La reforma de la justicia en CABA, y Morondanga

Normalmente no me pronuncio sobre lo que hacen las legislaturas locales. Obviamente, y como no estoy obligado a opinar sobre todo, el que no diga nada al respecto de modo alguno significa "avalar" lo que eventualmente haga alguna de tales legislaturas, tan lejanas. Más bien lo contrario: mi presunción sobre sus acciones y omisiones es muy negativa, en general, por razones estructurales. Y es que, dados los niveles de opacidad/falta de transparencia de tales legislaturas; el habitual dominio extremo de los oficialismos locales sobre tales organismos; la completa ausencia de controles populares frente a los representantes; y los masivos recursos -económicos, coercitivos- que controlan dichas legislaturas, hacen que tales instituciones se conviertan en un "campo fértil" para el abuso político y la corrupción económica. (Vivo, por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, y me avergüenzo de modo habitual por el accionar de la Legislatura de la Provincia, aunque no hable casi nunca del tema -me horroriza, por ejemplo, todo lo que sé que hizo y no hizo dicha legislatura, en materia de educación, durante la pandemia).

Hecha tal aclaración, quisiera agregar algún breve comentario sobre esta área de la acción legislativa que me resulta tan distante como poco interesante, a partir de la ley que acaba de aprobar la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de reforma de la justicia (alguna información al respecto, acá: https://www.perfil.com/noticias/politica/aprueban-proyecto-de-ley-que-reforma-la-justicia-en-la-ciudad-de-buenos-aires.phtml). Lo hago, a decir verdad, dado el modo en que dicha ley ha quedado inserta (por sus propios deméritos) en la disputa kirchnerismo-antikirchnerismo (y presa del famoso lema "Ah, pero Macri...").

Es cierto que las controvertidas competencias atribuidas por la Legislatura al máximo tribunal de la Ciudad (TSJ), se enmarcan 1) en una demoradísima transferencia de competencias desde la Justicia Nacional a la Ciudad, por cuyo cumplimiento y concreción viene urgiendo la Corte Suprema de la Nación, desde hace tiempo; y 2) el fallo "Bazán," de 2019, en donde la Corte (vía Maqueda-Lorenzetti-Rosatti, y no Rosenkrantz-Highton) sostuvo que “…de ahora en más, será el [TSJ] el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten […] entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en [la Ciudad]” (Sebastián Guidi y Martín Haissiner explican muy bien todo esto -y a ellos me remito- en el artículo "La doble vida del fallo Bazán").

Sin embargo, y pese a todo lo anterior, entiendo que la Legislatura porteña no podía decidir lo que decidió, del modo en que lo decidió. Y considero que las fallas procedimentales en las que incurrió, disparan ("trigger") una "sospecha" severa, que afecta la "presunción de constitucionalidad" o "validez" que, de otro modo, podría merecer la ley, como cualquier ley democrática. Las fallas procedimentales a las que me refiero abonan una presunción contraria a la deseada (una "presunción de invalidez"), y sugieren, mientras no haya demostración en contrario, que la decisión se tomó para promover intereses privados, en lugar de intereses públicos (aquí, las críticas que recibe la ley como dirigida a "favorecer a la familia Macri en la causa del Correo", ganan en verosimilitud, sean finalmente veraces o no tales acusaciones).

Las fallas procedimentales, según entiendo, fueron dobles. Ante todo, se produjo un fracaso procedimental más estricto, relacionado con la incorporación subrepticia y de último momento de las cuestiones más controvertidas de la ley (la posibilidad de que el TSJ intervenga frente a fallos de juzgados nacionales con sede en la Capital Federal). Por otro lado, se advirtió una notable falta de discusión pública en torno a temas que, por una parte, son de primera importancia pública y, por otra, exceden al electorado de la Ciudad. De modo adicional, el fracaso procedimental se produjo también en lo que llamaría cuestiones de "debido proceso sustantivo", al aprobarse una ley que (auto)expande los poderes de la Ciudad, frente a la Nación, en modos que debieron haber sido acordados públicamente en un acuerdo general, con las autoridades nacionales (de modo paralelo a los "recortes" presupuestarios impuestos por la autoridad ejecutiva, sobre la Ciudad, de modo inconsulto, y sin acuerdo con la Ciudad).

Expuesta la crítica anterior, sólo agregaría que resulta, más que gracioso, patético, que la ex Presidenta y actual presidenta del Senado haya criticado la ley aprobada en la Ciudad, refiriéndose a la oposición como "republicanos de Morondanga" ( https://www.pagina12.com.ar/372005-republicanos-de-morondanga-la-definicion-de-cristina-kirchne). Y es que, en el mejor de los casos, la actividad legislativa del Senado de la Nación, que ella preside, ha resultado muy escasa, frustrante, y fundamentalmente auto-interesada (es decir, dirigida casi exclusivamente a defender a la ex Presidenta, frente a las contundentes causas judiciales que lleva encima). Quiero decir, hoy tenemos un poder del estado básicamente orientado a salvaguardar los intereses de una sola persona, esto es, la persona que lo preside. La vergonzosa actividad del Senado ha incluido, por supuesto, al Senado ingresando en áreas que no le corresponden (i.e., https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/129059-los-jueces-bruglia-bertuzzi-y-castelli-faltaron-al-senado-y-el-kirchnerismo-busca-removerlos/); o impulsando proyectos de ley que fueron subrepticiamente cambiados (de manera gigantesca) directamente a escondidas de la oposición (como nos lo recuerda este conocido debate https://www.infobae.com/politica/2020/08/28/reforma-judicial-los-cambios-de-ultimo-momento-provocaron-un-cruce-tenso-entre-cristina-kirchner-y-martin-lousteau-y-la-reaccion-de-la-oposicion/).

En todo caso, la triste situación política que se ha desatado, una vez más, insiste sobre problemas gravísimos que afectan a nuestro sistema institucional, y que son trasversales a la clase dirigente: los niveles de elitismo y aislamiento de la dirigencia, y la falta de controles populares sobre ellos -dificultades estructurales muy serias, que padecemos desde hace décadas- han decantado en prácticas de reparto de privilegios cruzados, mutua protección e impunidad de los poderosos. El poder gana y se auto-protege, mientras que la ciudadanía se pelea tratando de dilucidar qué facción o qué dirigente representa el bien, y quién el mal, en medio de esa fiesta obscena.