El fin de la representación

 Publicado en Clarín, acá: https://www.clarin.com/opinion/fin-representacion_0_rIeXmrr0Mb.html

Entre fines del siglo xviii y mediados del xix, los “padres fundadores” del constitucionalismo americano, desde los Estados Unidos hasta nuestro país, diseñaron una maquinaria institucional que todavía hoy nos rige, basada en mecanismos de “frenos y balances” (los famosos checks and balances). Ellos previeron, además, con cuidado y detalle, algo que hoy tendemos a desconsiderar: los modos de “activar” tal maquinaria, y de mantenerla funcionando. Para ello, montaron un sistema representativo particular, dotado de incentivos varios, y un “combustible” controvertido: el egoísmo o autointerés. Así, y por una parte, se establecían comicios periódicos, directos o indirectos, destinados a permitir la elección de los representantes de las distintas “facciones” en que se dividía la sociedad. Por otra parte, se definían controles “internos” y “externos” sobre esos funcionarios seleccionados. El principal (único?) control externo, fueron las elecciones periódicas. Mientras tanto, y en relación con los controles “internos”, se establecieron múltiples mecanismos de control cruzado entre las distintas ramas de gobierno: el “poder de veto” presidencial; el control judicial de constitucionalidad; el juicio político; etc.

Este complejo esquema de incentivos, según se preveía, iba a ponerse en marcha y funcionar, a partir del “combustible” del “egoísmo” que era considerado, con cierta razón, la principal fuente motivacional que movilizaba a las personas. Como dijera James Madison en uno de sus textos más conocidos (“El Federalista” n. 51): “debe contraponerse la ambición a la ambición”. Así, y por ejemplo, por su ambición de ser re-electo, el político iba a tratar de responder (“agradar”) a sus electores; y por su ambición de mantener el poder y no ser arrasados por la rama de poder contraria, los legisladores iban a resistir los “excesos” del Presidente, como el Presidente iba a usar su “veto” contra los “excesos” legislativos; etc. Sobre la racionalidad de todo este esquema, conviene notar al menos dos cosas. Ante todo, se trata de la misma lógica con la que Adam Smith pensaba el funcionamiento de la economía: “el panadero tendrá preparado el pan, por la mañana, no por solidaridad sino por su ambición de ganar dinero”. Con eso basta para que funcionara el esquema. Aquí lo mismo, pero con la política. Crudamente: el político no tomará decisiones favorables a la ciudadanía por su generosidad, sino por la ambición de ser reelecto, y con eso nos basta. La contracara de esto es que el esquema que se diseñaba, movido por el combustible de la ambición y el egoísmo, se desentendía por completo de la “virtud cívica” en la que pensaban los republicanos de entonces. En otros términos, nuestros ancestros descuidaron las cuestiones relacionadas con la necesidad de “cultivar” valores como los de la solidaridad, el compromiso cívico, la lealtad, etc.

Y aquí es donde comienzan las complicaciones, que hoy llevan a que padezcamos o seamos víctimas de un sistema que alguna vez funcionó de manera aceptable. Entre decenas de problemas, mencionaría en primer lugar que la “correa de transmisión” entre ciudadanos y electores -el sistema representativo diseñado- se rompió, y difícilmente pueda repararse. Dicho sistema, en efecto, nació pensado para sociedades pequeñas, divididas en pocos grupos internamente homogéneos, en donde -esperablemente- cualquier obrero representaba los intereses de toda su clase; del mismo modo que el gran propietario los de la suya. Hoy, en sociedades multitudinarias, divididas en miles de grupos internamente heterogéneos, aquel “sueño” de la representación “plena” se terminó (ie., que haya un obrero o empresario en el Congreso dice poco o nada sobre la representación de los intereses de cualquier otro obrero o empresario, fuera del Congreso). Es decir, nos enfrentamos a un problema extremo y estructural (no coyuntural ni personal) de representación, que afecta la protección de los intereses de los diversos grupos sociales. Por lo dicho, también, las principales herramientas diseñadas para suplir o reforzar esa representación (el castigo de la no-reelección; el control desde la “rama de poder” contraria) pierden efectividad y sentido. En cuanto a los controles “externos”, hoy el Senador o Diputado electo sabe que su reelección depende mucho menos de lo que piensen los ciudadanos de su distrito, que de sus vínculos con el gobernador de su provincia o jefe partidario. Y, en cuanto a los controles “internos”, los funcionarios públicos hoy saben que la ciudadanía difícilmente pueda sancionarlos o corregirlos. Por ello mismo (y, esperablemente, dado el “egoísmo” por el que se apostó) los incentivos vigentes mueven a esos dirigentes (ya sean políticos o jueces) a aliarse, pactar, o eventualmente enfrentarse a los demás funcionarios o “ramas del poder”, de acuerdo a sus cálculos de maximización de poder: el interés público, el destino común o las demandas ciudadanas desaparecen del mapa, y el “radar” de la ambición sólo les lleva a estar atentos a sus vínculos con el poder establecido o los grupos dominantes. Se trata, supongo, de un escenario muy preocupante para la democracia, y a la vez muy descriptivo del estado actual de la vida pública en la Argentina.