Hace un par de décadas, el filósofo israelí Avishai Margalit publicó un libro muy importante, con el título La sociedad decente. Dicho trabajo representó el punto culminante de una larga y diversa serie de estudios que vinieron a llamarnos la atención sobre la dimensión moral de la vida pública. Esta línea de estudios enfatizó el peso que debía asignarse a las cuestiones morales (más específicamente, como nos tratan los funcionarios públicos; cómo se desempeñan las instituciones en relación con nosotros, los ciudadanos) a la hora de evaluar a un gobierno, o a un gobernante. El tema, según entiendo, adquiere particular relevancia en países como el nuestro, en donde, por un lado, aparece el Presidente describiendo a las acciones de su jefatura en términos de “la moral como política de Estado”; y, por el otro, surgen algunos simpatizantes que lo defienden o excusan su desempeño, enfocándose exclusivamente en ciertos resultados materiales de la gestión (ie., la baja de la inflación), dejando así de lado la dimensión moral de la misma. Dentro de dicho marco, quisiera realizar algunas precisiones vinculadas con aquello que podemos denominar una política “decente”.
Al respecto, comenzaría por señalar que estudios como el de Margalit llamaron la atención, desde un principio, por el modo en que subrayaron la importancia de las cuestiones morales frente a otras, de carácter material (ie., la igualdad o justicia distributiva) que habitualmente habían sido entendidas como prioritarias. Desde ya, trabajos como el de Margalit no pretendían afirmar que esa otra dimensión -la material- no resultara fundamental o decisiva, a la hora de evaluar el desempeño de un gobierno. La que él se propuso fue, en cambio, destacar la particular relevancia del trato dispensado por las autoridades e instituciones públicas a la ciudadanía, a la hora de realizar tal balance. Margalit, en particular, vinculó la “decencia” o moralidad de las ciertas políticas de gobierno, con el carácter “no humillante” de dichas iniciativas -éste fue el punto principal que desarrolló en su obra. Un gobierno decente, para él, no era (simplemente) aquel que cumplía con la ley, o se mostraba eficiente (ie., en la gestión económica). Lo esencial era que la administración en cuestión no degradara a sus miembros, no los humillara, y trabajara fundamentalmente para impedir o evitar dicha humillación. Margalit proponía prestar especial atención al compromiso manifestado por un determinado gobierno o gobernante con la dignidad humana. Para indagar acerca de la fortaleza de ese compromiso gubernamental, él se preguntaba: ¿Es que el gobierno discrimina o maltrata sistemáticamente a ciertos individuos o grupos sociales? (i.e., ¿los insulta o relega en la distribución de beneficios?). ¿Cómo es que se relaciona con los más viejos, con los más jóvenes, con los más vulnerables? ¿Y cómo se desempeñan las burocracias frente al público? ¿Existen grupos que deben suplicar por el reconocimiento de sus derechos? ¿Cómo se vincula el gobierno con los desvalidos y los enfermos?
El libro de Margalit se destacó por el fuerte impacto e influencia que alcanzara, pero -debe notarse- finalmente fue uno más dentro de una larga lista de trabajos que vinieron a resaltar cuestiones similares: la filosofía política y la filosofía jurídica contemporáneas ofrecen abundantes escritos abordando una temática semejante. Piénsese, sino, en la obra de Ronald Dworkin (seguramente el jurista más influyente del último siglo) que entendió a la “igual consideración y respeto” como el principio rector con el que debe interpretarse toda la Constitución; recuérdese el gran libro de Thomas Scanlon -What we Owe to Each Other- sobre el trato que “nos debemos unos a otros”; o tómese en cuenta la fundamental línea de trabajos recientes sobre las “políticas de reconocimiento”.
Lo que quiero señalar es que, desde hace tiempo, la dignidad, el respeto, el buen trato, la igual consideración, el reconocimiento, el cuidado de los otros, etc., aparecen como componentes esenciales de un buen gobierno. De mi parte, entiendo a este tipo de rasgos -finalmente, la moralidad de las prácticas que se auspician cotidianamente, desde el poder- como cruciales para valorar positiva o negativamente a una determinada gestión Diría más: la indecencia o inmoralidad de un gobierno (sus prácticas de “humillación” sistemática) debería ser condición suficiente para considerarlo un mal gobierno, con independencia de su mejor desempeño en otras cuestiones “materiales”.
Lo que aquí señalo (acerca del valor especial que debe asignarse a las cuestiones morales, antes que materiales, en la evaluación de ciertas políticas), no debiera resultar sorpresivo. Aludo así un tipo de razonamiento que, de un modo u otro, todos llevamos a cabo, cotidianamente, en las más diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una mayoría de nosotros consideraría razón suficiente para pedir un divorcio, al hecho de que el marido golpeara e insultara diariamente a su mujer. Si, frente a dicha situación, alguien nos dijera que estamos equivocados, porque el marido paga regularmente los gastos del hogar o la escuela de los hijos, lo miraríamos sorprendidos: nos resulta simplemente obvio que los golpes y humillaciones descalifican a ese marido, de manera suficiente y definitiva. De manera similar, si el maestro de música de nuestros hijos los maltratara u ofendiera cotidianamente, tendríamos una razón suficiente para pedir su renuncia, o para retirar de la escuela a nuestros chicos, con independencia de la capacidad del maestro como enseñante, o de su calidad como músico. Asimismo, el sólo intento de abuso que pudiera insinuar un entrenador con alguno/a de sus alumnos/as, en el gimnasio, debería bastar para cortar todo vínculo con él, y sus “habilidades deportivas” en nada compensarían la gravedad de sus faltas.
Concluyo este escrito retornando al caso de la Argentina, y trazando algunos paralelos entre lo dicho hasta aquí, y el desempeño de la actual Presidencia. Según entiendo, el gobierno argentino muestra una performance muy pobre en materia económica, en donde se advierten todos los rasgos distintivos de una economía no integrada, desigual y en recesión prolongada. Sin embargo, aún si el caso fuera diferente del actual, y el gobierno pudiera mostrar “números positivos” en materia económica, la evaluación debería ser igualmente negativa (algo similar puede decirse, desde ya, sobre otras administraciones anteriores, que ahora no viene al caso analizar). Los niveles de maltrato que cotidianamente dispensa el Presidente hacia los más débiles (niños autistas, discapacitados); los insultos recurrentes a quienes, desde el periodismo o la oposición, lo critican; sus malas palabras; sus groserías; la violencia verbal; el trato degradante a los que piensan diferente; el desprecio que muestra hacia mujeres y homosexuales; el uso sistemático y cotidiano de su posición de poder para humillar a los disidentes, lo descalifican (y conste que no sopeso aquí, en absoluto, ni “mentiras” ni “robos”). Esos agravios constantes como “política de Estado” no sólo ofrecen razones para habilitar el enjuiciamiento político del Presidente (tema sobre el que tampoco trato, en este texto), sino que nos dan motivo suficiente para impugnar sus prácticas, en tanto marcadas por la indecencia. No hay baja de inflación que pueda compensar una performance moral de ese tipo: ninguno de nosotros merece niveles de desprecio y destrato semejantes, de parte de nadie y, mucho menos, de nuestro principal empleado en el gobierno.
