27 ago. 2020

21 ago. 2020

Impunidad y desigualdad en la reforma judicial (volar Río Tercero otra vez).

En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 2 determinó que el móvil de la voladura de la Fábrica Militar de Armamentos de Río Terero, fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995: volar el sitio entero, con el objeto de encubrir el propio crimen (argumento para un cuento borgiano). Ahora, la idea es volar los fueros Criminal y Correccional para otro encubrimiento personal...Romper todo lo que me perturba, para que todo siga exactamente igual. Reforzar el status quo, reforzando el pacto de impunidad.

Qué reforma tan penosa! Habiendo tanto que hacer en materia de reforma de la justicia, habiendo tanto tan asequible para democratizar el poder judicial en serio, para favorecer la igualdad, para permitir que los más pobres accedan a los tribunales, para crear recursos y tutelas de uso sencillo, para favorecer el litigio colectivo, para darle sustento a las acciones de clase, para ampliar la legitimidad (standing), para facilitar el litigio estructural. Nada, ni una línea, ni un recuerdo, aunque sea pequeño, de lo que importa: justicia para los más débiles, justicia del lado de los que sufren más. Nada importa, sólo lo propio.

La impunidad, no lo olvidemos, es la otra cara de la desigualdad.


(La crítica del CELS al proyecto, en el Senado, acá: https://www.youtube.com/watch?v=_KpabBRb9bk)

(Binder sobre el proyecto, acá: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469)

20 ago. 2020

16 ago. 2020

Raz: reflexiones sobre la pandemia

https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/reflexiones-de-la-pandemia

Cuando pensamos en las libertades personales y en la lucha contra la discriminación, podemos quedar impresionados por los enormes avances en algunas partes del globo, en la condición de las mujeres y de diversos grupos desfavorecidos. Estas luchas continúan y tienen un largo camino por recorrer. Pero varias libertades personales como la privacidad, la libertad de expresión y libertades relacionadas han estado en retroceso por mucho tiempo y por muchas causas, no siendo la menor de ellas la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y la ciberdelincuencia. La pandemia está contribuyendo a la erosión de estas libertades, quizás especialmente, aunque no sólo, debido a la importancia de la prueba y el seguimiento para limitar las infecciones. Las reacciones a  la disminución  a las libertades personales varían, pero muchas personas las acogen con agrado, no siempre dándose cuenta de su verdadero alcance o naturaleza. Después de todo, se deberían a la búsqueda de movimientos dignos. La verdad elemental de que las libertades no son gratuitas, que tenemos que pagar un precio por tenerlas, ya no es tan obvia para la mayoría de la gente. El resultado es un conflicto entre la retórica de la libertad a toda costa y la realidad de una voluntad cada vez menor a correr riesgos de daño o perjuicio, provenientes de ataques terroristas, criminales o del virus, como precio por disfrutar de esas libertades. Tal vez, tras la pandemia, la cultura pública se enfrente con mayor honestidad a este conflicto y adopte un rumbo más sostenible en lo que respecta al precio de las libertades, teniendo en cuenta su importancia para las oportunidades de tener una vida gratificante, así como la forma en que un culto ciego a la libertad a cualquier precio compromete la posibilidad de tener esa vida. 

El gobierno de los jueces

Sólo alguna que otra aclaración sobre algunas citas, ya recurrentes, que el periodista HV hace sobre mi viejo (y querido!) libro La Justicia sobre el Gobierno (JG), en este caso acá

https://www.elcohetealaluna.com/el-gobierno-de-los-jueces-2/

Las citas aparecen en el contexto de una nota que (más allá de mis desacuerdos con el contenido) procura intervenir (bienvenido sea) en una discusión política coyuntural, referida a la reforma judicial; la actuación de algunxs jueces en este tiempo; y la soberanía popular. HV toma la posición oficial sobre la materia, y defiende la postura del gobierno apoyándose entre otros argumentos en una cita de mi libro, que dice: “A través de su inevitable tarea interpretativa, los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular”. Por suerte, sigo completamente identificado con esta cita, como con cada línea de aquel libro (no se si es bueno o malo, pero no he cambiado mucho mi modo de pensar sobre la materia). Aclararía, frente a la reiterada cita, algunas cosas.

Hace 30 años que pienso que la "voluntad popular" no se identifica, ni debe identificarse, con la voluntad del gobierno. Por los graves problemas de representación y control políticos que son propios de nuestro sistema institucional (y que tienen su raíz en los mismos problemas estructurales que denuncia HV y que yo denunciaba en aquel libro, referido al Poder Judicial), es dable esperar que la voluntad de los funcionarios públicos -políticos, jueces y burócratas- tenga muy poco que ver con la voluntad ciudadana. Más aún, es dable esperar que i) dicha voluntad se desarrolle con relativa autonomía de las demandas y necesidades que provengan de la voluntad popular; como es esperable que ii) haya más sintonía (más vínculos, más pactos y también más disputas) entre los miembros de la elite del gobierno, que entre aquella elite y la ciudadanía.

De allí que la pretensión de la nota resulte fallida o cuestionable, al presentar a la voluntad judicial como separada u opuesta a la voluntad del pueblo, y a la voluntad del pueblo en línea con que la voluntad de (este) gobierno. Los problemas de la nota se deben entonces a varias razones (cito sólo tres): i) la voluntad del Poder Judicial no es una sola, aunque en general esté en sintonía con la voluntad de las elites del poder (que acceden al Poder Judicial por vías formales -consejo de la magistratura; amenazas de juicio político- e informales -dinero, "premios", servicios de inteligencia); ii) la voluntad de los gobiernos también es heterogénea, aunque su actuar tenga mucho más que ver con las demandas de los poderes económicos prevalecientes, que con la voluntad ciudadana; iii) el poder político (de turno) tiene enormes capacidades para presionar al Poder Judicial (como dijera en i), y para forzarlo a actuar en su favor, otra vez, con las heterogeneidades del caso (de allí también la mirada "tuerta" del "lawfare", frente a la realidad de una justicia habitualmente infisionada por las elites -el poder político y económico predominante).

En suma, romper la asociación voluntad del gobierno-voluntad popular. La voluntad ciudadana, lo sabemos ya, tiene poco que ver con las presiones de los gobiernos por dominar la justicia (vía servicios de inteligencia y consejos de la magistratura); los intentos de nombrar jueces supremos por la ventana; las democratizaciones de la justicia orientadas a restringir las cautelares de los sectores más débiles (desalojados y jubilados); o los actuales intentos de frenar los juicios contra el poder, o asegurar la impunidad de los Cristóbales o Canicobas de turno. 

Decir esto no significa avalar una mirada anti-política, sino otra radicalmente democrática, que vincula a la voluntad popular (no con una manipulable entelequia), sino con instancias prolongadas de debate público. Más: el debate público es posible, siempre, aún en pandemia (por eso el valor persistente de la protesta social y el conflicto social). Más aún, en la Argentina conocimos buenas instancias de esos debates (habitualmente frustrados sobre el final, como el debate sobre la ley de medios, el debate sobre el aborto). Por tanto, y a la luz de la historia, tales discusiones pueden, merecen, deben profundizarse en el futuro -en lugar de ser reemplazados por la voluntad circunstancial de las elites dominantes, que siguen pretendiendo hablar en nombre del mismo pueblo al que ignoran y aplastan si es necesario.

14 ago. 2020

Quelle honte. Instituciones a la medida de la impunidad


https://www.lanacion.com.ar/politica/el-kirchnerismo-desoyo-orden-judicial-avanza-revision-nid2420397


(La misma jueza Biotti, quien  había rechazado una primera precautelar, la otorga ahora por un cambio de circunstancias (la decisiòn del Ejecutivo de enviar al Senado los expedientes de los jueces cuestionados, y la del Senado de poner en marcha su tratamiento). No hay razones públicas que expliquen cuál es la urgencia del Ejecutivo o del Senado, ni el impedimento de aguardar una semana para que la jueza decida, a partir de los informes que ha solicitado. Las razones en juego son personales, y no públicas, y tal vez sea ése el lugar donde debamos focalizar nuestra atención, en lugar de disputar los márgenes formales de la cuestión: parte central del aparato del estado, en medio de la mayor emergencia sanitaria de la historia nacional, sólo se activa para atender las necesidades personales de un puñado de sus miembros. Mientras nadamos entre más de cien muertes diarias, el poder político tiene sus principales energías puestas en salvaguardar la impunidad de unos pocos. Es un hecho histórico, propio de una etapa opaca)



10 ago. 2020

Hermano Robert


Se fue un hermano, Robert Barros 

Binder, sobre la reforma judicial

Tremendo Binder

 https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-expansion-comodoro-py-nid2417469

Una pequeña bocanada de aire puro

Este fin de semana, volvió a ser posible el uso del vial costero de Vicente López -sólo por el fin de semana, y en horario limitado. Aunque el día era poco amigable, cantidad de familias, padres e hijos, viejos, parejas y solitarios, fueron tomando de a poco la extensión verde, con alegría y ansiedad. Qué satisfacción ver a tanta gente -en particular, a niños y a abuelos- extasiados frente al espacio abierto, y la posibilidad de caminar, correr o andar en bicicleta al aire libre. Cuántas tonterías tuvimos que escuchar, de gente apresurada por justificar toda restricción, cualquiera, porque venía ordenada "desde arriba" (y, por tanto, cualquier queja o réplica debía ser descalificada como irracional y enemiga)! Todo el mundo respetando perfectamente las distancias, usando barbijo, respetando a los otros (otra vez: cuántas tonterías tuvimos que escuchar, sobre que era posible "abrir", pero sólo en países culturalmente avanzados, nunca en la Argentina, porque nos apelotonaríamos, desobedeceríamos, lo haríamos todo mal!). Todo lo cual nos vuelve a hablar de la irracionalidad con la que se ha estado manejando hasta aquí la cuarentena infinita. Cómo no advertir la posibilidad de administrarla de una manera más sensata, más humana? (me duele el solo recuerdo de mi padre -más de 90 años- días atrás, dando vueltas solo alrededor de un auto, en el garage de su casa, necesitado de caminar un poco, pero impedido de hacerlo, en un barrio en donde no suele cruzarse con nadie). Cómo no reconocer que es posible -y lo fue desde el primer instante, hace 5 meses ya- asegurar el distanciamiento, los cuidados, la protección de los otros, junto con las salidas al aire libre, el cuidado de la salud física, mental y emocional? (por qué, hoy mismo, limitar esas salidas al fin de semana, y no extenderlas a cada día? Por qué acumular a toda la gente en los fines de semana?). Cinco meses van, y no ha habido esfuerzos genuinos por acomodar los esfuerzos colectivos con el respeto a los derechos de cada uno. Cinco meses tratando a las disidencias como enemigas; combatiendo las críticas como se pelea en la guerra. 

6 ago. 2020

Razones para la reforma judicial.

Cuáles son los mejores argumentos para la reforma? Los hay?

Razones para la reforma judicial

Para muchas personas, interesadas en el tema, la reforma judicial promovida por el gobierno se muestra, desde un comienzo, mal encaminada: es inoportuna; aparece apoyada en procedimientos poco democráticos; se orienta a fines inatractivos; escoge medios inadecuados en relación con los fines que invoca; y omite referencias a todo lo importante. Señalo tales problemas de la reforma, sin considerar su aspecto más vistoso -la Comisión de Expertos, y su peculiar composición- ni mencionar siquiera lo que se alega como su “talón de Aquiles”: asegurar la impunidad de quienes hoy están en el poder. A pesar de lo dicho, o por ello mismo, me interesará evaluar qué es lo que podría decirse a favor de dicha reforma. Para tal fin, he tomado nota de los mejores argumentos que he encontrado, ya sea en apoyo de la iniciativa, o en “crítica a sus críticos.” A continuación, haré una primera evaluación de esos argumentos pro-reforma.

“Todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial funciona muy mal, y ahora se quejan porque el Presidente busca cumplir con su promesa de campaña, y reformarlo.” Estas afirmaciones han estado en boca de todos los defensores de la reforma. Se trata, en su esencia, de una premisa inicial plausible por su generalidad, pero, tal vez, plausible sólo por eso: porque no entra en detalles. Para advertir el problema de lo que allí se afirma, piénsese en un caso paralelo: la reforma policial. Imaginemos que, frente a una sociedad harta de la “maldita policía,” el “gatillo fácil,” y la corrupción policial, el Presidente prometiera una reforma, proponiendo, para ello, otorgarle más poder a la fuerza, y darle licencia a los agentes para que disparen frente a cualquier sospechoso. El ejemplo nos ayuda a ver lo que debiera ser obvio: el hecho de que estemos, todos, totalmente de acuerdo con la reforma policial, no justifica en absoluto cualquier reforma, sino sólo aquellas dirigidas a atender nuestras preocupaciones compartidas. Con la reforma judicial pasa lo mismo: no se puede alegar, frente a los críticos de la reforma, que “ahora se quejan, cuando todos sabemos que la justicia debe ser reformada”. Exigimos la reforma pero, de ningún modo, “cualquier” reforma.

“Ni saben de qué se trata la reforma, y ya se oponen”. En relación con la respuesta anterior, alguien podría decirnos que de la reforma en ciernes no se conocen los detalles: por qué resistirla, entonces, haciendo un “oposicionismo ciego”? Esta pregunta merece al menos dos réplicas importantes. Primero, la crítica no es “ciega” porque ya conocemos parte de la reforma, y lo que conocemos de ella no es bueno (volveré más tarde sobre esto); y, segundo, dicha respuesta desconoce un argumento siempre central para los defensores del gobierno, y es que ninguna reforma debe analizarse “en abstracto”, sino “en concreto, en su contexto, y con atención a la historia”. Al respecto, debe reconocerse que, hasta hoy no se registran movimientos del gobierno, en materia judicial, que no se hayan dirigido directamente a “ganar impunidad”. Piénsese, al respecto, en cada una de las medidas adoptadas por la Oficina Anticorrupción, o por la Procuración del Tesoro; o en las iniciativas tomadas en relación con la designación o remoción o traslado de jueces; o en el desmantelamiento del programa de Protección de Testigos. Todas estas medidas representan, directamente, “movimientos hacia la impunidad,” con resultados ya muy concretos (la “liberación” de muchos de los principales acusados por la corrupción estatal). En definitiva, una crítica no es “ciega,” cuando está informada por la historia y el contexto: más que “prejuicios” contra la reforma, tenemos “juicios” fundados en la historia. Por lo demás, el gobierno podría habernos ayudado a salir de la situación de desconfianza y escepticismo que tenemos, ofreciéndonos señales destinadas a dejar en claro que de ningún modo se propone favorecer la impunidad. Sin embargo, todas las señales que nos ha dado hasta hoy se orientan en la dirección contraria a la esperada (empezando por la incorporación, en la Comisión de Expertos, de los principales abogados que trabajan por la impunidad de los allegados al gobierno).

“El Presidente propuso para la reforma fines muy concretos, vinculados con históricas demandas sociales.” Contra lo sugerido al final de la reflexión anterior -que la propuesta de cambio aparece mal orientada- se podría responder que el Presidente dejó muy en claro los objetivos de la reforma, en su presentación del proyecto: él quiere (así lo declaró) “celeridad,” “transparencia,” “independencia”, “fin de la concentración de poder” en un poder “aristocrático”, es decir, fines nobles, que además parecen encontrar un fuerte arraigo social. Lo dicho, sin embargo, enfrenta al menos dos problemas muy serios. En primer lugar, si los fines son los declarados, los medios escogidos hasta ahora, son completamente inaptos para alcanzarlos. Ejemplo (dentro de la parte “conocida” de la reforma): si el problema es que “Comodoro Py” actúa bajo arreglos y presiones políticas, de modo oscuro y lento, pero -para atacar dicho problema- se mantiene idéntica la estructura de los juzgados, pero ahora multiplicada por 4 (pasando de 12 a 46 jueces), el problema estructural, obviamente, también se mantiene, aunque ahora multiplicado por 4 (ello, sin mencionar que el aumento de jueces resulta inexplicable, cuando lo que el sistema acusatorio creado requiere es de más fiscales, y no de más jueces). En segundo lugar, y también en relación con lo anterior, los “fines” concretos invocados por el Presidente pecan por “omisión”: omiten decir lo más importante. En efecto, si hay dos “tragedias” que definen los problemas del Poder Judicial, en las últimas décadas, ellas son i) la desigualdad y falta de acceso de los más pobres a la justicia; y ii) el modo en que la justicia viene sirviendo a la impunidad del poder (el peor “cáncer” de la política argentina). Se trata de dos caras de la misma moneda, en donde una (la desigualdad) alimenta a la otra (la impunidad del poder). Lo peor de todo es que países “cercanos” (Colombia, Costa Rica, India o Sudáfrica) impulsaron sencillas y muy exitosas reformas a favor de una mayor igualdad (vía la “tutela”; las “acciones populares”; facilidades para el litigio colectivo y estructural; etc.), que la reforma ni siquiera se dignó mencionar, dejando en claro que ni se le ocurrió pensar en la suerte de los más postergados. Otra vez: nos enfrentamos a reformas hechas por el poder, para el poder, por el poder.

“Nunca es momento”. Los defensores de la reforma se han quejado de sus críticos, alegando que, para algunos, “nunca es momento de hacer una reforma, sobre todo si la hace el peronismo”. No me detengo en esta defensa, porque además de mala, resulta falsa: apenas salidos de la profundísima crisis del 2001, muchos apoyamos enfáticamente el juicio político a la Corte; el decreto 222 de Kirchner; y sus nuevas designaciones en el más alto tribunal. Ello, porque estamos bien dispuestos a apoyar todo lo que sirva a los propósitos compartidos (no así, por caso, la brutal y olvidable “democratización de la justicia”; o el intento de ganar control sobre el Consejo de la Magistratura).

“La reforma tiene que pasar por el Congreso”. Contra quienes critican al gobierno por no haberla discutido con la oposición, sus defensores recuerdan que la reforma no puede salir sin acuerdo parlamentario. Mala respuesta: no pretendemos ninguna “generosidad” oficialista; ni pensamos que el paso por el legislativo le resulte “opcional” al gobierno (la verdad es que el “apuro” del gobierno fue tal que siquiera alcanzó un acuerdo con las dos principales personas encargadas de la redacción de su propio proyecto!).  Por supuesto que, mientras vivamos en democracia, una reforma semejante debe surgir del Congreso. Lo que uno se pregunta es cómo puede ser, dada la seriedad de lo que está en juego, que no se haya optado por el camino de legitimar la reforma, desde su inicio, a partir del acuerdo democrático más extendido, y con agenda abierta. Los temas que más nos importan y más nos dividen exigen que construyamos decisiones no de modo “elitista”, y “desde arriba”, sino “desde abajo”, y a través del diálogo democrático.

 

 

 


1 ago. 2020

10 primeras críticas al proyecto de reforma judicial

En Infobae, acá: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/01/reforma-judicial-diez-primeras-criticas-al-proyecto-que-presento-el-gobierno/




La Reforma Judicial impulsada por el gobierno: Diez primeras críticas

En este escrito, quisiera presentar diez primeros comentarios críticos a la Reforma Judicial anunciada por el Gobierno el día miércoles 29 de Julio. Me detendré, por el momento, sólo en algunas objeciones iniciales, relacionadas con la oportunidad de la Reforma; los procedimientos ideados para la misma; los fines alegados; los medios escogidos para satisfacer tales fines; y las omisiones en que incurrió la propuesta.

OPORTUNIDAD (Reforma en el contexto de una emergencia sanitaria y económica)
i) Existen problemas obvios de oportunidad, dado que -conforme a lo que sostiene el propio Poder Ejecutivo- nos encontramos en una situación de emergencia extrema, que es la que justificaría los poderes delegados al Presidente (y prorrogados inconstitucionalmente por él mismo -cfr. art.76 CN), o el hecho de que se gobierne a través de decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto, no existe el “momento óptimo” para llevar adelante una reforma, pero sí hay momentos peores, y resulta simplemente inimaginable un momento peor que éste para pensar una reforma de este tipo.

ii) La reforma propuesta resulta particularmente cuestionable en el contexto de la emergencia sanitaria y económica. En un momento de crisis de salud extrema, en donde cotidianamente nos preguntamos acerca de si contamos con las camas suficientes para atender los enfermos; y en el marco de la peor crisis económica del siglo -una crisis económica que aparece sorprendentemente desatendida (el gobierno se jacta de no tener plan al respecto), no resulta atinado concentrar las pocas energías y recursos disponibles en la reforma judicial (mucho menos proponer la multiplicación del número de jueces, juzgados y secretarías, tal como lo hace el proyecto de Reforma en su eje central).

PROCEDIMIENTOS (Elitismo vs. democracia)

iii) Una reforma orientada a modificar uno de los “nervios más sensibles” de la Constitución -el Poder Judicial- requiere de un acuerdo democrático extraordinario: abrir un proceso horizontal de discusión pública; convocar formalmente a la oposición; y sentarse frente a una agenda de reforma abierta. Contra eso, se optó por un nuevo procedimiento de creación institucional elitista,desde arriba;” y concentrado en una comisión tecnocrática (con una lógica similar a la que se advierte en el manejo de la pandemia: ausencia de discusión pública, desaliento de la discusión democrática, y “gobierno de los expertos”).

iv) Aparece un problema adicional cuando se presenta una Reforma Judicial ya cerrada, y al mismo tiempo se crea una Comisión orientada…al estudio de la reforma judicial. Se dirá que tales reformas (la que debe estudiar la Comisión de expertos; y la del proyecto de reforma) refieren a áreas o cuestiones diferentes, pero eso no resulta por completo cierto (por ejemplo, se le pide a la Comisión que estudie la puesta en marcha de la institución del Jurado, pero dicha institución bien podría reclamar intervención en cuestiones de las que hoy se ocupan los juzgados ya impactados por el proyecto presentado de Reforma Judicial -en los casos de corrupción del poder).

FINES (El problema de la impunidad)

v) La buena reforma es aquella que es capaz de responder a las necesidades o “tragedias” del propio tiempo, como decía Juan Bautista Alberdi. Si hubiera que mencionar, en la actualidad, cuáles son esas cruciales necesidades de nuestra era, propondría dos de ellas: una más general, la desigualdad; y otra más específica, la impunidad del poder. Nada de lo que la reforma propone aparece dirigido a enfrentar algunos de los que aparecen como grandes “dramas” judiciales de nuestra época.

vi) Mucho peor aún, podría decirse que no ha habido paso, de todos los que ha dado el gobierno desde su asunción hasta hoy, en el área de la justicia, que no se haya orientado en dirección directamente contraria a las sugeridas -los pasos del gobierno se han orientado, en particular, a construir o asegurar la impunidad, y a “golpear” sobre los partidos de oposición. Basta examinar cada una de las decisiones tomadas hasta hoy por la Oficina Anticorrupción (convertida en una de las oficinas públicas más indignas en la historia reciente del país); o por la Procuración del Tesoro; o las medidas tomadas para el desmantelamiento del Programa de Protección de Testigos; etc. Por lo demás, y para el caso de la Comisión de Reforma aquí bajo examen, el gobierno ha optado por darnos señales muy fuertes sobre su preocupación por “construir impunidad”. Ello así, por caso, al incorporar en la Comisión, de modo por completo innecesario, a abogados del poder que hoy trabajan para la impunidad de algunas de las figuras más prominentes del gobierno (incluyendo a la Vicepresidencia), lo cual constituye una provocación difícil de tolerar para una ciudadanía agobiada por una historia de recurrente impunidad.

MEDIOS-FINES (Multiplicar el problema sin atacarlo)

vii) Al presentar la reforma, el Presidente hizo referencia a las finalidades de la misma, mencionando objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo. En particular, aludió a los fines de la “independencia” judicial; la “celeridad” en el tratamiento de las causas”; y la “transparencia” de los procesos. Notablemente, sin embargo, ninguna de las reformas propuestas aparece, de ningún modo, como un medio idóneo, para atender a los fines proclamados.

viii) Peor todavía, frente a dificultades judiciales relacionadas con problemas estructurales graves -problemas estructurales relacionados, muy en particular, con el funcionamiento del fuero federal penal- lo que se propuso es pasar de 12 juzgados federales a 46. Con lo cual, al no modificar una estructura corroída y corrupta, pero multiplicarla por 4, lo esperable es que el problema en cuestión no se disuelva, sino que se multiplique: esperablemente, esos nuevos juzgados reproducirán entonces los problemas de falta de independencia; lentitud y opacidad hoy distintivos de la estructura de “Comodoro Py.” No tenemos una sola razón estructural para pensar lo contrario.

ix) El Presidente aludió en su presentación a la necesidad de terminar con la concentración de poder en materia judicial (aunque más valdría preocuparse primero por la concentración del poder en el Ejecutivo). Para servir a tal fin (desconcentrar el poder de los jueces), propuso luego un aumento en el número de juzgados (y, eventualmente, la ampliación del número de miembros de la Corte). Pero en esa afirmación (repetida por algunos de los doctrinarios miembros de la Comisión) hay un error conceptual, ya que la anti-democrática concentración de poder que criticamos en el Poder Judicial, no se debe a que hay pocos jueces, sino al hecho estructural de que unas pocas personas, no elegidas directamente por el pueblo ni controladas por él, pueden decidir, más o menos discrecionalmente, cuestiones de fundamental importancia pública, que muchos pensamos que deberían quedar bajo el control y decisión ciudadanos. Por lo tanto, el problema de concentración de poder que atacamos, no se disuelve sino que se multiplica cuando pasamos a tener ahora 46 (en lugar de 12) personas que no elegimos ni controlamos, pero que sin embargo deciden, de formas más o menos discrecional, sobre muchas de las cuestiones que más nos importan.

OMISIONES (El problema de la desigualdad y la falta de acceso a la justicia de los sectores populares)

x) Es un problema que ni la reforma propuesta, ni la convocatoria de reformas realizada con la creación de la Comisión de expertos, incluya referencias a la lucha contra la impunidad y -agregaría de un modo particular- referencias a la democratización (real y no ficticia o retórica) del Poder Judicial; o a favorecer el acceso de los pobres y marginados a los servicios de justicia. Todos los países latinoamericanos que quisieron resolver el problema del acceso popular a los tribunales (por ejemplo, Colombia y Costa Rica), lo hicieron con reformas sencillas, posibles y asequibles, en materia de legitimidad o “standing; instituciones tales como la tutela y la acción popular; o la regulación del litigio colectivo. Que tales reformas aparezcan completamente ausentes -siquiera mencionadas- en los proyectos de reforma, da cuenta del elitismo de la propuesta, y el modo en que ella se desentiende de las necesidades de los sectores populares.


El país de la impunidad