El "Consenso del Nunca Más": Tres etapas de un debate inacabado

 

Hace cuatro décadas ya, comenzamos a hablar del “consenso del Nunca Más”. Primero, a partir del extraordinario trabajo de la CONADEP, y luego, con la celebración del Juicio a las Juntas. La idea, que a tantos nos impresionó tan bien desde un principio, no estaba exenta de ambigüedades, pero no supimos, o quizás no quisimos, detectar tales imprecisiones. En su sentido más estricto, la frase sobre el “consenso del Nunca Más” importaba la condena (que entonces era casi unánime) de lo hecho por la dictadura, con todo lo que ello implicaba: no a la tortura; no a los campos de detención; no a la concentración del poder y sus consiguientes abusos; no a la censura; no a la persecución de opositores; no a la prohibición de partidos políticos y sindicatos; etc. En este sentido, la crítica política que encerraba la frase, y la historia del país, iban de la mano: al marcar nuestro profundo rechazo colectivo a todo lo que la dictadura había hecho (al gritar al cielo, “Nunca Más”) estábamos rechazando, de una forma extensa y profunda, a todo un modo de hacer política, que era el que la dictadura había representado en su forma más extrema.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el repudio casi unánime a lo hecho por la dictadura, y la historia argentina, dejaron de aparecer superpuestas. En esta segunda etapa, comenzó a tornarse posible confinar la idea de “consenso del Nunca Más” a ese tiempo particular que había ocupado la dictadura, entre 1976 y 1983. Decir “Nunca Más,” entonces, significaba decir: “Nunca Más a la dictadura del Proceso”; o también, de manera similar, “Juicio y Castigo a los responsables de los crímenes masivos”. Mientras tanto, por otro lado, y en la medida en que se profundizaba la cisura entre política e historia, comenzaba a hacerse posible entender al “consenso del Nunca Más” en un sentido también más amplio, que no necesitaba anclarse (de manera excluyente) en la pasada dictadura. Entonces, decir que se suscribía al “consenso del Nunca Más” pudo significar el rechazo a ciertos modos del ejercicio del poder, que habían emergido durante la dictadura, pero que también podían tornarse visibles bajo el imperio de una forma de gobierno democrática. De acuerdo con este sentido más amplio, proclamar “Nunca Más” implicaba decir nunca más a las torturas, a los abusos de poder, a la represión de las minorías, a la discriminación y maltrato públicos hacia los más débiles, etc. Ello, aún si aberraciones tales resultaban cometidas en democracia, por gobiernos elegidos popularmente. ¡Cómo que no! Muchos -quizás con torpeza, quizás con ingenuidad- tendimos a leer el “consenso del Nunca Más” de este modo. Quizás, sin que lo advirtiéramos, nos ganó la voluntad de que así fuera: queríamos creer que esta lectura posible del “consenso” era la apropiada, porque así debía ser, conforme a nuestra (digámoslo así) filosofía política. 

Políticamente, las diferencias entre las lecturas “estrecha” y “amplia” de la idea del “consenso del Nunca Más” se tornaron cada vez más notorias. Una ilustración saliente de las implicaciones de esas diferencias apareció con la llegada del nuevo siglo, cuando representantes de uno y otro bando quedamos enfrentados a partir de nuestras comprensiones diferentes del fenómeno. Típicamente, muchos vieron al nuevo gobierno que llegaba al poder como ejemplar representante del legado del “Nunca Más” (versión estrecha): se trataba de una administración que, cada día, invocaba los derechos humanos como guía de su acción, y que, además, o sobre todo, tomaba iniciativas destinadas a hacer posible la condena a los crímenes cometidos por la dictadura (crímenes que habían quedado impunes, a resultas de las -así llamadas- leyes del perdón: punto final, obediencia debida, indultos). Algunos otros entendimos que esa misma administración, en cambio, incurría en faltas graves que implicaban, en los hechos, la deshonra o el directo abandono de los ideales del “Nunca Más” (versión amplia). Así, en su hostilidad hacia las comunidades aborígenes (ie., los miembros de la comunidad Quom, en Formosa); en su sistemática represión de la protesta social (a pesar de la retórica de respeto que se invocaba); o en su creciente (y finalmente anti-democrática) proclividad hacia la concentración del poder, por ejemplo.

Pues bien, desde entonces, el tiempo no ha dejado de pasar -han transcurrido ya 50 años desde la llegada de la dictadura- y, como era esperable, ha seguido haciendo de las suyas. Nos encontramos hoy en lo que podríamos llamar una tercera etapa de la vieja discusión expuesta. Los acalorados debates que supimos tener, hasta ayer, en torno a lo que significaba el “consenso del Nunca Más” (¿seguir embistiendo contra la dictadura del 76, o enfrentar toda violación de derechos básicos?) nos implicaban de lleno, con todas nuestras diferencias, y a pesar de ellas, porque nos encontrábamos emocionalmente involucrados con el pasado: lo ocurrido nos resultaba demasiado cercano, tocaba nuestras fibras más sensibles. De un modo u otro, nos emocionaba. Ese vínculo íntimo que teníamos con la historia anterior ya se disolvió. Hoy, aquel particular debate en torno al “Nunca Más” parece meramente “intelectual,” más que esencialmente “emocional”. Se trata de una discusión que parece quedar demasiado lejos de las nuevas generaciones. Ello puede resultarnos triste o lamentable pero, simplemente, “es así”, es el devenir de la vida. Nada de lo que sorprenderse: hoy las emociones (los sufrimientos, los deseos) están vinculadas a causas que no necesariamente van a superponerse con las que nos conmovían a nosotros, 40 o 50 años atrás. 

A sabiendas de que los tiempos han cambiado mucho -y, por tanto, que el “contexto de recepción” de nuestras discusiones ha variado mucho, también- no nos queda sino la alternativa de hacer un esfuerzo por vincular entre los principios en los que creímos siempre, con las fuentes principales de las angustias presentes. Ello puede significar, para muchos de nosotros, preguntarnos cómo es que aquellos viejos debates se traducen a la actualidad: ¿a qué debemos decirle hoy, “Nunca Más”? Al respecto, posiblemente, necesitemos reflexionar sobre por qué hoy es importante oponerse al giro anti-democrático que prima en una parte significativa de Occidente (para oponernos, así, a la oleada anti-institucional, anti-intelectual, que vivimos); por qué sigue siendo relevante rechazar la concentración del poder (y así, las leyes aprobadas sin discusión pública o de espaldas a la sociedad); por qué debe resistirse la visión mercado-céntrica de nuestra comunidad; o por qué necesitamos frenar el eufórico desdén dominante, hacia los bienes comunes. Nos encontramos ante una tarea difícil, pero no novedosa. Finalmente, se trata de una misión que está con nosotros desde el inicio de la modernidad: pensar democráticamente acerca de las bases y límites que son necesarios, para seguir haciendo posible la vida en común.

Sobre la irremediable crisis de los partidos políticos

 

Publicado hoy en Cl, acá: https://www.clarin.com/opinion/democracia-representativa-poder-ciudadano_0_3PLalCnUb3.html

Quisiera referirme, en lo que sigue, a la irremediable crisis que afecta a los partidos políticos y que, indirectamente, pone en jaque a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Comienzo, entonces, aludiendo a lo que fuera la etapa previa de esta crisis, para señalar que, durante décadas, los partidos políticos sirvieron como resguardo y reaseguro de la legitimidad del sistema democrático. Ello así, en buena medida, porque garantizaban la representación de amplios bloques de intereses existentes -típicamente (pero no exclusivamente) a intereses de clase. En Inglaterra, el Partido Laborista nació en el 1900, como resultado de un agregado de sindicatos y organizaciones socialistas, que buscaban conseguir representación propia en el Parlamento En Alemania, el Partido Socialdemócrata fue fundado en 1862, como Asociación General de Trabajadores de Alemania; mientras que en Francia, la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) se creó en 1905, y pasó a ser el principal antecedente del Partido Socialista. En Italia, el Partido Popolare Italiano (PPI) nació en en 1919, y más tarde dio origen a la Democracia Cristiana. En la Argentina, el radicalismo y el peronismo supieron representar, más o menos apropiadamente, y durante más de medio siglo, a los amplios intereses de la clase media y la clase trabajadora. En la medida en que esos intereses retomados por los partidos encontraban expresión posterior en las ramas políticas del gobierno, la democracia representativa podía darse por satisfecha: la gran mayoría de la población quedaba, así, políticamente representada. 

Nos guste o no, desde finales del siglo xx, la organización social y económica que conocíamos, ya no existe: nuestras sociedades han sufrido una transformación sin vuelta atrás. Por tomar un ejemplo particularmente relevante: hace tiempo que ya no posible hablar de sociedades de base industrial, en donde una porción amplia de sus miembros -de un tercio a la mitad- son obreros, con intereses económicos y políticos fundamentalmente homogéneos. Hoy encontramos, junto con el tradicional obrero industrial asalariado, a trabajadores autónomos y autoempleados, nómadas digitales, rappis, trabajadores en negro, trabajadores precarizados, temporarios, desempleados…Mientras que, décadas atrás, podíamos hablar, razonablemente, de clases sociales, con intereses más o menos comunes, hoy nos encontramos con intereses absolutamente dispersos, heterogéneos, de ninguna manera uniformables. Las viejas clases se disolvieron, y nuestros intereses (ie., culturales) relevantes se multiplicaron. Por ello mismo, las chances de que dos trabajadores ocupados en la misma línea de producción piensen más o menos lo mismo, en relación con temas que les importan (programas económicos, inmigración, uso de drogas, armas, aborto, etc.), son mínimas. Ni qué hablar sobre los vínculos entre un obrero industrial y un trabajador de rappi.

De este modo, los cambios sociales, económicos, culturales, sobrevinientes, terminaron por erosionar no sólo las bases de apoyo popular a los partidos políticos, sino su propio sentido: ellos no pueden garantizar la representación de millones de personas, en una diversidad enorme de temas, y a lo largo del tiempo. Simplemente, ya no están en condiciones de hacerlo, más allá de la calidad de sus dirigentes. No extraña, entonces, que los partidos, sin excepción, se hayan convertido en cajas vacías, sin contenido social, y necesitadas de causar escándalo o arrojar fuegos artificiales al cielo para atraer la momentánea atención de algunos. Lamentablemente, la crisis partidaria es irreversible, como es imposible volver el reloj social atrás, para restaurar a las viejas sociedades de posguerra, marcadas por una amplia clase obrera, un empresariado unido, sindicatos poderosos, y partidos fuertes. El problema en cuestión, de ese modo, amenaza con arrastrar consigo, también, a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Ante la situación descripta, tal vez no exista una fórmula o “solución” sencilla y al alcance de la mano. Sin embargo, ante un escenario semejante, amenazante e incierto, al menos una cosa debe resultar clara: necesitamos recuperar -para nosotros, ciudadanos- poder democrático. Por eso mismo, y por un lado, cualquier promesa de solución que se dirija en dirección contraria (ie., concentrar más poder en el presidente) debe ser rechazada. Y por otro lado, y de manera especial, debe ser resistida la idea de que, en una democracia constitucional, las impugnaciones al gobierno deben “esperar a las próximas elecciones” -como si las demostraciones en la calle fueran un exceso, o institutos tales como el juicio político representasen una afrenta a la legalidad, y no una herramienta inherente al constitucionalismo democrático. En la situación de desamparo político e institucional que padecemos, necesitamos mantener más activos que nunca a los pocos medios e instrumentos de crítica al poder de los que todavía disponemos. Sin aceptar extorsiones.