejo: por fin se termina todo esto! En busca del pan y del vino nos fuimos. Pero, ay! Enseguida supimos la dimensión del desencuentro. El ansia del miedo y el desgarro del dolor se confundieron. Ya en los alrededores de Villa Mercedes, nos contarían luego, algo ocurrió: los rodeó el silencio. Quedaron como incrédulos ellos. Ahora qué hicimos? Ahora qué quieren? Es que no tienen respeto? Hacía rato que habían dejado el papel de guerreros. Si el lonko que los guiaba, Yangkamil, se había casado como cristiano! Y cuánto hacía que no se metía en maloneras! Acuerdos de amistad? Él fue el primero que hizo todos los intentos: firmó todos los papeles que le pusieron. Nada sirvió! Como si gesto alguno tuviera sentido! Al llegar a Pozo del Cuadril, a una legua de su destino, los atajaron. Voluntad de Rudecindo Roca, el hermano de Julio, el que era el Ministro. Rudecindo, el de la delegación de Mercedes, ni verlos de cerca quiso. Pero si por la paz se vinieron! Como 50 ranqueles! Con los niñitos bien chicos, y con sus mujeres, contentos! Y qué pasó? Los detuvieron! Los hicieron prisioneros! Como a 50 de ellos! Apresados quedaron ellos, y eso fue solo el comienzo. La tragedia se desató pronta como aguacero. Todito lo seguí de cerca. Vi las Remington y las Mauser, que las cargaban. Vi a los indios, cuando los arrastraban a la fuerza, a los corrales. Vi a las mujeres descalzas, desgreñadas y rotas, cuando comenzaron el traslado (se las llevaban al norte, para el servicio). Vi a una soldadesca de nada, con el pecho henchido, la pose exagerada, por la inmensidad de lo que se tramaba. Perdidos, mareados por el temor de lo que presentíamos, varios nos juntamos en el galpón del fondo, en donde está al altar viejo. Ahí, todos juntos, amontonados, rogamos a la Virgen que no lo hicieran. Rezamos a todos los santos, cada uno al suyo, en un silencio cada vez más denso. Que no sea cierto lo que pensamos, que no sea cierto! Prisioneros desarmados son ellos! En son de paz se vinieron! Como 50 lo hicieron! Llegaron con las mujeres, con los chicos, sin armamento! Era el mes de noviembre, y los tiradores del Ejército, sin opción o sin pudor -lo mismo da- las inmisericordes órdenes del comandante Rudecindo cumplieron. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** En noviembre de 1878, y por órdenes del comandante de frontera Rudecindo Roca, en Villa Mercedes, el ejército nacional detuvo y encerró a un grupo de ranqueles que se dirigía a comerciar en Río Cuarto, al amparo de los acuerdos de paz celebrados con el gobierno. Unos 60 de ellos fueron fusilados, y el resto enviados como mano de obra esclava a los ingenios tucumanos. Años después, desde el Congreso, el senador Aristóbulo del Valle denunciaría: “Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos los derechos parecen que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte; en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”.

Trilogía ranquel 1

La excursión y la muerte Hoy. Cuando lo vi así, desafiando al bruto, torpemente empuñando el cuchillo con el brazo izquierdo, con esa abertura fatal (de un púrpura tan intenso, tan luminoso) en el derecho; cuando lo vi así, medio embriagado, quiero decir, cuando advertí que, en verdad, seguía estando en parte sobrio, até los lazos. Entendí que ésta era la última escena de una obra transcurrida en años. Se trataba del cierre del largo recorrido que le había conocido: del escepticismo a la euforia, de la euforia al desencanto, del desencanto al desatino. Días. Su escepticismo se hizo visible con los preparativos del viaje: un emprendimiento lleno de ambición, sospechoso y con final incierto; el ingreso a un territorio, material y moral, desconocido y temible. Jordán, llamémosle así, fue uno de los 11 soldados que, junto con 4 oficiales y 2 franciscanos, acompañaron en su expedición a Mansilla. Fue él uno de los protagonistas discretos de lo que muchos consideraron una histórica hazaña. Adentrarse así nomás, confiados, cargados de promesas y papeles, en tierra de los bravos ranqueles: cómo podía ser posible eso? Aventurarse así, entre las filas enemigas, con las espaldas cargadas de sospechas y las manos vacías de armas: cómo podía terminar bien el intento, con semejante comienzo? Llegar así, clamando paz y amistad, entre quienes se habían sabido ya traicionados. Cómo no tener recelos? Cómo, con un gobierno lleno de gritones, ladrones, adulones y señoritos? Y sus superiores, los que con él emprendían la odisea? Jordán apenas guardaba, secretamente, alguna módica fe en Mansilla. Todos los demás le parecían rústicos y pendencieros. Semanas. La euforia se la reconocí semanas después, pasados recién sus 15 días en las tolderías (Quién no, que lo hubiera vuelto a mirar? Quién no, que en él se interesara un poquito?). Quiero decir que así lo encontré después, cuando estuvieron de vuelta: los ojos de Jordán eran otros, brillantes, alborozados como nunca, por fin dichosos. Jordán, que era recatado y modesto, no paraba de hablar con quien se le arrimase, lleno como estaba de historias y de secretos. Jordán volvió de la excursión admirando a Mansilla -más ahora, con aquel sancionado- describiendo cada vez que podía la finura del jefe (esas “cartas zurcidas”), su poder de observación, sus cualidades para la palabra, sus escondidos excesos. Volvió fascinado, también, con el lonko (Mariano Rosas, a quien el Brigadier había secuestrado primero y después nominado), con su carácter firme y de candores pulido (“Hermano, cuando los cristianos han podido nos han muerto”). Volvió deslumbrado, sobre todo, con la vida que había aprendido junto a la indiada: la disciplina y la juerga, la organización estricta y el caos completo. Deslumbrado frente a esa hospitalidad sin límites de los ranqueles: para el desconocido y para cualquiera, fuese cristiano o renegado, fugitivo de la justicia o impío. Lo mismo daba, nada de eso importaba, sólo la buena fe y la disposición a colaborar con el resto. Además (o habré de decir, sobre todo) Jordán parecía habérsele arrimado a una china que, según me sugiriera cada vez que le fuera posible, había buscado y sonreído a su mirada, irrefrenablemente, desde el primer día. Ella estaba tan presente en él, tan en su cuerpo, que todavía no la extrañaba. Aún no era ausencia y ni siquiera recuerdos. Vivía él como si conviviese con ella. La dicha propia resultaba también, finalmente, de aquello en lo que se había convertido la travesía: una epopeya. La épica nacional como trasfondo que hacía posible la humilde felicidad de uno. Años. Por eso la decepción, por eso el desengaño que terminaría por resquebrajarse años después, hacia los 80, cuando supo lo que llegaba. Todos los acuerdos de paz, los que él había visto cerrar y celebrado, como si no existiesen. Todas las frases dichas, las manos apretadas, las miradas finalmente relajadas, confiadas, se convertían en nada. La palabra dada! Las promesas francas! Jordán creyó enteramente en todo lo que habían ofrecido! Años de obstinados intentos por mantener o revivir tales acuerdos! Por qué este vandalismo de arrasarlos? Como si se hubieran adentrado allí -semejante bravura- sólo para la repartija de cigarros, de vino, de azúcar y de botas duras. Como si fuera eso lo que los ranqueles buscaban. Como si los dejáramos reducidos a eso: unos miserables llenos de carencias pero sin pensamiento. Pero, qué podía esperarse de Roca? Por los rumores que corrían, Jordán lo entrevió así desde un comienzo: se trataba de un bravucón, un arrogante, un pillo. Alguien menos interesado en los destinos de la patria, que en dejar en claro la inquebrantable autoridad de sus designios. Ahí estaban, para probarlo, los resultados: la expropiación de las tierras de otros, la deportación a reservas que daban miedo, la mano de obra forzada, y ay! la violación salvaje de las apresadas. Cómo? Cómo, de aquel comienzo esperanzado, había podido llegarse a este infierno? Hoy, otra vez. Fue ayer que Jordán se enteró de la nueva. Él también era convocado. Él también habría de emprender la conquista, el camino hasta convertirse en otro, en un fratricida, en un nuevo huinca, homicida de sus hermanos. Cómo iba a transformarse él de ese modo, con lo que orgullosamente había visto y contado? Cómo él, con las amistades que para siempre -así lo creía- había forjado? Cómo él, frente a la única mujer que habitaba en sus recuerdos (la única a quien se animaba a invocar, cuando la noche se dobla y se encoge hasta quedar pequeña, en la antesala del sueño)? Por eso -ahora lo sé- hoy se había mostrado así, tan extraño, desde la mañana: enajenado y confuso, perdido. Iba y venía de una punta a la otra del cuarto. Como tigre viejo que sabe que se le vienen encima, y no puede huir ni enfrentar al enemigo. Recién ahora entendí el alcohol, la desusada daga que se colgara en la cintura, su inusitada provocación al bruto. Recién ahora comprendí todo, cuando vi avanzar a Jordán, como amenazante, como delirado de alcohol, como extraviándose en un grito, mientras abría descuidado el brazo, invitando así, ya gentil, ya sin fe, una última puñalada contra su pecho.

Entrevista en Infobae sobre "La Conversación entre Iguales"

https://www.infobae.com/politica/2021/01/17/roberto-gargarella-no-hay-lawfare-sino-una-burda-y-patetica-historia-de-dominio-del-poder-sobre-la-justicia/

Nuevo año, el mismo cuento

Cuando acá en la Argentina hablamos de grieta, yo pienso en esto (circunstancias como las que la solicitada a favor del ex vice presidente, y que agrego abajo, evidencia). Dos minorías intensas, que refieren a los "mismos hechos" de modo radicalmente opuesto, y que se miran unas a otras con perplejidad, sin comprender cómo quien está enfrente puede decir semejante disparate. En este caso: convertir a un bandolero de cuarta (un pillo habitual, que estafaba sin problemas a su mujer o a sus amigos, el ladrón de la fábrica de hacer billetes, que actuó a orden de su superior), en un perseguido por la justicia y los medios, en razón de su lucha incansable a favor de los derechos del pueblo. Leo algunos de los nombres que firman la solicitada -amigues, gente que respeto- y me dan ganas de llorar. Pero asumo es lo mismo que ellxs piensan de uno. Tremenda pena, verguenza ajena, síntoma de un tiempo que ojalá el viento del olvido arrase pronto. p.d.: https://www.eldestapeweb.com/politica/amado-boudou/libertad-a-amado-boudou-20211922310 foto: trapitos al sol

Por qué el Lawfare es un cuento

https://www.clarin.com/opinion/lawfare-cuento_0_mrNkXtBup8.html

En los últimos días, los dirigentes más encumbrados del oficialismo volvieron a alinearse indignados, vociferando contra la idea del “lawfare.” Aunque el concepto es susceptible de sentidos diferentes, en términos generales pareciera referir a una articulación internacional que unificaría a poderosos medios de comunicación, a grandes empresarios, y a jueces y políticos influyentes, decididos a actuar contra los más salientes líderes populares del continente, y en favor de la reinstauración del neoliberalismo. Me siento tentado a decir que se trata de una idea más peligrosa que ridícula, como todas las grandes “teorías conspirativas” que atravesaron la historia de nuestro país (la más parecida, la que propusieron los “gobiernos populares” de los años 40/50 para hablar de la “conspiración judía” y la “sinarquía internacional” que supuestamente buscaban debilitarlos). Siento, también, el impulso de señalar de qué modo, el Presidente Donald Trump, repite exactamente el discurso del “lawfare”, para sostener lo inverosímil: que el establishment económico, junto con los grandes medios (CNN, el NYTimes), y ahora la Corte Suprema, se congregaron primero para boicotear a su gobierno y, ahora, para negarle (con una resolución judicial de dos párrafos) la reelección: tonterías en zancos. Prefiero, en todo caso, dejar tales reacciones de lado, para hacer un nuevo intento por demostrar en qué sentido el del “lawfare” es un cuento burdo, falso y peligroso. Comienzo con algunas preguntas y afirmaciones más bien dogmáticas, que críticos y defensores del “lawfare” podríamos compartir. Existen decisiones del Poder Judicial injustas y políticamente motivadas? Claro que sí! Es cierto que, muchas veces, los sectores políticamente dominantes presionan a los jueces para que los protejan a ellos, y embistan contra sus opositores? Seguro! Predomina en el Poder Judicial una ideología de tipo conservador? Parece claro! Es verdad que los gobiernos que llegaron a América Latina con el nuevo siglo, luego de una década de “planes de ajuste” (“neoliberales”) generaron reacciones y resistencias de parte de la elite económica? Obvio! Entonces -podría concluirse- estamos todos de acuerdo que lo que sostiene la “teoría” del “lawfare” es cierto! No -agregaría- por el contrario: tales acuerdos sugieren más bien la falsedad del “lawfare”. Por qué? Porque la “teoría” del “lawfare” pretende negar y ocultar, precisamente, aquello que debiera ayudarnos a entender y tornar evidente -un hecho vulgar, penoso y patético, que distingue a la vida institucional latinoamericana desde hace 200 años. Me refiero a la “dependencia política de la justicia”, y pienso, en particular, en una vieja teoría que sugiere que ningún poder está en mejores condiciones para presionar al Poder Judicial que el que gobierna. Esa línea de análisis (que hoy debe ser enriquecida y actualizada, pero no negada) constituye una obviedad en los estudios de historia judicial en América Latina: desde hace siglos que el poder concentrado y desigual permite que los actores dominantes presionen a la justicia para que actúe a su favor. Los mecanismos y medios de presión son múltiples: los hay formales (pedidos de juicio político; amenazas de reforma -ampliación o reducción de miembros en la Corte; etc.) e informales; los hay negativos (las presiones a través de los servicios de inteligencia; etc.), y positivos (las ofertas de ascensos y cargos futuros, etc.). La “vieja teoría de la dependencia” da cuenta, sencillamente y sin vueltas, de todo aquello que la “teoría” del “lawfare” no puede explicar, explica mal o se desespera por ocultar. A nivel local: la “vieja teoría” nos dice que, lejos de una “conspiración mundial” contra los “gobiernos populares”, los distintos gobiernos menemistas, kirchneristas o macristas -lo mismo da- han aprovechado, cada uno a su manera, y esperablemente, su “posición dominante”, para presionar sobre la justicia. Esto le permite afirmar también, con voz alta y clara, lo que el “lawfare” se muestra ansioso por negar y esconder, esto es, que en las últimas décadas, el kirchnerismo fue menos víctima que verdugo del Poder Judicial. A nivel internacional se repite la misma diferencia abrumadora entre ambos cuerpos explicativos. La “vieja teoría” de la dependencia judicial explica, tranquilamente, por qué en América Latina, en los últimos años, hubo una avanzada judicial contra líderes de todo tipo. La explicación es simplísima, y refiere a niveles de corrupción extraordinarios (generados gracias a la combinación “boom de las commodities” y amplias mayorías parlamentarias), junto con presiones de los gobiernos entrantes destinadas a castigar a los dirigentes de los gobiernos salientes. La “teoría” del “lawfare”, en cambio, se queda tartamudeando ante la urgencia por ocultar lo que no quiere que veamos. El “lawfare” no puede decirnos por qué, entre los “perseguidos” internacionalmente, se amontonan, junto con los ex presidentes “progresistas”, políticos de “derecha” y empresarios “conservadores” que -se suponía- debían haber sido protegidos por el poder neoliberal (Uribe, Kuczynski, Alan García, Odebrecht). Mucho peor, la teoría del “lawfare” no puede decirnos por qué Dilma Rousseff promueve la “ley de delación premiada”; o por qué prominentes líderes del progresismo regional -como Tabaré Vázquez o “Pepe” Mujica- no sólo no concluyeron sus mandatos humillados y perseguidos penalmente -como predecía la “teoría”- sino homenajeados unánimemente por sus políticas de avanzada. Terraplanistas jurídicos, los cultores de la secta del “lawfare” se empeñan en hacernos creer lo imposible, pero tal vez -es la esperanza al menos- ya sea tarde para seguir intentándolo. Cualquiera distingue entre bienes mal habidos y ofrendas al convento; cualquiera puede discernir entre bandidos de poca monta y héroes de la democracia. Ojalá así sea.

Debate con Graciana P., sobre Lawfare; la justicia desigual; y los abogadxs que defienden al poder

https://www.eldiarioar.com/politica/graciana-penafort-roberto-gargarella-debate-justicia-argentina_1_6500519.html (entrevista de Natalí Schejtman) En la frenética agenda de este año, hubo un tema que se mantuvo como prioridad: la reforma judicial y el funcionamiento de la Justicia. Hace dos semanas, el Comité de expertos designado por el Presidente le entregó un informe en el que se discute, entre otras cosas, alternativas para crear un tribunal intermedio que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte Suprema, sacar la oficina de escuchas de la órbita del máximo tribunal y cambiar la forma de designación del Procurador General de la Nación. En tanto, el miércoles último Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta con un balance de la gestión y criticó especialmente el funcionamiento de la Corte Suprema, a quien acusó de encabezar y dirigir el lawfare. El Doctor en Derecho, sociólogo y experto en Derecho Constitucional, Roberto Gargarella, autor y editor de una veintena de libros -entre ellos, el recién salido La derrota del derecho en América Latina-, y la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, son voces influyentes y analistas habituales en el intenso debate público en la materia, desde el traslado de los jueces hasta las ideas sobre la Corte de la flamante carta de la Vicepresidenta. En un encuentro virtual, debatieron, acordaron y desacordaron -en el marco de mutuo reconocimiento intelectual- sobre élites judiciales y políticas, garantías procesales y prioridades para una reforma judicial y una democracia más robusta. ¿Argentina tiene las instituciones que necesita? G: No, ni Argentina ni América. Es un rasgo estructural. Nuestras constituciones y nuestra organización legal da muchos de los incentivos inadecuados. Nacieron para frenar la guerra civil o canalizarla institucionalmente. Pero eso fue perdiendo sentido. Luego hay problemas que son latinoamericanos y argentinos. En América Latina los sistemas son hijos de la desigualdad, entonces la estructura de poder que organizaron también es expresión de la desigualdad y refuerzo de la desigualdad. P: No sé si la Argentina tiene las instituciones que necesita. Podría asegurar que las que tiene no funcionan como deberían y que el no funcionamiento genera unos pozos de profunda ainstitucionalidad. Comparto que el eje de Latinoamérica ha sido discursivamente -y bien intencionadamente- la lucha contra la desigualdad, pero que en su fase institucional de organización solo ha consolidado y cristalizado gobiernos de élites. Este es un país sin nobleza por vías de sangre pero con nobleza por vía de pertenencia a determinados grupos. Un claro ejemplo es el Poder Judicial. Cuando uno analiza cómo han evolucionado los cargos descubre una situación endogámica. G: Agrego un matiz: hay un problema especial en el Poder Judicial, que de algún modo es la rama del poder que más refleja ese sesgo aristocrático. Ahora, eso se termina extendiendo a la clase política. Hay un problema general, que resumo en dos ideas: la ruptura del vínculo representativo y la degradación de los controles del ciudadano hacia la política. Hoy el único vínculo y el único control institucional es el voto periódico y también ha perdido mucho de su sentido originario. Eso ha permitido que en la Argentina y en todo el mundo la clase política fuera ganando autonomía. -En base a un diagnóstico de algún modo compartido, ¿creen que este es el momento para encarar una reforma judicial? P: Cuando no llevo adelante actividades como militante política, trabajo de abogada. Como abogada creo que es imperioso y urgente hacer una reforma judicial. Tengo una posición sobre esta reforma judicial: es moderada en términos de lo que a mí me gustaría que se cambiara. Sólo he leído las conclusiones del comité asesor, no el informe completo. Pero tengo la sensación de que es una reforma de organigrama que tiende a corregir problemas muy puntuales. Creo que debe ser mucho más amplia y no ser tan poco ambiciosa. G: Coincido en que es importantísimo. Ahora, la urgencia de la mano de hacer qué. Porque si en la urgencia hay cosas como las que uno advierte, no la quiero en absoluto. En un momento en que se ponía en marcha un modo de proceso diferente, pasar a realizar la reforma judicial como se empezó a discutir en el Congreso es muy enojoso. Eso para no entrar en otros detalles enojosos... -¿Cuáles son esos detalles “enojosos”? G: Arranca de algo que trata de ser consistente con lo que acabo de decir y es que la autonomización de las élites, que hace que la ciudadanía mire para arriba y diga ¿y esto qué es? En la Argentina se ha traducido en privilegios para las élites políticas, económicas, judiciales, que están en el poder y que se van intercambiando favores para preservar esos privilegios en una sociedad desigual. La impunidad se ha convertido en el gran problema que hoy enfrentamos en términos políticos y judiciales. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. Si uno le pone apellidos, ahí ya nos peleamos, pero es lo que decíamos antes: una clase dirigente muy aislada y una búsqueda de la impunidad, que es de hoy, ayer y anteayer. Me parece obvio que todos estos movimientos que ha habido en torno a la reforma judicial se empiezan a explicar cuando uno ve que al elefante en medio de la habitación, que es la búsqueda de impunidad. (Roberto Gargarella) -¿Coincidís Graciana en que la reforma busca impunidad y preservación de privilegios? P: No, creo que lo que busca la preservación de privilegios es la preservación de los titulares de estos privilegios. Cuando me hablan de impunidad, yo pregunto qué impunidad tenía Héctor Timerman, que se murió acusado de una pena infamante, no pudiendo acceder a un tratamiento médico por una pelea de la política. Impunidad es lo que me llevó un 31 de diciembre a estar enterrando a un amigo. Siento que es la impunidad de esa élite. Hoy me entero por los diarios que podrían estar confirmando una sentencia para Amado Boudou. Nunca pedí su absolución, lo que he pedido desde el día uno es que nos dejen hacer un juicio justo. Nosotros dijimos que no podíamos tener acceso a las condiciones en las que estaba declarando un testigo. Un año y medio después quedó acreditado que el Estado le pagó a ese testigo para que declarara. Y el detalle que lo hace particularmente irritante es que mientras nosotros hacíamos esa defensa, nos espiaba el Estado. Es muy complejo no entender la urgencia de la reforma judicial cuando te van pasando cosas. Hay que pelear para que el sistema cambie, porque si no, es una tragedia que se repite: privilegios, consolidación de injusticias y algún cambio, como fue -tal vez no todo lo necesario- el Juicio a las Juntas. Me parece que no es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. No es la impunidad lo que se busca: es necesario un cambio y desconcentrar poder. (Graciana Peñafort) G: Quiero agregar algo. Y como voy a tocar una fibra sensible quiero aclarar que me parece totalmente aceptable defender a quien uno considere que merece ser defendido y que todos requieren un defensor. Aparte, ratifico mi admiración por cómo trabaja Graciana, de un modo honesto y comprometido. Dicho eso, voy a profundizar en algunas diferencias. Creo que en lo que señaló hay ese no reconocimiento de que el elefante está en la pieza. Y eso no es de este gobierno sino que hace tiempo la defensa de los privilegios, que es la defensa de la desigualdad, requiere la defensa de la impunidad. Hay un problema de élites que se enriquecen. En los últimos años, por el “boom de las commodities”, la combinación entre mucho dinero y gran margen de maniobra, porque políticamente se podía hacer casi cualquier cosa, dio lugar a lo que yo resumiría en “Odebrecht”. La idea de “acá tenemos la posibilidad de hacer el negocio de la vida: hay un montón de dinero y tenemos mayorías políticas para hacer lo que se nos antoje”. Eso ha generado un plus de corrupción, que hubiera pasado igual si estaba Juan Pérez o Pirulo. En ese sentido, para mi es negar el elefante. Si te están persiguiendo por un montón de cosas que es difícil negar... o sea, Lázaro Báez, por ejemplo: ese problema está y es obvio que va a generar la búsqueda de impunidad. Por otro lado, y acá la fibra sensible que quería tocar, es totalmente legítimo que un abogado se dedique a la causa que quiera porque busca un juicio justo. Pero creo que las grandes inteligencias de la Facultad de Derecho -y esta es una opinión personal no un principio kantiano- deberían dedicar su fuerza a la lucha contra la impunidad del poder. Y cuando yo veo que los mejores abogados han estado dedicados a defender a Menem, a Yabrán, yo digo pucha, qué pena. No le puedo reprochar nada. Es simplemente una pena interior. Podría escribir un poema sobre esto pero lo digo acá… P: Yo no me creo con la capacidad de decir que alguien es inocente o es culpable y es un ejercicio de humildad que hago todo el tiempo. Yo no soy juez, no puedo decir si Lázaro es inocente o culpable. Lo que pasa es que yo analizo esa causa -en la que no soy abogada-, y veo que al momento del juicio los testigos cuentan cómo los apretaron, encuentran cómo los informes no decía lo que dijeron que decían... G: Pero la premisa es un problema. No es un tema de creer que Lázaro es culpable entonces vamos contra él. Uno elige defender a Lázaro Baez o a la víctima de Lázaro Baez, a Menem o a los que murieron en la explosión de… P: ¡De la AMIA! Nosotros hemos sido abogados de Memoria Activa durante muchos años porque indudablemente veíamos un problema grave en lo que pasaba en esa causa. Y con esa misma lógica entendimos con toda claridad la situación de persecución en la que estaba Héctor Timerman. Por eso tomamos su defensa. Comparto el diagnóstico de que se generaron una serie de situaciones absolutamente anómalas e ilegales. En mi defensa yo no puedo solucionar los temas macroeconómicos. Soy abogada y mi tarea es que las garantías que la Constitución nos consagra a todos se respeten. G: Hiciste referencia al Juicio a las Juntas, que para mí es el ejemplo de lo más digno de la historia argentina. Eso fue un ponerse de pie contra el poder. Yo creo que miramos lo que hoy ocurre no como una reproducción sino como una contracara: aquello fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder. El Juicio a las Juntas fue la lucha contra el poder, y esto es la defensa del poder (Roberto Gargarella) P: Yo siento que en este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. Yo celebré mucho cuando se empezaron a juzgar los delitos de lesa humanidad porque era una deuda pendiente. Y vi que estas personas acusadas de crímenes aberrantes tenían un respeto de garantías que varios años más adelante, no se le daba a personas que no estaban acusadas de delitos de lesa humanidad. En este momento de la Argentina, como lo sentí con muchísima claridad en los cuatro años de Macri, luchar contra el poder era luchar contra la violación de las garantías. (Graciana Peñafort) G: Sí, pero creo que el paralelo que funciona es, salvando las distancias, el fin del gobierno de Menem, porque también uno pudo decir “ahora van contra María Julia”, “la prioridad son las garantías”. Quienes asumieron en ese momento la defensa de Menem me decían que ahora no estaba en el poder, que era débil. Qué débil… P: Entiendo desde qué lugar hablás. Te quiero dar un ejemplo: en el caso de Ciccone, la defensa pidió la pericia económica sobre el dinero que tenía Boudou. No nos la permitieron. Hubo una vulneración de cosas básicas que los abogados aprendemos en la universidad y enseñamos en la universidad. G: Está bien, pero no tengo dudas de que, por ejemplo, el hecho de que Maria Julia haya sido la única funcionaria presa fue porque algunos jueces bajo demanda pública lo querían. Si alguien me dijera que no hubo garantías suficientes en ese juicio le creería. Ahora, ¿esa es la prioridad? No creo. ¿Eso quiere decir que no necesita defensa? Necesita defensa, importantísima. Pero creo que la prioridad es otra y que María Julia era parte del problema. -¿Es el lawfare una categoría productiva para pensar la relación entre ambos? G: Para mi el lawfare tiene mucho de cuento porque hay un problema que es mucho más burdo: en contextos de privilegio y desigualdad la justicia queda partidizada por las peores razones y muy vinculada con el poder de turno. Eso que para mí es claro y obvio hace 100 años ahora es “una campaña mundial contra los líderes progresistas”. Es un modo de querer darle un revestimiento ideológico atractivo a una historia vulgar y penosa y patética, muy propia de nuestro país... P: Yo no hablo desde la teoría del lawfare, sino desde haber sido parte de muchas causas que caratulo como lawfare. Lo que vimos en la región en los últimos 10 años fue una exacerbación de la persecución a determinados sectores no necesariamente progresistas y no necesariamente populistas que se convirtieron para una élite en el enemigo. Y eso arrasó con algunas buenas prácticas que medianamente habían aceptado los poderes judiciales unívocamente. Dentro de eso, hubo una participación importante en términos de discurso legitimador de los medios de comunicación que instalaban como culpables a los culpables elegidos por animadversiones previas por conflictos de interés. A eso le llamo lawfare, y me consta que existió. Creo haberlo vivido en carne propia. -Así como la Justicia puede reforzar la desigualdad, ¿podría tener un rol en revertirla? P: Yo no me olvido de que la justicia, en la enorme mayoría de los casos, decide a título individual. Dicho esto, dos cosas. Primero, potenciar las acciones o de clase. Una justicia que en todo el mundo está avanzando en legitimar la participación de colectivos y en Argentina las restringe. Otro tema importante es que el Poder Judicial tenga criterios de razonabilidad para priorizar demandas que demuestran insatisfacción o conflictos reiterados. Los tiempos del Poder Judicial van en perjuicio de esas demandas. Todo ese tiempo en que no se resuelve en el sentido de atender la necesidad que está planteada es tiempo de desigualdad que, por cierto, no se repara con dinero. G: Estamos de acuerdo, agregaría un par de cosas. Una es que tenemos en toda América Latina constituciones muy robustas en materia de derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos. Los jueces tienen una enorme responsabilidad de ayudar a que tomemos la Constitución en serio. Y ni la política ni la justicia han estado ayudando. Nuestra Constitución habla de control en las ganancias de las empresas, vivienda digna... En otra área en donde se actuó en modo contrario al que debía es en la protesta social, que es una precondición para poner en marcha esos derechos. La ciudadanía, cuando se ve violentada en lo que la Constitución explícitamente le reconoce, protesta. Lo de Guernica fue un ejemplo. O el Indoamericano. Había tres caminos posibles: “esto no es tuyo, es ilegal, vas preso o procesado”; lo que llamo el “garantismo bobo” -el guiño de ojo “dale adelante, luz verde”-, o la resolución intermedia de sentarse a discutir porque hay derechos en juego. Esto implica tomarse en serio el texto de la Constitución. P: Ahora como nunca ha quedado desnuda la desigualdad. Es tiempo de que el Poder Judicial y los operadores judiciales nos pongamos de acuerdo en que no puede haber resolución de conflictos de derechos constitucionales que impliquen la vulneración absoluta de una de las partes. Si estamos discutiendo una vivienda digna, no podemos resguardar solamente el derecho de propiedad por encima de los derechos constitucionales a una vivienda digna. Ahí, el Poder Judicial puede trabajar en pos de la igualdad.