La construcción colectiva de una tragedia

Publicado hoy en LN
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Querría hacer una reflexión en torno a un caso dramático, producido luego de que un Juez de Ejecución Penal de La Plata, de modo injustificado, concediera el beneficio de la libertad asistida a un recluso, quien terminó provocando la muerte de una menor, de 12 años. El asunto es tan doloroso que la mera pretensión de llevar a cabo una reflexión crítica al respecto ya genera sospechas, por lo cual, antes de desarrollar mi argumento, quisiera aventar posibles malentendidos.

Ante todo, es obvio que estamos, como tantas veces, frente a un crimen horrendo, que merece el máximo repudio colectivo. Del mismo modo, resulta claro que al asesino debe ser seriamente reprochado por lo que hizo; y que el juez que, con irresponsabilidad, concedió privilegios indebidos al reo, amerita también nuestra condena. Más todavía, corresponde decir –contra cierto sentido común de la época- que la miseria no libera a nadie de su responsabilidad criminal, ni la injusticia social convierte en justa atrocidad alguna. Finalmente, quisiera dejar a salvo de mis comentarios siguientes a las víctimas directas e indirectas de este tipo de crímenes, que requieren de todos nosotros compasión y solidaridad incondicionales.

Aclarado lo anterior, diría que en todo el ejercicio colectivo que ha rodeado a este crimen, puede advertirse una habitual mezcla de desdén, hipocresía y cinismo, que arroja dudas sobre la existencia de algún compromiso serio, frente a la violencia extendida. Sabemos bien que, convirtiendo a las cárceles en “escuelas del crimen,” sólo obtenemos como resultado un recrudecimiento de los problemas que luego denunciamos.  Sabemos bien que, arrojando más gente a la cárcel, no reducimos en absoluto la criminalidad, sino que la reproducimos. Sabemos bien que las respuestas extremistas que reclamamos, frente al crimen, no se correlacionan con menores índices de delincuencia, ni con delitos menos graves (más bien lo contrario).

Permítanme apoyar lo dicho con algunas cifras. La historia más cotidiana del crimen, hoy en la Argentina, tiene un desarrollo como el siguiente: se produce una falta grave, cometida por una persona que ha vivido una vida miserable (más del 70 por ciento de los varones detenidos provienen de entornos con antecedentes delictivos; casi el 80 por ciento no ha completado la secundaria; una buena porción de ellos no contaba con trabajo al momento de cometer el delito). Son excepcionales los casos en que el crimen es denunciado, y el criminal es encontrado, detenido y condenado por su crimen (de las causas penales que se inician, sólo un 5% llega a tener una sentencia). La persona que es detenida, en todo caso, puede quedar encerrada, tal vez por años, sin juicio previo (el 60 por ciento de los detenidos en la Argentina lo están sin condena previa). En la cárcel, separamos al presunto criminal de todos sus afectos, mientras la vinculamos con algunos de los peores delincuentes que hemos encontrado, y lo dejamos bajo control de personal poco entrenado y violento (casi el 70 por ciento de los reclusos admite haber cometido un delito con anterioridad; casi todos ellos denuncian vivir el encierro en condiciones de inseguridad extrema). Luego, dejamos a los presos hacinados, en cárceles cada vez más marcadas por la tortura y la muerte (los hechos de violencia grave dentro de las cárceles pasaron de 197 en 2009 a 606 en el 2016, con un pico registrado en el 2014, con 823 casos; entre 2008 y 2016, se elevó el número de muertes en detención, ascendiendo a un promedio de 43 muertes anuales). El resultado de todo este horror no es otro que el esperable. Aumentamos exponencialmente el número de personas presas (en los últimos años, la población carcelaria casi se duplicó, pasando de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 1997, a 161 en 2014); uno de cada dos presos que sale en libertad reincide en el primer año; las tasas de criminalidad no bajan (la cantidad de robos creció un 10 % entre 2008 y 2015); y el crimen violento crece también (pasamos de 1 o 2 homicidios cada 100 mil habitantes, hace tres décadas, a 6.1 homicidios en la actualidad). Es decir, fallamos en todo, a pesar de la grandilocuencia, las sobreactuaciones y los gritos: tenemos más presos, más penas, mayores niveles de maltrato en prisión, mayores niveles de reincidencia, y como si fuera poco, más crímenes, más violentos.

No se trata, entonces, de autoflagelarse diciendo simplemente que lo hacemos todo mal: lo preocupante es que, sabiéndolo, sigamos haciendo lo mismo. Al periodismo le resulta comercialmente atractivo soltar el grito de alarma, entrevistar al dolor, llorar con la víctima, y pedir más penas. ¿Le interesó pensar por un instante que el camino por donde avanza, obstinadamente, hace más de 40 años, contribuye a reproducir y agravar los crímenes que denuncia? Por supuesto que no: su juego es otro. La política advierte también que el discurso sobre el crimen resulta altamente productivo. El kirchnerismo, en su década, desarrolló una retórica “tumbera”, mientras aprobaba las “reformas Blumberg,” aumentaba extraordinariamente los índices de encerrados, y permitía que crecieran los niveles de tortura sobre los condenados. El macrismo refuerza las malas cifras, pero con una retórica conservadora, como si el crimen se tratara de elecciones individuales, desligadas de las condiciones de grave injusticia social que el Estado genera y refuerza. La justicia, mientras tanto, ofrece su espectáculo dantesco. Los jueces “progresistas” socavan, en lugar de honrar, las “garantías” que proclaman, cuando irresponsablemente liberan a quien ha cometido un agravio, en lugar de tomarse en serio lo sucedido (también al criminal), ayudando a “reparar” el daño cometido, y a recuperar la dignidad de la víctima. Frente a ellos, otros jueces ejercen la demagogia alterna, que consiste en instrumentalizar, según las demandas del tiempo, tanto a víctimas como a victimarios: lo único que les interesa es preservar los propios privilegios. Una parte importante de la “ciudadanía indignada” también queda sujeta a reproches semejantes. Ella sabe que la mayoría de los presos (comunes y de los otros) pasan años de encierro sin haber sido jamás condenados, pero no dice nada; sabe que en las cárceles se vive en condiciones infrahumanas, pero no dice nada; sabe que en las cárceles se tortura y mata, pero no dice nada. En definitiva, son muchos los que deben asumir su responsabilidad en este proceso de construcción colectiva de la violencia social y el delito.

La buena noticia es que se conocen ya buenos sistemas de respuesta estatal frente al delito, que no se basan en la venganza pública (en los países bajos o en los escandinavos, esas respuestas funcionan bien por lo que implican, y no porque se trata de países ricos). Conocemos también prácticas “restaurativas”, como las que se desarrollan en Australia o Nueva Zelandia, con resultados altamente satisfactorios. Conocemos que –aun en nuestro propio país- comenzaron a implementarse experiencias piloto de tipo restaurativo, con buenos resultados. Es decir: no estamos condenados a repetir los errores de siempre, aunque a muchos de los actores involucrados les resulte altamente redituable reproducirlos.