Algunas reflexiones sobre la "marcha contra la Corte"

 

Algunas reflexiones -críticas y autocríticas- sobre la marcha convocada para hoy en Tribunales.

*1) Contra quienes la promueven. No voy a participar en la marcha “contra la justicia,” en primer lugar, porque tomo en cuenta quiénes son quienes la promueven. La marcha aparece impulsada por el “Instituto Patria”, y personas allegadas a dicho instituto, esto es decir, por algunas de las más encumbradas figuras políticas del país (incluyendo a la ex Presidenta y su ex Vice Presidente), involucradas en gravísimos casos de corrupción. No participo, entonces, porque la marcha tiene entre sus motores motivacionales más importantes, la impunidad de (algunas de) las personas más poderosas del país cuando, en lo personal, y como tantos, desde hace años reclamo por lo contrario: pretendo que se llame a rendir cuentas y que se haga responsables a quienes se han enriquecido a través del uso indebido del aparato del estado.

*2) Contra las principales razones de la marcha. La segunda explicación de por qué no iré a la marcha (y por qué la rechazo) tiene que ver con las razones que se invocan en su defensa, y en particular las dos primeras que se suelen mencionar: “echar a la Corte,” y “terminar con el lawfare” (una tercera razón sería la “democratización de la justicia”, sobre la que volveré luego). La propuesta de “echar a la Corte”, más que anti-republicana, resulta boba o hipócrita, y la de “terminar con el lawfare” parece gravemente equivocada, o simplemente cínica. “Echar a la Corte” es una propuesta “boba” porque, si se cambia a todos los actuales integrantes de la Corte, manteniendo intacta a la estructura en la que tales funcionarios se desempeñan, se asegura la reproducción del mismo problema que se denuncia. Y es una propuesta hipócrita, en la medida en que dicho reclamo deja entrever lo que se sugería en 1, esto es, que la principal motivación, para muchos de sus promotores, es la de cambiar “jueces molestos” por “jueces propios.” La propuesta de “terminar con el lawfare,” mientras tanto, parece “gravemente equivocada” por “mirar con un solo ojo” a un problema que es histórico en Latinoamérica. Me refiero a la dependencia política de la justicia que genera un sistema de poder concentrado en el Ejecutivo. Allí es cuando la idea de “lawfare” puede resultar, simplemente, cínica: cuando la preocupación efectiva no es la de que la justicia carezca de independencia, sino -en verdad- que la justicia no dependa de los “propios” (como en la idea de “el lawfare es el otro” o “el lawfare como persecución que lleva adelante mi adversario, pero no yo mismo, cuando estoy en la cumbre del poder”).

*3) “Sí” a la democratización de la justicia (y, por tanto, “no” a lo que hoy se reclama, en nombre de la democratización). Desde mediados de los años 80, en que empecé a trabajar con Carlos Nino, abogo por la “democratización de la justicia” (de eso trató mi tesis doctoral, finalmente). Por supuesto, la cuestión no es obvia, como no es fácil determinar qué implica democratizar la justicia. Por el momento, diría que no se trata de una cuestión de “esencias” o de “naturaleza jurídica” (“qué es ‘verdaderamente’ democratizar la justicia”): todo dependerá de lo justificado o no que se muestre lo que propongamos o digamos en relación con la idea de “democratizar”. Al respecto, tengo mis propias ideas, pero por ahora no necesito enunciarlas: debe bastar, por el momento, con mucho menos. Entiendo que tanto nuestra “política” como nuestra “justicia” deben democratizarse, en el sentido de (al menos) ser más sensibles a las necesidades y demandas de la sociedad. Y creo que hay muchas maneras razonables (algunas más atractivas, otras menos) de democratizar al poder: fortaleciendo los controles ciudadanos sobre los funcionarios públicos; transparentando y “abriendo” los modos de selección de magistrados (al estilo del decreto 222); creando más foros públicos de debate colectivo; fomentando las asambleas ciudadanas; etc. Lo que me parece claro es que las propuestas que hoy se hacen en favor de la “democratización” de la justicia son, una vez más, una fachada destinada a conseguir exactamente lo contrario de lo que se enuncia (como lo fuera, en su momento, el proyecto de “democratización de la justicia”). Luego, aparecen otras propuestas de reforma judicial -impulsadas por otras figuras promotoras de la marcha- pero que resultan inatractivas, limitadísimas (sino, directamente conservadoras) en su alcance, y de ningún modo interesantes en términos de democratizar la justicia. Pienso, por ejemplo, en las propuestas que hiciera Zaffaroni, acá  https://lateclaenerevista.com/por-que-no-pensar-el-poder-judicial-por-e-raul-zaffaroni/, propuestas a las que ya me ocupara de criticar acá: https://www.clarin.com/opinion/marcha-corte-democratizacion-justicia_0_guwv6BXeZf.html (o, para quienes no acceden, acá: http://seminariogargarella.blogspot.com/2022/01/marcha-contra-la-corte-por-la.html ).

*4) El derecho también se hace “en las calles”. Habiendo dejado en claro las razones de mi rechazo a la marcha de hoy, quisiera agregar algunas aclaraciones “necesarias”, porque la cuestión que aparece hoy en juego nos invita a reflexionar sobre el modo en que, colectivamente, entendemos al derecho. Ahí, me parece, se advierte una (otra) ruptura preocupante, entre quienes asumen que vivimos en una democracia representativa estilo siglo xix, en donde cualquier reclamo contra las autoridades podía ser considerado como “sedicioso” (invocando en su respaldo el art. 22 CN); y quienes pensamos que (como decía Robert Cover) el derecho se nutre (y debe nutrirse) de modo (en absoluto único, pero sí) fundamental, a partir de lo que sucede en las calles y por tanto, a través de un “diálogo” (formal e informal, ordenado y disruptivo, institucional y extrainstitucional) con la ciudadanía (consideraciones éstas que también tienen un amplio respaldo constitucional, en el derecho a expresarse, en el derecho de reclamar a las autoridades, en el derecho a intervenir en política, y en los amplios compromisos asumidos por la Constitución del 94 con formas más directas de democracia). Si algo nos enseñaron (o debieron habernos enseñado) las marchas contra la guerra y los reclutamientos forzados; o las demostraciones encabezadas por Martin Luther King en favor de los derechos de las minorías raciales; o las décadas de movilización de grupos feministas; o las marchas contra la impunidad y por los derechos humanos, en América Latina, es que, para mejorar, el derecho necesita (y necesita aprender) de tales reclamos “en las calles”. Forman parte de la “salud” del derecho (de lo que lo mantiene, en el mejor sentido, “vivo”) y no de su “enfermedad” (no son su “patología”).

*5) Protestar contra las autoridades no es “golpismo”. En base a las razones señaladas en 4, y siendo un académico y jurista que repudia la marcha de hoy, rechazo también algunas de las principales razones que ofrecen otros críticos de la marcha, en oposición a ella. Enfatizo esto, una vez más porque, más allá de la coyuntura (la burda lucha del kirchnerismo por la impunidad de los poderosos “amigos”), está en juego algo importante y de más profundo calado. Otra vez: se trata de cómo entendemos el derecho, en particular, y la vida pública, en general. En este sentido, diría que siempre, pero muy en particular en momentos de “crisis democrática” como el actual, es muy importante que se proteja y preste atención a los reclamos que haga la ciudadanía en contra de sus autoridades. Quiero decir: en este tiempo, más que nunca, es muy importante que cuidemos el derecho a la protesta. Ello así, no porque necesariamente los que protestan “tengan razón” o “toda la razón”: pueden tenerla o no. O puede ocurrir, aún, y como diría John Stuart Mill, que quienes protestan tengan razón a veces, y sólo en una pequeña parte. Eso sólo (esa sola porción de razón, en manos de quienes no piensan como nosotros), ya nos daría razones para escucharles (Mill iba todavía más lejos, y decía que aún quienes se equivocan “por completo” merecen ser escuchados y protegidos, porque es importante que nos obliguen a dar fundamentos de lo que sostenemos, en lugar de permitirnos que sigamos sosteniendo lo que sostenemos, sólo por inercia).

Por lo dicho es que no estoy nada de acuerdo con las autoridades del principal grupo de oposición (Cambiemos), cuando dice de la marcha que “no solo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución" (https://www.clarin.com/politica/documeto-juntos-cambio-marcha-corte-trata-lisa-llanamente-actitud-golpista-_0_kJ7LzfR1NP.html ). Estoy en desacuerdo, por lo dicho más arriba: es muy importante que la ciudadanía se exprese, a favor o en contra de sus autoridades -cualquiera de ellas, y en particular las más relevantes. Marchar, además, no implica “remover” a nadie de modo inconstitucional. Inconstitucional sería si los funcionarios del caso fueran removidos por medios no constitucionales, pero no es el caso (los medios que se utilizan para protestar son constitucionales, y nadie va a ser removido porque se produzcan una o cien marchas, a través de esas mismas marchas).

De manera similar, y contra lo que dicen algunos, resulta saludable que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de ciertas decisiones judiciales, sin que debamos replicar, en contra de tales manifestaciones, que se trata de intentos de presión inadmisibles (ver, por ejemplo, el documento firmado por varios profesores de la Facultad de Derecho, acá: https://www.memo.com.ar/opinion/marcha-echar-corte-nacion-repudio/#:~:text=Los%20firmantes%2C%20profesores%20de%20derecho,de%20Justicia%20de%20la%20Naci%C3%B3n, o también hoy, en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/opinion/golpismo-siglo-xxi-nid01022022/ Se trata, más bien, de formas cívicamente saludables, e irreprochablemente constitucionales, de intervenir en la construcción de las decisiones comunes.

Finalmente, y por todo lo dicho, me resulta completamente desmedido hablar de “golpismo”, para casos como el de hoy: necesitamos ir “paso a paso”, como decía el filósofo. Por un lado, no tiene sentido calificar de “golpista” a toda actitud o decisión que no compartamos. Por otro lado, no tiene sentido recurrir a categorías tales (y tan exageradas), cuando lo que está en juego es un razonable desacuerdo sobre la orientación que deben tomar nuestras políticas públicas; y -más todavía- cuando los medios que se emplean no son impermisibles constitucionalmente (prueba de ello es que a nadie se le ocurre prohibir o pedir que se prohíba una manifestación como la que hoy se llevará a cabo).

*6) Leer lo que dicen nuestros adversarios sin ingenuidad y “a su mejor luz”. Termino esta revisión con un par de precisiones sobre lo dicho hasta aquí. Propongo “leer” los reclamos que hoy se hacen, “a su mejor luz,” pero a la vez sin ingenuidad, y con conciencia histórica acerca de “de dónde venimos” y “con quiénes lidiamos”. Entiendo que, entre los convocantes a la marcha, se encuentran muchos de los peores ejemplares de nuestra clase política, procesados con justa causa, y causantes de algunos de los peores males que hoy padecemos (entre ellos, la agravada desigualdad en la que vivimos, desde el 2005/6). Por ello es que (como lo dije y reiteré) no participaré de ella, y por eso mismo me opongo a los motivos que sus defensores enuncian. Lo anterior, de todos modos, no implica negar que pueden extraerse, de entre los varios reclamos que hoy se presentan, demandas razonables. Así, sobre todo, cuando miramos esos reclamos a “su mejor luz.” Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la justicia funciona mal, es lenta, o es demasiado sensible al poder. Muchos reconocemos también que, en un sentido importante (que no es el invocado por “los procesados”) la justicia merece ser “democratizada.” Defendemos, además, el derecho a protestar y reclamar “en las calles” ante nuestras autoridades, aún las judiciales, sin que tales manifestaciones merezcan la calificación de “golpistas”.

Todo lo dicho hasta aquí, finalmente, no implica aceptar “cualquier” razón que se invoque, en una protesta, ni cerrar los ojos a la mala fe que pueda mover a algunos o muchos de sus convocantes, ni desconocer las motivaciones “políticas”, y aún “político-partidarias” que, por definición, tiene y tendrá cualquier marcha “política” o “político-partidaria”.