Publiqué en Clarín, acá
Para quien no accede al diario:
Imaginemos a un jefe de hogar que se dirigiera a su muy numerosa familia para anunciarles que, gracias a los cambios que viene haciendo, “ahora los recursos nos alcanzan hasta fin de mes”. Imaginemos, sin embargo, que ese resultado deseado no se obtiene porque el jefe de hogar trabaja el doble de tiempo, o porque consiguió un trabajo donde se le paga mejor, o porque ahora gasta de una manera mucho más racional que antes (por ejemplo, ahorrando en consumos innecesarios o suntuarios). No: ocurre que la familia llega a fin de mes, porque -entre otras razones, pero de modo decisivo- al abuelo le han suspendido su costoso tratamiento contra el cáncer; a la hija enferma han dejado de comprarle sus medicamentos; y al hijo menor ya no le permiten seguir sus estudios secundarios. Una situación semejante resulta imaginable pero inconcebible en cualquier comunidad decente: si un jefe de familia hiciera, seriamente, un planteo como el señalado, deberíamos reconocer a esa persona como un monstruo moral. Ni qué decir si esa persona reclamara para sí reconocimientos o premios; y ni qué pensar si además acompañara sus dichos auto-celebratorios con actitudes de humillación o burlas para los miembros más vulnerables de la familia.
Según entiendo, el ejemplo expuesto guarda paralelismos manifiestos con los contenidos y modos de las políticas económicas del actual gobierno. El superávit fiscal que el Poder Ejecutivo y sus festejantes defienden depende, decisivamente, de una represión del gasto público injustificada, inconstitucional, abiertamente ilegal, y profundamente inmoral. No afirmo lo dicho como retórica descalificativa, sino que lo presento como descripción de la situación presente. Me refiero a una situación que simplemente ilustro con tres breves ejemplos: i) la explícita decisión del Ejecutivo de incumplir la Ley de Financiamiento Educativo, desobedeciendo, a la vez, al Poder Legislativo y al Poder Judicial (una decisión extrema en su gravedad, aún en el marco de una historia argentina repleta de irregularidades); ii) los recortes relacionados con los derechos fundamentales de los discapacitados, vitoreados por el gobierno a la vez que se conocían los delitos cometidos, desde el Poder Ejecutivo, en las compras de medicamentos, y mientras se revelaban los gastos suntuarios o absurdos de sus funcionarios, a través del uso de fondos estatales; iii) el desprecio sistemático exhibido por el Presidente hacia las mujeres, los homosexuales, los discapacitados, o los niños autistas. Difícil no hablar, otra vez, de monstruosidad moral, frente a decisiones y posicionamientos semejantes. Ello así, cuando las políticas económicas requerirían estar definidas, ante todo (tal como dijera uno de los mejores sociólogos de este siglo, Richard Sennet, en su libro Respeto en un mundo de desigualdades), por el respeto hacia el otro, y en particular, respeto hacia los más necesitados. Es decir, el trato digno debe entenderse como una condición necesaria de la política económica, en donde el concepto de “trato digno” (y tal como señala Sennet, una vez más) no se limita, simplemente a “una cuestión de buenos modales”. El respeto hacia los otros se revela, por un lado, a través de las prioridades que establece el gobierno para el gasto público (¿armamento o medicamentos? ¿viajes dispensables o sillas de ruedas? ¿subsidios a empresas eléctricas o financiamiento para becas?); y por el otro, a través de los modos, dignos y jamás humillantes, en que el gobierno debe implementar sus decisiones políticas.
A pesar de lo dicho, quienes defienden al programa económico del gobierno se muestran hoy -sorprendentemente, o quizás no- como terraplanistas morales: sujetos que actúan como si desconocieron la dimensión moral que debe definir a toda política económica; y que argumentan como si ese contenido moral resultara irrelevante. Contra dicha idea, debe quedar claro que una política económica no puede juzgarse con independencia de sus fundamentos morales: son esos fundamentos los que definen su carácter. Podemos volver a nuestro ejemplo inicial, sobre el jefe de familia, para entender y dimensionar mejor el problema en juego. Un programa de económico que decide tener, entre sus componentes esenciales, a medidas que afectan de modo directo, severo y resueltamente cruel, a los más viejos, a los discapacitados, a los niños en edad escolar, no nos refiere a un programa controvertido, sino a un modelo económico inmoral, moralmente monstruoso.
