25 mar. 2019

Evaluar a Macri

El Presidente pidió que lo evaluáramos conforme a cómo evoluciona el índice de pobreza. Ok, excelente idea, la tomo. Dice el informe de la UCA (ése al que el kirchnerismo dijo que no teníamos que creerle) que la pobreza creció del 26,6% al 31,3% del 2017 al 2018, lo que implica que hoy existen 12,7 millones de personas con carencias importantes para su vida. Es decir, vamos para atrás, pésimamente, en lo más importante, y sin perspectiva cercana de revertir esos datos.

De la democracia participativa a la deliberación inclusiva


Publicado hoy en Clarín, 

En este texto quisiera ocuparme de procesos de deliberación inclusiva que vienen dándose  desde comienzos del siglo 21, y que pueden ser considerados como “etapa superior” de la vieja tradición de la participación democrática. En efecto, desde 1998 al menos, han aparecido, unas detrás de otras, una serie de prácticas muy innovadoras en materia de intervención y decisión directas de la ciudadanía en asuntos de máxima relevancia pública. Todas estas iniciativas mostraron al menos dos notas comunes: surgieron de momentos de crisis, y reservaron un lugar central a la deliberación democrática. Menciono algunas de ellas: la Convención Constitucional de Australia, de 1998; la Asamblea Ciudadana sobre Reforma Electoral en British Columbia (Canadá), del 2005; la Asamblea Ciudadana sobre Reforma Electoral en Ontario (Canadá), del 2006; el Foro Ciudadano Holandés, del 2006; la Reforma Constitucional en Islandia, del 2009; la Convención Constitucional de Irlanda, del 2012;  la Asamblea Ciudadana de Irlanda, del 2016.

Escuchamos hablar, desde entonces, de prácticas que desconocíamos o entendíamos sólo como utopías sin base real alguna: las “conferencias deliberativas”; los “mini-públicos”; las “encuestas deliberativas” o deliberative polling (los experimentos que imaginara James Fishkin décadas atrás); las convenciones constituyentes alimentadas por propuestas ciudadanas; la lotería o el sorteo como modo de selección de representantes; etc. Todas estas experiencias procuraron remediar, de diferentes modos, el grave déficit de debate público que mostraron muchas de las consultas populares realizadas en los últimos años –desde el Brexit hasta el Acuerdo de Paz en Colombia. 

Las nuevas experiencias, en cambio, se sucedieron corrigiéndose las unas a las otras, y colocando al debate abierto e inclusivo como centro. En la Convención Australiana del 98 -dedicada a determinar si Australia pasaba a ser o no una república- se dio la novedad de que, por primera vez en la política australiana, y de modo insólito para el constitucionalismo contemporáneo, se fijó que mitad de los miembros de la convención fueran “ciudadanos comunes,” elegidos por el voto popular, y sin conexión con estructuras políticas partidarias. En la Asamblea de British Columbia, como en la de Ontario luego (ambas dedicadas a re-estructurar el sistema electoral), se dio un paso adelante todavía más audaz: no sólo se trató de Asambleas compuestas -ahora exclusivamente- por ciudadanos, sino que además se decidió seleccionar a los mismos a través del sorteo. Concluidos los procesos de debate, sendos procesos de consulta fueron seguidos, ahora sí, pero recién ahora, por mecanismos populares de refrendo.

Dentro de los procesos citados, los casos más notables resultaron los de Islandia e Irlanda. En Islandia, la Convención Constituyente, compuesta también por ciudadanos escogidos por sorteo, se abrió a la intervención activa de la ciudadanía, a través de las nuevas tecnologías digitales (el famoso “crowdsourcing”). Se trató de la primera vez en la historia del constitucionalismo en que se redactó una Constitución a partir del procesamiento de miles de iniciativas enviadas por la ciudadanía desde el llano.

Finalmente, en el notable proceso de Irlanda, se procuró continuar con la tradición iniciada por Asambleas como la de British Columbia, y a la vez remediar algunos de los problemas que se consideraron propios del proceso islandés. Se optó, entonces, por Asambleas compuestas por una mezcla de “ciudadanos comunes” y representantes políticos, que desarrollaron un proceso constituyente eminentemente deliberativo (a través de mesas de trabajo reducidas en número, e igualitarias en su composición), también nutrido a partir de propuestas ciudadanas. Los resultados de las dos grandes Asambleas irlandesas fueron excepcionales: la Convención Constitucional del 2012 antecedió al exitoso referéndum constitucional por el matrimonio igualitario, del 2015; mientras que la Asamblea Ciudadana de Irlanda, del 2016 antevino al exitoso referéndum constitucional por el aborto, del 2018. En nuestro país, cabe decirlo, la experiencia de debate público que rodeó a la votación legislativa por el aborto, insinuó –a pesar de la precariedad institucional dentro de la que se llevó a cabo- el atractivo de estas novedades: la ciudadanía se mostró dispuesta y capacitada para intervenir (y cambiar de opinión!) en una materia tremendamente divisiva y complicada.

Nos encontramos frente a las principales novedades democráticas ofrecidas por el constitucionalismo en los últimos 200 años. Se trata de experiencias que demuestran la posibilidad efectiva y en todo sentido exitosa de un ideal que muchos consideraron, durante demasiado tiempo, abstracto y completamente ajeno a nuestra realidad: el ideal de la democracia deliberativa. Es para celebrarlo.

24 mar. 2019

La Corte contra las reelecciones: Río Negro

Interesante también la decisión de la Corte contra la posibilidad de reelección de su gobernador Weretilneck. La línea de este fallo fue parcialmente diferente de la del caso La Rioja, que incluía, según viéramos, patológicas violaciones de las reglas electorales fijadas por la propia provincia, recientemente, y que hubieran convertido a su convalidación en una convalidación del cualunquismo local, en nombre del respeto del federalismo. De todos modos, la línea de fondo une a las decisiones de La Rioja y Río Negro, en más de un aspecto. Destacaría, en particular, sus precisiones sobre lo que significa el respeto del federalismo (importante, a la luz de las señales confusas y preocupantes ofrecida por esta Corte en fallos anteriores); y (como contracara de ello) su reivindicación del "republicanismo" como cuerpo de principios "con dentadura" constitucional.

Sostuvo la Corte, entonces, que por un lado, este fallo implicaba retomar lo dicho por ella misma, luego del intento de reelección del gobernador de Santiago del Estero, G.Zamora, en el 2013 (aquí, como llamado de atención, diría que muestra un acercamiento "débil" más que "duro" al valor decisivo de un precedente que ella misma reconoce como idéntico). La similitud entre ambos casos se relaciona con el modo confuso, sino tramposo, con que -no por casualidad- ambas Constituciones redactaron sus cláusulas sobre reelección (la de Santiago del Estero, art. 152, y la de Rio Negro, art. 175, estableciendo que gobernador y vice pueden “ser reelectos o sucederse recíprocamente” únicamente por un nuevo periodo, y “si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos” sino con un periodo de intervalo).

Luego de ello, la Corte agrega su nota importante republicana, reconociendo que “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución. Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el que se examinaba en el caso, persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya llevaba ocho años ininterrumpidos en ella, desconociendo el texto constitucional, máxima expresión de la voluntad popular”. Bien ahí.

La Corte propuso entonces interpretar el texto en cuestión (como en el caso anterior) conforme al sentido más obvio de los términos empleados, para concluir que del artículo 175 se deriva la regla de una sola reelección consecutiva. No me parece mal, como "regla republicana," no aceptar un sentido estrambótico de los términos, sino uno que cualquier ciudadano común pueda comprender. De todo modos, prefiero -como sostuve antes de estos fallos- que la justicia debiera poner a operar, en honor a los "dramas regionales", una presunción anti-Ejecutivo, es decir, un criterio en principio siempre restrictivo, frente a las pretensiones de reformas que en los hechos se dirijan a expandir aún más las capacidades y poderes de la rama más poderosa. Este criterio, claramente, es contrario al que sugiere Carlos Rosenkrantz (con quien en este caso disiento): CR afirma un criterio radicalmente diferente (en línea con la doctrina del "error claro y manifiesto" de James Thayer?), conforme al cual la reacción judicial sólo corresponde ante un "evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido" de los textos del caso. Desacuerdo: la Constitución debe escribirse y leerse tratando de hacer frente a los principales "dramas" de la comunidad, lo cual justifica, por caso, la presencia de criterios "pro-protección de derechos humanos"; "pro-igualdad básica de derechos"; "anti-concentración de poder."

Confesión a Laura/ Una giornata particolare


Vi en estos días colombianos una vieja película local, "Confesión a Laura," estrenada en 1991, y dirigida por Jaime Osorio Gómez. Además de alegrarme enormemente porque se trata de una película colombiana que habla de afectos, y de ningún modo del narcotráfico (sí! es posible hacer buen cine colombiano sin mencionar siquiera a las drogas); la película me interesó mucho por su paralelo con la maravillosa "Una jornada particular", estrenada en 1977, y dirigida por el enorme Ettore Scola (y más allá de que la que parece "vieja" por su tratamiento formal y los diálogos, sea la más nueva). 

En la película de Scola, un fascista, casado con Antonietta (Sofía Loren) se ausenta del domicilio conyugal, durante todo el día, para asistir a la manifestación conmemorando el encuentre entre Hitler y Mussolini. Entre tanto, Antonietta se encuentra con Gabriele, un homosexual interpretado por Marcello Mastroianni, que tampoco concurre a la marcha, y traban durante el día una relación íntima.

En la película de Jaime Osorio, mientras tanto, tenemos como telón de fondo a "el bogotazo", una manifestación masiva y violenta que explota en Bogotá, luego del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948. Aquí, un marido "sometido" se ve obligado a pasar el día en la casa de su vecina (sin poder retornar al hogar propio, dada la presencia de tiradores en las calles). Su vecina es una maestra soltera, solitaria, entrada en años. El día juntos también los une afectivamente, y cambia la vida de ambos.

"Confesión a Laura" puede verse por youtube, acá:
https://www.youtube.com/watch?v=rSbADwyixCo




23 mar. 2019

La barbarie: Nunca más

El organizador de la marcha "pro-vida", afirmando que una niña de diez años puede querer ser madre, por lo que no hay violación tiene tiene relaciones con un pariente
https://www.clarin.com/sociedad/coordinador-marcha-vida-sugirio-nena-anos-puede-tener-sexo-consentido-madre_0_mKv4tqMFW.html

La Corte contra las reelecciones. La Rioja, con addenda

Muy importantes las decisiones de la Corte ayer, frenando las re-re-re elecciones en La Rioja y Río Negro

Un primer paneo sobre la decisión del tribunal en relación con La Rioja

El voto mayoritario de la Corte sobre lo ocurrido en La Rioja (de Rosatti-Maqueda-Lorenzetti) se vincula a mucho de lo que propusimos acá http://seminariogargarella.blogspot.com/2019/03/la-corte-y-la-rioja.html (no digo en absoluto que dijeron lo que dijeron porque antes lo dijimos acá: simplemente celebro la coincidencia)

Ante todo -y ésta es tal vez la mayor alegría- satisface ver que pone en carril nuevamente su concepción sobre el federalismo, que había aparecido en algún momento como un "toda iniciativa política adoptada a nivel provincial debe ser respetada en honor al federalismo". Afortunadamente, ahora la mayoría deja en claro que  "el caso en examen reviste un nítido contenido federal consistente en la esencia de la garantía -5- republicana del artículo 5°  de la Constitución Nacional a través del goce y ejercicio efectivo y regular de las instituciones." Perfecto: respetar la CN, exige que las autoridades provinciales respeten un piso mínimo de exigencias, relacionadas con el republicanismo constitucional. Dice más, y bien. Dice que "el desarrollo del proyecto constitucional argentino presupone un marco político e institucional en el que confluyen las reglas del federalismo -entendidas como las que aseguran que los pueblos de las provincias pueden gobernarse de acuerdo a sus propias decisiones- con las que caracterizan al sistema republicano -como compromiso de esos pueblos con la Constitución federal, de dividir y ordenar el poder para evitar que se concentre indebidamente." Perfecto aquí, y por eso también, correcta la idea según la cual la Corte debe evaluar (en relación con el plebiscito realizado en La Rioja) "si se ha afectado el compromiso republicano asumido por las provincias de asegurar que las decisiones del gobierno provincial responden al mandato del pueblo de la manera más inequívoca posible" (y por tanto "una comprensión republicana del proceso democrático no avala la interpretación que pretenda sostener que el 35% debe ser alcanzado únicamente por los votos emitidos a favor del "NO".).

El vínculo entre la decisión de la Corte con lo que propusiéramos aparece también cuando la mayoría afirma que "el procedimiento seguido para promover la enmienda no ha respetado el texto que la propia Constitución provincial establece, ya que no cumple sus exigencias respecto a la oportunidad en que debía realizarse la consulta popular, ni las mayorías necesarias para la ratificación de la modificación constitucional" (del resumen del CIJ); o que "no puede verse en su intervención una intromisión ni un avasallamiento de las autonomías provinciales sino la procura de la perfección de su funcionamiento, dado que la Constitución Nacional sujeta tal autonomía al aseguramiento del sistema representativo y republicano, compromiso que supone el ejercicio regular de las instituciones provinciales, de modo que las decisiones del gobierno respondan a un mandato del pueblo evidenciado en procesos electorales." También coincidimos en el rechazo de la insólita lectura propuesta por las autoridades riojanas del art. 84 de la Const. de la rioja,  "conforme a la cual la enmienda se tiene por ratificada cuando no es rechazada por una mayoría igual o superior al 35% del electorado." Y coincidimos también con CR en que la consulta no podía convocarse de manera separada de una elección general.

20 mar. 2019

Dilema del prisionero

https://www.lanacion.com.ar/politica/escucha-guillermo-moreno-dilema-del-prisionero-justificar-nid2230392
Si son todos inocentes, lo mejor es decir la verdad. Si son todos culpables, la orden debe ser callar.

Brevísimas sobre el discurso de C.Rosenkrantz


Notas brevísimas sobre el discurso inaugural del año judicial, pronunciado por  Carlos Rosenkrantz (CR)

(Mínimo preludio. Si las críticas que merece el discurso de CR son éstas (https://www.pagina12.com.ar/182060-carlos-rosenkrantz-el-emperador-de-la-corte), entonces su discurso fue excelente. Es tremendamente grave que P12 no sea capaz, luego de décadas, de pensar la cuestión jurídica con un mínimo de atención al (y conocimiento del) derecho, tratando de ir aunque sea apenas más allá de los límites que le fijan sus propios prejuicios, sesgos e intereses).

CR –y esto es a favor de él- viene tomando decisiones con criterio propio, y tratando de que las mismas reflejen su convencimiento acerca de lo que exige el derecho, más que lo que reclama un sector u otro, o lo que se espera de él. Sus constantes votos en soledad atestiguan lo dicho. La capacidad de actuar con criterio propio, sin importar los costos de sus decisiones, es el mejor rasgo de la actuación de CR en la Corte, hasta el momento. Como dijo en su discurso, el juez debe ser capaz de actuar sin pensar en las simpatías o antipatías que pueda generar su decisión.

Lo dicho no quiere decir que CR no sienta afinidad política con el gobierno, o que sus decisiones se encuentren en sintonía con lo que querría parte del empresariado local, o que él no tenga un esquema ideológico propio con el que lee el derecho: todo lo anterior está presente.

Lo dicho sugiere además una diferencia muy importante, valiosa, entre la “presidencia Lorenzetti” y la actual de CR. Para bien o mal, RL tomaba decisiones profundamente políticas, calculando cada paso en relación con sus costos (políticos, sociales, empresariales, sindicales). RL procuraba construir consenso interno al tribunal, y a la ayudar a reconstruir la legitimidad de la Corte. A CR todo ello parece no preocuparle demasiado, por más que hable con un “nosotros” inclusivo, o refiera habitualmente a  tradiciones  jurídicas y valores comunitarios (o también, saludablemente, que aluda a los jueces que admira –Frankfurter, Carrió, Argibay, esta vez).

El discurso de CR fue un reflejo interesante del modo en que él piensa su papel al frente del tribunal. Si lo comparamos con los discursos previos de RL, vemos que el discurso de CR, en un sentido importante, fue poco político, ya que incomodó a todos. Este perfil de “juez indómito” es atractivo. Sin embargo, también es cierto lo otro: en un sentido importante, su discurso fue muy político, ya que no incomodó específicamente a nadie. Cualquiera de los presentes en el acto podía asentir con la cabeza frente a sus referencias críticas acerca de la poca legitimidad del Poder Judicial; y también asentir frente a sus llamados a decidir mejor, a trabajar más, ser más creíbles.

El programa de reformas que CR propuso, en tal sentido, también da buena cuenta de su postura. Él mismo definió a ese programa (informatización, ordenamiento de causas, anuncio de las sentencias por venir) como muy modesto: pasos pequeños –sostuvo- para un “ejército que se mueve lento” (Napoleón dixit), y como expresión de avances consensuados. Citando a Hamilton, además, recordó que el Poder Judicial “no tiene la bolsa ni la espada”, y por lo tanto es la “rama del poder menos peligrosa,” ya que sólo cuenta con su discernimiento/con la razón (así, en la frase completa del Federalista 78).

Pero todo lo anterior tiene problemas graves. Que las reformas programa sean modestas no quiere decir que sean acertadas o necesarias; que los pasos sean lentos no quiere decir que tengan o vayan a merecer consenso; que un juez reciba críticas de todos los sectores no quiere decir que sea independiente de todos ellos; que la decisión no sea popular no quiere decir que ella sea buena o justa.

Al respecto, la afirmación de Hamilton es enormemente problemática también. La suya es de las expresiones que suenan muy bien, pero que no se sostienen apenas se las mira con algún detalle: la rama judicial, lo sabemos bien, no es la más inocua; ni es la menos peligrosa; ni actúa sólo movida por/con la ayuda de la razón. Depende el caso, depende la situación, depende la decisión, la rama judicial puede ser la más peligrosa de todas (piénsese en Weimar, sin ir más lejos: una decisión puede ayudar a desatar una guerra civil). Al mismo tiempo, lo que sugiere esa idea no es cierto tampoco: el Congreso tiene “la bolsa” (el control del presupuesto), el Poder Ejecutivo “la espada” (el control de la coerción), pero, a su manera, la justicia puede tomar decisiones que afecten radicalmente al presupuesto (caso de jubilaciones, caso de coparticipación, para tomar sólo algunos), y hacer que se  modifique radicalmente también el uso de la coerción (caso Chocobar, caso del empleo del ejército para cuestiones de seguridad interna, para tomar sólo algunos).

Más todavía, apelar a la Constitución (convertirse en “esclavo de la Constitución”) quiere decir poco: yo puedo apegarme a la idea constitucional de “vida”, o de “libertad”, o de “igualdad,” o de “seguridad”, y hacer una cosa o la contraria; es decir, ser abortista o anti-abortista; defender una ley de medios o derrumbarla; defender los planes sociales o atacarlos. Y todo ello puede ser hecho en nombre de la Constitución. Entonces (para volver sobre un tema tan importante como mal tratado) la Constitución debe interpretarse siempre; pero es difícil de interpretar; y desacordamos acerca de cómo hacerlo; pero a fin de cuentas todos podemos sugerir una respuesta diferente, y hacerlo siempre en nombre de la Constitución. Por ello, necesitamos –antes que reclamar apego a la Constitución- exponer qué teoría interpretativa tenemos, y dar detalles de ella (CR alguna vez la expuso, y la discutimos por este medio). Yo propondría una basada en un diálogo social, inclusivo. Pero de eso hemos dicho mucho ya, y éste no es el momento de volver a ese tema.


19 mar. 2019

HRW sobre Ramos Padilla


Argentina: Investigación contra juez amenaza la independencia judicial
El gobierno debe retirar su solicitud para investigar al juez federal Ramos Padilla

(Washington, DC, 19 de marzo de 2019) – El pedido del Gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial, sostuvo Human Rights Watch.

El 13 de marzo de 2019, el juez de instrucción federal Alejo Ramos Padilla compareció ante una comisión del Congreso sobre la investigación que adelanta acerca de supuestas operaciones ilegales de inteligencia. Dos días después, el Ministro de Justicia Germán Garavano solicitó al Consejo de la Magistratura que abriera una investigación contra el juez Ramos Padilla, argumentando que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática” y violó sus “deberes de imparcialidad y reserva”.

“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

El Consejo de la Magistratura, compuesto de 19 miembros, es el organismo encargado de investigar la actuación de los jueces en Argentina y tiene la facultad de destituirlos cuando tengan “mal desempeño” o cometan un crimen. Con arreglo al derecho argentino, la causal de “mal desempeño” incluye, entre otros, actuar con “negligencia grave”, cometer actos de “manifiesta arbitrariedad” o “incumplimiento[s] reiterado[s] de la Constitución, normas legales o reglamentarias”.

Durante la audiencia en el Congreso, el juez Ramos Padilla describió las pruebas que había reunido en una investigación penal iniciada en enero, contra un sujeto llamado Marcelo D’Alessio, que se hacía pasar por abogado, por presuntos hechos de extorsión. El juez Ramos Padilla descubrió en su investigación que D’Alessio aparentemente habría realizado “operaciones de inteligencia” para extorsionar a ciertas personas con el fin de que confesaran delitos o implicaran a otros. Por ejemplo, D’Alessio habría utilizado cámaras ocultas, les habría plantado evidencias a sus víctimas y habría usado información sobre su vida privada, según el juez.

Según indicó el juez Ramos Padilla, estas confesiones y declaraciones obtenidas por D’Alessio luego eran usadas por jueces y fiscales para presentar cargos penales. Las comunicaciones interceptadas de D’Alessio sugieren, según un análisis de la evidencia que leyó el juez en la audiencia ante el Congreso, que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich “mante[nía] [un] vínculo” y le daba algunas “indicaciones” a D’Alessio y que D’Alessio les habría brindado información a algunos diputados, al parecer, oficialistas. El 25 de febrero, el juez Ramos Padilla procesó a D’Alessio por extorsión.

El Ministro de Justicia, al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso. Sin embargo, la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio. Es habitual que el sitio web publique procesamientos en casos de interés público.

Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar, señaló Human Rights Watch.

El gobierno también afirmó que el juez carecía de “ecuanimidad” porque, en la audiencia, sostuvo “categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme a sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Human Rights Watch escuchó la audiencia y no coincide con el planteamiento del gobierno.

El juez Ramos Padilla aclaró en reiteradas oportunidades que sus palabras no podrían interpretarse como una “evaluación de mérito” de la prueba. Se limitó a presentar las pruebas disponibles, así como el análisis de la evidencia realizado a pedido del juez por la Comisión Provincial por la Memoria —un órgano gubernamental de la provincia de Buenos Aires. En varias ocasiones, Ramos Padilla aclaró que la prueba podía interpretarse de distintas formas o que el acusado podría haber fabricado pruebas falsas y que el análisis de la Comisión Provincial no era concluyente para la investigación.

Argentina ha ratificado varios tratados de derechos humanos —entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que le exigen preservar la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Existen numerosos estándares internacionales – como los establecidos en los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano – que establecen los elementos centrales que debe tener un poder judicial independiente e imparcial. Estos estándares incluyen que los jueces no deberían sufrir presiones ni injerencia de otros poderes. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos “por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”.

Durante la audiencia en el Congreso, Ramos Padilla manifestó que, al parecer, D’Alessio también habría realizado actividades de inteligencia contra algunos periodistas y habría filtrado información a la prensa como parte de su estrategia. El juez también examina la supuesta responsabilidad de algunos de estos periodistas como partícipes en la trama de extorsiones e inteligencia ilegal bajo investigación.

“Cualquiera sea el resultado de esta investigación que adelanta el juez Ramos Padilla, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”, señaló Vivanco.

Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre Argentina, visite: https://www.hrw.org/es/americas/argentina

Para obtener más información, comuníquese con:
En Washington D.C., José Miguel Vivanco
o vivancj@hrw.org. Twitter: @JMVivancoHRW

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p.d.: También de JM Vivanco, vía twitter:
José Miguel Vivanco

@JMVivancoHRW

"La causa de los cuadernos en Argentina es histórica y necesaria para que por fin sean enjuiciados los corruptos. Pero defender esa causa no implica intentar destituir, sin presentar ningún motivo convincente, al juez Ramos Padilla." https://bit.ly/2CsaK4i 

13 mar. 2019

Nuevo gran libro de Adam Przeworski

En la Colección Igualitaria-Siglo XXI publicamos un nuevo gran libro de Adam Przeworski!


10 mar. 2019

Feminismo Ni un paso atrás


De lo mejor que se ha escrito sobre el tema, de Claudia Piñeiro, ciudadana ilustre de la CABA


Este 8 de marzo fui a la marcha por el Día Internacional de la Mujer luciendo la remera color morado que usan las españolas con el lema: “Ni un paso atrás”. Llevé en el cuello el pañuelo verde que usamos las argentinas con el estampado: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. En el brazo izquierdo me anudé el pañuelo verde que usan las brasileñas: “Nem presa nem morta por aborto” y “Nem uma a menos”, y también el de las chilenas: “No bastan 3 causales”. Si hubiera tenido más pañuelos de otros países del mundo, más símbolos, más pulseras, más adornos, más lemas, los habría llevado. Porque la suma de todos esos reclamos o deseos es el grito feminista global que se hizo oír este 8 de marzo en el mundo entero. Estamos juntas, aunque nos separen miles de kilómetros de distancia. De algún modo cada mujer que salió a la calle con su reclamo reclamaba por todas. Y eso, lo extendido del movimiento feminista, su poder de derramarse hasta llegar a cualquier rincón del planeta, produce pavor en sectores conservadores que salen como compadritos a agitar el dedo índice y pegar cuatro gritos creyendo que con eso lograrán que nada cambie. El problema, para ellos, es que el cambio ya empezó y es imparable.

Lo que pedimos no es igual para todas, porque aunque el movimiento feminista es global las prioridades son diferentes según el país donde vivimos. A veces incluso según la ciudad donde vivimos. Las mujeres que ya obtuvieron conquistas básicas pueden ir por nuevas. Las que no, seguimos reclamando derechos que pueden parecer obvios. Por ejemplo, en mi país, las mujeres tenemos hoy dos prioridades: que no nos maten por violencia machista, que no muramos por abortos clandestinos. Cuando hay que pelear por la vida, las otras batallas se dejan para mejores momentos. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, asesinaron a 54 mujeres por violencia machista en los dos primeros meses de 2019. Un femicidio cada 26 horas. Semanas atrás, una fiscal de Tucumán, el poder ejecutivo de esa provincia a través de su ministerio de salud, el arzobispo y organizaciones antiderechos que se hacen llamar “pro vida”, lograron por medio de distintas maniobras dilatorias que no se pudiera practicar un aborto legal a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela. La niña reclamaba: “Que me saquen lo que el viejo me puso adentro”. No les importó. Fue condenada a continuar y parir por medio de una cesárea en la semana 23. El bebé que obligaron a nacer murió el viernes. Quienes se arrogan el eslogan: “Salvemos las dos vidas”, no salvaron nada, pero sí torturaron y pusieron en peligro a una niña que pesa menos de 50 kilos, había pedido el aborto legal en la semana 16, y se le debería haber practicado en las 48 horas siguientes.Ante casos como estos es difícil reclamar otros derechos muy necesarios pero menos urgentes. 

En los feminicidios y en el aborto clandestino, el campo de batalla es el mismo: el cuerpo de la mujer

En los femicidios y en el aborto clandestino, el campo de batalla es el mismo: el cuerpo de la mujer. Sobre ese cuerpo es donde otros pretenden tomar decisiones por nosotras. Una forma de esclavitud que persiste en el siglo XXI. ¿Por qué algunos se creen con derecho a esclavizarnos? Porque para ellos el cuerpo de la mujer sigue siendo, antes que nada, un aparato reproductor. No ven a la persona, no ven sus deseos, no ven su proyecto de vida, solo ven una incubadora que si no está dispuesta a ser madre al menos debe cumplir con la obligación de entregar su útero para que el embarazo se desarrolle y luego dar ese bebé en adopción. En mi país, esta visión de la mujer como prioritariamente reproductora resultó evidente cuando los senadores prefirieron asumir la responsabilidad por la muerte de mujeres en abortos fuera del sistema de salud antes que otorgarnos el derecho a interrumpir un embarazo involuntario. Pero también han aparecido manifestaciones preocupantes en países que parecían tener el tema zanjado. El mes pasado, mientras estuve de visita en Madrid, grande fue mi sorpresa al escuchar que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, decía que pretendía volver a la ley de aborto del año 1985 —una ley más restringida que solo lo autoriza por causales— porque “si queremos financiar pensiones debemos pensar en cómo tener más hijos, no en abortar”. Y advirtió que España pasa por un “invierno demográfico” que pone en peligro no solo el sistema de pensiones, sino también el de salud y el de prestaciones públicas. O sea: unas descaradas antipatriotas las mujeres españolas que hacen peligrar la economía por no decidirse a tener hijos aunque no quieran. Increíble razonamiento que quienes lo acompañaban convalidaban con gesto afirmativo como si estuviera diciendo una genialidad.

A pesar de la espeluznante realidad que vive la mujer argentina —y muchas latinoamericanas—, a pesar del resurgir de voces conservadoras en España, Estados Unidos y otros países donde se habían logrado avances, a pesar de la preocupación de todas, la marcha del día 8 de marzo fue una fiesta colmada de alegría. En mi ciudad, Buenos Aires, mujeres jóvenes con los rostros maquillados con glitter caminaban abrazadas, enfundadas en colores verdes, morados o naranjas, que representan la separación de la Iglesia y el Estado. Muchas llevaban niños pequeños adornados con cintas o pañuelos de los mismos colores. Hubo cantos, bailes, performances, acróbatas arriba de zancos, círculos de chicas tomando mate, risas, encuentros. En medio de la avenida de Mayo convocaron a un “bombachazo” (en España debería decirse “bragazo”): un grupo de jóvenes armó una tira de bombachas / bragas atadas una a continuación de la otra, las alzaron, y las demás pasábamos por debajo pidiendo un deseo. El deseo más escuchado fue: “Aborto legal, seguro y gratuito”. No hay hoy manifestación política en Argentina —un país donde solemos estar siempre muy irritados— que tenga semejante clima distendido y festivo. El encuentro en la calle resultó una fiesta de hermanas.

Lo que pedimos no es igual para todas, porque las prioridades son diferentes según el país donde vivimos

Nuestro grito feminista se conforma con la suma de los gritos por deseos individuales. Este 8-M, cada chica llevó un cartel donde contaba a las otras por qué estaba allí. Algunos eran cartones improvisados escritos con tinta azul; otros, pósteres artísticos elaborados con esmero y materiales sofisticados. “Niñas, no madres”, “Ni Dios, ni patrón, ni marido”, “Trataron de enterrarnos pero somos semillas”, “Aborto clandestino, no va más”, “No estamos todas, faltan las asesinadas”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, “Femicidas sueltos+aborto clandestino=mujeres en peligro”, “Ni sumisa ni devota, te quiero linda, libre y loca”, “Vivas nos queremos”, “Estoy harta, harta, harta”, “Mi mamá me enseña el derecho a elegir, ella eligió tenerme”, “Si nosotras paramos se para el mundo”, “Girls just want to have fundamental rights”, “Por más mujeres músicas en los escenarios”, “La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza, la Iglesia no se mete, el decorado se calla”. Me imagino que en cada país habrá habido distintos carteles que gritaban diferentes deseos. Pero esos gritos individuales sonaron como un coro de voces cantando una misma canción. Y que no espante la palabra grito porque con el mejor tono se puede decir que las mujeres debemos parir para sostener el sistema de pensiones.

Si tengo que elegir un grito en este 2019, me quedo con el estampado en la remera morada que me regaló Rosa Montero: “Ni un paso atrás”. Ni un paso atrás, chicas, que estamos todas para cuidarnos.

6 mar. 2019

La Corte y La Rioja




publicado hoy en LN
https://www.lanacion.com.ar/2225677-la-corte-ante-una-grave-amenaza-a-la-democracia-constitucional

La iniciativa promovida en La Rioja, en favor de la re-reelección del actual gobernador, deberá ser examinada nuevamente por la Corte Suprema. Esta situación le ofrece a los jueces una oportunidad extraordinaria para dejar en claro lo que no dejaron en claro en la ocasión anterior, esto es, su disposición a salvaguardar a nuestra democracia constitucional, frente a las gravísimas amenazas que regularmente recibe. El caso en cuestión, por lo demás, reviste una importancia excepcional, en tanto “caso testigo”: autoridades políticas de todo el país siguen con atención lo que ocurre, con la certeza de que un “vía libre” judicial al abuso en marcha representaría la señal perfecta, la única autorización faltante para convertir a cualquier Constitución Provincial en una herramienta a favor de la opresión ciudadana. Dicho aval permitiría que el poder establecido expanda sus privilegios a voluntad, invocando la legalidad vigente; y se defienda frente a las críticas, invocando el federalismo. En lo que sigue, y frente a semejantes riesgos, voy a ofrecer cinco argumentos constitucionales que la justicia podría considerar en el caso.

Procedimiento democrático. La primera y fundamental tarea de la Corte es la de asegurar que los ciudadanos, a través de sus representantes, puedan autogobernarse. Para ello, la justicia debe concentrar sus energías en asegurar que las reglas básicas del procedimiento democrático se encuentren a salvo, examinando con el escrutinio más estricto (strict scrutiny) cualquier incumplimiento serio de esas reglas procedimentales, y cualquier decisión tomada para socavarlas. En el caso riojano, tales incumplimientos y agravios resultan descomunales. Ante todo, y en abierta violación de la Constitución local del 2007, que tuvo como finalidad principal la de impedir las terceras reelecciones consecutivas, el gobierno local motorizó una reforma destinada a posibilitarla. Y lo hizo, por lo demás, de un modo grotesco: convocó a una consulta popular para el momento que quiso (el art. 177 de la Constitución riojana permite enmendarla con el apoyo de una consulta popular realizada en simultáneo con “la primera elección general que se realice”); del modo en que quiso (la convocatoria a la reforma no fue realizada por quien estaba autorizado a hacerlo, esto es, el vicegobernador y presidente de la función legislativa); y contabilizando como quiso sus resultados (ver más abajo). La violencia contra los procedimientos democráticos resultó, en resumen, desmesurada.

Separación de poderes y “frenos y contrapesos”. Respetar la división de poderes que establece la Constitución nada tiene que ver con la idea de abstinencia judicial frente a la política: la separación de poderes se articula con un sistema de “frenos y contrapesos” que, como sostuviera James Madison al momento diseñarlo (El Federalista n. 51) requiere, no de auto-restricción, sino de la parcial injerencia, de cada poder en las funciones del poder contrario. De allí que –contra lo que alguna vez quiso consagrar la absurda doctrina de las “cuestiones políticas no judiciables”- no es cierto que los asuntos que involucran procedimientos y derechos fundamentales queden fuera de la supervisión judicial. La mayoría de la Corte, por tanto, se equivocó en su decisión anterior sobre la reelección en La Rioja, al auto-limitarse del modo en que lo hizo, invocando los riesgos de "la judicialización de las cuestiones electorales.” Se trata de lo contrario: el esquema de “frenos y contrapesos” exige que la Corte intervenga de modo activo, sobre todo y precisamente, en este tipo de casos.

Federalismo. El argumento del federalismo viene utilizándose de modo recurrente, en esferas políticas y judiciales, para permitir que quienes gobiernan refuercen o expandan sus privilegios, vulnerando para ello los derechos que sean necesarios. Es claro, sin embargo, que la Constitución afirma el federalismo por razones contrarias a las aludidas por los defensores de las oligarquías locales: no como excusa para que el poder haga lo que se le venga en gana, sino como medio destinado a posibilitar un mejor resguardo de los “principios, declaraciones y garantías” constitucionales (art. 5 CN).

Poder Ejecutivo. Según uno de los más renombrados juristas de nuestro tiempo, Cass Sunstein, el constitucionalismo debe entenderse en respuesta a las amenazas más serias que afectan a una comunidad. De allí que la Constitución norteamericana fuera leída, durante dos siglos, como un remedio frente al riesgo de las “facciones”; o que Juan Bautista Alberdi concibiera a la Constitución de 1853 como un instrumento destinado a afrontar los males del “desierto” y el “atraso”. Desde hace décadas, en la Argentina, la vida constitucional se encuentra a la merced de la concentración del poder (político y económico), que ha puesto en riesgo tanto el autogobierno colectivo como a las más básicas libertades personales. Por ello, el Poder Judicial debería examinar con una virtual “presunción de inconstitucionalidad” cualquier decisión del poder de turno destinada a prolongar su permanencia en el poder; o susceptible de afectar las capacidades de la oposición para controlarlo. Mucho más en un caso como éste, en donde el poder establecido pone en crisis a la propia Constitución Provincial. Como sostuviera el juez Rosenkrantz en su acertada opinión sobre la materia, el procedimiento de reforma constitucional es el punto nodal de toda Constitución, dado que de él depende tanto el sistema de derechos, como la forma de gobierno establecida.

Soberanía popular. Sin dudas, el agravio más extraordinario de los definidos por la maniobra del gobernador riojano, es el referido al principio de soberanía del pueblo. La agresión contra dicho principio fue doble. La primera consistió en colocar, en los hechos, y por encima de la Constitución local -que define cómo contabilizar los votos de la consulta- al artículo 15 de la ley 5.989, que puso cabeza abajo lo dispuesto por aquella. Mientras que para la Constitución (art. 84), la consulta se considera rechazada si no la aprueba una mayoría del 35% de los votos de los electores inscriptos en el padrón electoral, la ley 5.989 establece que la consulta se considerará rechazada cuando los votos negativos, constituyendo mayoría, superen el 35%. Es decir, conforme a la nueva norma, la carga en cuestión –la de reunir voluntades en su respaldo- que antes se colocaba, razonablemente, sobre quienes querían modificar la Constitución, ahora se coloca (contra lo exigido por la Constitución vigente) sobre las espaldas de aquellos que quieren impedir el agravio. La segunda agresión la hizo pública el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Provincia, quien confesó que el gobierno convocó la consulta popular en enero, con la certeza de que en ese mes participaría poca gente. En sus términos: “ésta fue la estrategia que se armó junto con el gobernador…no va a ir más del 50%, entonces el “no” no va a poder sacar el 35% que necesita”. Una burla al pueblo hecha a los gritos y a cara descubierta.

Nos encontramos, en conclusión, frente a una situación que vulnera cualquier noción concebible sobre lo que significa respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales. Nos encontramos, finalmente, frente a un caso de inconstitucionalidad caricaturesca, violenta, exagerada.













4 mar. 2019

RBG y T.Marshall. Política más que tribunales, movimientos más que héroes

Es excelente que todxs nos ocupemos de dos gigantes del derecho contemporáneo, que como pocos representan la defensa de las minorías perseguidas. Hablo de Ruth Bader Ginsburg y Thurgood Marshall. La primera destacó/a por su defensa, notable, de los derechos de las mujeres; y el segundo por su defensa de los derechos de los afroamericanos. Si la primera participó, como abogada, en casos como Reed v. Reed (que extendió la Enmienda 14 a los derechos de las mujeres); Frontiero v. Richardson (sobre diferencias de género en el uso de las licencias parentales); o Craig v. Boren (sobre diferencias entre géneros en torno al mínimo de edad para beber alcohol); el segundo fue el abogado en el notable caso Brown v. Board of Education. Y si la primera participó, como jueza de la Corte, en decisiones como US v. Virginia (sobre la posibilidad de que las mujeres ingresen en una escuela militar reservada a varones); o Grutter v. Bollinger (sobre la permisión de las acciones afirmativas); Marshall dejó opiniones extraordinarias en San Antonio v. Rodriguez (sobre acceso diferente a recursos educativos de parte de comunidades afroamericanas pobres) o contra la pena de muerte (i.e., Gregg v. Georgia), además de participar activamente de la histórica "Corte Warren".

Es excelente, por eso, que el cine se empeñe en recordar y resaltar el legado de cada uno
Sobre Ginsburg
On the Basis of Sex, o RBG
https://www.imdb.com/title/tt4669788/?ref_=nm_flmg_tk_1
https://www.imdb.com/title/tt7689964/?ref_=nm_knf_t1

Sobre Marshall
Thurgood, o Justice for All
https://www.imdb.com/title/tt1844811/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/title/tt0969864/?ref_=nm_flmg_arf_8

Sin embargo, es muy importante también que Hollywood no nos confunda, arrastrándonos hacia los errores de siempre:

i) Los individuos no cambian el mundo. Se trata de dos grandes figuras del derecho, que formaron parte de movimientos que los trascendieron largamente, a favor de los derechos de las mujeres y los afroamericanos -movimientos que nacieron mucho antes que ellos y que siguieron y seguirán mucho después de sus respectivas contribuciones. Es un error, sino un insulto (para ellos mismos, y para las causas por las que abogaron), presentarlos como héroes o super-héroes

ii) La Corte no cambia el mundo. El poder de los tribunales, como nos enseñó Gerald Rosenberg, es siempre muy limitado, y los progresos que vinieron de la mano de casos como los citados fueron sólo en parte provocados por las acciones de tribunales (e individuos litigando). Cada acción de la Corte, incluyendo la(s) fabulosa(s) decisión(es) de Brown v. Board of Education no hubieran sido nada sin las instituciones políticas (el Congreso en particular) impulsando y afirmando avances en el área.

iii) El derecho no cambia el mundo. El derecho es un instrumento fundamental para impulsar cambios sociales, pero no puede impulsar esos cambios por sí solo, ni puede consolidar esos cambios sin ayuda, ni suele estar comprometido con el cambio social (al menos, en los niveles necesarios como para tornar posibles y estables tales cambios).

2 mar. 2019

Robin Wood, paraguayo máximo

https://www.clarin.com/sociedad/robin-wood-escritor-creo-heroe-historieta-argentina-ahora-vive-recluido-paraguay_0_85Ouou4eU.html

27 feb. 2019

Nos vamos quedando solos

Dos tercios de la humanidad ya tienen móvil
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/25/actualidad/1551107066_315467.html

26 feb. 2019

Creación constitucional en manos de la ciudadanía: la democracia deliberativa avanza de nuevo

Acabo de participar en oxford de un seminario sobre constitucionalismo en Gran Bretaña, con presencia de muchos grandes autores (Elster y Bellamy entre los más notables), pero en donde lo que más resaltó fue el peso que en estos círculos (nada marginales) se le está dando a las formas de creación constitucional con participación popular. Para el caso de Gran Bretaña, el ejemplo clave es el de Irlanda, en donde como sabemos se impulsó una forma de participación popular inspirada en Canadá (sobre todo en el ejemplo pionero y fundamental de British Columbia, y también a partir de lo ocurrido en Ontario), que procuró además corregir algunas de las deficiencias que se habían advertido en el caso Islandés (extraordinario, pero también -como calificó en el seminario uno de sus protagonistas, "caótico").

Llamativo también de qué modo, e inesperadamente tal vez, el ideal de la democracia deliberativa apareció en estas discusiones, junto a, por encima o  por debajo de cada ponencia. De un modo u otro, todos parecían tomar al ideal deliberativo -tan vituperado, tan marginalizado- como el punto de reposo de la discusión: es lo que obviamente se quiere conseguir, en tanto ideal.

Aquí, de parte del buen David Farrell, un comparativo sintético de estas experiencias participativas recientes. Y viva Irlanda!

13 feb. 2019

Diálogo democrático y derecho de protesta

Como modo de aclarar mi posición, en el tema de la protesta en el contexto del conflicto con Cataluña (ver post anterior), publiqué hoy en la Agenda Pública de El País, este texto:

http://agendapublica.elpais.com/dialogo-democratico-y-derecho-de-protesta/

introducido por este otro:
https://mailchi.mp/9213a066475c/newsletter-699997 

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO Y DERECHO DE PROTESTA

Defenderé aquí el valor del diálogo democrático, lo que me llevará a subrayar también la importancia de la protesta social en el marco de sociedades divididas por desacuerdos, como las nuestras. Hacia el final de este texto, ilustraré mis dichos con algunas referencias sobre la situación en España y el problema de la independencia de Cataluña.

La época en que vivimos caracteriza por dos fenómenos distintivos que ayudan a entender muchos de los conflictos presentes. Por un lado, nos encontramos con un sistema institucional con dificultades para representar la diversidad y complejidad de voces que son propias de sociedades multiculturales. Típicamente, el sistema de elecciones resulta inhábil para captar las múltiples y variadas demandas de cada individuo; y el sistema representativo se muestra poco preparado para dar cuenta de la heterogeneidad propia de sociedades tan numerosas. De ahí la extendida sensación de que los gobiernos cambien, pero las políticas no. Fenómenos como los citados han llevado a que menos de un 30% de los europeos muestren confianza hacia sus autoridades gubernativas –un hecho que el profesor David Van Reybrouck sintetizara con la idea del “síndrome de la fatiga democrática”.

Junto con un sistema institucional que se muestra hermético hacia a la ciudadanía, nos encontramos con niveles de activismo cívico inéditos e históricamente progresivos (Joseph Schumpeter, en los años 40; o Michel Crozier y Samuel Huntington, en los 60, nos alertaban ya sobre la “sobrecarga” de demandas democráticas que el sistema institucional era incapaz de satisfacer). El choque entre las expectativas democráticas crecientes y las incapacidades institucionales acumuladas favorece, en la actualidad, tanto la inquietud y protesta sociales como el surgimiento de líderes políticos oportunistas (llamémosles populistas), que buscan sacar provecho del estado de descontento existente.

Frente a este panorama desalentador, muchos de nosotros, que concebimos a la democracia como una conversación entre iguales, consideramos que las tensiones políticas de esta época hablan mucho más de las limitaciones propias de nuestros sistemas de gobierno que de un electorado apático, irracional o manipulado. En nombre del diálogo entre iguales, apostamos entonces por extender los márgenes de la discusión inclusiva y, desde esa misma base, cuestionamos muchos de los repudiables fenómenos políticos de la época, que se afirman en las angustias democráticas presentes.

Impugnamos, por ejemplo, a líderes populistas como Donald Trump o Jaïr Bolsonaro que, montados sobre las frustraciones ciudadanas, prometen dar respuesta a todas las demandas insatisfechas, aun cuando se trate de exigencias entre sí contrapuestas. Objetamos a estos políticos que dicen actuar en nombre del pueblo (un pueblo al que invocan, pero con el que no hablan y al que no escuchan), porque su proceder niega directamente los requerimientos de la conversación democrática.

De modo similar, el ideal de la deliberación colectiva nos ayuda a rechazar una mayoría de proyectos nacionalistas –el de Matteo Salvini en Italia, o el de Víktor Orban en Hungría– que, de algún modo, radicalizan el poco atractivo fenómeno anterior: aquí la soberanía popular es tomada como un supuesto independiente de la vida política concreta, al que se alude como si subyaciera en las napas profundas de la historia –una historia que es la que los propios nacionalistas prefieren.

Asimismo, el ideal de la conversación democrática nos ofrece buenos antídotos frente a propuestas plebiscitarias como las que han proliferado en estos años –desde la consulta por el Brexit en Reino Unido hasta el referéndum por el Acuerdo de Paz en Colombia. En casos como los citados, el valor de inclusión social satisfecho por las consultas apareció siempre como excusa para sacrificar el otro valor en juego: es decir, el de la discusión basada en el intercambio de razones. Consultas como las referidas fueron organizadas a la desesperada, a partir de la avidez de los convocantes; no de estimular el diálogo colectivo, sino de sacar ventaja a partir de coyunturas políticamente comprometidas.

¿Cómo pensar la protesta social, en el marco de estos parámetros? Ante todo, antes que descalificar la protesta por dar cabida a demandas excesivas, combatirla por su carácter disruptivo o pedir el procesamiento o detención de sus líderes, debemos empezar a reconocerla como el producto esperable de un sistema democrático que no funciona del modo apropiado.

En muchos casos, la protesta puede entenderse como el medio (extra-institucional) que escogen para expresarse quienes encuentran dificultades para canalizar institucionalmente sus demandas o quejas. Comúnmente, las protestas nos refieren a actos que comunican reclamaciones; reclamaciones que nos refieren a derechos (sociales, culturales) violados; y derechos violados que nuestras instituciones no registran políticamente, ni reparan judicialmente. Quienes valoramos la conversación democrática, defendemos (y exigimos protección para) la protesta, por lo que ella es capaz de hacernos conocer: voces de otro modo inaudibles, violaciones de derechos de otra forma invisibles.

El caso español ilustra bien, en Europa, el panorama descrito: una ciudadanía que se moviliza reiteradamente en reclamación de derechos insatisfechos (con el 15-M como ejemplo más notorio); denuncias contra una casta que goza de privilegios indebidos; un sistema político y judicial que muestra aún rasgos elitistas y excluyentes; y fuerzas políticas de signo diverso –incluyendo a Vox y a Podemos– que se nutren del descontento.

De modo todavía más notable, los eventos producidos en Cataluña en torno al tema de la independencia muestran la impropiedad con que el sistema institucional viene procesando demandas, protestas y descontentos. De hecho, cada uno de los pasos que se han dado al respecto contradicen directamente los aconsejados por el ideal del diálogo democrático.

Para comenzar, cada facción ha pretendido consagrar su postura sobre la facción contraria a través del recurso a los peores medios, cuando el asunto en juego exigía justamente lo opuesto: nos encontramos –conviene repetirlo– frente a un asunto complejo, socialmente divisivo y marcado por la presencia de profundos desacuerdos.

Mientras tanto, los discursos nacionalistas que ocupan la plaza pública desde hace años reproducen los peores rasgos del nacionalismo europeo, y buscan en las tradiciones históricas el apoyo social que son incapaces de encontrar en el presente.

Por su parte, el referéndum del 1-O, organizado a ‘empujones’, no pareció motivado a promover el diálogo colectivo, sino destinado a imponer la propia visión como un hecho de fuerza. La represión que se desató entonces agravó lo que ya era muy serio, porque a la irresponsabilidad de la dirigencia que organizó la consulta le siguió una respuesta injustificablemente violenta (con centenares de heridos) dirigida contra ciudadanos que –equivocados o no– habían aceptado una invitación que consideraban ajustada a sus derechos.

Peor aún, la petición de condenas penales jurídicamente insostenibles (rebelión; decenas de años de cárcel) para la inmoderada dirigencia catalana implicó volver sobre el camino equivocado: emplear la violencia del sistema penal para responder a una insensatez política que podía y merecía reproche por otros medios (diferentes de la privación de la libertad) y de otros modos (que podían incluir desde inhabilitaciones a sanciones económicas, por ejemplo).

En este caso, como en los restantes, el divisivo malestar social debe resolverse democráticamente y no a través de la represión policial, la violencia penal o los golpes de efecto. Frente a la insensatez política, y a la presencia de desacuerdos profundos sobre los derechos de que gozamos, necesitamos seguir insistiendo con el valor de la conversación entre iguales. 

El derecho de protesta en el "process" de la independencia catalana


Ayer, Andreu Van den Eynde (un ex alumno mío en la Universidad Pompeu Fabra), quedó a cargo de la primera intervención en el proceso judicial que se sigue a los funcionarios políticos que encabezaron el movimiento por la independencia catalana. Van den Eynde (defensor de Oriol Junqueras y Raúl Romeva) citó más de una vez mis trabajos sobre la protesta, como citó también a otros tres autores (Fiss, Dworkin, Duff) en sostén de su posición. Agradezco las referencias aunque, por supuesto, necesitamos distinguir entre varios temas diferentes: el derecho a la protesta (en el que tiendo a coincidir con su posición); el derecho a la independencia catalana y, sobre todo, el modo (para mí muy imperfecto) en que se estuvo tramitando la cuestión (en donde entiendo que diferimos bastante); y el uso de la prisión como respuesta frente a quienes encabezaron el proceso (aquí podemos coincidir nuevamente). Va su intervención completa.