Publicado hoy en Cl, acá: https://www.clarin.com/opinion/democracia-representativa-poder-ciudadano_0_3PLalCnUb3.html
Quisiera referirme, en lo que sigue, a la irremediable crisis que afecta a los partidos políticos y que, indirectamente, pone en jaque a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Comienzo, entonces, aludiendo a lo que fuera la etapa previa de esta crisis, para señalar que, durante décadas, los partidos políticos sirvieron como resguardo y reaseguro de la legitimidad del sistema democrático. Ello así, en buena medida, porque garantizaban la representación de amplios bloques de intereses existentes -típicamente (pero no exclusivamente) a intereses de clase. En Inglaterra, el Partido Laborista nació en el 1900, como resultado de un agregado de sindicatos y organizaciones socialistas, que buscaban conseguir representación propia en el Parlamento En Alemania, el Partido Socialdemócrata fue fundado en 1862, como Asociación General de Trabajadores de Alemania; mientras que en Francia, la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) se creó en 1905, y pasó a ser el principal antecedente del Partido Socialista. En Italia, el Partido Popolare Italiano (PPI) nació en en 1919, y más tarde dio origen a la Democracia Cristiana. En la Argentina, el radicalismo y el peronismo supieron representar, más o menos apropiadamente, y durante más de medio siglo, a los amplios intereses de la clase media y la clase trabajadora. En la medida en que esos intereses retomados por los partidos encontraban expresión posterior en las ramas políticas del gobierno, la democracia representativa podía darse por satisfecha: la gran mayoría de la población quedaba, así, políticamente representada.
Nos guste o no, desde finales del siglo xx, la organización social y económica que conocíamos, ya no existe: nuestras sociedades han sufrido una transformación sin vuelta atrás. Por tomar un ejemplo particularmente relevante: hace tiempo que ya no posible hablar de sociedades de base industrial, en donde una porción amplia de sus miembros -de un tercio a la mitad- son obreros, con intereses económicos y políticos fundamentalmente homogéneos. Hoy encontramos, junto con el tradicional obrero industrial asalariado, a trabajadores autónomos y autoempleados, nómadas digitales, rappis, trabajadores en negro, trabajadores precarizados, temporarios, desempleados…Mientras que, décadas atrás, podíamos hablar, razonablemente, de clases sociales, con intereses más o menos comunes, hoy nos encontramos con intereses absolutamente dispersos, heterogéneos, de ninguna manera uniformables. Las viejas clases se disolvieron, y nuestros intereses (ie., culturales) relevantes se multiplicaron. Por ello mismo, las chances de que dos trabajadores ocupados en la misma línea de producción piensen más o menos lo mismo, en relación con temas que les importan (programas económicos, inmigración, uso de drogas, armas, aborto, etc.), son mínimas. Ni qué hablar sobre los vínculos entre un obrero industrial y un trabajador de rappi.
De este modo, los cambios sociales, económicos, culturales, sobrevinientes, terminaron por erosionar no sólo las bases de apoyo popular a los partidos políticos, sino su propio sentido: ellos no pueden garantizar la representación de millones de personas, en una diversidad enorme de temas, y a lo largo del tiempo. Simplemente, ya no están en condiciones de hacerlo, más allá de la calidad de sus dirigentes. No extraña, entonces, que los partidos, sin excepción, se hayan convertido en cajas vacías, sin contenido social, y necesitadas de causar escándalo o arrojar fuegos artificiales al cielo para atraer la momentánea atención de algunos. Lamentablemente, la crisis partidaria es irreversible, como es imposible volver el reloj social atrás, para restaurar a las viejas sociedades de posguerra, marcadas por una amplia clase obrera, un empresariado unido, sindicatos poderosos, y partidos fuertes. El problema en cuestión, de ese modo, amenaza con arrastrar consigo, también, a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Ante la situación descripta, tal vez no exista una fórmula o “solución” sencilla y al alcance de la mano. Sin embargo, ante un escenario semejante, amenazante e incierto, al menos una cosa debe resultar clara: necesitamos recuperar -para nosotros, ciudadanos- poder democrático. Por eso mismo, y por un lado, cualquier promesa de solución que se dirija en dirección contraria (ie., concentrar más poder en el presidente) debe ser rechazada. Y por otro lado, y de manera especial, debe ser resistida la idea de que, en una democracia constitucional, las impugnaciones al gobierno deben “esperar a las próximas elecciones” -como si las demostraciones en la calle fueran un exceso, o institutos tales como el juicio político representasen una afrenta a la legalidad, y no una herramienta inherente al constitucionalismo democrático. En la situación de desamparo político e institucional que padecemos, necesitamos mantener más activos que nunca a los pocos medios e instrumentos de crítica al poder de los que todavía disponemos. Sin aceptar extorsiones.
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