24 nov. 2020

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO.

CARTA DESDE LA IZQUIERDA ECUATORIANA A EXPRESIDENTXS PROGRESISTAS EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA JUDICIAL PARA JUZGAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL PODER POLÍTICO. (acá)

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Expresidenta de Argentina


Señora Dilma Rousseff

Expresidenta de Brasil


 Señor José Mujica Cordano

Expresidente de Uruguay


 Señor Evo Morales Ayma

Expresidente de Bolivia


 Señor Leonel Fernández Reyna

Expresidente de República Dominicana


 Señor Fernando Lugo Méndez

Expresidente de Paraguay


Señor Ernesto Samper Pizano

Expresidente de Colombia


Señor Luiz Inácio Lula da Silva

Expresidente de Brasil


Señor Tabaré Vázquez Rosas

Expresidente de Uruguay


 Señor Manuel Zelaya Rosales

Expresidente de Honduras


Señor Martín Torrijos Espino

Expresidente de Panamá


Señor Salvador Sánchez Cerén

Expresidente de El Salvador


CC:  Jürgen Stock, Secretario General INTERPOL.


Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el Ecuador, testigos de los dos períodos de gobierno de Alianza PAIS, hemos leído con indignación, pero sin sorpresa, su carta, donde solicitan a INTERPOL suspender las acciones demandadas por la justicia de nuestro país por los casos de corrupción que involucran al expresidente Rafael Correa.


 


Desde hace años hemos visto cómo los denominados progresismos (con regímenes y partidos populistas de América Latina) han guardado un vergonzoso silencio a propósito de las permanentes violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por gobiernos afines. No dijeron nada respecto de la persecución a cientos de dirigentes sociales e indígenas durante el anterior gobierno: Javier Ramírez, encarcelado e ilegalmente procesado por defender la naturaleza en la zona de Íntag, y cuyo caso fue presentado en la Federación Internacional por los Derechos Humanos; dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como Pepe Acacho, Luisa Lozano y  compañeros y compañeras de Saraguro, injustamente encarcelados y procesados por protestar pacíficamente; adolescentes encarceladas por abortar; el asesinato del general Gabela, sospechosamente ocultado por el régimen porque denunciaba casos de corrupción; los asesinatos de Bosco Wisum y José Tendetza, líderes amazónicos que se opusieron a la penetración de las transnacionales mineras acordadas con el gobierno.   


 


Con tristeza contemplamos cómo la vieja izquierda del continente plegó a la tímida indiferencia que se manifestó en la autodenominada Cumbre de los Pueblos realizada en Lima, en abril 2018. En la resolución final no existió ni una sola frase de solidaridad con el pueblo ecuatoriano por el asesinato de tres periodistas de diario El Comercio. Al contrario, hicieron pública una extraña defensa del expresidente Correa pese que ya existían claros indicios de responsabilidad penal en su contra por casos de corrupción y por la permisibilidad de altos funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, asuntos que hoy se siguen ventilando en el ámbito judicial del Ecuador.


 


¿No se supone que, para las organizaciones de izquierda, “la lucha con el pueblo es lo más importante” y que debemos actuar “codo a codo con las luchas de abajo”? Tal parece que la solidaridad en cierta izquierda se la otorga a los caudillos y no a los pueblos. Cabe preguntarse, entonces, cuál es el concepto de pueblo que manejan los expresidentes y las expresidentas que suscriben la carta a INTERPOL. ¿Se refieren únicamente a los grupos y movimiento afines a una tendencia política que ha oficializado un discurso tecnoburocrático? ¿Nunca pensaron en un pueblo –el ecuatoriano– dolido por una década de latrocinio y autoritarismo?


 


Según cifras de la Comisión Nacional Anticorrupción –organización de la sociedad que fue varias veces amenazada por Rafael Correa y por sus ministros y que ha mantenido una postura intransigente frente a los actos de corrupción del actual gobierno–, durante el gobierno de Correa se desviaron entre 35.000 y 40.000 millones de dólares por sobreprecios y coimas en la obra pública. Durante el anterior gobierno, la CNA presentó a la Fiscalía 17 delitos emblemáticos de megacorrupción perpetrados por altos funcionarios de ese régimen.


 


Señoras Expresidentas y señores Expresidentes: toda vez que nunca hemos contado con su solidaridad ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte del primer gobierno de Alianza PAIS, desde las organizaciones de izquierda ecuatorianas les exigimos respeto por la autonomía del sistema judicial, postura que no implica la defensa de Lenín Moreno –quien, si la memoria no nos falla, llegó al gobierno con el respaldo incondicional de ustedes– sino la defensa de un pueblo que exige la devolución de lo robado durante 14 años de gobiernos de Alianza PAIS. Resulta por demás incoherente que ahora ustedes apelen a una supuesta manipulación de la justicia cuando durante diez años denunciamos precisamente esa práctica por parte del gobierno de Correa para perseguir a dirigentes indígenas, activistas sociales, defensores de la Naturaleza, mujeres, periodistas, militantes de izquierda…


 


Nosotras y nosotros exigimos que los y las responsables de los actos de corrupción retornen a suelo ecuatoriano para responder a la justicia. El latrocinio cometido durante 14 años es la causa principal de la profunda crisis en la que está sumido nuestro país.  No les vamos a permitir interferir en nuestro derecho soberano a esclarecer y juzgar los actos de corrupción cometidos desde el poder político.


 


Firmas:


Adhesiones Organizaciones:


ALAMES Ecuador


Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente- Clara Merino.


Ecuador Decide Mejor Sin TLC


Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur- Graciela Calle


Colectivo Yasunidxs Cuenca


Colectivo de Antropólogas del Ecuador


Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros Agrícolas y Campesinos (ASTAC).


Frente Nacional por la Salud de los Pueblos- Ecuador  - Ricardo Ramírez


Comuna Rebelión


Federación de Organizaciones Sociales de la Provincia del Guayas- César Cárdenas.


Escuela de Capacitación Política Popular Agustín Cueva Dávila- Edmundo Lombeyda


Foro Salud Pública


Colectivo KANAKA


Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)- Jhon Plaza


 


Rossana Palacios.- Secretaria Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 


Iván Bastidas- Presidente- Confederación de Servidores Públicos (CONASEP)


Luis Cherres- Presidente- Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales (FENOGOPRE)


Roberto Rodríguez- Presidente- Federación de Trabajadores de las Universidades (FENATUPE)


Wilson Álvarez- Presidente- Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP)


 


Adhesiones personales:


Nina Pacari Vega


Sylvia Bonilla – Abogada DDHH


Erika Arteaga Cruz


José Cueva – Intag.


Alberto Acosta


Napoleón Saltos


Carlos Rojas


Xavier Maldonado – Docente Universidad Central Ecuador.


Marisol Rodríguez Pérez


Marcelo Román


Carlos Zorrilla- DECOIN- Intag.


Fabrizio Moreno Salas


Patricia Sánchez Gallegos


Cristina Burneo Salazar


Edgar Isch López


Alejandra Santillana Ortiz


Christian Quiñonez


Cristina Avila  


Néstor Quimbita  


Ing. Wilman Belalcazar


Ana Maria Nuñez


Cecilia Cherrez


Wilson Oswaldo Pucha Ronquillo                             


Jorge Raza Vargas


Antonio López Cobeña


Hugo Noboa Cruz-  salubrista


Javier Ríos.


Ileana Almeida, Investigadora de la cultura, lengua e historia de los Pueblos Indígenas de Ecuador


Lenin Oña Viteri, Arquitecto y crítico de arte.


Luis Montaluisa


Rosa María Torres del Castillo


Cecile Durán Rendón


Manuela Gallegos Anda


Juan Carlos Miranda Ponce


Tarquino Cajarmarca-  Morona Santiago. 


Carlos Castro Riera- Exdecano Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Cuenca.


Jorge Acosta- Coordinador ASTAC


Diego Cano Molestina- Ex presidente FETRAPEC


Belén Cárdenas Landázuri


Susana Castillo


Lía Pesantez Palacios


Daniela Gallegos Anda


Fernando Carvajal


Pocho Álvarez- cineasta.


Carlos Pàstor Pazmiño


Salomón Osorio- NINA Radio FM, Puyo.


Carlos Arcos Cabrera – escritor.


José Molina Reyes


María Daquilema Miranda


María Victoria Proaño Chiriboga


Luis Túpac-Yupanqui


Loretta de Janon


Dimitri Defranc Cevallos- Biólogo e Historia de la Ciencia y Comunicador Científico


Miguel Ángel Berrú Jiménez- Representante Estudiantil de la Facultad de Filosofía


Gabriela Bernal Carrera


Gladys Eskola Torres-miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca - APUC


Vicente Villacrés


Francisco Muñoz


Tito Villacrés


Mencha Barrera

23 nov. 2020

20 nov. 2020

Las Audiencias Legislativas como burla a la deliberación

https://www.lanacion.com.ar/politica/senado-nid2515737

La casi totalidad de los que expusimos en las Audiencias (aún buena parte de la "propia tropa" del gobierno), nos manifestamos en contra de la reforma promovida por el kirchnerismo en la designación del Procurador. Ahora se trata de que "algunos estaban a favor, otros en contra"...entonces hacemos lo que teníamos ganas de hacer. Cuando las Audiencias Legislativas se convierten en burla y falta de respeto. No porque no sigan lo que uno dice, sino porque simplemente invitan a los críticos para encubrir y buscar legitimar lo que ya tenían decidido hacer de antemano. Actúan como si no lo supieran, pero tronará el escarmiento, y volveremos a perder todos. Viva Perú!

Cómo no modificar el Ministerio Público (y algunos principios con los que sí hacerlo)


El lunes pasado, invitado por el Senado, estuve presentando algunas críticas sobre los proyectos de reforma en la Procuración (MPF). Acá va una síntesis de lo que  expuse.

I. Con el objeto de analizar los proyectos de reforma que me fueran enviados, quisiera comenzar por el principio. Y digo comenzar por el principio, porque entiendo que los proyectos bajo estudio tienden a comenzar por el final, esto es decir, ellos señalan qué es lo que pretenden reformar de la organización del Ministerio Público, pero sin aclarar, primero, cuáles son los fines que persiguen, y las razones públicas que los justifican. Lamentablemente, si no sabemos por qué emprendemos una cierta búsqueda, lo más probable es que terminemos perdidos, sin razones para ir hacia ningún lado. Por lo demás, distintos fines requieren y definen distintos medios. Por ejemplo, si la razón que motiva la reforma fuera dar estabilidad a ciertas políticas criminales, podrían justificarse los cargos vitalicios; si lo que nos interesara fuera la rotación permanente en las posiciones públicas, podríamos pensar en la renovación anual del cargo de Procurador. En definitiva, nuestra discusión no puede comenzar por el final, esto es decir, por la discusión de reformas particulares, sin tener claridad sobre qué es lo que pretendemos con ellas. Mi primera sugerencia, en tal sentido, sería la siguiente: los proyectos deben ser replanteados, luego de que sus abogados dejen en claro, ante sus representados y mandatarios, es decir, ante el pueblo de la Nación Argentina, los principios que los guían y las justificaciones que sostienen a sus propuestas, de modo tal de aventar dudas y sospechas y asegurar que tales iniciativas aparezcan debidamente fundadas en razones públicas y no en motivos privados. Y -demás está decirlo- en respeto a ese mismo pueblo al que se debe enteramente la tarea legislativa, toda reforma que afecte las reglas básicas que organizan nuestra vida en común, debe tener como origen el reclamo popular (y no se si éste el caso), y basarse en el más profundo acuerdo, en particular con quienes piensen diferente. El paciente tejido de la compleja trama social -ahí reside el valor, según entiendo, de la tarea legislativa. 

II. Aclarado lo anterior, mi segundo punto sería el siguiente: no se trata de escoger, como si fuera una excusa o una formalidad a cumplir velozmente, cualquier razón general, destinada simplemente a habilitar el proyecto que uno ya tenía definido de antemano. Los márgenes de acción de que se dispone, en estos delicados asuntos de procedimientos legales, son más bien estrechos, porque se encuentran definidos ya, de modo bastante estricto, por la Constitución. Nuestro punto de partida y guía debe ser siempre, entonces, la Constitución. Comenzando desde allí podríamos preguntarnos, entonces: de qué manera honramos mejor los principios jurídicos que rigen en la materia, expresados, de modo particular, por el artículo 120 de nuestra Constitución? O, de forma más directa: cuál es el mejor modo de asegurar que el Ministerio Público defienda, en materia penal, “la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”? Como afirmara, en su momento, el convencional Juan Carlos Maqueda (aclararía, en consonancia con lo que sostiene, en buena medida, el derecho comparado), de lo que se trata es de garantizar la independencia política, la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, asegurando que el mismo quede -sigo citando a Maqueda- fuera de la esfera del Poder Ejecutivo y fuera de la esfera del Poder Judicial. En lo personal, coincido plenamente con esta aproximación, aunque -como diré más adelante- yo lea -a la Constitución en general, y al art. 120 en particular- desde un cierto entendimiento dialógico de la democracia, que me lleva a vincular íntimamente la tarea del Procurador con un debate público, que debe tener su centro en el pueblo de la Nación, que -en el marco de un país federal- no debe quedar centrado en la Capital Federal ni mucho menos concentrarse en un solo órgano, y que debe orientarse a definir colectivamente, y a partir de la conversación común, las pautas de la política criminal.

III. Dejo por ahora de lado mi propia interpretación de la Constitución, para quedarme con una lectura muy básica y austera de dicho texto (como, por ejemplo, la que expresara Maqueda), y presentar desde ahí mi tercera observación. Lo que diría es que aún una interpretación modesta o poco exigente de la Constitución no resulta vacía de sentido, en la materia que nos ocupa. Dicho de modo más directo, la Constitución no es compatible con cualquier cosa -con proyectos legislativos de cualquier tipo. La Constitución puede admitir varias alternativas posibles de organización del Ministerio Público pero -sin dudas- ella también fulmina o repudia otras posibilidades de reforma. En tal sentido, creo que algunos de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, más que en tensión con nuestro texto madre, llamativa, provocativa o exageradamente opuestos a la Constitución. Algunos de tales proyectos -según parece- innovan directamente en la historia del constitucionalismo comparado, sugiriéndonos que las casi universalmente proclamadas finalidades de independencia política, autonomía funcional y autarquía financiera, son compatibles con la posibilidad de que el gobierno de turno controle, en los hechos, la designación y a la vez -subrayo, a la vez- la remoción del Procurador y los fiscales. Tal tipo de iniciativas resultan verdaderamente notables para la historia del derecho. Más todavía, agregaría que, desde los orígenes del constitucionalismo moderno -allá por el siglo xviii- y para preservar el compromiso con la independencia de ciertos funcionarios -típicamente, los jueces- James Madison sugirió que la intervención, de las ramas políticas en la designación de los jueces fuera acompañada y compensada con la estabilidad de por vida de los funcionarios así designados. Es decir: si la política interviene en el nombramiento (aunque fuera, como se pensó entonces, de un modo muy limitado), luego conviene desapegar a esos funcionarios, tal vez de por vida, de la influencia de la política. Es decir, cada pieza se encuentra vinculada con las restantes. En definitiva, a la luz de nuestra Constitución, algunos de los proyectos presentados resultan inconcebibles. Por lo dicho, a quienes han presentado proyectos que vienen a caricaturizar la idea de independencia pública, les pediría (de rodillas, si pudiera) que nos ahorren la angustia de otra batalla constitucional que terminará por perderse en los tribunales. En este tiempo de pandemia y tristeza, necesitamos concentrar nuestras energías intelectuales y emocionales en otros problemas y, en todo caso, en otro tipo de reformas procedimentales, que busquen honrar en lugar de horadar los principios de la Constitución.

V. Para quienes, como yo, leen al derecho como una “conversación entre iguales” -una conversación que debe apuntar a integrar a las voces de los propios ciudadanos de todo el país- los proyectos presentados ofrecen otra peculiaridad. Ellos tienden a concentrarse en las formas de designación y remoción del Procurador o de los fiscales, descuidando de ese modo lo que es más importante, que no está ni en la entrada ni en la salida del problema, sino en el medio. En efecto, como ocurre con todas las instituciones de la democracia representativa, mucho más importante que la forma de designación y remoción de los funcionarios (que es muy importante), son las formas de ejercicio de la función y, en particular, los modos en que el pueblo de la Nación preserva, durante todo ese tiempo, su soberana capacidad de decisión y control sobre lo que hacen los funcionarios públicos designados. En el caso del Ministerio Público, lo que más nos debe interesar, entonces, es determinar de qué forma es que la ciudadanía va a controlar al Procurador, día tras día; de qué manera es que el Ministerio va a articular sus políticas, en diálogo con la sociedad; cómo es que, colectivamente, se van a definir los criterios generales de la función; etc.

VI. Recién cuando tenemos en claro los objetivos constitucionales que buscamos, en relación con el Ministerio Púbico -básicamente, independencia y defensa de los intereses generales de la sociedad- podemos definir cuál puede ser la mejor forma de diseñar la institución. Comenzaría insistiendo, al respecto, con la idea de que hay formas diversas de designación que parecen compatibles con las exigencias establecidas por una Constitución como la nuestra. En América Latina, por ejemplo, hay países, como Bolivia, que exigen mayorías de dos tercios; otros, como Colombia que diseñaron un mecanismo muy complejo que requiere la intervención del Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; otros países, como Chile, le otorgan la elección al Senado, por dos tercios, a partir de una propuesta formulada por la Corte Suprema. Lo que es claro es que, en la enorme mayoría de los casos, se hace un gran esfuerzo por desligar al nombramiento del Procurador de la influencia directa del partido político dominante en la coyuntura. Para nuestro país, subrayo, esta última posibilidad no sólo es indeseable -tanto como es ajena al derecho comparado- sino que es además inconstitucional.

Llegados a este punto, permítanme llamar la atención sobre un problema particularmente serio, vinculado con la posibilidad de facilitar la influencia del gobierno de turno en el funcionamiento del Ministerio Público. Se trata de un problema derivado de los dos principales poderes que posee cualquier gobierno, de cualquier signo: uno, el manejo del presupuesto; y dos, el monopolio de la coerción. Estas cruciales facultades importan enormes riesgos que requieren controles exigentes, y esos controles no pueden de ningún modo depender del propio poder político que hace uso de la coerción y del dinero. Para ilustrar lo que digo con un ejemplo claro: un gobierno, como el actual gobierno de los Estados Unidos, que ha promovido la violencia policial contra la comunidad afroamericana, no debe tener la posibilidad de librarse de esos controles a través de las decisiones del Ministerio Público (un Ministerio que, por ejemplo, desista de la posibilidad de perseguir prioritariamente abusos imperdonables como los citados).  Una posibilidad semejante sólo agregaría fuego sobre lo que ya es trágico.

VII. Hasta aquí, me interesó defender ciertos principios constitucionales, a partir de los cuales pensar críticamente sobre los criterios con los que podría re-organizarse el Ministerio Público. En lo que sigue, y de modo muy sumario, voy a sugerir algunas proposiciones de cambio concreto que podrían derivarse de mi exposición. Haré estas sugerencias, de todos modos, sin ninguna pretensión de considerar a mi propuesta como la propuesta óptima -se trata sólo de un esbozo- o como la única que podría derivarse del esquema de principios arriba expuesto. Hechas estas aclaraciones, sugeriría que, por un lado, el ideal de la “conversación entre iguales” no es compatible con funcionarios vitalicios, o que gocen de una estabilidad muy prolongada: la política debe resultar, por el contrario, de una reflexión continua, que requiere también de actores protagónicos renovados. En cuanto a la duración del Procurador en su puesto, y repitiendo que lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio de su mandato, diría que el mismo podría tener un plazo de 5 o 6 años. Asimismo, no sería descabellado, a mi entender, pensar en formas de elección ciudadana del Procurador, tal vez a partir de candidatos propuestos por algunos órganos establecidos -quizás la Corte Suprema y el Senado. Lo mismo para la remoción del Procurador. Entiendo, de todos modos, que, para un mandato de 6 años de un Procurador en permanente diálogo con la ciudadanía, el problema de la remoción no sería tan dramático, y que en todo caso podría pensarse en formas de remoción excepcionales -tal vez, vía revocatoria de mandato- y/o otras vías a partir de fórmulas políticas exigentes: otra vez, lo que importa es la preservación de la voluntad ciudadana, expresada por ella misma. Finalmente, considero que el centro de la reflexión debería estar en los modos de ejercicio de la función del Procurador, y sobre todo en las formas posibles de asegurar un diálogo constante entre el mismo y la ciudadanía -un diálogo que, repito, debe reproducirse en todos los puntos del país. Tal vez, instaurar un sistema de periódicas consultas públicas, abiertas a la ciudadanía, como las que realiza el Crown Prosecution Service de Inglaterra, pudiera ser, en tal sentido, una opción sensata. Insisto, de todos modos, que presento estas propuestas más detalladas de modo muy exploratorio, porque es escogido fijar mi atención en otro plano, relacionado con los principios constitucionales y fines democráticos de la función, que entiendo aparecen indebidamente descuidados en los proyectos a los que tuve acceso, afectando dicha omisión, de modo serio, el valor de los mismos. 


18 nov. 2020

12 nov. 2020

El fallo de la Corte y la "conversación entre iguales"

 


Publicado hoy en Clarín, acá: 

https://www.clarin.com/opinion/proposito-fallo-corte_0_KRG5rIaKQ.html

Frecuentemente, quienes concebimos al derecho como “una conversación entre iguales”, recibimos una pregunta que esconde también una crítica. La pregunta que se nos formula es de este tipo: “Qué significa esa noción tan abstracta y extraña, la de la conversación entre iguales?”. La crítica implícita en dicha pregunta viene a decir: “Y qué tiene que ver todo eso con nosotros, hoy, en la Argentina?”

Contra lo que tales cuestionamientos sugieren, sin embargo, lo cierto es que cotidianamente nos encontramos con ejemplos de lo que es, lo que no es, y lo que podría ser la “conversación entre iguales”. En la Argentina tuvimos un buen indicio de lo que podía ser ese diálogo entre todos, en los debates sobre el aborto del 2018, que se extendieron a calles, plazas y escuelas. En Chile está ocurriendo algo similar con el debate sobre la reforma constitucional, del que la ciudadanía se ha apropiado protagónicamente. 

Las distintas ramas de gobierno (las secciones políticas y el Poder Judicial) pueden y deben tener un papel central en la promoción del debate colectivo, que debe traducirse, también, en un trabajo cooperativo entre ellas. En nuestro país, políticos y jueces supieron articular atractivos “diálogos entre poderes” en casos excepcionales, como los relacionados con la política de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Perdieron, sin embargo, cruciales oportunidades de seguir “conversando” en otros casos de extraordinaria importancia. En estos tiempos difíciles, por ejemplo, políticos y jueces debieron haberse sentado juntos para pensar de qué modo combinar mejor las necesidades establecidas por la pandemia (hasta dónde llegar, por ejemplo, en la restricción de derechos constitucionales; o cómo proteger hoy, por caso, a grupos particulares -como el de los presos- que viven en condiciones de hacinamiento?) Sin embargo, nuestros funcionarios prefirieron atenerse a las pautas de un vínculo rígido y agonal, caracterizado por los celos, la sospecha y el reproche mutuo.

La propia Corte Suprema ha tenido -y perdido- grandes oportunidades para participar en ese diálogo compartido. Recientemente, y por ejemplo, ella tuvo la posibilidad de continuar la conversación constitucional en un caso tan actual e importante como el referido a los “traslados” de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte pudo intervenir, en este caso, de un modo más generoso, más transparente, y más solidario, involucrándose en la reflexión común sobre los límites de nuestras reglas de juego. Prefirió, en cambio, cuidar de ella misma, acusando al resto de no haberla entendido.

Resumo muy brevemente los hechos del caso: dos años atrás, el entonces Ministro de Justicia tomó una iniciativa plausible, destinada a evitar una (nueva) decisión contraria a derecho de su Ministerio, y presentó para ello una consulta a la Corte. El Ministro le pidió al tribunal que aclarara qué podía hacer y qué no, en relación con los “traslados de jueces” que se proponía realizar. A través de la hoy famosa Acordada 7, la Corte respondió a las inquietudes del Ministro. El problema surgió ahora, cuando el actual gobierno impugnó algunos de aquellos “traslados,” hechos -aparentemente- en conformidad con las pautas definidas por la Corte. Los jueces hoy cuestionados presentaron entonces su queja ante el máximo tribunal, recordándole lo que sus miembros habían ya dicho.

La Corte debió haber asumido la presentación de los jueces impugnados como lo que era: una gran invitación para continuar la conversación pública sobre cómo interpretar el contenido de las reglas de juego de nuestra democracia. Pudo hacerlo -debió hacerlo- desde el privilegiado lugar que ocupa, en tanto última conocedora de las quejas y demandas de quienes se sienten maltratados por el derecho. La Corte pudo habernos dicho, por ejemplo, “ya me pronuncié sobre aquello de lo que me están preguntando”. Inmediatamente luego, pudo haber agregado: “pero entiendo que estamos todos disconformes con la bien establecida práctica de los traslados judiciales, y que debemos ponerle límites.” Más todavía, la Corte pudo habernos sugerido “una manera posible, y ajustada a la Constitución, de lidiar con los traslados ya hechos, y algunas pautas acerca de cómo actuar a futuro.”

Sin embargo, decidida a modificar su antigua postura al respecto (por urgencias de la política, más que por exigencias del derecho) la Corte actuó de un modo completamente contrario al esperado. Nuestro principal tribunal decidió como si lo único que le interesara fuera dejar en claro su infalibilidad y consistencia; como si el problema fuera que todos los demás no supimos desencriptar su mensaje, ya sea porque hicimos entonces la pregunta equivocada, ya sea porque no entendemos la diferencia entre “sentencias” y “Acordadas”, ya sea porque no conocemos, realmente, cómo se interpreta la Constitución (como si uno sólo de los argumentos interpretativos ofrecidos por la Corte en su fallo fuera persuasivo, en lugar de una excusa para afirmar lo que no estaba en condiciones de afirmar).

Estas son, precisamente, las cuestiones a las que nos referimos cuando apelamos a la idea de “derecho como conversación entre iguales”. Es todo lo contrario a “apresurarse a salvar lo propio, a costa del resto.” Nos referimos al igual compromiso que tenemos, todos los ciudadanos y funcionarios, desde nuestros distintos lugares y responsabilidades, de reflexionar en conjunto sobre lo que dice nuestra Constitución. Nos referimos a la obligación mutua de ayudarnos, para resolver pacífica y cooperativamente los desacuerdos que hoy tenemos y que tornan difícil nuestra vida en común.







11 nov. 2020

Académicos expresan su preocupación por la situación institucional en Perú

 https://ageofrevolutions.com/2020/11/10/scholars-of-peru-and-latin-america-express-their-concern-about-the-political-crisis-and-condemn-the-parliamentary-coup-in-peru/?fbclid=IwAR1A9rMRTtrbR7I2FbLDt7VU-DS-jr5AmCUk77c4T2SnRZJ-UMXB0PrHRvM

SCHOLARS OF PERU AND LATIN AMERICA EXPRESS THEIR CONCERN ABOUT THE POLITICAL CRISIS AND CONDEMN THE PARLIAMENTARY COUP IN PERU

Posted on November 10, 2020by Age of Revolutions

Reading time 6 minutes

Read the statement below and consider signing your name to it here.

We, the undersigned, scholars of Peru and Latin America, express our concern about the ongoing political crisis in Peru and publicly condemn the parliamentary coup orchestrated by the Peruvian Congress against President Martín Vizcarra.


The recently established de facto government of Manuel Merino lacks all lawfulness. He has taken power with the support of a Congress that lacks legitimacy and is mired in corruption scandals. Over half of the representatives who voted to remove Vizcarra are currently being investigated by the judiciary.


Since the 2016 General Election, political actors entrenched in Congress have pushed an agenda of destabilization focused on safeguarding their economic and political interests and transforming their status into immunity against multiple corruption charges. Now, five months before the General Election, they have launched a parliamentary coup. 


The Peruvian constitution grants the people, not the Congress, the right to elect the president. Congress can only remove a president in cases when certain specific conditions apply. Rumours, accusations, and ongoing judicial investigations are not included among those conditions. Thus, Congress has unlawfully removed president Vizcarra, in what is in effect a parliamentary coup and not an impeachment. 


We condemn the repression against organized civil society who have mobilized since the night of November 9th, using their constitutionally protected rights of dissent and protest. We believe that state repression against these protesters only reinforces the authoritarian nature of the congressional coup. 


We call on multinational organizations and the international community to examine the unlawfulness and illegitimacy of the measures conducted by the Peruvian Congress. In particular, we call for the Inter-American Commission on Human Rights to oversee that the right to protest is upheld, and for the Organization of American States to apply the standards of the Inter-American Democratic Charter.


9 nov. 2020

Chile/ Dossier: La Crisis y el Estallido Social

 Dossier: La Crisis y el Estallido Social

1-37

El 18 de octubre chileno y algunas perspectivas latinoamerican

Gabriel Mora (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)


38-67

El derecho de la rebelión: soberanía, política y derecho en la revuelta de octubre

Fernando Quintana (Universidad Diego Portales)

Texto completo (Pdf)


68-95

Cambios socio-económicos y legitimación constitucional: camino hacia una nueva constitución en Chile

João Vitor Cardoso (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)


Discusiones: proceso constituyente en Chile

96-102

¡Nueva constitución o nada! Promesas y trampas del momento constitucional chileno

Lisa Hilbink (Universidad de Minnesota)

Texto completo (Pdf)


103-113

De la Constitución de 1980 a la Constitución democrática

Roberto Gargarella (Universidad Torcuato di Tella)

Texto completo (Pdf)


Articulos


(links a todos los textos se encuentran aquí: https://derechoycriticasocial.com/)

114-160

Sobre el Tribunal Constitucional en la doctrina tradicional (i): el conceptualismo constitucional

Fernando Atria (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)


161-215

Sobre el Tribunal Constitucional en la doctrina tradicional (ii): propuestas finales

Fernando Atria (Universidad de Chile)

Texto completo (Pdf)


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8 nov. 2020

Bernie Sanders felicitando a Biden

 


Del socialista Bernie Sanders, del mágico Vermont, a Joe Biden

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-07-20/h_4601df2e1970e24d6a85ab591e443b7d


La elección fue "acerca de si el país cree o no en la Constitución, el estado de derecho y la democracia". Ejem.

This election “was about whether or not we remain a country that believes in the Constitution, that believes in the rule of law and that believes in democracy,” 

5 nov. 2020

Poder Constituyente en una Comunidad de Iguales

Sobre el trabajo de Andrew Arato (y otros buenos amigues) en torno al Poder Constituyente
https://journals.openedition.org/revus/6436

4 nov. 2020

Un fallo preocupante

 https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-fallo-preocupante-corte-tres-jueces-trasladados-nid2498887



La decisión de la Corte acerca de la situación de los tres jueces “trasladados” de sus cargos por el gobierno anterior (e impugnados en sus “traslados” por el presente gobierno) resulta, desde varios puntos de vista, sorprendente e inatractiva. Quisiera detenerme en lo que sigue en el examen de algunos de las perplejidades y los problemas que sugiere esa decisión.

Urgencia institucional. Ante todo, los argentinos hemos sido testigos, en estos días, de un espectáculo judicial preocupante. Todos entendimos, un mes atrás, que la Corte había sabido reconocer la extraordinaria importancia y urgencia de la discusión en juego. Por ello mismo es que ella había tomado el caso per saltum; y por ello también es que exigió que el Estado y el Procurador General se expresaran sobre el tema en un perentorio plazo de 48 horas. Desde entonces, sin embargo, la Corte demoró un mes en dar su respuesta, lo cual genera una primer perplejidad: Y el apuro? Era razonable esperar que el Procurador dictaminara sobre un caso complejo en 48 horas, pero no que la Corte hiciera lo mismo, dado el modo en que había calificado el caso? La decisión del caso genera una primera preocupación, entonces, y entre otros motivos, por sus foras y tiempos -en particular, por la demora del tribunal, y por las razones de la demora, que aparecen inaceptablemente atadas a cuestiones personales y políticas.

La política del caso. Resulta claro que, a través de su decisión, la Corte se desdijo de lo afirmado por ella en situaciones más que análogas -así, de lo dicho en la Acordada 4 y sobre todo la 7, del 2018, en donde la Corte dio por firmes los traslados que ahora considera enclenques. Aquí aparece la segunda preocupación que genera el caso, que se relaciona con el modo en que la política, antes que el derecho, parece explicar el contenido del fallo. Sobre el tema, aclararía que, por supuesto, derecho y política están íntimamente vinculados: el derecho pretende ser una reflexión, sujeta a reglas, que toma como punto de partida a la política. Así, los derechos -por ejemplo, el de libertad de expresión o el del debido proceso- no son objetos “descubiertos” en el firmamento -como si fueran planetas- sino productos humanos que “creamos”, a la luz de una historia política llena de censuras y persecuciones. Ahora bien, reconocer y defender la vinculación entre derecho y política no significa colapsar al primero en la política. Sin embargo, nos encontramos aquí con una Corte más interesada en “calcular” los costos políticos que podía pagar (y hacer pagar a otros actores institucionales), que en decidir conforme a la lógica propia del derecho, y en consistencia con sus propias decisiones (el voto del presidente de la Corte resultó, en tal sentido, discutible, pero al menos consistente con sus opiniones previas). Por ello, los vaivenes de la política, más que las reglas del derecho, parecen dar cuenta de la sustancia del caso.

La interpretación del derecho. Lo dicho nos lleva a un tercer aspecto del fallo de la Corte, vinculado con los malabarismos que debieron hacer sus miembros, en materia de interpretación jurídica, para negar lo que habían afirmado con mucha claridad apenas instantes atrás (Acordadas 4 y 7). La Corte sostuvo que dichas acordadas debían ser “interpretadas” dentro del sistema de fuentes del derecho argentino, y no aisladamente; y afirmó que los camaristas que impugnaban ahora sus traslados "ignoran la pirámide jurídica y las reglas de interpretación del Derecho, al considerar las acordadas de manera aislada". Lamentablemente, en materia interpretativa, nuestros tribunales -en todas sus instancias- realizan afirmaciones sorprendentes, que parecen darle la razón a quienes trivializan la interpretación del derecho, ya sea para hacer “cualunquismo jurídico” (“cualquier interpretación es posible”); ya sea para presentar la interpretación como una patología, antes que como una práctica recurrente, establecida y necesaria en el derecho. Afirmar, como acaba de afirmar la Corte, que su (cambio de) postura se debe a una interpretación “no-aislada” o “armónica” -lo sabemos- es muy similar a decir “cualquier interpretación es posible”. Con semejante regla interpretativa, no habría decisión que no sea susceptible de ser cambiada a voluntad: para cambiar una decisión anterior, bastaría con invocar la presencia de “un nuevo elemento” contextual, institucional, normativo a ser “integrado”, antes no considerado. Otra vez: nos debemos una larga conversación sobre estos manejos y desmanejos interpretativos.

Las reglas del juego democrático. El caso, según entiendo, debió haberse decidido tomando en cuenta criterios procedimentales (criterios que, en lo personal, sostengo hace más de 30 años, junto con una porción importante de la doctrina y la jurisprudencia). Tales criterios requieren a los jueces ser “deferentes” frente a la política, en materia sustantiva (i.e., ante a un plan económico, o un nuevo programa de salud), a la vez que extremadamente exigentes, frente a cualquier intento de la política por cambiar, a su favor, las reglas del juego. Lo que se exige, para este último tipo de casos (afectaciones a los procedimientos) es que la justicia examine con el escrutinio más estricto, cada decisión de un gobierno (no importa su orientación o ideología) orientada a (pongamos) cambiar el sistema electoral; o afectar el sistema de partidos; o modificar el funcionamiento de alguno de los poderes; o extender su mandato; o quitar (o remover, o trasladar) de su lugar algún juez, como en este caso. En cualquiera de tales circunstancias, la justicia debe “analizar con la más alta sospecha” o con “presunción de inconstitucionalidad” la medida del caso. Su conclusión, entonces, sólo merecerá cambiar (para validar lo hecho por la política), sólo si el gobierno de turno es capaz de mostrar que cuenta, para respaldar su iniciativa, con razones de peso extraordinario; que no tiene a su alcance mejores medios disponibles que aquellos por los que ha optado; y que no tiene la posibilidad de dilatar la medida. Desde esta perspectiva, deberá decirse, ni este gobierno ni los anteriores tenían buenas razones para justificar muchas de las medidas que tomaron y dejaron de tomar en el área de la justicia. Por ello mismo, la justicia debió haber dicho -en este caso como en otros similares, anteriores- que lo actuado por la política era impermisible. Se trata de movidas que ameritan “sospecha judicial” y “escrutinio estricto”, antes que deferencia hacia la política, en honor del respeto a las más básicas reglas del juego democrático.

 

 

 

1 nov. 2020

Kicillof: "La operación fue exitosa y sin violencia"

https://www.pagina12.com.ar/303031-axel-kicillof-las-tomas-no-son-la-solucion

Mientras tanto, la guerra contra los pobres: a patadas y quemándoles lo poco que les quedaba






29 oct. 2020

Represión cumpliendo estrictamente todos los protocolos

 https://www.lanacion.com.ar/politica/kicillof-desalojo-guernica-se-hizo-todos-cuidados-nid2493705


Vergüenza que dan

 


28 oct. 2020

Amy Barrett y la política sin principios. Cuando la democracia de a poco muere


De lo que más me molesta e inquieta de la confirmación de Amy Barrett a la Corte de los Estados Unidos es la mentira y la inconsistencia como datos propios de la "nueva normalidad política" -la que nos lleva a todos, aquí y allá, a este desastre en el que estamos, y que reafirma el achicamiento, la degradación y la pérdida de sentido de nuestras democracias.

Cuando el Senado norteamericano rechazó la candidatura de Merrick Garland, ofrecida por el Presidente Obama el 16 de marzo de 2016, los senadores conservadores (en la voz del extremo M.McConnell) hicieron una moción de "principios": la "regla Biden", bautizada así en honor del expresidente del Comité Judicial y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que proponía posponer las nominaciones judiciales hasta después de las elecciones.

"Muy bien", pudo decir uno, apegado a la política de los principios. "Podemos atenernos a este principio, si va a funcionar igual para todos": "posterguemos la nominación" (aunque para las elecciones presidenciales -en noviembre- faltaban largos meses. "Nos atenemos a los principios, que para eso están" -podíamos decir.

Y sin embargo, lo de siempre. Una vez más. Ahora, que no faltan meses, sino una semana, para la elección, y posible cambio en la presidencia, se designa a una nueva jueza -Amy Barrett- para la más alta magistratura. Como si nada. Como si el principio antes invocado sirviera sólo para burlar ingenuos; como si las reglas iguales sólo tuvieran como objetivo acallar a los opositores ocasionales.

Así se juega, allá y acá. Lo que resulta -la política de "todo vale," "cualquier cosa", "da lo mismo"- no es gratuito: ha tenido y tendrá un costo altísimo en términos democráticos, pero no lo quieren ver, ni les interesa: sólo importa romper al enemigo.


25 oct. 2020

23 oct. 2020

Mario Juliano

 Maestro, amigo!


La buena gente, finalmente, resulta vulnerable, y no resiste. Los cínicos, en cambio, tienen la piel dura, y viven por siempre. Cariños a la eternidad, amigo!

22 oct. 2020

Rafecas: bien ahí

 https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-rafecas-candidato-procurador-propuesto-gobierno-si-nid2486107

13 oct. 2020

5 oct. 2020

El libro más importante del constitucionalismo moderno



En la encuesta que organiza Richard Albert, de la U. de Texas, mi libro de la Sala de Máquinas (200 años de Constitucionalismo Latinoamericano) quedó entre los 16 mejores del constitucionalismo moderno. Un poco mucho? En todo caso, muy agradecido, y a seguir votando que esto no terminó! 

https://www.surveymonkey.com/r/VLJZGY3?fbclid=IwAR2JyrFNfWsjUhyHVB_D4a44TKcA8BcWZkwqtcgcnMTym5fWB7D_rSbORMs

Quino: Moriré siendo socialista

 Linda entrevista reproducida en SOCOMPA

http://socompa.info/entrevista/morire-siendo-socialista/

3 oct. 2020


 

Glosas a Binder


 

(en respuesta a: https://www.pagina12.com.ar/296374-un-elefante-se-balanceaba-sobre-el-per-saltum)

El gran amigo Alberto Binder es hoy, tal vez, el único jurista que muestra la tranquilidad de espíritu y libertad ideológica suficientes como para decir lo que piensa sobre el oscuro entramado del mundo judicial argentino. Más allá de desacuerdos, este artículo que comento es una nueva muestra de lo dicho. Señalo primero mis coincidencias -casi plenas- y luego un par de desacuerdos relevantes

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Coincido con él en casi todo lo que dice. Ejemplos (Y SIGUEN ALGUNAS GLOSAS):

i)El problema que hoy nos preocupa tiene origen en la “técnica de manipulación de los nombramientos” que desarrolla el Consejo de la Magistratura, que provoca que los nombramientos de jueces tarden años, y que se produzcan entonces vacantes que son llenadas de manera precaria. BIEN ACÁ: EL CdM COMO PARTE CENTRAL DEL PROBLEMA

ii)Todo juez que resulta finalmente designado, luego de “pasar años de lobby y sufrimiento” queda “debiendo no sólo suficientes favores, sino que es correctamente domesticado.” EXCELENTE, Y DE ESTO SON RESPONSABLES TODOS LOS PARTIDOS (AQUÍ NO HAY BUENOS Y MALOS): EL INTERÉS ES, DESDE EL COMIENZO, CONTAR CON JUECES SOMETIDOS, DISCIPLINADOS

iii)Las vacancias que generan los atrasos en los nombramientos del CdM, son completadas por formas distintas de interinato, de la cual son “cómplices” una mayoría de jueces y asociaciones de jueces. PERFECTO: TODOS RESPONSABLES, Y EL INTERINATO/LA PRECARIEDAD NO COMO FALENCIA, SINO COMO OBJETIVO BUSCADO

iv)La institución de la “subrogancia” es una de esas irregularidades, que existe desde hace más de una década, y que resulta conveniente a los jueces, que de ese modo obtienen beneficiosos “suplementos” LO DICHO + LOS JUECES NO SON MERAS “VÍCTIMAS” DE LA POLÍTICA, SINO QUE SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PRIVILEGIOS ESTÁN SOBRE LA MESA, Y AYUDAN A EXPLICAR LA DINÁMICA, QUE SIN SU CONSENTIMIENTO NO FUNCIONARÍA

v)Las categorías de reemplazo que se ponen en práctica, muchas veces con el aval de la Corte (el traslado horizontal, el traslado interjurisdiccional, el traslado vertical”), terminan por complicar el escenario. Se trata, finalmente, de “subterfugios para no decir lo elemental: no son admisibles los jueces interinos, mucho menos la asignación de jueces a dedo.” Por lo demás -agrega- “nadie es tonto, por suerte, y sabemos que esas elecciones son hechas, sin inocencia, dentro del sistema de manipulación de tan larga data y probada utilidad.” EXACTO, EL INTERINATO NO DEBE SER VISTO COMO UNA OPCIÓN EN PRINCIPIO PERMISIBLE (AUNQUE ESTO RESULTA CLARO, TAMBIÉN, EN EL DISCURSO DE LA CORTE, POR EJ. EN ACORDADA 7)

vi)Sobre el “per saltum” como “mamarracho”: “¿Puede utilizarse en un caso extremo? Si, verdaderamente extremo, muy grave, que ponga en peligro inminente la institucionalidad argentina.”DE ACUERDO, DE ACUERDO SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL, Y SOBRE EL PROBLEMA INSTITUCIONAL QUE TAMBIÉN GENERA, EN SU PRETENSIÓN DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA INSTITUCIONAL GRAVE

vii)Las demoras e indecisiones de la Cámara de Apelaciones -que dieron base de apoyo al “per saltum”, en este caso- también resultaron parte del problema: “esa Cámara, formada por tres miembros que deben deliberar, en lugar de sortear de inmediato a un verdadero “subrogante” por la excusación de uno de sus jueces, esperó a que los otros jueces votaran y recién cuando no se pusieron de acuerdo, tuvieron la necesidad de convocar a otro. Increíble. Cuando se conforma un tribunal colegiado -y esto debería aprenderlo también la Corte Suprema- es para que la totalidad de los miembros deliberen, discutan entre sí, con la esperanza de que la argumentación y contrargumentación permitan sopesar y construir una decisión de mayor calidad.” PAPELÓN GRAVE LO DE LA CÁMARA. ENOJOSO

viii)Se podría solucionar todo esto? Sí. En sus términos: “¿Se puede reparar todo esto? Claro que sí, usando las facultades que desde hace años tiene el Consejo para organizar de otro modo los concursos, para tener siempre una lista de jueces concursados para formar la terna. El tiempo normal para cubrir una vacante judicial no puede pasar de un mes o dos, si somos parsimoniosos; tenemos todas las herramientas legales e institucionales para hacerlo.”OK, CONFIEMOS

Puedo coincidir también en que: “la Corte podría haber esperado una semana y usar las vías normales.” SÍ. EL “PER SALTUM” NO ERA LA SALIDA “OBLIGATORIA”, NI LA MEJOR

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No coincido, en cambio, en un pequeño y central párrafo, que es éste: “Lo alarmante es que ha aparecido una nueva causal para conceder el per saltum: la sensación de gravedad institucional. ¿Quién la produce? Los medios masivos de comunicación, los escraches, el juego de alfilerazos de la chicana política, la ansiedad de la pandemia. Y como el sistema judicial argentino está por estallar, probablemente ¡dentro de un mes!, la Corte tome una decisión, quizás también sin deliberar.”

 Al respecto, diría que

No tenemos una “sensación de gravedad institucional,” sino que padecemos un estado de cosas de extrema gravedad institucional. Y así, en relación con las tres ramas de gobierno.

Rama Ejecutiva. Primero, amparado por su historia (sobre todo reciente), la crisis económica, y la emergencia impuesta por la pandemia, el gobierno se propuso, desde el primer instante (a partir de la delegación de poderes legislativos), decidir todo por decreto, incluyendo limitaciones de derechos constitucionales (i.e., que el Jefe de Gabinete tenga absoluta discrecionalidad en el manejo del presupuesto). Ello fue, en el primer instante, avalado por el púbico y (equivocadamente) por la academia, pero se mantuvo luego de ese “primer instante” y hasta hoy (ya sin el apoyo de casi ningún sector de la academia jurídica).

Rama Legislativa. Mucho peor que eso: la emergencia puso en crisis las formas de decisión parlamentaria y otra vez -equivocadamente, desde mi punto de vista- se perdió la oportunidad de apostar a los acuerdos democráticos, horizontales, y se “aprovechó la excusa” para fortalecer las posibilidades de la decisión discrecional, negando información sobre lo que se votaba; impidiendo y/o ridiculizando el debate parlamentario (“si total votan en contra” -se buscó justificar); o generando reglas caricaturescas para el funcionamiento parlamentario (que permitieron que se contara como presentes a los legisladores vinculados al Congreso de modo virtual, y como ausentes a los presentes en el recinto). Dichas fallas no nos refieren a cuestiones de “formalismos”, de “desprolijidades que siempre habrá,” de “minucias técnicas”, o de “pruritos burgueses”, sino a las bases mismas de la discusión democrática: los ciudadanos necesitamos saber todo, pero muy especialmente, cómo y a partir de qué razones se usan los recursos económicos (cada vez más escasos) y los poderes coercitivos (cada vez más crecientes) de que dispone el gobierno.

Rama Judicial. Mucho peor todavía: en el ámbito judicial, el gobierno, (sólo) en primer lugar, encaró una reforma elefantiásica, millonaria, innecesaria, discrecional (sin acuerdo democrático), y orientada en dirección contraria a la esperada de acuerdo a los nuevos criterios vigentes en el área (terminar de una vez con la etapa inquisitorial), como el propio Binder reconociera bien, en un artículo anterior publicado en La Nación ( https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469). Debe tratarse del único gobierno en el mundo que dispuso a una reforma semejante, tan improvisada, tan mal direccionada, y de semejante costo, en tiempos de pandemia y -mucho peor- en una situación de angustia desesperante de recursos (que llevaron a iniciativas tan arbitrarias como la irracional disputa de recursos a la Ciudad, de espaldas a las exigencias altísimas impuestas por la Constitución en la materia, y que incluyen mayorías de dos tercios, consentimiento de la provincia afectada, y la no reglamentación del Ejecutivo). Cómo entender entonces semejantes gastos, así, ahora? Entiendo que la motivación última es la impunidad (Binder piensa que va más allá de eso, y tal vez sí) pero, en todo caso, la desesperación que el gobierno muestra en la materia, lo ha llevado a arrasar la estantería judicial, en cada lugar y en cada rincón en donde advierte obstáculos frente a sus ansiedades de control hacia el futuro e impunidad hacia el propio pasado (procuración, traslados, nombramientos de jueces, OA, P.Tesoro).

Conclusión. Se impone, en ese contexto de faltas procedimentales, insistentes, graves, de nivel constitucional, y relacionadas con todas y cada una de las ramas de poder, que la Corte se pronuncie hablando “alto y claro.” El “per saltum” fue la vía que -según parece- eligió la Corte para hablar -pudo no hacerlo, pudo esperar un poco, pudo optar por otra vía- pero la cuestión de fondo es la siguiente. Necesitamos precisión y reaseguro sobre las reglas de juego, para terminar con el gigantesco “mamarracho” procedimental al que nos enfrentamos hoy, y asegurar lo que pide la Constitución, esto es, que el Ejecutivo no limite derechos constitucionales por decreto, ni tome el lugar de, ni imposibilite en los hechos, el debate democrático; que las decisiones legislativas se tomen a partir de los acuerdos democráticos y las mayorías calificadas (acuerdos supra-democráticos, como los necesarios para modificar la coparticipación) requeridas por el texto constitucional; y que el Poder Judicial no reemplace, sino que le deje en claro a la política cuáles son las reglas con las que debe jugar su partida.

 


30 sep. 2020

Prócer infinito

De lo poco que me enorgullece de ser argentino, junto con el Juicio a las Juntas. Comprometido, democrático, feminista temprano, con una mirada social, crítico, agudo, sin golpes bajos, sin insultos, buena persona. Gracias siempre!



Los 3 dibujos que le mandó a Alfonsín en el 87, cuando el levantamiento carapintada (gracias RAA!)







29 sep. 2020

28 sep. 2020

Derecho constitucional a una vivienda digna y ocupaciones ilegales





Publicado hoy en Clarín (Página 12 rechazó publicar la primera versión de este artículo, no por razones de espacio ni de contenido): https://www.clarin.com/opinion/derecho-constitucional-vivienda-digna-ocupaciones-ilegales_0_S0HE-j9as.html


En todo el mundo, y desde fines del siglo xx, los tribunales tendieron a vivir una revolución en materia de derechos sociales. En América Latina, tribunales superiores como la Corte Constitucional Colombiana (creada en 1991); o la Corte de Costa Rica (a través de su renovada “Sala IV”); o incluso la Corte de la Argentina (desde la vuelta de la democracia), dieron pasos importantes en el reconocimiento de los derechos sociales y económicos. Tales organismos judiciales ayudaron a consolidar la idea de que aquellos no eran derechos de “segunda categoría,” sino derechos equiparables a los más tradicionales o “liberales”, y que -como aquellos- debían ser cumplimentados, y podían ser puestos en práctica (enforced) por los tribunales. Estas ideas vinieron a contradecir el consenso doctrinario dominante en la materia que, durante décadas, consideró a estos “nuevos” derechos como derechos-no-directamente-operativos.

 

En el ámbito internacional, tales desarrollos encuentran un punto de referencia ineludible, vinculado con las recurrentes decisiones de uno de los Tribunales más extraordinarios que nos ha dado el derecho comparado: la Corte Constitucional de Sudáfrica. Elegante y moderado en apariencia, el tribunal sudafricano produjo fallos que ayudaron a cambiar de raíz el modo en que se pensaba sobre los derechos sociales en el ámbito internacional.

 

Notablemente (y en relación con el tema que aquí me interesa abordar, es decir, el derecho a la vivienda y los desalojos), la Corte Sudafricana avanzó su jurisprudencia en el área a partir de una serie de decisiones que tomó sobre las ocupaciones ilegales de tierras (públicas y privadas), por parte de individuos y grupos en situación de grave marginalidad. Una decisión del 2001, en particular, fue la que inició el firme desarrollo de la Corte Sudafricana en el área, que continuó avanzando progresivamente hasta hoy. Me refiero, de modo especial, a la decisión que tomó la Corte en el caso Grootboom.

 

Grootboom se inició con una demanda presentada por más de 900 personas, de los cuales 510 eran niños. Se trataba de personas que, en su mayoría, vivían en una situación de pobreza extrema, en casillas sin agua, sin alcantarillas y -el 95% de ellos- sin acceso a la electricidad. Quien encabezó la demanda, Irene Grootboom, vivía junto con su familia y la de su hermana en una casilla de 20 metros cuadrados. Ella, junto con la mayoría de los demandantes, habían aplicado por el acceso a un programa de vivienda económica, y se encontraban en lista de espera desde hacía años. En 1998, y empujados por las condiciones paupérrimas en las que vivían, los vecinos del área decidieron moverse a tierras vacantes, de propiedad privada. Unos meses después, el propietario de las tierras consiguió una orden de desalojo, que permitió al gobierno dar una respuesta acostumbrada: arrasar las precarias casas con topadoras, para después quemarlas. Fue allí donde los desplazados decidieron presentar una demanda judicial, por la violación de sus derechos constitucionales.

 

La decisión de la Corte Sudafricana -insisto, una decisión modesta en su apariencia- vino a renovar por completo la discusión internacional en el área de los derechos sociales. Qué dijo la Corte? Ella sostuvo que el caso en cuestión no podía decidirse como si el conflicto en juego se refiriera, exclusivamente, a una violación del derecho de propiedad; subrayó que la Constitución de Sudáfrica (como la Argentina), incluía -junto a la protección a la propiedad- fuertes compromisos con derechos sociales, e incluso con el derecho a la vivienda, que no podían considerarse como no escritos o como no aplicables (los derechos económicos y sociales tenían exactamente el mismo status que derechos “liberales” como el derecho a la propiedad privada); que los derechos constitucionales debían ser leídos en clave del contexto histórico y social en donde se aplicaban; y que los poderes políticos estaban obligados a tomar medidas inmediatas, positivas y efectivas para asegurar los derechos de vivienda, de educación o de protección a la salud de los sectores más vulnerables.

 

Es decir, sin caer en la posición extrema contraria a la tradicional (para decir, por ejemplo “el poder judicial debe otorgarle una vivienda a quien se lo demande”); y sin “interferir” con las áreas de incumbencia propias de los poderes democráticos (para imponerles a ellos las políticas a tomar en materia de desarrollo social o vivienda), la Corte obligó a los poderes políticos a abandonar su modo habitual de respuesta. Los poderes políticos ya no podrían ordenar un desalojo por la fuerza de los ocupantes ilegales -lo que era la regla hasta entonces- como si los casos en cuestión no incluyeran otros derechos en juego, como si los derechos sociales no tuvieran status constitucional, y como si los más pobres no tuvieran un derecho efectivo a la vivienda digna, reconocido por la Constitución. A partir de Grootboom, y antes de, por ejemplo, proceder a desalojar a los ocupantes ilegales, el Estado debería responder a una pregunta de este tipo: “de qué modo -al desalojarlos- voy a asegurar el derecho a la vivienda digna, que la Constitución garantiza a los ocupantes ilegales?” En decisiones más recientes (como Olivia Road, del 2008, una decisión “hija” de Grootboom) la Corte siguió avanzando en la materia, para ordenar, por ejemplo, el “diálogo” y el “compromiso significativo” entre las partes involucradas (sobre todo, Estado y grupos vulnerables).

 

En momentos en que la discusión sobre las ocupaciones ilegales, en la Argentina, comienza a ganar temperatura y aspereza, conviene retomar las enseñanzas extraordinarias que nos ofrece el derecho comparado, para volver a situar la discusión en el marco de una Constitución como la nuestra, que es generosa, clara e insistente en materia de derechos sociales básicos, como el derecho a una vivienda digna.

 

 

27 sep. 2020

La "omisión culpable" en contextos de desigualdad económica e institucional

 https://www.lanacion.com.ar/politica/la-corte-y-los-riesgos-de-autorrestringirse-con-la-excusa-de-no-ocupar-el-espacio-de-la-politica-nid2462093



A mediados de los años 60, el profesor Alexander Bickel presentó una interesante defensa de las “virtudes pasivas” de la Corte Suprema. A través de la idea de las “virtudes pasivas”, Bickel aludía al valor de las decisiones judiciales limitadas y poco ambiciosas, que dejaban un amplio campo de acción para la política. Bickel aparecía bien situado para comentar y elogiar dicha actitud por parte del Poder Judicial: él mismo había trabajado en la Corte, como asistente letrado de uno de los jueces más renombrados en la historia del máximo tribunal norteamericano, el juez Félix Frankfurter quien, justamente, ganaría fama por su defensa de la auto-restricción judicial. Con su propuesta, Bickel brindó apoyo teórico decisivo a favor de una “política” de decisión judicial “pasiva”: era preferible que las partes resolvieran la cuestión de fondo, voluntariamente, antes que los tribunales impusieran, desde arriba, una solución a través del recurso a argumentos “legalistas”. La propuesta que defendía Bickel descansaba, por lo demás -y es fundamental notarlo- en la convicción de que el “mundo privado” contaba con recursos suficientes para enfrentar y resolver el conflicto; y que dicho contexto socio-económico no era uno caracterizado por gravísimas injusticias.

Más acá en el tiempo, el profesor Cass Sunstein -uno de los constitucionalistas más reputados de los últimos 50 años- retomó y desarrolló una postura como la de Bickel, acerca de las “virtudes pasivas”, para propiciar lo que él denominó un “minimalismo judicial”, esto es decir, la práctica de los jueces de decidir a partir de argumentos “estrechos y superficiales”, sin “ocupar” el espacio que le corresponde a la política. A la política, y no a los tribunales -decía Sunstein- le correspondía dar respuesta frente a los conflictos políticos sociales fundamentales. Sunstein fue más allá de donde había llegado Bickel, y buscó fundar su teoría en una concepción robusta de la democracia: la democracia como “democracia deliberativa” o “diálogo público entre todos los afectados”. Convencido del valor central de la deliberación democrática, Sunstein alentó el “minimalismo judicial” como modo de mostrar, también, la manera en que los tribunales podían ajustar su trabajo a una visión tan exigente de la democracia, como la que él asumía. En lugar de “reemplazar” decisiones que debían ser fundamentalmente políticas, los tribunales debían auto-restringirse (self-restraint), para dejar de ocupar el lugar de la política, y permitir que el debate público/político se hiciera cargo de las grandes cuestiones constitucionales. Los jueces necesitaban optar, entonces, por un camino de “modestia” o “humildad” argumentativa, y de ese modo, en los hechos, alentar la decisión política de los problemas políticos (en lugar de “resolver” tales problemas a partir de la “imposición” judicial). Otra vez, es importante notar que una posición como la de Sunstein suponía, finalmente, la existencia de canales institucionales bien establecidos, a través de los cuales era dable esperar un proceso de resolución de conflictos equitativo.

En estos tiempos difíciles, la Corte Suprema Argentina parece insistir con una línea de acción que alguno podría emparentar con el camino de las “virtudes pasivas”, de Bickel; o con el “minimalismo judicial”, de Sunstein. Me temo, sin embargo, que la situación es muy otra: no de “virtud pasiva”, sino de “omisión culpable”. Quiero decir, la Corte aparece optando por una modalidad de no-acción y/o dilación, que tiende a agravar los conflictos y daños existentes, sobre todo, porque el contexto que rodea a su omisión no es -como Bickel o Sunstein pudieron suponer- ni de “relativa justicia,” ni de “fortaleza institucional.”

La omisión o demora de la Corte parece alimentada por razones diversas, no todas justificables ni comprensibles. En los peores casos, lo que parece primar en la Corte es su celo por dejar en claro que a ella nadie puede pedirle que se apresure o que ofrezca una respuesta particular sobre un caso. En otras ocasiones, la no-respuesta o dilación del tribunal superior parece estar motivada por su dificultad de llegar a acuerdos internos. En otras circunstancias, la Corte omite actuar, o se demora indebidamente en hacerlo, como resultado de una “estrategia de evitación” (avoidance): el Poder Judicial no quiere que se lo identifique como órgano encargado de “desactivar” el “estallido” de conflictos severos, que reconoce como esencialmente políticos. Ninguna de estas razones parece buena, para justificar las dilaciones del máximo tribunal. Por un lado, en un órgano público, las diferencias internas deben verse como un supuesto de su accionar, y no como una excusa para su inacción. Por otro lado, la obligación de la Corte es la de solucionar conflictos (de nivel constitucional) y no la de evitarlos.

En lo que sigue, me concentraré, brevemente, en el análisis de un tipo particular de casos, en donde la omisión de respuesta o la demora judicial pretende emparentarse con la ideología de las “virtudes pasivas” y el “minimalismo”. En estos casos, la Corte viene a decirnos, explícita o implícitamente, que los poderes políticos deben hacerse cargo de los problemas públicos/constitucionales más acuciantes, y que ella debe intervenir en tales casos sólo en casos extremos, y como última instancia. En línea con esta aproximación, nuestro máximo tribunal suele dejar entre paréntesis la decisión del caso sobre el que se le pide respuesta para luego agregar -y cada vez de modo más frecuente- que decidirá “de acuerdo a la vía que este Tribunal oportunamente determine”. Más crudamente, la Corte nos deja en claro (en línea con las inclinaciones ya señaladas) que ella hablará del modo en que quiera, para decir lo que considere conveniente, en el momento en que decida hacerlo.

Sobre tales modalidades de acción (e inacción) del tribunal, caben señalar varias cuestiones, y aquí sólo mencionaré unas pocas. En primer lugar, subrayaría que la facultad (que la Corte se arroga) de pronunciar la “última palabra” en materia constitucional, es una atribución de la que la Corte en verdad carece, que la Constitución no le reconoce, que el derecho internacional le niega, y que la teoría democrática repudia. Los problemas constitucionales “sustantivos” deben resolverse a través de un “diálogo entre iguales”, dentro del cual la intervención/participación de la Corte es crucial, pero no final. En segundo lugar, señalaría que la intervención de la Corte resulta particularmente relevante y decisiva en el tipo de casos en donde -justamente- más resiste a hacerlo: los casos vinculados con los procedimientos constitucionales o “reglas del juego democrático.” Para que la política democrática (que debe tener su centro en la ciudadanía) pueda protagonizar la resolución de las cuestiones o problemas de fondo o “sustantivos”, el “árbitro del partido”, esto es, decisivamente, la Corte Suprema, debe ser muy estricta en la clarificación y control de que se cumplan al pie de la letra el “reglamento del juego.” La Corte, sin embargo, parece especialmente resistente a asumir dicha tarea, que es -justamente- la que en esencia le corresponde. Finalmente -y quiero insistir en ello antes de concluir- el ejercicio de las “virtudes pasivas” o el “minimalismo” resultan aceptables o justificables en contextos de relativa justicia social, y cierta solidez institucional. Por el contrario, en contextos de severas e injustificadas desigualdades, como el nuestro, empeorados por el descalabro (la “erosión”) institucional grave que sufrimos, la omisión judicial nos deja en el desamparo, y agrava del peor modo los problemas que no resuelve. La Corte -sostengo- tiene la obligación de actuar, y de hacerlo además en tiempos perentorios, y de un modo específico: su tarea principal es la de asegurar que el juego democrático pueda ponerse en práctica.

 

 

 


21 sep. 2020

Indecisión y demora en la Corte: De las "virtudes pasivas" a la "omisión culpable"





A mediados de los años 60, el profesor Alexander Bickel abogó -en un modo que se tornaría célebre- por lo que denominó las “virtudes pasivas” de la Corte Suprema. A través de la idea de las “virtudes pasivas”, Bickel aludía a la habitual opción judicial de “no decidir” a través de bases sustantivas, en las situaciones en que el tribunal disponía de una vía diferente de solución, más estrecha y menos ambiciosa, desde la cual decidir el caso. Bickel aparecía bien situado para comentar (y elogiar) dicha actitud por parte del Poder Judicial: él mismo había trabajado en la Corte, como asistente letrado de uno de los jueces más renombrados en la historia del máximo tribunal norteamericano, el juez Félix Frankfurter, quien -por lo demás- ganaría fama por su defensa de la auto-restricción judicial. De ese modo, Bickel ofreció apoyatura teórica a lo que podríamos definir como una “política” de decisión judicial “pasiva”: era preferible que las partes resolvieran la cuestión de fondo, voluntariamente, antes que los tribunales impusieran, desde arriba, una solución a través del recurso a argumentos “legalistas”. La propuesta que defendía Bickel descansaba, por lo demás -y es importante notarlo- en la convicción de que el “mundo privado” contaba con recursos suficientes para enfrentar y resolver el conflicto; y que dicho contexto socio-económico no era uno caracterizado por gravísimas injusticias.

Más acá en el tiempo, el profesor Cass Sunstein -uno de los constitucionalistas más reputados de los últimos 50 años- retomó y desarrolló una postura como la de Bickel, acerca de las “virtudes pasivas”, para propiciar lo que él denominó un “minimalismo judicial”, esto es decir, la práctica de los jueces de decidir a partir de argumentos “estrechos y superficiales”, sin “ocupar” el espacio que le corresponde a la política. A la política, y no a los tribunales -decía Sunstein- le correspondía dar respuesta frente a los conflictos políticos sociales fundamentales. Sunstein fue más allá de donde había llegado Bickel, en dicho respecto, y buscó fundar su teoría en una concepción robusta de la democracia: la democracia como “democracia deliberativa” o “diálogo público entre todos los afectados”. Convencido del valor central de la deliberación democrática, Sunstein alentó el “minimalismo judicial” como modo de mostrar, también, la manera en que los tribunales podían ajustar su trabajo a una visión tan exigente de la democracia, como la que él asumía. En lugar de “reemplazar” decisiones que debían ser fundamentalmente políticas, los tribunales debían auto-restringirse (self-restraint), para dejar de ocupar el lugar de la política, y permitir que el debate público/político se hiciera cargo de las grandes cuestiones constitucionales. Los jueces necesitaban optar, entonces, por un camino de “modestia” o “humildad” argumentativa, y de ese modo, en los hechos, alentar la decisión política de los problemas políticos (en lugar de “resolver” tales problemas a partir de la “imposición” judicial). Otra vez, es importante notar que una posición como la de Sunstein suponía, finalmente, la existencia de canales institucionales bien establecidos, a través de los cuales era dable esperar un proceso de resolución de conflictos equitativo. 

En estos tiempos difíciles, la Corte Suprema Argentina parece insistir con una línea de acción que alguno podría emparentar con el camino de las “virtudes pasivas”, de Bickel; o con el “minimalismo judicial”, de Sunstein. Me temo, sin embargo, que la situación es muy otra: no de “virtud pasiva”, sino de “omisión culpable”. Quiero decir, la Corte aparece optando por una modalidad de no-acción y/o dilación, que tiende a agravar los conflictos y daños existentes, sobre todo, porque el contexto que rodea a su omisión no es -como Bickel o Sunstein pudieron suponer- ni de “relativa justicia,” ni de “fortaleza institucional.” 

La omisión o demora de la Corte parece alimentada por razones diversas, y aquí exploraré cuatro posibles. 

i) En algunos casos, lo que parece primar en la Corte es su celo por dejar en claro que a ella nadie puede pedirle que se apresure, o que ofrezca una respuesta particular sobre un caso. Este “impulso” del tribunal parece ya, casi, una respuesta de instinto: si se reclama de ella un cierto tipo de respuesta, o se exige su celeridad para un caso concreto, ella hará un esfuerzo especial en dirección contraria, tomando nota -negativa- de tales pedidos: al tribunal le interesa subrayar que nadie se encuentra por encima del mismo, y nadie puede darle indicaciones sobre lo que debe hacer, cómo y cuándo. 

ii) En otras ocasiones, la no-respuesta o dilación del tribunal superior parece estar motivada, sobre todo, por su dificultad de llegar a acuerdos internos. Se trata de una patología que se reconoce más propia de tiempos recientes, pero que en todo caso no puede admitirse: es regla que un organismo plural y diverso tenga desavenencias graves (sus miembros, esperablemente, van a pensar de modo diferente sobre cuestiones fundamentales), pero ello no es razón para que -un órgano con responsabilidades públicas como la Corte Suprema- no decida, o no decida en tiempo: las divergencias internas no pueden ser una excusa, ya que son un presupuesto de su funcionamiento. El deber público de la Corte debe primar ineludiblemente sobre aquellas esperables controversias internas: el juego interno de vanidades o recelos mutuos debe quedar obviamente relegado frente a su misión de Estado. 

iii) En otros casos, la Corte omite actuar, o se demora indebidamente en hacerlo, como resultado de una “estrategia de evitación” (avoidance): la Corte no quiere asumir sobre sus espaldas un conflicto que reconoce como esencialmente político; ni quiere que se la identifique como órgano encargado de “desactivar” el “estallido” de conflictos severos (como si su papel fuera el de una “brigada anti-explosivos”). Admito que -por buenas y malas razones- ningún tribunal reconocido, en el derecho comparado, quiere asumir ese lugar tan riesgoso. Más bien lo contrario: los tribunales suelen “reacomodar” las piezas, o ajustar su modo de encastre, para luego, inmediatamente, volver a lanzar el “artefacto” de conflicto a la política, y exigirle a ella que lo resuelva. El problema debe quedar en manos de la política, parece decirse. Nos encontramos aquí ante una afirmación en principio razonable, aunque ella resulte, en parte, del transformar en virtud lo que es una necesidad, voluntad o deseo no justificado -“quitar el cuerpo” al conflicto. Por lo demás -agregaría, contra dicha actitud de “evitación”- en una democracia entendida como conversación, necesitamos de tribunales más comprometidos con la cooperación social, y más decididos a tomar un papel protagónico, desde su peculiar lugar y legitimidad institucional: los tribunales deben asumir los costos que implica su intervención en casos de conflicto grave, particularmente a la luz de las graves tragedias públicas que compartimos -ello así, dado su lugar, su función, y también las compensaciones que reciben y los beneficios públicos de que gozan sus miembros. 

iv) Finalmente, en los mejores casos, la omisión de respuesta o la demora judicial, pretende fundarse explícitamente en la ideología de las “virtudes pasivas” y el “minimalismo”: los poderes políticos -parece decirnos el tribunal- deben hacerse cargo de los problemas públicos/constitucionales más acuciantes, y sólo en última instancia, la Corte debe intervenir en ellos. Nuestro máximo tribunal se jacta de este lugar, y goza también de esa posición de privilegio. Suele decir -y cada vez de modo más frecuente- que ella decidirá “de acuerdo a la vía que este Tribunal oportunamente determine”. Más crudamente, la Corte nos deja en claro (en línea con las inclinaciones ya señaladas) que ella hablará del modo en que quiera, para decir lo que considere conveniente, en el momento en que decida hacerlo. La Corte insiste en mostrarnos que se guarda con ella la carta de “intervención discrecional” (del modo en que quiera). De esta forma, el tribunal se ha ocupado también de subrayar (y dejarnos en claro) que “la última palabra” es la de ella. 

Frente a esta última línea de respuesta por parte del máximo tribunal, señalaría tres puntos. Primero, que la facultad de pronunciar la “última palabra” es una atribución de la que la Corte en verdad carece, que la Constitución no le reconoce, que el derecho internacional le niega, y que la teoría democrática repudia. Los problemas constitucionales “sustantivos” deben resolverse a través de un “diálogo entre iguales”, dentro del cual la intervención/participación de la Corte es crucial, pero no final. En segundo lugar, señalaría que la intervención de la Corte resulta particularmente relevante y decisiva en el tipo de casos sobre los cuales hoy se ve obligada a intervenir, pero más resiste a hacerlo: los casos vinculados con los procedimientos constitucionales o “reglas del juego democrático.” Para que la política democrática (que debe tener su centro en la ciudadanía) pueda protagonizar la resolución de las cuestiones o problemas de fondo o “sustantivos”, el “árbitro del partido”, esto es, decisivamente, la Corte Suprema, debe ser muy estricta en la clarificación y control de que se cumplan al pie de la letra el “reglamento del juego.” La Corte, sin embargo, parece especialmente resistente a asumir dicha tarea, que es -justamente- la que en esencia le corresponde. Finalmente -y quiero insistir en ello antes de concluir- el ejercicio de las “virtudes pasivas” o el “minimalismo” resultan aceptables o justificables en contextos de relativa justicia social, y cierta solidez institucional. En contextos de severas e injustificadas desigualdades, como el nuestro, empeorados por el descalabro (la “erosión”) institucional grave que sufrimos, la omisión judicial nos deja en el desamparo, y agrava del peor modo los problemas que no resuelve. Ahora, nuestra práctica política queda atravesada por la violencia de facciones, el auto-interés de sus protagonistas, e injusticias sociales de años, mientras el funcionariado público busca preservar o expandir sus beneficios, sin desaliñarse en el camino, y la ciudadanía queda a su propia merced, librada a su suerte, y confiando sólo en sus propias manos.