La presunción es en contra

Frente a la muerte, a manos del Estado, del joven mapuche Rafael Nahuel, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti sostuvo “Lo que tenemos que decir acá (…) es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza”. De modo similar, la la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó: “No tenemos que probar el accionar de nuestras fuerzas de seguridad”. Y el Jefe de Gabinete agregó que "Nos preocupa no haber podido asegurar las pruebas y saber qué pasó".

Se trata de declaraciones desafortunadas en todos los casos. Primero, porque este tipo de situaciones muestran un paralelo, agravado, con lo que ocurre con el control de los recursos económicos y el enriquecimiento ilícito: se justifica que la carga de la prueba se invierta y ponga de modo contrario al Estado, dado el tipo de poderes que la sociedad le transfiere a ese Estado; los riesgos que esa delegación de poder implica; y lo que la historia reciente nos enseña al respecto. El caso, como anticipaba, es mucho más grave cuando hablamos (no del control de los recursos económicos, sino) del control de los recursos coercitivos -el monopolio de la fuerza. Otra vez: el poder que se le transfiere al Estado es tan fuerte; los riesgos que esa delegación implica son tan altos; y lo que la historia reciente nos enseña al respecto es tan negativo, que la sociedad tiene todo el derecho del mundo de evaluar -y exigir que las instituciones evalúen- las responsabilidades del Estado, con una presunción negativa o en contra del mismo. 

En otros términos: es el Estado el que debe probar que actuó bien; el que debe hacer un esfuerzo extraordinario para justificar cada paso que quiera dar usando su fuerza; y el que debe someterse a los más estrictos controles cuando se mueve en dicho terreno. Por eso lo rodeamos de organismos de control -que la experiencia indica que son muy vulnerables; por eso exigimos autorizaciones judiciales (antes de un allanamiento, antes de un operativo de desalojo); por eso necesitamos modos de fiscalización y sanción múltiples: sabemos lo que está en juego, el tipo de poder que delegamos, y los riesgos propios de esa delegación. Necesitamos, por tanto, de la máxima capacidad de escrutinio de nuestra parte -de parte de la sociedad civil- y fuertes presunciones negativas contra el Estado. 

No sólo no es cierto, entonces, lo que dice la vicepresidenta, sino que es a la inversa de lo que ella dice: la presunción no es a favor, sino que debe ser contraria al Estado. Y no sólo no está bien lo que dijo la ministra de Seguridad, sino que es lo contrario a lo que ella dijo: cada paso que den las fuerzas de seguridad debe estar justificado, autorizado, y fiscalizado, antes, durante y después de que el mismo es dado. Y también es poco feliz lo dicho por el Jefe de Gabinete, muy en particular a la luz de ocurrido en el caso Maldonado (que esta muerte se haya producido en los momentos en que se llevaba adelante el velorio de Madonado, es una trágica ironía de la historia). A la luz de la historia larga y la historia breve, que otra vez vuelvan a fallar los controles; que el procedimiento se haga mal; y que haya un muerto, no es problemático: es inaceptable. Entonces, no es creíble que nos digan otra vez que se trató de un error. Si lo hubo, deben saltar los fusibles correspondientes, lo que implica responsabilidades políticas y jurídicas. Si no lo hubo, estamos frente a un problema todavía más grave, que requiere asignar responsabilidades políticas y jurídicas de forma todavía más severa.