El constitucionalismo como “traje chico”

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En nuestro país, como en tantos, vivimos una debacle del constitucionalismo democrático. Este hecho se verifica casi cada día: un caprichoso incumplimiento de las leyes, por parte del Presidente (ie., financiamiento universitario, discapacidad); designaciones que se hacen en el Congreso, violando todos los reglamentos establecidos (ie., Auditoría General de la Nación); decisiones judiciales urgentes, que se demoran, sin razón alguna que lo justifique, durante más de una década (ie., regulación de los DNU). Este goteo cotidiano de miserias termina por generar, también, resultados de espanto. Entre ellos, destacaría la desafección o hastío que embarga a una ciudadanía que reconoce, sensatamente, que las autoridades públicas harán o dejarán de hacer exactamente lo que les venga en gana. Y es que, en los hechos -lo sabemos- la voz ciudadana -la nuestra- no cuenta. Como si nos dijeran: “ya han votado, ahora háganse a un lado.”

Por supuesto, debe señalarse que, frente a la crisis, todas las alternativas que se nos proponen, orientadas finalmente a suprimir al constitucionalismo democrático, prometen empeorar aún más lo malo que tenemos. Esto es decir: menos poder ciudadano, más discrecionalidad para el Presidente -la consolidación de lo que Bruce Ackerman denominara “presidencias imperiales”. La pregunta es, entonces ¿podemos hacer algo para mejorar lo que tenemos, en lugar de socavarlo? La respuesta es, sin dudas, positiva, pero para ello resulta imprescindible precisar, antes que nada, nuestro diagnóstico: ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Por qué razones? ¿Hacia dónde? Señalo esto porque, de manera demasiado habitual, los latinoamericanos nos embarcamos en reformas mayores -ie., constitucionales- que terminaron resultando auto-frustrantes, por su ambición enorme, con rumbo equivocado. Ello así, por ejemplo, a través de la incorporación de decenas de nuevos derechos constitucionales, que se acompañaron de (o vinieron a cambio de) un reforzamiento de los rasgos presidencialistas, o menos democráticos, de nuestra organización del poder (ie., reelección, decretos de necesidad y urgencia, etc.).

Un diagnóstico apropiado, según entiendo, debería conducirnos en la dirección opuesta a la transitada en estas décadas. Nuestro problema (constitucional) no es la falta de derechos, sino el mantenimiento de una estructura de poder poco democrática. Los nuevos derechos enumerados (que -vale aclararlo- bien incorporados están, en su gran mayoría) sirven de poco si, como ciudadanos, quedamos condenados a peregrinar pacientemente hacia los tribunales, o a pedirle de rodillas al Presidente, por derechos que, finalmente, los funcionarios nos otorgarán o no, conforme a su estado de ánimo. Las prácticas en las que se ha degrado el constitucionalismo, en estos tiempos, llevan entonces a que derechos que son “nuestros” e incondicionales, terminen convirtiéndose en “concesiones” a cargo del poder de turno, y así convertidos en “privilegios” que sólo sirven para reforzar el poder (y el poder de extorsión) de las autoridades constituidas.

Mi impresión es que, en el último siglo, el constitucionalismo se fue transformando en un “traje chico” para nuestras crecientes (y razonables) demandas democráticas. Como un “traje” diseñado para un niño o niño, en sus primeras celebraciones, y que insistimos con volver a colocarle hoy, cuando ya nos encontramos frente a un adulto, corpulento y desarrollado. Podemos suponer que el “traje” del constitucionalismo estuvo muy bien diseñado, y que sirvió perfectamente para albergar a un cuerpo social que era muy distinto del que hoy tenemos. En la actualidad, las necesidades y fines son otras, y el cuerpo ha cambiado de modo extremo, por lo cual no basta con agregarle botones al traje, o alargarle las mangas, o subirle el talle. Las viejas sociedades no sólo eran más pequeñas sino, fundamentalmente, otras: sociedades divididas en pocos grupos internamente homogéneos (ie., entre “capital” y “trabajo”), en donde una porción significativa o mayoritaria se encontraba excluida, en los hechos, de la participación democrática. Hoy, nos encontramos no sólo con sociedades compuestas por millones de personas (esto es lo obvio), multiculturales y heterogéneas, formadas por personas con identidades multifacéticas (nadie es hoy, “simplemente”, obrero o empresario) sino, además, con sociedades democráticamente “empoderadas”, compuestas por ciudadanos que se asumen, con razón, “dueños” de un poder que “otros” (la clase dirigente, “la casta”) le arrebatan. El “traje” del constitucionalismo democrático, entonces, debe cambiar (y no “obligadamente,” a través de una reforma constitucional). Podemos empezar a discutir, ahora, sobre los detalles de ese cambio, pero la razón y la dirección deben ser claras. No necesitamos “más concentración del poder” -es decir, no necesitamos un traje todavía más chico. Debemos ir hacia arreglos institucionales que vuelvan a dotar de contenido democrático a nuestra vida compartida. Y el “traje” del constitucionalismo debe hacer posible (en lugar de asfixiar o imposibilitar) a esa ambición democrática.