11 mar 2016

C.Rosenkrantz, sobre la CHA y los derechos sociales

Parte de lo más interesante de la audiencia de ayer (Carlos R., nominado para la Corte), estuvo en las primeras preguntas (Pichetto, Solanas), sobre el caso de la Comunidad Homosexual, y el tratamiento judicial a los derechos sociales. Las transcribo, porque las respuestas (sobre todo a la última cuestión) tienen bastante jugo, y muestran algunos cambios o precisiones en la posición que defendiera (o apareciera defendiendo) CR en otros escritos.

Sr. Pichetto.  Buenos días, doctor, y a todos los presentes también.  
Tengo una pregunta de previo y especial pronunciamiento, antes de abordar otros temas que son más de visión general: ¿cuál es su opinión respecto del encuadre constitucional y del rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz?
Sr. Rosenkrantz.  Gracias por su pregunta, señor senador.
Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado.
Sr. Pichetto.  Quería preguntarle sobre algunos aspectos de su trayectoria personal que me parecen interesantes. 
Usted fue abogado de la CHA en el año 1991. ¿Qué opinión tiene sobre el matrimonio igualitario? Indudablemente, destaco como importante el hecho de haber sido abogado de la Comunidad Homosexual Argentina en un momento en donde esta comunidad tenía un fuerte rechazo en el marco de la sociedad. Uno recuerda el accionar de los hermanos Jáuregui y también una fuerte resistencia social. Eso, indudablemente, se superó con el avance de derechos que ha habido en el último gobierno, el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cuál es su visión de este pasado y de lo que se avanzó en materia legislativa, tanto en igualdad de género como también en otras normas dirigidas a la igualdad y al derecho a la identidad sexual? ¿Qué visión tiene sobre eso?
Sr. Rosenkrantz.  Muchas gracias por su pregunta.
Efectivamente, la decisión de representar a la Comunidad Homosexual Argentina a principios de la década del noventa fue una decisión importante en mi vida personal y profesional. Recordemos que el caso era uno en el que se discutía meramente no si individuos con preferencias sexuales determinadas pueden hacer sus vidas como todos los demás, sino simplemente si podían asociarse. 
La Inspección General de Justicia había negado la petición de inscripción de la Comunidad Homosexual Argentina, sobre la base de que una asociación de homosexuales no podría en modo alguno promover el bien común. Esa decisión fue ratificada por los jueces de segunda instancia; por lo tanto, hubo que recurrir ante la Corte a los efectos de obtener una revisión de la decisión en cuestión. La Corte se pronunció al respecto; fue uno de los fallos nodales en términos de derechos de las minorías. Todos los jueces fallaron por sus respectivos votos, pero la personería no fue concedida.
Hoy, veinticuatro, veintitrés años después, revisamos el pasado con una sensación –diría yo– de vergüenza nacional. Sin duda la Argentina cambió y sin duda ese cambio es mérito de lo hecho por las autoridades en los últimos años y, también, por el grado de comprensión que tuvo la Nación argentina al ideal de respetar los derechos de todos. Creo que es un indicio de que los países cambian, de que hay temas que hay que encarar y de que la política, en general, nos ayuda a mejorar.
Respecto... No sé si le respondo... 
Sr. Pichetto.- Sí, sobre el tema del matrimonio igualitario, ¿cuál es su visión? 
Sr. Rosenkrantz.- Yo creo que es un derecho y creo que la consagración legislativa del mismo es una gran virtud. Me parece que el hecho de que el país se haya comprometido en esa discusión es lo que en última instancia le ha permitido obtener consensos superadores. Cuando pensamos, por ejemplo, que la cuestión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en los últimos veinticinco años ha sido decidida cuatro veces en sentidos contradictorios, debemos pensar que a la Argentina le pasa algo consigo misma; no puede avanzar en una dirección. 
El matrimonio igualitario –creo– es un indicio de que la Argentina en ese frente ha alcanzado no tengo ninguna duda de que está para quedarse. 
Sr. Pichetto.- La última pregunta, presidente. 
Como he ejercido la actividad profesional de abogado, entiendo que todo abogado jurídico tiene clientes. Cuando estaba leyendo la nómina de clientes, indudablemente, encontré algunos importantes, que además han sido eje de debate y de discusión en los últimos años, especialmente en la temática de la ley de medios. La pregunta puntualmente es: ¿qué pasaría, doctor, si mañana usted es ratificado por el Senado y es designado juez de la Corte si algunos de esos clientes que formaron parte del estudio? Cuestión que no es reprochable de ninguna manera, porque pienso como piensa la corriente mayoritaria en este tema en el que los clientes de ninguna manera pueden ser motivo de descalificación del profesional a cargo. ¿Qué pasaría si esas sociedades o clientes, personas físicas, tuvieran litigio en el marco de la Corte? ¿Cuál sería su actitud frente a ese tema? 
Sr. Rosenkratz.- Gracias por la pregunta, señor senador.
Creo que hay situaciones muy diferentes y hay instituciones consagradas en nuestro derecho que permiten garantizar la imparcialidad de los jueces. Obviamente, en aquellos casos en los que yo he intervenido o alguno de los abogados con quienes he compartido oficinas ha intervenido, me excusaré.
Respecto de clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos dependiendo de las circunstancias ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto y en algunos otros, más concretamente, en el caso Clarín, me excusaré, porque creo que hay razones de decoro que así
lo indican. Aún cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan ante los estrados del Tribunal.
Sr. Pichetto.- Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente.- Vamos a proseguir con la lista de oradores.
            Les quiero informar a los señores senadores que, para hacer esto mucho más dinámico, he preferido invertir el orden. Ustedes recordarán que en la audiencia anterior hicimos una cantidad enorme de preguntas contestadas por escrito. La verdad es que fueron interesantes, pero cansaron a todos los senadores. Me parece mucho más interesante aprovechar la frescura de estas primeras horas para que los senadores puedan preguntar con total libertad y después, sin que ello implique un menoscabo a las sociedades civiles que se han pronunciado por escrito, las preguntas que no hayan sido contestadas de este intercambio con ustedes, las hacemos al final. ¿Les parece bien?
                                                - Asentimiento.
Sr. Presidente.- Vamos a proseguir.
            Tiene la palabra el senador Solanas
Sr. Solanas.- Muchas gracias, señor presidente.
            Voy a formularle, doctor, dos o tres preguntas que giran alrededor de un mismo tema: información pública, la confidencial del contrato YPF-Chevron y, después, tengo un par de preguntas más que hacerle.
            La primera de ellas –como ya lo estoy anunciando y para sintetizar–, me gustaría saber su opinión sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno basándose en el decreto 2262/2003. Debida cuenta, doctor, de recientes declaraciones del Poder Ejecutivo y funcionarios del Poder Ejecutivo que parece que no acusaron recibo del fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice: “una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional y que desempeña importantes y trascendentes actividades en la que se encuentra comprometido el interés público no puede ampararse en su configuración societaria de sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública”. Aclaremos que el 51 por ciento del capital de YPF es estatal y que el conjunto de los argentinos financió esa compra.
            Entonces, doctor, ¿cuál es para usted el límite al principio de máxima divulgación en materia de acceso a la información determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente del caso Reyes, aquel litigio en Chile, y “recepcionado” por nuestra propia Corte Suprema de Justicia con el precedente del caso PAMI?
            La otra pregunta es: ¿usted está de acuerdo con el alcance que dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la presentación que hizo el senador Giustiniani en el caso contrato Chevron, en cuanto a la confidencialidad del mismo? ¿Y en cuanto a las empresas que participan con dinero público, subsidios o participan con bienes materiales de cualquier naturaleza? Esas son las tres preguntas relacionadas al caso Chevron. Después, quisiera realizar un par de preguntas más.
Sr. Rosenkrantz.- Gracias por su pregunta, señor senador.
            Disculpe el nivel de generalidad con el que voy a intentar contestar a su pregunta, porque ese caso no es un caso que esté totalmente resuelto; de hecho, puede haber algunos problemas respecto de si la ejecución de la orden de la Corte ha sido completa y temporánea o no.
            Habiendo dicho ello, y porque tampoco quiero colocarme en una situación en la que pueda ser recusado por haber preopinado, creo que la línea jurisprudencial que la Corte inició en casos anteriormente básicamente el caso de la Asociación por los Derechos Civiles, asociación que yo he integrado, de la que he sido vicepresidente, que obliga a proveer información pública es una línea jurídicamente correcta.
            ¿Cuáles son los límites de la información? Yo creo que esa es una cuestión que depende del detalle, que tiene que ser analizada caso por caso. Sin embargo, el principio general es: cuando el Estado está involucrado los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de las entidades de que se trate.
Sr. Solanas.- Me gustaría para su información, doctor, agregarle, que no solamente YPF desconoció el pedido de la Corte sino también que entregó la parcialidad del contrato con tachaduras y testado.
            La segunda pregunta era esta referida al límite del principio de máxima divulgación.
Sr. Rosenkrantz.- Nuevamente, creo que es muy difícil dar una respuesta general a esa pregunta, porque el límite debe depender de las circunstancias del caso. Es probable que en ciertas circunstancias, como claramente lo “excepciona” la ley, haya información confidencial que puede ser protegida; pero creo –reitero– el principio es de pleno acceso a la información.
Sr. Solanas.- Le agrego una pregunta más: ¿qué nos ampara a nosotros, ciudadanos, que costeamos y financiamos semejante inversión, cuando no podemos conocer en qué condiciones está el presidente de esa empresa ni cuánto gana ni por qué en nombre de tanta confidencialidad nos deja una empresa que hoy está endeudada en 7.000 millones de dólares cuando la empresa dudo que valga 5.000 millones de dólares, dado a la baja de los precios del petróleo? ¿Qué nos ampara a los ciudadanos?
Sr. Rosenkrantz.- Reitero. Creo que los ciudadanos tienen un derecho extenso al acceso a la información pública con los únicos límites, que he tratado de enunciar en un sentido muy general, que hay que analizar caso por caso.
Sr. Solanas.- Gracias, doctor.
            La otra pregunta que quiero formularle es: ¿usted cree que los derechos económicos y sociales –por ejemplo el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda– no son exigibles en los tribunales, o son exigibles en los tribunales?
Sr. Rosenkrantz.- Gracias por la pregunta, porque eso creo que me habilita a tratar de hacer más explícita y comprensible cuál es mi visión al respecto y cuál es el sentido de lo que he escrito al respecto. 
Para empezar con una respuesta contundente, yo creo que los derechos económico-sociales son ejecutables. Buena parte de las críticas que he recibido fueron construidas a partir de la lectura de un texto que, para ponerlo de alguna manera, llamaré teórico –soy profesor de filosofía del derecho, de modo que me interesan mucho los problemas teóricos–y el problema teórico que intenté resolver en ese trabajo fue el siguiente: toda constitución es el producto de una convicción ideológica o de una teoría política; la nuestra también.
La nuestra, no solamente nuestra Constitución histórica, sino la Constitución histórica más los momentos constitucionales posteriores a nuestra Constitución histórica y las tradiciones de interpretación del texto constitucional, responden a cierta ideología. Todas las ideologías plausibles que conocemos tienen una teoría acerca de la distribución de recursos económicos, una teoría acerca de la distribución de los recursos políticos –por ponerlo de algún modo: las libertades y los derechos– y una teoría de la distribución de los recursos económicos.
Ahora bien, casi todas las constituciones que conocemos tienen un adecuado  mandato para la distribución de los derechos civiles y políticos, pero no tienen lo mismo respecto de los recursos económicos. Y la pregunta que intenté responder –y es una pregunta no producto de un compromiso militante, sino con la mera aspiración de entender– es: ¿por qué razón es así? No estaba hablando de los derechos económico- sociales en general, estaba hablando de los derechos a la redistribución de los recursos económicos.
Una de las explicaciones posibles es que hay mucho más consenso respecto del modo de distribuir los derechos civiles y políticos que respecto del modo de distribuir los recursos; de hecho, la igual distribución de la libertad política es un ideal que toda convicción político-ideológica tiene. No pasa lo mismo con los recursos económicos, hay gente que cree en mayor igualdad de resultados, es decir, que al final del día todos tenemos que tener más o menos lo mismo; gente que cree que la dimensión adecuada para medir la igualdad, o la satisfacción del ideal de la igualdad, son las oportunidades; otros creen que es el bienestar; etcétera. Hay muchas teorías al respecto. Pero lo cierto es que no estamos de acuerdo y una explicación posible de por qué los países en sus momentos constitucionales no consagran el derecho a la distribución igualitaria de los recursos económicos es: porque no hay consenso.
Otra explicación posible es que, por una diferencia de categoría funcional de la judicatura, los jueces están acostumbrados a resolver problemas – que para llamarlos de algún modo, los llamaré binarios– de una persona contra otra persona. A los tribunales se concurre para reclamar un derecho frente a alguien en particular. Y el modelo de adjudicación o de resolución de conflictos que nosotros conocemos está estructurado sobre la base de esa actividad.
Por eso, los jueces, en algún sentido, padecen cierta miopía. ¿Por qué digo “en algún sentido”? Porque, a diferencia de los órganos representantes de la voluntad popular, no siempre tienen en cuenta las consideraciones sistémicas o generales que los órganos representantes de la voluntad popular tienen que tener.
Para decidir cuál es la mejor redistribución de recursos económicos hace falta considerar cuestiones sistémicas porque la redistribución de recursos económicos, o la redistribución adecuada de recursos económicos –y dejo abierto qué quiere decir “adecuada” porque variará a lo largo de la concepción ideológica que cada uno tenga–, depende radicalmente de cuestiones estructurales.
Una explicación que ofrecí es que la reticencia de las constituciones a consagrar el derecho a redistribución de recursos económicos es producto de la convicción de que los jueces no son los actores primarios de ese drama; los actores primarios de ese drama son los órganos que representan la voluntad popular.
Ahora, nada de esto se aplicaba a la Argentina, de hecho en ese artículo dije explícitamente que la Argentina vivió un momento constitucional muy importante con la Constitución del 49. También dije explícitamente que estaba de acuerdo –es un artículo escrito hace más de 10 o 12 años– con lo que en ese momento eran los casos canónicos de derechos económico-sociales, que eran por ejemplo el caso Campodónico de Beviaqcua, que es un caso de Corte.
Después de ese escrito, la Corte tomó ciertas decisiones muy importantes en el ámbito de los derechos económico-sociales; una de ellas es el famoso caso Quisberth Castro, donde dijo explícitamente que los derechos económicos y sociales son derechos plenamente ejecutivos, y sostuvo, además, que tienen una operatividad muy particular –porque es lo que llama la Corte una “operatividad derivada”– y que su exigibilidad depende de que el Estado tome algunas medidas en particular. Este es un caso muy interesante porque era un caso contra la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una mujer en situación de calle, que tenía un hijo con una enfermedad neurológica gravísima; y la Ciudad de Buenos Aires, por otro lado, tenía un programa para dar cuenta de la gente en situación de calle. La Corte sostuvo que ese programa que había sido operativizado por el Estado no era suficiente para dar cuenta de las particulares situaciones en las que estaba el reclamante. En ese contexto –en el contexto en que el Estado tomó la decisión de resolver el problema de vivienda de la situación de calle de los ciudadanos que estén en esa situación, frente al caso muy particular de un ciudadano cuyos derechos básicos no son satisfechos por ese programa–, la Corte puede intervenir.
De modo que en síntesis, creo que los derechos económico-sociales son exigibles. Lo he dicho explícitamente. Creo que la jurisprudencia de la Corte es muy ilustrativa y plausible. No sé si respondí.

7 mar 2016

Republicanismo, kirchnerismo y ¨derecha¨. Respuesta a E.Adamovsky


En su artículo “Utilización instrumental vs. republicanismo bobo. La República en uso”, publicado en la revista Anfibia (acá), el historiador Ezequiel Adamovsky busca responder a la siguiente pregunta: “¿Cuánto tuvo de legítima la preocupación por la República durante el kirchnerismo y cuánto de pretexto insincero para la crítica?”

Ya en el título del texto (Nota de la redacción: el título pertenece a los editores de la nota y no al autor de la misma), y desde el comienzo del artículo, emprende una crítica contra un término que yo mismo acuñara, el de “republicanismo bobo”. En su momento, la expresión nació para hacer referencia a la caricaturización de la noción de republicanismo que, desde el kirchnerismo, se puso en práctica en la década anterior. La idea originaria fue la de objetar el uso manipulativo de la noción de republicanismo, un concepto que cuenta con una extensa y noble trayectoria dentro de la filosofía política, y que habitualmente ha sido asociado con valores como el del autogobierno colectivo, las “virtudes cívicas” y la participación política de la ciudadanía. En la Argentina kirchnerista, en cambio, la idea de republicanismo terminó siendo convertida en un “insulto político”: los “republicanos”, en apariencia, eran los que vociferaban indignados frente a niñerías (los malos modos o los vestidos caros de la Presidenta; las “desprolijidades institucionales” propias del kirchnerismo, como el sobre-uso de la “cadena nacional”), como modo de avanzar políticas conservadoras.

En lo personal, me interesó mostrar desde un comienzo que dicho acercamiento al republicanismo era indefendible: no condecía con la historia del republicanismo (ni con la historia europea ni con la historia latinoamericana del término); empobrecía la discusión política; y necesitaba para sostenerse de un atolondrado amontonamiento y distorsión de opiniones y textos. Sin embargo, todavía hoy, hay quienes –como Adamovsky- sospechan que el concepto de republicanismo en la política argentina fue utilizado instrumentalmente para objetar las políticas “progresistas” del gobierno anterior.
  

Interesado por saldar cuentas en relación con el uso de ese concepto, Adamovsky sostiene que “la derrota del kirchnerismo y las primeras muestras de la alianza que lo reemplazó parecerían el momento ideal para preguntarnos cuánto tuvo de legítima preocupación el clamor por la República y cuánto de pretexto insincero para políticas de derecha.” Desde ese punto de partida, comienza entonces su indagación. En lo que sigue, voy a examinar críticamente el análisis que hace Adamovsky de la cuestión, pero antes de hacerlo simplemente dejo anotado también mi desacuerdo con su elección del “momento” para hacerlo. Según considero, no es para nada interesante el tiempo escogido para llevar a cabo el análisis propuesto -apenas días luego de la asunción del nuevo gobierno. En efecto, el nuevo gobierno está todavía midiendo el terreno en el que se va a mover; el Presidente avanza y retrocede recurrentemente, tratando de ver cuáles son sus márgenes de acción; y buena parte de la sociedad se encuentra todavía embelezada por “el enamoramiento de los primeros días”: todos estos elementos no ayudan a hacer balances de ningún tipo. No obstante ello, aceptemos la propuesta de Adamovsky y veamos de qué modo lleva adelante su análisis sobre (llamémoslo así) “el republicanismo insincero.”

***

El uso del término “republicanismo”: Entre la falacia de composición y el “blanco móvil”. En términos analíticos, el texto de Adamovsky es cuanto menos curioso. Innecesariamente el autor se enreda en vicios que han sido propios, en estos años, de periodistas mal preparados. ¿Por qué digo esto? Ante todo, porque el artículo dice que va a hablarnos del republicanismo, pero en ningún momento define el concepto de republicanismo contra el que luego va a disparar en su análisis. La reconstrucción que hace del concepto “republicano” resulta entonces sorprendente, sobre todo por provenir de un historiador en apariencia bien formado. Doy algunos ejemplos de las imprecisiones con que el autor presenta el concepto. Nos dice que “durante el siglo XIX los republicanos en Europa chocaron frecuentemente no sólo con los reaccionarios sino también con los liberales, quienes en varios países fueron sus enemigos”. Todo es confuso aquí: ¿De qué republicanos habla? Y cuando se refiere a los liberales, ¿a qué liberales está aludiendo? Y los reaccionarios, ¿quiénes serían? Y el enfrentamiento, ¿en qué países o lugares se habría producido? Y cuándo nos habla de los choques “frecuentes,” ¿de cuáles choques habla?, ¿de cuántos de ellos?, ¿de choques producidos en qué momento? Y, ¿cuáles serían los “varios” países en donde se habría dado la pelea? Y ¿qué pelea sería ésta (una guerra, una discusión académica, una trifulca)? ¿En qué veríamos que se trata de grupos “enemigos”?

Quiero decir nos encontramos ante una frase de presentación del tema por completo inasible –una frase que por todos lados hace agua. ¿Cómo puede ser que un historiador de la talla de Adamovsky muestre tal nivel de imprecisión en el manejo de datos, fechas y documentos, para reemplazar una historia densa y potente (la del republicanismo) por lo que parecen ser sus prejuicios?



Lo dicho en torno a la frase anterior se repite luego a lo largo de todo el resto del texto. Para no aburrir, permítanme quedarme, por el momento, con el examen de la frase inmediatamente posterior. En ella, nuevamente, el autor ratifica el notable nivel de imprecisión en el que estamos sumergidos. Nos dice entonces: “Con el correr de los años el republicanismo se fue desgranando (sic)…las ideas de los republicanos más moderados se fueron acercando a las de los liberales hasta volverse indistinguibles”. ¿De qué habla el autor? ¿Con el correr de cuáles años? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿El “desgranamiento” producido dónde? ¿Quiénes eran los republicanos moderados, y quiénes los liberales? Ellos ¿se acercaron, se confundieron, se transformaron en lo mismo? Efectivamente, ¿ello fue así? ¿Dónde, y de qué modo? Adamovsky debería facilitarnos algunos datos efectivos de lo que dice (más que citas desvinculadas entre sí, una que aparece por aquí, otra que aparece por allá), para que no parezca que lo suyo es simplemente afirmar lo que se tiene ganas de dar por probado (volveré sobre el tema más adelante). Puede que el autor no entienda o no haya estudiado con detenimiento qué es el republicanismo, o puede que sólo lo mueva el deseo ansioso de avanzar un cierto juicio, más allá del tema o “pantalla” del republicanismo del cual, según nos dice, está hablando.

Tampoco queda en claro contra quién o quiénes está hablando el autor, cuando critica a los “republicanos”. Dice que no va a ocuparse del uso del término republicanismo en un sentido académico o ideal, sino del “republicanismo nuestro, aquel que existe concretamente en nuestra sociedad” (porque sino –esto lo admite- quien escribe estas líneas llevaría la razón en el debate). Bien, aceptemos el específico debate que propone Adamovsky, restringiendo la reflexión sobre el republicanismo al ámbito no-ideal, “nuestro” o argentino. La pregunta es entonces: ¿de qué republicanismo “nuestro” vamos a hablar?

Adamovsky arremete contra algunos académicos (mi caso incluido), pero luego va mezclando sus críticas con invectivas dirigidas contra políticos de lo que era la oposición; burlas a figuras perdidas del pasado; sarcasmos contra periodistas de poca monta. Pero entonces: ¿de quién está hablando, precisamente, cuando critica a los “republicanos”? ¿A quién o quiénes está criticando? ¿Qué rasgos, efectivamente, unirían a esos supuestos “republicanos”?

El texto presenta una política de “blanco móvil” completo: cada vez que alguien quiera desmentir al autor, él podrá respondernos diciendo que, en verdad, se encontraba hablando de otra persona. La crítica se presenta entonces como crítica global, a partir de objeciones que nos refieren, en cada caso, a una persona diferente. Falacia de composición plena.

La reconstrucción que hace el autor del republicanismo argentino o “nuestro” (aquél que se propone más específicamente discutir) resulta también muy rara. En su traslado desde el republicanismo más “ideal” al republicanismo argentino, Adamovsky pasa, de un párrafo inicial en el que (citándome), asocia al republicanismo con “Rousseau, Marx o Artigas”, al siguiente, en donde ya habla de “Domingo Cavallo” y su partido “Acción para la República”, o “Mauricio Macri” y su “Propuesta Republicana”. Repito, de un párrafo al que le sigue, el autor pasa de Karl Marx a Domingo Cavallo, y todo queda entonces amontonado en la misma hoguera. La operación es por completo objetable, pero a la vez más que interesante, por el modo en que desnuda la fragilidad del análisis. Dicha operación demuestra que, sin saber de qué hablamos todavía, podemos saltar de un siglo al otro sin explicación alguna; podemos pasar, sin transición de ningún tipo, de un filósofo revolucionario a un economista de derecha, y hablar de todos ellos como si pertenecieran a la misma categoría (el autor no ha hecho, por caso, el esfuerzo para mostrar qué “invisible hilo en común,” podría poner juntos a dichos republicanos –un trabajo sobre el que, en lo personal, he estado interesado).

Del mismo modo, conforme con el enfoque que Adamovsky nos propone, es posible asociar al republicanismo con la derecha, simplemente, porque un partido de la derecha escogió el término en cuestión para darse nombre. Ésta es, tal vez, la maniobra más pobre de todas las emprendidas. Se trata de una aproximación al republicanismo tan llamativa como la que resultaría de asociar al socialismo con el nazismo simplemente porque, en algún momento, en algún lugar, alguien escogió nombrar a un partido nazi con el apelativo de “nacional-socialista”. “El socialismo está íntimamente vinculado con el nazismo,” podríamos decir entonces, siguiéndolo. Conocemos bien, del mismo modo, la forma en que el concepto de “derechos humanos” fue utilizado habitualmente por la derecha para justificar invasiones a países “díscolos”, o represiones de movimientos sociales. Lo mismo ocurre con las nociones de lo “nacional y popular” –términos que han aparecido, ocasionalmente, asociados con partidos y movimientos de ultra-derecha. La manipulación o uso abusivo de tales términos, de ningún modo “mancha” la noble historia de aquellas categorías. Para mantener a salvo tales conceptos (derechos humanos; nacional y popular; republicanismo) es necesario saber de qué estamos hablan do cuando los designamos, en lugar de alentar la confusión para sacar provecho del “río revuelto” escogido.

***

Entre argumentos circulares y afirmaciones dogmáticas. A partir de una base conceptual tan endeble y esquiva como la citada, Adamovsky dedica el resto de su artículo a probar algo (la extendida insinceridad de la crítica al kirchnerismo, por parte de supuestos republicanos comprometidos en verdad con la promoción de políticas de derecha) que el autor parece dar ya por cierto desde antes de comenzar a exponer su argumento. Por ello mismo, el artículo no resulta persuasivo, ni puede tampoco convencer a nadie, salvo a los ya convencidos. Se trata de parámetros –el de hacer afirmaciones contundentes sin argumentar de modo acorde; el de dar por cierto lo que debió en todo caso haberse probado- que se extienden a lo largo de todo el artículo, y alcanzan todos los temas que toca, hasta terminar por darle al texto su carácter más distintivo. Presento a continuación tres grupos de ejemplos de lo dicho (afirmaciones sin el mínimo respaldo argumental necesario, dogmatismo):

Su crítica al “republicanismo bobo”. Sin haber hecho más que juntar un collage bastante insólito de citas, Adamovsky inaugura una sección subtitulada “Nuestro pobre republicanismo” afirmando, directamente (y sin que nada en el desarrollo previo pudiera relevarlo de ofrecer pruebas de lo que afirma) que “es indudable (sic) que se vienen utilizado las instituciones y los valores republicanos de manera instrumental y falaz para excluir a supuestos “enemigos de la República”, para defender privilegios de grupos minoritarios y como estrategia de marketing para políticas y políticos de derecha, más interesados en limitar o torcer la soberanía popular que en defenderla”. Se trata de una contundente afirmación que al comienzo del artículo aparecía como el principal interrogante a responder, y que ahora –sin pruebas en el medio- se presenta como cuestión ya respondida (“es indudable” en razón de qué?). Luego de enunciar esta contundente frase, y como último intento de dotarla de algún sentido, el autor busca apoyarla con un ejemplo. El ejemplo es el de los bloqueos judiciales “indebidos”, sufridos por una Ley de Medios “legalmente canalizada”, que habrían venido a “torcer la voluntad popular”, y que habrían sido apoyados por los supuestos “republicanos”.




Las preguntas que surgen entonces son obvias ¿esos fallos fueron apoyados por todos los “republicanos”? ¿Quiénes? En qué casos? ¿Frente a todos los fallos? Y, ¿para quienes lo hicieron, puede decirse que se apoyaron en malas razones o en razones apropiadas? Ninguna de tales preguntas, sin embargo, es jamás contestada: sólo nos encontramos con anécdotas. En el camino, el autor se horroriza de que en una democracia constitucional se exprese, además del poder legislativo, el poder judicial (lo que reafirma una constante en su texto, esto es, un cierto desconocimiento de lo que significa una democracia constitucional, y más específicamente, un desconocimiento de los asuntos vinculados con el derecho y la interpretación constitucional); dogmáticamente sostiene que la Ley de Medios estuvo legalmente bien “canalizada”, cuando eso es lo que justamente niegan los fallos judiciales del caso; y da por sentado (en lugar de probar) que las decisiones judiciales que repudia fueron “indebidas”. Ello así, cuando lo cierto es que la propia Corte, al avalar en general la Ley de Medios, y anticipando la posibilidad de previsibles abusos en su aplicación, sostuvo que podían llegar a producirse declaraciones de inconstitucionalidad contra la misma, si es que esas fallas previsibles no se solucionaban. Lo que resulta obvio, en todo caso, es que el autor no puede dar por sentado, simplemente, que los fallos judiciales que le disgustan son “interferencias indebidas”, mientras que los fallos que encuentra alineados con sus preferencias son valiosos, para sostener luego que la Ley de Medios estuvo “legalmente canalizada”. Su argumentación es falaz y circular, en este caso, pero el autor quiere presentar sus impresiones y prejuicios como fuera de discusión, como si fueran observaciones “naturales.” Para decirlo de modo crudo: Adamovsky cree demostrar que el republicanismo es “insincero” e “ilegítimo” porque avala fallos judiciales que –Adamovsky simplemente asume- eran “indebidos”. Argumento plenamente circular. Lamentablemente, exactamente aquello que el autor asume es lo que debía haber probado (En lo personal, aclaro que en cantidad de artículos, y de modo paralelo a la Corte argentina, avalé la Ley de Medios en general, y critiqué cantidad de situaciones particulares de abuso, como la composición y funcionamiento del AFSCA, o los criterios con que este instituto aprobó y rechazó “planes de adecuación” de distintos grupos empresarios, propietarios de medios).

***

Su crítica al macrismo. Uno de los hechos determinantes a partir de los cuales Adamovsky considera que está probada la crítica “insincera” de los “republicanos” –la “doble vara” de los republicanos, a la que califica como “pasmosa”- es (“naturalmente”, agrega) el “hecho inédito” de que Macri designara a “dos jueces para la Corte Suprema por decreto simple mediante un artilugio legal” sin crítica alguna por parte de los “republicanos.” Se trata de un hecho frente al cual él hubiera esperado una “consternación republicana” –declara indignado. Ahora bien, resulta obvio que este “hecho inédito” que subraya el autor se encuentra francamente mal escogido. El error de Adamovsky se advierte, por un lado, porque (él mismo se ve obligado a reconocerlo apenas unos renglones por debajo de su afirmación contundente referida al silencio y la “pasmosa doble vara” de los republicanos), algunos sí pusieron (lo llama así) “algún tibio reparo” frente a aquellos decretos de Macri (De hecho -convendría aclararle- fuimos muchísimos quienes pusimos reparos muy enfáticos frente a tales decretos. Pero a esta altura ello no importa, porque en el texto, pareciera, ya “todo vale”).

De todos modos, la demostración más clara del yerro del autor al escoger el ejemplo de Macri designando jueces por decretos…es que Macri no logró designar ni a un solo juez por decreto, y que por el contrario –enfrentado a críticas muy severas (las que muchos le hicimos)- se vio obligado a frenar su impulso, retroceder en su iniciativa, e iniciar el proceso de designación de sus candidatos por medio del procedimiento abierto, participativo y legal, establecido en la Constitución y en el decreto 222. Es decir, otra vez, Adamovsky dio por cierto un hecho no concretado (no concretado a partir de un “retroceso” presidencial que, justamente, y contra lo que sugiere, bien podría tomarse como uno de los pocos méritos “republicanos” de este nuevo gobierno).

Su defensa del kirchnerismo. A lo largo de todo su artículo, Adamovsky hace una defensa fuerte (no exenta de críticas) del kirchnerismo, que concentra en particular en la sección organizada bajo el título “República y republicanos hoy”. Por supuesto, cualquiera puede encontrar aspectos positivos y negativos en el kirchnerismo, y no cabe esperar de nadie que, en un artículo de opinión breve, en una revista no académica, haga un examen científico (cargado de precisas notas al pie) sobre cada uno de sus dichos. Salvo que…salvo que, como en este caso, esa defensa resulte esencial para hacer la crítica que el autor lleva a cabo a lo largo de todo su texto. En efecto, el autor necesita demostrar que “los republicanos” han criticado falsa y tramposamente al kirchnerismo. Para ello, Adamovsky necesita mostrar al menos dos cosas: que 1) el kirchnerismo no era merecedor de muchas de las principales críticas que le hicieran los republicanos, mientras que 2) los republicanos estaban en verdad interesados en defender políticas “de derecha.” Sobre lo segundo, ya procuré demostrar que el autor no logra en absoluto su cometido (como mucho, nos encontramos con la anécdota de que X o Y, que no sabemos si eran republicanos o no, hicieron comentarios que podrían vincularse con “la derecha”), así que me concentro ahora sobre lo primero. La pregunta es entonces: ¿es cierto que los “republicanos” se dedicaron a avanzar críticas inmerecidas contra el kirchnerismo (en este caso, críticas insinceras)? Para lograr su objetivo, Adamovsky debería ser más cuidadoso en su defensa del kirchnerismo impugnado. En lugar de ello, el autor vuelve a la modalidad de siempre, al camino ya señalado: dar por cierto aquello que debiera haber demostrado.

Señalo rápidamente algunos ejemplos en este sentido. Adamovsky quiere demostrar, por ejemplo, que el gobierno no avanzó políticas represivas, y para ello se eleva hacia lo obvio o lo absurdo (la llegada del kirchnerismo al gobierno no implicó –nos dice- el “ascenso de un régimen igual al de Mussolini, con grupos armados y todo”), dejando de ese modo oculto lo que es grave y verdadero –por ejemplo, las decenas de muertos en situaciones de protesta social, que organizaciones de derechos humanos como el CELS o CORREPI verificaron y cuantificaron con contundentes datos. Adamovsky sostiene, contra ello, que los espacios públicos pudieron utilizarse “para la protesta sin incidentes”. Para Adamovsy, según parece, las muertes por decenas y las balas de goma reiteradas resultan en el peor caso “incidentes”, que por fortuna ni siquiera ocurrieron. Las sistemáticas represiones con Gendarmería, ordenadas típicamente en la Panamericana, desde el Ministerio de Seguridad (con Berni a la cabeza) contra los obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, por ejemplo, no existen en su artículo. El espionaje contra trabajadores y militantes de izquierda, a través de Proyecto X, no existe tampoco. No se trata de temas menores: si quisiera tomar a los críticos del kirchnerismo en serio, Adamovsky vería que muchas de las objeciones que los republicanos “hicimos” contra el kirchnerismo, no eran ociosas ni insinceras, sino merecidas, y además consistentes con un ideario de izquierda e igualitario. Adamovsky oculta en cambio lo que muchos de nosotros visibilizamos. Lo mismo en la crítica a los medios públicos, utilizados durante el kirchnerismo para que se escuche sólo la voz oficial, o para “escrachar” a los que pensaban diferente. No se trata de quejarse por tonterías, sino de impugnar un uso temerario del aparato del Estado.

Adamovsky critica a los republicanos alegando que ellos temen las “discusiones políticas ásperas” (una tontería repetida por el kirchnerismo más bobo, hasta el cansancio) Pero, caramba, podría responder alguno: Adamovsky acusa a los opositores por temer las “discusiones ásperas”, mientras avala la operatoria de un gobierno que redujo al mínimo las voces críticas en los medios públicos; que no hablaba con la prensa; que ocultaba los datos y mentía los números; que llenaba los canales públicos de pagados aduladores. ¿Quién sería entonces el que le tenía tremendo miedo a la “aspereza”?

Para que se entienda bien lo que digo: no me interesa aquí sostener que el kirchnerismo fue peor o mejor que tal o cual partido o gobierno anterior, en tal o cual aspecto. Ésa es una discusión interminable, que aquí no resulta relevante. Lo que digo es que si Adamovsky quiere mostrar que las críticas de los “republicanos” al kirchnerismo fue insincera, porque ellos hicieron (“hicimos”) objeciones frente a asuntos irreprochablemente resueltos por el kirchnerismo, entonces él debiera hacer un esfuerzo que no hace, para probar que en esas áreas sensibles que criticamos –pongamos, las que nos refieren a la represión contra la clase obrera; al espionaje contra los militantes de izquierda- lo hecho por el kirchnerismo fue impecable. Adamovsky no hace, entonces, lo que (dados los objetivos que él mismo se había propuesto) debiera haber hecho. Por el contrario, otra vez, toma a esos hechos en cuestión como hechos obviamente probados.

***

Concluyendo. A partir de lo expresado anteriormente, entiendo que el trabajo de Adamovsky sobre republicanismo y kirchnerismo resulta muy defectuoso. Las críticas que el autor hace al republicanismo parten de un concepto de “republicanismo” que jamás define, por lo que no se sabe nunca qué es lo que está criticando. Sus argumentaciones son incompletas y superficiales, a menudo falaces, y con frecuencia circulares. Para colmo, ellas presuponen aquello que están obligadas a probar. Una estrategia central en el artículo es la que llevó al autor a esconderse frente a toda crítica, disparando para un lado para luego –frente a cualquier objeción posible- dejar abierta una puerta o coartada, que le permita escapar en la dirección contraria. Si uno le replicara entonces “yo no he dicho tal cosa” (pongamos, “yo no he defendido nunca políticas de la derecha”), él podrá responder, “pero sí lo ha hecho tal otro” (llámese Elisa Carrió, Luis Alberto Romero, o el Presidente Macri). Si uno le demostrara que ha hecho las críticas que él reclamaba (por ejemplo, las críticas a los decretos iniciales de Macri, la crítica a sus primeras acciones represivas, la crítica a su plan económico, la crítica al levantamiento de las retenciones mineras), él podrá responder (como de hecho hace en el texto) diciendo que, en cambio, “la UCR sí apoyó en bloque” tal otra cosa. Si uno le mostrara que las denuncias que levantó contra el gobierno anterior eran denuncias probadas (la “represión terciarizada,” como la que terminara con la vida de Mariano Ferreyra; el espionaje montado a través de Proyecto X, etc.), él podrá responder (como también lo hace en el texto) diciendo que la diputada Carrió, abrazada a su “muñeca Republiquita” hizo denuncias “francamente bizarras”. Si se le mostrase que uno defendió sólo políticas genuinamente de izquierda y republicanas (la democratización de la política tanto como la democratización de la economía), él sostendrá entonces que “Domingo Cavallo bautizó Acción por la República” a su partido, para contaminar de ese modo a todo el republicanismo, presentándolo como una concepción que se ha transformado, subrepticiamente, en “la derecha.” Es como si, en lugar de argumentar, el autor simplemente dijera aquello que tiene ganas.

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Por supuesto, nadie duda de que los gobiernos kirchneristas (como cualquier otro gobierno) recibieron –también- críticas de mala fe y críticas desde la derecha política. Pero el punto que interesa aquí es otro: la afirmación de Adamovsky según la cual “el republicanismo nuestro” fue en buena medida insincero, y procuró con sus críticas ocultar su predilección por políticas de la derecha, es por completo falsa, y el autor la da en buena medida por verdadera. Para decirlo con un ejemplo: el hecho de que Juan, Pedro y María -quienes, por lo demás, difícilmente puedan ser clasificados como republicanos bajo cualquier acepción medianamente inteligible del término- hayan presentado, ocasional o habitualmente, críticas insinceras e interesadas al kirchnerismo (que es lo que nos muestra Adamovsky, a través de citas y anécdotas entre sí desconectadas), no nos dice nada sobre el republicanismo, nada sobre la izquierda, nada sobre la derecha, y nada siquiera sobre los sujetos nombrados. Se trata, en todo caso, de un mero muestreo de historietas amontonadas.

Expuestas ya las razones de mi crítica al artículo de Adamovsky, agrego una impresión final, que es sólo una corazonada. Creo que ocurre con el autor lo que ocurriera en estos últimos años con otros intelectuales que se acercaron al kirchnerismo desde la izquierda. En términos de la política local, nada les ha dolido tanto como las críticas que, frente al gobierno anterior, muchos (les) hemos hecho desde una cosmovisión izquierdista. Esas críticas demostraron, una y otra vez, que se encontraban apoyando medidas que –conforme a los ideales que ellos mismos habían sabido invocar- debían haber criticado. Por ello la ansiedad por mostrar que “nuestras” críticas eran “insinceras”; por ello la urgencia por decir que “nuestros” argumentos eran interesados; por ello la desesperada vocación por probar que en realidad “los republicanos” nos “pasamos de bando”. Si ésa es la pretensión, deberán seguir trabajando. Sigo, como seguimos tantos, afirmando los mismos ideales igualitarios que afirmaba hace tiempo, y creyendo que ellos estuvieron situados en el lugar equivocado. Sigo pensando que ellos callaron lo que debieron hablar. Sigo pensando que defendieron políticas que debieron haber enfrentado.
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Protesta-ACIJ-Protocolo


5 mar 2016

Cristina, Lula, Evo

Decir que hay una conspiración internacional contra Cristina, Lula y Evo es tan verosímil como decir que la hubo contra Menem, Alan García y Fujimori, o que el capital internacional obligó a la salida anticipada de De la Rúa, Collor de Melo y Abdala Bucaram

4 mar 2016

Crítica al Protocolo anti-piquete


(Publicado hoy en La Nación, acá )

Nadie duda de que, luego de años de descontrol y abusos en la materia, es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, el nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, promovido recientemente por el Consejo de Seguridad Interior, adolece de problemas procedimentales y sustantivos, políticos tanto como jurídicos, y requiere por lo mismo ser revisado en su integridad.

Se trata de un tema -la protesta, sus alcances y sus modos- que una parte significativa de la sociedad quiere regular (lo cual, por supuesto, no es razón suficiente para hacerlo) a la luz de lo que entiende fue un injusto desmanejo, propio de la gestión anterior. Esa gestión dejó en la materia un legado calamitoso: una parte de la sociedad convencida de que en la calle "cualquiera puede hacer cualquier cosa"; trabajadores espiados y reprimidos cotidianamente por las fuerzas de seguridad oficiales, y militantes encubriendo con palabras ("el Gobierno no reprime") los golpes que quedaban marcados sobre los cuerpos de los manifestantes (obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, entre otras empresas). Ese triste legado de ningún modo blinda al nuevo gobierno frente a las objeciones que merece por el modo en que ha abordado el tema.


Sobre los problemas procedimentales que se han generado, corresponde señalar que, dadas la seriedad e importancia del tema, merecía ser tratado con especiales cuidados: el Protocolo debió ser el resultado de una conversación profunda e inclusiva, que involucrara a todos los afectados (organizaciones de ciudadanos, partidos políticos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, grupos sindicales, etc.). Por el contrario, terminó redactándose a las apuradas, por un equipo movido (otra vez) más por la urgencia de sobreactuar autoridad y eficiencia que por el compromiso efectivo con los derechos de los ciudadanos.

Habrá que decirlo una vez más: quienes propiciamos el debate colectivo no lo hacemos motivados por sensiblerías o pruritos formales, sino convencidos de que, muy habitualmente, sin consultar con aquellos con los que pensamos distinto, decidimos mal, sonoramente nos equivocamos. Lo que podía entonces preverse es lo que ha ocurrido: cuando una cuestión pública de primera importancia queda en manos sólo de unos pocos, el resultado tiende a reflejar, innecesariamente, los sesgos y errores propios de esos pocos.


Ante todo, conviene decir que el Protocolo comienza planteando el contexto jurídico del modo equivocado. En efecto, en sus primeros renglones, el Protocolo enumera una serie de derechos que entrarían en conflicto en situaciones de "cortes": por un lado, se nos dice, hay derechos como los de expresión, reunión y petición; por otro, derechos como los de circular y trabajar libremente. El error de enfoque ya parece grueso. Y es que en la enorme mayoría de los casos de protesta que se registran en el país, la ciudadanía no se moviliza en pos de sus "derechos expresivos" sino, antes bien, en nombre de otros derechos fundamentales que el gobierno le negó o niega, y que incluyen, por caso, derechos relacionados con la salud, la vivienda o el trabajo. (Por supuesto, éste no es siempre el caso y, por tanto, el nivel de protección que habrá de merecer la queja de los manifestantes deberá ser mayor o menor, entre otras razones, conforme al tipo de derecho afectado y la gravedad de esa afectación). El punto es importante porque ayuda a romper la simplificación boba en que se tiende a caer en el análisis del asunto ("libre expresión vs. libre tránsito"). No es ése el dilema en juego, ni ése el modo de plantearlo.

¿Significa esto que los derechos de los que quieren llegar a su trabajo o a su casa en tiempo no importan? No, en absoluto. Importan y mucho. Pero ello no justifica simplificar las cuestiones como si se tratara de individuos caprichosos que se quejan por ganas, movidos por la maliciosa vocación de molestar al resto. Mucho menos, cuando advertimos que los derechos que más gravemente suelen ser afectados en estos casos lo son por obra y falta del Estado.

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Otra cuestión sustantiva es la que se refiere a la modalidad de la protesta (el "corte de calles"), que el Protocolo se apura en calificar, con la ayuda del art. 194 del Código Penal, como "delito en flagrancia". Todo está mal en este enfoque. Ante todo, hay un error en el encuadre jurídico, porque, en una mayoría de los casos, lo más importante que está en juego son derechos fundamentales que el Estado viola, cuando tiene el deber de asegurarlos. De resultas de ello, no corresponde comenzar hablando de "delincuentes" (frente a los cuales podría legitimarse el uso de la fuerza), cuando el Estado es parte principal del problema, al omitir asegurar aquello a lo que está constitucionalmente obligado (siguiendo con la lógica del Protocolo, se justificaría entonces hablar de un "Estado criminal", lo que también resultaría un exceso).

Por otro lado -y éste sería otro problema sustantivo en juego- el asunto se le complica al Estado porque no sólo no garantiza derechos sociales básicos, sino que además se muestra comprometido con un sistema institucional aciago. Estamos, en efecto, frente a un Estado que desde hace décadas bloquea o vacía de contenido los mecanismos institucionales que podrían ayudar a la ciudadanía a acceder a sus representantes, a cuestionarlos y a hacerlos efectivamente responsables por las faltas que han cometido. Este tipo de problemas trascienden a nuestro país y a este peculiar momento político, más allá de la forma en que el kirchnerismo, en nuestro país, los haya agravado. Cualquier ciudadano puede reconocer la situación a la que me estoy refiriendo, que puede ilustrarse con un ejemplo cotidiano. Frente a fallas graves en los servicios públicos, de las que el Estado debiera hacerse cargo, los vecinos "tocan todos los botones" del sistema institucional pero ninguno responde: ninguna queja llega a destino; ningún funcionario ofrece explicación alguna de lo ocurrido; ningún representante termina resultando inculpado como responsable del maltrato.

Es dentro de este contexto de "vacío institucional" de donde surgió, en los albores de 2001, la modalidad de protesta con "cortes" orientada, sobre todo, a llamar desesperadamente la atención de funcionarios y conciudadanos que por otros medios no escuchaban o se desentendían de lo ocurrido. Desde entonces hasta hoy, algunas cosas (pero no muchas) han cambiado (el sistema institucional sigue tan cerrado como entonces), y por ello necesitamos volver a pensar colectivamente sobre los alcances y límites de la protesta. Pero, en todo caso, el Estado debe reconocer no sólo su responsabilidad "material" por los derechos que no asegura, sino también su responsabilidad "institucional" por los canales de reproche y sanción a funcionarios que no ha restaurado. El resultado al que se llega no es por lo tanto sorpresivo: cuando los ciudadanos reconocen que los canales institucionales de queja no responden, comienzan a explorar formas extrainstitucionales de protesta.

En síntesis, luego de años de descontrol y abusos es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, esas reglas deben ser construidas colectivamente, antes que impuestas, y deben escribirse tomando en cuenta las responsabilidades de los ciudadanos que se exceden, tanto como las omisiones y faltas que son responsabilidad del Estado. Por un lado, el Estado que preserva un sistema institucional en extremo degradado no puede dejar de asumir las consecuencias de su falta y mucho menos imponer soluciones policiales a los problemas sociales que él mismo ha generado. Por otro lado, el Estado que ofende derechos básicos no puede tratar como "delincuentes" a los que se quejan por fallas suyas que no son dispensables: se trata de graves, masivos y constantes agravios constitucionales.

3 mar 2016

Una CONADEP para la AMIA

Nota que publicamos hoy con Maristella S., acá

2 mar 2016

Prócer

Lindo reportaje a Bobby Flores, acà

1 mar 2016

Debate en torno al Protocolo anti piquetes del macrismo

Gran debate e intercambio de opiniones (P. Bullrich, HV, J.Lanata, Myriam Bregman, el "Perro"Santillán, quien esto escribe), promovido por Cata D.E., acá:
http://catalinadeelia.com.ar/2016/02/27/protocolo-antipiquete-el-debate/

La campaña presidencial de Cristina se financió con fondos ilícitos

Sostuvo, con toda razón, el juez Lijo. Insistimos con el tema en el blog, desde el minuto uno: si se la toma en serio (y en particular, si el juez se toma su investigación en serio), es la noticia política más importante de las últimas décadas.
http://www.clarin.com/politica/Lijo-presidencial-Cristina-financio-ilicitos_0_1532246887.html


27 feb 2016

Prisión domiciliaria para Pedraza?

Pedraza, líder sindical condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra, acaba de ser beneficiado, en razón de su edad, con la prisión domiciliaria. La izquierda se molesta por ello, pero creo que el asunto debe enfocarse de muy otro modo.

1) Pedraza -así lo probó el CELS- es responsable directo del asesinato de MF, y ha sido bien condenado por ello.
2) La policía -así lo probó el CELS- liberó la zona para que el crimen pudiera cometerse, y merece un reproche mayor que el que ha recibido por ello.
3) El entonces Ministro del Interior, a cargo de la policía, el Ministro de Trabajo (el que luego del crimen se comunicara muerto de risa con Pedraza) y el ex Presidente NK, son los que hicieron posible el crimen, ya sea dando órdenes a la policía (o es que la policía se dio a sí misma la orden de liberar la zona?); ya sea definiendo la agenda de actuación con Pedraza; ya sea determinando cómo debía amedrentarse a la molesta izquierda sindical ("represión terciarizada," marca registrada NK). Todos ellos debieron ser prioritariamente responsabilizados por lo ocurrido. No lo fueron, por una decisión política que compartió el CELS: un tremendo error difícil de olvidar y perdonar.
4) En su momento se sostuvo (y así se me dijo) que no se "avanzó hacia arriba" en la investigación sobre la cadena de responsabilidades porque no había pruebas. Curiosísimo: pruebas son las que debía salirse a aportar -ellas no van a caer del cielo, menos si el gobierno de turno ha estado involucrado en el hecho: todo lo contrario (que es lo que ocurrió) debía esperarse en el caso: el gobierno tirando la pelota afuera, y limpiando los rincones.
5) En síntesis: el crimen de MF es un crimen de Estado, que no fue tratado como tal. Debe reclamarse mucho más, y con mucha mayor firmeza. En esta tarea, la izquierda debe seguir teniendo un rol digno, protagónico y comprometido, como el que ha tenido.
6) Sin embargo, es un error tomar como bandera de combate el asunto de la prisión domiciliaria a Pedraza, por más que duela (nota del amigo DR, acá -DR, quien investigó como pocos el caso). El problema es la cárcel, no la prisión domiciliaria. 
7) La prisión domiciliaria, como la no condena (menos con prisión) a los que están todavía procesados, son reglas humanitarias vinculadas también (no sólo) con el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, esas reglas humanitarias pueden generar dolor, para los que tienen la certeza (tantas veces la tenemos) de que tal o cual es culpable de tal aberrante crimen. Pero de eso trata el derecho humanitario: nosotros no somos los "salvajes" a los que queremos condenar. (Aquí aparecen todas las tensiones conocidas en torno a la condena de los militares responsables por los crímenes gravísimos cometidos por el Proceso).
8)  El crimen de MF debe repudiarse incondicionalmente; debe investigarse más allá de lo que durante el kirchnerismo se decidió y permitió investigar; deben ser condenados personajes superiores al "perejil" Pedraza, que hasta hoy siquiera han sido tocados por la investigación. Pero ello no nos debe correr el punto de mira: condenamos también, y por lo mismo, la cárcel, que hoy sigue siendo el pozo inmundo al que se echa a los que no cuentan con el poder de defenderse. Sin ellos, seguiría siendo un pozo inmundo que nadie merece, y que para nada sirve.
9) Para decirlo de modo más preciso: el hecho de que hoy la cárcel atrape sólo a los que no tienen poder, no significa que la cárcel se encontraría justificada, como respuesta estatal, si se reservara sólo a los que tienen poder. No. Se trata de hechos que deben ser separados. Los poderosos que cometen crímenes no deben quedar más impunes. Pero de ningún modo debe asumirse que la falta de impunidad equivale a la condena a la cárcel.
10) Contra ello, la izquierda viene cometiendo el error de pensar que, para ciertos crímenes, la cárcel equivale a la justicia. Por tanto, más cárcel significaría más justicia. Una locura: la cárcel es tortura.
11) Entonces, todos aquellos actos que consideramos crímenes gravísimos deben ser reprochados. Reproche no quiere decir necesariamente reproche penal (mucho más se afectaría a muchos poderosos golpeándolos económicamente). Reproche penal no quiere decir necesariamente cárcel. 
12) La cárcel, como funciona hoy (hace falta repetirlo?) no disuade ni "regenera". Por el contrario, degenera y sirve como escuela del crimen. Se aplica de modo por completo desigual, e implica una cotidiana y masiva violación de derechos humanos (que incluye golpizas, torturas y maltratos sistemáticos), que repudia y rechaza la propia (liberal) Constitución de 1853, que pide cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para el castigo de los condenados (increíble la Constitución ahí). La cárcel nunca deberá ser objeto de reivindicación -sino de incondicional repudio- por parte de quienes somos partidarios de un derecho humanitario, justo e igualitario.
13) La cárcel "sana y limpia" es hoy, a la luz de las cavernas de tortura con las que contamos, una utopía. Sin embargo, se trata también de una utopía a rechazar: todos perdemos cuando damos como respuesta a una falta la peor de las condenas con las que contamos, que es la privación de la libertad. Pero ésta es otra historia.

Prisión para Cristina?

El juez actuante, muy cercano al kirchnerismo tiempo atrás, no es confiable, como la mayoría de sus pares. En todo caso, ello nada dice sobre las responsabilidades civiles, políticas y penales de la ex presidenta, que sin duda existen. En lo personal, de todos modos, esta causa me resulta (también por los ribetes que la rodean) menos relevante que varias otras, por las que la ex presidenta debería ser hecha responsable:

i) financiamiento de su campaña a través del dinero narco (ya comprobado judicialmente)
ii) lavado de dinero a través de su cadena de hoteles (2 + 2 son 4);
iii) causa del Once, de la que fue (como lo fuera A.Ibarra en el caso Cromagnon) la última y principal responsable.

26 feb 2016

Llamada de trabajos

Para los que quieran enviar trabajos para el primer número de la revista de "Teoria Jurídica Contemporânea," una iniciativa del Programa de Postgrado en Derecho de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
El link con la información correspondiente puede encontrarse aquí: 

24 feb 2016

Plataforma 2012, sobre la quita a las retenciones mineras

Pronunciamiento de Plataforma 2012

MAS BENEFICIOS ECONOMICOS A LAS TRANSNACIONALES
Y CONTINUIDAD DE LA POLITICA MINERA

24 de Febrero de 2016

Desde Plataforma 2012 manifestamos nuestro repudio a la medida recientemente adoptada por el presidente Mauricio Macri, que estableció por Decreto la quita de las retenciones a las empresas mineras. Dicha medida, que incrementa los ya extraordinarios beneficios económicos, impositivos y financieros que ostenta la actividad, pone al descubierto la importancia que el nuevo gobierno asigna a la continuidad –y profundización- del modelo de megaminería, controlado por las grandes corporaciones transnacionales, y muy cuestionado en las diferentes provincias, donde existen grandes resistencias sociales.

El rechazo a la megaminería hoy existente en Argentina muestra de modo emblemático el carácter inherentemente conflictivo de esta actividad. Esto se debe a su triple carácter, en tanto síntesis del despojo económico (grandes ganancias de las empresas, exiguos beneficios para la población), de la devastación ambiental (contaminación ambiental, destrucción del territorio) y regresión de la democracia (rechazo o manipulación de dispositivos institucionales, censura a periodistas y activistas, criminalización de la protesta social). Por otro lado, ni siquiera es cierto que la megaminería genere impacto laboral, pues no se trata de una actividad trabajo-intensiva, sino capital-intensiva. Datos oficiales señalan que los trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos no superan el 0,05% de la totalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país.

Cabe destacar las resistencias contra la megaminería no se hallan solamente en aquellas provincias donde la población ha logrado impedir el ingreso de dicha actividad mediante diferentes leyes protectoras y puebladas (Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja, entre otras), sino también en aquellas otras que son testigos del extractivismo minero, como Catamarca y San Juan. El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras casi 20 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de un mayor empobrecimiento expresado en la asistencialización generalizada de la población; en la falta de empleo, en la escasez del agua y electricidad; en la institucionalización del clientelismo y la corrupción; en la degradación de la cultura democrática; en fin, en  la profundización de las desigualdades sociales y ambientales.

En esta línea, desde Plataforma 2012 queremos manifestar nuestra solidaridad con la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, de Catamarca, que desde principios de febrero realiza un acampe frente a Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el amparo ambiental presentado en 2010, que solicita la suspensión del megaproyecto de Agua Rica, el cual de viabilizarse potenciaría los efectos nefastos ya producidos por La Alumbrera. Recordemos que la Corte Suprema también tiene paralizado un expediente judicial, hace más de 7 años, donde se prueba la destrucción de Glaciares por parte de la minera Barrick en la cordillera.

Por otro lado, resulta hasta una burla que el anuncio presidencial de la quita de las retenciones fuera realizado desde la provincia de San Juan, provincia en la cual hace menos de seis meses la empresa Barrick derramó más de un millón de litros de agua cianurada en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, la cual como han mostrado los estudios independientes, hoy presenta hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional. Asimismo, esta semana un nuevo peritaje de la policía federal  probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro, configurándose así un Delito Ambiental, aún absolutamente impune. Agreguemos a esto que en dicha provincia la minería solo genera 2500 puestos de trabajo, esto es, el equivalente al 1% del empleo provincial y en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, aporta menos del 1% del total de ingresos totales provinciales.

En suma, en vez de penalizar a los responsables de delitos ambientales, y escuchar el reclamo de las poblaciones, el actual gobierno nacional, en el marco de una gestión abiertamente proempresarial, elude cualquier debate, potenciando así el modelo minero, iniciado en la época del menemismo y profundizado en los doce años de kirchnerismo.  Es más, los actuales funcionarios nacionales repiten ciegamente los slogans creados por los departamentos de marketing de las transnacionales mineras, como “Minería Sustentable” (un oxímoron) o “Minería Responsable”, sin ninguna apoyatura en la realidad, tratando de esa manera de engañar a la población.

En consecuencia, desde Plataforma 2012 promovemos la generalización de un debate verdaderamente democrático sobre los modelos de (mal) desarrollo que se imponen en nuestro país, un debate que han dado las comunidades afectadas por el extractivismo; y que debe incluir necesariamente sus reclamos de democratización de las decisiones y los numerosos estudios científicos independientes que existen a nivel nacional e internacional sobre los diferentes impactos de esta actividad. Es necesario sincerar de una vez por todas lo que en términos de resultados económicos y de consecuencias sociales, ambientales, sanitarias, culturales y políticas, han dejado 20 años de megaminería en nuestro país.


Por Plataforma 2012: Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh,  José Miguel Onaindia, Patricia Pintos, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Alfredo Saavedra, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
www.Plataforma2012.org.ar; plataforma2012@plataforma2012.org.ar
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22 feb 2016

Evo y la reelección


Excelente, como siempre, Raúl Zibechi (gracias MS por el texto/ Brecha)

Evo Morales y la nueva reelección
El patriarca en problemas


“Aquí la gente no tiene miedo”, sonríe el taxista mientras se abre paso, con lentitud exasperante, por las imposibles calles de El Alto, rumbo al centro de La Paz. “No tienen miedo”, repite encogiendo los hombros. Casi un mantra con el que parece explicarlo todo, desde el caos del tránsito hasta la increíble fuerza interior de las mujeres –omnipresentes en la ciudad aymara– trabajando como hormigas, cargando bultos, haciéndose cargo de la vida.
La ciudad luce cambiada, sobre todo por el asfalto impecable de sus calles y los edificios de cuatro y cinco pisos, los “cholets”, estilo arquitectónico mestizo nacido en El Alto de la mano de una pujante burguesía comercial aymara. Nadie parece alarmarse por el confuso episodio de la ocupación y quema del municipio alteño por padres de familia que se saldó con seis muertos, en el mismo momento en que el taxista repetía su mantra.
La alcaldesa Soledad Chapetón, que venció en las elecciones municipales con el 55 por ciento de los votos en un bastión oficialista, acusa a ex ediles del Movimiento al Socialismo (Mas), liderado por Morales, por el asalto e incendio de la alcaldía. El gobierno, por su parte, asegura que se trató de un “autoatentado” de la alcaldía alineada con la oposición. Los hechos de El Alto cobran especial relevancia en la recta final de la campaña electoral para el referendo del domingo, en el que los bolivianos deben decidir si se reforma la Constitución para permitir una segunda reelección de Evo Morales.
La avenida principal de La Paz, en el centro de la hoyada, medio quilómetro debajo de El Alto, lleva varios días cortada por manifestantes. Hileras de cholas con sus polleras y sombreros, sentadas serenamente, cortan las calles, mientras los varones disparan cohetes. La mayoría pertenecen a asociaciones de jubilados, pero detrás de ellos llegan los mineros, los petroleros y diversos sectores que aprovechan la coyuntura electoral para arrancar una demanda adicional al gobierno.
“Reclamamos por el segundo aguinaldo”, explica una mujer cuando se le pregunta el motivo de la protesta. La semana previa al referendo es testigo de la multiplicación de manifestaciones populares, una confluencia espontánea de los más diversos sectores que creen que es el momento oportuno para exigir.
Resultados inciertos
“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?” Esta es la pregunta que deberán responder 6 millones de bolivianos este domingo.
La iniciativa partió de la presidencia y muchos creen ver la mano del vicepresidente Álvaro García Linera, el cerebro del gobierno. Morales llegó a la presidencia en 2006 con el 54 por ciento de los votos. Fue reelegido en 2010 con un abrumador 64 por ciento y en 2015 con 61 por ciento obtuvo un tercer mandato que concluirá en 2020. Ahora pugna por presentarse nuevamente, lo que podría llevarlo a ejercer el poder hasta 2025, o sea 20 años consecutivos.
La pregunta que se hacen muchos bolivianos es por qué se promueve un referendo con tanta anticipación, ya que las elecciones nacionales se realizarán dentro de cuatro años. Lo cierto es que el referendo partió al país en dos mitades. Con el Sí están alineados el Mas y los movimientos sociales que apoyan al gobierno, entre ellos la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la más importante organización social del país. Pero también algunas figuras locales de relieve, como los ex futbolistas Marco Etcheverry y Erwin Sánchez.
El No a la reelección es mucho más heterogéneo. Entre sus filas destacan el ex presidente Carlos Mesa, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ambos de la derecha, pero también el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, que pueden ser considerados de izquierda.
Las encuestas son una lotería. Las difundidas en febrero apuntan a un empate en torno al 40 por ciento para cada opción, correspondiendo la definición a los indecisos. En el cierre de la campaña oficialista, el miércoles 17, miles de personas aclamaron a Morales en la avenida Costanera de la zona sur de la capital.
“Nos hemos liberado e impulsamos desde los movimientos sociales un instrumento político de liberación y en diez años hemos cambiado la imagen de Bolivia”, aseguró Morales, quien destacó que su proclamación fue producto del “pedido de los movimientos sociales y del pueblo organizado”.
A la misma hora estudiantes de la Universidad Pública de El Alto protestaron cerca de la plaza Murillo, aludiendo al último escándalo que vincula a Morales con la empresaria Gabriela Zapata Montaño, quien se habría beneficiado de su relación privilegiada con el presidente. “Evo, Zapata, devuelvan la plata”, coreaban los estudiantes que junto a organizaciones de jubilados colapsaron el centro de la ciudad.
Según la prensa opositora, las personas que participan en los actos oficialistas son funcionarios que asisten de modo obligatorio. Apenas finalizó el discurso del presidente, “funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales se afanaban en estampar su nombre y firma en las listas de asistencia del cierre de campaña del Sí que organizó el Mas en la ciudad de La Paz” (Página Siete de ayer jueves).
Una de las movilizaciones más concurridas fue la realizada también en la noche del miércoles 17 en la céntrica plaza San Francisco por los partidarios del No, en la que participaron organizaciones sociales importantes (como Conamaq) que antes estaban a favor del gobierno y que le dieron la espalda en 2011 cuando la marcha en defensa de un territorio indígena y parque natural que iba a ser atravesada por una carretera fue reprimida por las autoridades. “Fue la manifestación más numerosa y ruidosa realizada por la oposición boliviana en una década en La Paz” (Agencia de Noticias Fides, jueves 18).
Un golpe demoledor
Una semana antes del referendo estallaron dos bombas que afectan la credibilidad del gobierno. La de menor potencia se relaciona con el vicepresidente, en cuya libreta militar figura como “licenciado en matemáticas” si bien nunca finalizó sus estudios. En sus numerosos libros también aparece como titulado. En la solapa de Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, García Linera dice que es matemático y sociólogo, lo mismo que en otras de sus publicaciones. El sábado 13 se presentó ante los medios y declaró, con una soberbia que le ha granjeado numerosas antipatías: “Álvaro García Linera estudió matemáticas en México, no concluyó su licenciatura porque se vino a Bolivia a organizar una guerrilla para luchar contra los neoliberales, lo dije hace dos años, hace tiempo atrás”.
La agencia Fides informó que una biografía que estaba publicada en la página web de la Vicepresidencia había sido retirada. En ella se señalaba que García Linera “obtuvo su pregrado y posgrado” en la Unam. Ahora figura otro texto, que señala solamente que “estudió matemáticas” (Página Siete, lunes 15).
Pero el petardo mayor estalló en las narices de Morales. El periodista Carlos Valverde denunció que el presidente realizó tráfico de influencias para beneficiar a Gabriela Zapata Montaño, representante de una empresa china en Bolivia. El presidente reconoció que mantuvo una relación con la joven empresaria y que en 2007 tuvieron un hijo que falleció, aunque no dio detalles, pero negó que su empresa se hubiera visto beneficiada por la relación sentimental.
Según la denuncia, Morales conoció a Zapata en 2005 cuando ésta tenía 19 años y el presidente 45. Ella es una asidua en las páginas sociales de la ciudad de Santa Cruz, trabaja para la empresa China Camc Engineering, que mantiene millonarios contratos con el Estado boliviano. La acusación sostiene que el gobierno la favoreció en contratos que superan 500 millones de dólares. Fue el primer golpe directo al mentón de Evo.
El gobierno contraatacó con fuerza, señalando que el periodista fue jefe de la inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, en pleno período neoliberal, y que actualmente tiene relaciones estrechas con la embajada de Estados Unidos. Según el argumento oficialista, Washington está intentando frenar el avance chino en la región sudamericana, lo que explicaría el hecho de que los contratos con la empresa que representa Zapata estén en el ojo del escándalo.
Ambas cosas pueden ser ciertas: que el periodista trabaje en función de los intereses estadounidenses y que la empresa china se haya visto favorecida por la especial relación entre el presidente y la empresaria.
Modelo
Lejos del ruido mediático, el debate más de fondo coloca en el centro la cuestión del modelo productivo impulsado por el Mas, centrado en la explotación y exportación de hidrocarburos, minería y monocultivos de soja. En suma, el mismo modelo que caracterizó al país a lo largo de toda su historia, desde la colonización española.
El Movimiento al Socialismo había prometido un “salto industrial”, que no sólo no se produjo sino que se asiste a la profundización del extractivismo. Ahora el vicepresidente habla de un “extractivismo temporal”, que permitiría la acumulación de recursos para invertir en la industrialización. Sin embargo, fuera de una reactivación de la industria textil en manos de pequeños y medianos productores, los cambios no llegan.
El investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sostiene que la caída de los precios de los commodities en el mundo está provocando una aguda crisis en el país. “Esta crisis tiene dos aspectos –dijo a Brecha–. Por un lado tenemos un endeudamiento externo creciente y un importante aumento de impuestos, y por otro una incapacidad institucional para afrontar la crisis. De ese modo vamos a tener un gobierno con recursos en un país sin recursos y con una población estrangulada por altos impuestos.”
Meses atrás el Cedib, cuya sede está en Cochabamba, fue una de las Ong amenazadas de expulsión por sus permanentes críticas al oficialismo. Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se han caracterizado por no aceptar críticas cuando provienen de las izquierdas. Villegas no es optimista respecto al futuro inmediato, y sospecha que de agravarse la crisis el gobierno puede optar por una salida represiva contra los movimientos sociales y las inevitables movilizaciones callejeras que forman parte de la cultura política del pueblo boliviano.
“Todo su plan es mantenerse en el poder”, sostiene Villegas con respecto al Mas y a Evo Morales. “La alternativa es recuperar la democracia”, dice, y considera que una característica común de los progresismos es “la corrupción, como lo muestran los gobiernos de Brasil, Chile y Bolivia”.
El sociólogo Luis Tapia, por su parte, asegura que “el excedente de las exportaciones de commodities no se ha utilizado en la transformación productiva, sino en lubricar redes clientelares para aumentar el control político de las sociedades y facilitar el ascenso de una nueva burguesía”.
Tapia fue miembro del grupo de intelectuales Comuna, y trabajó años junto a García Linera, del que está distanciado tanto personal como intelectualmente. Reflexiona sobre lo que denomina “presidencialismo colonial”, que consiste en “procesos electorales permanentes para legitimar decisiones tomadas fuera de los ámbitos institucionales e incluso fuera del país, usando los procesos plebiscitarios como fachada para evitar cambios de gobierno”.
Pero la crítica más demoledora la realiza la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, un mito tanto para los intelectuales como para los movimientos. Rivera es autora del más importante libro sobre la historia social boliviana, Oprimidos pero no vencidos, que relata y analiza la historia del campesinado aymara y quechua desde 1900. Es tanto intelectual como activista, y es la pensadora boliviana más reconocida dentro y fuera del país.
En una carta difundida el martes 16, en que defiende el voto contra la reelección, acusa a García Linera de haber pergeñado una alianza con los terratenientes de Santa Cruz a quienes habría ofrecido “cambiar cualquier ley o decreto para favorecerlos”. Va más lejos al destacar que “reconozco en él a uno más de los arribistas que han llenado nuestro trayecto de oprobios, indignidades y derrotas”. Convoca a las “energías de nuestra conciencia rebelde y la luz de las enseñanzas indias y plebeyas de nuestra historia” para evitar que gane la reelección.
Llama la atención la mutua desconfianza, y hasta el odio, que se prodigan mutuamente los miembros del gobierno y quienes fueron parte del mismo proyecto hasta que comenzaron a transitar caminos opuestos. Hasta 2005 unos y otros pelearon juntos en las guerras del agua (2000) y del gas (2003 y 2005), participaron en decenas de marchas y acciones colectivas a lo largo y ancho del país. Para los oficialistas, los críticos “hacen el juego al imperialismo”. Para los opositores de izquierda, los nuevos gobernantes “han traicionado la agenda de octubre”, una lista de demandas que se rubricó con sangre en las jornadas de octubre de 2003, donde murieron 67 manifestantes y 500 fueron gravemente heridos.
Un diálogo imposible que muestra los límites de los procesos de cambio y de las propias alternativas por izquierda.